jueves, 5 de noviembre de 2009

El Estado del Bienestar no es un problema: es la solución

Existe un consenso casi generalizado por parte de las instituciones internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la Comisión Europea, de que es necesario continuar el estímulo económico, pues la economía mundial está todavía en baja forma. El punto de discusión no es, entonces, estímulo o no, sino el tipo de estímulo.

Las dos alternativas que se han propuesto son bajar los impuestos o aumentar el gasto público, aún cuando ambas alternativas signifiquen mantener o aumentar el déficit del estado. Durante este periodo de gran recesión, ha habido también consenso (con excepciones, como es el caso del Partido Popular en España) en que deben flexibilizarse las reglas del Pacto de Estabilidad, para poder aumentar el déficit público, el cual ha crecido en todos los países de la OCDE (el club de países ricos). La razón de que haya consenso en que la recuperación económica requiera un incremento del déficit público se debe al entendimiento de que, en un momento de debilidad del consumo privado, es necesario aumentar el consumo público, incluso a costa de aumentar el déficit público.

Menos consenso hay en cuanto al porcentaje del déficit público sobre el PIB que debiera permitirse y la rapidez de reducción del mismo una vez aparezcan los síntomas de recuperación. Y la otra área donde tampoco hay consenso es en si el efecto estimulante de la economía es mayor cuando se bajan los impuestos (como creen los conservadores y liberales) o cuando se aumenta la inversión pública. En la UE se ha hecho mayor hincapié en la reducción de impuestos; y en EEUU se ha dado prioridad al aumento del gasto público.

La evidencia muestra que mientras las dos alternativas activan la economía, la reducción de impuestos tiene, por lo general, menor impacto estimulante, y ello como consecuencia de que las familias están tan endeudadas que utilizan los fondos obtenidos a base de la reducción fiscal para pagar sus deudas, más que para consumir y estimular la demanda. En realidad, la subida del ahorro, que se ha considerado erróneamente como un signo de recuperación, no es más que el deseo de acumular fondos para poder pagar sus deudas en un momento de grave crisis y endeudamiento. En EEUU se sabe que dos terceras partes de los fondos originados por los recortes fiscales del Presidente Bush fueron a pagar las deudas. La evidencia existente apunta, pues, hacia el incremento del gasto público como la mejor manera de estimular la economía.

Ahora bien, dentro del gasto público, la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿qué tipo de gasto público es el más estimulante? Y la respuesta a esta pregunta la conocemos ya, pues la evidencia acumulada en EEUU y también en España es que, en un momento de gran recesión y elevado desempleo, la mejor manera de estimular la economía es creando empleo. ¿Pero dónde crear empleo? La respuesta en EEUU, que da el equipo económico encargado del estímulo económico de la Administración Obama, dirigido por el Vicepresidente Biden, es crearlo donde se necesita más y donde pueda crearse empleo más rápidamente. Y ahí el estado del bienestar juega un papel clave, pues es la dimensión del estado donde debiera crearse más empleo. Esta observación es particularmente relevante para España, donde el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancias, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social y otros), es el más bajo de la UE-15 (ver sección Estado del Bienestar, en mi blog www.vnavarro.org). Pero esta inversión en los servicios del estado del bienestar es tan importante, no sólo para crear empleo, sino también para aumentar la productividad del país.

En España, cuando se habla del estado del bienestar como inversión (y no sólo como consumo), se piensa inmediatamente en educación e investigación y desarrollo. Este entendimiento ha alcanzado un nivel de dogma. Pero es enormemente reduccionista. Hay otras dimensiones del estado del bienestar, además de educación, que son inversiones, incluyendo la protección social. De ahí que, en EEUU, la administración Obama, (que ha enfatizado la vía de gasto público -con un crecimiento de tal gasto equivalente al 5% del PIB-, como manera de estimular la economía) se ha centrado en la creación de empleo en las áreas sociales (y también en las nuevas energías verdes). Esta estrategia traduce también una visión de los servicios del estado del bienestar como inversión y no sólo como consumo.

En España, el estímulo económico ha sido menor, alcanzando un 2% del PIB, un porcentaje bajo (aunque en el resto de la UE ha sido incluso menor). Pero más preocupante que el bajo porcentaje del estímulo es que sólo una parte pequeña de este estímulo se ha dedicado directamente a crear empleo. Los 8.000 millones de euros destinados a las administraciones locales han sido una inversión en la creación de empleo (se han creado directa e indirectamente 421.000 puestos de trabajo), lo cual es positivo, pero insuficiente. Se deberían gastar unos porcentajes mucho mayores del PIB en este tipo de inversiones, incluso a costa de incrementar el déficit. Se está dando excesiva importancia al objetivo de reducir el déficit. Tal reducción retrasará enormemente la recuperación económica. Intentar que los déficits se reduzcan al 3% del PIB en tres o cuatro años es una receta de suicidio económico. En este momento de enorme crisis hay que aumentar el gasto público en crear empleo y corregir el enorme déficit social de España, invirtiendo en su protección social, incluyendo servicios públicos al estado del bienestar.

La famosa flexiguridad de los países nórdicos (de clara tradición socialdemócrata) se basa precisamente en una extensa protección social -transferencias y servicios públicos- que da seguridad al trabajador. El promedio de gasto en protección social en aquellos países es un 32% del PIB. En España es sólo un 20% del PIB. La flexibilidad laboral necesaria para la eficiencia económica no se conseguirá, como la patronal y la banca (incluyendo el gobernador del Banco de España) están reclamando mediante la desregulación de los mercados de trabajo que se caracterizan por su escasa protección social. Inseguridad no crea flexibilidad. Crea miedo y resistencia. De ahí que, para conseguir flexibilidad, se requiera una mayor inversión en protección social, alternativa no considerada por aquellos agentes e instituciones. Se está ignorando, en los círculos económicos del país, que la productividad en un país y su eficiencia económica dependen en gran manera de su cohesión social. Incluso el informe Davos (el Vaticano del pensamiento liberal) sobre la competitividad señala a los países nórdicos como unos de los países más eficientes y competitivos en Europa, pero sus seguidores en España parecen todavía no entenderlo. Considero sorprendente que en la reciente reunión de los ex Ministros de Economía y Hacienda, para discutir como salir de la crisis, ninguno de ellos acentuó este aspecto clave, viendo el gasto social más como un consumo que como lo que es, una inversión.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Fuente: El Plural

miércoles, 30 de septiembre de 2009

El gran encubrimiento de la gripe porcina

Se ha considerado a México laboratorio de la globalización desde que inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994. En abril de 2009 germinó un virus mortal en ese laboratorio y encontró las condiciones ideales para convertirse rápidamente en una pandemia global.

Los primeros brotes del virus H1N1 o "gripe porcina" aparecieron lugar en una pequeña ciudad del estado de Veracruz. Granjas Carroll, las enormes instalaciones de producción animal en granjas industriales, propiedad conjunta de Smithfield Foods y AHMSA de México, se encuentran cerca de La Gloria, en el municipio de Perote. Un muchacho de la localidad, Edgar Hernández, tuvo la dudosa distinción de convertirse en el primer caso confirmado. Después de semanas de negar conexión alguna entre la granja y la enfermedad, el gobernador del estado acabó por convocar una investigación independiente sobre los posibles vínculos. Dicha investigación no se ha hecho pública o no se ha llevado siquiera a cabo, por lo que hasta ahora se sabe.

El anuncio del gobernador sucedía a un rosario de negativas referentes al papel de la granja porcina -o granjas porcinas en general- en el brote del virus A/H1N1 en México. A principios de marzo comenzaron a aparecer enfermedades respiratorias insólitas en las comunidades que rodeaban los cebaderos industriales, con algunas indicaciones de que se remontaban a enero. Las autoridades sanitarias locales atribuyeron el brote a los estanques de estiércol y residuos biológicos a cielo abierto que rodeaban las granjas.

El 5 de abril, las autoridades declararon un cordón sanitario en la zona pero sin llegar a efectuar pruebas para determinar un diagnostico exacto de la extraña enfermedad que aparecía en los habitantes de la localidad. Descubrieron que el 60% de las 3.000 personas que componían la población informaban de una enfermedad respiratoria sin diagnosticar. Mientras tanto, el Centro de Control de Enfermedades (CCE) norteamericano, determinó el 17 de abril que dos muestras de pacientes de San Diego constituían un nuevo virus H1N. El 12 de abril el CCE envió un parte a su Boletín Semanal de Morbilidad y Mortalidad para avisar del descubrimiento. Los casos de San Diego se relacionaron entonces con los casos sospechosos que brotaban en México y surgió la alerta acerca de una posible pandemia.

Las medidas de emergencia no se declararon en México hasta el 23 de abril. El 25 de abril, el director general de la OMS declaró el brote Emergencia de Salud Pública de Incumbencia Internacional. El 27 de abril, mientras la epidemia se extendía rápidamente a lo largo y ancho del país, y la prensa y la población presionaban para conseguir información precisa, el gobierno mexicano anunciaba que el pequeño Edgar Hernández era el primer caso confirmado de una nueva gripa porcina transmitida a y entre humanos.

El 11 de junio, la OMS declaró pandemia el virus. El último informe de la OMS muestra 162.380 casos confirmados en todo el mundo y 1.154 muertes a fecha de 31 de julio. El continente americano, en el que se originó el virus, es el más duramente golpeado con 1.008 fallecimientos, concentrados en los Estados Unidos, México y Argentina.

Defender la granja de producción masiva

Los expertos llevan mucho tiempo avisando de que "la producción animal de granjas industriales (PAGI) acaba por tener repercusiones potencialmente graves sobre la salud humana. Un estudio trágicamente profético realizado por la Comisión Pew sobre la Producción Animal de Granjas Industriales en 2008 concluye que "...una de las consecuencias no deseadas más graves de la producción animal de alimentos a escala industrial es la que supone la creciente amenaza a la salud pública de este tipo de instalaciones. Además de lo que contribuye la PAGI a la importante amenaza de la resistencia microbiana, las instalaciones de PAGI pueden resultar nocivas para los trabajadores, vecinos, y hasta para quienes viven lejos de las instalaciones, por medio de la contaminación del aire y el agua, así como de la extensión de la enfermedad.

Continúa el estudio afirmando que "Los trabajadores y vecinos de las instalaciones de PAGI sufren una elevada incidencia de problemas respiratorios, entre los que no falta el asma. Asimismo, los trabajadores pueden servir de población puente, transmitiendo enfermedades de las que son portadores los animales a una población más amplia".

Mientras los habitantes de La Gloria protestaban por el hedor y apuntaban a la granja de cerdos como origen de sus males, las autoridades mexicanas se desentendían para desviar las sospechas de que las Granjas Carroll de Smithfield tuvieran algo que ver con las inhabituales enfermedades de las que se informaba. Aunque los funcionarios de salud del estado rociaron el pueblo de La Gloria para acabar con los enjambres de moscas que procedían de los estanques de purines a cielo abierto, las explicaciones arrojaron luz sobre todo menos sobre la granja porcina.

Un representante de Granjas Carroll consideró el hecho de que el primer caso de gripe porcina se localizase a pocos kilómetros de la granja porcina como "una desgraciada coincidencia". Según se comenta, Granjas Carroll envió muestras de su cabaña porcina para someterla a pruebas en algún momento posterior a la localización del brote y tanto la empresa como el gobierno mexicano absolvieron a los cerdos de Smithfield de cualquier responsabilidad en la epidemia.

Para reforzar la tesis de la "coincidencia", las autoridades sanitarias internacionales comenzaron un esfuerzo concertado para hacer salir de escena al cerdo. Lo cierto es que no se pone en discusión en las evidencias científicas que el virus iniciara su andadura en una granja porcina.

Citando al Centro de Control de Enfermedades norteamericano, Scientific American señala un punto de partida que los políticos prefirieron ignorar: "Lo que queda claro gracias a la dura labor de los virólogos es que esta cepa de gripe tuvo su inicio genético en las granjas porcinas norteamericanas allá por los años 90".

Ruben Donis, jefe de la sección de virología molecular y vacunas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos declaró en una entrevista con la revista Science:

"Sabemos que es bastante similar a los virus que circulaban y aún circulan por los Estados Unidos, y que se autolimitan, y que se encuentran habitualmente en los estados del Medio Oeste en los que existen granjas porcinas". Preguntado si el virus tenía orígenes porcinos, contestó "Desde luego que sí. Es casi equidistante de los virus porcinos de los Estados Unidos y Eurasia. Y ahí muestra una rama aislada, sin parientes cercanos".

"Desde hace años los científicos saben que los cerdos incuban y hacen mutar virus y son muchos los que han advertido de que las "granjas factoría" en las que se mantiene a gran número en espacios cerrados crean el perfecto caldo de cultivo para la rápida evolución de la enfermedad. El uso masivo de antibióticos supone que los virus buscan mutaciones resistentes a los medicamentos. Anteriormente se informaba de pocos casos de gripe porcina, pero se sabía desde hace mucho que es posible. Este virus planteaba un riesgo especial debido a su virulenta capacidad para el contagio entre humanos".

Desde los primeros días del brote se han acumulado las pruebas sobre el origen porcino de la enfermedad. Coautor de un informe clave en Nature, el biólogo Michael Worobey afirmaba que "la actual cepa se extendió evidentemente durante diez años sin que nadie se enterase", refiriéndose a su extensión entre las poblaciones porcinas. Science News le cita, concluyente: "De un extremo a otro del genoma, se trata de algo que viene de los cerdos...Tenemos que dedicar más energías para ver qué es lo que hay en los cerdos".

Hay consenso en que el virus H1N1 es una forma mutante de la gripe porcina, la gripe humana estacional y la gripe aviar. En si misma no es mortal, pero lleva a complicaciones de "neumonía atípica". La neumonía es atípica porque se produce fuera de estación y porque sus víctimas tienden a concentrarse en la franja media de edad: al contrario que la neumonía habitual que se centra en los muy jóvenes y los muy mayores, las muertes causadas por este virus tienden a situarse en la franja de entre 20 y 40 años.

A medida que las organizaciones sanitarias se aprestan a luchar contra la pandemia, los expertos en salud animal apelan a un mayor compromiso de la parte porcina. Pérez hace notar que "podemos llevar a cabo toda la vigilancia que queramos en los humanos, pero si de veras queremos prevenir la pandemia de gripe...se ha de realizar un cambio fundamental en los esfuerzos por parte de la salud animal." Tan sabio consejo, repetido en muchos frentes, ha sido en buena medida ignorado. El editorial de Nature del 17 de junio apunta una de las muchas razones:

"…los especialistas en salud animal tienden a trabajar en organismos gubernamentales, cuya misión primera es promover y proteger el ganado y el comercio de carne nacionales e internacionales. Este enfoque centrado en el comercio puede llevar a veces a conflictos de interés, así como a posturas políticas que bordean la negación".

Proteger al cerdo

La Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) es el organismo internacional más destacado a la hora de negarlo todo. A pesar del consenso científico antes descrito, difundió un memorándum el 9 de junio haciendo notar que la "OIE se oponía contundentemente a denominar en principio el nuevo virus como "gripe porcina". Ese término entrañaba erróneamente que había cerdos implicados y puede haber conducido a la imposición de mayores barreras comerciales sin justificación contra varios países que han tenido casos entre humanos. Hasta la fecha no hay evidencias científicas como para sugerir que existiera circulación en curso de este virus entre los cerdos..."

Este informe apareció bastante después de que se descubriera el H1N1 en una piara de cerdos de Alberta, en Canadá, infectada con el virus, e ignora los componentes genéticos porcinos demostrados. Al moverse de acá para allá en las barreras entre especies, el riesgo de que este virus se recombine genéticamente en una versión más mortal es muy alto, de acuerdo con los investigadores sanitarios.

Pudiera ser que la conexión entre la fiebre porcina y las Granjas Carroll nunca se demostrara de manera científica. Parece un caso típico de la mastodóntica FAO, la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura. Los informes de que la FAO iba a enviar un equipo a Veracruz aparecieron en la prensa a principios de mayo. Pero no se ha publicado el informe. La FAO dispone de muy poca información de la pandemia posterior a mayo y casi todos sus comunicados de prensa desde el brote se centran en "proteger al sector porcino".

Su primer comunicado de prensa, fechado el 27 de abril, se hacía eco del objetivo de la industria de "proteger al sector porcino del nuevo virus H1N1 confirmando que no existe un vínculo directo con los cerdos", en lugar de adoptar el método científico de reunir evidencias primero y llegar a conclusiones después.

El siguiente comunicado de prensa redoblaba los esfuerzos por proteger a la industria porcina global, anunciando oficialmente un cambio de lenguaje, obedientemente adoptado por la mayoría de los medios de comunicación del mundo, y destinado a desligar la epidemia de lo que la FAO consideraba la actuación erróneamente difamada del sector porcino:

"… no hay actualmente evidencias que sugieran que el nuevo virus H1N1 de la gripe transmitido entre humanos esté circulando entre los cerdos ni en México ni en ninguna parte del mundo", confirmó el Jefe del Departamento de Veterinaria de la FAO, Joseph Domenech. "Por esta razón es por lo que la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) acordaron no referirse más a la "gripe porcina" sino, por el contrario, a la "gripe A/H1N1"".

La Organización Mundial de la Salud, la OIE y la FAO han hecho más por rechazar la reducción del consumo de cerdo o las sanciones comerciales que por llegar al fondo de la pandemia. Cuando el brote porcino canadiense destruyó el argumento de que la enfermedad no circulaba entre los cerdos, la FAO emitió un comunicado el 4 de mayo en el que apelaba a una mayor vigilancia.

El comunicado de prensa de la FAO declara que "se recomienda que se informe de inmediato de todos los casos de enfermedades respiratorias porcinas" y "también se recomienda informar a la OIE y a la FAO." Como se comprueba por su redacción, el problema estriba en que en la mayoría de los países la vigilancia e información sobre enfermedades animales son voluntarias y los criadores de ganado en granjas industriales ni siquiera están sujetos a la obligación de informar sobre brotes de virus en los que se sepa de la posibilidad de contagio a la población humana. Ni México ni los Estados Unidos disponen de leyes que exijan informar de la gripe porcina. Los Estados Unidos utilizan en la actualidad un sistema totalmente voluntario de detección de animales (NAIS). Canadá sí que exige informar de brotes de enfermedades en animales de granja, lo que probablemente explica por qué fue este país el primero en el que el virus A/H1N1 se detectó en cerdos.

Una de las razones por las que el descuido es de tal laxitud en las granjas de producción masiva es que existe una nítida diferenciación entre agencias y organismos reguladores responsables de la salud humana y animal. Da la impresión de que aunque el virus salte barreras con mortal facilidad, las burocracias no pueden hacer lo mismo. Cuando se le preguntó por qué la FAO asumía que la fuente del contagio de la granja canadiense era un trabajador que volvía de México, antes que los cerdos que hubieran contagiado al trabajador, el portavoz de la FAO, Northoff, respondió que el organismo no podía efectuar una investigación para confirmar el vínculo de humano a animal, dado que la FAO "se ocupa sólo de cuestiones de salud animal".

La salud animal se considera por lo general de acuerdo con las regulaciones agrícolas, más que con las sanitarias. A despecho de los riesgos sanitarios conocidos para las poblaciones humanas, las regulaciones siguen siendo voluntarias y se muestran deplorablemente atrasadas para estos tiempos. El estudio de Pew concluye con la recomendación de que "deberían entrar en vigor obligaciones como el registro animal individual o en grupo para 2009, instaurando para 2010 la posibilidad real de detectar el origen del animal". Parece que hay pocos progresos respecto a esta recomendación, incluso después del brote del H1N1.

El TLC y la globalización de la enfermedad

El TLCAN disparó la extensión de granjas industriales de ganado en México al crear incentivos de inversión para que las compañías transnacionales reubicaran allí sus operaciones. La "carrera hacia abajo" en la que las empresas desplazan la producción a zonas en las que las restricciones y aplicación de normas medioambientales y sanitarias es reducida, queda ejemplificada por la cría de ganado.

Smithfield tenía más problemas legales de los habituales derivados de sus operaciones en los Estados Unidos antes de liar los bártulos y desplazar parte de sus operaciones a México. Muy recientemente anunció su decisión de rechazar un acuerdo de 75 millones de dólares en una reclamación presentada por habitantes del estado de Misuri que se quejaban del hedor. El 8 de agosto de 1997, un juez del tribunal federal de Virginia impuso una multa de 12,6 millones de dólares a a Smithfield Foods por violación de la Ley de Limpieza de Aguas (Clean Water Act). En septiembre de 1999 una apelación confirmó la sentencia.

En 1994, el año en que entró en vigor el TLC, Smithfield inició su funcionamiento en Perote con la empresa mexicana de "agribusiness" AMSA (Agroindustrias Unidas de México S.A. de C.V.). En 1999 compró la empresa norteamericana Carroll's Foods por 500 millones de dólares y comenzó una rápida expansión de sus operaciones en Perote.

Las instalaciones cerca de La Gloria mantienen los estanques de purines a cielo abierto para tratamiento de residuos porque resulta más barato que taparlos. Estos presentan riesgos no sólo sanitarios sino también un considerable perjuicio medioambiental. La periodista Tali Nauman informa de que "la FAO ha estado inspeccionando los corrales porcinos mexicanos por lo menos desde el año 2000, cuando sus expertos lanzaron un proyecto porcino en el centro de México para estudiar los efectos de las Operaciones Concentradas de Alimentación Animal (OCAA) sobre el medio ambiente". Se instituyó un programa para cubrir los estanques a cambio de créditos de emisión de gases de invernadero. La Comisión de Cooperación Medioambiental del TLC, organismo encargado de analizar las relaciones entre el TLC y sus repercusiones ambientales, hizo público un estudio sobre granjas porcinas en el que concluía que "la adecuada gestión de esta enorme cantidad de residuos animales de las OCAAs resulta crucial para proteger la salud humana y el medio ambiente".

Las Granjas Carroll de Smithfield no entraron en el programa. Nauman informa de que al cubrir los estanques se esperaba que los proyectos originales de reducción del carbono 14 registrados en el país redujeran las emisiones anuales de metano en un equivalente de 621.513 toneladas de dióxido de carbono. Quienes critican el programa señalan que la medida no resuelve muchas de las amenazas sanitarias, medioambientales y sociales que plantea el modelo de producción de ganado a gran escala.

¿Gestión integrada de riesgos o riesgos integrados?

Resulta irónico e inexcusable que en la región más integrada del mundo se dé tan escasa respuesta a la reciente epidemia. Uno de las razones principales a la hora de publicitar la ampliación del TLC a la Sociedad de Seguridad y prosperidad (ASP) fue que un grupo de trabajo preparaba una respuesta integrada a la epidemia que daría mayor seguridad a todos los habitantes de América del Norte. De hecho, fue una de las pocas actividades anunciadas públicamente de los reservados grupos de trabajo que dedican primordialmente sus energías a facilitar a empresas como Smithfield y Tyson que puedan hacer negocios por todo el continente.

El Plan de la ASP para América del Norte declara que proporciona un marco para acometer lo que sigue:

- Detectar, contener y controlar el brote de gripe aviar y prevenir su transmisión a humanos;

- Prevenir o ralentizar la entrada de una nueva cepa de gripe humana en América del Norte;

- Minimizar la enfermedad y las muertes; y

- Sostener la infraestructura y aliviar el impacto en la economía y el funcionamiento de la sociedad.

El plan establecía supuestamente mecanismos para coordinar acciones, controlar brotes y supervisar granjas animales.

México, pese a ser un país pobre con mayor riesgo de enfermedad, no había recibido la tecnología necesaria para analizar inmediatamente las cepas de la gripe, y hubo por tanto de enviar muestras para su análisis al Ministerio de Sanidad de Canadá y al Centro de Control de Enfermedades (CCE) de Atlanta. Se perdió cerca de una semana en ese proceso.

¿Dónde estaba este plan cuando se informó de la enfermedad y epidemia local desde Perote el pasado marzo? ¿Ha llevado a cabo este grupo una investigación rigurosa sobre los riesgos de la producción industrial de ganado ¿Por qué tardo el CCE casi una semana en responder a las informaciones sobre la epidemia mexicana?

Las respuestas a todo esto se encuentran en lo que Mike Davis denomina "influencia política global" de las transnacionales de ganado. Se puede encontrar otra pista en esta frase del anuncio de la ASP: "Resulta central para el plan que el enfoque desde América del Norte lleve a adoptar medidas para mantener el flujo de personas, servicios y mercancías por las fronteras en el curso de una epidemia grave, mientras se esfuerza por proteger a nuestros clientes".

Como sucede con todo lo relativo al TLC, la prioridad esencial consiste en afirmar que todo va como de costumbre. Aunque la respuesta no consiste en cerrar las fronteras, una investigación sobre las causas de raíz de la epidemia debe llevar a rendir plenamente cuentas de los riesgos de la globalización y las granjas de producción industrial. La rápida difusión global de la enfermedad se puede atribuir también a un sistema en el que las personas y sus alimentos cruzan fronteras constantemente. Los países pobres de sanidad deficiente son los que corren mayores riesgos, no obstante lo cual el sistema los desestima de plano y les dedica escasos recursos.

El resultado neto del TLC en México ha consistido en la integración de riesgos antes que en la integración de la prevención de riesgos. La inapropiada prioridad dada a los beneficios por encima de la salud humana en el contexto de un mundo globalizado condujo a esta pandemia y ha paralizado los esfuerzos por impedir otra epidemia de mayor mortandad en el futuro.

Un movimiento popular por la bioseguridad

El sistema en su conjunto debe ser cuidadosamente analizado y transformado para detener la globalización de la enfermedad e impedir otro brote mortal de gripe. Los esfuerzos deben empezar por la investigación y regulación de las grandes granjas de ganado, dejando abierta la posibilidad de que este modelo se deseche por completo. Ahora que se conoce el origen del virus, las granjas de producción a gran escala deben convertirse en centros de investigación.

La experiencia de México como epicentro de la pandemia de gripe porcina ha proporcionado la oportunidad de poner en evidencia un sistema que no funcionaba. Sin entrar en detalle, he aquí una lista para un análisis colectivo más profundo:

- Autoseguimiento de la industria y de las disposiciones globalizadoras que permitan que las industrias contaminantes se ubiquen allí donde las leyes y su aplicación sean laxas, alienten prácticas que amenacen la salud y el medio ambiente, como estanques de residuos a cielo abierto, omisión de informaciones sobre enfermedades animales, encubrimientos, y otros factores que han contribuido a la epidemia de gripe porcina.

- El carácter central de la inversión extranjera en la economía mexicana crea un clima en el que las corporaciones transnacionales con grandes inversiones pueden ejercer un poder coactivo sobre organismos oficiales en todos los niveles.

El TLC no consiguió promover una transferencia tecnológica de importancia estrategia a México en el campo sanitario y otros, y se ha demostrado que ha desincentivado la investigación y el desarrollo nacionales.

Todos los análisis deben incluir una perspectiva de género. Las mujeres supusieron el 56% de las muertes de la gripe porcina en México y las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de gravedad y muerte a causa de la enfermedad. Puesto que la gripe H1N1 ataca a gente en una franja de edad media, esto plantea un serio desafío. Asimismo los comprometidos sistemas inmunológicos de muchos mexicanos que viven sin una salud y nutrición adecuadas -situación que incluye a un número desproporcionado de mujeres- contribuye a las tasas de mortalidad de la gripe.

GRAIN informa de que "comunidades como la de La Gloria están en primera línea de resistencia a la pandemia, pero se encuentran totalmente excluidas de respuestas o estrategias oficiales...El vínculo entre las granjas de producción a gran escala y la creciente amenaza de enfermedades pandémicas en los humanos resulta innegable y, aunque los gobiernos y organismos internacionales sigan doblegándose ante la línea de conducta empresarial, las luchas locales contra las granjas de producción a gran escala han asumido su legítimo lugar en el centro de la respuesta global a las enfermedades emergentes".

A medida que estos movimientos populares se extienden por todo el mundo, es esperable que se produzcan mayores presiones de parte de los propietarios de granjas empresariales. Las redes ciudadanas han de organizarse para efectuar y dar publicidad a estudios independientes, redactar propuestas de actuación nacionales e internacionales, llevar a cabo campañas de educación popular sobre el riesgo de las granjas de producción masiva y organizarse para ejercer mayor presión a la hora de cambiar las peligrosas condiciones que estas granjas representan para todo el mundo.

Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas (www.americaspolicy.org) del Center for International Policy de Ciudad de México.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

sábado, 19 de septiembre de 2009

La educación la resuelvo yo en dos patadas

Una mampara, eso es lo que necesita la escuela pública, una mampara como la de los taxis entre los alumnos y el profesor. Y que los docentes estén adscritos a Interior, no a Educación. Que se reconozca la función social que les hemos encomendado de tapadillo: reducir la delincuencia juvenil, impedir que los zánganos de 16 años sin interés por la escuela se dediquen a dar hostias por la calle. Habrá que implantar la medida (y la mampara) en la universidad en cuanto agredan a un catedrático. Aunque en el caso de la universidad es más probable que la paliza venga antes de un colega que de un alumno.

Fuera de bromas: no tengo muchas esperanzas puestas en ese pacto por la Educación con el que se juega su futuro político el ministro Gabilondo, un lobo con piel de dialogante corderito, como saben bien quienes sufrieron su mandato de rector en la Autónoma de Madrid. Estupendo que PSOE y PP acuerden no modificar cada dos por tres la ley de educación, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio por ejemplo de no cuestionar nunca más la catequesis católica? Además el problema no está en la escuela. Es cierto que se necesitan más medios y mejor preparación del profesorado. Pero el problema de la instrucción, con ser acuciante, no es el problema. El problema es la mala educación general del país. Y eso no es competencia de un ministerio que debería llamarse de Instrucción para no confundir. La buena educación hay que llevarla de casa. Basta con ver la tele a ciertas horas, ciertos debates, ciertas sesiones parlamentarias, leer los comentarios de la gente en ciertos blogs, para comprender de dónde sale el niño que pega al maestro y el animal de su padre.

Antonio Orejudo.
Fuente: Público

viernes, 11 de septiembre de 2009

Protección social: entre la precariedad y la hipocresía

Todos los grupos parlamentarios han acusado al Gobierno de improvisación a la hora de establecer esta paga con la que los desempleados podrán subsistir a duras penas, comprando los artículos de primera necesidad mentados en el comentario precedente. En efecto, el equipo gubernamental ha sufrido vacilaciones a la hora de establecer la amplitud del colectivo de personas a las que ofrecerá esa cobertura de ese paraguas que protege algo de las intemperies del desempleo. Finalmente, bajo la presión sindical y de los partidos de izquierda, el Ejecutivo aceptó extender la ayuda de 420 euros mensuales a los parados que agotaron la prestación de desempleo a partir del 1 de enero, y no del 1 de agosto, como quería el gobierno. Como si perder el empleo en enero no tuviera la misma gravedad que perderlo en agosto.

No se debería esperar a que sobrevenga una crisis económica para conceder este tipo de ayudas. La Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el sentido común, recogen la obligación de los Estados de atender a las personas en caso de desempleo.

Regular legalmente esta obligación política y moral debería hacerse en tiempos de bonanza, ya que en épocas de crisis siempre habrá quien esgrima el argumento de que no hay dinero para atender esta necesidad. Argumento que usa la derecha, cuyo partido más popular, considerando la impopularidad que le supondría oponerse frontalmente a la ayuda, pone en duda, en boca de su portavoz Dolores de Cospedal, la capacidad gubernamental para implementarla.

Es absolutamente necesario establecer un criterio claro y universal para el funcionamiento del sistema de protección de las personas en situación de desempleo. Un sistema que debería entrar en funcionamiento de manera automática cuando se produjera la contingencia. Sin ningún tipo de ambigüedades, para que todo el mundo entienda que es un derecho exactamente igual que las pensiones de jubilación.

Hace tiempo que se ha conseguido que el hecho de que una persona perciba una pensión vitalicia al término de su etapa laboral ya no sea criticado. Salvo por el mentado argumento de viabilidad económica. Por lo demás, el Artículo 41 de nuestra Constitución señala que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo”.

Por lo tanto, se debe regular esta obligación de forma que se sustancie ese derecho del ciudadano desempleado a recibir una ayuda sin menoscabo de su dignidad. Eliminando de la misma la vergonzante calificación de subsidio, que convierte en sospechoso de holgazanería a todo receptor de ayudas al desempleo, dando pie a críticas generadas en los foros de la cutredad ideológica. Por ejemplo, esa estupidez que afirma “Me parece bien que quieran ayudar a la gente necesitada, pero lo mínimo que podían hacer es ganar ese dinero con trabajos sociales, o haciendo carreteras”.

Comentarios de ese tipo, que se pueden leer en las ediciones digitales de los periódicos, provienen de gente a la que seguramente le horrorizaría que la enviasen a trabajar construyendo carreteras por 420 euros al mes, sin pagas extras, que es en lo que consiste ese precario subsidio.

La imagen de obreros o presidiarios condenados a trabajos forzados cavando con pico y pala bajo la intemperie forma parte del imaginario represivo. En la realidad, las carreteras se construyen empleando maquinaria cuyo manejo precisa de operarios expertos. Si enviásemos a estos “cuatrocientosveinteuristas” a trabajar como forzados de Dragut, seguramente protestaría ese relevante sector del capitalismo que son las constructoras. Dirían que el Estado les hace la competencia. Porque, para ellas, el libre mercado consiste en que los gobiernos consignen en sus presupuestos cuantiosas partidas de dinero del contribuyente destinadas a la ejecución de obras públicas. Que naturalmente llevan a cabo dichas grandes empresas gracias a un sistema de licitación que no deja fuera del tajo a ninguna de ellas.

Las críticas a la protección social son habituales en cualquier latitud. Hace no mucho, la oposición brasileña atacó con intensidad el programa Bolsa Familia al conocer que el gobierno presidido por Lula da Silva destinará un plus de 250 millones de dólares para aumentar esa modesta ayuda. La oposición puso el grito en el cielo acusándolo de que “sólo crea una situación viciosa en la que los beneficiarios supuestamente dejan de buscar empleo porque tiene ese ingreso asegurado”.

“Para quienes tenemos la suerte de conocer en la intimidad al presidente de Brasil, no deja de ser llamativa la dureza de sus términos en un hombre que se caracteriza por su tolerancia frente a los embates de la oposición y sus modales mesurados en el debate político”, señala el ex presidente argentino Eduardo Duhalde, en su artículo La renta básica y la indignación de Lula, en el que se refiere a este episodio.

“Hay gente tan imbécil e ignorante que todavía dice que la Bolsa Familia convierte en vagos a quienes la reciben porque ya no quieren trabajar”, dijo Lula. Y explicó el porqué de sus terminantes calificaciones: “La ignorancia es de tal magnitud que esas personas piensan que una familia va a preferir vivir con 85 reales mensuales antes que ganar un salario digno de 616 reales. Quienes hablan así son los mismos que creen que la gente vive en las favelas porque quiere; que son pobres porque no les gusta trabajar ni estudiar (…); es una forma simplista de ver las cosas que no contempla que el país está dividido entre personas que tuvieron oportunidades y personas que no las tuvieron”.

José A. Pérez – ATTAC Madrid

http://carnetdeparo.blogspot.com/

Mafias farmacéuticas

Muy pocos medios de comunicación lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final (1), publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio, sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.

¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de los medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Esto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.

Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El periodo de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los diez años; pero la protección de la patente del fármaco original dura veinte años. Entonces es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor coste, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables (2).
El objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste, por consiguiente, en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del periodo de protección de la patente; y se las arreglan para patentar añadidos superfluos del producto (un polimorfo, una forma cristalina, etc.) y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento. El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros (3); y una docena de empresas gigantes, entre ellas las llamadas " Big Pharma " -Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis-, controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los obtenidos por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan mil en el mercado (4). Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a ganar miles de millones de euros más en los próximos meses gracias a las ventas masivas de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la nueva gripe (5).

Esas gigantescas masas de dinero otorgan a las " Big Pharma " una potencia financiera absolutamente colosal. Que usan en particular para arruinar, mediante múltiples juicios millonarios ante los tribunales, a los modestos fabricantes de genéricos. Sus innumerables lobbies hostigan también permanentemente a la Oficina Europea de Patentes (OEP), cuya sede se halla en Múnich, para retrasar la concesión de autorizaciones de entrada en el mercado a los genéricos. Asimismo lanzan campañas engañosas sobre estos fármacos bioequivalentes y asustan a los pacientes. El resultado es que, según el reciente Informe publicado por la Comisión Europea, los ciudadanos han tenido que esperar, por término medio, siete meses más de lo normal para acceder a los genéricos, lo cual se ha traducido en los últimos cinco años en un sobregasto innecesario de cerca de 3.000 millones de euros para los consumidores y en un 20% de aumento para los Sistemas Públicos de Salud.

La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las " Big Pharma ". Desde que Honduras ingresó en el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), en agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar genéricos cubanos, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos hondureños. Además, en la Cumbre del 24 de junio pasado, los Presidentes del ALBA se comprometieron a "revisar la doctrina sobre la propiedad industrial", o sea, la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último (6).

Asimismo, Barack Obama, deseoso de reformar el sistema de salud de Estados Unidos que deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PIB) y las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las " Big Pharma ", a las grandes compañías de seguros y a todo el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes medios de comunicación más conservadores y en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria reforma del sistema de salud.

Es una batalla crucial. Y sería dramático que las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque redoblarían entonces los esfuerzos para atacar, en Europa y en el resto del mundo, el despliegue de los medicamentos genéricos y la esperanza de unos sistemas de salud menos costosos y más solidarios.

Ignacio Ramonet. Le Monde Diplomatique

Notas:
(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/ pharmaceuticals/inquiry/index.html
(2) El 90% de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está destinado a enfermedades que sólo padece el 10% de la población mundial.
(3) Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19 de marzo de 2009.
(4) Carlos Machado, "La mafia farmacéutica. Peor el remedio que la enfermedad", 5 de marzo de 2007 (www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Léase, Ignacio Ramonet, "Los culpables de la gripe porcina", Le Monde diplomatique en español , junio de 2009.
(6) Observatorio Social Centroamericano, 29 de junio de 2009.

domingo, 30 de agosto de 2009

Las compañías de seguros sanitarios en EE.UU.

Una propuesta que economistas y políticos liberales promueven en España es la privatización de la sanidad pública española mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado, facilitando así, la sustitución del Servicio Nacional de Salud por un sistema de Aseguramiento Sanitario Privado. Tanto el Partido Popular, como Convergencia i Unió han propuesto incrementar la desgravación de las pólizas de aseguramiento privado, tanto las colectivas (realizadas por empresas u otros colectivos, que ofrecen cobertura sanitaria a sus empleados), como las individuales. Las primeras –las colectivas- ya se desgravan en España. Y lo que proponen ambas opciones políticas liberales es que tal desgravación se extienda a las segundas. Propuestas parecidas están siendo promovidas por algunas voces de centro izquierda, que argumentan que la extensión del aseguramiento privado diluiría la presión asistencial que existe en la sanidad pública como consecuencia de la escasez de recursos.

En otro artículo, publicado en el semanario Sistema Digital (31.07.09), he descrito los enormes problemas que el aseguramiento privado de la sanidad conlleva y cuyo mejor ejemplo es EEUU, el país del mundo en que este aseguramiento privado de la sanidad ha alcanzado mayores dimensiones (ver Navarro, V. “El Modelo Liberal Sanitario: EEUU” en Sistema. Ver también sección EEUU en www.vnavarro.org). En EEUU, la mayoría de la ciudadanía paga una póliza a las compañías de seguros (bien directamente, o bien a través de la empresa donde trabaja), la cual contrata médicos y hospitales para la provisión de servicios. Además de la póliza, el ciudadano paga también parte de la factura médica (en sistemas de copagos que pueden alcanzar cifras elevadas), en el momento de utilización de aquellos servicios. Más del 40% de personas que están muriéndose, como consecuencia de tener una enfermedad terminal, dicen estar preocupadas sobre como ellos o sus familias pagarán las facturas médicas. Y ello a pesar de que, la mayoría de ellos, tienen un aseguramiento privado.

Las compañías de seguro (que, aún cuando existen 1.500 de ellas, en realidad las 10 más importantes controlan casi el 70% de todo el mercado) son las que centran la financiación y gestión del sistema sanitario estadounidense. Tal sistema privado de la sanidad es enormemente rentable para las compañías de seguros. Las diez aseguradoras sanitarias más importantes están entre las empresas con mayores beneficios en aquel país. Así de 2000 a 2007 sus beneficios crecieron enormemente, pasando de 2.400 millones de dólares a 12.900 millones. Y sus directores están entre los mejor pagados en EEUU (un promedio de 12 millones de dólares al año). El que fue en su día director de CIGNA, una de las mayores compañías de seguros sanitarios en EEUU, el Sr. Wendell Potter (que se ha convertido en uno de sus mayores críticos), ha mostrado en una serie de informes que se han difundido ampliamente en EEUU, como tales compañías consiguen estos altos beneficios. Éstos se basan en 1) seleccionar a los pacientes, rechazando a aquellos pacientes que tienen mayores necesidades (como enfermos crónicos); 2) eliminar de sus listas a aquellas personas aseguradas que desarrollan condiciones crónicas o requieren cuidados costosos; 3) reducir la cobertura sanitaria (la extensión de los beneficios a los que los asegurados tienen derecho), así como aumentar los copagos. Como consecuencia de estas y otras políticas, el número de personas en EEUU que no tuvo ninguna cobertura sanitaria, durante el periodo 2000-2007, ascendió de 38 a 45 millones al año.

Tal sistema de aseguramiento privado es enormemente costoso e ineficiente. EEUU es el país que gasta más en sanidad (17% del PIB), teniendo a la vez el porcentaje mayor de la ciudadanía deseosa de un cambio profundo en el sistema. Sólo un 21% de ciudadanos estadounidenses están satisfechos con tal sistema. Ello explica que el tema sanitario se haya convertido en el tema doméstico más importante de EEUU, después de la crisis económica. La Administración Obama está proponiendo cambios que podrían reducir el protagonismo de las compañías de aseguramiento privado en la gestión de la sanidad estadounidense. De ahí que tales compañías se hayan movilizado para parar cualquier intento de reforma.

El poder político y mediático de tales grupos de presión

El poder de tales compañías de seguros es enorme y se materializa a través de sus aportaciones a las campañas electorales de los políticos que toman decisiones en el Congreso de EEUU que afectan a sus intereses. Tal sistema de financiación de las campañas electorales (que en la mayoría de países europeos sería ilegal y sería considerado corrupción) explica que los presidentes de los comités que afectan a tales compañías de seguros estén claramente influenciados por tales fondos. Un ejemplo, entre muchos, es el senador demócrata Max Baucus, el Presidente del Comité de Finanzas del Senado Estadounidense, un comité clave en la aprobación de cualquier legislación que afecte a las compañías de seguro. Tal senador ha recibido más de 5 millones de dólares de industrias sanitarias – incluyendo compañías de seguros privadas-, lo cual explica su resistencia a intervenir y regular tales compañías. En general, estos fondos van tanto a políticos republicanos como a políticos demócratas, aún cuando, históricamente, han apoyado más frecuentemente al Partido Republicano que al Partido Demócrata. Hoy, el Partido Republicano se ha convertido en su mayor portavoz. Tal Partido está hoy hegemonizado por la ultraderecha estadounidense, radicalizada por las derrotas que ha sufrido en las últimas elecciones, adoptando posturas que, en Europa, encajarían con la ultraderecha. Fraga Iribarne, por ejemplo, estaría más a la izquierda que la mayoría de los miembros dirigentes de tal Partido. Su chauvinismo de carácter racial, nacionalismo extremo y fundamentalismo religioso han adquirido dimensiones amenazantes para la democracia estadounidense. Uno de los lobbies económicos que están financiando tales movimientos en la órbita del Partido Republicano es, precisamente, la industria aseguradora sanitaria.

Otra expresión del poder de las compañías de seguros son los medios de información a los cuales tienen acceso (entre los que destaca la compañía televisiva de ultraderecha, FOX) y en los que promueven sus puntos de vista. Uno de sus presentadores es Glen Beck, que en un programa reciente indicó que le gustaría envenenar a la Presidenta demócrata del Congreso, la Sra. Nancy Pelossi, que es dirigente del movimiento a favor de incluir un aseguramiento público en las propuestas al Congreso.

Tales compañías promueven también sus opiniones a través de los grandes canales de televisión, mediante la compra de largos espacios televisivos que están a su disposición, previo pago de grandes cantidades de dinero. Estos anuncios televisivos no se presentan como financiados por tales compañías de seguros. La gran impopularidad de tales compañías de seguros explica que utilicen otras organizaciones (que ellas mismas crean), que aparecen como organizaciones espontáneas en defensa del paciente, organizaciones que promueven los puntos de vista de tal industria. Tales organizaciones, la mayoría relacionadas con el Partido Republicano, están ahora altamente movilizadas en contra de los proyectos de Reforma Sanitaria de la Administración Obama. Como ya he mencionado, tales organizaciones actúan con gran agresividad, interrumpiendo reuniones de asociaciones vecinales, convocadas por los miembros demócratas del Congreso, para presentar sus propuestas de reforma, con el objetivo de que no se realicen tales reuniones. Sus anuncios televisivos distribuyen falsedades obvias como, por ejemplo, indicar que la reforma Obama negará la atención médica a los que tengan ciertas condiciones crónicas, con el fin de que se mueran antes. Su manipulación no conoce límites.

Esta situación debiera conocerse ampliamente en España, no sólo por lo que respecta a las enormes insuficiencias de la democracia estadounidense (idealizada en muchos medios españoles), sino también para percatarse de las consecuencias de copiar el modelo liberal de aseguramiento privado de la sanidad, el cual ha conducido a EEUU a una situación enormemente insuficiente, injusta, y escasamente democrática.

Artículo publicado en El Plural.
www.vnavarro.es

jueves, 27 de agosto de 2009

¿ Sanidad pública o privada?

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro).

Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían: 1) las cualificaciones del personal de las instituciones; 2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico; 3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención; y 4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios. En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la

UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

Artículo publicado en Diario Público.
www.vnavarro.es

lunes, 24 de agosto de 2009

Observatorio sobre la privatización de la Salud en Europa


OBSERVATORIO SOBRE LA PRIVATIZACION DE LA SALUD EN EUROPA

http://www.privatizationhealthobservatory.eu/html/inicio.htm


La globalización neoliberal esta produciendo serias transformaciones en los sistemas sanitarios de todo el mundo.

En Europa estas transformaciones se centran en la privatización de los sistemas sanitarios públicos y en el incremento de las aportaciones de los usuarios en el momento del uso de las prestaciones asistenciales

Conscientes de que nos encontramos ante una ofensiva generalizada que ofrece características similares en todos los países, un grupo de profesionales y estudiosos de la salud del Reino Unido y España ponemos en marcha este Observatorio, cuyos objetivos son:

• Permitir a los profesionales y los activistas de los países que luchan para defender sistemas públicos de la salud enterarse y aprender de las experiencias de otros países (inicialmente Reino Unido y España).
• Permitir a los que luchan en otros países traducir y propagar la información y las ideas en los artículos, informes y documentos que pueden ayudarlos a realizar campañas contra la privatización de los servicios sanitarios.
• Favorecer la creación de mas vínculos entre los defensores de la Sanidad Pública en distintos países.
• A largo plazo y si se quiere, establecer vínculos y formas de colaboración mas profundas entre los defensores de los sistemas públicos de salud.

Esta iniciativa se concretara inicialmente en la confección de una pagina web que contenga informes, documentos y artículos que revelen y analicen las políticas sanitarias en los países europeos (sobre todo el Reino Unido y España) que conducen a los sistemas de salud hacia la privatización y el mercado.


DR Sally Ruane

Health Policy Research Unit, Health and Life Sciences
De Montfort University, Hawthorn Building, The Gateway
Leicester
United Kingdon

Dr Marciano Sánchez Bayle
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Madrid

España

domingo, 23 de agosto de 2009

Televisiones públicas y privadas

Quien difundió las imágenes de las presiones gubernamentales fue el propio medio público, Televisión Española, lo que, en mi opinión constituye la mejor prueba de que no aceptaron la presión y así la denunciaron.

El 30 de julio se produjo una curiosa anécdota televisiva. Ese día fue noticia la amenaza del responsable de prensa del Ministerio de Trabajo español a un periodista de TVE. Tras una rueda de prensa del ministro, el funcionario de prensa, indignado con un redactor de Televisión Española que insistía en preguntar al ministro, le espetó: “Voy a quejarme porque lo has hecho muy mal. Es más, voy a pedir [sic] quién eres para evitar que vengas a este ministerio en la medida de lo posible.” Muchas críticas señalaron que lo sucedido era una prueba del “partidismo de los medios públicos a favor del gobierno”, una vez más se demostraba que la televisión pública y, por extensión, los medios del Estado están bajo el control del gobierno de turno que se podía permitir vetar a un periodista porque no era de su gusto. Quienes así acusan olvidan que quien difundió las imágenes de las presiones gubernamentales fue el propio medio público, Televisión Española, lo que, en mi opinión constituye la mejor prueba de que no aceptaron la presión y así la denunciaron. Supongamos una situación parecida que tenga como protagonista al dueño de una televisión privada y a un periodista de esa televisión. Seguro que no nos imaginamos la difusión en Cuatro de una presión similar de la familia Polanco a un periodista de esa cadena, o en Antena 3 una presión de la familia Lara.

El caso italiano puede ser un buen objeto de estudio. En ese país, el primer ministro, Silvio Berlusconi, es propietario del Grupo Fininvest, el cual controla la empresa Mediaset, dueña de las cadenas televisivas Rete Quattro, Italia Uno y Canale Cinque. Si bien esta última se intenta presentar con una cierta independencia en su línea informativa, la realidad es que las tres se caracterizan por su apoyo incondicional al dueño, es decir, a Berlusconi. Al mismo tiempo el Estado italiano es propietario de las cadenas RAI1, RAI2 y RAI3. Aunque la calidad de estas televisiones ha bajado mucho durante los gobiernos de Berlusconi con el objetivo de conseguir que las audiencias emigren a los canales del primer ministro, su nivel de incondicionalidad política al gobierno es menor que en las privadas de Berlusconi. Incluso RAI3 mantiene un mayor perfil de izquierdas, en virtud de un acuerdo histórico de reparto de líneas editoriales entre los tres canales públicos. Ello es posible porque existe una comisión de vigilancia parlamentaria que nombra a siete consejeros de los nueve que integran el consejo de la corporación de la televisión pública italiana. Por tanto en Italia el objetivo no es lograr televisiones públicas al servicio de un gobierno, sino intentar jibarizarlas para que sean las privadas las que tengan el poder y cumplan la función de lealtad gubernamental.

En España también se intenta un control plural y democrático de RTVE. Según la legislación, las Cortes Generales elegirán los doce miembros que integran el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, dos de ellos serán a propuesta de los dos sindicatos más representativos de la corporación. Otro elemento de participación pública de nuestra televisión pública es la existencia del denominado “derecho de acceso”, consagrado en la Constitución y que establece que los medios públicos deben reservar parte de sus programación para contenidos propuestos por partidos políticos, movimientos sociales o sindicatos. Es verdad que no se está poniendo suficientemente en práctica, algo que debemos denunciar, pero donde nunca se hará porque no existe ninguna garantía legal que lo establezca es en los medios privados.

Tampoco negaremos que, a pesar de todo, las televisiones públicas no cuentan con los mecanismos de participación democrática que todos desearíamos, y que el poder de los gobiernos en muchas ocasiones es excesivo. Lo que es indiscutible es que los profesionales de las televisiones privadas nunca podrán denunciar y mostrar en pantalla los intentos de presión por parte de sus propietarios. De modo que la verdadera independencia y pluralidad, o viene de los medios de comunicación públicos o no vendrá nunca.

viernes, 31 de julio de 2009

El modelo liberal sanitario: EE.UU.

Existe en España una presión, que procede primordialmente (pero no exclusivamente) de las derechas, de privatizar la sanidad y expandir el aseguramiento sanitario privado a base de ofrecer desgravaciones (es decir, subsidios públicos) a las pólizas de aseguramiento privado sanitario. Sería deseable que tales proponentes visitaran y conocieran el sistema sanitario estadounidense, que está financiado (en su mayoría) de forma privada, a base de pólizas a las compañías de seguro sanitario privado, las cuales gestionan el sistema. Se darían cuenta, rápidamente, de que tal sistema de financiación y gestión de la sanidad es la causa de que la sanidad estadounidense se haya convertido en el problema doméstico número 1 en aquel país. Ni que decir tiene que EEUU dispone de centros sanitarios excelentes y la formación del personal sanitario es de elevadísima calidad. Pero, como ya bien dijo el filósofo Hegel en el siglo XIX, la totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Los componentes del sistema pueden ser excelentes y, en cambio, la totalidad puede ser enormemente deficiente. Y esto es lo que ocurre precisamente con la sanidad de aquel país.

Pero veamos primero las características del sistema de financiación sanitaria de aquel país. Tal sistema se estableció inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Las izquierdas, (los sindicatos y los movimientos sociales) querían establecer un sistema de financiación pública, propuesta que contaba con el apoyo del Presidente Truman. Las derechas (el mundo empresarial y el capital financiero –banca y compañías de seguro-) se oponían a aquella propuesta, apoyando en su lugar la ley Taft-Harley Act, aprobada por dos terceras partes del Congreso de EEUU (dominado por el Partido Republicano y por los congresistas del Partido Demócrata procedentes del Sur, la región mas conservadora de aquel país). Esta mayoría permitió aprobar la ley, a pesar del veto del Presidente Truman. Esta ley estableció que la cobertura sanitaria se debe negociar en los altamente descentralizados convenios colectivos (empresa por empresa), y tiene que ser financiada con las pólizas de aseguramiento sanitario privado, pagadas conjuntamente por empresarios y trabajadores de cada empresa. Las compañías de seguros privados acuerdan, a su vez, con los proveedores de servicios (tales como médicos y hospitales) la provisión de la atención médica.

El 65% de la población estadounidense tiene su cobertura sanitaria relacionada con su lugar de trabajo. Como consecuencia de este tipo de financiación, aquellos trabajadores que tengan sindicatos fuertes en su lugar de trabajo, es probable que consigan una cobertura extensa (aunque nunca tan extensa como la existente en los países de la UE-15). Pero donde los sindicatos sean débiles o no existan, la cobertura sanitaria de los trabajadores es muy insuficiente o, incluso, pueden no tenerla. De ahí la enorme variabilidad en el grado de cobertura sanitaria que la ciudadanía tenga. Las personas que no trabajan o las que trabajan en centros de trabajo donde los empresarios no quieran (no es mandatario que lo hagan) o no puedan pagar la póliza de aseguramiento sanitario, pueden asegurarse con pólizas individuales, muy caras en caso de tener una enfermedad crónica.

Este sistema fue resultado de la alianza política entre las grandes empresas de EEUU y las compañías de seguro. Las primeras querían controlar a la fuerza del trabajo pues, cuando el trabajador pierde su puesto de trabajo pierde, no sólo su salario, sino también su cobertura sanitaria y la de su familia. El impacto disciplinario de tal sistema es enorme. El trabajador se lo piensa dos veces antes de enfrentarse con el empresario. Ésta es la causa de que EEUU sea el país de la OCDE que tenga menos días de huelga al año. Ello explica que los sindicatos siempre hayan intentado desligar la cobertura sanitaria de la situación laboral del trabajador, promoviendo la universalización de la cobertura sanitaria (tal como propuso el grupo de trabajo de la Casa Blanca, presidido por la Sra. Clinton, del cual yo era miembro). Esto significaría que todo ciudadano o residente tuviera derecho de acceso a los servicios, derecho al que se oponía, hasta hace poco, el gran mundo empresarial, que prefiere que la cobertura sanitaria se haga a través de las empresas, para controlar mejor a los trabajadores. Esta oposición empresarial, sin embargo, comienza a diluirse, puesto que el enorme encarecimiento de las pólizas de seguro sanitario hace que General Motors, por ejemplo, gaste en aseguramiento sanitario para sus empleados más que en cualquier otro input de la producción en automóviles (sea éste acero, neumáticos, o lo que sea). Por cada coche fabricado, General Motors destina 1.600 $ a tal capítulo, mientras que Toyota en Japón destina sólo 74 $ (en impuestos) como su contribución a cubrir la sanidad de los ciudadanos (que son sus empleados). De ahí que algunos empresarios comiencen a tener dudas de los beneficios de tal sistema, pues afecta negativamente su competitividad internacional.

El otro grupo de presión que se beneficia de tal sistema son las compañías de seguro sanitario privadas que, después de las farmacéuticas, son las que tienen los beneficios más elevados de EEUU (12.000 millones de $ en 2007). La persona mejor pagada en EEUU es William McGuire, presidente de la Compañía de seguros sanitarios privados United Health Group, que recibe 37 millones de dólares al año, más 1.776 millones en acciones de tal compañía. Los dirigentes de tales compañías son, según el The New York Times (09.04.05), los ejecutivos con los ingresos más exuberantes.

Este maridaje de intereses ha forjado un sistema que se caracteriza por:

1. Ser enormemente caro. El gasto sanitario representa el 17% del PIB. El gasto público sanitario per cápita de EEUU es el más alto del mundo, 6.397 dólares (en dólares estandarizados para comparar la capacidad adquisitiva del dólar en varios países), mucho más alto que el francés (el más alto de la UE: 3.306 $), el alemán (3.251 $), el británico (2.580 $), el japonés (2.474 $) y el español (2.260 $). Y este gasto público se invierte en cubrir el 51% de los gastos de asistencia sanitaria a los ancianos (Medicare), el 12% de los pobres llamados indigentes medios (Medicaid) y a las Fuerzas Armadas.

2. Ser muy insuficiente, pues a pesar de los enormes costes, 48 millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria, y 93 millones tienen una cobertura insuficiente, es decir, que su seguro sanitario privado es muy limitado, teniéndose que gastar más del 10% de su ingreso familiar para pagar directamente sus facturas médicas.

3. Alcanzar niveles de crueldad. El 40% de las personas que se están muriendo manifiestan que están preocupadas por como ellos o sus familiares pagarán sus facturas médicas.

4. Ser muy impopular, pues sólo el 21% de la población está satisfecha con su sistema sanitario (comparado con el 64% de Francia).

La pregunta que uno se hace es “¿Por qué no se cambia el sistema de financiación sanitaria?”, y la respuesta radica en la privatización del proceso electoral en EEUU. Las campañas electorales de los candidatos las financian los grandes grupos económicos y financieros, incluyendo las compañías de seguros. Estas últimas, por ejemplo, aportaron 525.188 dólares a la candidatura Clinton, 414.853 al candidato Obama, y 277.724 a McCain (que recibió menos porque tal industria creía que no tenía muchas posibilidades de ganar). De ahí se deriva que la clase política sea muy reticente a enfrentarse a las compañías de seguro, que son las que financian sus campañas. De ahí la gran frustración de la población hacia Washington, que representa el maridaje entre los grupos empresariales y financieros y la clase política. ¿Es éste el modelo liberal que las derechas (y algunas voces de centroizquierda) desean para España?

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Sistema Digital