domingo, 30 de agosto de 2009

Las compañías de seguros sanitarios en EE.UU.

Una propuesta que economistas y políticos liberales promueven en España es la privatización de la sanidad pública española mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado, facilitando así, la sustitución del Servicio Nacional de Salud por un sistema de Aseguramiento Sanitario Privado. Tanto el Partido Popular, como Convergencia i Unió han propuesto incrementar la desgravación de las pólizas de aseguramiento privado, tanto las colectivas (realizadas por empresas u otros colectivos, que ofrecen cobertura sanitaria a sus empleados), como las individuales. Las primeras –las colectivas- ya se desgravan en España. Y lo que proponen ambas opciones políticas liberales es que tal desgravación se extienda a las segundas. Propuestas parecidas están siendo promovidas por algunas voces de centro izquierda, que argumentan que la extensión del aseguramiento privado diluiría la presión asistencial que existe en la sanidad pública como consecuencia de la escasez de recursos.

En otro artículo, publicado en el semanario Sistema Digital (31.07.09), he descrito los enormes problemas que el aseguramiento privado de la sanidad conlleva y cuyo mejor ejemplo es EEUU, el país del mundo en que este aseguramiento privado de la sanidad ha alcanzado mayores dimensiones (ver Navarro, V. “El Modelo Liberal Sanitario: EEUU” en Sistema. Ver también sección EEUU en www.vnavarro.org). En EEUU, la mayoría de la ciudadanía paga una póliza a las compañías de seguros (bien directamente, o bien a través de la empresa donde trabaja), la cual contrata médicos y hospitales para la provisión de servicios. Además de la póliza, el ciudadano paga también parte de la factura médica (en sistemas de copagos que pueden alcanzar cifras elevadas), en el momento de utilización de aquellos servicios. Más del 40% de personas que están muriéndose, como consecuencia de tener una enfermedad terminal, dicen estar preocupadas sobre como ellos o sus familias pagarán las facturas médicas. Y ello a pesar de que, la mayoría de ellos, tienen un aseguramiento privado.

Las compañías de seguro (que, aún cuando existen 1.500 de ellas, en realidad las 10 más importantes controlan casi el 70% de todo el mercado) son las que centran la financiación y gestión del sistema sanitario estadounidense. Tal sistema privado de la sanidad es enormemente rentable para las compañías de seguros. Las diez aseguradoras sanitarias más importantes están entre las empresas con mayores beneficios en aquel país. Así de 2000 a 2007 sus beneficios crecieron enormemente, pasando de 2.400 millones de dólares a 12.900 millones. Y sus directores están entre los mejor pagados en EEUU (un promedio de 12 millones de dólares al año). El que fue en su día director de CIGNA, una de las mayores compañías de seguros sanitarios en EEUU, el Sr. Wendell Potter (que se ha convertido en uno de sus mayores críticos), ha mostrado en una serie de informes que se han difundido ampliamente en EEUU, como tales compañías consiguen estos altos beneficios. Éstos se basan en 1) seleccionar a los pacientes, rechazando a aquellos pacientes que tienen mayores necesidades (como enfermos crónicos); 2) eliminar de sus listas a aquellas personas aseguradas que desarrollan condiciones crónicas o requieren cuidados costosos; 3) reducir la cobertura sanitaria (la extensión de los beneficios a los que los asegurados tienen derecho), así como aumentar los copagos. Como consecuencia de estas y otras políticas, el número de personas en EEUU que no tuvo ninguna cobertura sanitaria, durante el periodo 2000-2007, ascendió de 38 a 45 millones al año.

Tal sistema de aseguramiento privado es enormemente costoso e ineficiente. EEUU es el país que gasta más en sanidad (17% del PIB), teniendo a la vez el porcentaje mayor de la ciudadanía deseosa de un cambio profundo en el sistema. Sólo un 21% de ciudadanos estadounidenses están satisfechos con tal sistema. Ello explica que el tema sanitario se haya convertido en el tema doméstico más importante de EEUU, después de la crisis económica. La Administración Obama está proponiendo cambios que podrían reducir el protagonismo de las compañías de aseguramiento privado en la gestión de la sanidad estadounidense. De ahí que tales compañías se hayan movilizado para parar cualquier intento de reforma.

El poder político y mediático de tales grupos de presión

El poder de tales compañías de seguros es enorme y se materializa a través de sus aportaciones a las campañas electorales de los políticos que toman decisiones en el Congreso de EEUU que afectan a sus intereses. Tal sistema de financiación de las campañas electorales (que en la mayoría de países europeos sería ilegal y sería considerado corrupción) explica que los presidentes de los comités que afectan a tales compañías de seguros estén claramente influenciados por tales fondos. Un ejemplo, entre muchos, es el senador demócrata Max Baucus, el Presidente del Comité de Finanzas del Senado Estadounidense, un comité clave en la aprobación de cualquier legislación que afecte a las compañías de seguro. Tal senador ha recibido más de 5 millones de dólares de industrias sanitarias – incluyendo compañías de seguros privadas-, lo cual explica su resistencia a intervenir y regular tales compañías. En general, estos fondos van tanto a políticos republicanos como a políticos demócratas, aún cuando, históricamente, han apoyado más frecuentemente al Partido Republicano que al Partido Demócrata. Hoy, el Partido Republicano se ha convertido en su mayor portavoz. Tal Partido está hoy hegemonizado por la ultraderecha estadounidense, radicalizada por las derrotas que ha sufrido en las últimas elecciones, adoptando posturas que, en Europa, encajarían con la ultraderecha. Fraga Iribarne, por ejemplo, estaría más a la izquierda que la mayoría de los miembros dirigentes de tal Partido. Su chauvinismo de carácter racial, nacionalismo extremo y fundamentalismo religioso han adquirido dimensiones amenazantes para la democracia estadounidense. Uno de los lobbies económicos que están financiando tales movimientos en la órbita del Partido Republicano es, precisamente, la industria aseguradora sanitaria.

Otra expresión del poder de las compañías de seguros son los medios de información a los cuales tienen acceso (entre los que destaca la compañía televisiva de ultraderecha, FOX) y en los que promueven sus puntos de vista. Uno de sus presentadores es Glen Beck, que en un programa reciente indicó que le gustaría envenenar a la Presidenta demócrata del Congreso, la Sra. Nancy Pelossi, que es dirigente del movimiento a favor de incluir un aseguramiento público en las propuestas al Congreso.

Tales compañías promueven también sus opiniones a través de los grandes canales de televisión, mediante la compra de largos espacios televisivos que están a su disposición, previo pago de grandes cantidades de dinero. Estos anuncios televisivos no se presentan como financiados por tales compañías de seguros. La gran impopularidad de tales compañías de seguros explica que utilicen otras organizaciones (que ellas mismas crean), que aparecen como organizaciones espontáneas en defensa del paciente, organizaciones que promueven los puntos de vista de tal industria. Tales organizaciones, la mayoría relacionadas con el Partido Republicano, están ahora altamente movilizadas en contra de los proyectos de Reforma Sanitaria de la Administración Obama. Como ya he mencionado, tales organizaciones actúan con gran agresividad, interrumpiendo reuniones de asociaciones vecinales, convocadas por los miembros demócratas del Congreso, para presentar sus propuestas de reforma, con el objetivo de que no se realicen tales reuniones. Sus anuncios televisivos distribuyen falsedades obvias como, por ejemplo, indicar que la reforma Obama negará la atención médica a los que tengan ciertas condiciones crónicas, con el fin de que se mueran antes. Su manipulación no conoce límites.

Esta situación debiera conocerse ampliamente en España, no sólo por lo que respecta a las enormes insuficiencias de la democracia estadounidense (idealizada en muchos medios españoles), sino también para percatarse de las consecuencias de copiar el modelo liberal de aseguramiento privado de la sanidad, el cual ha conducido a EEUU a una situación enormemente insuficiente, injusta, y escasamente democrática.

Artículo publicado en El Plural.
www.vnavarro.es

jueves, 27 de agosto de 2009

¿ Sanidad pública o privada?

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro).

Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían: 1) las cualificaciones del personal de las instituciones; 2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico; 3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención; y 4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios. En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la

UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

Artículo publicado en Diario Público.
www.vnavarro.es

lunes, 24 de agosto de 2009

Observatorio sobre la privatización de la Salud en Europa


OBSERVATORIO SOBRE LA PRIVATIZACION DE LA SALUD EN EUROPA

http://www.privatizationhealthobservatory.eu/html/inicio.htm


La globalización neoliberal esta produciendo serias transformaciones en los sistemas sanitarios de todo el mundo.

En Europa estas transformaciones se centran en la privatización de los sistemas sanitarios públicos y en el incremento de las aportaciones de los usuarios en el momento del uso de las prestaciones asistenciales

Conscientes de que nos encontramos ante una ofensiva generalizada que ofrece características similares en todos los países, un grupo de profesionales y estudiosos de la salud del Reino Unido y España ponemos en marcha este Observatorio, cuyos objetivos son:

• Permitir a los profesionales y los activistas de los países que luchan para defender sistemas públicos de la salud enterarse y aprender de las experiencias de otros países (inicialmente Reino Unido y España).
• Permitir a los que luchan en otros países traducir y propagar la información y las ideas en los artículos, informes y documentos que pueden ayudarlos a realizar campañas contra la privatización de los servicios sanitarios.
• Favorecer la creación de mas vínculos entre los defensores de la Sanidad Pública en distintos países.
• A largo plazo y si se quiere, establecer vínculos y formas de colaboración mas profundas entre los defensores de los sistemas públicos de salud.

Esta iniciativa se concretara inicialmente en la confección de una pagina web que contenga informes, documentos y artículos que revelen y analicen las políticas sanitarias en los países europeos (sobre todo el Reino Unido y España) que conducen a los sistemas de salud hacia la privatización y el mercado.


DR Sally Ruane

Health Policy Research Unit, Health and Life Sciences
De Montfort University, Hawthorn Building, The Gateway
Leicester
United Kingdon

Dr Marciano Sánchez Bayle
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Madrid

España

domingo, 23 de agosto de 2009

Televisiones públicas y privadas

Quien difundió las imágenes de las presiones gubernamentales fue el propio medio público, Televisión Española, lo que, en mi opinión constituye la mejor prueba de que no aceptaron la presión y así la denunciaron.

El 30 de julio se produjo una curiosa anécdota televisiva. Ese día fue noticia la amenaza del responsable de prensa del Ministerio de Trabajo español a un periodista de TVE. Tras una rueda de prensa del ministro, el funcionario de prensa, indignado con un redactor de Televisión Española que insistía en preguntar al ministro, le espetó: “Voy a quejarme porque lo has hecho muy mal. Es más, voy a pedir [sic] quién eres para evitar que vengas a este ministerio en la medida de lo posible.” Muchas críticas señalaron que lo sucedido era una prueba del “partidismo de los medios públicos a favor del gobierno”, una vez más se demostraba que la televisión pública y, por extensión, los medios del Estado están bajo el control del gobierno de turno que se podía permitir vetar a un periodista porque no era de su gusto. Quienes así acusan olvidan que quien difundió las imágenes de las presiones gubernamentales fue el propio medio público, Televisión Española, lo que, en mi opinión constituye la mejor prueba de que no aceptaron la presión y así la denunciaron. Supongamos una situación parecida que tenga como protagonista al dueño de una televisión privada y a un periodista de esa televisión. Seguro que no nos imaginamos la difusión en Cuatro de una presión similar de la familia Polanco a un periodista de esa cadena, o en Antena 3 una presión de la familia Lara.

El caso italiano puede ser un buen objeto de estudio. En ese país, el primer ministro, Silvio Berlusconi, es propietario del Grupo Fininvest, el cual controla la empresa Mediaset, dueña de las cadenas televisivas Rete Quattro, Italia Uno y Canale Cinque. Si bien esta última se intenta presentar con una cierta independencia en su línea informativa, la realidad es que las tres se caracterizan por su apoyo incondicional al dueño, es decir, a Berlusconi. Al mismo tiempo el Estado italiano es propietario de las cadenas RAI1, RAI2 y RAI3. Aunque la calidad de estas televisiones ha bajado mucho durante los gobiernos de Berlusconi con el objetivo de conseguir que las audiencias emigren a los canales del primer ministro, su nivel de incondicionalidad política al gobierno es menor que en las privadas de Berlusconi. Incluso RAI3 mantiene un mayor perfil de izquierdas, en virtud de un acuerdo histórico de reparto de líneas editoriales entre los tres canales públicos. Ello es posible porque existe una comisión de vigilancia parlamentaria que nombra a siete consejeros de los nueve que integran el consejo de la corporación de la televisión pública italiana. Por tanto en Italia el objetivo no es lograr televisiones públicas al servicio de un gobierno, sino intentar jibarizarlas para que sean las privadas las que tengan el poder y cumplan la función de lealtad gubernamental.

En España también se intenta un control plural y democrático de RTVE. Según la legislación, las Cortes Generales elegirán los doce miembros que integran el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, dos de ellos serán a propuesta de los dos sindicatos más representativos de la corporación. Otro elemento de participación pública de nuestra televisión pública es la existencia del denominado “derecho de acceso”, consagrado en la Constitución y que establece que los medios públicos deben reservar parte de sus programación para contenidos propuestos por partidos políticos, movimientos sociales o sindicatos. Es verdad que no se está poniendo suficientemente en práctica, algo que debemos denunciar, pero donde nunca se hará porque no existe ninguna garantía legal que lo establezca es en los medios privados.

Tampoco negaremos que, a pesar de todo, las televisiones públicas no cuentan con los mecanismos de participación democrática que todos desearíamos, y que el poder de los gobiernos en muchas ocasiones es excesivo. Lo que es indiscutible es que los profesionales de las televisiones privadas nunca podrán denunciar y mostrar en pantalla los intentos de presión por parte de sus propietarios. De modo que la verdadera independencia y pluralidad, o viene de los medios de comunicación públicos o no vendrá nunca.