jueves, 22 de diciembre de 2011

Copago por receta en Cataluña. Comunicado FADSP

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante la intención, incorporada en el proyecto de presupuesto de Cataluña, de hacer pagar 1 € por receta a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en esa Comunidad Autónoma, tiene que señalar:

1) Hay que resaltar que esta medida es injusta e insolidaria y pone trabas al acceso a la prestación farmacéutica, teniendo especial repercusión sobre las personas mas enfermas (que precisan mas medicamentos) y las que tienen menos recursos económicos.


2) Los copagos, tickets moderadores o tasas, han demostrado en la experiencia internacional que no tienen capacidad de discriminar entre la demanda inadecuada y la que no lo es (conviene recordar que lo que se grava es una prescripción decidida por un médico del sistema sanitario público en la que los ciudadanos no han tomado ninguna decisión) y que son perjudiciales para la salud.
3) Además se trata de una medida ilegal, ya que Cataluña carece de competencias sobre la política de los medicamentos y que la aportación de los usuarios no puede ser decidida por esa comunidad autónoma (Ley  General de Sanidad 1986, Ley de de Cohesión de 2003,RD sobre cartera de servicios basicos del SNS 2006). Si así se hiciera es el gobierno central el que tiene la obligación de paralizar la medida mediante el correspondiente recurso.
4) De todas formas hay que ser conscientes de que se trata de una medida pendiente de aprobación en el parlamento catalán y precisa para ello del apoyo de otros grupos políticos. Esperemos que en el tramite parlamentario quede rechazada esta propuesta, tanto por el fondo (es ineficaz, injusta e ineficiente) como por la forma ( se invaden competencias del Estado).

 Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
21 de diciembre de 2011

miércoles, 21 de diciembre de 2011

La privatización de la sanidad pública. ¿Qué significa?

Dentro de la política de recortes que está sufriendo nuestro sistema de protección social, uno de los más significativos es el de la sanidad pública. Debemos ser conscientes de es que esto es totalmente evitable, si aplicáramos una política económica distinta del neoliberalismo.

Nos dicen que está política económica es la única posible, y en consecuencia, que debemos aceptarla con resignación cristiana. Los que afirman esto, solo hacen política ideológica de derechas, donde la única finalidad es preservar y aumentar los beneficios de los ricos, detrayéndolos de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

¿Qué significa la privatización sanitaria?
El primer argumento utilizado, es que se gasta mucho en la sanidad pública, con un costo que nuestra economía no puede soportar. Esto es mentira como veremos posteriormente.

Debemos saber, que nuestro país es uno de los países de la Unión Europea a 15 que gasta menos por habitante en sanidad. Su coste es de 1.673 euros anuales frente a los 2.103 euros de la media europea. Sólo el 4,1 % de la población adulta trabaja en el sector sanitario de nuestro país, uno de los más bajos, pues en la UE-15 (países de desarrollo parecido al nuestro) es del 6,6%.

En los últimos diez años, el crecimiento sanitario ha sido del 2,7%, mientras que en los países de la OCDE ha sido del 4,1%. Como dice Vicenc Navarro “gran parte del crecimiento sanitario en España ha sido en el sector privado. España es uno de los países en los que la población paga más por servicios sanitarios privados, y ello es consecuencia del subdesarrollo del sector sanitario público”. La solución pasa inevitablemente no por recortar en sanidad pública, sino en invertir más. Si nos imponen Europa, reclamemos ser europeos no sólo en los recortes, sino que queremos serlo con las mismas prestaciones sociales.

El gran problema no es el gasto del Estado sino la falta de ingresos. En el año 2007, los ingresos del Estado español era del 41.1 % de su PIB y la de los países de la zona euro era del 45,5% del PIB. En el año 2011, los ingresos del Estado español baja al 34,5% de su PIB, mientras que los de la eurozona es del 44,4 % de su PIB. Este es el problema, un problema de fiscalidad, donde los ricos se niegan a pagar lo que deben en función de su riqueza económica.

¿Es la sanidad privada más barata y eficiente?
Desde hace años, escuchamos a la neoliberal Esperanza Aguirre, que hay que privatizar la sanidad pública, porque la privada es mucho más barata y eficiente. Que mejor que utilizar los datos, que aparecen en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, presidida por ella misma, para que no se me acuse de manipulador y podamos responder a este mantra neoliberal de la Sra. Aguirre.

En el año 2010, la comunidad de Madrid tenía el presupuesto/cama/ año en sus centros públicos en 277.375 euros, frente a los 434.686 euros de sus conciertos con los hospitales de gestión privada o semiprivada. En el año 2011, el presupuesto/cama/año en los centros públicos fue de 307.187 euros, frente a los 485.970 euros de los privados o semiprivados, es decir, un 58,2% más cara la cama en el sistema privado que en el público ¿dónde está la eficiencia económica Sra. Aguirre? Por qué sistemáticamente nos miente. Estos datos están en sus presupuestos, mírelos y rectifique.

Veamos otros datos. La Comunidad de Madrid concierta camas con la multinacional sanitaria sueca Capio en sus distintos hospitales por 535.000 euros o por ejemplo paga por una cama en la Fundación Jiménez Díaz por 675.000 euros ¿Qué tiene que decir la Sra. Aguirre a estos datos extraídos de sus presupuestos? A pesar del escandalo de estos datos, en los presupuestos de 2011 se han incrementado los fondos destinados a la sanidad privada en un 30%, mientras que los recortes en la sanidad pública madrileña han supuesto un 9%.

Siguiendo el modelo de gestión semiprivada de la sanidad, la Comunidad de Madrid ha abierto siete hospitales con criterios de gestión semiprivada. Su coste de construcción estaba presupuestado en 701 millones de euros. Sin embargo, la gestión semiprivada, cuando se termine de pagarlos resultará su coste en unos 5.000 millones de euros, es decir con un encarecimiento de más de 700% ¿Es esto una gestión eficiente o un saqueo?

En Navarra, la Cámara de Comptos ha cuestionado los costes de los conciertos con la Clínica Universitaria (OPUS DEI) y otros privados, al considerarlos excesivamente altos.

El modelo neoliberal, por el que se rige Esperanza Aguirre, es el sistema sanitario norteamericano. Estados Unidos tiene un gasto sanitario el más elevado de la OCDE, llegando al 17% de su PIB, siendo el reino del negocio de las empresas privadas sanitarias. El 20% de la población norteamericana no tiene ninguna cobertura sanitaria y el resto con muy escasas coberturas, por supuesto muy lejos de las que da cualquier sistema sanitario público europeo Su sistema sanitario es pésimo, salvo en cuatro hospitales de renombre. Sus empresas sanitarias y farmacéuticas son las reinas del beneficio en Wall Street, donde lo que importa es el beneficio y nunca la persona.

El gasto sanitario español ronda entre el 9-9,5% del PIB y el del eurogrupo sobre el 12% con potentes sistemas públicos y amplias coberturas, atendiendo al cien por cien de la población, cosa que no hace el sistema norteamericano. En cualquier evaluación objetiva no tiene color entre el sistema europeo sanitario y el ínfimo norteamericano.

Si se consigue imponer el sistema privatizador de Esperanza Aguirre tenemos asegurado, que tendremos muchas menos prestaciones y las que ofrezcan mucho más caras, el negocio es el negocio. Se ha denunciado, que en el sistema privado se realizan muchísimas intervenciones quirúrgicas innecesarias con la finalidad de obtener más beneficios.

Resulta descarado que los sectores que apoyan la reducción del gasto público sanitario por insostenible, son los mismos que piden fuertes desgravaciones fiscales para sus seguros sanitarios privados.

Otro modelo a analizar es el sistema sanitario holandés de gestión por mutuas, que fue impuesto por la derecha política. La cobertura sanitaria es universal y obligatoria. El Estado fija los límites de los servicios de salud esenciales. Su gestión está en manos de aseguradoras privadas que no pueden rechazar a nadie, ya sean enfermos crónicos o ancianos. El coste a pagar por el asegurado es de unos 170 euros mensuales. Abarca esta cobertura la atención de los médicos de familia, hospitales, especialistas y obstetras.

El objetivo de la derecha política holandesa era que dejando la sanidad en manos de entidades privadas, se lograría un mejor servicio sanitario, libre de regulaciones y sin listas de esperas, es decir, aplicar las ideas neoliberales ¿Qué sucede diez años después de su implantación? La revista Salud 2000, al hablar del sistema holandés cuantifica, que hay unos 150.000 holandeses sin seguro sanitario y más de 320.000 son insolventes y no pueden pagar dicho seguro, por lo que ya son un 5% de la población que en 2011 están sin cobertura sanitaria.

El otro objetivo era conseguir una reducción del gasto sanitario. Siguiendo los datos de la Central de Estadística, Holanda destinó a sanidad el 14,8% de su PIB en el año 2009, muy por encima de la media europea y casi un 60% más que nuestro país. En los datos sanitarios de 2010 hubo un desvió de más de 1.400 millones de euros. En consecuencia, a partir de 2012, son reducidas las prestaciones de la cobertura básica. Veamos algunas consecuencias, en fisioterapia, las veinte primeras sesiones correrán a cargo del paciente. Habrá que pagar una parte mayor de las medicinas y la prima de aseguramiento sanitario sube un 30% pasando de 170 euros a 210, es decir pagar más para que te den menos. 

Este es el modelo fracasado de sanidad privada que nos quiere imponer el PP. ¿Nos podría explicar Esperanza Aguirre quienes son los miembros ejecutivos de la multinacional sanitaria sueca Capio que tantos beneficios obtiene en Madrid? Les suena los Lamela, Guemes y compañía, todos ellos consejeros de sanidad en los gobiernos de Esperanza Aguirre.

Ya podemos ver que es el modelo neoliberal sanitario, donde la calidad y eficiencia económica brilla por su ausencia, es lo que nos está imponiendo el Partido Popular. Privatización sanitaria significa un retroceso en prestaciones, donde el bienestar del hombre es sustituido por el negocio. Hay unos derechos humanos básicos, sanidad, educación, pensiones…. Que nunca deben estar bajo la óptica privada, sino que deben ser unos bienes exclusivamente públicos. Defendamos los derechos públicos.

Edmundo Fayanás Escuer
Rebelión

lunes, 19 de diciembre de 2011

En defensa de las bibliotecas públicas

Acabo de leer una circular de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, recién gobernada por el PP, con el siguiente contenido:

"(…) para el año 2012 no habrá por parte de la Dirección General ninguna asignación presupuestaria para las adquisiciones de ningún tipo de fondos ni para las actividades culturales. Ante esto, la Biblioteca comunica a todos los ciudadanos y usuarios que:

1. Durante todo el año 2012 no podrá incorporar novedades: ni libros, ni revistas, ni periódicos, ni documentos audiovisuales, ni ningún otro material que suponga adquisición por compra. 

2. El servicio de sugerencia de compras (desideratas) queda suspendido. Sin embargo la Biblioteca se compromete a seguir recogiendo sus desideratas para valorar su incorporación a la colección, una vez se disponga de presupuesto.

3. Las suscripciones a publicaciones periódicas no se podrán renovar. Se podrá seguir disponiendo de los ejemplares atrasados y los recibidos por donación.

4. Se suspenden las actividades culturales que supongan coste económico".

Lo curioso es que, al a ir a comentar el tema a la bibliotecaria de mi localidad, me dice la bibliotecaria que ya este año 2011, con presupuestos del PSOE, no hubo dinero alguno para comprar libros ni películas. En nuestro sistema de administraciones, las principales competencias de educación y cultura corresponden a las administraciones autonómicas. Imaginemos que tipo de cultura puede augurarse a los miembros de una familia que tienen como criterio no comprar ningún libro ni ninguna otra publicación. Eso es lo que ha decidido la Comunidad de Castilla-La Mancha, y quien sabe si alguna más, con los gobiernos del PSOE y del PP. 

Mientras eso sucede, y es mi otra circunstancia preocupante, los jóvenes y los sectores progresistas filotecnológicos no dejan de reivindicar, en aras del acceso a la cultura, que se editen los libros en formato digital, que desparezca el copyright de los libros, que se puedan descargar de internet, que no se criminalicen las copias, que se permita compartir en la red, etc... Se movilizan para todo eso mientras los gobernantes deciden no comprar ni un sólo libro ni una sola película para las bibliotecas de su barrio sin que nadie haya reparado en eso, ignorando el modelo, en mi opinión, más social de la cultura que son las bibliotecas públicas, para el que no hace falta pagar cuarenta euros de conexión a internet. 

Las bibliotecas públicas son el mejor ejemplo de un cultura socializada compatible con el acceso para todos los ciudadanos, los derechos de los autores y la viabilidad de las editoriales y libreros. Muchas generaciones tienen su primer acercamiento a los libros gracias a las estanterías de la bibliotecas de sus pueblos y barrios, la ayuda de los bibliotecarios, los clubes de lectura que allí funcionan, la adquisición de libros sugeridos por los vecinos y lectores... Cualquier ciudadano que tenga interés en un libro puede proponerlo a su biblioteca, conseguir que se adquiera y así logrará no solamente leerlo sin soportar el alto coste del libro, sino permitir que quede a disposición de sus vecinos y poder mantener el sistema de creación y producción de libros. Este sistema incluso se ha extendido a las películas, que también se estaban incorporando a las bibliotecas. Tengo la sensación de que nadie repara en que este sistema era todo un ejemplo de acceso gratuito a la cultura pero que, como no formaba parte del espejismo tecnológico e internauta dominante, nadie le prestaba atención. Tanto hablar de compartir en internet virtualmente y se están olvidando de compartir físicamente. Al final no se va a desarrollar la Ley Sinde, pero sí la no ley, pero sí norma, de Sin Libros (y sin películas) en las bibliotecas. 

Pascual Serrano

sábado, 17 de diciembre de 2011

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en “Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer”).

Veamos qué hay de verdad en ello.
En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.
El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.
Attac Andalucía

jueves, 15 de diciembre de 2011

Sanidad pública, intereses mercantiles y cohesión social

Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica, y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.

Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2 septiembre 2010).

También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se combinan hospitales públicos con una extensa red de centros semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante parecido al doble circuito educativo. El Triparto fue incapaz de cambiarlo y aunque incrementó el gasto sanitario también llevó a cabo una reforma estatutaria del Institut Català de la Salut (el propietario de la parte pública del sistema) que apostaba por una gestión más liberal. La excusa siempre es el alto y creciente coste sanitario y la necesidad de modernizar la gestión. Un alto coste que es difícil de argumentar cuando se contrasta el gasto sanitario español con el de países de la UE (tanto en términos de PIB como de gasto per cápita), como el catalán respecto al resto de España (según el informe citado el gasto per cápita catalán solo está 4 euros por encima del gasto medio y se sitúa en la mitad de la tabla.

El nuevo gobierno de CiU, con el ínclito conseller Boi Ruiz a la cabeza, no ha dudado sin embargo en lanzar una auténtica cruzada en pos de la demolición del sector público sanitario. La política de ajuste presupuestario ha sido la excusa para ello. El cierre de camas y quirófanos hospitalarios, de urgencias en los ambulatorios (especialmente grave en zonas semirrurales donde los hospitales están distantes) han generado cabreo y sentimiento de deterioro, Tras las elecciones, CiU se siente con músculo para seguir su política privatizadora, ya visible en uno de los múltiples apartados de la “ley omnibus” donde se contempla la posibilidad que los hospitales públicos alquilen a operadores privados sus plantas cerradas y sus quirófanos, que han dejado de operar por la tarde. Un regalo al sector privado que podrá ofrecer a quien tenga dinero la alta calidad de la asistencia pública sin tener que pasar por las engorrosas (y al menos democráticas) listas de espera. Ahora se propone otra vuelta de tuerca, primero en forma de un nuevo copago por receta médica (como no se puede cambiar la realidad se crea el neolenguaje y se le llama ticket moderador) y después con la propuesta del siempre contundente Boi Ruiz a favor de crear un seguro privado obligatorio para la gente con recursos y dejar el servicio público para los pobres (aunque al paso que vamos con el paro y los recortes salariales la categoría “pobre” va camino de ser universal).

No deja de ser insólito que en Catalunya se defienda la gestión de las mutuas privadas como una muestra de eficiencia y buen hacer cuando en el pasado la Generalitat dedicó importantes recursos al salvamento de gestiones fallidas y fraudulentas (Hospital General de Catalunya, Mutua l’Aliança) y otras importantes instituciones han entrado en barrena (Agrupació Mútua) o han estado salpicadas por importantes casos de corrupción (Mutua Universal). Si de algo puede presumir el sector privado catalán es de fracasos continuados de gestión.

La propuesta, de ir adelante, significa bastante más que una mera privatización. Significa la ruptura del propio concepto de ciudadanía y de solidaridad social por cuanto se rompe el continuo entre los que pueden pagar y los que no. Si el problema es meramente financiero, y se supone que hay una parte de la población con recursos, bastaría subir los impuestos a esta parte de la población para cubrir el aumento del gasto. Propugnar un doble circuito es sin embargo optar por un modelo dual, uno “de pago” (aunque todo el mundo sabe que al final las mutuas privadas practican todo tipo de discriminaciones para reducir sus costes) y otro para pobres. Una nueva oportunidad para fomentar una cultura de la insolidaridad e incultura fiscal de las clases medias y un desprecio frente a los pobres que se salvan del seguro privado. En un país con elevados índices de evasión fiscal, con un elevado porcentaje de población inmigrante pobre, este modelo es una verdadera invitación a la iniquidad y la xenofobia. Ruiz no es solo un privatizador sino un verdadero agente promotor de la fragmentación social. Algo en lo que se muestra tozudo, pues ya antes de hacer esta propuesta atribuyó los problemas de salud a la genética y los hábitos individuales (otra forma de mentalizar a la población de que la gente enferma lo es por culpa propia, de separar buenos y malos ciudadanos, aunque entre los factores de malos hábitos nunca suelan incluir el del uso intensivo de los vehículos que generan contaminación y accidentes, ni el de las malas condiciones de trabajo).

Boi Ruiz, lo que representa, no es solo un peligro para la sanidad sino también para el mismo sentido de sociedad. No solo promueve negocio sino también división social, clasismo. No es por desgracia el único. Ahí están también los responsables de la sanidad gallega y balear desactivando ilegalmente tarjetas sanitarias a gente desamparada. Hay que pararles los pies: está en juego nuestra salud y nuestro sentido de sociedad.

Alberto Recio, Consejo Científico de ATTAC España
Mientra Tanto-e

martes, 13 de diciembre de 2011

Estados Unidos tiene la mejor sanidad del mundo (¡jua!)

Los argumentos más habituales para justificar los recortes en la sanidad pública son su poca eficiencia y su alto coste comparado con la sanidad privada. Esto es lo que ha calado en ciertos sectores de la sociedad y que no es difícil oír en boca de ciudadanos de a pie. Vamos a ver cómo estos argumentos son rotundamente falsos con unos pocos argumentos objetivos.

Acabo de encontrar esta página donde se pueden ver unos datos muy interesantes*. Por ejemplo, se puede ver el gasto en salud (en porcentaje de PIB) de todos los países del mundo

El caso de Estados Unidos es especialmente significativo. Es el paradigma de país desarrollado con un sistema de financiación privada único en el mundo. Más desarrollados que ellos en ese aspecto no hay nadie. Veamos cómo les va.

mapa-gasto-mundial-sanidad

Estados Unidos es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a sanidad (el primero es Malta). Es lo que dice el mapa de arriba, por eso está tan oscuro. Mientras que Estados Unidos gasta el 16% de su PIB, España gasta el 9,7%. Eso quiere decir simplemente que del dinero total del país, los ciudadanos gastan un 60% más en el cuidado de su salud. Este modelo de sanidad privada es claramente ineficiente porque no usa los mínimos recursos para conseguir sus objetivos.

Uno puede pensar que sí, que se gastan más, pero que tienen la mejor sanidad del mundo. Veamos ahora la calidad de la sanidad de Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del nivel de salud de un país. Según los datos de la web, Estados Unidos se codea en este ámbito con países como Hungría, Bielorrusia y Nueva Caledonia. Su tasa es de 6 muertes por cada 1000 nacimientos normales. En España la tasa está en 3,4, casi la mitad e inferior incluso a las de Finlandia, Alemania, Francia y Noruega.

La imagen que tenemos de la sanidad de Estados Unidos está extremadamente mediatizada por las informaciones puntuales que nos llegan, las películas y las series. Sólo sabemos que el famoso de turno se ha ido a operar de una enfermedad incurable a las américas (de lo que no hablan es de la factura) y vemos en la tele grandes y modernísimos hospitales y ambulancias que parecen naves espaciales. La realidad es otra para el que no es millonario (el 99%).

Hay más datos interesantes. Estados Unidos está por debajo de España en número de camas de hospital por habitante y en densidad de médicos por habitante, pero está muy por encima en la tasa de mortalidad matera (la de Estados Unidos es 4 veces más alta, un escándalo) y en obesidad en adultos (el doble). En esperanza de vida, que es una medida general de la calidad de vida de un país, España está en el puesto 12 del mundo, mientras que Estados Unidos está en el 37, siguiéndole de cerca Taiwán y Panamá.

Todo un negocio. Se gastan más para obtener menos. El negocio real no está pensado para los ciudadanos sino para las grandes empresas sanitarias privadas. Ellos saben que todos los ciudadanos necesitamos servicios de salud. Todos sin excepción. Hay gente a la que no le gustan las bebidas con gas y no las compra. Coca-Cola nunca hará negocio con ellos por muchas campañas publicitarias estupendísimas que hagan. Pero todos los ciudadanos, absolutamente todos, necesitamos ir al médico. Si pudieran privatizar un bien tan fundamental como el agua que bebemos también lo harían. ¡Ay qué tonto, que ya lo han hecho!

Ni desde el punto de vista económico ni desde el de calidad, la sanidad privada supera a la pública. Desde el punto de vista de la justicia social tampoco. Si en España vamos por la senda de la privatización, la consecuencia directa es que tendremos una sanidad de peor calidad, aumentará su gasto y podremos invertir menos en otros sectores como la educación, los servicios sociales, la investigación, las pensiones…

¿De verdad queremos ir por ahí? A la vista de este análisis, la estrategia de Mas, Cospedal, Rajoy y compañía es clarísima: hay que desviar el gasto público (que es lo que nos exigen los “mercados”, es decir, los bancos, agencias de calificación y otros) al sector privado. De esta forma el sector privado tendrá acceso a nuevo dinero, fresco y fácil (no hay que olvidar que todos necesitamos sanidad). Y señores de lo privado, les obsequiamos además con otro regalo: la sociedad gastará más dinero con vosotros de lo que gasta actualmente. Es cierto que la calidad empeorará, pero no os preocupéis, nosotros ya nos hemos encargado de convencer a la sociedad de lo contrario. Y en ello seguimos cada vez con más fuerza.

Recomiendo este vídeo de David Hall, Director de la Unidad de Investigación Internacional de los Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich, sobre la inversión pública y su efecto en la sociedad y en la economía. Él lo explica mucho mejor que nosotros:

* Quien tenga dudas del origen de los datos de la página web en la que nos basamos, debe saber que son datos de la Central Intelligence Agency (sí, la CIA), organismo poco sospechoso de maquillarlos en contra de Estados Unidos. Hay otra fuente también poco sospechosa, el Banco Mundial, que coincide con las estadísticas analizadas en este artículo.

Andrés González 
ATTAC Acordem

sábado, 10 de diciembre de 2011

Recortes: “Siguiente turno, Sanidad”

El 22 de Noviembre, 48 horas después de las elecciones generales comenzaron, de forma oficial, a concretarse los previsibles recortes y ajustes que se exigen a España desde Bruselas, y que se habían pospuesto debido a la jornada electoral.
Tras la cita en las urnas, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, dirigido por CiU, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con su nuevo plan de ajuste con el que se pretende un ahorro de 1.000 millones de euros para el 2012. Las medidas para la consecución contemplan recortes salariales a los empleados públicos, subida del canon del agua, aumento de las tasas universitarias y de las tarifas del transporte público, privatizaciones de empresas públicas, etc. Este tipo de recortes no resultan novedosos si recordamos las medidas que se han ido sucediendo a raíz de la crisis, en la mayor parte de países europeos. Sin embargo, sí llama la atención la velocidad con la que en España las políticas orientadas al recorte y la privatización de la sanidad pública se van expandiendo, eludiendo la cuestión de que se trata constitucionalmente de un servicio gratuito de acceso universal.

Previamente a las elecciones, se constataban los primeros atisbos de estas políticas que tras el 20N se han ido sucediendo en las distintas autonomías en forma de propuestas, sobre las cuales, en la mayoría de los casos no tienen potestad. En Galicia un mes antes de la jornada electoral y a través de la Xunta, liderada por el PP, se discriminaba el libre acceso al servicio gratuito sanitario mediante el bloqueo de la tarjeta sanitaria en la región. Así, las personas desempleadas durante un plazo mayor a 12 meses y residentes en Galicia, automáticamente se quedan sin tarjeta sanitaria hasta la recepción de la que les acredita como personas sin recursos. Durante el tiempo de espera, estimado entre ocho y doce meses hasta recibir el nuevo documento, tienen que hacer frente a la consulta y fármacos que el médico les prescriba. La región de Murcia gobernada por el popular Valcárcel fue el siguiente territorio donde se encendía la luz de alarma. Se retiraba de forma “temporal” la tarjeta sanitaria a parados de más de 1 año de duración y a inmigrantes. Así, se vincula el derecho universal de los ciudadanos para acceder a la sanidad con el puesto de trabajo, considerándose inaceptable dichas distinciones entre trabajadores, parados con prestaciones por desempleo y parados sin prestaciones, ya que vulneran el principio de igualdad que garantizan las leyes en materia sanitaria.

Sin duda, las propuestas más sonadas han sido las concernientes a Cataluña, algunas de las cuales se han incluido en su drástico plan de ajuste, como el aumento del “céntimo sanitario” (que incrementa el impuesto sobre la gasolina que se destina a la financiación de la sanidad pública) o la introducción de fórmulas de copago. La puesta en marcha de un “ticket moderador” que introduce tasas al precio de los fármacos, el abono de una cantidad por la visita al médico, la obligatoriedad de una póliza de seguro para los que superen un determinado nivel de renta o la cesión de actividad y usuarios a las aseguradoras, son algunas de las vías por las que se ha sugerido un cambio en la financiación de las prestaciones sanitarias públicas. Sin embargo, la introducción de cualquier tasa sanitaria o la modificación en la aportación del paciente en los medicamentos o consultas médicas que requiera, tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito estatal.

FALSOS ARGUMENTOS CONTRA LA SANIDAD PÚBLICA
Convendría detenernos en algunos de los argumentos más utilizados para desprestigiar la sanidad pública y justificar la adopción de medidas similares a las citadas anteriormente. Desmitificaremos muchas de las afirmaciones que escuchamos de forma incesante, cuyo objetivo es legitimar los ataques que se suceden contra la sanidad pública.

Falacia nº 1:
Los impulsores de los recortes aluden a la necesidad de los mismos ante la imposibilidad de mantener el excesivo gasto público en salud, causado por el uso irresponsable y despilfarrador de los recursos públicos por parte de los pacientes, cuyo comportamiento está incentivado por la gratuidad de la prestación pública sanitaria.

Respuestas:
1) Que no haya que pagar de forma directa para obtener una contraprestación sanitaria, no significa que ésta sea gratuita. La sanidad nunca ha sido gratuita, se financia vía impuestos. Técnicamente no estaríamos ante la adopción de un sistema de “copago”, sino más bien ante un sistema de “repago”, debido a que el coste de la sanidad ya está siendo financiado con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas. Por lo que estaríamos volviendo a pagar por un servicio que ya hemos pagado. En realidad, lo que se busca con el copago es iniciar un proceso de transición a otro sistema de financiación de forma que éste no se base en impuestos directos sobre las rentas y el capital, perjudicando claramente a las personas con menores ingresos y riqueza.

2) El gasto público en salud en España, no es excesivo ni mucho menos. Si comparamos los datos de España con otros países desarrollados vemos que el gasto es inclusive menor que en la mayoría de ellos.

Fuente: OCDE

3) Los pacientes no son los que determinan el uso de los recursos públicos de sanidad. Su “demanda” de prestaciones sanitarias está inducida, en tanto que el paciente “demandará” los tratamientos que le sean asignados por un médico. Por ejemplo, supongamos que un paciente “derrochador empedernido” quisiera hacer uso y abuso de los recursos que dispone un centro de salud, ya que estos son “gratuitos” y no piensa pagar por ellos. En última instancia será el médico que lo trata, quien determinará de acuerdo a su criterio profesional y teniendo en cuenta el estado de salud del paciente, cuál ha de ser el uso de recursos del centro médico que recaiga sobre esa persona. Por lo que es falso que los pacientes abusen de los recursos públicos sin ningún tipo de control. Inclusive, en cuanto a la primera visita médica solicitada por el paciente y considerada comúnmente como abusiva, vemos que los datos no respaldan dicha afirmación. Según datos de la OCDE los ciudadanos españoles acudieron al médico una media de 7,5 veces durante el año 2009, frente a las 8,1 que se registraron en el año 2006. Además la frecuencia de visitas en el caso español es inferior a la de países como Alemania, que presenta una media de 8,2 visitas al año.

4) Reducir prestaciones en la sanidad pública para ahorrar dinero, puede ser una medida contraproducente en el medio y largo plazo. Recordemos que la sanidad pública es un servicio público cuya prestación es universal. El no ofrecer tratamientos o atención a los ciudadanos, si bien reduce gastos en un primer momento puede llevar a la asunción de costes muy elevados en conceptos de indemnizaciones por haber denegado ese servicio.

Falacia nº 2:
El copago promoverá un uso más eficiente de la sanidad pública. Al incrementar el precio de las prestaciones públicas de salud, disuadirá de la utilización de las mismas, a las personas que no lo necesitan. Es una medida que busca ahuyentar a quienes hacen un uso irresponsable de la sanidad pública, no tiene afán recaudatorio.

Respuestas:
1) Las personas no siempre saben (o pueden saber) cuándo necesitan o no utilizar la sanidad pública. Puede suponer un grave perjuicio para la salud de muchas personas, que por no poder efectuar el desembolso del copago, dejen de acudir al médico y sólo lo hagan cuando sean evidentes los síntomas de una enfermedad. En última instancia, esto no sólo repercutirá en la salud del paciente, sino también en los costes de la sanidad, debido a que una enfermedad es más barata tratarla en su fase inicial, que cuando ya está avanzada.

2) Un servicio sanitario de menor calidad genera unas externalidades negativas de gran importancia. Un diagnóstico pobre, atención precaria y limitados servicios medidos por “cuenta gotas” desincentivarán el uso de la atención primaria llegando a reducir las externalidades positivas que en la actualidad incorpora. Un buen servicio reduce el número de bajas laborales (y sus indemnizaciones) con un buen diagnóstico inicial en el momento preciso, mejora la eficiencia del tiempo trabajado y previene, en muchos casos, que ciertas dolencias terminen en enfermedades crónicas, bajas permanentes e incapacidades de distinto grado, de mayor coste a lo largo del tiempo.

3) Si la prestación pública sanitaria a la que se le aplica el copago tiene una elasticidad precio de la demanda inelástica, esta medida no reducirá el consumo que se hace de la prestación sanitaria, y su único efecto será el encarecimiento de la misma. Si esta situación se da, el copago se transforma en una medida recaudatoria muy tentadora para cualquier gobierno, ya que es un impuesto que se recauda fácilmente, y es imposible de eludir. Para finalizar, la cuestión de si el copago es o no una medida recaudatoria, convendría que sus impulsores aclararán cual será el destino de los fondos recaudados con su implementación, teniendo en cuenta adicionalmente que el coste de la misma se estima de gran magnitud.

4) Existe riesgo de que se produzca un colapso en el servicio de hospitalización y urgencias, ya que los pacientes evitarán asumir el copago, dándose un trasvase de la atención tanto primaria como especializada hacia la hospitalaria y de urgencia. Además fomentará el uso de la sanidad privada, porque ante la obligación de pagar por las prestaciones públicas, los usuarios que puedan hacer frente a los pagos, optarán por la cobertura privada. ¿Será este, el privatizar parcialmente la sanidad, el objetivo último de la medida?

Falacia nº 3:
La prestación privada de servicios sanitarios es más eficiente que la pública, por lo que la privatización de la sanidad no sólo reducirá el gasto público, sino que redundará en un mejor servicio.

Respuestas:
1) En el momento que se privatiza la sanidad, pasa a ser regida por criterios de maximización de beneficios, lo que puede entrar en contradicción con el criterio de equidad en la prestación del servicio. ¿Que incentivos tiene una empresa privada para prestar servicios sanitarios que no sean rentables? En el mejor de los casos, si la empresa privada presta ese servicio no rentable, ante una imposición de la Administración, la forma de no verse perjudicada será subvencionar ese coste vía el encarecimiento de otros servicios sanitarios que sí son rentables. Estaríamos ante un problema de subvención cruzada, que encarecería otras prestaciones sanitarias.

2) El caso de Estados Unidos muestra que la gestión privada no es por definición más eficiente que la pública. En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud publicó un informe titulado “Measuring Oversall Health System Performance For 191 Countries”. En dicho informe se elaboró un Índice de eficiencia de los sistemas nacionales de salud de cada país, con el que se estableció una clasificación de la calidad de los mismos. España obtuvo la séptima posición mientras que EE.UU. sólo alcanzó la posición 37.
Todo lo anterior nos lleva a valorar cómo afectarían las medidas propuestas en al ámbito sanitario, sopesando si realmente van encaminadas a la mejora de las prestaciones y a la sostenibilidad financiera de las mismas o, por el contrario, entran en juego intereses ajenos contraproducentes, adversos a la universalidad del servicio y que busquen nichos potenciales de rentabilidad (como las privatizaciones futuras de servicios públicos).

Leandro Martínez y Lucía Vicent
Plataforma Econonuestra:  

jueves, 8 de diciembre de 2011

Servicios Públicos: "Campo abierto a la sanidad privada"

Representa ya cerca del 2,5 % del Producto Interior Bruto y sigue creciendo. El negocio de la sanidad privada se está reorganizando para sostener su auge. El sector sufre una progresiva concentración al calor de los fondos de capital riesgo. Los recortes que preparan las administraciones públicas auguran nuevos conciertos y privatizaciones y allanan el camino para la consolidación de la oferta.
  
Capio España afianzará su liderazgo nacional si se concreta la compra de Ribera Salud, que quedará ya fuera de la órbita de poder valenciano.

El pasado viernes, la presidenta de Castilla-La Mancha, la popular María Dolores de Cospedal, anunció sin complejos y justificándose en la crisis económica la privatización de la gestión de cuatro hospitales públicos manchegos: Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso. «Los ciudadanos no van a notar cuando entren en un centro sanitario nada diferente de lo que notan ahora», manifestó para añadir además que su Gobierno recurrirá a la fórmula público-privada para construir los hospitales previsto en Toledo, Cuenca y Guadalajara. De una tacada, Cospedal va a poner en el mercado siete centros hospitalarios bajo fórmulas que en el sector denominan Private Finance Iniciative (PFI) y Public Private Partnerships (PPP). O lo que es lo mismo la cesión de la construcción de un centro y la prestación de servicios no clínicos a la iniciativa privada a cambio de un canon o directamente la enajenación total de todos los servicios, el que parece que va a ser el caso de los hospitales manchegos ya construidos.

El anuncio de la dirigente del Partido Popular es, sin duda, una buena noticia para los principales agentes del sector, aunque habrá que ver si para los usuarios en cuanto a la prestación de los servicios sanitarios. La tijera derivada de los elevados déficits autonómicos va a abrir el camino los grandes grupos que se han ido configurando en torno a la sanidad privada en los últimos años, y explica, en parte, los muchos movimientos accionariales que se están produciendo. El más reciente es la más que probable compra de Ribera Salud por parte de Capio a Bankia y la CAM. La firma gestiona cinco hospitales comarcales y más de un centenar de centros de salud en la Comunitat Valenciana, además del servicio de resonancias magnéticas. La empresa, que inicio su actividad en 1999 con el Hospital de la Ribera en Alzira, está presente además en la Comunidad de Madrid en el Hospital de Torrejón y en la sociedad BR salud, gestora del servicio del Laboratorio Central de San Sebastián de los Reyes que da cobertura a seis hospitales públicos. Ribera Salud y su experiencia en el sector del concierto público-privado es sin duda un bocado muy apetecible para Capio, el principal grupo hospitalario de España. La compañía que lidera Víctor Madera controla ya 32 centros sanitarios privados entre hospitales y clínicas especializadas. El pasado mes de enero, el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, pactó la entrada en Capio España (filial de la matriz sueca Capio AB) con una inyección de 900 millones de euros.

Ha sido la primera de una serie de operaciones que demuestran el enorme interés de fondos de inversión por apostar por el sector de la sanidad privada o de concertación con el sistema público. Pocos meses después fue CaixaBank la que hizo caja con la venta de la red de clínicas de su participada Adeslas a Goodgrower vinculado la familia Gallardo, propietario de la farmacéutica Almirall. Poco después alcanzaba un pacto con Mutua Madrileña para venderle el negocio asegurador de Adeslas. En el aire ha quedado la participación de esta firma en el Hospital de la Ribera.

La explicación de estos movimientos está en las necesidades de liquidez que muchas entidades financieras tienen para sanear sus balances. Si Bankia y la CAM han optado por deshacerse de Ribera Salud para entregarla probablemente a Capio, Royal Bank of Scotland (Santander) y Barclays quiere desprenderse también de su participación en USP, el segundo operador privado de España, cuya facturación supera los 372 millones de euros y cuyo valor se estima en 300 millones de euros. También está en venta el 30 % del Grupo Quirón de la familia Cordón y muchas otras clínicas y hospitales privados en manos de consorcios más pequeños.

«La explicación de este año es que hay grupos en manos de bancos, que quieren quitarse de encima las clínicas porque consumen mucho capital y son intensivas en manos de obra», explica una fuente del sector. Pero el proceso de reestructuración accionarial va mucho más allá. El sector se encuentra en una encrucijada. Existen muchos pequeños grupos regionales, familiares o de órdenes religiosas que serán absorbidos por grandes capitales. La sequía de crédito y la presión de las aseguradoras, que libran a su vez una batalla por no perder primas abocan a la sanidad privada a reconvertirse. Y ahí es donde los fondos de inversión con capacidad financiera y liquidez están apareciendo.
Uno de los más activos es Mercapital, liderado por Javier Loizaga. Esta firma ha pujado por Ribera Salud frente a Capio y es aspirante a quedarse con Quirón o USP, según informaba recientemente Expansión. Otros fondos activos son Magnum (liderado por Ángel Corcóstegui), ProA Capital o Cartera REA.

Muchos de esos fondos ya han participado en proyectos hospitalarios privados. Entraron y salieron y ahora buscan volver a entrar. Es el caso de Mercapital, que vendió en 2007 el 64 % de USP que había adquirido desde 2006. Hasta antes de la crisis se trataba de un negocio en auge. En 2006, el Valor Añadido Bruto del sector sanitario creció un 4,8 %, por encima del 3,9 % del conjunto de la economía española. La economía de la salud mueve en conjunto cerca del 9 % del Producto Interior Bruto. De este porcentaje, el 6,5 % lo aporta el sector público, y el 2,5 % el privado.

Una análisis de fortalezas y debilidades elaborado en 2008 desde la Fundación Cajamar ya señalaba la oportunidad que se presentaba con la participación de los agentes privados en el sistema público. Sin embargo, advertía de que la guerra de primas de las aseguradoras y los precios ajustados que aplican a las clínicas pueden dañar la calidad del servicio, algo que puede desincentivar a los consumidores. El mismo estudio alertaba sobre los riesgos de realizar «una gestión más económica y menos clínica». Y es que con la salud no se juega, algo que se supone que tendrá claro María Dolores de Cospedal cuando de la vuelta al calcetín del sistema sanitario de Castilla-La Mancha.
Victor Romero.
Levante