lunes, 30 de abril de 2012

Privatizarlo todo

Para los colectivos más radicales la crisis no es una crisis sino una estafa. Tiene toda la pinta, desde luego porque, si no está muy claro cómo se desencadenó en concreto, debido a qué decisiones y  de quiénes, sí  lo está, pues no lo ocultan, a quiénes ha beneficiado y sigue beneficiando: a los famosos fondos de riesgo, a los financieros, a los especuladores, a los bancos rescatados con dinero público, a los ejecutivos de las grandes empresas a quienes estas compensan por su incompetencia con primas millonarias. En definitiva, a quienes la han provocado. Es razonable pensar que lo hicieran a propósito, como una estafa, y es lamentable comprobar que ningún país dispone de posibilidades de poner fin a estos comportamientos o de castigarlos. Los mercados son el terreno de la ley del más fuerte y la ideología económica dominante, pagada en sus centros de fabricación por esos mismos beneficiados, pretende que siga siendo así. Y así seguirá siendo mientras los poderes políticos también obedezcan los dictados de quienes se lucran con tan injusto desbarajuste.

Además de una estafa la crisis es un pretexto, una ocasión para el desarrollo de un modo de producción que no admite otra lógica que el triunfo total de sus presupuestos.  El capitalismo alcanza su triunfo político con la revolución burguesa cuyo símbolo es la abolición del “antiguo régimen”  otro nombre para el feudalismo que, en esencia, no es otra cosa que la confusión entre lo público y lo privado o la privatización de todas las relaciones de poder pues se basa en los contratos de sumisión personal  de los vasallos a los señores.  Ahora bien, una vez terminado ese antiguo régimen y separado lo público de lo privado, la burguesía sacraliza el ámbito de la sociedad civil, de las relaciones mercantiles y pretende colonizar el Estado e instrumentalizarlo al servicio de esos intereses privados. Es decir, habiendo vencido el régimen feudal, el capitalismo pretende refeudalizar el Estado sometiéndolo no a las relaciones bilaterales entre particulares sino a las multilaterales del mercado pero no menos privadas.  Para el capitalismo el Estado, los poderes públicos, no son el garante del bien común (concepto que tiene por quimérico) sino el cuarto de banderas en el que se defienden los intereses de unas u otras escuderías económicas. Los gobernantes son los representantes de intereses económicos concretos y gestionan la cosa pública en su propio beneficio, actual o postergado. No hay diferencia  moral entre favorecer hoy como gobernante un monopolio y embolsarse por ello un dinero o favorecerlo hoy y que, dentro de unos años, al dejar de ser gobernante, el monopolio te nombre directivo, como sucede con Aznar o Elena Salgado.

Esto en circunstancias de normalidad. En las de crisis, el capitalismo se aprovecha de la conciencia de excepcionalidad de la situación para acorazar sus políticas y llevar a término sus intenciones. Todo el aparato del Estado debe ser privatizado. Que para ello haya que razonar en contra del sentido común es irrelevante desde el momento en que se tiene le fuerza y se hace valer. El discurso de que el Estado del bienestar es insostenible contradice de lleno la práctica de privatizar sus servicios esenciales porque si estos fueran ruinosos, nadie los compraría cuando lo que se observa, al contrario, es una verdadera carrera entre las empresas privadas (muchas veces gestionadas por amigos y allegados de los gobernantes en un proceso cleptocrático) para ver quién se queda con los mejores servicios públicos. Prueba de que son rentables. Es la gestión deliberadamente ruinosa y despilfarradora de la derecha la que los convierte en deficitarios con el propósito de venderlos engañando a la gente (a la que se esquilma) al decirle que, cuando se le roba algo, no se le roba sino que se la libera de una carga.

Toda la política de privatización es lo que su nombre indica, un expolio de bienes públicos, patrimonio de la colectividad, del común, en beneficio de unos empresarios que, además, suelen ser grupos multinacionales que defraudan a sus propias haciendas y solo enriquecen a los políticos que han tomado las decisiones y a sus deudos y allegados. Esta es la forma de la derecha de entender la política y, curiosamente, es tal la inopia intelectual de la izquierda que este discurso del saqueo del común en provecho de los rico es dominante.

El actual gobierno de España es un ejemplo de lo que aquí se dice. Que sea ministra de Trabajo una señora que no ha trabajado en su vida, que no sabe qué sea una nómina y que jamás se ha empleado en el sector privado o en el público, da una idea de en qué estima tiene el PP los derechos de aquellos a quienes Cospedal dice representar: los trabajadores. Por el contrario, que sea ministro de Economía un exresponsable de Lehman Brothers, el banco que está en la raíz de esta crisis/estafa, indica igualmente a quien atiende el gobierno y de quién recibe las órdenes.  Entre esos dos, todos los demás son los chicos de los recados.

Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Público.es
http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/2407/privatizarlo-todo/

domingo, 29 de abril de 2012

¿El fin de la anestesia social?.

Tras la efervescencia social de los primeros años de la transición, aquella década prodigiosa (1976 y 1985) donde los ciudadanos nos planteábamos una nueva España democrática, el compromiso ciudadano por la transformación social entró en una paulatina y lenta desafección como consecuencia lógica de la aplicación de políticas públicas muy en la línea del cambio democrático y el desarrollo del estado del bienestar.
 
De hecho, esa desafección acabó en la dejación de la función sociopolítica de la ciudadanía que transformó su compromiso transformador en un mero acto electoral expresado cada cuatro años con el depósito del voto en una urna. A la vez, la clase política también sufrió una severa regresión; del político primigenio (de uno u otro signo político) caracterizado por una importante carga ideológica avalada por una larga biografía  de compromiso social y profesional, se fue pasando al político “de carné”, desideologizado y mucho más preocupado por la ostentación de cargos de poder que en su función transformadora.
 
La creencia social de que “vivimos en el mejor de los mundos” instigada por la clase política que vendía aquello de “déjame a mí tu participación” nos creó una idea virtual sobre nuestro magnífico desarrollo social expresado en el supuesto gran estado del bienestar que gozábamos. Idea, por otro lado, absolutamente falsa cuando se comprueba con datos la situación del gasto social de nuestro país comparándolo con el resto de los países europeos y de la OCDE (2006) en que año que, probablemente, más “ricos” fuimos. 
 
Con estos ingredientes es fácil comprender cómo se había llegado a la anestesia social: una percepción de que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Es algo como de las leyes de la naturaleza. Así, se acota un campo de participación ciudadana con unas rígidas reglas de juego en el que todo gira en torno al partidismo. Los ciudadanos pasan a ser electores y la participación social se circunscribe a las filias y fobias electorales. La política pasar a ser como una liga de futbol y los aficionados (electores) abrazan fuertes compromisos con los equipos (partidos) sin tener nunca muy claro por qué se ha elegido uno (estrecho margen de diferencia ideológica en las propuestas) o qué hay más allá del fútbol. Los conflictos se dirimen en la “cancha” (jornada electoral) y, para que nadie se salga del tiesto, los árbitros (poderes fácticos) expulsan a quien no cumple las reglas. Tan solo unos pocos ciudadanos emprenden un compromiso social diferente, fuera de la cancha, y contribuyen a formar el minúsculo y enmarañado tejido social formando minifundios asociativos con escasa repercusión pública y más dominada por su propia lógica organizacional que por una estrategia compartida de transformación social.
 
Y, llegó la sospechada crisis económica, reventó la burbuja y, con todo, nos pilló desprevenidos, desorientados, sin saber de dónde venía ni cómo protegernos. Los “mercados financieros” (palabra nueva) simplemente desconfiaban de nosotros (nosotros, los endeudados por hipotecas) y, aunque la deuda pública de nuestro país era de las más bajas de Europa, nos duplicaban, triplicaban o sextuplicaban los intereses de los dineros que prestaban al estado en función de lo que establecían unas “agencias evaluadoras” a través de “la prima de riesgo”. Para aclararnos, es como si un banco te dijera: “como no me fío de que tu vecino me pague el préstamo que le di para que se comprara un coche, voy a subir el interés del que te he prestado para comprarte la vivienda y te lo voy a subir más aún si no trabajas tres horas más todos los días y me invitas a cenar los fines de semana en tu casa”. Y todo esto sin que en ningún momento tú hayas dejado de pagar religiosamente. Pues algo así nos está pasando y todavía seguimos sin saber por qué lo hacen y, sobre todo, por qué a nosotros y no a otros.
 
Menudo escenario más aterrador. Una crisis económica que nos produce miedo al desconocer a quienes la manejan y lo que podemos hacer, una sociedad anestesiada, enfrascada en la lucha partidista, y, como consecuencia de esto, un electorado pidiendo a gritos que cambien las cosas para que vengan otros que nos permitan seguir viviendo bien,  es un perfecto caldo de cultivo (entiendo que muy bien orquestado) para que quienes defienden unos intereses de clase socialmente inadmisibles,  aprovechen la situación y justifiquen profundos cambios en el estado de bienestar sin más interés que la destrucción de los servicios públicos para que pudieran penetrar los grandes emporios de la prestación privada de servicios que no son capaces de competir en régimen de igualdad con las tres grandes bolsas de mercado que actualmente ostenta la titularidad pública: la educación, la sanidad y las pensiones.
 
Probablemente es tarde, probablemente no se llegue a articular con suficiente contundencia la respuesta social necesaria para parapetar “lo público” frente a esta agresión mercantilista, pero estoy empezando a ver los auténticos “brotes verdes” de la respuesta ciudadana. Por primera vez desde la transición democrática a la que me referí al principio, compruebo cómo la ciudadanía verbaliza su descontento y lo hace público en la calle, en el supermercado, en el autobús o en mi misma consulta médica. Por primera vez observo la necesidad de agruparse, de colaborar con otros, de empujar muchos en una misma dirección. No sé si llegaremos a tiempo, pero intuyo que es el principio de algo importante.
 
A todos los interesados en la defensa de la sanidad pública, a aquellos que quieran informarse sobre lo que podemos perder los ciudadanos y sobre lo que podemos hacer, a aquellos que sientan la necesidad de ayudar a defender un sistema sanitario público que atienda siempre y en toda circunstancia a ellos y a sus familias, se encuentren en paro o estén trabajando, sean ricos o pobres, jóvenes o ancianos, en definitiva, a todos los que por una u otra razón habitan en nuestro país, os convoco a la presentación de la:
 
Red Ciudadana por la Salud 
 
Acto en defensa de la Sanidad Pública
Debate sobre la situación de la Sanidad Regional
"La perspectiva ciudadana"
 
Miércoles 2 de mayo de 2012, 19 h
Salón de Actos. Facultad de Ciencias Políticas.
Ronda de Levante, 10. Murcia 

José Martínez López
Apuntes para la reflexión sanitaria
 
 

jueves, 26 de abril de 2012

Comienza la contrarreforma sanitaria. Análisis del RD-Ley 16/2012 sobre Sanidad. FADSP

El RD-Ley 16/2012 supone cambios fundamentales en el sistema sanitario público, e inician una verdadera contrarreforma sanitaria. El RDL además utiliza el estilo habitual en las leyes de acompañamiento y reúne una gran cantidad de medidas de ámbito y características muy distintas que poco o nada tienen que ver con el supuesto objeto de la norma, por eso se precisa de un análisis detallado de cada una de ellas como vamos a hacer a continuación. 

Capitulo I
De la asistencia sanitaria
Consta de un único artículo y tres apartados cuya principal novedad es que vincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y en ningún caso se señala que este aseguramiento tiene que ser a la Seguridad Social, y que se excluye de la atención sanitaria gratuita a quienes no ostenten esta condición, también se señala el control del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre el reconocimiento de las condiciones para el aseguramiento , la responsabilidad de las administraciones sanitarias para expedir la tarjeta sanitaria individual (TSI) y la limitación del derecho de los extranjeros no regularizados a la atención sanitaria en urgencias, en los embarazos y a los menores de 18 años.

Las disposiciones adicional primera y final quinta se establecen las condiciones para el pago de la atención sanitaria de los españoles residentes en otros países (en algunos casos) y de los extranjeros miembros de la Unión Europea o de otros estados parte del acuerdo sobre el espacio económico europeo que en lo fundamental refuerza los mecanismos de cobro por la asistencia prestada, pero que en lo esencial ya existían.

Este bloque establece algunas cuestiones especialmente preocupantes:
  • Primero vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, en contradicción con lo aprobado en la reciente Ley General de Salud Publica (2011), y abre una cierta indeterminación sobre la presencia de un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría no solo un grave retroceso en el modelo sanitario actual (vuelve a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986) sino la posibilidad de que se abran modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población (en relación a su nivel económico) lo que deterioraría inevitablemente el sistema sanitario público
  • En segundo lugar deja fuera a los inmigrantes no regularizados y les impone condiciones mas rígidas para tener acceso a las TSI, manteniendo hasta el 31/8/2012 las TSI actuales. Se trata de una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, de salud publica (aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y sanitario (dejar a las urgencias como el único circuito de atención sanitaria a estas personas favorecerá un aumento de la presión asistencial en las mismas). Por otro lado conviene recordar que el gasto sanitario de los inmigrantes es bajo y que la crisis económica se esta encargando de disminuir este grupo de población
  • Por fin una cuestión a reseñar es que obliga a las administraciones sanitarias a la expedición de la TSI y no lo vincula a aportación económica por los usuarios lo que podría ilegalizar la practica de algunas CCAA de intentar cobrar por la misma.
  • En cuanto al tan propagado “turismo sanitario” las modificaciones que se hacen son mínimas porque como es bien conocido el problema sobre todo es la ineptitud de las administraciones para registrar y facturar la atención prestada.

Capitulo II
De la cartera común de servicios del SNS

Consta de un artículo y seis apartados que como novedad separan la cartera de servicios del SNS en 3 modalidades (básica, suplementaria y accesoria), la básica se identifica como gratuita en el momento del uso y las otras dos se establece que seguirán las normas que se establecen para el copago farmacéutico, sin que en este caso medien los limites en la cuantía a aportar por los ciudadanos (pensionistas o activos, crónicos o con patologías agudas). Queda en manos del Ministerio, previo acuerdo del Consejo Interterritorial (CI) el fijar mediante una Orden tanto lo que incluye la cartera básica como las modalidades de copagos en la accesoria y suplementaria, dándole un plazo de 6 meses para la fijación del importe de los copagos (adicional segunda). A pesar de lo que se ha publicitado por el Ministerio y el Gobierno se sigue manteniendo la posibilidad de que las CCAA tengan una cartera de servicios complementaria diferenciada con el único condicionante de que tienen que ser financiada con fondos propios (2.Cinco).
Otra vez se plantean cuestiones muy importantes:
  • Uno: La cartera de servicios vuelve a modificarse introduciendo copagos en la accesoria y complementaria, en principio, salvo en medicamentos, sin limites de cantidad, lo que vuelve a penalizar a los enfermos crónicos y a las rentas mas bajas, suponiendo limitaciones muy serias en cuestiones como el transporte sanitario que es imprescindible para muchos tratamientos (diálisis, oncológicos, etc) y que va a suponer una traba insalvable al acceso a estos tratamientos para muchas personas
  • Dos, la cartera básica (en principio gratuita) va a ser modificada lo que dadas las circunstancias será muy probablemente a la baja y abre unas perspectivas muy preocupantes para la salud.
  • Pese a las demagógicas intervenciones desde el Ministerio y el Gobierno las CCAA siguen manteniendo la posibilidad de establecer carteras de servicios diferentes en sus territorios en los mismos terminos que lo que ya existía.

Capitulo III
Medidas de cohesión y de garantía financiera del SNS

Consta de un artículo que establece el Fondo de Garantía Asistencial, con carácter extrapresupuestario, que en teoría se dedicara a compensar los gastos producidos en cada comunidad autónoma por personas residentes en otras distintas.

La idea es positiva y ha sido reclamada por la FADSP hace tiempo. No obstante su  carácter extrapresupuestario, parece indicar que va a carecer de fondos lo que le restara efectividad.





Capitulo IV
Medidas sobre la prestación farmacéutica
Consta de 4 artículos, el primero dividido en dieciocho apartados, el segundo en dos y el tercero y cuarto sin apartados. El primero que se presenta como modificación de la ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medios parece estructurado para esconder lo mas relevante, pero en todo caso plantea:
  • Prescripción por principio activo, lo que ya existía, pero de una forma que pervierte absolutamente su sentido. La prescripción por principio activo, aunque ayude a la contención de costes a corto plazo, es, sobre todo, una filosofía. Una filosofía por la que los profesionales trabajan con los nombres de la sustancia que representa el medicamento y no con el nombre que va ligado a un producto industrial, por la que ese nombre se incorpora a las recetas y paulatinamente a todos los documentos, las historias clínicas, los informes de alta. Es una estrategia que tiende al debilitamiento del impacto comercial de los laboratorios y a recuperar el carácter científico de un tratamiento. En la redacción actual se hace una concesión a  Farmaindustria que siempre había pedido que, a igual coste al precio de referencia o precio menor se pudiera prescribir la marca, cediendo al ahorro económico pero anulando la potencia anti-comercial del concepto. La distinción entre tratamientos agudos y crónicos es un brindis al sol ¿quién delimita la diferencia?. Además la industria cada vez está menos interesada en tratamientos agudos (por ejemplo, de ahí la ausencia de investigación en antibióticos), y su repercusión en el conjunto de la prestación es muy baja. La distinción entre la primera receta y las demás en los tratamientos crónicos no tiene sentido. Imaginamos que es un intento de nadar entre dos aguas, la de la prescripción por principio activo y la de Farmaindustria, accediendo a las peticiones de esta última pero intentado condicionar la primera receta en un supuesto totalmente erróneo de que la marca o el genérico dispensado en la farmacia en la primera receta es el que se va a mantener en las dispensaciones sucesivas. Igualmente la distinción entre la primera receta y sucesivas en la práctica real va a ser muy difícil, salvo en el supuesto de receta electrónica, aun lejano en muchas CCAA.
  • Usos fuera de indicación. El punto Uno.-5 del artículo 4, como se ha dicho más arriba, retrotrae la normativa sobre usos fuera de indicación de medicamentos a un pasado que todos quisimos olvidar. El RD 1015/2009 de medicamentos en situaciones especiales, estable que los usos fuera de indicación son responsabilidad del médico y que bastaba el consentimiento informado del paciente y su anotación en la historia clínica. A su vez, establece que en los centros sanitarios, por ejemplo, hospitales, tendrían que estar de acuerdo con las recomendaciones emitidas por ejemplo por las Comisiones de Farmacia y Terapéutica. En la práctica el sistema estaba funcionando aceptablemente bien puesto que los usos fuera de indicación de medicamentos hospitalarios, con alto impacto económico están pasando el filtro de las comisiones de farmacia y los usos en la prescripción ambulatoria,  en general muy excepcionales, tenían un cauce regulado, pero fluido. Lo que se propone es volver a la burocracia de un registro que ya mostró en el pasado que es inoperante. Y hay que recordar que una cosa es un uso fuera de indicación y otra una mala prescripción de  medicamentos.
  • Receta electrónica. Es positiva la incorporación a la norma de la obligatoriedad para toda España de un sistema de receta electrónica interoperable con sistemas de apoyo a la prescripción. Sin embargo, cuando se detallan los componentes del sistema experto que deberá incorpora hay cosas esperpénticas o cuando menos incomprensibles.
  • Información de apoyo a la prescripción. Está bien que la receta electrónica tenga un módulo de interacciones (ya existe en algunas CCAA como Andalucía), información económica y protocolos de tratamiento del propio servicio de salud (aunque de aplicación práctica difícil), mientras que decir que contendrá el Nomenclator es obvio puesto que si no, no puede funcionar. Más complejo será incluir protocolos de tratamiento de las sociedades científicas, ¿Cuáles? ¿Con qué ciriterio?, cuya única experiencia práctica conocida, la inclusión de los medicamentos recomendados por la Guía de la SEMFyC en los años 90 en Andalucía fue muy controvertida. No se entiende bien qué significa “correspondencia entre principios activos” lo cual parece que quiere hacer referencia a equivalentes terapéuticos o principios activos que se pueden intercambiar, lo cual necesita de un trabajo de definición previo por organismos competentes y no se entiende que se incorporen bases de datos de ensayos clínicos. La prescripción electrónica de toda la población no es el medio de reclutar pacientes para un ensayo como cualquiera puede comprender. Igualmente no es el vehículo para la formación e información sobre medicamentos.  Sin embargo no se dice nada de módulos de ayuda a la prescripción relacionados con alergias, ajuste en insuficiencia renal o hepática o a otros parámetros clínicos, sistemas de alerta de duración o posología inadecuada, sistemas de alerta de contraindicaciones específicas del paciente y un largo etc que se conoce ampliamente en la literatura científica.
  • FINANCIÓN SELECTIVA. Hay dos grandes aspectos, la propiamente llamada financiación selectiva de medicamentos nuevos que se basa en la modificación de  los artículos 89 y 90 de la citada ley y que era demandada y esperada desde hace tiempo por muchos sectores sociales y la sorprendentemente nueva propuesta de  exclusión de la financiación de medicamentos actualmente financiados que se basa en la modificación del artículo 85 de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento
  • Financiación selectiva. Se trata de la propuesta más positiva (¿la única?) de decreto. Nuestro país se incorpora tarde a esta iniciativa que otros países como Inglaterra lleva ejerciendo desde hace más de una década a través de las estructura del NICE. Se trata de que no todos los medicamentos que se registren se financien, o bien que se financien con condiciones, es decir, para unos pacientes determinados o bajo contratos de riesgo compartido. La posibilidad de una financiación selectiva de medicamentos ya estaba  recogida en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, en el propio artículo 89 y otros, así como en los sucesivos Planes Estratégicos del Ministerio y también en el RD-ley 9/2011 de 19 Agosto 2011 de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del SNS se describe el desarrollo de un sistema de financiación selectiva.  Paralelamente, algunas Comunidades Autónomas han establecido normativa específica para la determinación de los criterios de selección de medicamentos de alto impacto clínico o económico, con objetivos, alcance normativo y organización del procedimiento bastante heterogéneos. Otro aspecto positivo es que no solo se afectan los medicamentos nuevos, recién comercializados, sino todos aquellos que amplíen indicaciones, o incluso de oficio por la AGEMED.
  • Exclusión de medicamentos actualmente financiados Esta propuesta encajaría mal con el concepto de desinversión o re-inversión que se propone desde ámbitos de la economía de la salud y desde nuestra propia asociación. La desinversión es un procedimiento, transparente, basado en la evidencia, realizado con participación de los implicados y suficientemente explicado a la población para dejar de financiar servicios, o en este caso medicamentos que o bien carecen de efectividad demostrada, o bien su relación de coste efectividad es desfavorable comparado con alternativas terapéuticas o, si no las hay, comparado con estándares más o menos establecidos de coste-efectividad. Sobre desinversión en medicamentos hay numeroso ejemplos en Canadá, Australia el Reino Unido e Italia. Lo que el RD-Ley propone es un puro y simple recorte. Una transferencia de gasto público a gasto privado. En el artículo 4.tres hay, de nuevo, una mezcolanza de cosas diversas. Los ciudadanos tendrán que empezar a pagarse los medicamentos de su bolsillo en las siguientes situaciones:
  •  Medicamentos para síntomas menores.  Es quizá el apartado más grave por su repercusión social. Es una estrategia que se ha realizado en España en dos ocasiones, una con gobierno de Felipe Gonzalez y otra de José María Aznar. En aquel momento tenía un aspecto de racionalización de la oferta que ya no tiene. Hoy solo es una pura agresión a trabajadores y pensionistas por motivos económicos. Se trata de una estrategia en la que gana el déficit y la industria farmacéutica puesto que al dejar de estar financiados, como el propio RD-Ley establece, los precios pasan a renegociarse al alza. Habrá que ver qué se considera medicamentos para síntomas menores, pero es de suponer que puedan entrara aquí medicamentos realmente útiles para el control de síntomas como antitérmicos, analgésicos, antihistamínicos, etc, que son de uso frecuente. El apartado que hace referencia a que pasarán al bolsillo del ciudadano aquellos que estén así considerados en el entorno europeo es preocupante. Este entrono es muy variado, pero es de esperar que se mire solo a los países con menos medicamentos de este tipo financiado, por ejemplo, aquellos donde el omeprazol no lo está. Además, se estipula que ningún medicamento que no necesite receta podrá ser financiado. Esto se repite en el artículo 4.- cinco.2.  Esto es muy grave. En la actualidad, medicamentos seguros para la automedicación, como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno, tenían presentaciones comerciales que eran de venta y precio libre y presentaciones comerciales que se podían recetar. Hay que distinguir la automedicación de la necesidad de uno de estos medicamentos prescrita por un médico del Sistema Nacional de Salud. Si un paciente con cáncer que necesita interferón también necesita paracetamol
  • Que el medicamento sea útil, seguro y de uso extenso. Esta condición es muy peligrosa pues pueden entrar aquí innumerables medicamentos y precisamente la condición de uso extenso va a hacer que el número de pacientes afectados sea muy grande. Es inconcebible un grado de indefinición así en una norma legal. Más parece un cajón de sastre para tener manos libres para poder pasar al bolsillo de los pacientes cualquier medicamento.
  • Medicamentos con precios seleccionados. Parecería lógico que , si como resultado de la subasta (ver mas arriba) un medicamento resulta seleccionado, los demás dejen de estar financiados. Sin embargo esto es una aberración legal.
  • Dispensación del de menor precio y del genérico que también se estaba haciendo
  • La limitación de las CCAA de su capacidad para “establecer de forma unilateral, reservas singulares especificas de prescripción, dispensación y financiación de fármacos y productos sanitarios”, dirigido evidentemente a Andalucía.
  • Criterios de coste-efectividad, impacto presupuestario y mecanismos de retorno para la inclusión de nuevos medicamentos en la financiación.
  • Fijación de precios que señala (Siete.90.6) que “como regla general, el precio de financiación por el SNS será inferior al precio industrial del medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera del SNS”
  • Establecimiento de un sistema de precios seleccionados
  • Revisión periódica de los copagos por ordenes del Ministerio de Sanidad
  • Establecimiento del nuevo sistema de copago farmacéutico, que aparece casi escondido en el RDL (articulo 3, Trece), y establece 4 tramos de aportación (60% para rentas superiores a 100.000 €; 50% para rentas entre 18.000 y 100.000€; 40% para rentas inferiores a 18.000€ y 10% para los pensionistas), a la vez a estos últimos se les ponen unos topes máximos de mensuales (8€ para rentas menores de 18.000€, 18€ para las situadas entre 18.000 y 100.000€ y 60€ para las superiores a esta cantidad). Los excesos pagados por encima de estos topes máximos (casi todos los casos) serán “objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral” (4. Trece.7)
  • Se establece la exigencia de la libre disposición para el Ministerio de los datos de consumo farmacéutico tanto de recetas como de centros sanitarios, y nada se dice sobre la publicidad de esta información.
  • Se modifican las aportaciones de los laboratorios de acuerdo con la valoración Profarma
  • Se cambian los descuentos sobre ventas de las oficinas de farmacia
  • Se obliga al establecimiento de servicios de farmacia en los centros sanitarios con cien o mas camas
  • Se establecen sistemas de acreditación para la manipulación y adecuación de preparaciones de medicamentos

En resumen:
·        Se trata de una modificación legal que afecta a numerosos aspectos regulatorios del medicamento, hecha con precipitación, sin ninguna participación de los agentes implicados y con una tan mala redacción que genera ambigüedad y en el futuro generará recursos y controversias importantes en su interpretación.
·        Se modifican leyes que han tenido un debate social y parlamentario importante y a las que se llegó tras grandes consensos, empobreciendo  su articulado. Por ejemplo, el punto Uno.-5 del artículo 4, en un párrafo ininteligible modifica completamente, le da la vuelta, al RD 1015/2009 de medicamentos en situaciones especiales, un decreto que se discutió ampliamente con las sociedades científicas y los profesionales y que tiene una redacción impecable en línea con directivas y usos europeos.
·        Aunque la política farmacéutica es una competencia del Estado en su aspecto regulatorio y de establecimiento del marco general, las políticas de modulación de la prescripción, de gestión de compras y otras relacionadas son clara competencia de las CCA, cuyos servicios de salud pagan las facturas y dan la prestación efectiva. El decreto es de un fuerte aroma centralista e incurre en  intromisiones graves en las funciones de las CCAA que serán, seguro, fuente de litigios innecesarios en el Tribunal Constitucional por parte de las CCAA más identitarias o donde gobierne el partido socialista. 
·        Muchas de las propuestas tienen una posibilidad de ejecución práctica imposible o muy difícil, lo que da idea del desconocimiento de la realidad de los redactores finales del RD-Ley. Por otro lado, algunas partes tienen tal concreción y van encaminadas a cuestiones tan específicas que, estas sí, parecen propuestas por alguien que conoce muy bien la realidad. Es decir, parece que en la elaboración inicial se ha partido de un batiburrillo de iniciativas algunas fundadas y otras peregrinas, que ha ordenado (sic) y redactado finalmente alguien con escaso conocimiento del medio que pisa.
·        Aunque la situación de crisis es grave no ha sobrevenido de repente. Un partido que esperaba ganar las elecciones con cierta seguridad y que ha tenido más de 100 días de gobierno no debe hacer una chapuza legislativa como la que nos encontramos en este decreto
  • Se establece un incremento del copago, fundamentalmente sobre los pensionistas que se intenta disimular utilizando el aumento sobre las rentas muy altas (mas 100.000€ declaran 253.000 activos, pero poner esta cifra en los pensionistas parece un chiste macabro). Se ponen también unos topes máximos mensuales que no son tales porque primero todos los pensionistas deberán pagar el 10% de los medicamentos y quizás 6 meses después les devolverán el dinero. ¿Cómo van a hacerlo los mas de 4.500.000 pensionistas que cobran menos de 650€ mensuales? ¿Con que dinero comerán, pagaran la luz, etc hasta que les lleguen las devoluciones? ¿Y mas aún como es posible que además se les haga copagar el transporte sanitario, la dietoterapía, etc y que se les vayan a excluir prestaciones de la cartera básica y la financiación de mas medicamentos. Se establece una agresión terrible sobre este colectivo de personas que es además el que tienen mayores problemas de salud y que va a ver seriamente obstaculizado su acceso a una parte importante de las prestaciones del SNS, sobre todo, pero no solo, las farmacéuticas.
  • Se opta por un sistema de tarjetas sanitarias y de recetas complejo (5 tipos de tarjetas y 7 de recetas) que aparte de costoso va complicar el funcionamiento de la asistencia sanitaria (Final séptima)
  • Se establece un sistema obligatorio de información al Ministerio del gasto farmacéutico total que es positivo, pero de cuya publicidad nada se dice ¿Dónde está la transparencia?
  • Se vuelven a incluir algunas medidas que ya existían (principio activo, información de apoyo, etc)
  •  Hay algunas actuaciones sobre la industria y las oficinas de farmacia de carácter débil
  • Se obstaculiza la capacidad de las CCAA de tomar otras medidas de eficiencia en el control del gasto farmacéutico
  • En resumen, se penaliza a los pensionistas, a los enfermos crónicos y a las personas con pocos recursos y no se aborda seriamente a los verdaderos responsables del gasto farmacéutico cuyos beneficios económicos se mantienen en lo esencial.

Capitulo V
Medidas en materia de recursos humanos
Recoge 3 artículos, el primero con cuatro apartados, el segundo sin apartados y el tercero con siete. Trata de 3 temas muy distintos:
  • La regulación de las Áreas de capacitación especifica y su regulación (acreditación de centros, comités y diplomas)
  • El registro de profesionales del SNS
  • Modificaciones del Estatuto Marco:  modificación, creación y supresión de categorías, retribuciones en relación con la evaluación del desempeño, regulación de IT, integración de funcionarios y personal de cupo y zona y regulación fondos acción social
Resumiendo: se trata de un apartado que poco o nada tiene que ver con el titulo del RDL, sobre todo el primer articulo. Además:
  • No se comprende bien la necesidad de regular las áreas de capacitación especifica sin hacerlo primero con la troncalidad de la formación de  especialistas
  • El registro de profesionales esta, en teoría establecido desde 2003, lo que hay que hacer es hacerlo
  • Las retribuciones de acuerdo con la evaluación del desempeño pueden ser positivas si se asegurar criterios explicaos, ligados a la calidad y controles de la misma, caso contrario empeorara la calidad del sistema sanitario

Disposiciones Adicionales
Algunas se han comentado ya, pero merecen un comentario
  • Adicional cuarta: Medidas de eficiencia:
  1. A pesar de las demagógicas intervenciones sobre la creación de una agencia de compras del SNS, todo se queda en que el CI “fomentara” la “compra conjunta y centralizada”, es decir poco o nada concreto
  2. Plan de ahorro energético de los centros, para lo que las CCAA “adoptaran las medidas oportunas”, otro brindis al sol
  3. Plazo de 6 meses para adecuar los envases a las pautas y tiempos habituales de tratamiento, abandonando cualquier intento de prescripción por tratamientos y no por envases comerciales, de manera que el despilfarro de medicamentos una de las supuestas razones del RDL seguirá mas o menos igual

Disposiciones Finales

Solo referirnos a:
  • Final sexta, refuerza el papel de la ONT en el control de la donación y manejo de las células y tejidos humanos, su contenido es positivo, pero tampoco se entiende su presencia en este RDL
  • Final séptima .tres: establece  la incorporación en los informes de prescripción y terapéutica para los pacientes de los costes de los tratamientos, la llamada “factura sombra”, por supuesto sin que nadie haya evaluado ni los costes de hacerlo ni sus beneficios.










CONSIDERACIONES FINALES

Como se desprende del análisis detallado que se ha realizado del RDL, este incluye un conjunto de medidas de características muy distintas que en muchos casos nada tienen que ver con el supuesto objeto del mismo. Por supuesto ninguna de sus medidas, ni de manera aislada ni en su conjunto garantizan el supuesto ahorro de 7.000 millones € que ha sido su teórica causa, y ello es perfectamente congruente con la ausencia notoria de una memoria económica que no se ha hecho y que por otro lado, leído en detalle el RDL  no se podía hacer porque el mismo se mueve en el ámbito de la ciencia – ficción.

No obstante el RDL si que avanza algunos aspectos muy relevantes que deben ser considerados y que retratan los objetivos de la política sanitaria del PP mas allá de las declaraciones entre el marketing y la demagogia.

El primero es el acabar con el sistema sanitario universal como un derecho básico de la ciudadanía y apostar por un modelo de aseguramiento, un primer paso, todavía en el terreno declarativo que puede avanzar hacía un sistema dual en que las personas con mas recursos obtengan la atención de seguros privados (mas o menos subvencionados con fondos públicos) dejando a resto de la población en manos de un sistema público descapitalizado y deteriorado, tipo beneficencia.

El segundo es una actitud xenofoba que pretende dejar fuera de la atención sanitaria a un grupo socialmente muy desfavorecido como son los inmigrantes no regularizados, a pesar de que todas las evidencias señalan que se trata de un colectivo en franca disminución por la crisis y cuya presión sobre el sistema asistencial es muy pequeña, y que por lo tanto producen un  gasto muy reducido, y a los que se obliga a saturar mas aún las ya saturadas urgencias.

El tercero es que a pesar de las demagógicas intervenciones públicas sobre el supuesto impacto del “turismo sanitario” este no ha sido acreditado mas allá de la falta de diligencia de las administraciones públicas para identificar y facturar adecuadamente la atención sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros que no pertenecen al grupo anteriormente señalado.

El cuarto es el establecimiento de un sistema de copagos extremadamente agresivo sobre los pensionistas y los enfermos crónicos a los que se va a penalizar extremadamente dificultándoles y en muchos casos  impidiéndoles en la practica el acceso a prestaciones sanitarias que son indispensables para su salud. A ello habrá que sumar el nuevo “medicamentazo” que se anuncia y la previsible retirada de prestaciones de la cartera básica. El impacto de estas medidas sobre la ciudadanía es difícil de evaluar todavía pero inevitablemente se concretara en un empeoramiento de la salud, aumento de la morbilidad y de la  mortalidad.

En contraste con la virulencia de estas medidas dirigidas a las personas mas enfermas y con menos recursos, las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico.

Otras medidas que se han vendido como soluciones a los problemas económicos del SNS, como la agencia de compras del conjunto del sistema sanitario público se queda en una mera recomendación sin mucha capacidad operativa. Además se complementa el RDL con una serie de cuestiones que nada tienen que ver con la sostenibilidad, la calidad y la seguridad de las prestaciones del sistema sanitario público.

Desde la FADSP propusimos en su momento una seri de medidas para la eficiencia y la racionalidad del SNS que en nada agredían a los derechos de los ciudadanos a una atención sanitaria de calidad y que conseguían un mayor ahorro económico que por supuesto no han sido consideradas porque suponían merma de los beneficios de las multinacionales (disponibles en http://www.fadsp.org/pdf/Comparacion%20entre%20racionalidad%20y%20copago%20SNS.doc)

En suma se trata de una evidencia mas de que este gobierno solo es valiente con los desprotegidos, con los enfermos y con los pobres y en cambio es cobarde con las grandes multinacionales

SOBRAN LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR ESTA CONTRARREFORMA SANITARIA

HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS, SINDICALES Y PROFESIONALES A MOVILIZARSE PARA EXIGIR SU INMEDIATA DEROGACION

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
25 de abril de 2012

martes, 24 de abril de 2012

UNA AGRESION A LAS PERSONAS MAS ENFERMAS Y CON MENOS RECURSOS DE MUY DIFICIL GESTION

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante la publicación en el BOE de hoy del RD 16/2012, de 20 abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones tiene que señalar:

1)     Este RD mezcla asuntos múltiples de categorías muy distintas, seguramente con la intención de ocultar el trasfondo real de las medidas que se adoptan (prescripción farmacéutica, aseguramiento, fondo de garantía asistencial, áreas de capacitación especifica, etc).

2)     El RD consolida una gravísima agresión sobre los pensionistas, ya que no solo introduce el copago de los mismos, sino que además incluye que las prestaciones dietéticas y ortoprotesicas tendrán unas aportaciones con los mismos criterios que los fármacos. Por otro lado se anuncia una exclusión de medicamentos de la financiación pública, que se queda a un control posterior.

3)     Las cantidades a reintegrar a los pensionistas que hayan pagado por encima de los limites establecidos serán “reintegradas” por las CCAA con una “periodicidad semestral” (articulo 4.trece.7) lo que significa que los pensionistas tendrán que pagar para poder retirar los medicamentos y luego solicitar su reintegro, estableciendo una nueva barrera en el acceso a los medicamentos para las rentas menores y los enfermos crónicos.

4)     La gestión de la prestación se dificulta notablemente porque queda en manos de la prescripción electrónica, que no esta establecida en todo el sistema sanitario público y se establecen nada menos que 7 modelos de recetas que deberán de implementarse en los centros sanitarios con los problemas que ello conlleva.

5)     No se garantiza el acceso del sistema sanitario a los datos de ingresos de los contribuyentes, que en todo caso parece situarse en la declaración de la renta del año anterior, lo que penaliza a las personas que hayan entrado en el paro, disminuido sus ingresos o perdida la prestación por desempleo desde entonces.

6)     Se establece que el Ministerio de Sanidad fijara los importes máximos de contribución para el transporte sanitario no urgente, la prestación ortoprotesica y la dietética, lo que quiere decir que se ampliara el copago en todos estos aspectos

7)     Como colofón se retira el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales con los efectos negativos que ello tendrá sobre la salud pública.

En resumen, se trata de una agresión mayor aún de lo anunciado que va a dificultar seriamente a las personas con menos recursos y con mas problemas de salud su acceso a la prestación farmacéutica, ortoprotesica y dietética y que previsiblemente por la modificación de la cartera de servicios que se prevé supondra la desaparición de la accesibilidad al Sistema nacional de Salud precisamente para las personas que mas lo necesitan.

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA (FADSP)
24 de abril de 2012

lunes, 23 de abril de 2012

Hay alternativas a los recortes en Sanidad: Mejoras en la eficiencia y racionalidad. FADSP


Comparación entre los ingresos generados con el copago y el ahorro potencial conseguible con medidas de eficiencia y racionalidad en nuestro Sistema Nacional de Salud

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP)

El copago sanitario que quiere imponer el gobierno del partido popular no está basado en la evidencia científica. La OMS ya advierte de la incapacidad de este tipo de medidas para lograr los objetivos perseguidos, allí donde se han aplicado, además de dificultar el acceso a la asistencia sanitaria de muchas personas[1]. Por otra parte, la recaudación conseguida es muy inferior al ahorro generado con la disminución de la ineficiencia y de la mercantilización del sistema, en base a las recomendaciones de la OMS y de la bibliografía científica, aunque esto último requiere de una gestión libre de conflictos de interés con la industria y con las aseguradoras privadas y  comprometida con el sistema público de salud.


A. Prescripción de medicamentos (tabla I):

A. El 60% del gasto sanitario en medicamentos lo consumen los mayores de 65 años y un tercio de estos serían innecesarios.

Con una disminución de un 50% de este consumo inadecuado de medicamentos, el ahorro alcanzaría 1100 millones € (tabla I)

    Tabla I. Comparación del gasto farmacéutico de los años 2010 y 2011 en España


2010

2011

Incremento
Número  recetas
957,7 millones
973,2 millones
+ 1,62

Gasto
12.207 millones €
11.136 millones €
- 8,78

Gasto medio por receta

12,75 €
11,44 €
-10,23
    Fuente MSPS

Sin embargo, si introducimos el copago de 1 euro por receta, propuesto  a todos los pacientes, se obtendría un ingreso de 973  millones €, aunque la recaudación real sería muy inferior, ya que la medida contempla “excepciones” que afectan a buena parte de la población (pacientes crónicos y rentas bajas) además de un coste burocrático no calculado.

Si por el contrario, este copago se aplicase a todos los usuarios sin excepción, el 60% del coste (583 millones €) recaería sobre los mayores de 65 años, generalmente la población con más necesidades sanitarias y menos recursos y la más afectada por la prescripción inadecuada de fármacos y sus efectos adversos, que deberán contribuir a financiar.

Diferencia entre racionalidad y copago en relación con los medicamentos: 1100 millones- 973 millones= 127 millones €.




B. El consumo de medicamentos causa aproximadamente el 12% de los ingresos hospitalarios en España y alrededor de la mitad serían potencialmente prevenibles:

Ingresos España 2009: 5.267.417 pacientes. 316.045 ingresos innecesarios (75% en el SNS)  a un coste de 8.993 €/ingreso. 

Reduciendo el 50% los ingresos por reacciones adversas a fármacos supondría un ahorro de 1.065,5 millones €, en gasto no solo innecesario sino también perjudicial para la salud.

Recaudación debida al copago de la población ingresada en hospitales del SNS (10 euros por estancia/ 70 euros por ingreso), de 276 millones de euros.

Diferencia a favor de las medidas racionalizadoras: 1065 millones-276 millones de euros= 789 millones € en el SNS


C. Efectos adversos durante la estancia hospitalaria ocurren en aproximadamente el 13% de los pacientes ingresados siendo evitables el 44% de los mismos, y suponen 6 días de media de estancia extra.

Ingresos España 2009: 5.267.417 (75% SNS): 3,95 millones de pacientes ingresados en SNS, aproximadamente 226.000 pacientes con efectos adversos, correspondientes a 1.356.000 días de estancia hospitalaria/1260 euros.

Disminuyendo un 30% los efectos adversos durante la estancia hospitalaria de los pacientes lograríamos un ahorro en gasto innecesario y perjudicial de 566 millones de euros en el SNS.
No existe ningún beneficio del copago en este capítulo, si acaso un perjuicio, ya que dificultar el acceso al hospital de pacientes enfermos pero con pocos recursos puede retrasar un ingreso necesario, con el incremento consiguiente de la complejidad de la atención hospitalaria.

Diferencia entre racionalidad y copago en SNS: 566 millones € - 0 € = 566 millones €

D. Diferentes estudios estiman en un tercio los días que los pacientes permanecen ingresados de forma inadecuada debido a estancias preoperatorias, retraso en las altas, demoras en exploraciones diagnósticas durante el ingreso, cirugías con ingreso innecesario, cesáreas inadecuadas o al ingreso en hospitales de agudos de pacientes crónicos. Serían alrededor de 14 millones de estancias inadecuadas en España, 87% financiadas públicamente (1260 euros/estancia)

Mejorando la gestión de la hospitalización y reduciendo en un tercio las estancias hospitalarias inadecuadas supondría un ahorro de:
5000 millones de euros en el SNS.

E. Frecuentación a los servicios de urgencias hospitalarios
La disminución de la medicalización unida a la potenciación de la AP y del incremento de su capacidad resolutiva, supondría una disminución de las listas de espera y un importante alivio para los servicios hospitalarios de urgencias:

Urgencias totales 2009 España: 27 millones. Financiación pública 77% (20,8 millones de urgencias). Urgencias ingresadas en SNS: 10,22% (18,67 millones de urgencias no ingresadas, con un coste calculado de 244 euros cada una)

Solo disminuyendo un 10% la frecuentación de las urgencias hospitalarias que no requieren ingreso obtendríamos un ahorro de 453 millones en el SNS.

Por el contrario, la recaudación por copago de 10 euros/urgencia no ingresada sería de 187 millones €

Diferencia entre racionalidad y copago en el SNS: 453 millones -187 millones €= 266 millones €


Consultas totales: España 82 millones (86% con financiación pública): 70,5 millones.

 Traspasar a AP una cuarta parte de las consultas de hospital (140 euros de coste en hospital y 85 euros en AP) obtendríamos un ahorro de 970 millones de euros.

Aplicando una tasa de 10 euros por consulta, a todos los usuarios sin excepciones de renta la recaudación sería de 705 millones de euros. 

Diferencia entre racionalidad y copago: 970 millones- 705 millones= 265 millones €

La sobreutilización de la alta tecnología diagnóstica
Se estiman en un tercio los estudios de imagen innecesarios y que no benefician al paciente, ya que incrementan la identificación de hallazgos irrelevantes que suponen más actuaciones innecesarias y más cirugía inadecuada 

TAC 2009 España. Total: 3,7 millones 

RM 2009 España. Total- 1,97 millones  

Si consideramos una media de 100 euros/exploración de TC o RM, el ahorro en la mejora de la gestión de la alta tecnología, evitando su sobreutilización, sería de 190 millones €

Introduciendo una tasa de 10 euros por cada TC o RM, la recaudación sería de 37 millones + 19,7 millones = 56,3 millones €

Diferencia entre la racionalidad y el copago: 190 millones – 56,3 millones € = 133,7 millones €


8. Integración del mutualismo administrativo en el SNS
El 85% de los mutualistas (1,7 millones de 2 millones de asegurados en España) que optan por la provisión privada tienen una frecuentación a urgencias de 1.690/1.000, 3 veces superior a la media del SNS y 2.754 consultas hospitalarias/1.000, prácticamente el doble que la frecuentación a las consultas de los hospitales públicos, lo que suman un total de1,9 millones de asistencias innecesarias a urgencias y de 1,2 millones a consultas externas, en los centros privados. Aún suponiendo la tercera parte del coste en estos centros con respecto a los hospitales públicos (81 euros/urgencia y 46 euros consulta) debido a sus propias características y las de los pacientes que acuden, el ahorro esperable sería de 154 millones de euros en urgencias y 55 millones de euros en consultas externas, y un total de 209 millones de euros en el SNS. 

Aplicando el copago a estos pacientes (10 euros por urgencia y consulta) cuya asistencia, a pesar de tratarse de aseguramiento privado, es financiada en gran parte con dinero público:
Recaudación: 2,87 millones de urgencias y 4,68 millones de consultas= 7,55 millones de actos médicos: 75,5 millones€  

Diferencia entre racionalidad y copago: 209 millones -75 millones= 134 millones de euros








Concepto SNS
Recaudación copago
Ahorro racionalidad
Reducir 50% los medicamentos innecesarios >65 años
973 millones €
1100  millones €
Reducir 50% los ingresos por reacciones adversas a los fármacos
276  millones €
1065 millones €
Reducir 30% los efectos adversos durante la hospitalización
0 millones €
566 millones €
Reducir en 1/3 las estancias inadecuadas
0 millones €
5000  millones €
Reducir 10% la frecuentación de urgencias hospitalarias no ingresadas
187 millones €
453 millones €
Traspasar el 25% de las consultas hospitalarias a AP
 705 millones €
970  millones €
Reducir en 1/3 las RM y TC innecesarios
56 millones €
190 millones €
Integración del mutualismo administrativo en el SNS
75 millones €
209 millones €
Total
2.293 millones €
9.553  millones €


Sin incluir el incremento de la calidad de la asistencia y otras consecuencias beneficiosas de las medidas racionalizadoras aquí planteadas, basadas en las recomendaciones de la OMS, la evidencia científica y el sentido común, el ahorro generado es 4 veces superior a la recaudación conseguida con el copago. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular está utilizando la crisis económica para tomar todo tipo de decisiones encaminadas a privatizar el sistema sanitario, algo que siempre han apoyado pero que no se habían atrevido a implantar, al menos de forma tan perentoria y a costa, o quizás con el fin de, desmantelar nuestro SNS.

Sus dirigentes serán los principales responsables de las consecuencias para la salud de la población española en estos momentos de  crisis económica, con un fuerte incremento del paro, la dependencia y la exclusión social.



Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Abril 2012













Fuente de los datos: estadística de establecimientos sanitarios en régimen de internado 2009. MSPSI 2011





[1] Observatorio del medicamento. Federación Española de Farmacias (FEFE)