domingo, 29 de enero de 2012

Gasto sanitario comparado. España/OCDE

Obviando la controversia sobre nuestro déficit público, aceptemos que es conveniente reducirlo. ¿Nuestra sanidad pública es parte del problema o de la solución?
 
Como he expuesto en una entrada anterior, no es lo mismo sanidad pública que Sistema Nacional de Salud pero, para poder establecer comparaciones, obviemos esta importante diferencia (de 73.800 a 67.049 millones de euros) y, con todo, realicemos la comparación. El gasto de nuestro SNS está en el punto de mira de la oleada neoliberal que domina el comportamiento de nuestros gobiernos y se reclaman recortes de prestaciones, externalizaciones e incluso privatizaciones. 
 
España tiene un SNS con financiación directa de los presupuestos generales del estado, sus proveedores son empleados públicos contratados directamente por la administración sanitaria y, salvo las externalizaciones, las infraestructuras y recursos son bienes patrimoniales propios del sistema. Tiene una organización descentralizada (Comunidades Autónomas) estructurada en áreas sanitarias (coordinación centros de salud y hospitales), ofrece una cobertura universal e integra todas las actividades asistenciales (promoción, prevención, asistencia y rehabilitación)  sin que su prestación esté limitada por el poder adquisitivo de los ciudadanos ni por sus cotizaciones o cualquier otra razón distinta a las necesidades de su problema de salud. También incluye el coste de los medicamentos.
 
Cabe preguntarse si nuestro modelo sanitario es menos eficiente que otros y si precisa una modificación que mejore sus rendimientos (gasto/ resultados en salud). Además, es fundamental analizar si las posibles “mejoras” deberían orientarse hacia una mayor privatización de la financiación (menos sanidad pública, menos prestaciones), una mayor externalización (conciertos) que, al fin y al cabo, son los mecanismos que “sugieren los mercados” tal como se están llevando a cabo en los países gobernados directamente por sus empleados[2] o, por el contrario, el modelo es el adecuado y, de las posibles vías para reducir el déficit, sean una mayor financiación y una mejor gestión las opciones más recomendables.
 Veamos el gasto sanitario de los países integrantes de la OCDE y analicemos su modelo de sistema sanitario. Según Eurostat 2011[4], el último año del que se tienen resultados comparativos es 2009; agrupados de mayor a menor gasto sanitario total (público y privado), se obtiene el siguiente gráfico:

España se sitúa justo en la media de la OCDE en gasto sanitario total con el 9,5% de su PIB y todos los países de la UE-15[5] gastan más salvo Italia, Luxemburgo y Finlandia. Asimismo, si analizamos exclusivamente el gasto sanitario público, Italia gasta más (7,4%) pero Suiza, Portugal y Grecia presentan un gasto algo inferior.
 
Para observar mejor la parte pública que gastan los estados frente a su gasto sanitario total, he elaborado esta gráfica que presenta el punto de corte en el 71% que es el valor de la media de todos los países de la OCDE.
 

El gasto sanitario público español supone el 73.68% del gasto total en sanidad y se sitúa en una posición intermedia entre los países cuya sanidad es más pública (Dinamarca 85.22%) y los que menos (EEUU: 47,70% y Chile: 47,62%)
 
Si analizamos los tres grandes modelos de sistemas sanitarios e incluimos a cada país en su modelo, vemos que privatizar la sanidad (modelo liberal de mercado) no tiene relación con el gasto sanitario. EEUU es el que más gasta el sanidad (17,4% de su PIB) mientras que México es de los que menos (6,4%) pero, en cambio, sí son de los que ofrecen peores resultados en salud[6] (menor esperanza de vida, mayor mortalidad general, infantil, etc[7].) La sanidad pública de los EUU se reduce a los programas Medicare y Medicaid, algo así como una beneficencia sanitaria para los muy pobres, discapacitados y mayores de 65 años. El concepto “gratuito” no existe en Estados Unidos, ni siquiera en los hospitales públicos. Toda la atención sanitaria, incluidas las urgencias, tiene que pagarse, ya sea personalmente o a través del seguro[8].  En México, el sector público comprende a las instituciones de seguridad social que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, entre las que destaca el Seguro Popular de Salud[9] para todas las personas que no tienen un empleo o trabajan por su cuenta y no tienen acceso a servicios de salud en otras instituciones[10], cubre 1.400 enfermedades. “La salud es un lujo que no todos los mexicanos se pueden dar, más aún, que cada vez menos podrán darse...”[11]
 
Los países que tienen una sanidad pública mayor e integrados en el modelo Beveridge o de financiación por impuestos generales (Dinamarca, Noruega, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Italia) tienen un mejor comportamiento en cuanto al gasto y en resultados de salud. Aunque todos tienen financiación única (pública) algunos como el Reino Unido comparten proveedores públicos y privados. No obstante, todos los citados tienen un mayor gasto sanitario total y público que España y unos resultados en salud relativamente mejores excepto el Reino Unido.
 
Por último, el modelo Bismarck, típico de Alemania, pero también presente en Francia, Bélgica, Holanda, Austria o Suiza. El estado garantiza las prestaciones sanitarias mediante cuotas obligatorias a la seguridad social. En Alemania Existen unos 300 Fondos de Enfermedad que negocian sus contratos con los distintos proveedores de servicios sanitarios. Cada persona asegurada puede elegir libremente uno de los distintos Fondos de Enfermedad y estos fondos están obligados a aceptar a cualquier ciudadano que los solicite. Los proveedores pueden ser públicos o privados. Existe libertad de elección de médico, generalista o especialista. Ofrece buenos resultados en salud (aunque peores al modelo beveridge) pero a un gasto bastante más elevado si exceptuamos a Luxemburgo.
 
 ofrece buenos resultados en salud (aunque peores al modelo beveridge) pero a un gasto bastante más elevado si exceptuamos a Luxemburgo. 
 
En definitiva, el modelo sanitario español ofrece unos más que buenos resultados en gasto y en salud de la población cuando lo comparamos con el resto de modelos sanitarios y de países. 
 
Pero siempre puede quedar el argumento de que son los estilos de vida, la riqueza del país y la zona geográfica la que determina, más que el sistema sanitario, la salud de la población, pero entonces conviene que se analice la siguiente gráfica: 
 

Como puede observarse, EEUU es el país que más gasta en sanidad teniendo una expectativa de vida (78 años) muy inferior a la media de la OCDE. Esto viene a indicar que la riqueza general de un país (EEUU 47.199, España 30.542$ a precios actuales[14]) no es el principal elemento de salud de sus ciudadanos.
 
Los países mediterráneos tienen un comportamiento dispar, Turquía es el que menos gasta pero también el que presenta peor expectativa de vida. Grecia tiene un gasto parecido al español con peor expectativa de vida (su sistema sanitario es inclasificable). 
 
Noruega gasta más en sanidad que España y ofrece peores resultados en salud, lo mismo que pasa con Alemania, Francia, Bélgica u Holanda.
Conclusiones:
  1. Mantener la financiación y la provisión públicas con cobertura universal y total accesibilidad a las prestaciones produce buenos resultados en salud y permite controlar el gasto sanitario mejor que cualquier otro modelo de sistema sanitario.
  2.  Privatizar el sistema sanitario no disminuye el gasto y empeora la salud de los ciudadanos.
  3. Externalizar la provisión de servicios no disminuye gasto ni mejora la salud de los ciudadanos.
  4. La sanidad pública española forma parte de la solución y no del problema de la actual “crisis económica”

sábado, 28 de enero de 2012

Una sanidad impagable

Cinco argumentos contra aquellos que dicen que el gasto sanitario español es desmesurado o que son inevitables los recortes y el copago.

1. España es de los países desarrollados que menos invierte en salud: sólo el 9,7% del PIB, entre sanidad pública (6,6%) y privada (3,1%). Francia gasta el 11,8%; Alemania, el 11,6%; Holanda, el 12%; y Estados Unidos, el 17,4%.

2. El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que salen de sus impuestos. La media europea ronda los 2.100 euros. Francia (2.500), Alemania (2.600) o Reino Unido (2.100) también pagan más por habitante. 

3. Por 1.500 euros al año, España consigue una cobertura pública, gratuita y universal (a partir de enero de 2012) con unas prestaciones muy superiores a la media de la UE: la prueba es que tantos europeos vengan a operarse a España. En los países sin sanidad pública, no hay seguro privado que ofrezca unos servicios sanitarios de la misma calidad a un precio tan bajo.

4. La inversión es pequeña, pero la rentabilidad es muy alta. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud: en esperanza de vida, en tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la UE.

5. Que nuestra sanidad pública sea tan eficaz como barata significa que es uno de los mejores sistemas de salud del planeta, como así se reconoce fuera de España. Su eficiencia desmiente también dos falsedades: que el sistema sanitario español sea un lujo insostenible y que lo privado funcione siempre mejor que lo público.
 Fuente: OMS y Eurostat, año 2009.

Ignacio Escolar
Público

martes, 24 de enero de 2012

Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo

Las aguas del sistema comunicativo bajan revueltas. Ante tanta incertidumbre urge abrir un debate clarificador sobre las principales problemáticas de la agenda comunicativa. 

1. Comunicación y deterioro democrático
Hay un contraste brutal entre las dinámicas sociales participativas -se comparten ideas y recursos por las redes- y el deterioro de las democracias. Éstas están cada vez más orientadas a seguir, incluso contra los electorados, los dictámenes de los agentes financieros metamorfoseados en prescriptores y dirigentes de las políticas públicas en nombre de los mercados. Redefinir y regenerar las democracias son tareas del presente, lo que no es posible sin introducir, simultáneamente, factores de igualación social y de reconocimiento de las diversidades que reconcilien a la sociedad con la utilidad de la gestión pública. 

Siendo la comunicación un eje transversal de las construcciones democráticas, tanto nacionales como globales, son imprescindibles la democratización y diversidad de las comunicaciones y de sus agentes y el reconocimiento de los derechos sociales a la comunicación y la información. 

2. Aumenta la concentración y disminuye el pluralismo
Al socaire del cambio tecnocomunicativo y de la crisis, y como expresión de los vientos neoliberales en Europa, se está produciendo una nueva e intensa concentración comunicativa y cultural. La situación se agrava cualitativamente puesto que los nuevos actores (Google, Apple, Facebook, Amazon, plataformas web de música, audiovisual, información…) traen consigo un modelo de concentración mucho más global que el de las industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los campos de las redes, plataformas o servicios. Los propios viejos oligopolios audiovisuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de valor en la red. 

En el caso español, los procesos de concentración y de financiarización han llegado lejos y avalados por la ley. En el caso del audiovisual, tras la absorción de Cuatro y la Sexta, la reducción del panorama de TV privada en abierto a dos grandes grupos hegemónicos, Mediaset y Planeta, dibuja un panorama desalentador del pluralismo en España que, en lugar de avanzar, nos retrotrae a la era analógica -el duopolio de Telecinco y Antena 3- con lo que las oportunidades que ofrecía la TDT se han aprovechado solo para que haya más canales servidos por los mismos operadores. 

Las indeseadas derivas de la concentración global debieran ser objeto de tratamiento en instancias globales (ONU, Unesco, ICANN...) o supranacionales (UE…), sea a instancias de grupos de la sociedad civil o de países. Asimismo, para preservar el máximo de diversidad mediática y cultural, se han de revisar las legislaciones nacionales, facilitando tanto las aportaciones locales y nacionales al intercambio global como la capacidad de denuncia en los tribunales de los abusos de poder. Igualmente, en el plano micro se trata de animar a la emergencia de nuevos agentes, de apoyar a la diversidad… 

3. Desafíos para el Periodismo
En aras a una buena información, urge definir tanto un Estatuto de la información que ampare los derechos informativos de la sociedad como los derechos profesionales del periodismo, en tanto intermediarios entre la sociedad y el relato de los acontecimientos. 

En el caso de los profesionales, las cuestiones de máxima preocupación, y que solo se pueden sostener desde su autoorganización, son el empleo, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo -incluyendo las relativas a la precarización creciente y al tránsito a las redacciones integrales- y la dignificación, aplicación y actualización de los valores de la profesión. 

Se trata de rescatar el borrador para una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía en el que se desarrollaban los derechos de la libertad de expresión e información, se reconocía que la información es propiedad de la ciudadanía, se empoderaba a los informadores en su profesionalidad e independencia frente a poderes políticos y económicos y se regulaba un mínimo la actividad de las empresas de comunicación. 

4. Amenazas en Internet
Los internautas se encuentran con dos amenazas. Por un lado, se identifican digitalización, privatización y mercantilización con la expansión forzosa del lado mercantil de las redes. Este enfoque es contradictorio con la expansión de los contenidos por Internet como bienes preferentemente públicos y como parte de un patrimonio colectivo de conocimiento acumulado que por ello debe ser de dominio público. Sería más eficiente compartir su gestión gratuitamente o mediante tarifas globales. 

Por otro lado, los gobiernos tienden a forzar el estrechamiento, incluso punitivo, del espacio que ganaron las redes sociales para la comunicación, el intercambio y la interacción. La Ley Sinde y la vuelta de tuerca que suponía han sido asumidas por el Gobierno del Partido Popular. 

Para contrarrestar las limitaciones al derecho de comunicación en Internet se han de reconocer los derechos de los internautas a la conexión, la privacidad, la obtención de nombres de dominio -especialmente relevante en las comunidades con cultura integral-, a webs propias, a la seguridad de las transacciones o la homogeneidad de los protocolos. 

Igualmente importantes son criterios como: neutralidad de la red; tarifas justas; regulación de los oligopolios; universalidad de la banda ancha para toda la ciudadanía en clave de accesibilidad y asequibilidad; velocidades aceptables; derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura; ilegalidad de vigilancias privadas en la red fuera de las tutelas judiciales... 

Estos derechos no son ajenos a los de los comunicadores profesionales, lo que facilita una eventual alianza para la libertad y calidad de la información, la comunicación y el conocimiento. 

5. Deslegitimación del Servicio Público  
La independencia y el pluralismo son, hoy, las referencias centrales para cualquier Servicio Público. Y, sin embargo, los servicios públicos van a ser objeto en España de una intensa laminación en el contexto de una crisis económica y fiscal profunda y de las ópticas conservadoras del nuevo gobierno que no tiene más política que la reducción de los déficits y, en especial, de los servicios públicos abiertos o con proyección social. 

Por de pronto el recorte ya anunciado de 200 millones en la subvención de RTVE es toda una declaración de intenciones, y deja a la Corporación en una tesitura complicada que puede dar al traste con la función ejemplificadora y tractora que hoy ejerce en el sistema audiovisual español y en el imaginario colectivo. Para evitarlo, habrá que buscar esa cuantía en otra fuente de financiación que puede ser la publicidad (con condiciones como que sea sin cortes en los programas), obligando a modificar la Ley de Financiación que le expulsó en 2010 del mercado publicitario. 

6. Asfixia de la comunicación de proximidad y no lucrativa
La preferencia de la anterior Administración por un modelo hegemónico de radiotelevisión de ámbito estatal y privado -pasando de ser 2 canales en abierto a 24 en el espacio de 6 años- ha perjudicado sobre todo a las radiotelevisiones autonómicas, locales y comunitarias. 

Las radiotelevisiones autonómicas no han podido competir con un aluvión de programas de ámbito estatal presentes en sus propias zonas de cobertura. Las dificultades para absorber los costes, así como la apuesta actual del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonómicos que controla, presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; así como los Expedientes de Regulación de Empleo, la internalización global o su privatización y la consiguiente desaparición como canales públicos. De confirmarse esta tendencia sería un gran retroceso cultural y comunicativo. 

Las radiotelevisiones locales también se han visto perjudicadas por el exceso de canales, minimizando su espacio y haciendo imposible comercialmente el predominio de emisiones originales, propias y fuera de cadena. 

Igualmente las emisoras comunitarias y del tercer sector están siendo legalmente maltratadas, y técnicamente bloqueadas, al no recibir frecuencias específicas. Se busca su acantonamiento en la red como una web más en la idea de que se diluya su lugar social y su influencia. Sin perjuicio de estar en Internet, su reconocimiento en el artículo 3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual exige una regulación acorde que no las convierta en emisoras de barrio sino en una alternativa paralela a las privadas y las públicas, con condiciones adecuadas para su existencia que hoy no están garantizadas. 

7. Ausencia de organismos independientes del audiovisual
Los Consejos del Audiovisual son una de esas instituciones que pretenden ampliar el espacio público más allá del espacio de la Administración y generar valores colectivos que emanan de un discurso colectivo de construcción democrática y social, con atención especial al pluralismo y la calidad. 

Comparativamente con otros países europeos, el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, previsto y aprobado en la Ley General de Comunicación Audiovisual, no es lo más avanzado en competencias, composición y modo de elección pero, al menos, era un punto de partida que no ha podido entrar en vigor a falta de reglamento. El Partido Popular siempre lo consideró innecesario e inconveniente, pero no es una solución que esas tareas vinculadas a los contenidos recaigan en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, un organismo regulador no orientado a la gestión de temáticas sensibles, como son la diversidad y el pluralismo, sino a las reglas de la competencia en un mercado. 
 
Es imprescindible la puesta en marcha de un CEMA de ámbito estatal en aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual y la creación específica de Consejos también en las Comunidades Autónomas. 

En suma, propugnamos:
1. la democratización de las comunicaciones.
2. la efectiva concreción de los derechos sociales a la información y a la comunicación y la definición de unos derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura.
3. la puesta en pie de normativas y medidas a escalas internacional y estatal contra la concentración, tanto en la red como en las industrias culturales.
4. la aprobación de un estatuto de la profesión periodística y del derecho de información.
5. la defensa y viabilidad de los servicios públicos, tanto de RTVE como de las radiotelevisiones autonómicas.
6. el apoyo explícito a la comunicación de proximidad de las radiotelevisiones locales y la comunicación social de las emisoras comunitarias.
7. la puesta en marcha de Consejos del Audiovisual.

En Tarragona a 20 de enero de 2012
A propuesta de más de un centenar de profesores e investigadores universitarios del campo de la comunicación y la cultura:
Miquel de Moragas (UAB)
Enrique Bustamante Ramírez (UCM)
Armand Mattelart (Paris VIII. Francia)
Emili Prado (UAB)........

Varios autores
Rebelión

viernes, 20 de enero de 2012

Gasto Sanitario Público en España

En 2009, mantener la sanidad pública costó 73.800 millones de € lo que equivale al 7,0 % de toda la riqueza producida por nuestro país (PIB[1]) durante ese año. Mantener nuestro Sistema Nacional de Salud, incluyendo el resto de competencias sanitarias de las Comunidades Autónomas (gasto organizacional, salud pública, etc.), nos costó 67.049 millones de €[2].
 
Con ese dinero se han pagado salarios a los empleados públicos, se han mantenido o mejorado las infraestructuras en hospitales y centros de salud, se ha invertido en tecnologías sanitarias (nuevos aparatos de RMN, TAC, PET, etc.), se han atendido a 28.438.666 de usuarios en atención primaria efectuándoles un total de 393.187.229 consultas de las que 11.824.281 tuvieron lugar en sus domicilios[3]; también se han realizado 15.593.198 de consultas en Centros de Especialidades,  se han atendido 70.041.105 consultas en los hospitales públicos y 21.217.425 urgencias hospitalarias[4], con una tasa de 100,18 intervenciones quirúrgicas por 1.000 habitantes/año o, por ejemplo, de 23,5 trasplantes de hígado por cada 100.000 habitantes[5]
 
Toda esta atención se ha producido a un coste cero para el usuario pero, además, se han efectuado 934.002.083 de recetas que han supuesto un gasto de 12.505.692.909,68 millones de €[6] de las que los usuarios no han tenido que pagar nada si eran pensionistas o un máximo del 40% del precio de la receta en el caso de estar en situación de activo.
 
Pero lo más importante de estos datos, es que se ha atendido a los ciudadanos con equidad, independientemente de su nivel socioeconómico (55,2% pertenecientes a clase social baja y 20,78% a clase alta[7]), de su base de cotización a la seguridad social o de sus retenciones fiscales. Se les han solicitado las exploraciones complementarias, administrado la medicación más adecuada a su problema de salud y han permanecido ingresados en un hospital el tiempo necesario sin más limitación que la inherente a su enfermedad,
 
Tiempo habrá para debatir sobre los excesos y las bolsas de ineficacia, pero la contundencia de los datos es rotunda, nuestro sistema sanitario no solo ofrece excelentes coberturas con un alto nivel de prestaciones[8], también produce buenos resultados en salud[9] y lo hace a un precio que nuestro país puede soportar teniendo en cuenta nuestro gasto público total[10].

jueves, 19 de enero de 2012

Recortes Sanidad País Valenciano. "Los sacrificados en Sanidad"

Estimado señor conseller de Sanidad:

Dice usted que, como profesional del sector, entiende que las últimas medidas no gusten, pero que en el gobierno valenciano han tenido que tomar decisiones difíciles y nos tenemos que sacrificar todos. Pero, ¿a quiénes se refiere cuando dice todos?, ¿a los facultativos? Me imagino que se referirá a ellos, por el hecho de que se cite a usted mismo como profesional del sector.

Los facultativos, que es a quien parece que usted se dirige cuando habla de aplicar un suplemento en su nómina por un nuevo concepto, el de "la evaluación del desempeño", añaden a su disgusto, por decirlo suavemente, de ver cómo se devalúa económicamente a golpe de decreto su nómina, la zozobra de no saber quién se merece y quién no ese plus por desempeñar bien su trabajo. Sobre todo, los que llevan ejerciendo su profesión 20, 30 y 40 años, que han visto cómo usted, o el gobierno en el que usted está, le quita el 50% de lo que cobran en concepto de carrera profesional y le da otro plus (evaluación del desempeño) a quienes demuestren que trabajan y ahorran más que otros. ¿Es algo así, no?

Mi pregunta, como seguro que es la de todos los que trabajamos en la sanidad pública es ¿qué criterios van a seguir ustedes para dar ese plus a partir del segundo trimestre de este año? Perdóneme si me he vuelto escéptica y desconfíe de que esa evaluación se haga de una manera honesta y real, pero después de leer, escuchar y ver todo lo que se ha hecho en esta Comunidad, y todo lo que se debe, he perdido la cuenta de cuántos miles de millones, entenderá que tenga mis recelos y mis dudas.

No obstante, señor Rosado, yo le invito a que venga a mi departamento de salud (que por cierto, también es el suyo) y escuche hablar a sus compañeros de sacrificios. Se lo digo porque sacrificio es lo que están viviendo algunas compañeras y compañeros casados, separados o solteras con hijos, que sobreviven con contratitos y a partir de ahora saben que ya no se les contratará más.

Sacrificio es lo que viven compañeros celadores que cobran 900 euros al mes, y ahora encima se les reduce a la mitad el complemento por carrera profesional, y tienen que pagar hipotecas, otros alquileres, otras pensiones alimenticias, etcétera.

Sacrificio es estar trabajando 30 o 40 años sin haber cogido la baja laboral, nada más que cuando nacieron nuestros hijos, y ahora que llegamos a una edad crítica y tenemos los achaques de la edad, se nos quede el sueldo por coger la baja a 540 euros.

Sacrificio es trabajar, preparar oposiciones y hacer carreras universitarias al mismo tiempo, y ver cómo pasan los años y no puedes acceder a mejoras de empleo, y sin embargo veas entrar por la puerta grande a personal a dedo, y por cierto bien remunerado. No se puede imaginar, señor Rosado, la cara de tontos que se nos viene quedando a los trabajadores que nos hemos gastado una pasta gansa en academias, libros, tiempo y salud, y resulta que ahora no se sacan oposiciones.

Sacrificio es trabajar, estudiar, ser ama de casa y estrujarse el cerebro de cómo llegar a fin de mes, de dónde sacar dinero para que tus hijos puedan estudiar, dónde dejar los niños pequeños si no puedo pagar la guardería, preguntarse qué va ser de mí si caigo enfermo y me rebajan el sueldo, si vivo en el límite y sobre todo, señor conseller, la incertidumbre con la que vivimos de no saber si seguiré o no trabajando, si me contratarán otra vez y qué pasará cuando se me acabe la prestación de desempleo.

Los sacrificios de los usuarios también serán muchísimos, usted ya lo sabe como profesional del sector que es: menos pruebas diagnósticas, menos personal, más largas las listas de espera y un largo listado de medidas que el tiempo irá destapando.

Y por cierto, ¿ha dicho sacrificarnos todos? Yo, como el resto de los ciudadanos y ciudadanas, quisiera saber qué sacrificios hacen los políticos de nuestra Comunidad. Fíjese, de ese sacrificio en concreto no he leído nada en el decreto que nos sacrifica a los demás, ni en los periódicos, ni en la televisión.

Lo más indignante, es que no hemos sufrido un tsunami, ni un terremoto, ni nada parecido, sino que, todos nuestros sacrificios, son para pagar un déficit provocado por el despilfarro, las corrupciones y la desmedida megalomanía de algunos políticos de nuestra Comunidad.

Dígame, compañero, ¿hay derecho a esto? 

Lola Piró Herranz
Información.es. Opnión

lunes, 16 de enero de 2012

Sí, la sanidad es sostenible

Con la coartada de la crisis económica algunos partidos políticos y fuertes intereses económicos están cuestionando la sostenibilidad de la sanidad pública. En Catalunya, Castilla-La Mancha, Galicia o Baleares han comenzado recortes y copagos, deteriorando la calidad y quebrando la equidad del Sistema Nacional de Salud.

Es preciso insistir en que el gasto sanitario público en España es adecuado a nuestro nivel de renta. Con datos de la OCDE de 2011, referidos a 2009, España gasta el 6,99% del PIB. En Francia, el 9,2%; en Alemania, el 8,9%; en Reino Unido, el 8,2%; en Italia, el 7,4%; en EEUU, el 8,3%. Es decir, nuestro gasto sanitario público no es exagerado. Además, con ese gasto se ofrece una atención de buena calidad (hasta ahora), para toda la población, con unos resultados excelentes (mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, mejor sistema de trasplantes del mundo, etc.). El gasto sanitario público en España se ha mantenido estable en 2010 y 2011.

El desequilibrio del presupuesto público en España se debe sobre todo a la disminución brusca de los ingresos en los años 2008 y 2009. Para lograr financiar el gasto público es preciso que los ingresos fiscales en España sean similares a los de la UE-27, en torno a 8 puntos más de PIB. Por otro lado, es preciso revisar el sistema de financiación autonómica buscando una financiación suficiente de la sanidad, con un gasto por persona equivalente. Y, en todo caso, se debe seguir mejorando la eficiencia a todos los niveles: potenciando la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, mejorando la coordinación, evitando duplicidades, evaluando la eficacia de las prestaciones y las indicaciones, y gestionando adecuadamente la demanda.

El gasto sanitario total de un país (público y privado) depende de la renta de cada país. Un país más rico puede gastar más y un país pobre, menos. EEUU, con un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 37.808 euros gasta 5.850 euros en sanidad; España, con 25.066 gasta 2.427; Argentina, con 6.804 gasta 576; Mali con 474 gasta 30 (Banco Mundial, 2010). En cambio, la proporción del gasto sanitario público no depende tanto del nivel de renta como de la orientación política del Gobierno. La pregunta que se hacen las sociedades es si la atención sanitaria es una cuestión privada, que debe resolver cada uno con su sueldo o sus ahorros, o si es una cuestión que debemos afrontar entre todos, un derecho que debe ser garantizado con fondos públicos, ya que la atención a muchas enfermedades es muy costosa y una familia normal no podría hacer frente a los gastos, se arruinaría o no recibiría atención. En Europa el gasto sanitario público supone un 75% del gasto sanitario total, mientras que en EEUU es un 43%. En España hemos conseguido que la atención sanitaria sea un derecho para todos los ciudadanos. Y hemos de reivindicar que siga siendo así, porque la salud es una condición para la igualdad real de las personas.

La sanidad pública sí es sostenible, pero hay quien quiere aprovechar la crisis para recortar gasto sanitario público y hacer más hueco al gasto sanitario privado. Es preciso recordar que la crisis financiera y el paro no son consecuencia del déficit público, sino que el déficit público y el paro son consecuencia de la crisis financiera. La crisis se originó por un proceso de desregulación de los mercados financieros, que permitió la venta de productos tóxicos en gran volumen y a gran velocidad (globalización) y que se simboliza con la quiebra del Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de EEUU, en septiembre de 2008. A partir de ahí se colapsó la economía al cerrarse el crédito a las empresas y se destruyeron 80 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Como respuesta a la crisis, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010, la banca europea ha recibido 1,6 billones de euros en ayudas públicas y, al mismo tiempo, se han impulsado estrategias para reducir el déficit público, con importantes recortes de gasto público.

Las reducciones en el gasto público profundizan la crisis y, consecuentemente, incrementan el desempleo. El gasto sanitario en España, y el público en particular, se encuentra en niveles compatibles con un crecimiento económico sano y equilibrado.

Para salir de la crisis o, al menos, para no agravarla innecesariamente, hemos de mantener el gasto sanitario público, no disminuirlo. Es una fuente de empleo, un elemento fundamental de la cohesión social y un sector de innovación privilegiado. La salida de la crisis requiere atacar sus causas. Una nueva regulación de los mercados financieros, con el fortalecimiento de la Unión Europea, para evitar que los productos financieros tóxicos y las operaciones especulativas a gran escala sigan destruyendo la economía real. Políticas de estímulo y de apoyo a las empresas innovadoras, inversión pública y políticas sociales pero, sobre todo, un nuevo marco monetario y financiero. Lo que no tiene sentido es seguir empecinados en recetas que ya han demostrado más que suficientemente en Europa la inutilidad del sufrimiento que causan. La austeridad por la austeridad agrava la crisis, no la combate.

Fernando Lamata (psiquiatra), José Antonio Poncela (economista) y Ramón Gálvez (neurólogo)
Público

sábado, 14 de enero de 2012

Modelos de sistemas sanitarios

Para poder comparar gasto sanitario es preciso aclarar que hay tres grandes modelos de organización de los servicios sanitarios: el de mercado, el de Seguridad Social (Bismark) y el de Impuestos Generales (Beveridge). Los tres son el resultado de combinar de diferente forma los tres elementos básicos con los que están construidos todos los sistemas sanitarios: fuentes de financiación –recursos económicos-, proveedores -médicos, hospitales, farmacias, etc.-, y mecanismos de asignación de los recursos a los proveedores. 
 
En el modelo de mercado (USA) la sanidad es fundamentalmente privada, de manera que el acceso de los ciudadanos a la misma depende de su poder adquisitivo, contratando las prestaciones que las aseguradoras les ofrecen. Aunque la atención sanitaria es, probablemente, la mejor del mundo para los ricos, su alto coste y la poca intervención estatal implican que ésta es precaria e incluso inexistente para los pobres y desempleados. Un 15% de la población estadounidense carece de seguro médico, y los programas financiados con fondos públicos, Medicare y Medicaid, sólo cubren a personas mayores de 65 años, a los minusválidos y a los muy pobres[1]. En la siguiente entrada veremos cuánto cuesta a pesar de sus coberturas y prestaciones.
 
De los países con modelos Seguridad Social, Alemania es el referente. Casi todos los países han desarrollado sus sistemas sanitarios públicos a partir de su Seguridad Social, posibilitando en algunos casos –como Italia y España- una posterior migración a financiación por impuestos. En la actualidad en la EU-15, además de Alemania, tienen sistemas financiados fundamentalmente por la Seguridad Social: Francia, Bélgica, Austria; en todos estos países existe una importante aportación de impuestos, una tendencia que es más clara en las recientes reformas de Alemania y Francia. Con el ingreso en la UE-25 de los nuevos países del Este que han migrado a sistemas de Seguridad Social desde su anterior financiación estatal, el modelo Bismarck es el dominante en la UE.
 
El referente internacional de los países con financiación sanitaria por impuestos es Servicio Nacional de Salud  (National Health Service, NHS) del Reino Unido, creado en 1948 por el gobierno laborista de Clement Atlee  tras el Informe Beveridge de 1942. A este grupo se adscriben todos los países nórdicos (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia), Irlanda y, en las últimas décadas, los países del sur (Italia, España, Portugal).  
 
En este cuadro defino las diferencias más importantes entre los dos últimos modelos
 

Aconsejo a quienes estén interesados en conocer más estos modelos que lean el artículo “El SNS español en perspectiva comparada europea”[2] de José Manuel Freire[3].
  

miércoles, 11 de enero de 2012

Capital social. ('No volveré a por Ana')

El desmantelamiento del Estado de Bienestar comporta un cierto atentado contra la salud, pues es uno de los factores que la incrementan. De ahí, la necesidad de su defensa, incluso desde las instituciones profesionales o por los propios médicos. Una defensa que facilita el desarrollo de la persona por encima de la pertenencia o no a un determinado grupo.

Los lobos son animales sociales. La manada de lobos tiene una estructura jerárquica en la que cada individuo ocupa su lugar de acuerdo con su edad, fuerza e inteligencia. Los lobos colaboran, por ejemplo, para la caza de mamíferos como el alce, el ciervo o el jabalí. La ventaja de los lobos es su resistencia, que les permite agotar a sus presas. Los lobos son capaces de correr durante horas, y de turnarse en la persecución hasta lograr un ataque fructífero en común, por ejemplo, contra un gran jabalí. Los lobos se comunican mediante aullidos.

Hay otros muchos mamíferos sociales, que también colaboran en la caza, como las hienas, los leones, y las orcas. Las orcas se suelen agrupar en manadas matrilineales, con una hembra de guía, más sus crías y las crías de sus hijas hembras. Los machos se reproducen siempre fuera de su manada de origen. Las orcas cazan peces y mamíferos marítimos, generalmente mediante el trabajo concertado para acorralar y cansar a las presas. Se atreven lo mismo con tiburones que con bancos de arenques, con focas que con ballenas azules. Las orcas fueron denominadas "asesinas de ballenas" por los balleneros españoles, pero en la traducción al inglés se empleó el término "ballenas asesinas". Las orcas son capaces de cazar al otro mamífero marino tan rápido como ellas, la marsopa, mediante la cooperación y gracias a su mayor resistencia. Las orcas tienen un lenguaje complejísimo, característico de cada manada, con clicks, llamadas y silbidos.

Los humanos somos también animales sociales. Para Aristóteles, y antes para Platón, el hombre es necesariamente un animal social y político. Es decir, el todo exige a las partes; las partes son los individuos, integrados en la familia. El lenguaje justifica esa ligazón, ese ser en común, pues existe naturalmente y sólo se justifica por la interacción entre varios individuos. La agrupación humana desemboca en un Estado que pretende el establecimiento de leyes justas que permitan el bien de los habitantes, de sus vidas y su desarrollo intelectual.

La convivencia armónica de los seres humanos se basa en un capital social, en un conjunto de redes, normas, reconocimientos y sanciones que facilitan el desarrollo de los individuos y de los grupos.

"No volveré a por Ana" (la familia)

Un mantra de las teorías del capital social es "no importa lo que conoces; importa a quién conoces". Y en cierta forma es cierto. Bien se ve con las "amistades peligrosas", por ejemplo. Lo rumia Sancho Panza, cuando reflexiona sobre ser más mentecato que el propio Don Quijote, pues le acompaña y hace cierto el refrán de "dime con quién andas, y decirte he quién eres". Lo demuestra la "externalidad positiva" que muchos padres buscan al llevar a sus hijos a colegios de élites; no se trata de lo que aprendan, sino de con quién lo aprendan. En España tenemos ejemplos varios de tales "redes", de tal capital social.

Ser pobre es, precisamente, no tener amigos, ni conocidos, ni redes de apoyo. Ya se sabe, hablando apropiadamente, ni amigos, ni conocidos, ni redes de apoyo que ayuden a resolver los problemas. Se ve bien en Grecia, donde los niños están acabando en instituciones de caridad, por el fracaso de los padres empobrecidos y en paro, por el aumento del alcoholismo y otras drogadicciones, por las familias que acaban viviendo como vagabundos en las calles, por el desastre del capital social que llega a mínimos inadmisibles. Lo expresa bien la nota que acompañaba al niño abandonado en la puerta de un asilo: "No volveré a por Ana. No tengo dinero. No puedo criarla. Lo siento. Su madre".

Los niños son parte del capital social. Los niños son el futuro de la sociedad. Pero en Grecia tener hijos significa pagar más impuestos. Increíble pero cierto; es la forma de resolver la crisis económica y obtener más ingresos, con graves consecuencias en salud:

El problema es más agudo y antiguo en los EEUU, donde más de un millón y medio de niños viven sin hogar:

En España las ayudas a las familias son irrisorias, hasta el punto de que la carencia de capital social a este respecto hace respetable la "esterilidad económica voluntaria". Por eso, las mujeres renuncian a tener más de un hijo, y aceptan tenerlo entre los 35 y los 40 años, en contra de sus deseos y de la Naturaleza. En otros países se apoya a la mujer y a la familia, y se consigue en Noruega, por ejemplo, que el 80% de las mujeres trabaje y que el 82% tenga al menos un hijo menor de 10 años. En Alemania, por cada hijo se ayuda con 150 euros mensuales, hasta los 18 años (o los 25, si estudia), como recuerda Pepe Martínez:

Estado de Bienestar

Precisamos unirnos para conseguir cumplir con la aspiración de Aristóteles, de un Estado que pretenda el establecimiento de leyes justas que permitan el bien de los habitantes, de sus vidas y de su desarrollo intelectual. Puesto que somos seres sociales, la unión nos da seguridad. Al establecer una red de beneficios mutuos, de "hoy por tí, mañana por mí", construimos capital social, evitamos la exclusión social. El capital social se basa en el lenguaje, que permite que nos comuniquemos.

El Estado de Bienestar beneficia tanto a las clases pobres como a las clases medias. El desmantelamiento del Estado de Bienestar sólo beneficia a las clases altas, cuyos miembros siempre "conocen a quien interesa". El Estado de Bienestar asegura que sea el mérito lo que promocione al individuo, no su pertenencia a grupo alguno, como comentan en el British Medical Journal:

Cuando se desmorona el Estado de Bienestar se desintegra un capital social que en Europa es centenario, y construido con el sudor de generaciones que entendieron que era justo y necesario 
1/ apoyar a las familias y a sus hijos, 
2/ establecer una estructura educativa de calidad para todos, 
3/ facilitar el acceso a servicios sanitarios según necesidad (y no según capacidad-deseo de pago) mediante un sistema sanitario público de cobertura universal con escasos o nulos pagos en el lugar de la prestación de servicios, 
4/ redistribuir la riqueza y facilitar las comunicaciones, el transporte, el comercio y la actividad económica, y la participación democrática de todos en la cosa pública y 
5/ crear un sistema de subsidios de desempleo y de pensiones que asegure el futuro.

El Estado de Bienestar lo creamos entre todos con la solidaridad social y el pago de impuestos. No nos regala nadie el Estado de Bienestar, y no se justifica su destrucción por la necesidad de ayudar a los bancos privados imprudentes, con sus préstamos locos a los promotores y constructores de vivienda, y con los políticos del PPSOE declarando en su día, sin parar, en contra de los evidente, que "no hay burbuja inmobiliaria alguna", "habrá un "aterrizaje" suave del boom inmobiliario".

El Estado de Bienestar da seguridad, y con ello incrementa la salud. El capital social, también contribuye a la salud:

Pero el capital social puede verse desde una estrecha mira capitalista que apoye el bienestar sólo en cuanto "productivo", sin más, y en ese sentido es temible, y por ahí va la crítica de Ben Fine:

Cuando los políticos toman medidas que corroen el sistema sanitario público de cobertura universal están desmantelando el Estado de Bienestar, están considerando el capital social sólo en los mínimos. Los médicos tenemos una grave responsabilidad al admitir esos recortes y esos co-pagos indiscriminados. Somos animales sociales y políticos, y como tales habría que actuar para defender leyes justas y al Estado de Bienestar.

¿Tendremos que leer lo de "no volveré a por Ana" para finalmente conmovernos y reaccionar?

Juan Gérvas (jgervasc@meditex.es) es médico general y promotor del Equipo CESCA (www.equipocesca.org)
El  Mirador
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