domingo, 20 de enero de 2013

El negocio de la Sanidad

Los profesionales de la sanidad de Madrid llevan ya más de dos meses en pie de guerra. Después de cinco semanas de huelga indefinida, encierros, manifestaciones y anuncio de dimisiones, el conflicto continúa y el gobierno regional permanece impasible, enrocado y sin ninguna muestra de ceder un ápice. Con un gran cinismo pasa de las manifestaciones, y es que nada o poco pierde con ellas. Los huelguistas, para defender lo que creen justo, han hecho un gran esfuerzo económico, sacrificando el salario de muchas jornadas; a pesar de la responsabilidad del personal sanitario para mantener los servicios mínimos, los pacientes, como es lógico, han sufrido deterioro o retrasos en la asistencia; el gobierno regional, nada de nada. Poca importancia tiene todo eso comparado con los intereses económicos en juego, que -como se puede apreciar en el caso Güemes- van a beneficiar en el futuro a alguno de los que hoy componen dicho gobierno.

La solución del conflicto solo puede venir de la concienciación de todos los madrileños, asumiendo que esto no es un problema corporativo, tal como nos quiere hacer creer el consejero Fernández-Lasquetty, sino que afecta a todos los ciudadanos de Madrid y me atrevería a decir que de toda España, ya que el modelo puede extenderse, y de hecho se extiende, a otras muchas regiones. Nos estamos jugando la sanidad pública. Únicamente la manifestación masiva de toda la sociedad podría obligar al gobierno a dar marcha atrás.

La idea que quiere transmitir Fernández-Lasquetty de que privatizando la gestión de la sanidad se ahorran recursos no tiene ni pies ni cabeza. Los datos y el sentido común dicen lo contrario. Los datos: basta con dirigir la vista a EE UU, país en el que la gestión de toda la sanidad es privada, incluso el 40% que costea el Estado mediante el Medicare y el Medicaid. El gasto por habitante es tres veces el de España y sin embargo el 15% de la población no tiene cobertura y el 40%, muy deficiente. El sentido común: porque es indudable que algo tendrán que ganar las empresas privadas cuando ambicionan con tanto empeño hacerse con un trozo de pastel. En EE UU, tantos eran los intereses económicos en juego que lo único que no pudo conseguir Obama en su reforma de la sanidad fue la creación de un organismo público que prestase la asistencia sanitaria, aun cuando fuese en concurrencia y en igualdad de condiciones con las sociedades privadas.

El pastel ciertamente es muy grande porque si en algún ámbito es peligroso introducir criterios de explotación y beneficio es en la sanidad, en la que el paciente se encuentra totalmente indefenso y no puede saber si se está haciendo todo lo posible para diagnosticar y curar en su caso la enfermedad o aplicando tan solo las pruebas y las terapias de menor coste y que pueden dejar más margen al hospital y a la empresa. Los beneficios privados solo pueden tener dos orígenes. El primero y más claro, la consecución de una reducción en los costes deteriorando los servicios y la asistencia; pero, cuando se mezcla la gestión pública con la privada, hay otro posible motivo de beneficio (el segundo), que aparece de manera menos explícita pero no por eso es menos eficaz, el derivar a los centros públicos aquellas patologías de coste elevado y a los enfermos de mayor riesgo.

El capital descubrió Jauja hace ya tiempo. Está abandonando los sectores económicos con riesgo y se dirige a aquellos que, por tratarse de prestación de servicios y suministros públicos o estratégicos, constituyen mercados cautivos y sin apenas competencia. Ha forzado en todos los países la privatización de las grandes empresas públicas o la concesión privada del servicio: gas, electricidad, hidrocarburos, autopistas, agua, bancos, aeropuertos, ferrocarriles, etc. La demanda es rígida y el beneficio está asegurado; además, si en algún caso se produce un error de cálculo, el coste no lo paga el empresario sino el erario público, ya que el Estado no puede permitir que algunos de estos servicios queden sin cubrir. El ejemplo más reciente se encuentra en la misma región de Madrid, donde las llamadas autopistas radiales, construidas mediante concesión por empresas privadas, han sido un auténtico fracaso porque el tráfico ha sido muy inferior al esperado y el coste de las expropiaciones, más alto. De forma bastante artera y casi sin divulgación a la opinión pública, los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo para que el erario público asuma el desaguisado.

La asistencia sanitaria parece ahora la pieza a cobrar. La concesión de hospitales y centros de salud a la empresa privada se contempla como una operación enormemente lucrativa. Por una parte, los beneficios pueden ser cuantiosos mediante la depauperación paulatina de los servicios o la externalización de los costes a los hospitales públicos; pero, por otra, existe una ausencia total de riesgo para las empresas privadas porque en el caso de que no resultase tan rentable como ahora piensan se pactarían nuevas condiciones con la Administración, que no podría oponerse a ellas ante la amenaza de dejar sin asistencia sanitaria a la población.

¿Por qué ese empeño del gobierno regional de Madrid en privatizar la gestión de la sanidad? La respuesta no es demasiado difícil si consideramos algunos datos: el director general de Hospitales de Madrid es Antonio Bargueño, que proviene del sector privado de la sanidad y es el inventor del Modelo Alcira, fracasado en Valencia y que pretende copiar la Comunidad de Madrid. A su vez, los dos antecesores de Fernández-Lasquetty en la Consejería de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, se han incorporado a empresas de la sanidad privada. El maridaje entre cargos del sector público y sector privado genera la sospecha acerca de dónde se encuentran en realidad los intereses de nuestros políticos.

Pero el amancebamiento por desgracia no se limita al sector sanitario. Se ha extendido a todas las áreas económicas, se generaliza cada vez más y afecta a todos los partidos que han pasado por el Gobierno: PP, PSOE, CiU, PNV, etc. Los casos son innumerables, más bien la excepción es la contraria y son contados los ministros, secretarios de Estado, consejeros de Comunidad, etc., que cuando dejan su cargo retornan a su antiguo trabajo, si es que alguna vez tuvieron alguno. Lo más decepcionante es que tal comportamiento no provoca repulsa social alguna y los afectados continúan contando con todo su prestigio. Bien es verdad que tal condición la concede por lo general el poder económico y precisamente es el poder económico el beneficiario también de tales tránsitos.

Juan Fco Martín Seco
República.com

lunes, 14 de enero de 2013

Bancos y grandes constructoras cambian el ladrillo por el agua

Cada vez más ayuntamientos optan por privatizar el suministro de agua con la excusa de hacer frente a sus deudas. Dos compañías se reparten cerca del 80% de este nuevo negocio: FCC  y Agbar.

Según la ONU, hay 1.100 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al agua potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció este acceso como un derecho humano básico, un derecho que en España empieza a ser un negocio que está pasando a manos privadas.

Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir, quienes se encargaban de hacer que este recurso natural de primera importancia llegara a los ciudadanos, eran los ayuntamientos. A través de entidades locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado los procesos de privatización de este suministro. El procedimiento es sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon concesional”. Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para aliviar su desastrosa situación financiera.

Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, ya ha bautizado este fenómeno como “burbuja hídrica”. A su juicio, “se acabó el ladrillo y ahora hace falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que proponen es vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua”.

La forma de privatizar es a través de un partenariado Público Privado (PPP) mediante el cual se otorga una concesión durante 40 o 50 años a una empresa privada. Así, las compañías se hacen con un mercado sin competencia local, un auténtico monopolio, y con un usuario seguro y permanente, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro de entre el 95% y el 97%.

Al calor del negocio del agua han acudido tanto empresas francesas del sector como el lobby de las grandes constructoras. Solo la catalana Agbar (filial de la francesa Suez), con 13 millones de usuarios, y FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), un grupo de construcción y servicios, con sus más de 9 millones de abonados, controlan cerca del 80% del mercado privatizado. Todo un oligopolio al que se ha sumado Acciona, que acaba de obtener la licencia de Aigües del Ter-Llobregat, suministradora del agua a Barcelona y a Cáceres.

Pero para entrar en el negocio del agua hace falta capital, y ahí es donde entra en juego la banca. Las grandes empresas que optan a los concursos de privatización suelen tener detrás una entidad bancaria que les va a financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central Europeo les ha prestado al 1% de interés, una medida excepcional para inyectar liquidez en el sector financiero. Hay que recordar que, por imposición europea, los ayuntamientos no pueden tener una línea directa de financiación, un dinero que sí pueden recibir a través de los PPP, en los que el socio privado hace de banquero.

Para el economista y miembro de Nueva Cultura del Agua Pedro Arrojo, “privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar de intereses”.

Un futuro oscuro
Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, la entrada de la empresa privada en el sector “no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia”. Los responsables del estudio se preguntan si “hay otras razones que estén impulsando el proceso privatizador experimentado por el sector”, en este caso en Andalucía.

Los expertos señalan siempre los motivos económicos. De hecho, Babiano solo encuentra inconvenientes, ya que “el modelo de gestión pública-privada es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa; oscuro porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida del control por parte de las administraciones”. A su juicio, de continuar con esta deriva privatizadora, “dentro de 20 años tendremos los ratios de aumento tarifario más caros de Europa, habrá una degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”.

El experto va más allá, y profetiza que el resultado de esta burbuja hídrica supondrá “una ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, lo que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate público pagado por todos”. ¿Les suena de algo?.

«Privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana», según el economista Pedro Arrojo

Toni Martínez

¿Son las Mareas un nuevo Sindicalismo?

El pasado mes de Septiembre se ha cumplido un año del nacimiento de la Marea Verde en defensa de la educación pública. Un año después podemos afirmar que el fenómeno de las Mareas no es algo aislado, sino que compone (ahí está la Marea Blanca como su mejor expresión) una nueva realidad organizativa. Queremos identificar alguna de sus particularidades para responder a la pregunta inicial: ¿Prefiguran las mareas un nuevo sindicalismo? 

1.- De la defensa de lo público a las comunidades
La diferencia esencial del movimiento de las Mareas con las concepciones tradicionales del sindicalismo es el haber abandonado la defensa de los servicios públicos como conflictos corporativos que se vinculan de forma exclusiva a las reclamaciones salariales inmediatas  de los y las profesionales. El éxito de las movilizaciones de las Mareas Verde y Blanca se debe a que han sabido abrir el problema de los recortes a toda la sociedad. Apelando a las comunidades como defensa fundamental de los servicios públicos se introduce la idea de que la salud o la educación son cuestiones comunes que necesariamente deben ser defendidas por todo el mundo.
 
Al abrirse la problemática a la sociedad al completo se empieza a romper la frontera entre usuarios de un servicio y profesionales del mismo. Se establece la noción básica de que centros de salud, colegios y hospitales son espacios de y para cualquiera. Así se supera la idea de que un servicio público es competencia exclusiva de la administración pública.
 
En los últimos años, el discurso neocon de ataque a los funcionarios públicos se había sostenido precisamente sobre una condición de privilegio de estos profesionales en relación al resto, por unas mejores y más estables condiciones laborales “pagadas por todos”; las Mareas han demostrado, como se decía, que no luchan solo por mantener esos beneficios sociales y además han hecho visible lo avanzada que está la precariedad en el empleo públicos (interinos, laborales, subcontratas, externalizaciones). Los conservadores-liberales también les acusaban de “vagos”, de “no hacer nada”, de “estar chupando del bote”; las Mareas han demostrado que a muchos empleados públicos les importa muchísimo lo que hacen y están dispuestos a renunciar a salario (con las huelgas) y a méritos (con las dimisiones de cargos de responsabilidad) para defender el servicio.
 
Esa apertura está llena, además, de afectos, de complicidades y guiños constantes entre comunidades y profesionales que reproducen un lazo social, un vínculo que favorece el apoyo y que convierte a cada persona en co-participante de las movilizaciones.
 
2.- Huelga intensiva, toma de la ciudad y comunicación.
En las últimas semanas hemos visto intensificarse la campaña por “regular el derecho de huelga” por un único motivo, las Mareas han colocado en el centro la idea de la huelga intensiva, como uno de los mecanismos esenciales de conflicto.
 
Se  entiende que para bloquear las dinámicas de reproducción del propio servicio público es necesario bloquearlo de manera más o menos constante. Esto, que fue un debate intenso el inicio de la Marea Verde  (huelga indefinida o huelga puntual) En el caso de la Marea Blanca es la constante habitual y ha sido capaz de sostenerse poque han incorporado dos elementos que pueden ser fundamentales para comprender su éxito: un sistema de rotaciones que distribuye las cargas económicas de la huelga y un especial celo en mantener una excrupulosa cobertura de la atención sanitaria hacia aquellas personas o situaciones que más lo necesitan.
 
Esta huelga intensiva no se limita a la detención del servicio, sino que se acompaña con otra serie de cuestiones que apuntan a la victoria en los conflictos abiertos con la administración como una cuestión de democracia, gobernabilidad y dominio del espacio urbano. Las Mareas toman la ciudad en grandes movilizaciones que bloquean el tránsito y que atraviesan los medios de comunicación demostrando la ingobernabilidad de la situación. Se trata de producir desorden, de demostrar una anomalía.
 
Así, la huelga se acompaña con encierros, acciones de desobediencia civil e incluso la presión directa a las instituciones rodeando  la asamblea de Madrid, las consejerías, etc.
 
Todo ello construido con una potencia comunicativa independiente capaz e llegar a casi todos los públicos a través de la comunicación vía redes sociales que conecta los distintos centros y un impresionante depliegue en formatos tradicionales  (cartelería, pancartas, pegatinas, camisetas…). En relación al uso de las redes sociales está siendo especialmente relevante en la Marea Blanca, dónde en vez de haber una “cuenta de la Marea” hay cuentas abiertas centro a centro y la idea de Marea es un logo abierto, común, participable por cualquiera. Además la estrategia comunicativa se ha apoyado en ambas mareas en una amplia producción de conocimiento teórico-técnico para atacar uno a uno los argumentos utilizados por la Comunidad de Madrid para justificar los recortes.
 
3.- Paradoja sindical y democracia organizativa
Se da la paradoja de que cuanto más estructurada y potentes son las estructuras sindicales tradicionales en los servicios públicos, más difícil es que estas dinámicas de las Mareas se desarrollen por completo. Así, la Marea Blanca, que tendría a priori menor potencia sindical clásica (a pesar de la presencia de los colegios profesionales o los sindicatos de tipo corporativo) que espacios como la educación pública, es capaz de generar una dinámica de conflicto mayor.
 
Los servicios públicos de transporte o de comunicación, con niveles más altos de sindicación tienen muchas dificultades para desarrollar este tipo de prácticas y producir esa alianza “profesionales-usuarios/as” que es clave para el desarrollo del conflicto. En la última huelga de Metro en Madrid hemos visto cómo esas diferencias remitían levemente porque las redes sociales han activado esos afectos de mutuo reconocimiento, pero no se ha configurado como Marea.  No hay carteles hechos a mano en los túneles que expliquen el conflicto, no nos invitan a movilizaciones imaginativas tipo “Yo no pago” para potenciar la participación de las personas en el conflicto como algo propio. personal en los vagones o en las salidas del metro contando que se movilizan por la defensa de un servicio público, no solo por mantener ciertas condiciones laborales. Algo similar sucede con las movilizaciones de defensa de Telemadrid, con muchas dificultades para construir como común una televisión que ha sido la punta de lanza de la manipulación en la Comunidad de Madrid (Con la oposición, eso si, de los y las profesionales de la misma)
 
La Marea Verde estuvo claramente atravesada desde el principio por relación conflictiva que se viene produciendo en diferentes ámbitos entre las institiuciones políticas tradicionales y las nuevas formas de expresión política surgidas a partir del 15M. Organizada de forma asamblearía en el marco de la explosión movilizadora del 15M entre interinos, funcionariado y posteriormente una parte de la comunidad educativa , se encontró con unos sindicatos educativos mayoritarios que al tiempo que mantenían una posición de escucha y facilitación de los espacios de encuentro querían mantenerse a toda costa como cabeza visible e interlocución necesearia con con la Comunidad de Madrid, pese a que ésta les ignoraba sistemáticamente.  Los sindicatos de concertación, que veían la propia Marea con interés (por su potencia) y con recelo (porque esa potencia podía poner en crisis su hegemonía) apostarón por limitar el alcance de la movilización por temor a una posible derrota que los dejara en una peor posición.
 
4.- ¿Podemos soñar?
Imaginemos un desarrollo de estas dinámicas de Mareas como instituciones socio-sindicales de nuevo tipo. ¿Podríamos pensar estructuras sindicales en las que las comunidades no-profesionales, los y las usuarios de los servicios tuvieran voz y voto? ¿Es posible democratizar las instituciones sindicales para ponerlas al servicio de una dinámica comunitaria? ¿Que tipo de reivindicaciones de carácter ofensivo se podrían producir? ¿Podemos pensar que un nuevo sindicalismo pasa no solo por la defensa de las condiciones de vida de los profesionales, sino también por la defensa y el desarrollo de los servicios públicos que ofrecen? ¿Qué poder pueden tener ahí las comunidades? ¿Puede la propuesta de las Mareas extender a sectores que no sean el empleo público? ¿Puede sobrevivir el sindicalismo tal y como lo hemos conocido hasta ahora si no asume estas posiciones?
 
Madrilonia.org