domingo, 29 de diciembre de 2013

La crisis, la LOMCE y PISA

Durante este poco feliz año 2013 continuaron los recortes en el gasto público con los cuales Europa intenta superar la crisis económica, y que tan arbitrariamente distribuye nuestro gobierno, así como las protestas de los sectores afectados, en particular la enseñanza; la OCDE publicó los resultados de PISA, el examen de las competencias cognitivas básicas de los alumnos de quince años, con los mismos resultados de las ediciones anteriores (aquí no se ha notado la crisis, pero muchos países europeos empeoraron sus puntuaciones). Menos mal que las Cortes aprobaron la LOMCE (Ley Orgánica calidad de la Educación, también llamada ley Wert), que, modificando algunos artículos de la ley anterior, pretende ni más ni menos que ayudar a superar la crisis económica mejorando las puntuaciones del país en PISA.

¿Qué futuro puede augurarse a tales ilusiones? En realidad, la mayor parte de los cambios que introduce la LOMCE son de poca relevancia. Unos responden al patrón de ‘legislación expresiva’ apropiada para afirmar la propia identidad partidaria y aglutinar a la parroquia. Así, a los 16 principios de la LOE se añaden otros dos, el derecho de los padres a elegir educación y la libertad de enseñanza, copiando sin novedad la Constitución; se ha añadido el espíritu emprendedor a los objetivos de la educación primaria, y se han colocado por doquier menciones al ‘emprendimiento’; se quitan competencias a los Consejos Escolares y se le dan al director; se elimina la educación para la ciudadanía como asignatura, volviendo al enfoque “transversal’ de la LOGSE, y al tiempo se pone la Religión en el lugar que según la Iglesia Católica le corresponde. Son cambios buenos para contentar a los votantes en el plano simbólico o ideológico, pero de nula influencia en los resultados académicos, y no digamos en la competitividad de la economía.

Otros cambios son más pragmáticos, pues no sólo de ideología vive un partido. Por ejemplo, se autoriza a financiar centros que separan chicos y chicas, una aspiración por ahora limitada a ciertos católicos radicales; se favorece a la enseñanza privada introduciendo la ‘demanda social’ como criterio para la creación de centros, y se legaliza la cesión de suelo público para la construcción de centros privados. En los planes de estudio gana mucho la Economía y pierden la música y las artezs. Pero nadie va a confundir los favores que la LOMCE pueda procurar a ciertos intereses particulares con el cambio de modelo productivo.

La uniformidad de la enseñanza (comprensividad) en la adolescencia es quizás el problema más complejo e ideologizado de todo el sistema educativo. La LOMCE pretende aliviarlo con itinerarios más rígidos y tempranos que los actuales. Las ‘diversificaciones curriculares’ se sustituyen por ‘programas de mejora’, que se adelantan a los 13 años; las 56 opciones que permite la LOCE en cuarto de ESO (tres asignaturas de entre ocho) quedan reducidas a 9 por la separación entre un itinerario académico, donde se eligen dos asignaturas de cuatro, y uno profesional donde se eligen dos de tres. A cambio, se introduce una opción más, la Formación Profesional Básica, ampliación de la Garantía Social de la LOGSE y los PCPI de la LOCE, que dura dos cursos –cuarto de ESO y uno más- y conduce a un título con el que se puede ingresas en el nivel medio de la FP. Queda por ver en cuánto este nuevo arreglo disminuirá la repetición y el abandono temprano, como sus defensores prometen, y en cuánto aumentará la segregación y el clasismo, que es lo que auguran sus adversarios.

La novedad más importante de la LOMCE son las ‘reválidas’ al final de la ESO y del Bachillerato. No cabe duda de que establecer criterios claros y objetivos para la obtención de los títulos es algo positivo en términos de igualdad y de información. Pero en la práctica, todo depende de que se apliquen bien las pruebas adecuadas, como bien reconoce el propio preámbulo de la LOMCE. Por el momento los augurios no pueden ser peores. Si las pruebas han de ser ‘homologables a las que se realizan en el ámbito internacional y, en especial, a las de la OCDE”, entonces se van a medir competencias básicas que no sirven para evaluar la enseñanza propiamente escolar, según concluyen los propios informes PISA.

Los exámenes centrales merman la autonomía pedagógica de los centros, pero la LOMCE intenta aumentar la de gestión, creyendo que, combinada con los exámenes centrales, va a mejorar los resultados del sistema. Tal creencia se basa en evidencia producida por PISA, que ha revelado poco sólida. Los hallazgos iniciales, basados en PISA 2003, quedaron muy debilitados en PISA 2009, y exangües en PISA 2012, que se limita a constatar que en los sistemas con mejores resultados las escuelas tienen mayor autonomía en asuntos de curriculum y de evaluación.

¿Qué cabe, en fin, esperar de la LOMCE? No la catástrofe que algunos auguran, quizás confundiendo la Ley con los recortes que la han precedido. Tampoco, desde luego, las mejoras que otros prometen, apoyándose en deleznables correlaciones. Lo más probable es que, como la LOCE y la LOE, tenga efectos pequeños y discutibles.

Julio Carabaña. Catedrático en Sociología y experto en Educación de la Universidad Complutense de Madrid
Público.es
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jueves, 19 de diciembre de 2013

Obligación y voluntariedad de la asignatura de Religión

Desde que la educación en España comenzó a dejar de ser nacionalcatólica, allá con la Ley General de Educación (LGE) de 1970, la alternativa a la religión no ha dejado de ser un problema a la hora de organizarla en Colegios e Institutos. En esto (tampoco en esto), ni el regreso de la democracia ni la revisión del Concordato de 1953, realizada entre 1976 y 1979, aportan nada nuevo.

Con la LGE se creó la fórmula de “oferta obligatoria y elección voluntaria” tan afecta a la partitocracia del consenso que acometió la llamada “transición a la democracia”, la cual heredó y conservó la estructura de poder del Estado, feliz ante la expectativa de “acomodar” el franquismo sociológico. Una de las pruebas es esta, la cuestión de la religión en la escuela, donde el artículo 27 de la Constitución y los Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales, sólo vinieron a dar carta de naturaleza a lo que ya se estaba haciendo.

En esa fórmula se encuentra el nudo gordiano del problema. En primer lugar, que la obligatoriedad pase del alumno al Centro evidencia que quien plantea esta fórmula se encuentra lejos de concebir tanto la posibilidad de una protección efectiva de la libertad de conciencia de los menores, como la necesidad de una enseñanza confesionalmente neutra que dé cabida a todos para poderse encontrar en el espacio público. Por un lado la protección de la libertad de conciencia queda anulada a partir del momento que se concede a los Centros y a sus Consejos Escolares la categoría de intérpretes del Derecho Civil, pasando a depender por tanto dicha interpretación de sus respectivas idiosincrasias formadas y forjadas bajo el nacionalcatolicismo. Además, la protección efectiva de la libertad de conciencia queda eliminada en la medida que los Colegios y los Institutos se llenan de sacerdotes en una primera oleada y de seglares minuciosamente elegidos en función de su ideología en una segunda oleada, que forman una red de parafuncionarios que no sólo evangelizan en las clases sino que pasan a pertenecer a unos Claustros generalmente apáticos pero sensibilizados ante sus “situaciones personales”. A día de hoy, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas este parafuncionariado tiene más derechos que el profesorado interino y más estabilidad de destino que buena parte de los funcionarios de carrera, ante la indiferencia y pasividad de unos profesionales y unos representantes sindicales que expresan como pueden el virus, inoculado en sus cerebros de pequeñitos para controlar su conciencia, llamado “temor de Dios”.

Por otro lado, la neutralidad confesional real, en democracia, sólo pasa por la igualdad negativa de todas las convicciones (religiosas y no religiosas), dado que una interpretación positiva, como pretende hacer el pluriconfesionalismo travestido de aconfesional que padecemos, no es ni posible económicamente ni deseable para desterrar la discriminación de convicciones que tantos siglos de persecuciones, sufrimiento y muerte nos ha legado. Esa igualdad negativa en el trato público de todas las convicciones sólo se consigue a partir del momento en que el estado actual de la ciencia se convierte en criterio de una actuación curricular y pedagógica, tanto para las Administraciones como para los profesionales que transforman y contextualizan las normativas en realidades palpables. En este sentido plantear sacar la religión del horario lectivo como hace el PSOE, posible constitucionalmente, más allá de la crítica por hipócrita y electoralmente oportunista, es una propuesta que continúa vinculando al parafuncionariado de catequistas con los Centros educativos, por muy voluntaria que sea su elección. Tan sólo dos cuestiones al respecto: ¿cómo se garantizaría “la libre elección del alumnado” de transporte? ¿Qué problema existe en que las confesiones utilicen sus propios establecimientos para formar a sus fieles, lugares financiados ya de por sí con abundante dinero público?

En segundo lugar, la elección voluntaria presenta múltiples vías de coacción, desde los contextos de secularización social en los que aplica, hasta la autónoma y no siempre mal intencionada interpretación de los Centros para organizar la “alternativa” a la religión o materia “espejo”. En cualquier caso, la laxitud y la desidia con que los Centros y la Inspección Educativa han asumido la aplicación de las disposiciones legales tan solo ha supuesto nuevos focos de conflictividad tanto a nivel organizativo como a nivel social en relación al trato recibido por los alumnos.

Dejando a un lado la simbología confesional en espacios comunes que a día de hoy se mantiene en Centros públicos, especialmente de Primaria, o la organización de actividades extracurriculares y complementarias, de obligada participación y de carácter confesional, no cabe duda que no tomarse en serio la organización de la Atención Educativa (la “alternativa”) ha supuesto un amortiguador contraproducente para la toma de conciencia de lo pernicioso del problema de la religión en la escuela. Los datos ayudan a confirmar esta idea: según una reciente encuesta realizada a 600 profesores, casi el 80% de los encuestados no quiere que la religión sea evaluable como prevé la LOMCE, pero por otro lado, en una mezcla de irresponsabilidad profesional y de venganza con finalidad “progre”, a la hora de impartir la materia de Atención Educativa, en aquellos Centros en los que se oferta —hecho que no ocurre en todos, con la conformidad latente de la Inspección Educativa— se hace todo lo posible para vaciarla de contenido, por muy “no curricular” que deba ser, convirtiéndola en una hora de guardería o situando la materia al final del horario de la jornada lectiva. ¡Ocultando el impacto confesionalista en la Escuela! ¿O acaso debe valorarse positivamente su efecto en la progresiva disminución, año tras año, del alumnado en la materia de Religión? Olvidando la explicación multicausal de los hechos, pensar que convertir la “alternativa” en hora libre atraería a más alumnado en detrimento de la materia de Religión, sólo desvela la naturaleza del progresismo de salón, de revolucionario de fin de semana que únicamente pretende satisfacer su hipócrita instinto anticlerical sin abordar las cuestiones de fondo. Pensar y actuar de este modo sólo justifica un retroceso normativo tal y como supone la LOMCE en este ámbito. De hecho, altos representantes del Ministerio de Educación, como la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, justifican la reforma en base a que en la “alternativa” no se hace “literalmente nada”.

España es un país de soberanía limitada. Sólo desde el respeto y la no discriminación a la pluralidad de convicciones, con la consiguiente articulación normativa que haga posible la convivencia libre y en pie de igualdad de las conciencias, será posible una soberanía sin tutelajes particularistas, sean religiosos o de cualquier otro tipo.

Mientras tanto, todo sigue igual: educación confesionalizada de facto y con exigencias insaciables de la Conferencia Episcopal, red de catequistas infiltrados con aspiraciones a consolidar su “funcionariado” y legitimación del adoctrinamiento religioso con dinero público y en Centros públicos. Para mayor desgracia, se alimenta un asunto que solo contribuye a la ideologización de la educación y su consiguiente politización y electorización.

M. A. López Muñoz es profesor de Filosofía y director en un Instituto de Enseñanza Secundaria
Mientras Tanto
Desde que la educación en España comenzó a dejar de ser nacionalcatólica, allá con la Ley General de Educación (LGE) de 1970, la alternativa a la religión no ha dejado de ser un problema a la hora de organizarla en Colegios e Institutos. En esto (tampoco en esto), ni el regreso de la democracia ni la revisión del Concordato de 1953, realizada entre 1976 y 1979, aportan nada nuevo.
Con la LGE se creó la fórmula de “oferta obligatoria y elección voluntaria” tan afecta a la partitocracia del consenso que acometió la llamada “transición a la democracia”, la cual heredó y conservó la estructura de poder del Estado, feliz ante la expectativa de “acomodar” el franquismo sociológico. Una de las pruebas es esta, la cuestión de la religión en la escuela, donde el artículo 27 de la Constitución y los Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales, sólo vinieron a dar carta de naturaleza a lo que ya se estaba haciendo.
En esa fórmula se encuentra el nudo gordiano del problema. En primer lugar, que la obligatoriedad pase del alumno al Centro evidencia que quien plantea esta fórmula se encuentra lejos de concebir tanto la posibilidad de una protección efectiva de la libertad de conciencia de los menores, como la necesidad de una enseñanza confesionalmente neutra que dé cabida a todos para poderse encontrar en el espacio público. Por un lado la protección de la libertad de conciencia queda anulada a partir del momento que se concede a los Centros y a sus Consejos Escolares la categoría de intérpretes del Derecho Civil, pasando a depender por tanto dicha interpretación de sus respectivas idiosincrasias formadas y forjadas bajo el nacionalcatolicismo. Además, la protección efectiva de la libertad de conciencia queda eliminada en la medida que los Colegios y los Institutos se llenan de sacerdotes en una primera oleada y de seglares minuciosamente elegidos en función de su ideología en una segunda oleada, que forman una red de parafuncionarios que no sólo evangelizan en las clases sino que pasan a pertenecer a unos Claustros generalmente apáticos pero sensibilizados ante sus “situaciones personales”. A día de hoy, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas este parafuncionariado tiene más derechos que el profesorado interino y más estabilidad de destino que buena parte de los funcionarios de carrera, ante la indiferencia y pasividad de unos profesionales y unos representantes sindicales que expresan como pueden el virus, inoculado en sus cerebros de pequeñitos para controlar su conciencia, llamado “temor de Dios”.
Por otro lado, la neutralidad confesional real, en democracia, sólo pasa por la igualdad negativa de todas las convicciones (religiosas y no religiosas), dado que una interpretación positiva, como pretende hacer el pluriconfesionalismo travestido de aconfesional que padecemos, no es ni posible económicamente ni deseable para desterrar la discriminación de convicciones que tantos siglos de persecuciones, sufrimiento y muerte nos ha legado. Esa igualdad negativa en el trato público de todas las convicciones sólo se consigue a partir del momento en que el estado actual de la ciencia se convierte en criterio de una actuación curricular y pedagógica, tanto para las Administraciones como para los profesionales que transforman y contextualizan las normativas en realidades palpables. En este sentido plantear sacar la religión del horario lectivo como hace el PSOE, posible constitucionalmente, más allá de la crítica por hipócrita y electoralmente oportunista, es una propuesta que continúa vinculando al parafuncionariado de catequistas con los Centros educativos, por muy voluntaria que sea su elección. Tan sólo dos cuestiones al respecto: ¿cómo se garantizaría “la libre elección del alumnado” de transporte? ¿Qué problema existe en que las confesiones utilicen sus propios establecimientos para formar a sus fieles, lugares financiados ya de por sí con abundante dinero público?
En segundo lugar, la elección voluntaria presenta múltiples vías de coacción, desde los contextos de secularización social en los que aplica, hasta la autónoma y no siempre mal intencionada interpretación de los Centros para organizar la “alternativa” a la religión o materia “espejo”. En cualquier caso, la laxitud y la desidia con que los Centros y la Inspección Educativa han asumido la aplicación de las disposiciones legales tan solo ha supuesto nuevos focos de conflictividad tanto a nivel organizativo como a nivel social en relación al trato recibido por los alumnos.
Dejando a un lado la simbología confesional en espacios comunes que a día de hoy se mantiene en Centros públicos, especialmente de Primaria, o la organización de actividades extracurriculares y complementarias, de obligada participación y de carácter confesional, no cabe duda que no tomarse en serio la organización de la Atención Educativa (la “alternativa”) ha supuesto un amortiguador contraproducente para la toma de conciencia de lo pernicioso del problema de la religión en la escuela. Los datos ayudan a confirmar esta idea: según una reciente encuesta realizada a 600 profesores, casi el 80% de los encuestados no quiere que la religión sea evaluable como prevé la LOMCE, pero por otro lado, en una mezcla de irresponsabilidad profesional y de venganza con finalidad “progre”, a la hora de impartir la materia de Atención Educativa, en aquellos Centros en los que se oferta —hecho que no ocurre en todos, con la conformidad latente de la Inspección Educativa— se hace todo lo posible para vaciarla de contenido, por muy “no curricular” que deba ser, convirtiéndola en una hora de guardería o situando la materia al final del horario de la jornada lectiva. ¡Ocultando el impacto confesionalista en la Escuela! ¿O acaso debe valorarse positivamente su efecto en la progresiva disminución, año tras año, del alumnado en la materia de Religión? Olvidando la explicación multicausal de los hechos, pensar que convertir la “alternativa” en hora libre atraería a más alumnado en detrimento de la materia de Religión, sólo desvela la naturaleza del progresismo de salón, de revolucionario de fin de semana que únicamente pretende satisfacer su hipócrita instinto anticlerical sin abordar las cuestiones de fondo. Pensar y actuar de este modo sólo justifica un retroceso normativo tal y como supone la LOMCE en este ámbito. De hecho, altos representantes del Ministerio de Educación, como la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, justifican la reforma en base a que en la “alternativa” no se hace “literalmente nada”.
España es un país de soberanía limitada. Sólo desde el respeto y la no discriminación a la pluralidad de convicciones, con la consiguiente articulación normativa que haga posible la convivencia libre y en pie de igualdad de las conciencias, será posible una soberanía sin tutelajes particularistas, sean religiosos o de cualquier otro tipo.
Mientras tanto, todo sigue igual: educación confesionalizada de facto y con exigencias insaciables de la Conferencia Episcopal, red de catequistas infiltrados con aspiraciones a consolidar su “funcionariado” y legitimación del adoctrinamiento religioso con dinero público y en Centros públicos. Para mayor desgracia, se alimenta un asunto que solo contribuye a la ideologización de la educación y su consiguiente politización y electorización.

[M. A. López Muñoz es profesor de Filosofía y director en un Instituto de Enseñanza Secundaria]
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martes, 10 de diciembre de 2013

Los fondos públicos aportan más de un tercio del negocio de la sanidad privada

Entre conciertos y privatizaciones de servicios las administraciones aportan 2.500 millones al sector, lo que supone un 37% de su facturación total.

La Federación Nacional de Clínicas Privadas asegura que la concertación ha bajado un 15% y que los pagos en 30 días sólo se dan en un 11% de los casos

Buena parte del dinero que mantiene pujante el negocio de la sanidad privada sigue llegando desde las arcas públicas. Inexorablemente, mientras los Gobiernos destinan menos recursos a la sanidad pública, el sector privado crece y se nutre, en buena parte, de dinero de los impuestos que se trasvasa hacia centros de empresas privadas.

El volumen de negocio de las clínicas privadas no ha sufrido merma por la crisis económica con crecimiento. En 2012 la facturación ascendió a 6.125 millones de euros, un 0,4% más que el año anterior. 1.702 millones procedieron de conciertos con las administraciones públicas, un 27,8%. Pero no se queda ahí la financiación pública de las compañías sanitarias, ya que la facturación de las contratistas a las que alguna comunidad autónoma, como Madrid o Valencia, cede la asistencia en hospitales o centros de salud añadió otros 800 millones, un incremento del 10% respecto a 2011. Así, el sector se embolsó 2.500 millones de las haciendas públicas, un 37,7% de todos sus ingresos.

Esta situación de "marcada dependencia" según explica la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), es delicada incluso para esta patronal, ya que "sólo el 11% de las facturas se abonan en 30 días", cuentan. Incluso aseguran que un tercio de clínicas acumula más de un millón de euros adeudados. Y eso que la FNCP calcula que los conciertos han disminuido "un 15%". 

La Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública analiza, en cambio, que este proceso sigue la lógica de un plan que parte del Gobierno y se apoya en las empresas del sector. Entre otros aspectos, destacan "la generalización de la atención sanitaria de funcionarios mediante acuerdos con aseguradoras privadas o la privatización de recursos con la gestión de centros por parte de contratistas".

Estos aspectos están desde hace mucho tiempo en las agendas de las empresas sanitarias y de algunos dirigentes políticos. El 23 de mayo de 2012, en el hotel Hesperia de Madrid, se produjo un encuentro especializado en Gestión de Clínicas. Se habló de "la visión del nuevo Gobierno sobre el papel que debe desempeñar la sanidad privada en el sistema sanitario" o de "nuevas líneas de actuación en la participación público-privada". A 1.150 euros por asistente y patrocinada por Asisa, la inauguración corrió a cargo de José Ignacio Echániz, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y secretario del sector del Partido Popular. Entre los ponentes aparecía el director de Colaboración Público-Privada de Deloitte, el de Servicios Hospitalarios de Acciona, del Grupo Quirón… El cierre fue reservado para el director General de Hospitales de Madrid, Antonio Burgueño.

Reformas más colaboración privada

La sanidad privada insiste en participar en el diseño del sistema sanitario español. Una agrupación denominada Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) reclamó en su barómetro 2013 que se cuente con ellos en la "planificación estratégica". El IDIS tiene entre sus patronos a IDCSalud, Sanitas, Unilabs, Asisa o Adeslas. Su presidente, Iñaki Ereño, considera que el éxito de las "reformas pasa por la colaboración y complementariedad con el sector privado".

Estas demandas no caen en saco roto. Se producen luego de decisiones por parte de los responsables políticos que abundan en estas peticiones. De no ser por la suspension cautelar que los jueces han impuesto, la aportación pública a las cuentas de resultados del negocio sanitario privado habría experimentado un gran empujón. 

El plan privatizador de la Comunidad de Madrid que preveía ceder a contratistas seis hospitales públicos tenía asignados unos 559 millones de euros anuales para las empresas adjudicatarias (Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo). Los presupuestos del presidente regional Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty (PP) incluían en el programa 750 partidas (de la 252BO a la 252HO) pensadas para la privatización. Ese dinero supone un incremento del 69,8% de golpe de la aportación al sector mediante la concesión de servicios (que ascendió a 800 millones en 2012).

No es la única manera de incidir en esa estrategia. En 2012, la Comunidad de Madrid  fue aumentando hasta llegar a un 55% su presupuesto para "asistencia con medios ajenos", de 627 a 972 millones. La patronal de las clínicas admite que "el 70% de los centros privados tiene algún tipo de concierto tanto para las listas de espera como para las pruebas diagnósticas"
 
Raúl Rejón
Eldiario.es