tag:blogger.com,1999:blog-76415084185367664672024-03-20T02:23:41.634-07:00ATTAC Murcia- AGCS y Servicios PúblicosAttac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.comBlogger257125tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-1189122241898636962013-12-29T00:59:00.003-08:002013-12-29T00:59:49.136-08:00La crisis, la LOMCE y PISA<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmn_hwX0gszeqcZpjdyiqHruCXjOsnGpdFmQptJeTs92umMdR2GO4yMIJMfz8F8qN8KX8LFB_6nvE8rfbyTdGCB9MoKqcjTegXVE4xaL-6nIFjpENOBzENJmbFaJJD71GUDORmLFjPVLI/s1600/lomce3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmn_hwX0gszeqcZpjdyiqHruCXjOsnGpdFmQptJeTs92umMdR2GO4yMIJMfz8F8qN8KX8LFB_6nvE8rfbyTdGCB9MoKqcjTegXVE4xaL-6nIFjpENOBzENJmbFaJJD71GUDORmLFjPVLI/s200/lomce3.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Durante este poco feliz año 2013 continuaron los recortes en el gasto
público con los cuales Europa intenta superar la crisis económica, y
que tan arbitrariamente distribuye nuestro gobierno, así como las
protestas de los sectores afectados, en particular la enseñanza; la OCDE
publicó los resultados de PISA, el examen de las competencias
cognitivas básicas de los alumnos de quince años, con los mismos
resultados de las ediciones anteriores (aquí no se ha notado la crisis,
pero muchos países europeos empeoraron sus puntuaciones). Menos mal que
las Cortes aprobaron la LOMCE (Ley Orgánica calidad de la Educación,
también llamada ley Wert), que, modificando algunos artículos de la ley
anterior, pretende ni más ni menos que ayudar a superar la crisis
económica mejorando las puntuaciones del país en PISA.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Qué futuro puede augurarse a tales ilusiones? En realidad, la mayor
parte de los cambios que introduce la LOMCE son de poca relevancia. Unos
responden al patrón de ‘legislación expresiva’ apropiada para afirmar
la propia identidad partidaria y aglutinar a la parroquia. Así, a los 16
principios de la LOE se añaden otros dos, el derecho de los padres a
elegir educación y la libertad de enseñanza, copiando sin novedad la
Constitución; se ha añadido el espíritu emprendedor a los objetivos de
la educación primaria, y se han colocado por doquier menciones al
‘emprendimiento’; se quitan competencias a los Consejos Escolares y se
le dan al director; se elimina la educación para la ciudadanía como
asignatura, volviendo al enfoque “transversal’ de la LOGSE, y al tiempo
se pone la Religión en el lugar que según la Iglesia Católica le
corresponde. Son cambios buenos para contentar a los votantes en el
plano simbólico o ideológico, pero de nula influencia en los resultados
académicos, y no digamos en la competitividad de la economía.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Otros cambios son más pragmáticos, pues no sólo de ideología vive un
partido. Por ejemplo, se autoriza a financiar centros que separan chicos
y chicas, una aspiración por ahora limitada a ciertos católicos
radicales; se favorece a la enseñanza privada introduciendo la ‘demanda
social’ como criterio para la creación de centros, y se legaliza la
cesión de suelo público para la construcción de centros privados. En los
planes de estudio gana mucho la Economía y pierden la música y las
artezs. Pero nadie va a confundir los favores que la LOMCE pueda
procurar a ciertos intereses particulares con el cambio de modelo
productivo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La uniformidad de la enseñanza (comprensividad) en la adolescencia es
quizás el problema más complejo e ideologizado de todo el sistema
educativo. La LOMCE pretende aliviarlo con itinerarios más rígidos y
tempranos que los actuales. Las ‘diversificaciones curriculares’ se
sustituyen por ‘programas de mejora’, que se adelantan a los 13 años;
las 56 opciones que permite la LOCE en cuarto de ESO (tres asignaturas
de entre ocho) quedan reducidas a 9 por la separación entre un
itinerario académico, donde se eligen dos asignaturas de cuatro, y uno
profesional donde se eligen dos de tres. A cambio, se introduce una
opción más, la Formación Profesional Básica, ampliación de la Garantía
Social de la LOGSE y los PCPI de la LOCE, que dura dos cursos –cuarto de
ESO y uno más- y conduce a un título con el que se puede ingresas en el
nivel medio de la FP. Queda por ver en cuánto este nuevo arreglo
disminuirá la repetición y el abandono temprano, como sus defensores
prometen, y en cuánto aumentará la segregación y el clasismo, que es lo
que auguran sus adversarios.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La novedad más importante de la LOMCE son las ‘reválidas’ al final de
la ESO y del Bachillerato. No cabe duda de que establecer criterios
claros y objetivos para la obtención de los títulos es algo positivo en
términos de igualdad y de información. Pero en la práctica, todo depende
de que se apliquen bien las pruebas adecuadas, como bien reconoce el
propio preámbulo de la LOMCE. Por el momento los augurios no pueden ser
peores. Si las pruebas han de ser ‘homologables a las que se realizan en
el ámbito internacional y, en especial, a las de la OCDE”, entonces se
van a medir competencias básicas que no sirven para evaluar la enseñanza
propiamente escolar, según concluyen los propios informes PISA.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los exámenes centrales merman la autonomía pedagógica de los centros,
pero la LOMCE intenta aumentar la de gestión, creyendo que, combinada
con los exámenes centrales, va a mejorar los resultados del sistema. Tal
creencia se basa en evidencia producida por PISA, que ha revelado poco
sólida. Los hallazgos iniciales, basados en PISA 2003, quedaron muy
debilitados en PISA 2009, y exangües en PISA 2012, que se limita a
constatar que en los sistemas con mejores resultados las escuelas tienen
mayor autonomía en asuntos de curriculum y de evaluación.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
¿Qué cabe, en fin, esperar de la LOMCE? No la catástrofe que algunos
auguran, quizás confundiendo la Ley con los recortes que la han
precedido. Tampoco, desde luego, las mejoras que otros prometen,
apoyándose en deleznables correlaciones. Lo más probable es que, como la
LOCE y la LOE, tenga efectos pequeños y discutibles.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<b>Julio Carabaña</b><span style="line-height: 1.5em;"></span><i>. Catedrático en Sociología y experto en Educación de la Universidad Complutense de Madrid</i> <br />
<b>Público.es</b><br />
<b><a href="http://blogs.publico.es/dominiopublico/8592/la-crisis-la-lomce-y-pisa/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter">http://blogs.publico.es/dominiopublico/8592/la-crisis-la-lomce-y-pisa/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter </a></b><br />
<br />Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-12922478103612969242013-12-19T11:30:00.003-08:002013-12-19T11:30:35.068-08:00Obligación y voluntariedad de la asignatura de Religión <!--[if gte mso 9]><xml>
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<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf0QA3bp1zSIn_marxM3QRvKHZcJSkMkJCzXOSsm-p6jyxMPgneqmo7zWI61fSLffs6o0uArb8q0xvzJvJXZqMf_nSZyF4zJeWrHuMA4y6_7WllHjrynVO1h_hCLqfbfKM9NS4e9hwS3c/s1600/ed+publica2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="112" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf0QA3bp1zSIn_marxM3QRvKHZcJSkMkJCzXOSsm-p6jyxMPgneqmo7zWI61fSLffs6o0uArb8q0xvzJvJXZqMf_nSZyF4zJeWrHuMA4y6_7WllHjrynVO1h_hCLqfbfKM9NS4e9hwS3c/s200/ed+publica2.jpg" width="200" /></a>Desde que la educación en España
comenzó a dejar de ser nacionalcatólica, allá con la Ley General de
Educación (LGE) de 1970, la alternativa a la religión no ha dejado de ser un
problema a la hora de organizarla en Colegios e Institutos. En esto (tampoco en
esto), ni el regreso de la democracia ni la revisión del Concordato de 1953,
realizada entre 1976 y 1979, aportan nada nuevo.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Con la LGE se creó la fórmula de
“oferta obligatoria y elección voluntaria” tan afecta a la partitocracia del
consenso que acometió la llamada “transición a la democracia”, la cual heredó y
conservó la estructura de poder del Estado, feliz ante la expectativa de
“acomodar” el franquismo sociológico. Una de las pruebas es esta, la cuestión
de la religión en la escuela, donde el artículo 27 de la Constitución y los
Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales, sólo vinieron a dar carta de
naturaleza a lo que ya se estaba haciendo.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En esa fórmula se encuentra el
nudo gordiano del problema. En primer lugar, que la obligatoriedad pase del
alumno al Centro evidencia que quien plantea esta fórmula se encuentra lejos de
concebir tanto la posibilidad de una protección efectiva de la libertad de
conciencia de los menores, como la necesidad de una enseñanza confesionalmente
neutra que dé cabida a todos para poderse encontrar en el espacio público. Por
un lado la protección de la libertad de conciencia queda anulada a partir del
momento que se concede a los Centros y a sus Consejos Escolares la categoría de
intérpretes del Derecho Civil, pasando a depender por tanto dicha interpretación
de sus respectivas idiosincrasias formadas y forjadas bajo el
nacionalcatolicismo. Además, la protección efectiva de la libertad de
conciencia queda eliminada en la medida que los Colegios y los Institutos se
llenan de sacerdotes en una primera oleada y de seglares minuciosamente
elegidos en función de su ideología en una segunda oleada, que forman una red
de parafuncionarios que no sólo evangelizan en las clases sino que pasan a
pertenecer a unos Claustros generalmente apáticos pero sensibilizados ante sus
“situaciones personales”. A día de hoy, por ejemplo, en muchas comunidades
autónomas este parafuncionariado tiene más derechos que el profesorado interino
y más estabilidad de destino que buena parte de los funcionarios de carrera,
ante la indiferencia y pasividad de unos profesionales y unos representantes
sindicales que expresan como pueden el virus, inoculado en sus cerebros de
pequeñitos para controlar su conciencia, llamado “temor de Dios”.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Por otro lado, la neutralidad
confesional real, en democracia, sólo pasa por la igualdad negativa de todas
las convicciones (religiosas y no religiosas), dado que una interpretación
positiva, como pretende hacer el pluriconfesionalismo travestido de
aconfesional que padecemos, no es ni posible económicamente ni deseable para
desterrar la discriminación de convicciones que tantos siglos de persecuciones,
sufrimiento y muerte nos ha legado. Esa igualdad negativa en el trato público
de todas las convicciones sólo se consigue a partir del momento en que el
estado actual de la ciencia se convierte en criterio de una actuación
curricular y pedagógica, tanto para las Administraciones como para los
profesionales que transforman y contextualizan las normativas en realidades
palpables. En este sentido plantear sacar la religión del horario lectivo como
hace el PSOE, posible constitucionalmente, más allá de la crítica por hipócrita
y electoralmente oportunista, es una propuesta que continúa vinculando al
parafuncionariado de catequistas con los Centros educativos, por muy voluntaria
que sea su elección. Tan sólo dos cuestiones al respecto: ¿cómo se garantizaría
“la libre elección del alumnado” de transporte? ¿Qué problema existe en que las
confesiones utilicen sus propios establecimientos para formar a sus fieles,
lugares financiados ya de por sí con abundante dinero público?</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En segundo lugar, la elección
voluntaria presenta múltiples vías de coacción, desde los contextos de
secularización social en los que aplica, hasta la autónoma y no siempre mal
intencionada interpretación de los Centros para organizar la “alternativa” a la
religión o materia “espejo”. En cualquier caso, la laxitud y la desidia con que
los Centros y la
Inspección Educativa han asumido la aplicación de las
disposiciones legales tan solo ha supuesto nuevos focos de conflictividad tanto
a nivel organizativo como a nivel social en relación al trato recibido por los
alumnos.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Dejando a un lado la simbología
confesional en espacios comunes que a día de hoy se mantiene en Centros
públicos, especialmente de Primaria, o la organización de actividades
extracurriculares y complementarias, de obligada participación y de carácter
confesional, no cabe duda que no tomarse en serio la organización de la Atención Educativa
(la “alternativa”) ha supuesto un amortiguador contraproducente para la toma de
conciencia de lo pernicioso del problema de la religión en la escuela. Los
datos ayudan a confirmar esta idea: según una reciente encuesta realizada a 600
profesores, casi el 80% de los encuestados no quiere que la religión sea
evaluable como prevé la LOMCE,
pero por otro lado, en una mezcla de irresponsabilidad profesional y de
venganza con finalidad “progre”, a la hora de impartir la materia de Atención
Educativa, en aquellos Centros en los que se oferta —hecho que no ocurre en
todos, con la conformidad latente de la Inspección Educativa—
se hace todo lo posible para vaciarla de contenido, por muy “no curricular” que
deba ser, convirtiéndola en una hora de guardería o situando la materia al
final del horario de la jornada lectiva. ¡Ocultando el impacto confesionalista
en la Escuela!
¿O acaso debe valorarse positivamente su efecto en la progresiva disminución,
año tras año, del alumnado en la materia de Religión? Olvidando la explicación
multicausal de los hechos, pensar que convertir la “alternativa” en hora libre
atraería a más alumnado en detrimento de la materia de Religión, sólo desvela
la naturaleza del progresismo de salón, de revolucionario de fin de semana que
únicamente pretende satisfacer su hipócrita instinto anticlerical sin abordar
las cuestiones de fondo. Pensar y actuar de este modo sólo justifica un
retroceso normativo tal y como supone la LOMCE en este ámbito. De hecho, altos
representantes del Ministerio de Educación, como la Secretaria de Estado de
Educación, Montserrat Gomendio, justifican la reforma en base a que en la
“alternativa” no se hace “literalmente nada”.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
España es un país de soberanía
limitada. Sólo desde el respeto y la no discriminación a la pluralidad de
convicciones, con la consiguiente articulación normativa que haga posible la
convivencia libre y en pie de igualdad de las conciencias, será posible una
soberanía sin tutelajes particularistas, sean religiosos o de cualquier otro
tipo.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Mientras tanto, todo sigue igual:
educación confesionalizada de facto y con exigencias insaciables de la Conferencia Episcopal,
red de catequistas infiltrados con aspiraciones a consolidar su “funcionariado”
y legitimación del adoctrinamiento religioso con dinero público y en Centros
públicos. Para mayor desgracia, se alimenta un asunto que solo contribuye a la
ideologización de la educación y su consiguiente politización y electorización.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="mso-spacerun: yes;"></span><b>M. A. López Muñoz</b> es profesor de
Filosofía y director en un Instituto de Enseñanza Secundaria </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<b>Mientras Tanto</b></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<a href="http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/obligacion-y-voluntariedad-de-la-asignatura-de-religion">http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/obligacion-y-voluntariedad-de-la-asignatura-de-religion </a></div>
<div id="stcpDiv" style="left: -1988px; position: absolute; top: -1999px;">
Desde
que la educación en España comenzó a dejar de ser nacionalcatólica,
allá con la Ley General de Educación (LGE) de 1970, la alternativa a la
religión no ha dejado de ser un problema a la hora de organizarla en
Colegios e Institutos. En esto (tampoco en esto), ni el regreso de la
democracia ni la revisión del Concordato de 1953, realizada entre 1976 y
1979, aportan nada nuevo.<br />
Con la LGE se creó la fórmula de “oferta obligatoria y elección voluntaria” tan afecta a la <em>partitocracia del consenso</em>
que acometió la llamada “transición a la democracia”, la cual heredó y
conservó la estructura de poder del Estado, feliz ante la expectativa de
“acomodar” el franquismo sociológico. Una de las pruebas es esta, la
cuestión de la religión en la escuela, donde el artículo 27 de la
Constitución y los Acuerdos sobre enseñanza y asuntos culturales, sólo
vinieron a dar carta de naturaleza a lo que ya se estaba haciendo.<br />
En esa fórmula se encuentra el nudo gordiano del problema. En primer
lugar, que la obligatoriedad pase del alumno al Centro evidencia que
quien plantea esta fórmula se encuentra lejos de concebir tanto la
posibilidad de una protección efectiva de la libertad de conciencia de
los menores, como la necesidad de una enseñanza confesionalmente neutra
que dé cabida a todos para poderse encontrar en el espacio público. Por
un lado la protección de la libertad de conciencia queda anulada a
partir del momento que se concede a los Centros y a sus Consejos
Escolares la categoría de intérpretes del Derecho Civil, pasando a
depender por tanto dicha interpretación de sus respectivas
idiosincrasias formadas y forjadas bajo el nacionalcatolicismo. Además,
la protección efectiva de la libertad de conciencia queda eliminada en
la medida que los Colegios y los Institutos se llenan de sacerdotes en
una primera oleada y de seglares minuciosamente elegidos en función de
su ideología en una segunda oleada, que forman una red de
parafuncionarios que no sólo evangelizan en las clases sino que pasan a
pertenecer a unos Claustros generalmente apáticos pero sensibilizados
ante sus “situaciones personales”. A día de hoy, por ejemplo, en muchas
comunidades autónomas este parafuncionariado tiene más derechos que el
profesorado interino y más estabilidad de destino que buena parte de los
funcionarios de carrera, ante la indiferencia y pasividad de unos
profesionales y unos representantes sindicales que expresan como pueden
el virus, inoculado en sus cerebros de pequeñitos para controlar su
conciencia, llamado “temor de Dios”.<br />
Por otro lado, la neutralidad confesional real, en democracia, sólo
pasa por la igualdad negativa de todas las convicciones (religiosas y no
religiosas), dado que una interpretación positiva, como pretende hacer
el pluriconfesionalismo travestido de aconfesional que padecemos, no es
ni posible económicamente ni deseable para desterrar la discriminación
de convicciones que tantos siglos de persecuciones, sufrimiento y muerte
nos ha legado. Esa igualdad negativa en el trato público de todas las
convicciones sólo se consigue a partir del momento en que el estado
actual de la ciencia se convierte en criterio de una actuación
curricular y pedagógica, tanto para las Administraciones como para los
profesionales que transforman y contextualizan las normativas en
realidades palpables. En este sentido plantear sacar la religión del
horario lectivo como hace el PSOE, posible constitucionalmente, más allá
de la crítica por hipócrita y electoralmente oportunista, es una
propuesta que continúa vinculando al parafuncionariado de catequistas
con los Centros educativos, por muy voluntaria que sea su elección. Tan
sólo dos cuestiones al respecto: ¿cómo se garantizaría “la libre
elección del alumnado” de transporte? ¿Qué problema existe en que las
confesiones utilicen sus propios establecimientos para formar a sus
fieles, lugares financiados ya de por sí con abundante dinero público?<br />
En segundo lugar, la elección voluntaria presenta múltiples vías de
coacción, desde los contextos de secularización social en los que
aplica, hasta la autónoma y no siempre mal intencionada interpretación
de los Centros para organizar la “alternativa” a la religión o materia
“espejo”. En cualquier caso, la laxitud y la desidia con que los Centros
y la Inspección Educativa han asumido la aplicación de las
disposiciones legales tan solo ha supuesto nuevos focos de
conflictividad tanto a nivel organizativo como a nivel social en
relación al trato recibido por los alumnos.<br />
Dejando a un lado la simbología confesional en espacios comunes que a
día de hoy se mantiene en Centros públicos, especialmente de Primaria, o
la organización de actividades extracurriculares y complementarias, de
obligada participación y de carácter confesional, no cabe duda que no
tomarse en serio la organización de la Atención Educativa (la
“alternativa”) ha supuesto un amortiguador contraproducente para la toma
de conciencia de lo pernicioso del problema de la religión en la
escuela. Los datos ayudan a confirmar esta idea: según una reciente
encuesta realizada a 600 profesores, casi el 80% de los encuestados no
quiere que la religión sea evaluable como prevé la LOMCE, pero por otro
lado, en una mezcla de irresponsabilidad profesional y de venganza con
finalidad “progre”, a la hora de impartir la materia de Atención
Educativa, en aquellos Centros en los que se oferta —hecho que no ocurre
en todos, con la conformidad latente de la Inspección Educativa— se
hace todo lo posible para vaciarla de contenido, por muy “no curricular”
que deba ser, convirtiéndola en una hora de guardería o situando la
materia al final del horario de la jornada lectiva. ¡Ocultando el
impacto confesionalista en la Escuela! ¿O acaso debe valorarse
positivamente su efecto en la progresiva disminución, año tras año, del
alumnado en la materia de Religión? Olvidando la explicación multicausal
de los hechos, pensar que convertir la “alternativa” en hora libre
atraería a más alumnado en detrimento de la materia de Religión, sólo
desvela la naturaleza del progresismo de salón, de revolucionario de fin
de semana que únicamente pretende satisfacer su hipócrita instinto
anticlerical sin abordar las cuestiones de fondo. Pensar y actuar de
este modo sólo justifica un retroceso normativo tal y como supone la
LOMCE en este ámbito. De hecho, altos representantes del Ministerio de
Educación, como la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat
Gomendio, justifican la reforma en base a que en la “alternativa” no se
hace “literalmente nada”.<br />
España es un país de soberanía limitada. Sólo desde el respeto y la
no discriminación a la pluralidad de convicciones, con la consiguiente
articulación normativa que haga posible la convivencia libre y en pie de
igualdad de las conciencias, será posible una soberanía sin tutelajes
particularistas, sean religiosos o de cualquier otro tipo.<br />
Mientras tanto, todo sigue igual: educación confesionalizada <em>de facto</em>
y con exigencias insaciables de la Conferencia Episcopal, red de
catequistas infiltrados con aspiraciones a consolidar su “funcionariado”
y legitimación del adoctrinamiento religioso con dinero público y en
Centros públicos. Para mayor desgracia, se alimenta un asunto que solo
contribuye a la ideologización de la educación y su consiguiente
politización y electorización.<br />
<br />
<span style="color: #888888;"><strong>[M. A. López Muñoz es profesor de Filosofía y director en un Instituto de Enseñanza Secundaria]</strong></span><br />
- See more at:
http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/obligacion-y-voluntariedad-de-la-asignatura-de-religion#sthash.c6liC6T9.dpuf</div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-27024874897299548002013-12-10T11:25:00.001-08:002013-12-10T11:25:51.324-08:00Los fondos públicos aportan más de un tercio del negocio de la sanidad privada<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQBGLZg1LIsUZrjDTfZNdIBE_RjIrX06uANNUEjbZgWgWXwTsoMe794WR7WB1GFY_GuDOOuLYQLU-tsm1K0UwWB7UoITdfNd6WAZrGbyUxw0v2yhkfa071dWjrkO8kzZ_VNOGcLEctuX0/s1600/sanidad+publica3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="182" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQBGLZg1LIsUZrjDTfZNdIBE_RjIrX06uANNUEjbZgWgWXwTsoMe794WR7WB1GFY_GuDOOuLYQLU-tsm1K0UwWB7UoITdfNd6WAZrGbyUxw0v2yhkfa071dWjrkO8kzZ_VNOGcLEctuX0/s200/sanidad+publica3.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="subtitle bkn mce">
<div style="text-align: justify;">
<b>Entre conciertos y privatizaciones de servicios las
administraciones aportan 2.500 millones al sector, lo que supone un 37%
de su facturación total.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>La Federación Nacional de Clínicas
Privadas asegura que la concertación ha bajado un 15% y que los pagos en
30 días sólo se dan en un 11% de los casos</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
Buena parte del dinero que mantiene pujante el negocio
de la sanidad privada sigue llegando desde las arcas públicas.
Inexorablemente, mientras los Gobiernos destinan menos recursos a la
sanidad pública, el sector privado crece y se nutre, en buena parte, de
dinero de los impuestos que se trasvasa hacia centros de empresas
privadas.</div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
El volumen de negocio de las clínicas
privadas no ha sufrido merma por la crisis económica con crecimiento. En
2012 la facturación ascendió a 6.125 millones de euros, un 0,4% más que
el año anterior. 1.702 millones procedieron de conciertos con las
administraciones públicas, un 27,8%. Pero no se queda ahí la
financiación pública de las compañías sanitarias, ya que la facturación
de las contratistas a las que alguna comunidad autónoma, como Madrid o
Valencia, cede la asistencia en hospitales o centros de salud <a _mce_href="http://www.dbk.es/pdf/sectores/sumarios/Cl%C3%ADnicas%20Privadas.pdf" class="mce" href="http://www.dbk.es/pdf/sectores/sumarios/Cl%C3%ADnicas%20Privadas.pdf"> añadió otros 800 millones, un incremento del 10% respecto a 2011.</a> Así, el sector se embolsó 2.500 millones de las haciendas públicas, un 37,7% de todos sus ingresos.</div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
Esta situación de "marcada dependencia" según explica la Federación
Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), es delicada incluso para esta
patronal, ya que "sólo el 11% de las facturas se abonan en 30 días",
cuentan. Incluso aseguran que un tercio de clínicas acumula más de un
millón de euros adeudados. Y eso que la FNCP calcula que los conciertos
han disminuido "un 15%". </div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
La Federación de
Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública analiza, en cambio,
que este proceso sigue la lógica de un plan que parte del Gobierno y se
apoya en las empresas del sector. Entre otros aspectos, destacan "la
generalización de la atención sanitaria de funcionarios mediante
acuerdos con aseguradoras privadas o la privatización de recursos con la
gestión de centros por parte de contratistas".</div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
<a _mce_href="http://www.eldiario.es/politica/camino-privatizacion-asistencia-sanitaria_0_78742665.html" class="mce" href="http://www.eldiario.es/politica/camino-privatizacion-asistencia-sanitaria_0_78742665.html"> Estos aspectos están desde hace mucho tiempo en las agendas de las empresas sanitarias y de algunos dirigentes políticos</a>.
El 23 de mayo de 2012, en el hotel Hesperia de Madrid, se produjo un
encuentro especializado en Gestión de Clínicas. Se habló de "la visión
del nuevo Gobierno sobre el papel que debe desempeñar la sanidad privada
en el sistema sanitario" o de "nuevas líneas de actuación en la
participación público-privada". A 1.150 euros por asistente y
patrocinada por Asisa, la inauguración corrió a cargo de <a _mce_href="http://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-privatizacion-pp_0_146636053.html" class="mce" href="http://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-privatizacion-pp_0_146636053.html"> José Ignacio Echániz</a>,
el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y secretario del sector
del Partido Popular. Entre los ponentes aparecía el director de <strong class="mce"> Colaboración Público-Privada de Deloitte</strong>,
el de Servicios Hospitalarios de Acciona, del Grupo Quirón… El cierre
fue reservado para el director General de Hospitales de Madrid, Antonio
Burgueño.</div>
<h3 style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Reformas más colaboración privada</span><br class="mce" /> </h3>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
La sanidad privada insiste en participar en el diseño del sistema
sanitario español. Una agrupación denominada Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad <a _mce_href="http://www.fundacionidis.com/es/informes/bar%C3%B3metro-2013" class="mce" href="http://www.fundacionidis.com/es/informes/bar%C3%B3metro-2013"> (IDIS) reclamó en su barómetro 2013</a>
que se cuente con ellos en la "planificación estratégica". El IDIS
tiene entre sus patronos a IDCSalud, Sanitas, Unilabs, Asisa o Adeslas.
Su presidente, Iñaki Ereño, considera que el éxito de las "reformas pasa
por la colaboración y complementariedad con el sector privado".</div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
Estas demandas no caen en saco roto. Se producen luego de decisiones
por parte de los responsables políticos que abundan en estas peticiones.
De no ser por la suspension cautelar que los jueces han impuesto, la
aportación pública a las cuentas de resultados del negocio sanitario
privado habría experimentado un gran empujón. </div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
El plan privatizador de la Comunidad de Madrid que preveía ceder a contratistas seis hospitales públicos tenía asignados unos <strong class="mce"> 559 millones de euros anuale<span _mce_style="overflow:hidden;line-height:0px" _mce_type="bookmark" class="mce" id="mce_3_start" style="line-height: 0px; overflow: hidden;"></span>s <span _mce_style="overflow: hidden; line-height: 0px;" _mce_type="bookmark" class="mce" id="mce_3_end" style="line-height: 0px; overflow: hidden;"> </span></strong>para
las empresas adjudicatarias (Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo).
Los presupuestos del presidente regional Ignacio González y el consejero
Javier Fernández-Lasquetty (PP) incluían en el programa 750 partidas
(de la 252BO a la 252HO) pensadas para la privatización. Ese dinero
supone un incremento del 69,8% de golpe de la aportación al sector
mediante la concesión de servicios (que ascendió a 800 millones en
2012).</div>
<div class="mce" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No es la única manera de incidir en esa estrategia. En 2012, la <span _mce_style="overflow:hidden;line-height:0px" _mce_type="bookmark" class="mce" id="mce_6_start" style="line-height: 0px; overflow: hidden;"> </span>Comunidad de Madrid<span _mce_style="overflow:hidden;line-height:0px" _mce_type="bookmark" class="mce" id="mce_6_end" style="line-height: 0px; overflow: hidden;"> </span>
fue aumentando hasta llegar a un 55% su presupuesto para "asistencia
con medios ajenos", de 627 a 972 millones. La patronal de las clínicas
admite que "el 70% de los centros privados tiene algún tipo de concierto
tanto para las listas de espera como para las pruebas diagnósticas"</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Raúl Rejón</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Eldiario.es</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><a href="http://www.eldiario.es/sociedad/negocio-sanidad-privada-dinero-publico_0_204379987.html">http://www.eldiario.es/sociedad/negocio-sanidad-privada-dinero-publico_0_204379987.html </a></b></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-18912524913564774542013-11-29T12:07:00.003-08:002013-11-29T12:07:47.114-08:00La productividad, el reparto del trabajo y las pensiones<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ZbWx8pvGUeGh4e7R42gv7HQea4c2w-TjwUW2berQ2TA2nxKIu6mFIozCy41u9JyLgc27KUFGOhTt8YzFTY9JGhGNdRRVB115NxChasrP4iUJDGivx6FozMzllEwtnzvpfmasWmSTWOI/s1600/productividad1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ZbWx8pvGUeGh4e7R42gv7HQea4c2w-TjwUW2berQ2TA2nxKIu6mFIozCy41u9JyLgc27KUFGOhTt8YzFTY9JGhGNdRRVB115NxChasrP4iUJDGivx6FozMzllEwtnzvpfmasWmSTWOI/s200/productividad1.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
En los comienzos de la industrialización los obreros contemplaban las
máquinas como una gran amenaza, pensaban que podían robarles su puesto
de trabajo. Su preocupación en lo inmediato no carecía de cierta lógica.
Veían que allí donde se necesitaban cien trabajadores, una vez
mecanizada la producción eran suficientes cincuenta para fabricar lo
mismo. Sin embargo, andando el tiempo se ha visto que los
descubrimientos científicos, la tecnología y la mecanización han hecho
posible el desarrollo y han elevado el nivel y la calidad de vida de la
clase trabajadora. Y todo ello gracias a los incrementos de
productividad, que, aunque algunos pretendan confundir ambos conceptos,
dista mucho de identificarse con la competitividad. De hecho, hoy la
mayoría de los países y de las empresas buscan la competitividad
prescindiendo de la productividad por el mecanismo de hundir las
condiciones laborales y sociales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que en el origen del
desarrollo social y económico de las sociedades se encuentran los
enormes incrementos de productividad acaecidos a lo largo de los años.
Pero ha sido necesario algo más: un pensamiento y una ideología que
propugnase que todos los ciudadanos se beneficiasen de esos incrementos
de modo que no fuesen destinados únicamente a aumentar el excedente
empresarial. Esas mejoras deberían servir para acrecentar las rentas del
capital, sí, pero también para subir los salarios, e incluso para
mantener económicamente a aquellos que coyunturalmente no puedan
trabajar, y todo ello mediante el incremento de los ingresos del Estado
que redundaría en beneficio de todos los ciudadanos a través de las
prestaciones sociales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los incrementos de productividad favorecieron a los trabajadores
mediante dos vías diferentes. En primer lugar, por un incremento de sus
retribuciones abandonando las retribuciones de subsistencia, y rompiendo
así la ley de bronce de los salarios y desmintiendo a Malthus, a David
Ricardo e incluso a Marx. En segundo lugar, disminuyendo la cantidad de
trabajo que deberían aportar, no solo mediante la reducción de la
jornada de trabajo, sino también por el sistema de acortar su vida
laboral.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los incrementos de la productividad y su reparto hicieron posible
superar los salarios de miseria, pero también que la jornada laboral
fuese reduciéndose progresivamente, y que los niños y las mujeres
saliesen de las fábricas y abandonasen las condiciones inhumanas que,
por ejemplo, nos narra Dickens. Poco a poco se fue retrasando la edad de
incorporación al mercado laboral, con lo que se generalizó la educación
e instrucción de los menores. Se creó un nuevo reparto de funciones en
el seno de la familia. Ya no resultaba necesario el trabajo en el
exterior de todos sus miembros y, por regla general, era el varón el que
alquilaba su fuerza de trabajo en el mercado laboral mientras que la
mujer se dedicaba al cuidado de la casa, de la prole y de los ancianos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Según iba aumentando la esperanza de vida, se posibilitó, además,
gracias a la participación del Estado en los incrementos de
productividad (impuestos, cotizaciones etc.), que no hubiera que
continuar trabajando hasta el último minuto de la existencia puesto que
se podía contar con una pensión digna. Y era la participación del Estado
también la que garantizaba que incluso en los momentos de crisis
económica los parados disfrutasen de una prestación económica hasta que
encontrasen empleo. Si en un principio la población activa coincidía con
la población total, exceptuando a los nobles y algunos burgueses que
vivían de las rentas, progresivamente sin embargo fue viable que un
porcentaje cada vez menor de trabajadores, con una jornada incluso más
reducida, produjesen más y mantuviesen por tanto a la población total.
Trabajar menos y cobrar más.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Todo ello era posible gracias a los incrementos de productividad y a
su reparto. Ciertamente que no todo fue perfecto, que su aplicación no
fue total y homogénea en todos los países, pero esta era la tendencia y
sobre todo la teoría sobre la que se asentaban las sociedades, discurso
que si en un momento recibió el nombre de socialdemócrata, fue asumido
de forma más o menos total por las otras fuerzas políticas y sus
principios incluidos en las constituciones de los distintos países.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde hace ya bastantes años, la tendencia no obstante ha cambiado.
Ciertamente no es que hoy hayan disminuido la innovación y la tecnología
y que por lo mismo los incrementos de productividad sean menores, todo
lo contrario. El problema está en el reparto. Según se han ido
imponiendo los principios del neoliberalismo económico y se ha ido
extendiendo la libre circulación de capitales, estos imponen sus
exigencias a las sociedades y a los gobiernos, y reclaman para sí todo
el aumento de la productividad, incluso pretenden que salarios y
pensiones no se actualicen de acuerdo con la inflación, es decir, que
esta se convierta en sus manos en un arma para transferir rentas a su
favor. La consigna ahora es la de ese buen presidente de la patronal
ahora en la cárcel: trabajar más y cobrar menos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La mujer se ha incorporado de nuevo al mercado de trabajo, lo que
podría haber sido muy positivo desde el punto de vista de los derechos
femeninos si hubiese venido acompañado de una nueva distribución
funcional en el seno de la familia, con la reducción de la jornada
laboral de ambos cónyuges, o al menos con la asunción de determinadas
funciones por el Estado (guarderías, cuidado de ancianos, enfermos,
etc.), lo que hubiese precisado de una apropiación por parte del Estado
del incremento de productividad. Nada de eso se ha hecho, las jornadas
laborales son cada vez más elevadas y el sector público se desentiende
progresivamente de sus funciones sociales. El resultado es que la
familia aporta en la actualidad al mercado laboral el doble de horas de
trabajo. La Oficina Presupuestaria del Congreso de los EE UU, al
analizar las modificaciones producidas en la distribución de la renta
tras el gobierno de Reagan, llegó a la conclusión de que en la mayoría
de los hogares los ingresos seguían siendo similares, con la diferencia
de que ahora eran dos los sueldos que los producían, es decir, el doble
de horas trabajadas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El nuevo discurso aparece en todo su esplendor en el tema de las
pensiones, puesto que basa la inviabilidad de estas en el incremento de
la esperanza de vida y en la reducción del porcentaje entre activos y
pasivos. Pero es que precisamente los incrementos de productividad para
lo que deben servir es para que cada generación pueda vivir mejor que la
anterior, trabajando menos horas a lo largo de toda la vida, lo que
incluye que la proporción entre sus etapas activa y pasiva disminuya. En
los últimos treinta años la productividad en la economía de los países
se ha incrementado de forma espectacular, pero, dados los avances
tecnológicos, todo hace prever que en el futuro lo pueda hacer en un
porcentaje aún mayor. ¿Dónde se encuentra entonces la dificultad? Tan
solo en el sistema de reparto, en la pretensión del capital y de las
clases altas de apropiarse de todo el incremento de la productividad.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Juan Fco Martín Seco</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>República.com </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.republica.com/2013/11/28/la-productividad-el-reparto-del-trabajo-y-las-pensiones_733301/">http://www.republica.com/2013/11/28/la-productividad-el-reparto-del-trabajo-y-las-pensiones_733301/</a></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-10942125644720701392013-11-26T10:54:00.003-08:002013-11-26T10:54:56.369-08:00Un poder judicial tutelado<!--[if gte mso 9]><xml>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_8L-jtEvMscIQ-l8j8ol-Qe8oRI0Vi54KZeU0DNwcoi8joBUhgaxj1vJjzpuvF40ue1vvUp25iyOOEf6tBrAtEa-s0B5mrioPPuxVt4QLZIA9VW6-Ar11TPFH6zpyFx3PxaZrbeROxb4/s1600/poder+juducial3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="146" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_8L-jtEvMscIQ-l8j8ol-Qe8oRI0Vi54KZeU0DNwcoi8joBUhgaxj1vJjzpuvF40ue1vvUp25iyOOEf6tBrAtEa-s0B5mrioPPuxVt4QLZIA9VW6-Ar11TPFH6zpyFx3PxaZrbeROxb4/s200/poder+juducial3.jpg" width="200" /></a>El actual régimen constitucional
cuenta con un poder judicial honesto; pero ¿es verdaderamente independiente?</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La cuestión no es baladí, puesto
que el Poder Judicial es un garante público de los deberes de todos, incluidas
las instituciones, respecto de los ciudadanos (hablo de deberes, y no de
derechos de los ciudadanos, porque sin aquéllos éstos son papel mojado, como se
ha tratado de argumentar en El libro de los deberes, editado por el profesor
Estévez Araujo y Trotta editorial).</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Desde mi punto de vista, no se ha
visto que gobierno alguno de este primer régimen constitucional desde la guerra
civil haya tenido el menor interés en que exista un verdadero poder judicial
independiente; ha preferido una independencia, digamos, relativa, incompleta:
decididamente inacabada.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Es preciso explicar por qué. Y la
explicación incluye varios factores. El más destacable fue la perplejidad del
constituyente de 1978 ante la magistratura heredada. Tenía ante sí un cuerpo de
magistrados complejo: parte importante de él había surgido de las
"oposiciones patrióticas" del franquismo de los años cuarenta. Los
funcionarios anteriores habían sido depurados muy duramente por el régimen. En
el ámbito del derecho penal la magistratura había sido muy dúctil a los diseños
del franquismo.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
De modo que los poderes
constitucionales optaron por anticipar la jubilación de los magistrados, para
librarse de los más antiguos, y someter a tutela al poder judicial. Una tutela
en realidad innecesaria para el sistema constitucional, pues en los cuerpos
judicial y fiscal también habían brotado con fuerza el antifranquismo y las
aspiraciones a la democracia. En seguida se advirtió, con excepciones que
fueron objeto de medidas disciplinarias, la aceptación por jueces y fiscales
del régimen de libertades. Es más: muchos operadores del poder judicial
apoyaron en los años ochenta a los objetores insumisos al servicio militar,
minimizando la represión que pretendió ejercer sobre ellos el gobierno del Psoe
(el movimiento pacifista de objetores de conciencia, hoy olvidado, fue una gran
aportación, masiva y de gran calidad moral, a la democracia en España).</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Sin embargo el resultado de
aquella "solución" de los años setenta es que todavía hoy no existe
en España un Poder Judicial independiente de los otros poderes del Estado, sino
un poder judicial tutelado y disminuido, situación que explica las dificultades
de este poder para reprimir la rampante corrupción que afecta principalmente,
todo hay que decirlo, a los poderes tutelantes. No hay un poder judicial
independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Esa falta de independencia, esa
tutela, se manifiesta claramente de varias maneras:</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En primer lugar, en la
dependencia del gobierno de la Fiscalía General del Estado. El carácter político
y no judicial de esta Fiscalía se pone de manifiesto en los cambios también
políticos en las jefaturas de las fiscalías de las audiencias cada vez que hay
una mutación de gobierno significativa. La Fiscalía y los fiscales jefes pueden emitir
órdenes, generalmente verbales y no motivadas, a las que los fiscales que de
ellos dependen pueden oponer reparos pero también por eso resultar mal vistos
por la superioridad, que tiene siempre la última palabra. Las órdenes pueden
referirse al modo de enfocar los procedimientos, pero también, por supuesto,
órdenes de actuar y sobre todo órdenes de no actuar. Los criterios de actuación
punitiva pública tienden a quedar así politizados y mediatizada la consciencia
moral de los fiscales en los casos de mayor relevancia para los ciudadanos.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Un poder judicial independiente
debería integrar en su seno al ministerio fiscal, separándolo por completo del
poder ejecutivo. El público debe saber que los fiscales son magistrados como
los demás, que han superado las mismas pruebas de selección que los jueces, y
que por tanto están plenamente capacitados profesionalmente para ser integrados
en un poder judicial independiente del poder ejecutivo del Estado.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
El gobierno del poder judicial
radica en España en el Consejo General del Poder Judicial. Con él se establece
la dependencia del poder legislativo —y en particular de los partidos
mayoritarios— del Poder Judicial.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Es escandaloso que, a las claras,
los partidos mayoritarios —formalmente, el parlamento— disputen los puestos de
poder en el CGPJ. Esa disputa muestra tanto la importancia que atribuyen al
Consejo General, en cuyas decisiones pretenden influir, como la dependencia del
poder legislativo de un poder del Estado que tendría que ser también
independiente de ese poder legislativo. El CGPJ actual es un órgano claramente
politizado. (Y lo será todavía más si llegan a materializarse las propuestas al
respecto del ministro Ruiz Gallardón.)</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
También es escandalosa, dicho sea
entre paréntesis, la complacencia de la prensa, que no denuncia esta situación;
más bien parece que está encantada de tener algo que contar acerca de las
disputas de los partidos políticos al respecto.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La tutela del Poder Judicial por
los demás poderes del Estado se manifiesta igualmente en la inexistencia de una
auténtica policía judicial, dependiente orgánica y no sólo funcionalmente de
los magistrados. Los gobiernos hacen uso de la dependencia orgánica de la
policía y otros instrumentos de los jueces para interferir en los procesos. Y
lo hacen a veces con el mayor descaro y de forma escandalosa; así, hemos visto
la sustitución por el gobierno del equipo policial que auxiliaba al magistrado
instructor del caso Noos, o la del grupo de funcionarios de Hacienda en la
instrucción judicial del caso Gürtel.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Un Poder Judicial independiente
debe contar con una policía judicial y organismos auxiliares dependientes
funcional y orgánicamente de él, y también con el auxilio funcional de todos
los cuerpos administrativos del Estado siempre que lo necesite. La urgente
revisión democrática y soberana de la Constitución —soberana, por recurso a la
ciudadanía: esto es, contrapuesta a los cambios pactados por arriba en el
excluyente do ut des de las fuerzas políticas— debe establecer claramente este
punto.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Por otra parte la dependencia de
los gobiernos de la administración de justicia en España la pone de manifiesto
su escasez de medios, la cicatería que los sucesivos gobiernos han opuesto al
buen funcionamiento del poder judicial. Basta comparar una oficina judicial
cualquiera con una notaría, o incluso con una procuraduría de los tribunales,
para comprender la infradotación de medios del Poder Judicial.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Conciliar independencia judicial
con democracia</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
El poder judicial debe ser
independiente tanto del ejecutivo como del legislativo —de otro modo depende de
la partitocracia—. Y la policía judicial y demás medios de investigación no
deben guardar con el poder judicial sólo una dependencia funcional, pues la
dependencia orgánica del ejecutivo es causa de interferencias.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La falta de democracia de la
justicia no la disimula el artificio de los juicios con jurado, carentes de
tradición en nuestro país, y menos cuando la prensa realiza juicios paralelos
que dan lugar a falsas expectativas (recuérdese el caso Wanninkhof, con condena
unánime de persona inocente). La experiencia de magistrados, fiscales y demás
operadores jurídicos es mejor contención de la influencia de la prensa ansiosa
de noticias que unas personas sin experiencia de las situaciones judiciales.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
¿Es posible articular un poder
judicial de magistrados profesionales con el principio democrático?</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Es obviamente posible si para los
órganos de gobierno de la magistratura se recurre a la ciudadanía, a la
soberanía popular. Por ejemplo, indirectamente, mediante la elección de
compromisarios —cincuenta, por ejemplo— encargados de dirimir la elección de
los miembros del Consejo General del Poder Judicial. O incluso por elección
directa entre los candidatos por el soberano popular. (Se celebran comicios
para asuntos menos importantes, como la diputación al parlamento europeo, ente
aún casi decorativo.)</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Por supuesto, un poder judicial
independiente debe incluir a la fiscalía y una policía judicial, como ya defendió
P. Calamandrei para la constitución italiana. La diferencia entre juces y
fiscales sólo ha de ser funcional, siendo ambos magistrados.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Por último, un poder judicial
independiente debería gobernarse por consenso y no mediante la formación de
mayorías.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Hay sistemas electorales y de
decisión que evitan la formación de mayorías y minorías; aunque el ejemplo
parlamentario los haya eclipsado, tienen tradición y peso históricos: </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Una técnica electoral es el doble
voto —bola blanca y bola negra, voto y veto— usada en los monasterios
medievales para la decisiva cuestión de la elección del abad, que podía dividir
a la comunidad de los monjes o entregar su gobierno a personas no deseadas por
grupos amplios de ellos. El sistema del doble voto para cada elector conduce a
la elección de las personas que obtienen el mayor consenso de todos.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Otra técnica electoral son las
votaciones eliminatorias sucesivas de candidatos —combinada o no con la
primera—, que tampoco crea contraposición entre vencedores y vencidos, sino
maduración de la decisión y consenso.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Como señalaba Antonio Gramsci,
hay problemas que no se resuelven por la formación de mayorías, sino por la
maduración de las decisiones.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Recurrir a la soberanía popular,
a la intervención de los ciudadanos —sin eliminar del proceso electoral las
manifestaciones de preferencias de los partidos políticos, pero tampoco las de
los sindicatos, organizaciones no gubernamentales y asociaciaciones de
ciudadanos— permitiría erigir un Poder Judicial independiente y democrático a
la vez: justamente lo que necesitamos.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
¿Se resolverían automáticamente
los problemas de la Justicia
con un poder judicial independiente? Obviamente no. Pero éste puede mejorar el
habitus de quienes tienen a su cargo administrar justicia.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La independencia facilita algo
muy importante en los funcionarios: el valor. Pues se necesita valentía para no
temer la influencia porosa, osmótica, a veces, y otras expresa y potente,
prepotente, de otros poderes del estado y de poderes económicos y mediáticos.
La independencia y el valor de los funcionarios permitiría dar una mejor
respuesta judicial a la corrupción.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
(Para que quede claro a qué me
estoy refiriendo recordaré el caso del juez de la audiencia nacional al que le
correspondía instruir lo que luego fue conocido como el caso Lasa y Zabala,
esto es, un caso gravísimo de terrorismo de Estado. Aquel magistrado no se
atrevió a enfrentarse con eso y abandonó la magistratura por el ejercicio
privado de la abogacía. Y, cosa curiosa, el magistrado que realmente instruyó
el caso, que acabó con la condena de un ministro y altos dirigentes de
Interior, años más tarde fue hallado culpable de prevaricación en otra causa y
expulsado de la carrera judicial. Probablemente no haya relación entre una cosa
y la otra, pero tal vez sin la primera la prevaricación hubiera quedado en
simple error judicial.)</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Creo que para ejercer la
actividad judicial se necesita realmente el valor, la valentía, para no tener
que andar con pies de plomo. Esa valentía sólo pasará a formar parte
generalizadamente del habitus de magistrados, jueces y fiscales, cuando puedan
saberse amparados de veras en su independencia, protegidos de la intromisión de
poderes políticos y sociales. La independencia del poder judicial está para
eso.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Y para estimular a los
magistrados, para dejar atrás aspectos de su habitus no correspondientes
siquiera a esa ficción de igualdad que es el igualitarismo político, aspectos
por fortuna ya no mayoritarios; para superar el burocratismo funcional.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
En lo que respecta al habitus
específico de los fiscales, su integración plena en un poder judicial
independiente facilitaría que vieran su tarea no como fundamentalmente
acusatoria sino, más en profundidad, como garantes de los derechos procesales
de los ciudadanos. (El Tribunal Supremo ha estimado en casación numerosos
recursos por violación de las garantías procesales. Pero no se conoce uno solo
de esos casos en que los recursos hayan sido promovidos por la fiscalía, lo que
muestra una significativa mutilación de su habitus institucional.)</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La independencia judicial,
¿utopía o necesidad?</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Lo que he propugnado puede
parecer una utopía, aunque es simplemente una prolongación de la Ilustración jurídica;
es preciso impedir que ésta se venga abajo sin un recambio adecuado.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Pues donde en realidad estamos es
en el despliegue de una cacotopía que puede llevarse por delante el universo de
los derechos y las garantías generalizados.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Hemos visto volatilizarse el derecho
a la intimidad y a la seguridad en las comunicaciones por las posibilidades
abiertas por la informática a las empresas de esta rama industrial y a los más
potentes Estados. Hemos visto el espionaje masivo a gobiernos y empresas. Hemos
visto asesinatos mediante drones, sin juicio, como si la represión del
terrorismo fuera una acción de guerra, lo que no deja de ser una ficción
jurídica. Hemos visto la porosidad y la mutilación de las soberanías
nacionales. Hemos visto los horrores de las intervenciones armadas del llamado
"derecho internacional humanitario", que generan centenares de miles,
o millones, de víctimas entre las gentes corrientes. Hemos visto realizado el
dicho de Goebbels de que una mentira repetida mil veces equivale a una verdad,
incrementado el poder de repetición por la industria de producción de
contenidos de conciencia.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Hemos entrado en un mundo de
barbarie donde el poder se deslocaliza y el derecho, que siempre ha estado
asociado a la territorialidad, se vuelve crecientemente impotente. La
gobernación es cada vez más gobernanza semiprivada.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Incluso si este proyecto
barbarizante no prospera, sí prosperarán tecnologías e internacionalizaciones.
En el futuro van a ser necesarias formas nuevas y ágiles de colaboración
internacional de la justicia, o incluso podría verse el despliegue amplio de una
verdadera justicia internacional, de un arbitraje de los inevitables
conflictos.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Un poder judicial fuerte e
independiente puede ser, en primer lugar, un dique local frente a la
barbarización.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Personalmente, por la previsión
de lo que se nos echa encima, no soy optimista. Es el pesimismo de la
inteligencia. Pero en cambio veo con realismo y también optimismo las prácticas
personales y grupales que generan cambios, que sostienen valores, que inducen a
la innovación incluso institucional. Pues es en las prácticas buenas e
innovadoras donde se generan las voluntades de vivir dentro de un horizonte de
expectativas no diré que justo, pero sí, al menos, razonable y por eso
perfectible.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<b>Juan Ramón Capella</b></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<b>Mientras Tanto </b></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<a href="http://www.mientrastanto.org/boletin-118/notas/un-poder-judicial-tutelado">http://www.mientrastanto.org/boletin-118/notas/un-poder-judicial-tutelado</a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div id="stcpDiv" style="left: -1988px; position: absolute; top: -1999px;">
Juan-Ramón Capella</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
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</style>
<![endif]--><div id="stcpDiv" style="left: -1988px; position: absolute; top: -1999px;">
El actual régimen constitucional cuenta con un poder judicial honesto; pero ¿es verdaderamente independiente?<br />
La cuestión no es baladí, puesto que el Poder Judicial es un garante
público de los deberes de todos, incluidas las instituciones, respecto
de los ciudadanos (hablo de deberes, y no de derechos de los ciudadanos,
porque sin aquéllos éstos son papel mojado, como se ha tratado de
argumentar en <i>El libro de los deberes,</i> editado por el profesor Estévez Araujo y Trotta editorial).<br />
Desde mi punto de vista, no se ha visto que gobierno alguno de este
primer régimen constitucional desde la guerra civil haya tenido el menor
interés en que exista un verdadero poder judicial independiente; ha
preferido una independencia, digamos, relativa, incompleta:
decididamente inacabada.<br />
Es preciso explicar por qué. Y la explicación incluye varios
factores. El más destacable fue la perplejidad del constituyente de 1978
ante la magistratura heredada. Tenía ante sí un cuerpo de magistrados
complejo: parte importante de él había surgido de las "oposiciones
patrióticas" del franquismo de los años cuarenta. Los funcionarios
anteriores habían sido <i>depurados</i> muy duramente por el régimen. En
el ámbito del derecho penal la magistratura había sido muy dúctil a los
diseños del franquismo.<br />
De modo que los poderes constitucionales optaron por anticipar la
jubilación de los magistrados, para librarse de los más antiguos, y
someter a tutela al poder judicial. Una tutela en realidad innecesaria
para el sistema constitucional, pues en los cuerpos judicial y fiscal
también habían brotado con fuerza el antifranquismo y las aspiraciones a
la democracia. En seguida se advirtió, con excepciones que fueron
objeto de medidas disciplinarias, la aceptación por jueces y fiscales
del régimen de libertades. Es más: muchos operadores del poder judicial
apoyaron en los años ochenta a los objetores insumisos al servicio
militar, minimizando la represión que pretendió ejercer sobre ellos el
gobierno del Psoe (el movimiento pacifista de objetores de conciencia,
hoy olvidado, fue una gran aportación, masiva y de gran calidad moral, a
la democracia en España).<br />
Sin embargo el resultado de aquella "solución" de los años setenta es que todavía hoy <i>no
existe en España un Poder Judicial independiente de los otros poderes
del Estado, sino un poder judicial tutelado y disminuido</i>, situación
que explica las dificultades de este poder para reprimir la rampante
corrupción que afecta principalmente, todo hay que decirlo, a los
poderes tutelantes. <i>No hay un poder judicial independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo.</i><br />
Esa falta de independencia, esa tutela, se manifiesta claramente de varias maneras:<br />
En primer lugar, <i>en la dependencia del gobierno de la Fiscalía General del Estado.</i>
El carácter político y no judicial de esta Fiscalía se pone de
manifiesto en los cambios también políticos en las jefaturas de las
fiscalías de las audiencias cada vez que hay una mutación de gobierno
significativa. La Fiscalía y los fiscales jefes pueden emitir órdenes,
generalmente verbales y no motivadas, a las que los fiscales que de
ellos dependen pueden oponer reparos pero también por eso resultar mal
vistos por la superioridad, que tiene siempre la última palabra. Las
órdenes pueden referirse al modo de enfocar los procedimientos, pero
también, por supuesto, órdenes de actuar y sobre todo <i>órdenes de no actuar.</i>
Los criterios de actuación punitiva pública tienden a quedar así
politizados y mediatizada la consciencia moral de los fiscales en los
casos de mayor relevancia para los ciudadanos.<br />
<i>Un poder judicial independiente debería integrar en su seno al ministerio fiscal, separándolo por completo del poder ejecutivo.</i>
El público debe saber que los fiscales son magistrados como los demás,
que han superado las mismas pruebas de selección que los jueces, y que
por tanto están plenamente capacitados profesionalmente para ser
integrados en un poder judicial independiente del poder ejecutivo del
Estado.<br />
El gobierno del poder judicial radica en España en el Consejo General del Poder Judicial. Con él se establece la <i>dependencia del poder legislativo —y en particular de los partidos mayoritarios— del Poder Judicial.</i><br />
Es escandaloso que, a las claras, los partidos mayoritarios
—formalmente, el parlamento— disputen los puestos de poder en el CGPJ.
Esa disputa muestra tanto la importancia que atribuyen al Consejo
General, en cuyas decisiones pretenden influir, como <i>la dependencia del poder legislativo</i> de un poder del Estado que tendría que ser <i>también</i>
independiente de ese poder legislativo. El CGPJ actual es un órgano
claramente politizado. (Y lo será todavía más si llegan a materializarse
las propuestas al respecto del ministro Ruiz Gallardón.)<br />
También es escandalosa, dicho sea entre paréntesis, la complacencia
de la prensa, que no denuncia esta situación; más bien parece que está
encantada de tener algo que contar acerca de las disputas de los
partidos políticos al respecto.<br />
La tutela del Poder Judicial por los demás poderes del Estado se manifiesta igualmente en la <i>inexistencia de una auténtica policía judicial,</i>
dependiente orgánica y no sólo funcionalmente de los magistrados. Los
gobiernos hacen uso de la dependencia orgánica de la policía y otros
instrumentos de los jueces para interferir en los procesos. Y lo hacen a
veces con el mayor descaro y de forma escandalosa; así, hemos visto la
sustitución por el gobierno del equipo policial que auxiliaba al
magistrado instructor del caso Noos, o la del grupo de funcionarios de
Hacienda en la instrucción judicial del caso Gürtel.<br />
Un Poder Judicial independiente debe contar con una policía judicial y
organismos auxiliares dependientes funcional y orgánicamente de él, y
también con el auxilio funcional de todos los cuerpos administrativos
del Estado siempre que lo necesite. La urgente revisión democrática y
soberana de la Constitución —soberana, por recurso a la ciudadanía: esto
es, contrapuesta a los cambios <i>pactados por arriba</i> en el excluyente <i>do ut des</i> de las fuerzas políticas— debe establecer claramente este punto.<br />
Por otra parte la dependencia de los gobiernos de la administración
de justicia en España la pone de manifiesto su escasez de medios, la
cicatería que los sucesivos gobiernos han opuesto al buen funcionamiento
del poder judicial. Basta comparar una oficina judicial cualquiera con
una notaría, o incluso con una procuraduría de los tribunales, para
comprender la infradotación de medios del Poder Judicial.<br />
<b>Conciliar independencia judicial con democracia</b><br />
El poder judicial debe ser independiente tanto del ejecutivo como del
legislativo —de otro modo depende de la partitocracia—. Y la policía
judicial y demás medios de investigación no deben guardar con el poder
judicial sólo una dependencia funcional, pues la dependencia orgánica
del ejecutivo es causa de interferencias.<br />
La falta de democracia de la justicia no la disimula el artificio de
los juicios con jurado, carentes de tradición en nuestro país, y menos
cuando la prensa realiza juicios paralelos que dan lugar a falsas
expectativas (recuérdese el caso Wanninkhof, con condena unánime de
persona inocente). La experiencia de magistrados, fiscales y demás
operadores jurídicos es mejor contención de la influencia de la prensa
ansiosa de noticias que unas personas sin experiencia de las situaciones
judiciales.<br />
<i>¿Es posible articular un poder judicial de magistrados profesionales con el principio democrático?</i><br />
<i>Es obviamente posible si para los órganos de gobierno de la magistratura se recurre a la ciudadanía, a la soberanía popular</i>.
Por ejemplo, indirectamente, mediante la elección de compromisarios
—cincuenta, por ejemplo— encargados de dirimir la elección de los
miembros del Consejo General del Poder Judicial. O incluso por elección
directa entre los candidatos por el soberano popular. (Se celebran
comicios para asuntos menos importantes, como la diputación al
parlamento europeo, ente aún casi decorativo.)<br />
Por supuesto, un poder judicial independiente debe incluir a la
fiscalía y una policía judicial, como ya defendió P. Calamandrei para la
constitución italiana. La diferencia entre juces y fiscales sólo ha de
ser funcional, siendo ambos magistrados.<br />
Por último, un poder judicial independiente debería <i>gobernarse por consenso</i> y no mediante la formación de mayorías.<br />
Hay sistemas electorales y de decisión que evitan la formación de
mayorías y minorías; aunque el ejemplo parlamentario los haya eclipsado,
tienen tradición y peso históricos:<br />
Una técnica electoral es el doble voto —bola blanca y bola negra,
voto y veto— usada en los monasterios medievales para la decisiva
cuestión de la elección del abad, que podía dividir a la comunidad de
los monjes o entregar su gobierno a personas no deseadas por grupos
amplios de ellos. El sistema del doble voto para cada elector conduce a
la elección de las personas que obtienen el mayor consenso de todos.<br />
Otra técnica electoral son las votaciones eliminatorias sucesivas de
candidatos —combinada o no con la primera—, que tampoco crea
contraposición entre vencedores y vencidos, sino maduración de la
decisión y consenso.<br />
Como señalaba Antonio Gramsci, hay problemas que no se resuelven por
la formación de mayorías, sino por la maduración de las decisiones.<br />
Recurrir a la soberanía popular, a la intervención de los ciudadanos
—sin eliminar del proceso electoral las manifestaciones de preferencias
de los partidos políticos, pero tampoco las de los sindicatos,
organizaciones no gubernamentales y asociaciaciones de ciudadanos—
permitiría erigir un Poder Judicial independiente y democrático a la
vez: justamente lo que necesitamos.<br />
¿Se resolverían automáticamente los problemas de la Justicia con <em>un</em> poder judicial independiente? Obviamente no. Pero éste puede mejorar el <i>habitus </i>de quienes tienen a su cargo administrar justicia.<br />
La independencia facilita algo muy importante en los funcionarios: <i>el valor.</i>
Pues se necesita valentía para no temer la influencia porosa, osmótica,
a veces, y otras expresa y potente, prepotente, de otros poderes del
estado y de poderes económicos y mediáticos. La independencia y el valor
de los funcionarios permitiría dar una mejor respuesta judicial a la
corrupción.<br />
(Para que quede claro a qué me estoy refiriendo recordaré el caso del
juez de la audiencia nacional al que le correspondía instruir lo que
luego fue conocido como el caso Lasa y Zabala, esto es, un caso
gravísimo de terrorismo de Estado. Aquel magistrado no se atrevió a
enfrentarse con eso y abandonó la magistratura por el ejercicio privado
de la abogacía. Y, cosa curiosa, el magistrado que realmente instruyó el
caso, que acabó con la condena de un ministro y altos dirigentes de
Interior, años más tarde fue hallado culpable de prevaricación en otra
causa y expulsado de la carrera judicial. Probablemente no haya relación
entre una cosa y la otra, pero tal vez sin la primera la prevaricación
hubiera quedado en simple error judicial.)<br />
Creo que para ejercer la actividad judicial se necesita realmente <i>el valor, la valentía</i>, para no tener que andar con pies de plomo. Esa valentía sólo pasará a formar parte generalizadamente del <i>habitus </i>de magistrados, jueces y fiscales, cuando puedan saberse <i>amparados</i> de veras en su independencia, protegidos de la intromisión de poderes políticos y sociales. <i>La independencia del poder judicial está para eso. </i><br />
Y para estimular a los magistrados, para dejar atrás aspectos de su <i>habitus</i>
no correspondientes siquiera a esa ficción de igualdad que es el
igualitarismo político, aspectos por fortuna ya no mayoritarios; para
superar el burocratismo funcional.<br />
En lo que respecta al <i>habitus </i>específico de los fiscales, su
integración plena en un poder judicial independiente facilitaría que
vieran su tarea no como fundamentalmente acusatoria sino, más en
profundidad, como garantes de los derechos procesales de los ciudadanos.
(El Tribunal Supremo ha estimado en casación numerosos recursos por
violación de las garantías procesales. Pero no se conoce uno solo de
esos casos en que los recursos hayan sido promovidos por la fiscalía, lo
que muestra una significativa mutilación de su <i>habitus </i>institucional.) <br />
<b>La independencia judicial, ¿utopía o necesidad?</b><br />
Lo que he propugnado puede parecer una utopía, aunque es simplemente
una prolongación de la Ilustración jurídica; es preciso impedir que ésta
se venga abajo sin un recambio adecuado.<br />
Pues donde en realidad estamos es en el despliegue de una cacotopía
que puede llevarse por delante el universo de los derechos y las
garantías generalizados.<br />
Hemos visto volatilizarse el derecho a la intimidad y a la seguridad
en las comunicaciones por las posibilidades abiertas por la informática a
las empresas de esta rama industrial y a los más potentes Estados.
Hemos visto el espionaje masivo a gobiernos y empresas. Hemos visto
asesinatos mediante drones, sin juicio, como si la represión del
terrorismo fuera una acción de guerra, lo que no deja de ser una <i>ficción </i>jurídica.
Hemos visto la porosidad y la mutilación de las soberanías nacionales.
Hemos visto los horrores de las intervenciones armadas del llamado
"derecho internacional humanitario", que generan centenares de miles, o
millones, de víctimas entre las gentes corrientes. Hemos visto realizado
el dicho de Goebbels de que una mentira repetida mil veces equivale a
una verdad, incrementado el poder de repetición por la industria de
producción de contenidos de conciencia.<br />
Hemos entrado en un mundo de barbarie donde el poder se deslocaliza y
el derecho, que siempre ha estado asociado a la territorialidad, se
vuelve crecientemente impotente. La gobernación es cada vez más <i>gobernanza</i> semiprivada.<br />
Incluso si este proyecto barbarizante no prospera, sí prosperarán
tecnologías e internacionalizaciones. En el futuro van a ser necesarias
formas nuevas y ágiles de colaboración internacional de la justicia, o
incluso podría verse el despliegue amplio de una verdadera justicia
internacional, de un arbitraje de los inevitables conflictos.<br />
Un poder judicial fuerte e independiente puede ser, en primer lugar, un dique local frente a la barbarización.<br />
Personalmente, por la previsión de lo que se nos echa encima, no soy
optimista. Es el pesimismo de la inteligencia. Pero en cambio veo con
realismo y también optimismo las prácticas personales y grupales que
generan cambios, que sostienen valores, que inducen a la innovación
incluso institucional. Pues es en las prácticas buenas e innovadoras
donde se generan las voluntades de vivir dentro de un horizonte de
expectativas no diré que justo, pero sí, al menos, razonable y por eso
perfectible.<br />
- See more at: http://www.mientrastanto.org/boletin-118/notas/un-poder-judicial-tutelado#sthash.2WmwwPmu.dpuf</div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-58392530851772409352013-11-21T14:56:00.000-08:002013-11-21T14:56:01.767-08:00La gran mentira de la sanidad privada en 8 gráficos<div style="text-align: justify;">
<strong><em>“El mercado es más eficiente que el Estado gestionando la sanidad”</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde que comenzó la crisis escucho cada vez más este argumento.</div>
<div style="text-align: justify;">
Podríamos abrir un debate filosófico al respecto. Pero en realidad no hace falta: <strong>hay datos.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Entre los países ricos existen dos grandes grupos en cuanto a
cobertura sanitaria: EEUU y el resto. La diferencia entre estos dos
“universos” puede observarse bien en este primer gráfico.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>¿Qué porcentaje de la población tiene <em>garantizada</em> la protección sanitaria a través de un programa público?</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/porcentaje-cubierta-publico.png"><img alt="porcentaje-cubierta-publico" class="aligncenter size-full wp-image-8249" height="303" src="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/porcentaje-cubierta-publico.png" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Antes de continuar, hagamos algunos matices importantes. En EEUU hay ciertos programas públicos: <em>Medicare, Medicaid, Veteran Health Administration, etc.</em>
(de ahí el 27% del gráfico anterior). En el “resto del mundo” las
formas de gestión sanitaria no son exactamente iguales. En algunos
países el Estado emplea directamente a los médicos (Reino Unido,
España), en otros países la mayoría de las consultas son privadas pero
el Estado paga las facturas (Francia) y también existe el “modelo suizo”
donde la gestión se deja en manos privadas pero el Estado regula muy
fuertemente a las compañías (ningún ciudadano puede quedarse sin seguro
sanitario y las familias pobres tienen subsidios para pagarlo).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Si el mercado es más eficiente
que el Estado gestionando la sanidad privada, entonces en EEUU la
sanidad será muy barata y en el resto de países muy cara, ¿no?</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Ocurre todo lo contrario, los estadounidenses son quienes más dinero se gastan en su sanidad (linea negra del gráfico)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/gasto-sanitario.png"><img alt="gasto-sanitario" class="aligncenter size-full wp-image-8252" height="298" src="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/gasto-sanitario.png" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Bueno, quizás en EEUU la sanidad sea muy cara, pero los resultados serán mucho mejores que en el resto de los países, ¿no?</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Todo lo contrario. EEUU tiene los peores índices sanitarios entre los países ricos. Veamos por ejemplo su mortalidad infantil.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/mortalidad-infantil.png"><img alt="mortalidad-infantil" class="aligncenter size-full wp-image-8254" height="295" src="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/mortalidad-infantil.png" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>¿Y la esperanza de vida?</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/esperanza.jpg"><img alt="esperanza" class="aligncenter size-full wp-image-8269" height="309" src="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/esperanza.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Otro ejemplo: amputaciones de extremidades inferiores por diabetes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/amputacion-diabetes.png"><img alt="amputacion-diabetes" class="aligncenter size-full wp-image-8259" height="303" src="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/amputacion-diabetes.png" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Entonces se gastarán tanto porque van mucho más al médico que el resto del mundo, ¿no?</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Que no, que no.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/visitas-medicas.png"><img alt="visitas-medicas" class="aligncenter size-full wp-image-8265" height="303" src="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/visitas-medicas.png" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Bueno, pero siendo tan caro, seguro que las listas de espera no existen, ¿verdad?</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Error.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_8260" style="text-align: justify; width: 492px;">
<a href="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/same-day-next-day-appointment.png"><img alt="same-day-next-day-appointment" class="size-full wp-image-8260" height="400" src="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/same-day-next-day-appointment.png" width="346" /></a><div class="wp-caption-text">
OECD, Health Care Data</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En el país más rico y poderoso del planeta<strong>, más de un tercio de los enfermos no pueden seguir un tratamiento por problemas económicos.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_8275" style="text-align: justify; width: 488px;">
<a href="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/enfermos-no-medicos-no-tratamiento.png"><img alt="enfermos-no-medicos-no-tratamiento" class="size-full wp-image-8275" height="400" src="http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/enfermos-no-medicos-no-tratamiento.png" width="354" /></a><div class="wp-caption-text">
OECD Health Care Data</div>
<div class="wp-caption-text">
<br /></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Cada vez que escucho que <em>“el mercado libre el más eficiente que el Estado gestionando la sanidad”</em> tengo una respuesta clara: <strong>mira los datos.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Alberto Sicilia (Principia Marsupia)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Público.es</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<strong><a href="http://www.principiamarsupia.com/2013/11/21/la-gran-mentira-de-la-sanidad-privada-en-8-graficos/">http://www.principiamarsupia.com/2013/11/21/la-gran-mentira-de-la-sanidad-privada-en-8-graficos/ </a></strong></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-83469779603768598952013-11-10T05:29:00.001-08:002013-11-10T05:29:55.203-08:00Agua: bien público<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhgjehIhaqzMGQ03EAtiO82xrDiNTswI9QbSJf7t1x2QulQJhZBqMkBZKq0f-EBeOLBr6Ao9e9CgL1j4pBxv9wI-0NR-fMM_ZMyKDCLRPldw7GlT0Ule7zlLfrau3xEgG51aoljkjEMFA/s1600/agua3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhgjehIhaqzMGQ03EAtiO82xrDiNTswI9QbSJf7t1x2QulQJhZBqMkBZKq0f-EBeOLBr6Ao9e9CgL1j4pBxv9wI-0NR-fMM_ZMyKDCLRPldw7GlT0Ule7zlLfrau3xEgG51aoljkjEMFA/s200/agua3.jpg" width="160" /></a></div>
<div class="cuerpo_noticia" id="cuerpo_noticia">
<div style="text-align: justify;">
El agua ¿es un bien público o un nuevo producto financiero? Es muy
sugerente el debate que se está generando a nuestro alrededor con
productos como el agua, el gas o la electricidad, en las condiciones que
provoca la crisis económica.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El pasado fin de semana, los ciudadanos de Berlín votaron por la
remunicipalización de la red eléctrica de la ciudad, en manos de una
multinacional. Los que votaron (menos del quórum exigido) lo hicieron a
favor de que la electricidad volviera a manos públicas locales. Hace
unos meses, Hamburgo lo consiguió y ahora se plantea repetir la votación
con el gas. Desde hace aproximadamente cinco o seis años, decenas de
municipios alemanes (alrededor de 170) han recuperado el control para
sus Ayuntamientos de sectores como el agua, el gas y la electricidad.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lo cual da lugar a un curioso fenómeno: mientras la UE (y la troika)
recomienda la privatización de estos servicios, los ciudadanos afectados
se oponen a la misma. Como informa la revista <em>Alternativas Económicas,</em>
la postura de la UE choca frontalmente con la legislación comunitaria,
que establece que “los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen
de propiedad en los Estados miembros”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Las instituciones favorecen la privatización de servicios básicos, a
los ciudadanos mayoritariamente no les gusta, y muchos Ayuntamientos
entran en la operación por sus deudas (o por otros motivos): esperan
reducir gastos y obtener réditos. Antes de Alemania fueron los italianos
los que se resistieron a la política privatizadora de servicios
esenciales de Berlusconi, y en 2010, París remunicipalizó el servicio
del agua y se lo arrebató a gigantes como Veolia y Suez. Mientras unos
países tienen asegurado constitucionalmente el carácter público del
suministro de agua, en otros (por ejemplo, Reino Unido) es casi
enteramente privado. En el borrador de acuerdo que negocian en este
momento democristianos y socialdemócratas en Alemania para formar una
gran coalición se califica a estos servicios como “responsabilidad
genuina del Estado”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La gestión del suministro de agua está en manos públicas en el 85% de
EE UU, en el 100% en Japón y en la mayoría de las ciudades europeas;
por el contrario, en España, el 57% de la población está abastecido por
empresas privadas, según <em>Alternativas Económicas.</em> Dada la
habitual falta de transparencia de los procesos privatizadores, conviene
seguir con atención lo que está sucediendo en grandes ciudades como
Barcelona y Madrid. Mientras en la capital catalana está sometido a
tensiones jurídicas el proceso y adjudicación del abastecimiento a cinco
millones de personas, en Madrid esá detenida de momento la
privatización del 49% de la propiedad del Canal de Isabel II, la
operación que tanto gusta al presidente de la Comunidad, Ignacio
González. Mientras tanto, esta empresa trata de aglutinar a su alrededor
al mayor número de municipios, que pueden ver en el futuro cómo su agua
deviene en un producto financiero más.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Joaquín Estefanía</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>El País</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://elpais.com/elpais/2013/11/08/opinion/1383930471_411799.html">http://elpais.com/elpais/2013/11/08/opinion/1383930471_411799.html </a></div>
</div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-71039147681467744142013-11-09T04:23:00.004-08:002013-11-09T04:23:56.159-08:00Las pensiones no se tocan<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4RD2p6rSlPMmYpB4JwtwKJEbT2XkczIP_dKZL3The7gQR6pCpkWCI2xL7SG5eRsv7z0lMSywyLgTTyRH2_mkQV3re85fFZZXM2r5mQQrGKV01b8weLdxRrTuMCqZvoRdl784mlG1vafo/s1600/pensiones+3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="83" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4RD2p6rSlPMmYpB4JwtwKJEbT2XkczIP_dKZL3The7gQR6pCpkWCI2xL7SG5eRsv7z0lMSywyLgTTyRH2_mkQV3re85fFZZXM2r5mQQrGKV01b8weLdxRrTuMCqZvoRdl784mlG1vafo/s200/pensiones+3.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Es sorprendente el marginal debate y las pocas movilizaciones surgidas
alrededor de la reforma de las pensiones que el gobierno quiere aprobar
antes de fin de año. La gravedad de la reforma se puede constatar en los
presupuestos públicos de 2014 presentados las últimas semanas. "Las
pensiones aumentan un 0,25%" titulaban falazmente los medios de
comunicación convencionales. Si la inflación es superior al 0,25%, y
raramente no lo es, las pensiones no suben sino que bajan. Lo cierto es
que las pensionistas cobraran cada vez menos. El gobierno reducirá las
pensiones tanto futuras como actuales, algo insólito hasta el momento.
Las consecuencias pueden ser dramáticas dado que las prestaciones son
actualmente muy limitadas y miles de familias con todos sus miembros
parados sobreviven gracias a la pensión de los padres, madres, abuelos y
abuelas. En cambio, esta reforma podría ser una oportunidad para
movilizar un amplio sector de la población en la defensa de un derecho
que hasta ahora creíamos un pilar intocable del estado de bienestar. El
Seminari d'economia crítica Taifa ha publicado recientemente un breve
informe con el que desenmascara los argumentos y denuncia las
consecuencias de esta reforma. Me limito a recojer los ejes del debate y
los argumentos que han de servir para concienciar una población
golpeada por la crisis y los programas de ajuste.<br /><br />Las pensiones
no tienen relación directa con la crisis económica. Los poderes
políticos y económicos planteaban esta cuestión mucho antes del
estallido de la crisis. El sistema de pensiones público es uno de los
objetivos a derrocar de la agenda neoliberal desde hace décadas. La
estrategia de deterioro de las pensiones públicas empieza con la
reducción de las prestaciones. El argumento central que utilizan los
"comités de sabios", siempre formados por representantes de la banca y
las aseguradoras, es que el sistema de pensiones es insostenible. Las
causas que presentan son que la esperanza de vida aumenta
progresivamente al mismo tiempo que hay menos cotizantes a causa de la
caída de la población activa. A partir de esta idea extienden la alarma
social pregonando que a largo plazo no habrá dinero para pagar las
pensiones públicas.<br /><br />La actual reforma se centra en dos índices de
aparente carácter técnico. Por un lado, el Factor de Equidad
Intergeneracional (FEI) a través del cual los nuevos jubilados verán
reducirse anualmente el importe de su pensión en función del aumento de
la esperanza de vida. Por otro lado, el Factor de Revalorización Anual
(FRA) afectará a todos los jubilados, futuros y presentes, a través de
la eliminación de la revalorización por el IPC -índice de precios al
consumo que mide la inflación. La referencia al IPC será substituida por
una complicada fórmula que acabará provocando la reducción de la
capacidad de compra de las pensiones pues difícilmente aumentará por
encima de la inflación.<br /><br />Observamos una vez más como el lenguaje
tecnocrático y opaco es una herramienta utilizada por los gobiernos para
hacer creer a la población que las reformas impuestas son la única y
adecuada alternativa. Las trampas de estos argumentos son múltiples, y
se podría extraer una lectura política sobre la distribución del
excedente social producido por los y las trabajadoras. Pero en un nivel
más superficial ya encontramos flagrantes falacias.<br /><br />No hay ningún
motivo económico que justifique que el presupuesto de pensiones haya de
estar constantemente en equilibrio o superávit. A ninguna otra partida
del presupuesto público se le exige que se autofinancie dado que son los
ingresos vía impuestos que cubren una serie de gastos e inversiones.
Por qué las pensiones han de pagarse exclusivamente con las cotizaciones
de los trabajadores? Si entendemos que los ancianos son un sector de la
población del que hemos de hacernos cargo el conjunto de esta, también
las rentas al capital, y otros impuestos, podrían aportar al fondo de
pensiones. Por qué no se considera un aumento de los ingresos del
sistema de pensiones? Si hace falta solucionar la actual situación de
déficit, presente únicamente hace dos años y minúsculo comparado con el
déficit de otras partidas de la administración, se podría aumentar las
cotizaciones de los trabajadores activos y de las empresas o bien crear
un impuesto a tal efecto o destinar una parte de los ingresos de los
impuestos ya existentes.<br /><br />El número de trabajadores, ciertamente
menguante por la destrucción productiva causante de la crisis, es un
dato secundario. Lo que importa es la riqueza producida. Los aumentos de
la productividad gracias a los avances tecnológicos de las últimas
décadas han permitido a la economía producir más mercancías con menos
trabajadores. Dejando ahora de lado, aunque no hay que olvidarlo, lo que
esto supone en términos de generación de un creciente ejército de
reserva y de la intrínseca caída tendencial de la tasa de ganancia del
capital. De este modo, los bienes y servicios, o valores de uso, que
sirven para cubrir las necesidades de las personas son progresivamente
mayores. No es necesario observar que para producirlos ha hecho falta
menos trabajadores sino que se genera una riqueza creciente en
proporción a una población dada. De este modo, el problema se
desplazaría hacia lo relevante del debate: la distribución de la
riqueza.<br /><br />El otro elemento importante, que explica por qué se
recupera ahora el debate de las pensiones, es que en el contexto de
crisis es más fácil aprobar este tipo de medidas antipopulares. La
reforma de las pensiones públicas casa perfectamente con las políticas
de ajuste centradas en los recortes del gasto público, la privatización
del patrimonio y los servicios públicos y la liberalización de la
economía. Por otro lado, la capacidad de reacción de la población,
masivamente desocupada y endeudada y atemorizada por el futuro incierto,
es muy reducida.<br /><br />Una vez tengamos pensiones tan reducidas que no
sea posible sobrevivir con ellas, el gobierno y los promotores de la
reforma recomendarán la contratación de pensiones privadas, no sólo
individuales sino también colectivas, de empresa, algo que algunas
instituciones públicas ya han aplicado a sus funcionarios. Las pensiones
privadas han aumentado fuertemente los últimos años pero parece que no
lo suficiente según los intereses de las instituciones financieras. La
insultante explicación que se encuentra en la mayoría de informes de la
patronal y del sector financiero es que las pensiones públicas "son
demasiado generosas", y por ello los ahorradores no contratan pensiones
privadas. En cambio, la pensión media es de 858 euros: la media de
jubilación es de 982 euros y la media de viudez es de 618 euros. A pesar
de que estos importes son modestos, las medias no siempre explican la
magnitud del problema. Según la fundación FOESSA y Cáritas, el 57% de
los pensionistas perciben una cantidad inferior a 650 euros (umbral de
pobreza) y el 13% percibe menos de 350 euros (nivel de pobreza severa).
La mitad de la población pensionista en España es pobre. Pero para los
expertos financieros las pensiones son "demasiado generosas".<br /><br />Las
pensiones privadas gozan de importantes desgravaciones fiscales en la
declaración de la renta. Si realmente hay que aplicar recortes y
reformas para reducir el déficit, y si realmente no hay dinero para las
pensiones públicas, por qué se desgravan las pensiones privadas? La
respuesta se encuentra en el modelo de fiscalidad que promueve favorecer
sistemáticamente el capital y la población con rentas más elevadas
excusado bajo la falsa teoría del goteo.<br /><br />El verdadero objetivo de
la reforma es la privatización de las pensiones, algo que permitiría al
capital financiero gestionar ingentes ahorros a través de los fondos de
pensiones privados con destino a los mercados financieros globales.
Esta es una palanca más de la acumulación por desposesión a través de la
cual el capital quiere ocupar el espacio de un derecho social que hasta
el momento se escapaba de su lógica de valorización.<br /><br />La
consecuencia de la reforma de las pensiones será, claramente, el aumento
de la pobreza y las desigualdades. A parte del elevado riesgo que
comporta depositar los ahorros de una vida en un fondo privado. El
sector financiero, el realmente existente, no las utopías de la economía
ortodoxa premiada con Nobeles, se caracteriza, como hemos visto
últimamente, por la inestabilidad, las crisis y las prácticas
fraudulentas. De verdad queremos confiar nuestros ahorros de jubilación a
las mismas instituciones de las agencias de evaluación de riesgo, de la
crisis de las hipotecas basura, de la especulación con deuda pública,
de la burbuja inmobiliaria y los desahucios? Nos hemos vuelto locos?<br /><br />Otros
argumentos como el alto coste de gestión de las pensiones privadas, la
baja rentabilidad, etc. y un mayor detalle en las consecuencias de la
reforma lo encontraran en el informe presentado por el Seminario de
economía crítica Taifa: Las propuestas sobre las pensiones y las trampas
que ellas plantean. <br /><br />En resumen, si no hay recursos para
mantener el sistema de pensiones público no se entiende de donde pueden
salir los recursos para las pensiones privadas. La crisis de las
pensiones no es una verdad técnica. Es una construcción política e
ideológica. Si se considera el tema en toda su amplitud tal crisis no
existe. Es de vital importancia frenar esta reforma. La única manera de
defensar el derecho a una pensión digna es la misma como se consiguió:
la lucha y la movilización social. <br /><br />Ivan Gordillo, miembro del Seminario de economía crítica Taifa</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://directa.cat/noticia/les-pensions-no-es-toquen" target="_blank">http://directa.cat/noticia/les-pensions-no-es-toquen</a></div>
<div style="text-align: justify;">
Vía Rebelión: <a href="http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176483&titular=las-pensiones-no-se-tocan-">http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176483&titular=las-pensiones-no-se-tocan- </a></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-37992849295479990702013-10-29T10:25:00.002-07:002013-10-29T10:25:51.756-07:00La educación clasista en España<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3hoQE8u7Xe4jc79EpPxb6xfmD0YhFtMAR0qocLtbOyTOhET_1cO6WMdVc6Lg56anQZpbCqWbFWTbm5-b26O4q2AD300dnUuDgpr2wZGaA9Wss_JsQ8xlVjbAVel7OLROhwp9VWOiw3JM/s1600/manipulaci%C3%B3n2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="142" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3hoQE8u7Xe4jc79EpPxb6xfmD0YhFtMAR0qocLtbOyTOhET_1cO6WMdVc6Lg56anQZpbCqWbFWTbm5-b26O4q2AD300dnUuDgpr2wZGaA9Wss_JsQ8xlVjbAVel7OLROhwp9VWOiw3JM/s200/manipulaci%C3%B3n2.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
En España hay clases sociales. Y es imposible entender qué
ocurre en España sin entender el enorme dominio que la burguesía,
pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta alta han tenido
y continúan teniendo sobre los aparatos del Estado, influencia que está
alcanzando su máxima expresión durante el gobierno Rajoy, el gobierno
que España ha tenido durante el periodo democrático que ha sido más
sensible a los intereses de estas clases sociales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Esta enorme influencia explica muchas realidades, tales como
la pobreza del Estado del Bienestar (España tiene uno de los gastos
públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15, el grupo de
países, dentro de la Unión Europea, de semejante desarrollo económico),
su escasa capacidad redistributiva (de nuevo, el Estado español es de
los menos redistributivos en la UE-15), su escasa progresividad fiscal
(mientras que los trabajadores de la manufactura pagan impuestos -en
porcentaje sobre su sueldo-, en cantidades semejantes a sus homólogos en
la UE-15, el 1% de la población que deriva sus ingresos de la propiedad
de capital paga sólo un 10% de lo que pagan sus homólogos en el
promedio de los países de la UE-15). Todo ello explica la gran pobreza
de los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como la
educación. El Estado español gastó en educación en 2010 solo un 4,2% de
su PIB, mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (5,2 %), y mucho,
mucho más bajo que Suecia (7%), uno de los países de la UE donde la
clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja tienen mayor
influencia sobre el Estado. El gasto educativo por alumno (en todas las
categorías de estudios) en España es de los más bajos de la UE-15.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Las consecuencias de esta pobreza del gasto educativo son
muchas. Y la más llamativa es la polarización, por clase social, del
sistema educativo. Desde las escuelas de infancia (mal llamadas
guarderías) hasta la enseñanza primaria y secundaria, las clases
pudientes llevan a sus hijos a las escuelas privadas (cuyo gasto por
alumno es más elevado que las públicas, con un subsidio público muy
importante, llamado concierto), y las clases populares (las clases
medias de renta media y baja y la clase trabajadora) envían a sus hijos a
la escuela pública. Muchas de las privadas están gestionadas por la
Iglesia católica, que institucionalmente ha sido siempre cercana a los
intereses de las clases más pudientes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Durante la mayoría del periodo democrático, el número de
horas lectivas en la enseñanza era mayor en las escuelas europeas que
las escuelas públicas españolas. Así, en las escuelas secundarias, las
horas lectivas eran de 559 horas al año en las públicas españolas,
comparado con 678 horas en el promedio de las escuelas de la UE-15.
Sumando el déficit anual, el estudiante español iba a la escuela
secundaria un año menos que el estudiante europeo. No por casualidad, el
conocimiento en comprensión de lectura, de matemáticas y de lenguas de
un graduado español de la escuela secundaria era semejante al de un
estudiante europeo de un año menos (Datos de PISA, 2003). Tal
diferencial de conocimientos no ha disminuido. En realidad, ha aumentado
(PISA, 2012). Y lo que es también interesante subrayar es que los
estudiantes de la privada tampoco están mejor que el promedio de los
estudiantes de la escuela pública europea (de la UE-15). En realidad,
están peor.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La evidencia empírica es clara y contundente para todo aquel
que lo quiera ver. Los sistemas educativos polarizados por clase
social, con una dicotomía pública-privada, son peores en su calidad
educativa que los sistemas públicos mayoritarios. En España, el 34% de
los estudiantes van a la privada, y el 66% a la pública. En comparación,
en Suecia y Finlandia (esta última es considerada la mejor de Europa)
la distribución de porcentajes es 7% versus 93% respectivamente. Esta es
una de las mayores causas de la baja calidad educativa en España,
resultado del enorme poder de las clases más pudientes (burguesía,
pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta) sobre el
Estado a través de sus instrumentos políticos (los partidos
conservadores y liberales) y mediáticos (la gran mayoría de medios de
información, tanto públicos como privados), que en su egoísmo –defensa a
ultranza de sus intereses inmediatos- están dañando al país, y también,
paradójicamente, a la educación de sus hijos, aun cuando consiguen lo
que más quieren, es decir, mantener la distancia social (creando
ciudadanos de primera –sus hijos- y de segunda –todos los demás-)
reproduciendo las desigualdades dentro de la ciudadanía, manteniendo sus
privilegios.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Representa, por cierto, una gran incoherencia que esas
fuerzas conservadoras y liberales, y sus partidos políticos, como el PP,
que se presentan como las “fuerzas patrióticas”, que constantemente
hablan de patria o nación enarbolando la bandera, apliquen a la vez
políticas públicas, en educación, que descohesiona tal patria. En
realidad, la defensa de sus intereses a través de las políticas públicas
del gobierno Rajoy daña a la mayoría de la ciudadanía, mostrando que
pese a su discurso y narrativa, son profundamente anti-patriotas, pues
el elemento clave de la patria –el término que utilizan ellos-, es su
población. Y la mayoría queda dañada por esas políticas. De ahí que
debiera ser una tarea a realizar por las fuerzas progresistas
desenmascarar la utilización tan abusiva y oportunista de los
“superpatriotas” de las banderas, pues en realidad están defendiendo sus
intereses de clase. Su visión de España es una visión clasista que daña
a la España real. Cada uno de los elementos de la reforma Wert favorece
a su visión clasista, en contra de la España real, la España social y
la España plurinacional. Es una reforma reaccionaria que dañará a las
clases populares –la mayoría de la ciudadanía en España-.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><b>Vicenç Navarro</b> es
catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor
de Public Policy. The Johns Hopkins University</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>El Plural</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><a href="http://www.elplural.com/2013/10/28/la-educacion-clasista-en-espana/">http://www.elplural.com/2013/10/28/la-educacion-clasista-en-espana/ </a></i></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-52187661132418322552013-10-28T13:57:00.000-07:002013-10-28T13:57:53.561-07:00Universidad S.A. (Documental)<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwMU0F3zCkQztJabfVvTsZMKYXXdxWRfijqVI4cwDrVxSd8l8Fg53u2aFITqQnOpw9XU2KZ3MANIHFCb8BylOjDO1t5Ma1h-wKNS0i6XsWlNRRfadRt4YbKPcshXnEyeE0TN9ns-0ugSI/s1600/documental+universidad.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="115" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwMU0F3zCkQztJabfVvTsZMKYXXdxWRfijqVI4cwDrVxSd8l8Fg53u2aFITqQnOpw9XU2KZ3MANIHFCb8BylOjDO1t5Ma1h-wKNS0i6XsWlNRRfadRt4YbKPcshXnEyeE0TN9ns-0ugSI/s200/documental+universidad.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>Universidad S.A. (Documental) </b></span></div>
<div style="text-align: center;">
www.universidadsa.com</div>
<div style="text-align: center;">
<a href="http://vimeo.com/77578140#at=NaN"> http://vimeo.com/77578140#at=NaN</a></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Este documental pretende mostrar los procesos y las consecuencias que
resultan de la mercantilización de la Universidad y de su contexto
político, económico y social.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para ello, contactamos y entrevistamos a personas vinculadas a la
universidad de diferentes maneras y con distintos perfiles, desde una
ex-alumna hasta un ex-rector; con tal de intentar ofrecer una visión
amplia y diversa de lo que acontece la educación superior. Nuestro
cedazo, en materia de selección de los entrevistados, fueron los ejes
temáticos que veíamos importante tratar así como la voluntad de
colaboración con este proyecto; pues, cabe decir, que no pocos
desatendieron nuestra invitación.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Con todo, parece ser, que de una manera u otra la mayoría de los
puntos de vista mostrados en el documental convergen hacia un mismo
punto: la Universidad, la niña bonita de nuestras instituciones, se ha
dejado corromper. Y lo ha hecho de distintas maneras: sometiéndose a los
dictados de la mercantilización, dejándose llevar por la fiebre
inmobiliaria, banalizando los títulos, aceptando la privatización
-literalmente- de los resultados de las investigaciones (y por ende;
elitizando y privatizando el conocimiento producido con dinero público),
deshumanizando las aulas y a lo que ellas contengan, etc. Todo, por tal
de satisfacer a nuestras nuevas deidades: los mercados, las empresas y
las corporaciones que en ellos actúan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Así, el documental transita desde los espacios macroeconómicos de
decisión que marcan la pauta y el hacer de los gobiernos a la traducción
directa de la aplicación de estas medidas, previo señalamiento de los
responsables políticos, explicitando las consecuencias sociales y
personales que tienen estas dinámicas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
------------------------------------------------------------------------ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="ecxMsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="ecxMsoHyperlink"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 13.0pt; text-decoration: none;">"Universidad, S.A."</span></span><span class="ecxMsoHyperlink"><span style="color: #c00000; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 13.0pt; text-decoration: none;"> </span></span><span class="ecxMsoHyperlink"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 13.0pt; text-decoration: none;">es
un documental que se estrenó el 24 de Octubre, y que aborda la
situación de las universidades públicas españolas a través del análisis
de los casos concretos de las universidades Catalanas (totalmente
extrapolable al resto del Reino). El proyecto fue autofinanciado por los
autores, independientes de cualquier organización, y publicado bajo una
licencia Creative Commons.</span></span></div>
<div class="ecxMsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="ecxMsoNormal" style="text-align: justify;">
<span class="ecxMsoHyperlink"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 13.0pt; text-decoration: none;">Se
trata de un video necesario para saber dónde estamos y a dónde nos
dirigimos, explicado de la mano de personalidades académicas y alumnos,
Josep Ferrer (Ex-rector de la Universitat Politècnica de Catalunya),
Gemma Rauret (Ex-directora de la ANECA y la AQU, agencias de calidad),
Jordi Estivill (destacado profesor universitario a nivel europeo, ahora,
jubilado), Vera Sacristán (Profesora de la UPC y miembro del
Observatorio del Sistema Universitario), Jorge Calero y Ramón Franquesa
(profesores y economistas de la Universitat de Barcelona), Aída Sánchez
(Profesora recortada de la Universitat de Barcelona), Santiago López
Petit (Profesor recién jubilado de filosofía de la UB), Xavier Bonal
(Sociólogo de la Universitat Autónoma de Barcelona), y, por último, Ruth
y Edurne (dos alumnas).</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-45401442247247247192013-10-24T12:26:00.001-07:002013-10-24T12:26:20.373-07:00 Una educación abocada al subdesarrollo<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd1IWiBU5jwqu7CUztYzDc6lKOGL3qUsSpDB0VsYdeA1WsP8FCDAPbeqnRPSbGf_-tmDO9El8cQE6CekhvoB8xQ3v_RodxA5AZA5EYhh1MVVoZzmWD9c2nwNF3bjJuldkva3hhpQcQ9e0/s1600/lomce2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="112" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd1IWiBU5jwqu7CUztYzDc6lKOGL3qUsSpDB0VsYdeA1WsP8FCDAPbeqnRPSbGf_-tmDO9El8cQE6CekhvoB8xQ3v_RodxA5AZA5EYhh1MVVoZzmWD9c2nwNF3bjJuldkva3hhpQcQ9e0/s200/lomce2.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
La reforma del ministro Wert ha conseguido unir a toda la comunidad
educativa alrededor de un objetivo común: detener el desmantelamiento de
nuestra educación pública y denunciar la naturaleza profundamente
injusta de una reforma que se opone frontalmente a los criterios
científicos y de justicia social vigentes en el campo de la educación.
Tal y como sucedió con la reforma laboral aprobada en febrero 2012, la
denominada <i>Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa</i> (LOMCE)
ha desencadenado un conflicto entre el Gobierno y los intereses de la
mayoría social que se prevé largo y complicado. Ambas reformas, junto
con las ya iniciadas o anunciadas por el Gobierno en muy diferentes
ámbitos (<a href="http://blogs.publico.es/otrasmiradas/720/de-la-reforma-laboral-a-la-reforma-penal-todos-a-la-carcel/">Código Penal</a>,
pensiones, aborto, etc.), configuran una estrategia ultraconservadora
orientada a la ablación de los derechos sociales y políticos de la
inmensa mayoría de la sociedad. Una sociedad condenada por quienes
ostentan el poder político a la precariedad laboral, a la inseguridad
social, a la insuficiencia en la formación y a la limitación de los
derechos que atañen a la esfera íntima de libertad personal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En el epicentro de la batalla contra la LOMCE, entre huelgas y
manifestaciones, es preciso evidenciar y argumentar está la relación de
continuidad entre las distintas reformas y en particular entre la
reforma laboral y la educativa. Para ello debemos aludir, en primer
lugar y de forma preeminente, a la profunda transformación operada en el
seno de la Unión Europea a raíz de la implantación del euro. Como es
sabido, la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a
otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema
europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como
importadores netos de demanda general. O, por expresar la idea con otras
palabras, la unión económica y monetaria ha permitido que los países
centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes
comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier
posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa
redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la
cuenca mediterránea. Como vamos a comprobar enseguida, las reformas a
las que nos referimos se inscriben en este contexto, que explica y
moldea sus características fundamentales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Veamos. El aspecto más notable de la zona euro ha sido la aparición
de una nueva división del trabajo favorable a los países centrales, que
han aprovechado la brecha de competitividad con la periferia para
controlar porciones cada vez más grandes de los flujos comerciales en el
interior de la Unión Europea. Mientras Alemania, Holanda o Finlandia
orientaban sus economías hacia la fabricación de bienes de alto valor
añadido, los países de la periferia se especializaban en la producción
de bienes de bajo valor añadido, animando a base de crédito el consumo
de productos fabricados en el Norte rico. España, por ejemplo, se
entregó a una vorágine urbanizadora que, en apenas una década,
transformó profundamente el territorio de nuestro país. El virus de la
especulación, que se extendió rápidamente por todo el cuerpo social,
provocó un aquelarre inmobiliario que ha estimulado a la economía
española durante algo más de un decenio, convirtiendo el sector de la
construcción en la verdadera industria nacional y otorgándole una
importancia económica muy superior a la de otros países europeos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Partiendo de esta base, no parece exagerado afirmar que el proceso de
construcción europea ha provocado una situación de naturaleza colonial,
caracterizada por la hegemonía alemana y la subordinación de las
economías periféricas a partir de una específica división del trabajo
que convierte a los países pobres en una reserva de mano de obra barata.
Ciertamente, esta situación no se deriva de una guerra de agresión,
sino de una estrategia competitiva encabezada por Alemania y plenamente
aceptada por las clases dirigentes de los países periféricos, que de
este modo asumen su incapacidad de afrontar un camino independiente para
sus respectivos países. Sin embargo, el resultado no ofrece lugar a
dudas: una relación de subordinación y dependencia semejante a la que se
produce en el proceso de colonización clásico, caracterizado por la
desposesión sistemática de las economías periféricas y la
sobreexplotación de sus trabajadores.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En este contexto, la reforma laboral aprobada por el Gobierno del
Partido Popular constituye un paso decisivo en la acelerada transición
hacia el subdesarrollo que ha comenzado en nuestro país. Este proceso,
que supone un importante retroceso en la protección legal de los
trabajadores, se desarrolla al margen del turnismo político mediante
diversas fórmulas legislativas: el abaratamiento del despido, la
contratación temporal no causal o la desarticulación de la negociación
colectiva… Su objetivo es elevar la tasa de beneficio incrementando la
tasa de explotación de los trabajadores. Pretende rentabilizar al máximo
el uso de la fuerza de trabajo flexibilizando el empleo y eliminando
controles administrativos y sindicales. Se trata, en definitiva, de <a href="http://blogs.publico.es/dominiopublico/6447/seis-millones-de-parados-las-uvas-de-la-ira-estan-engordando/">una violenta devaluación salarial</a>
que se encuentra reflejada en los diferentes datos estadísticos y que
supone la consolidación del mercado de trabajo típico de los países
subdesarrollados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pues bien, la LOMCE se explica y cobra sentido en este contexto
económico y laboral. Recordemos que, entre otros aspectos, la Ley reduce
el número de asignaturas y limita la carga lectiva a unos contenidos
mínimos, orientando el sistema educativo hacia la preparación de mano de
obra barata, futuros trabajadores precarios provistos de los
conocimientos indispensables para desenvolverse adecuadamente en el
mercado laboral basura que les brinda el capitalismo. Ignorando las
verdaderas necesidades del alumnado, la reforma alumbra un sistema
educativo que se basa en la realización de exámenes continuos,
convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos en la que las
condiciones económicas y familiares serán determinantes para el éxito o
el fracaso escolar. En una economía periférica, el mercado laboral
reclama mano de obra masiva y no cualificada, como corresponde a una
sociedad clasista que descarta la igualdad de oportunidades. No es
aventurado suponer que, tras la aprobación de la LOMCE, los hijos de una
familia trabajadora verán disminuidas sus posibilidades de progresar
socialmente y sufrirán las consecuencias de la nueva división europea
del trabajo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En coherencia con ello, la reforma apuesta decididamente por la
segregación clasista del alumnado, delineando un abanico de itinerarios
formativos que se inician a edad muy temprana y que pretenden eliminar
de manera progresiva la educación común durante la etapa obligatoria.
Como ha denunciado la comunidad científica, esta opción legislativa
ignora y vulnera las necesidades y motivaciones del alumnado,
convirtiendo el sistema educativo en una gigantesca agencia de formación
y selección de personal para satisfacer las necesidades de las
empresas. Por si hubiera alguna duda sobre la intención del legislador,
el segundo borrador de la Ley establecía que los alumnos que presenten
una “situación socioeconómica desfavorable” serían desviados a diversos
programas de formación profesional, evidenciando el futuro que el
Ministro tiene reservado a aquellos estudiantes que proceden de familias
con menos recursos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hace meses que la comunidad educativa viene alzando la voz para
desenmascarar las verdaderas intenciones de esta bárbara reforma. Las
masivas movilizaciones y protestas de la marea verde ponen de relieve
que este colectivo está unido en la defensa de la educación pública.
Pero más allá de la comunidad educativa, es la sociedad en su conjunto
la que debe rechazar esta reforma de manera contundente y reclamar con
toda firmeza la construcción de una alternativa, con protestas por las
vías tradicionales, con la reinvención de la movilización y la acción
social, desde estructuras ya establecidas y con la creación de otras
nuevas. No nos queda otra opción que reconquistar nuestra independencia
para detener el empobrecimiento de la población. De lo contrario, la
transición hacia el subdesarrollo se consolidará e institucionalizará,
convirtiendo a nuestro país en una reserva de mano de obra barata
condenada a vender su fuerza de trabajo por salarios de miseria.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La clave es una movilización de carácter general y sostenida en el
tiempo contra una nueva colonización dirigida por la Troika (Comisión
Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y
consentida por régimen bipartidista. Todas las resistencias deben
confluir en un objetivo común, de mayor alcance, construyendo una amplia
alianza político-social alrededor de la propuesta de impago de la
deuda, la recuperación de la soberanía y el rechazo a las reformas
alevosamente impuestas a nuestro país. Las recientes movilizaciones,
protestas y malestar compartido demuestran que no se trata de un brindis
al sol: esta alianza existe de manera potencial en nuestra sociedad y
acabar de conformarla está en manos de las personas que salimos a la
calle en defensa de nuestra educación pública, las que hemos salido y
saldremos en defensa de nuestros derechos. Pero ya no basta con repetir
el ritual de protesta, hace falta avanzar en los distintos caminos de
organización y confluencia. La transición está en marcha y el tiempo no
corre a nuestro favor.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<b>Héctor Illueca</b><em><b><br />
</b></em><em>Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social</em><br />
<b>Adoración Guamán</b><em><b><br />
</b></em><em>Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social</em><br />
<b><em>Público.es</em></b><br />
<b><em><a href="http://blogs.publico.es/otrasmiradas/1181/una-educacion-abocada-al-subdesarrollo/">http://blogs.publico.es/otrasmiradas/1181/una-educacion-abocada-al-subdesarrollo/ </a></em></b><br />
<em> </em><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-55651397877381255172013-10-22T14:56:00.001-07:002013-10-22T14:56:27.236-07:00Libro: "La privatización de los Sevicios Públicos en España<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil5oTONP3ftdIG1JpwZsV9o_SEoA-6zJC-pluNFCPcJtscTGXCP0CEsQ_5_87tk65pvcRevysTt6nOp6a8Ymzqd0n-GodEHA6pjFvmw8wFJq1ar85ZqtH4Ymi764VwOq4tMxWoHGljj68/s1600/480x80x4-bannersspp.jpg.pagespeed.ic.ycIFddAsgQ.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="66" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil5oTONP3ftdIG1JpwZsV9o_SEoA-6zJC-pluNFCPcJtscTGXCP0CEsQ_5_87tk65pvcRevysTt6nOp6a8Ymzqd0n-GodEHA6pjFvmw8wFJq1ar85ZqtH4Ymi764VwOq4tMxWoHGljj68/s400/480x80x4-bannersspp.jpg.pagespeed.ic.ycIFddAsgQ.jpg" width="400" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: center;">
<a href="http://www.attac.es/wp-content/uploads/2013/01/Web_v1.0.pdf">http://www.attac.es/wp-content/uploads/2013/01/Web_v1.0.pdf</a></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div data-canvas-width="82.55680000000001" data-font-name="g_font_p0_7" dir="ltr" style="font-family: sans-serif; font-size: 16px; left: 78.4639px; text-align: center; top: 159.04px; transform-origin: 0% 0% 0px; transform: scale(0.948929, 1);">
<span style="font-size: small;"> <b>Comisión de Servicios Públicos y Comercio Internacional </b></span></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><b>Attac España</b></span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
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<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Contribuciones de:</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Alberto Ameijide, Luis Babiano, Eloi
Badia, Carles Blanco de la
Fuente, Jaume Delclòs, Carmen Esbrí, Carles Escolano,Ricardo
García Zaldivar, Jaume Giménez Duran, Matteo Guainazzi, Catalina Llobera, Víctor
López, Apol.lònia Miralles Xamena, Rafael Muñoz, Vicenç Navarro, Caterina
Oliver Nicolau, Enrique Ortega, Fermín Rodríguez Castro, Carlos Ruiz Escudero,
Irene Salamanca, Carmen San José, Lidia Serrano</div>
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<br /><div data-canvas-width="3.52" data-font-name="g_font_p0_10" dir="ltr" style="font-family: sans-serif; font-size: 16px; left: 404.358px; top: 177.6px; transform-origin: 0% 0% 0px; transform: scale(0.88, 1);">
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Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-65754078758908116252013-10-22T12:23:00.000-07:002013-10-22T12:23:02.083-07:00 La privatización de los servicios de agua: ¿austeridad o negocio?<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSB-FAJJI1zk-tf-k7_vMmG4cDiuAm5YXY1R-B09RxZ44Sw1js8gTVhbdlBQksW2Fo7g3xGPW2GvPLXdLyB5hA7gIdoYmTml5d-Vz90x4F-sslvN7v3odl7lUNtwu0aN5go7ZFNMbv8Cg/s1600/agua1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="115" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSB-FAJJI1zk-tf-k7_vMmG4cDiuAm5YXY1R-B09RxZ44Sw1js8gTVhbdlBQksW2Fo7g3xGPW2GvPLXdLyB5hA7gIdoYmTml5d-Vz90x4F-sslvN7v3odl7lUNtwu0aN5go7ZFNMbv8Cg/s200/agua1.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">La
estrategia neoliberal del Banco Mundial (BM) y de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) ha venido presionando para reducir el campo de
acción de la función pública a todos los niveles, a fin de dejar
mayores espacios a la iniciativa privada. Bajo esta presión, se han
degradado las tradicionales funciones del Estado, como impulsor de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">valores de justicia</i> y <i style="mso-bidi-font-style: normal;">cohesión social</i>. En los países empobrecidos y en desarrollo se han desmontado, o cuando menos debilitado, los ya de por sí endebles <i style="mso-bidi-font-style: normal;">servicios públicos</i> y las perentorias <i style="mso-bidi-font-style: normal;">políticas de protección social</i>. Pero incluso en el mundo desarrollado, el llamado <i style="mso-bidi-font-style: normal;">estado del bienestar</i>
se ve ya gravemente afectado, especialmente a raíz de la vigente
crisis. Bajo el pretendido argumento de la “austeridad”, las
instituciones públicas, debilitadas en sus capacidades financieras,
tienden a <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“vender los muebles”</i>, concesionando y privatizando los servicios básicos bajo su responsabilidad, como forma de aliviar su situación financiera. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Asistimos a un proceso de progresiva <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“anorexización”</i> de las instituciones públicas, bajo la idea de que el dinero <i style="mso-bidi-font-style: normal;">donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente</i>.
Se ha venido promoviendo la desconfianza hacia la función pública, como
ineficiente, opaca y burocrática, al tiempo que se han venido
presentando las políticas <i style="mso-bidi-font-style: normal;">desreguladoras</i> y <i style="mso-bidi-font-style: normal;">privatizadoras </i>como alternativas de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">modernidad, flexibilidad, eficiencia</i> y <i style="mso-bidi-font-style: normal;">racionalidad</i>, glorificando las virtudes del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">libre mercado</i>. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Desde este enfoque, garantizar el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">acceso universal</i> a <i style="mso-bidi-font-style: normal;">servicios básicos de interés general</i>, como los de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">agua y saneamiento</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">sanidad </i>o <i style="mso-bidi-font-style: normal;">educación</i>, tradicionalmente asumidos, cuando menos, como <i style="mso-bidi-font-style: normal;">derechos de ciudadanía</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span></i><span lang="ES-TRAD"> llega a considerarse una interferencia por parte del Estado contra el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">libre mercado</i>. Se supone que el Estado debe retirarse y dejar que tales servicios sean gestionados como simples <i style="mso-bidi-font-style: normal;">servicios económicos</i> desde un marco de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">libre competencia</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">.</span></i><span lang="ES-TRAD"> Los <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ciudadanos</i>, en consecuencia, deben pasar a ser <i style="mso-bidi-font-style: normal;">clientes</i>; y los servicios en cuestión deben dejar de ser de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">acceso universal</i> para pasar a ser accesibles tan sólo para quienes puedan y quieran pagarlos.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-TRAD">Diversos modelos de privatización del agua</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Se
han promovido diversos modelos de privatización en materia de aguas. En
Chile, bajo la dictadura de Pinochet, se ensayaron las opciones más
radicales del naciente neoliberalismo, lo que llevó a privatizar</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD"> en la práctica</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD">
los ecosistemas acuáticos. Aunque la propiedad formal de los ríos es
pública, el control real del uso de sus aguas es privado, sin
restricciones de ningún tipo, incluido el derecho de compra-venta.
Pinochet se aseguró de anclar ese principio privatizador al marco
constitucional a la hora de ofrecer la transición a la democracia… Por
ello, si alguien necesita una concesión de aguas en Chile, hasta hace
poco tenía que viajar a Madrid</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD">
para negociar con Endesa, propietaria de buena parte de los ríos
chilenos, y ahora debería hacerlo a Roma, donde están los accionistas
mayoritarios de la citada empresa</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">La
Sra. Thatcher, en el Reino Unido, promovería posteriormente un modelo
menos agresivo, al privatizar tan sólo las infraestructuras urbanas de
abastecimiento y saneamiento. Por un precio simbólico, entregó, por
ejemplo, a Times Water</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD">
la propiedad de toda la red de abastecimiento y saneamiento del área
metropolitana londinense… Al mismo tiempo, hay que decir, se constituyó
un potente ente público, OFWAT, que debe regular el servicio en
cuestión. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Sin embargo, lo cierto es que, ni uno ni otro modelo se expandieron posteriormente a otros países</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">.</span><span lang="ES-TRAD"> El modelo francés, sin embargo, mucho más sutil, es el que se ha extendido por todo el mundo</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD"> con el apoyo explícito del Banco Mundial. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">En
el llamado “modelo francés”, tanto los ecosistemas acuáticos como las
principales infraestructuras de regulación, conducción, distribución y
saneamiento quedan bajo dominio público. Los grandes operadores
transnacionales aspiran a recibir simplemente la concesión de gestión
del servicio, para lo cual proponen una estrategia de partenariado
público-privado, conocida por las siglas PPP (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Public-Private-Partnership</i>).
Desde esta estrategia se suelen promover empresas mixtas en las que los
grandes operadores no tienen inconveniente en aceptar ser socios
minoritarios, frente al correspondiente Ayuntamiento, Gobierno Regional o
Nacional. La clave innegociable hay que buscarla en las cláusulas que
establecen la exclusividad de la empresa privada en lo que se refiere a
la gestión, bajo el argumento de que son ellos quienes disponen del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">conocimiento y capacidades tecnológicas y organizativas</i>; lo que en terminología francesa se presenta como el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Savoir Faire”</i> o en inglés como el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Know How”…</i>
El poder no se busca tanto a través de la mayoría financiera, como, de
forma más sutil, a través de la información. En pocos años, el control
efectivo del servicio y del negocio queda, de forma prácticamente
exclusiva, en manos privadas, aunque formalmente la institución pública
responsable disponga de mayoría financiera en la empresa</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';"> </span><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-TRAD">Los argumentos de la desregulación y privatización de los servicios de agua</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Los
procesos de privatización en grandes ciudades de países empobrecidos o
en desarrollo (los grandes operadores nunca se interesaron por pequeñas
ciudades ni zonas rurales), bajo la presión del BM, han acabado por
motivar la rebelión de los más pobres. La “Guerra del Agua” de
Cochabamba (Bolivia) prendió la mecha en América Latina. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Como
consecuencia de ello, los propios operadores transnacionales reconocen
que han tenido que cambiar su estrategia. Durante casi dos décadas,
priorizaron los llamados <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“mercados no regulados” (“unregulated markets”)</i>, donde la falta de normas y de control público permitía prever un mayor espacio de negocio</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">.</span></i><span lang="ES-TRAD"> Sin embargo, estas corporaciones argumentan hoy, que la falta de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">regulación,</i> unida a la inestabilidad social y política, acaba por generar <i style="mso-bidi-font-style: normal;">riesgos inaceptables</i>… Por ello, la estrategia</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD"> durante los últimos años</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD"> ha girado hacia los llamados <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“mercados fiables” (“reliable markets”)</i>, como los que emergen en países como los de<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Europa Oriental o la propia Rusia.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; tab-stops: 42.55pt 2.0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify; text-indent: .05pt;">
<span lang="ES-TRAD">Tres han venido siendo los principales argumentos empleados por parte de las <i style="mso-bidi-font-style: normal;">instituciones económico-financieras internacionales</i> y por los grandes <i style="mso-bidi-font-style: normal;">operadores privados</i>, para justificar esas políticas de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">desregulación</i> y <i style="mso-bidi-font-style: normal;">privatización</i>:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify; text-indent: .05pt;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -14.15pt;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">Ante la crisis financiera de la Administración, se supone que el sector privado puede aportar las <i style="mso-bidi-font-style: normal;">inversiones</i> necesarias para hacer llegar el servicio a los más pobres.</span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -14.15pt;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">Frente a los problemas de ineficiencia y corrupción en la función pública, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">la libre competencia</i> incentiva la eficiencia e induce un mayor control de los usuarios mediante el ejercicio de sus derechos como clientes.</span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="margin-left: 1cm; text-align: justify; text-indent: -14.15pt;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">Ante
la creciente complejidad técnica de los servicios de agua y saneamiento
en grandes ciudades, la iniciativa privada ofrece la necesaria
tecnología y capacidad organizativa.</span></div>
<div class="MsoBodyText3">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">En
lo que se refiere al primer argumento, lo cierto es que los grandes
operadores privados han invertido escasos fondos propios para
desarrollar redes e infraestructuras básicas en los países en
desarrollo, tal y como demostró, de forma empírica, el proyecto PRINWASS
(Castro-2004), financiado por la UE. Dicho proyecto de investigación
estudió un amplio abanico de casos. Particularmente claras fueron las
conclusiones en el caso de Argentina, el país en el que se inició la
experiencia privatizadora de los servicios de agua en América Latina.
Mientras estuvieron concesionados a los grandes operadores europeos, las
inversiones realizadas siguieron siendo en su mayor parte públicas, y
tan sólo una mínima proporción fue realizada por dichos operadores. La
estrategia empresarial de las grandes corporaciones europeas siempre
consideró arriesgado y poco rentable, realizar inversiones masivas en
infraestructuras básicas. En la mayoría de los casos, el proceso de
privatización tan sólo desbloqueó créditos del BM, que pasaron a ser
gestionados por el operador privado, aunque eso si, se cargaron sobre la
deuda pública argentina, o del país en cuestión</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">.</span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">Hoy, en plena <i style="mso-bidi-font-style: normal;">crisis económico-financiera</i>,
este argumento se ha retorcido, en la medida que son las grandes
corporaciones las que requieren capitales públicos para sobrevivir. De
esta forma, asistimos</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"> entre impasibles e impotentes</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">
a un juego financiero escandaloso: el Banco Central Europeo ofrece
financiación barata (al 1% a tres años) a los grandes bancos, para que
éstos financien operaciones de compra de Bonos del Tesoro o de
privatización de servicios públicos, eso sí cargando intereses del 5 o
del 6%… Es decir nos “compran los muebles” de las instituciones
públicas, con nuestro propio dinero y, para colmo, imponen un margen
impresionante de intereses que se acabarán cargando en las tarifas de
los servicios, una vez privatizados… </span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">El
poder financiero está transformando así su propia crisis en una ventana
de oportunidad para sus intereses, apoyándose para ello en esas
políticas públicas de falsa <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“austeridad”.</i>
En la medida que se trata de un servicio que todos tenemos que usar, si
o si, en nombre de mejorar las finanzas de la colectividad, se acaban
aumentando las cargas globales a cubrir por la ciudadanía en beneficio
de las grandes corporaciones privatizadoras. En realidad, privatizar
este tipo de servicios, para la comunidad, equivale a vender el piso en
el que tenemos que vivir. A renglón seguido, tendremos que alquilárselo a
quien nos lo compró, pagando la amortización de la compra, más los
beneficios que nos impongan. Con el agravante de que, en estas
condiciones, venderemos barato y alquilaremos caro, al precio que nos
marquen… Nada que ver</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">
por tanto, con estrategias de “austeridad”, como sería vender la
segunda residencia para sanear la economía de lo imprescindible… En
nombre de la “austeridad”, en realidad, asistimos a un proceso
sistemático de sabotaje de valores y derechos sociales, como forma de
abrir nuevos espacios de negocio para las grandes corporaciones
privadas.</span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">El segundo argumento, referente a las ventajas de la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">libre competencia</i>,
que en otros servicios puede resultar válido, no lo es en éste. Ante
todo, es preciso subrayar que los servicios de abastecimiento, por su
propia naturaleza, constituyen lo que se denomina un <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“monopolio natural”</i>. El proceso de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">privatización</i>, en este caso, puede promover opciones de competencia <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“por el mercado”,</i> pero no de competencia <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“en el mercado”</i>.
Es decir, a lo más que se puede aspirar es a una efímera competencia
para conseguir la concesión en concurso público, cuando no se produce
una adjudicación directa… En todo caso, una vez adjudicada la concesión,
el servicio pasa a ser gestionado en <i style="mso-bidi-font-style: normal;">régimen de monopolio</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">privado</i> por largas décadas, bajo duras cláusulas de reversión. </span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">En este contexto, y aunque resulte paradójico, lo que suele ocurrir</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"> en la práctica</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">
es que se reduce el nivel real de competencia en los mercados. En
efecto, cuando la gestión es municipal, o se hace desde una empresa
pública local o regional, la adquisición de nuevas tecnologías, los
trabajos de mantenimiento y modernización, así como otras múltiples
acciones específicas, suelen ser contratadas acudiendo al mercado, donde
compiten, en concurso público, multitud de pequeñas y medianas empresas
altamente especializadas. Es lo que se conoce como el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“mercado de inputs secundarios”</i>,
en el que suele producirse un volumen de negocio mayor que en la
gestión misma del servicio. Sin embargo, cuando el servicio queda
concesionado a alguno de los grandes operadores transnacionales, el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“mercado de inputs secundarios”</i>
suele quedar bloqueado y blindado a la competencia, en la medida que
estas empresas disponen de sus propios recursos para cubrir esas
necesidades. El resultado final, paradójicamente, es que <i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="text-decoration: underline;">se reduce la competencia de mercado</span></i> y se encarece indebidamente el servicio.</span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">En la medida que, tal y como hemos explicado, nos encontramos con un <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“monopolio natural”</i>,
el argumento del control de los ciudadanos sobre el operador, a través
de sus derechos como clientes, tampoco funciona, pues tales derechos
sólo pueden ejercerse en la medida que se pueda cambiar de proveedor,
opción que en este caso no es posible</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">.</span></i></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">Tal y como llegó a decir públicamente el director del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Banco Mundial</i> en <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Brasil</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Vinod Thomas</i>: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Cuando hay riesgo de que se genere un monopolio privado, es mejor dejar los servicios en manos del Estado…”</i> (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Folha de Sao Paulo</i>;<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> </i>21-9-2003).</span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">Por otro lado, la pretendida <i style="mso-bidi-font-style: normal;">transparencia del mercado</i> frente a la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">opacidad de la gestión pública</i> es más un mito que una realidad. El hecho de que en muchos casos la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">gestión pública</i> sea burocrática y opaca no significa que tenga que serlo. De hecho, el que la gestión sea pública, permite exigir <i style="mso-bidi-font-style: normal;">transparencia,</i>
en la medida que las instituciones públicas se deben a la ciudadanía;
mientras que la gestión privada, legalmente protegida por el derecho a
la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">privacidad en la información</i>, acaba limitando la transparencia, a lo sumo, a los principales accionistas de la empresa. </span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">En todo caso, los problemas de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">opacidad, burocratismo</i> e incluso <i style="mso-bidi-font-style: normal;">corrupción</i>, no se resuelven <i style="mso-bidi-font-style: normal;">privatizando</i> la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">administración pública</i>, sino <i style="mso-bidi-font-style: normal;">democratizándola</i>.
No parecería muy razonable proponer como solución a una eventual
corrupción de la policía, su privatización. De hecho, en los países
donde los problemas de corrupción degradan la vida pública, la entrada
de operadores privados, lejos de resolverlos, los ha agravado,
realimentando la lógica del sistema que les acoge. </span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">Hoy, incluso en las democracias avanzadas, está vigente el reto de promover <i style="mso-bidi-font-style: normal;">reformas de la función pública</i> que impulsen la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">gestión participativa y</i> garanticen la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">transparencia.</i> En la medida que no es posible la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">competencia en el mercado</i> se trata de promover <i style="mso-bidi-font-style: normal;">la competencia a través de la</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">información</i> y del contraste público entre servicios análogos: lo que se conoce como <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“benchmarking”, </i>impulsando nuevos modelos de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">gobernanza participativa</i>. Ello exige una regulación pública del sector que garantice una <i style="mso-bidi-font-style: normal;">transparencia contrastable</i>
de los servicios de agua y saneamiento en las distintas ciudades. Los
gestores de esos servicios deben ofrecer información clara a través de
un sistema común de indicadores que permita a los ciudadanos contrastar
la calidad, precios, niveles de garantía, etc…, de sus respectivos
servicios de agua y saneamiento con los de cualquier otra ciudad. </span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">Por
último, argumentar que la complejidad de unos servicios modernos de
agua y saneamiento desbordan las capacidades de la Administración
Pública resulta cuando menos inexacto. De hecho, los servicios de agua y
saneamiento más eficientes funcionan, sin duda</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"> en países como Holanda, Suiza, Suecia o Alemania, bajo gestión pública</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">
a través de pequeños operadores locales. Operadores que en los últimos
tiempos tienden a agruparse a niveles regionales para conseguir mejoras
por economías de escala. La clave de una buena gestión se demuestra que
no está tanto en la tecnología, que siempre se puede conseguir en el
mercado, sino en la buena gobernanza, desde una escala local-regional,
que permita vincular</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"> de forma eficaz</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"> esos servicios a la ciudadanía e instituciones locales de las que dependen.</span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">En este debate, a menudo se confunde <i style="mso-bidi-font-style: normal;">desregulación</i> y <i style="mso-bidi-font-style: normal;">privatización</i>. Aún asumiendo la responsabilidad pública sobre este tipo de servicios, cabe</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"> sobre el papel, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">concesionar </i>su gestión a un operador privado, bajo adecuadas condiciones de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">contrato</i> y de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">regulación </i>que
garanticen un control del concesionario por parte de la Administración.
Sin embargo, controlar de forma efectiva la gestión de estos grandes
operadores, cuando se les concesiona el servicio en su conjunto, no sólo
es difícil, sino que en la práctica es imposible. Por un lado, en la
mayoría de los casos, las propias <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Administraciones</i>,
una vez concesionado el servicio, pasan a despreocuparse literalmente
de la cuestión. Pero aún en el caso de que tengan la sincera voluntad de
controlar a la empresa concesionaria, la desproporción de medios y de
envergadura entre los Ayuntamientos y estas corporaciones
multinacionales hace inviable un control efectivo. De hecho, suele
producirse, antes o después, el fenómeno conocido como <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“compra”</i> o <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“captura del regulador”.</i></span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"> </i> </span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;">En todo caso</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"> el BM en su política de apoyo a los procesos de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">privatización,</i> no se ha distinguido, ni se distingue, por promover condiciones de estricta <i style="mso-bidi-font-style: normal;">regulación pública</i>, que garanticen la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">transparencia</i>, la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">participación ciudadana</i> y los <i style="mso-bidi-font-style: normal;">derechos humanos y ciudadanos</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext; font-family: 'Times New Roman';">,</span></i><span lang="ES-TRAD" style="color: windowtext;"> particularmente entre los más vulnerables… </span></div>
<div class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="ES-TRAD">Hacia nuevos modelos de gestión pública participativa.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Las <i style="mso-bidi-font-style: normal;">presiones desreguladoras</i>
que operan, tanto a nivel mundial como en el entorno europeo, merecen
un amplio y profundo debate público. En el caso de los países que
firmaron <i style="mso-bidi-font-style: normal;">la Convención de Aarhus,</i> entre los figura España y la UE, tal debate se hace ineludible en aplicación del principio de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">participación pro-activa</i>, que la citada <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Convención</i>
establece. La decisión de privatizar este tipo de servicios no debe
decidirse como un simple asunto administrativo, en los despachos de
alcaldía o de presidencia del gobierno regional o estatal. Incluso el
debate en plenarios municipales o parlamentarios resulta insuficiente.
En la medida que se trata de decisiones que afectan a <i style="mso-bidi-font-style: normal;">derechos ciudadanos</i>, e incluso a <i style="mso-bidi-font-style: normal;">derechos humanos</i>,
por periodos de varias décadas, sería necesario abrir amplios debates
públicos que culminen, en su caso, en referéndum, tal y como recomienda
la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua </i>(FNCA-2005).</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Hoy, más allá del reconocimiento formal del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">dominio público</i>
sobre las aguas y los ecosistemas hídricos, nos encontramos ante la
necesidad de reflexionar sobre los retos que imponen, tanto el nuevo
paradigma de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">sostenibilidad</i>, como la obligación de garantizar el acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento como un <i style="mso-bidi-font-style: normal;">derecho humano</i>. </span></div>
<div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">
<span lang="ES-TRAD">Asumir, en materia de gestión de aguas</span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span><span lang="ES-TRAD"> los principios de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">equidad inter e intra-generacional</i>, refuerza la necesidad de replantear el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">dominio </i>y la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">gestión pública o comunitaria</i> sobre los ecosistemas hídricos y los acuíferos, desde nuevos enfoques que prioricen la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">sostenibilidad</i> de sus <i style="mso-bidi-font-style: normal;">funciones de vida</i>,
así como el acceso universal a cuotas básicas de aguas de calidad
(30-40 litros/persona/día) y servicios básicos de saneamiento, como un <i style="mso-bidi-font-style: normal;">derecho humano</i> asumido ya por NNUU. Pero yendo más allá, debemos afrontar el reto de diseñar y gestionar como <i style="mso-bidi-font-style: normal;">derechos de ciudadanía</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">,</span></i><span lang="ES-TRAD"> el acceso a <i style="mso-bidi-font-style: normal;">servicios domiciliarios de agua y saneamiento</i> de calidad. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Derechos de Ciudadanía</i> que, por su propia naturaleza, deben ser también de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">acceso universal</i>. <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Derechos </i>vinculados a <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Deberes de Ciudadanía,</i> que exigen diseñar y desarrollar nuevos modelos de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">gestión pública participativa</i></span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">.</span></div>
<div class="MsoBodyText" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify; text-indent: 0.05pt;">
<span lang="ES-TRAD">Los
agudos conflictos abiertos frente a los procesos de privatización, han
venido poniendo el dedo en la llaga; pero ello no significa que hayan
resuelto el problema de cómo gestionar adecuadamente estos servicios
básicos. Incluso en el seno del movimiento por la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">gestión pública participativa bajo control social</i>,
está abierto el debate sobre como organizar el necesario equilibrio
entre derechos y deberes ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a
la gestión financiera de estos servicios. La política tarifaria a
aplicar resulta, cuando menos, polémica. Entender y asumir todos estos
cambios no puede imponerse por decreto, sino que exige nuevos modelos de
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">gobernanza participativa</i> desde ámbitos <i style="mso-bidi-font-style: normal;">locales</i>, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">regionales y nacionales</i> en un <i style="mso-bidi-font-style: normal;">marco global</i> que debe garantizar los <i style="mso-bidi-font-style: normal;">derechos humanos</i> y desarrollar una nueva condición de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ciudadanía global</i></span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: 'Times New Roman';">.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-right: -28.4pt; text-align: justify; text-indent: 0.05pt;">
<br /></div>
<div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: normal; margin-right: -35.8pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;"></span></i></b><strong>Pedro Arrojo Agudo</strong> – Consejo Científico de ATTAC España</div>
<div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: normal; margin-right: -35.8pt; text-align: justify;">
<span style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Profesor Emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza</span></i></span></div>
<div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: normal; margin-right: -35.8pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Attac España</span></i></b></div>
<div class="MsoBodyTextIndent" style="line-height: normal; margin-right: -35.8pt; text-align: justify;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES-TRAD" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><a href="http://www.attac.es/2013/10/18/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-austeridad-o-negocio/">http://www.attac.es/2013/10/18/la-privatizacion-de-los-servicios-de-agua-austeridad-o-negocio/ </a></span></i></b></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-69600638207122554042013-10-18T09:04:00.002-07:002013-10-18T09:05:16.970-07:00Pensiones públicas. " Cuestión de dignidad y justicia, no de sostenibilidad"<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii77HXbDjTZGu8F53n_rXPCZgxgv7O_-0FOXyh8KqDWzkGivxHu52_3qDEEFFpHapKWTEEi-iHYW3lEUHsnmZL6xjUgdb23sf2VG7mwwLU7zOtWUqxE35v2-IFCqjXwXZ4Y4eGWaNyqzU/s1600/pensiones.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii77HXbDjTZGu8F53n_rXPCZgxgv7O_-0FOXyh8KqDWzkGivxHu52_3qDEEFFpHapKWTEEi-iHYW3lEUHsnmZL6xjUgdb23sf2VG7mwwLU7zOtWUqxE35v2-IFCqjXwXZ4Y4eGWaNyqzU/s200/pensiones.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Las pensiones públicas sufren un descomunal ataque desde hace años.
La minoría rica quiere sustituir las pensiones públicas por privadas. En
España las pensiones públicas son 117.000 millones de euros anuales.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dirigen la ofensiva contra las pensiones el FMI, Banco Mundial y
Unión Europea. El FMI sostiene que la mayor esperanza de vida “acarrea
costos financieros a los gobiernos por los planes de jubilación”. Y
amenaza con que hay que recortar las pensiones. ¿Más?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El FMI osa decir incluso en un reciente informe que vivir más es “un
riesgo financiero”. De ahí a empezar a urdir algún tipo de ‘solución
final’, no hay tanto techo. Un viceministro japonés ya pidió a los
jubilados que se hicieran el hara-kiri para aliviar las cuentas
públicas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero lo peor es que, para reducir “el riesgo que supone la
longevidad”, el FMI propone recurrir a los mercados de capital porque
-dice- son quienes “tienen más capacidad para gestionar los planes de
pensiones”. Es como contratar zorros para que vigilen el gallinero. O
pedófilos para escuelas infantiles.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde hace años hay una campaña catastrofista impulsada por FMI y
compañía que profetizan la quiebra de las pensiones públicas. Sesudos
estudios profetizaron la bancarrota del sistema público de pensiones en
España en 1995, 2000, 2005, 2007, 2010… Pero ni uno acertó.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Christine Lagarde, directora del FMI afirma que la economía mundial
es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar” con
“decisiones correctas en medidas estructurales”. En plata, con
retrocesos sociales y contra- reformas. Es decir, esa cierta
distribución de riqueza que fue el mal llamado estado de bienestar ahora
resulta ser una “adicción”. Para el FMI cobrar una pensión es como
esnifar cocaína o chutarse heroína.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En España, entre los “adictos” al bienestar (según el FMI), hay unos
9.000.000 de pensionistas; casi una quinta parte de población total. Y,
de esa cantidad, algo más de la mitad cobra pensiones inferiores a 750
€. Casi dos millones de pensionistas cobran menos de 500 euros, pero que
cobren más de 1500 euros no llegan ni al 1% y 1000 o más, solo un
tercio. Al final, en el Reino de España, más de la mitad de pensionistas
está bajo el umbral de la pobreza. ¿Rebajarán las pensiones hasta que
quienes están razonablemente bien sean pobres y para el resto la pobreza
se convierta en miseria?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para mantener la falacia de la insostenibilidad de las pensiones, en
España se actúa como si la Seguridad Social fuera diferente del Estado.
Inicialmente se separaron las cuentas de ésta por transparencia, pero
ahora se pretende que es un ente diferente, que ha de sobrevivir por su
cuenta. Como si no fuera parte del Estado. Pero es falso, porque todos
los recursos del Estado han de hacer frente a la totalidad de gastos del
Estado, pensiones incluidas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Aparte de que la seguridad social tiene cuentas limpias y claras, en
cualquier caso, la presunta insostenibilidad de las pensiones públicas
desaparece cuando son atendidas en los presupuestos generales por el
estado. Sin necesidad de depender del volumen de cotizaciones sociales,
convertidas así en una partida más de financiación, pero no la única.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“¿Y las cuentas claras y el déficit…?”, rugirán los voceros
neoliberales. ¿Hablamos de los insostenibles gastos militares, los
derroches suntuarios, las obras públicas innecesarias, el dinero para la
Iglesia, el dinero de la corrupción? ¿Hablamos del capitalismo de
amiguetes? ¿Hablamos de fraude fiscal…? En España suma 80.000 millones
de euros…</div>
<div style="text-align: justify;">
La realidad es que los trabajadores financian Europa. En España,
cerca del 90% de impuestos recaudados procede de rentas del trabajo. Y
cifras semejantes se dan en Grecia, Portugal, Italia… En tanto que
quienes más ganan y más tienen eluden y evaden impuestos a placer. Como
muestra, 550.000 millones de euros españoles (equivalente al 45% del
PIB) no han pagado impuestos y se ocultan en paraísos fiscales, según ha
denunciado la revista Alternativas Económicas. Y se puede hablar en
términos semejantes del resto de países europeos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No es cuestión de sostenibilidad sino de dignidad y justicia.
Cuestión de derechos. Y de impuestos justos, progresivos y suficientes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<b>Xavier Caño Tamayo</b><br />
Periodista y escritor<br />
<b>CCS</b> (Centro de Colaboraciones Solidarias)<br />
<a href="http://ccs.org.es/2013/10/11/cuestion-de-dignidad-y-justicia-no-de-sostenibilidad/">http://ccs.org.es/2013/10/11/cuestion-de-dignidad-y-justicia-no-de-sostenibilidad/ </a><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-29038211082417370502013-10-11T06:57:00.002-07:002013-10-11T06:57:35.306-07:00La Sanidad Pública estimula la economía, no la hunde<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCPL4T0uNlQwrmlTJpw2jL4wGp_kDZtVS4WX0Ib-Siw8zJ_gLoe5jPBgENFrC6495_oecJD0486NvPGh7DlDyJF7yo3l7X3J8R12Kdpx6p2P8s-Tq5-tvLCpIgQzVzXAf50rX5CiEeajU/s1600/sanidad+publica4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="100" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCPL4T0uNlQwrmlTJpw2jL4wGp_kDZtVS4WX0Ib-Siw8zJ_gLoe5jPBgENFrC6495_oecJD0486NvPGh7DlDyJF7yo3l7X3J8R12Kdpx6p2P8s-Tq5-tvLCpIgQzVzXAf50rX5CiEeajU/s200/sanidad+publica4.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="cuerpo_noticia" id="cuerpo_noticia">
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
A los argumentos clásicos a favor de la sanidad pública
—una obligación social hacia los demás y los buenos resultados en salud
que disfruta España— es necesario añadir la aportación económica al
país.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Ya en 1993 Robert Fogel, premio Nobel en economía,
comentó: "El tren fue el motor económico en el siglo 19, el automóvil en
el siglo 20 y la innovación en el sector salud lo será en el siglo 21".</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
La crisis económica en España nos ha hecho olvidar que
la creación de un sistema de salud universal como el nuestro ha aportado
bastante más a la economía que lo que ha costado y que, por lo tanto,
es contradictorio no protegerla como un activo más.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
En un estudio reciente, Bloom and Canning indican que
la buena salud de la población inyecta al crecimiento económico del 0,3%
al 0,5% anualmente. Sumemos eso a lo largo de los últimos 35 años y
evaluemos quien ha aportado más a la economía, ¿los bancos o la sanidad
pública?</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
La creación de un sistema universal de salud ha
generado miles de puestos de trabajo. Más de medio millón de personas
trabajan directamente en la Sanidad en España e indirectamente por lo
menos otro medio millón.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
La inversión en prevención, en infraestructuras y
especialmente en atención primaria en nuestro país ahorra millones todos
los días, al atender a gente que en otros países aparece en la parte
más cara del sistema de salud: las urgencias.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="derecha" id="sumario_1|html" style="text-align: justify;">
<a href="http://www.blogger.com/null" name="sumario_1"></a>
</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Un enorme número de estudios indican que la gente sana
es más productiva. Los empresarios deberían ser los primeros defensores
de la sanidad pública, no los que la ponen en duda. La mejor salud lleva
a muchos a ahorrar más, porque la gente ahora vive más y piensa más en
sus necesidades económicas futuras. Los niños sanos aprovechan mejor la
educación y la educación proporcionará unas profundas consecuencias
económicas en la vida de ese niño y de ese país.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Este razonamiento es perfectamente compatible con la
necesidad creciente de ser más eficientes en la sanidad. La
productividad debe mejorarse, como en cualquier otro sector, y los
profesionales de la salud son conscientes de la necesidad de cambios en
este sentido. Mejorar la productividad interna del sistema de salud es
también bueno para la economía.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Los países que no disponen de un buen sistema público
de salud no disfrutan de esas ganancias económicas y, lo que es peor,
cosechan peores resultados en salud que nosotros. Estas razones y la
solidaridad llevaron a la Administración estadounidense actual a una
reforma de la sanidad, llamada coloquialmente Obamacare.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Con el chantaje de paralizar la aprobación del
presupuesto en Estados Unidos, estos días, el Partido Republicano no
está en contra de la reforma porque tema que no funcione; lo que teme es
lo contrario, que funcione. Y que poco a poco la gente tenga cobertura
sanitaria gracias a los demócratas. Para ello están dispuestos a
paralizar el Gobierno.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
La sanidad debe ser vista como un motor económico en
España. Es necesario empezar a razonar en el sector en términos de
inversión y no de contención del gasto. Visto así, la clave no es gastar
menos, sino mejor.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Gastar menos en algunos casos es negativo. Este es el
caso del copago, tan debatido en España. Los estudios recientes indican
que muchos pacientes no toman los medicamentos beneficiosos que les han
prescrito. Si se les pone aún más copago, la consecuencia será más
enfermedades renales, más ictus, más infartos y más diabetes, todos
descompensados en urgencias. El ahorro será a corto plazo y a
consecuencia de mucho sufrimiento y muerte más adelante. Somos el único
país del mundo que piensa que el ahorro inmediato conseguido con copagos
es un indicador de política sanitaria eficaz.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Gastar menos conlleva un riesgo seguro: afectar
negativamente a la salud de la población, pero también a uno de los
motores económicos del futuro de España. A eso se le llama una situación
<em>lose-lose</em>; una circunstancia en la que todos salen perjudicados, ¡incluida la economía!</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
¿Y cómo se gasta mejor?</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Es necesario organizar el sistema asistencial para que
María pueda ser tratada de su diabetes antes de que se complique y así
no tenga que aparecer en urgencias y sufrir amputaciones. Lo mismo para
que Pedro pueda controlar su hipertensión y no tenga un infarto que será
carísimo para él y para el sistema de salud.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
Es España no tenemos aún ese sistema, pero ya sabemos financiar y organizar un sistema así. ¿Por qué no hacerlo?</div>
<div class="derecha" id="sumario_2|html" style="text-align: justify;">
<a href="http://www.blogger.com/null" name="sumario_2"></a>
<div class="texto_grande">
Los resultados del sistema de salud de EEUU son peores que los del sistema nacional de salud en España</div>
</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
En ambos lados del Atlántico necesitamos una Sanidad fuerte, para la gente, para la economía y para la investigación.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
En estos momentos, el sistema de salud de Estados
Unidos tiene peores resultados que nuestro Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, si Obama consigue implantar su reforma —que ya es ley— y
España se queda atrapada en una simple lógica de contención del gasto,
los norteamericanos tendrán pronto un mejor sistema de salud que
nosotros.</div>
<div class="Body1" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="nota_pie" style="text-align: justify;">
<strong>Rafael Bengoa</strong> es director del
Deusto Business School Health y Senior Leadership Fellow de Harvard. Ha
sido consejero de Sanidad del Gobierno vasco.</div>
<div class="nota_pie" style="text-align: justify;">
<b>El País</b></div>
<div class="nota_pie" style="text-align: justify;">
<a href="http://elpais.com/elpais/2013/09/25/opinion/1380129541_219480.html">http://elpais.com/elpais/2013/09/25/opinion/1380129541_219480.html </a></div>
</div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-36046649088898245012013-09-29T12:15:00.001-07:002013-09-29T12:15:58.286-07:00Otros expertos y otro documento sobre pensiones<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhqsGKB64NuXD4Hv70wn9xkVWOlwFNvQajlKncNhnTJu9x1khPXMlzw0ZVmYjcNMBVtsiSKrePcyffXNQpZMSpbHXdwFeGuBc4N2fF5M3viLVH0pDkQvxNCwCHDR8jZTXzVotHEk4QCG4/s1600/pensiones6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="149" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhqsGKB64NuXD4Hv70wn9xkVWOlwFNvQajlKncNhnTJu9x1khPXMlzw0ZVmYjcNMBVtsiSKrePcyffXNQpZMSpbHXdwFeGuBc4N2fF5M3viLVH0pDkQvxNCwCHDR8jZTXzVotHEk4QCG4/s200/pensiones6.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Las comisiones de expertos generan siempre el mismo interrogante.
¿Los expertos son nombrados por ser expertos o son expertos porque son
nombrados para la comisión? De cualquier modo, este tipo de comisiones
en el momento de constituirse tienen ya redactadas las conclusiones y se
crean tan solo para otorgar autoridad técnica a lo que son simples
intereses, bien sean políticos o económicos. El Gobierno, sin duda, a la
hora de establecer la comisión de expertos para la reforma de las
pensiones, tenía decidido ya lo que quería hacer y seleccionó a los
componentes de acuerdo con el resultado a obtener. El grupo de “sabios”
que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno se formó con
una composición claramente sesgada y poco independiente. La inmensa
mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con
entidades financieras o con compañías de seguros, principales
beneficiarias de un eventual incremento en la suscripción de planes y
fondos de pensiones como consecuencia del deterioro del sistema público.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Es por ello por lo que un grupo (veinticuatro) de economistas,
profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades,
quizá no más expertos que los gubernamentales, pero tampoco menos, nos
hemos sentido en la obligación de elaborar un documento con el que
denunciar los sofismas y falacias sobre el que está asentado el discurso
de la inviabilidad del sistema público de pensiones y sobre la reforma
que va a emprender el Gobierno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Creemos que resulta difícil hablar de inviabilidad cuando en España
el gasto en pensiones es reducido si lo comparamos con el de la mayoría
de los países de nuestro entorno. Destinamos a ello el 10% del PIB,
mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%. Según
admite la Comisión Europea en su informe<em> The 2012 Ageing Report</em>,
el máximo de gasto en pensiones se alcanzaría en España en 2050 y sería
del 14% del PIB. Es decir, tendríamos entonces que destinar a las
pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones
países como Austria, Francia o Italia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pensamos que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones
públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la
relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando
esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada
trabajador será mucho mayor. Cien trabajadores pueden producir lo mismo
que mil si su productividad es diez veces superior. El problema no
estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se
produce. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la
pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los
pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta
per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían
mantenerse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de
la vida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En los últimos treinta años, la renta per cápita en términos
constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro
presente una evolución similar. Si esto es así, resulta absurdo afirmar
que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo
depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente,
de los políticos- de llevar a cabo una verdadera política
redistributiva.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Consideramos que en un Estado definido como social, tal como hace la
vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que
las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones
sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer
frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las
pensiones. Concebir a la Seguridad Social como un sistema cerrado que
debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública,
resulta claramente abusivo y erróneo y coloca a la Seguridad Social en
una situación de mayor riesgo, dificultando además toda eventual mejora
en las prestaciones.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Estimamos que el denominado “déficit del sistema”, más allá de una
forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo
puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el
desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de
aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede cuestionar la
viabilidad del sistema de pensiones por el mero hecho de que en una
coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones
se sumen otras aportaciones del Estado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No es la pirámide de población ni el incremento de la esperanza de
vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la
insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las
continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El
riesgo procede de una ideología liberal que contempla sin sonrojo que
la presión fiscal de España (32,4%) sea la más baja de la Europa de los
quince, inferior incluso a las de Grecia (34,9) y Portugal (36,1), trece
puntos de diferencia con la de Francia, y de diez y de ocho con las de
Italia y Alemania, respectivamente, según datos de <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" rel="external" target="_blank" title="Eurostat">Eurostat</a>,
y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los
jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que
tendría que ser la primera y principal reforma que debería llevarse a
cabo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Juan Fco. Martín Seco</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>República.com</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.republica.com/2013/09/24/otros-expertos-y-otro-documento-sobre-pensiones_704993/">http://www.republica.com/2013/09/24/otros-expertos-y-otro-documento-sobre-pensiones_704993/</a></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-70262542969352520222013-09-21T10:47:00.000-07:002013-09-21T10:47:03.464-07:00En defensa del sistema público de pensiones. Documento<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtDIJuYqfG3wE4qHCc_NamVJIKLa-iCVh9bpbQfUoJlEP01oP8w7eBD1RVfigNdYani6-aXnbcS7GqPIJhO6D7gJfrgwlUP1oFno5GTag7ih3SS0aIky0AqeocNdY1DoU2sLY-jIVDipg/s1600/pensiones.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtDIJuYqfG3wE4qHCc_NamVJIKLa-iCVh9bpbQfUoJlEP01oP8w7eBD1RVfigNdYani6-aXnbcS7GqPIJhO6D7gJfrgwlUP1oFno5GTag7ih3SS0aIky0AqeocNdY1DoU2sLY-jIVDipg/s200/pensiones.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado
con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de
expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva
contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el
PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un
medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un
paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a
cabo.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h1 style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="font-weight: normal;"><span style="color: maroon;">En defensa del sistema público de pensiones</span></span></span></h1>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO. </i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pensamos que la manera de plantear un
problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público
de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en
otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado
como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido
enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en
realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se
pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de
pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable
importante es “cuánto se produce”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Conscientes de que se trata de un
problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe
centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar
mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas
previamente tomadas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hace ya muchos años que todos
los servicios de estudios de las entidades financieras y similares,
apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a
emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de
pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su
sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas,
que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no
se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo,
allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro <i>sabios</i>,
expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En
realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien
inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para
llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema
público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión <i>quiebra
de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron
facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año
2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría
aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?,
¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año
2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron.
De hecho, se registró un superávit del 0,4%.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La argumentación de todos estos informes era similar: <i>el
incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad
dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el
sistema público de pensiones. </i>Vaticinaban que en un determinado
número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El
tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin
que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya
que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la
incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el
número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones
demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden
constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A
cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la <i>tasa de actividad</i>, tendrá algo que ver en la solución.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
La incorporación de mayor
número de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el
incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la
población total, el número de los trabajadores potenciales ha aumentado
de forma considerable. España goza de un amplio margen para avanzar en
esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es aún baja, en
cualquier caso menor que la de otros países. A su vez, las llegadas de
trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de actividad, pues
aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de
activos. Es una ironía contemplar a la “Europa fortaleza” preocupándose
por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población.
Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería
bastante sencilla: se trataría simplemente de abrir las fronteras a los
trabajadores inmigrantes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Llegados a este punto, está
claro que sería un grave error considerar la población activa como
núcleo del problema. El factor más importante no es el número de
personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo.
Si aceptamos esta premisa, <i>la medida de retrasar la edad de jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. </i>En
2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de
jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES </i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero ahondando más en la materia, al
plantear la cuestión de las pensiones hay que superar también la visión
estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar,
además, la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en
cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien
trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es
diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de
las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos
únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas
pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido
por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la
agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30% de la
población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo
hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen,
un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de
pensionistas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión
sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema público de
pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la
consideración de las cotizaciones sociales como fuente exclusiva de
financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que
no sea la disminución de las prestaciones.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Se llama Pacto de Toledo al documento
aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6
de abril de 1995, titulado “Análisis de los problemas estructurales del
sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán
acometerse”. Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el
Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se
creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para
analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta
iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de un
escenario formado por dos hechos que se complementan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El primero es una ofensiva internacional
en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que
partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la
Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los
países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de
las fuerzas económicas y políticas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El segundo hecho es nacional y reside en
las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios de
nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de
pensiones. El PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de
pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones
generales -como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la
llegada de la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta
prestación social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento
mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de
enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante
préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al
presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado
y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una
situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para
acusar al Gobierno de ponerla en peligro.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La presencia de ocho millones de
pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ámbito de
preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena
medida a cómo afrontar económicamente los últimos días de su existencia,
es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen
el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son
percibidos como presa fácil de la demagogia política.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Esta similitud de comportamientos entre
los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la
sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas
como algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están
perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacen es
descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar
como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al
Estado social que consagra la Constitución.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
La auténtica amenaza sobre las pensiones
se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo
distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es
planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios
constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no
es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que
sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizó una segregación entre
Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de
financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no
contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse
con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito
de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es
cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en
lugar de “exclusivamente”, pero lo cierto es que, en la práctica, tal
matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las
pensiones únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su
financiación se hace en extremo vulnerable.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anteriormente no había sido así. De
hecho, en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de
recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de
1989 estableció un cambio de modelo de financiación mediante el
compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas. Los
complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando
se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios
entre cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de
hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de la distinción que se
quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto
más grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización por
contingencias comunes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La separación de fuentes se ha entendido
como algo estructural, no como un mero instrumento para la
transparencia y una administración racional de los recursos del Estado.
Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial del
sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a
que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que
debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública.
Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en
una situación de mayor riesgo, dificultando además toda mejora en las
prestaciones.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>EL FONDO DE RESERVA </i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Este diseño de sistema cerrado
que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en el
establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula
que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales
exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a
financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo
al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones” lo que puede
ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que
detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su
poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que
durante todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los
distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de
ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema
para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reducción de
las prestaciones.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>LAS PENSIONES NO TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
En un Estado definido como social por la
vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que
las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones
sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer
frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las
pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente
administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política; es
más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes
se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los
presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se
trata de una separación convencional.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La Seguridad Social es parte integrante
del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y
el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión
de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía
nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que
tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda
pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por
supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas
de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la
quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los
que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada
crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos
podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía
española, a no ser que cierto dogmatismo económico nos introduzca en
una coyuntura de difícil salida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Afirmar que son los
trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones
es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del
gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50
de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las
pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos
establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos
obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de
recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente
de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para
asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con
cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para
financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha
de ser cubierto por las aportaciones del Estado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El denominado “déficit del sistema”, más
allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido.
Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de
pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un
componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede
pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones
por el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a
los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Asimismo, vincular la viabilidad del
sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que
la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política
económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de
ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los
ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos
en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los
ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente
insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de
forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez
por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede
afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo
“seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que
está en cuestión es la política económica seguida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Es curioso que la cuestión se haya
planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde
la óptica de los ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo
contrario, de vez en cuando surgen presiones para disminuir las
cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos actuales,
proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un factor
más de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de
las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del
Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las
cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas
constituyen un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser
sustituidas por impuestos indirectos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El gasto, en relación al PIB, del
sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos
con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no
parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en
cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la
Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y
aun cuando no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar
durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea
(que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes),
en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo
mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será
del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la
obligación por el lado del gasto.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe <i>The 2012 Ageing Report</i>,
sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se
reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a
la edad de jubilación de las generaciones del <i>baby boom</i> es
sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la
más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que
destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas
complicaciones países como Austria, Francia o Italia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>LA RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Por otra parte, la esperanza de vida, la
pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son
las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere
comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones,
sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta per
cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para
afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir
percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías
de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que
incrementarse por encima del coste de la vida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El problema de las pensiones hay que
contemplarlo en términos de distribución y no de escasez de recursos. En
los últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes
casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una
evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay
recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que
haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los
políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>MÁS BIENES PÚBLICOS</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Las transformaciones en las estructuras
sociales y económicas comportan también que las necesidades que deben
ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y
servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisión que
adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo
que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su
composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en
el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias
o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en el mundo rural. La
incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la
esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por tanto la
necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
John Kenneth Galbraith anunció ya hace
bastantes años que todos estos cambios exigían una redistribución de los
bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia,
consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los
privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las
pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica
tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la
población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el
lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus
propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar
una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación
digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del
neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley:
más iniciativa privada y menos sector público.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El envejecimiento de la población de
ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de
pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a
financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los
servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por
una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos
condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población,
precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>EL SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
El tema de las pensiones lleva
ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de falacias y sofismas.
Una de las más importantes quizá sea la afirmación de la OCDE y de otros
organismos internacionales acerca de que las pensiones en España son
muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos
organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en
cualquiera de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para
sí los trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Esa versión alejada de la realidad de
las pensiones españolas proviene de unos planteamientos que no se
corresponden con los datos, Además, las comparaciones internacionales
resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente
pregunta: ¿qué pensión le correspondería en relación con su último
salario a un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años
para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a
la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este porcentaje,
que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos
países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y
Grecia. Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos
de la Unión son los más generosos con sus jubilados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En realidad, se trata de todo lo
contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que
pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la
penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo,
bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas,
sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de
ese porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos
los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la
media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros
mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre
de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y
la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de
pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación ascendió
a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de
1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Existen sospechas bien fundadas de que
las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la
viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad
potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las
reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con
pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cómo
induce a engaño la denominación “pensiones” aplicadas a los fondos, al
menos tal como se instrumentan en España, donde las aportaciones las
realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única
alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona
de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían
falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es
que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse
nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en
vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de
pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las
más ventajosas para el inversor. Habrá que cuestionarse el motivo de
incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento
de otros.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Supeditar la solución de la contingencia
de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido
acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su
ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60%
de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de
mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces
insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Los mal llamados fondos de pensiones
solo benefician a las entidades financieras depositarias de las
inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de
existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como
se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandió el
rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es
entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación
fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el
participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia
de control de la inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero,
precisamente lo que son rémoras para el cliente, se convierten en
ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a
su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder
económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas
comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos
puedan generar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>CAPITALIZACIÓN O REPARTO</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Los propagandistas de los fondos de
pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el
de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el
público. En realidad, cuando se trata de un sistema público la
distinción entre capitalización y reparto es más teórica que real. Si
por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se
financian con las cotizaciones de los activos -estaríamos entonces en un
sistema de reparto- también puede suponerse, y esto sería más exacto,
que en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos,
incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos,
también los de Seguridad Social.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si esto es así, el sistema actual, al
que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de capitalización.
Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones
serían un préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al
Estado y que este dedicará a financiar la inversión social y pública,
desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones,
tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se
devolverá junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de
pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se
pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al
Estado) en el pasado. Que la distinción es más teórica que real se
percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de
pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando
al Estado. Lo que está en juego, por tanto, es la intermediación de las
entidades financieras.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La argumentación anterior hace que
carezca de sentido el reproche al sistema público de pensiones de que
genera una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las
generaciones futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las
cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho posible
mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc., que
la productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el
trabajo de los activos de ahora y del futuro produzca mucho más y que la
renta per cápita sea también mayor.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No obstante, todo lo hasta aquí afirmado
responde a la óptica macroeconómica, analizando los efectos globales o a
partir del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista
cambia cuando se trata de la conveniencia de un determinado particular,
entonces sí puede haber una distinción radical y fundamental entre el
sistema público y el privado. En el segundo, no se da ninguna
redistribución de rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada
prestación y la correspondiente cotización individual. Las diferencias
que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de
un sistema público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los
planes de pensiones son prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse
cargo el sector público en último término de las prestaciones.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
El pacto de Toledo tuvo al menos un
efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso
de las distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se
actualizarían anualmente de acuerdo con el incremento del índice de
precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa porque así
lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación
también se incrementan y a veces más que proporcionalmente los ingresos
del Estado. Hay una afirmación que debería ser de común aceptación:
mientras que la renta por habitante de una población se mantenga
constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista,
funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su
situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones
conduce a que los jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El
planteamiento de los expertos del Gobierno consiste en utilizar la
inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para reducir
progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase
existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si en un periodo determinado de tiempo
las pensiones suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la
renta per cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las
de capital o las empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es
decir, se modifica la redistribución de la renta en contra de los
pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando
se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos
del Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo
cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe
tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un
empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico
suponer que estas serán las de capital.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No es la pirámide de población, ni el
incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de
las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa
del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los
distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideología liberal que
contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más
baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia
(34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de
diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de
unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados
antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que
ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL</i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Asegurar pensiones públicas que permitan
mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima
importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión
de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el
artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de
la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En
consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en épocas de
déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de
los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser
ningún problema, si se aplicara el principio de progresividad,
establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales
empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en
justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de
confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus
equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente
más avanzados- sería suficiente.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para todos los que luchamos por la
democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede
ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable
artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al
derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser
humano posee. Es más, el artículo 22 establece que “toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>DERECHO CONSTITUCIONAL</i></b><b> </b></div>
<div style="text-align: justify;">
En tanto en cuanto recibir una pensión
digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes,
economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y
sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva
reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un
nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y
aseguradoras:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>Denunciamos que esa reforma se hace
en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la
sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Disminuir aún más el nivel de vida en
medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la
población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo
que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo
imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la
reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos
financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la
mayoría de la población.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b>Denunciamos ante la opinión pública
que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en
peligro el futuro de las pensiones.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Es verdad que en los años próximos habrá
más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es
cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un
desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las
pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El equilibrio financiero depende no solo
del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las
pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se
propone rebajar las pensiones:</div>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.</li>
<li>De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene
sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e
ingresos para financiar las pensiones incluso con menos empleados.</li>
<li>Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los
salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa
salarial habrá para financiar las pensiones.</li>
<li>De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña
sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para
la Seguridad Social.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
Por lo tanto, no es cierto que lo que
pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente,
aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la
especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco
productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez
menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene
ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han
aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de
la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que
se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los
bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente,
todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si se logra aumentar el empleo, si
conseguimos que la productividad aumente en los próximos años
simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos
el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España
podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que
lógicamente se producirá en los próximos años.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b> Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
El engaño que llevan consigo las
predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es
patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea
sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en
pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje
excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la
actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o
16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa
misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar
sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios
españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años.
Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar
de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la
esperanza de vida.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b> Denunciamos
que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro
de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas
anteriormente.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Ninguno de ellos acertó en ninguno de
sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del
sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual,
eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los
repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora
vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que
hacer para hacer frente a los problemas del futuro.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b> Denunciamos
también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos
los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sabemos sin lugar a dudas que las
personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada
tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10
años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y
la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad
significa obligar a que las personas de renta más baja financien de
modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también
prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades
más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales,
como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia
inaceptable.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b> Denunciamos
que el grupo “de sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el
Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco
independiente.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
La inmensa mayoría de ellos ha tenido o
tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros
que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las
pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro
privados.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b> Denunciamos
que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio
financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de
recortarlas para alcanzarlo.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Concretamente, el Gobierno no adopta las
decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras
políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino
otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas,
la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los
despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado,
revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se
encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes
máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b> Denunciamos
que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son
necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Como ya ocurre en otros países, en casos
de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede
financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos
públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal
para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude
fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su
persecución.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b> Denunciamos
que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones
públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad
Social.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Es evidente que difundir continuamente
informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles
sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una
consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y
trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es
el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la
población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo
suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo
son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre
enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan
resultarles un negocio suculento.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
- <b> Denunciamos la
complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un
debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las
pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las
políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el
empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Por todo ello, y a partir de nuestros
conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la
opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que
solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los
fondos que ahora maneja la Seguridad Social.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Somos plenamente conscientes de que
nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos
dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se
callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más
lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer
de más recursos, pero la solución “sabia” no puede ser reducir la
cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van
a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de
generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no
todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen
a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez
pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de
pobreza severa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Llamamos, pues, a la denuncia de las
propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a
todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente
a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más
deuda y empobrecimiento.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://documentopensiones.org/"><b>http://documentopensiones.org/</b></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b> </b></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-78836273457600637492013-07-30T08:32:00.002-07:002013-07-30T08:32:48.453-07:00Garantías sociales<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRQCZRPynIAV9qEhJvE0NvCKkfKUHD8-JcXi_EeioCaHtJgNWHMYgpGVqJbn080-OQU5K3011Z8wbNAeq1S8g9zUaf6t9cAhfYUHUsY9oWHgdBktJiUKgin_fmGBowpKVkdAHMbb257fY/s1600/desigualdad1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="140" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRQCZRPynIAV9qEhJvE0NvCKkfKUHD8-JcXi_EeioCaHtJgNWHMYgpGVqJbn080-OQU5K3011Z8wbNAeq1S8g9zUaf6t9cAhfYUHUsY9oWHgdBktJiUKgin_fmGBowpKVkdAHMbb257fY/s200/desigualdad1.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="credito-articulo" style="text-align: justify;">
La confianza en que el
mercado puede ordenar las relaciones sociales de manera eficaz, no sólo
en la determinación de las pautas del intercambio, sino de la asignación
de los recursos, la generación de riqueza, la distribución del ingreso y
hasta alguna forma de generar garantías sociales duraderas con algo de
ingeniería en las políticas públicas está hoy, no cuestionada, sino en
ruinas. </div>
<div class="credito-articulo" style="text-align: justify;">
</div>
<div class="col col1" style="text-align: justify;">
Esto ocurre no únicamente en los países considerados pobres, tampoco
se remite a los llamados emergentes, sino que es una evidencia en muchos
países desarrollados como ocurre en Europa y Estados Unidos. La
desigualdad y la pobreza van en aumento con las formas de la acumulación
del capital desde hace más de tres décadas. La crisis actual desatada
en 2008 es la forma agravada de esos fenómenos.<br />
<br />
Del severo análisis de Polanyi <em>(La gran transformación)</em> se
desprende que los mercados tienden a destruir la sociedad y, entonces,
la gente debe ser protegida contra las consecuencias de las
fluctuaciones del mercado, sobre todo en un entorno de amplia
liberalización. Los mercados no deben decidir acerca de la sobrevivencia
o la privación de los individuos.<br />
<br />
Las políticas sociales, como las de Estado de bienestar –en sus
distintos modelos– aceptaban de alguna manera que la gente necesita
acceso a los cuidados de la salud y la educación, ayudas en caso de
desempleo, pensiones para el retiro y otros muchos apoyos públicos. Esto
no significa necesariamente que se excluya la operación de los
mercados, pero sí requiere evitar que provoquen estragos en la
población.<br />
<br />
Hoy se ha llegado, en cambio, a una situación altamente desgastante
en la que las oportunidades se definen en función del valor del mercado
de quienes las demandan. Por supuesto que ese valor se devalúa y la
fragilidad individual y social se agranda.<br />
<br />
Las políticas asociadas con el Estado de bienestar en sus diversas
facetas tienen que ver con la protección y la promoción de las
condiciones económicas y sociales de los ciudadanos. Hoy están
marginadas en términos efectivos y, en muchos casos en una crisis
profunda que será cada vez más difícil de sostener en un marco de
promoción a la democracia. Algo habrá de ceder, ese es actualmente uno
de los dilemas centrales del quehacer político y la participación
ciudadana.<br />
<br />
Los países de Europa occidental desarrollaron políticas de bienestar
desde fines del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En
la era de la Unión Europea los gobiernos han planteado de manera
explícita que los servicios sociales tiene un papel clave para mejorar
la calidad de vida y proteger a la población.<br />
<br />
Para ello se crearon medidas dirigidas a la seguridad social, el
empleo, el cuidado de los niños, el cuidado a largo plazo para quien lo
requiere y servicios de asistencia. Se considera que tales servicios son
vitales para alcanzar los objetivos de cohesión social, económica y
territorial, alto nivel de empleo, inclusión social y crecimiento
económico. La realidad de la crisis y las formas de gestión impulsadas
desde la UE son claramente antagónicos a esos propósitos declarados.<br />
<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
Esta es una dimensión de lo que ahí ocurre que no puede
seguirse barriendo bajo la alfombra, en cambio, hay que reconocer que es
el conflicto esencial en esas sociedades. Y no sólo en ellas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Las garantías sociales existen mientras se proveen con los recursos
monetarios y las capacidades humanas y materiales de servicio adecuadas.
Existe el derecho a la educación o a la salud, pero se ejerce con
crecientes deficiencias. Los destinatarios no encuentran sustitutos
viables pues, en la medida en que se deterioran los servicios sociales
se distancian cada vez más de los privados. La contraposición de lo
público y lo privado es uno de los signos que marcan el principio del
siglo XXI.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En Europa los servicios de salud se restringen en su cobertura. La
educación tiene cada vez menos financiamiento y los profesores pierden
sus plazas ante el deterioro de las escuelas; esto ya pega de lleno en
las universidades públicas y en muchos proyectos de investigación. Las
pensiones se reducen y junto con ellas las condiciones laborales. La
pobreza se extiende.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para estar incluido en la sociedad se requiere un trabajo, pero es
precisamente eso lo que no hay; en cambio el desempleo y la informalidad
son rampantes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lo que se suponía que estaba garantizado como parte de la pertenencia
a una sociedad ya no lo está. Igual sucede por ejemplo en Detroit, la
ciudad quebrada donde los trabajadores municipales podrían recuperar
apenas 10 por ciento de sus pensiones y los servicios públicos son de
terror.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Las garantías sociales están sometidas a la premisa de que alcanzan
para lo que alcanzan. Hoy alcanza para poco y de nada sirve crear
grandes programas de atención social si su calidad y extensión no
cumplen con los niveles necesarios de atención que requieren las
personas. En México este es un asunto que expone a diario sus claros
límites, trátese de la educación, la salud, el empleo y ahora hasta los
fondos para el retiro, que ya están privatizados y, por supuesto la
seguridad pública.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ante esto no puede dejar de observarse que el pregonado <q>fin de la historia</q>,
el entusiasmo por la caída del comunismo y triunfo de la democracia, la
pretensión de la estabilidad financiera como objetivo central de la
política económica se instauran como concepciones fugaces que enfrentan,
sin poder escaparse, un creciente conflicto social que manifiesta de
múltiples formas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>León Bendesky</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>La Jornada </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.jornada.unam.mx/2013/07/29/opinion/023a1eco">http://www.jornada.unam.mx/2013/07/29/opinion/023a1eco</a></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-40749341760727344712013-07-04T14:48:00.001-07:002013-07-04T14:48:08.610-07:00La reforma de la Administración Local conllevará importantes daños sociales y el ahorro que logrará será escaso<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFB8w1m2nraTJc073nHgpkYkDJkNUZlLp8uCjVeMKQicL_M1TqTNnpdMV28HBKFA2jd9HO5ixjA9pixO1MqJr6cc-ptcbYN4qBBaTdyqC4xA8IGlPUigzEn8Ih7IK5nK3T3ZiBzr8OGuw/s263/ayto1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="146" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFB8w1m2nraTJc073nHgpkYkDJkNUZlLp8uCjVeMKQicL_M1TqTNnpdMV28HBKFA2jd9HO5ixjA9pixO1MqJr6cc-ptcbYN4qBBaTdyqC4xA8IGlPUigzEn8Ih7IK5nK3T3ZiBzr8OGuw/s200/ayto1.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho
tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que
el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta
controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es
aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir
gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que
cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la
reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez
más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una
“reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción”
de las administraciones locales.<span id="more-628"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
Las medidas recogidas en este programa consisten en <b>reducir</b> (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
1) Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de
salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas
funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por
administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia
de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al
distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se
producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y
calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se
encuentran en el ojo del huracán.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2) Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas.
Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada
se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a
empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables
(será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá. Por
ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta
indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si
puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida
aberrante, que olvida interesadamente que la atención sanitaria nunca
debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad
social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en
términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados
y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que
abolir, y obviamente no se hace.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la
eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello
que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos
mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un
solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora
en la calidad del servicio al ciudadano, tal y como <a href="http://www.expresioneconomica.org/n-2142-4-Reforma_Administracion_Local_entrara_inmediato_vigor"><span style="text-decoration: underline;">aseguró Rajoy</span></a>.
Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y
suprimir servicios públicos denota la poca vergüenza que tiene el
presidente y su equipo de gobierno. Por otro lado, las posibles mejoras
en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán minúsculas, sino
que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad
social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una
sociedad enferma si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia
económica y no la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros
conciudadanos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector
público ahorrar con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con
observar cuál ha sido el gasto público de las administraciones locales
que ha excedido sus ingresos. Si vamos acumulando este exceso de gasto,
obtenemos la deuda pública de estas administraciones. Ahora la
comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la de las
Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el siguiente gráfico se
representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos
sectores.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://eduardogarzon.net/la-reforma-de-la-administracion-local-conllevara-importantes-danos-sociales-y-el-ahorro-que-lograra-sera-muy-reducido/evolucion-deuda-por-administraciones/" rel="attachment wp-att-629"><img alt="Evolución deuda por administraciones" class="aligncenter size-full wp-image-629" height="248" src="http://eduardogarzon.net/wp-content/uploads/2013/06/evoluci%C3%B3n-deuda-por-administraciones.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pues bien, lo <b>máximo</b> que el sector público podría ahorrar con
esta reforma (y ni siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el
sector rojo del gráfico. <b>La deuda acumulada de todas las
administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda la deuda
que tiene hoy día el sector público español. </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las
administraciones locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos
públicos, la cantidad que se gasta es absolutamente ridícula si la
comparamos con el gasto de la administración central (y que por cierto,
en su mayoría se debe a las ayudas a la banca, como mostraré en el
próximo artículo). Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar
con esta reforma no justifica en modo alguno su implementación,
especialmente bajo esas condiciones que resultan tan perniciosas para
las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a
pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter
económico, sino que atiende a otro tipo de factores estrechamente
relacionados con la ideología y con la forma de concebir el diseño y
funcionamiento de las administraciones públicas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Eduardo Garzón</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Saque de Esquina</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://eduardogarzon.net/la-reforma-de-la-administracion-local-conllevara-importantes-danos-sociales-y-el-ahorro-que-lograra-sera-muy-reducido/">http://eduardogarzon.net/la-reforma-de-la-administracion-local-conllevara-importantes-danos-sociales-y-el-ahorro-que-lograra-sera-muy-reducido/ </a></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-8893816077884491372013-07-02T10:40:00.000-07:002013-07-02T10:40:00.505-07:00Pensiones: una propuesta criminal<!--[if gte mso 9]><xml>
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<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaiKJHBBY0HDjiXMySszR7h4q6ctuUz66aNcuUE70dEhXCac8azC4K9DahBsbylYa1Mx0ZbUxptnnWPiMSre_Tk19Fr_Bh6KC7RM6m6-HJqTYfUFF2fOawPwgn1zgDWAh5qdhxK5HR0uc/s230/pensiones2.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaiKJHBBY0HDjiXMySszR7h4q6ctuUz66aNcuUE70dEhXCac8azC4K9DahBsbylYa1Mx0ZbUxptnnWPiMSre_Tk19Fr_Bh6KC7RM6m6-HJqTYfUFF2fOawPwgn1zgDWAh5qdhxK5HR0uc/s200/pensiones2.jpeg" width="190" /></a>Puesto que en el cuaderno anterior ya dediqué espacio al
tema de las pensiones, aquí simplemente añadiré algunos comentarios a la
propuesta realizada por el “Comité de expertos”. Como ya es habitual, su
propuesta es la de cargarse derechos sociales con el argumento de “salvar el
estado de bienestar”. Su propuesta es tan obscena que no parece que esta vez el
argumento vaya a colar.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La fórmula que proponen para las nuevas pensiones es la del
contable al que se le proporcionan unos datos y se le dice que los cuadre. En
la propuesta se dejan fuera del debate otros argumentos que deberían incluirse
en cualquier planteamiento global. Los supuestos implícitos son: a) que las
pensiones deben seguir pagándose sólo con rentas salariales; b) que éstas no
deben crecer y que posiblemente disminuirán por el doble efecto de la
“moderación salarial” y la reducción del empleo, y c) que cada vez la gente
vivirá más y por tanto el gasto tenderá a aumentar, también porque las próximas
oleadas de jubilados tendrán pensiones más elevadas. Con estos supuestos se ha
elaborado una fórmula pensada para reducir las pensiones per cápita; de hecho,
una formula que incluso prevé una reducción automática de las pensiones cuando
el empleo (y las cotizaciones) disminuyan a causa de una recesión.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Una respuesta seria exige discutir sobre todo las dos
primeras: que las pensiones deban financiarse sólo con rentas salariales y que
la participación de los salarios en la renta sea la que es. En un mundo de
“empleo flexible” y de “beneficios empresariales basados en la externalización
de costes sociales”, hay buenos argumentos para justificar que las pensiones
dependan de mecanismos generales de tipo impositivo (por lo menos una parte de
los mismos), de la misma forma que no es de recibo que el sistema de pensiones
sea diseñado de forma procíclica (es decir, que suban y bajen en función de la
coyuntura), agravando con ello el impacto de las recesiones.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
Los “expertos contables” que han elaborado esta propuesta
han dado una nueva muestra de cortedad de miras y de sumisión al poder (o
quizás ellos mismos sean parte del poder). De cerrazón porque se han limitado a
elaborar una fórmula de ajuste sin abrir el debate en toda su complejidad, y de
sumisión porque resulta evidente que su propuesta incluye, aunque no la cita,
la introducción masiva de los planes privados de pensiones como complemento. Aunque
también en ello muestran una cortedad de miras notable. Primero, porque los
planes de pensiones realmente existentes muestran un rendimiento tan bajo que
difícilmente pueden representar un complemento satisfactorio para la mayoría de
la gente. Segundo, porque si las rentas del trabajo no van a crecer, no se ve
cómo puede sostenerse un aumento del gasto en pensiones privadas. Y, tercero,
que si éste se impone por ley, ello implicaría una caída del consumo que podría
tener a su vez un efecto macroeconómico inesperado.</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
La propuesta ha tenido, además, un daño colateral innegable
por el hecho de que uno de los expertos que avalan el tema es un reputado
técnico de CCOO. Aunque el sindicato se ha desmarcado enseguida de la cuestión,
el daño ya está hecho. A mi entender, la situación exige dos respuestas
paralelas. Una, en el plano de la construcción de alternativas: la urgencia de
que los sindicatos y las organizaciones de izquierdas sean capaces de elaborar,
explicar y elaborar una propuesta creíble (por más difícil de imponer que sea)
de sistema de pensiones. Algo que exige como paso previo la organización de una
serie de actividades orientadas a movilizar pensamiento crítico, elaborar la
propuesta y organizar la respuesta social. La otra, en clave interna, la
explico en una nota aparte de este boletín. El ataque a las pensiones es tan
brutal que exige respuestas fuertes, claridad de ideas y de comportamientos. </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<b>Alberto Recio Andreu.</b></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<b>Mientras Tanto</b> </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<a href="http://www.mientrastanto.org/boletin-115/notas/cuaderno-de-depresion-22">http://www.mientrastanto.org/boletin-115/notas/cuaderno-de-depresion-22</a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<div id="stcpDiv" style="left: -1988px; position: absolute; top: -1999px;">
Albert Recio Andreu</div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<div id="stcpDiv" style="left: -1988px; position: absolute; top: -1999px;">
Albert Recio Andreu</div>
<div id="stcpDiv" style="left: -1988px; position: absolute; top: -1999px;">
Albert Recio Andreu</div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br />
<div id="stcpDiv" style="left: -1988px; position: absolute; top: -1999px;">
Albert Recio Andreu</div>
<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-17809952613445887952013-07-02T09:24:00.000-07:002013-07-02T09:24:00.185-07:00Las diez peores prácticas de la industria farmacéutica<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4JBUBCTIJKLsxejst1XETxJJpnrXlurDrxunhLSO5MkxyTLzxPaxbhem9w8dPKpZtsRScOqIkTuR1AMUxZPCWctAuwCyhwavuyZNpYSrNBJxpOzPWfy7xtUzeKjAtEcfB42L5dHtrlIc/s276/farmacia4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="132" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4JBUBCTIJKLsxejst1XETxJJpnrXlurDrxunhLSO5MkxyTLzxPaxbhem9w8dPKpZtsRScOqIkTuR1AMUxZPCWctAuwCyhwavuyZNpYSrNBJxpOzPWfy7xtUzeKjAtEcfB42L5dHtrlIc/s200/farmacia4.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: "Arial Narrow";">Ben Goldacre es un médico y
psiquiatra que escribe regularmente en <i>The
Guardian. </i>En <i>Sin Permiso</i> hemos
publicado algunos artículos y entrevistas de este autor, así como una <a href="http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5920">reseña de su libro <i>Mala ciencia</i></a>. Se decía en esta
reseña que “</span></b><b><span style="font-family: "Arial Narrow";">El autor de <i>Mala ciencia </i>ha
tenido que escuchar de boca de muchos impostores que ’está al servicio de la
medicina oficial’ y de las ‘multinacionales farmacéuticas’. Era de esperar,
claro. Pero en ese caso las acusaciones están tan mal dirigidas y mal
fundamentadas que son simples calumnias. Goldacre da muchas conferencias a
estudiantes y profesionales de la medicina. Precisamente, uno de sus títulos
preferidos es ‘Las pamplinas de las farmacéuticas’.” Reproducimos a
continuación el artículo que </span></b><b><span style="font-family: "Arial Narrow";">el periodista científico Antonio Martínez escribió
en el que se resumía la posición de Goldacre acerca de las empresas
farmacéuticas. <i>Redaccion de SP.</i></span></b></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: "Arial Narrow";"><i><br /></i></span></b></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">1. El 90% de los ensayos clínicos
publicados son patrocinados por la industria farmacéutica. </span></b><span style="font-family: Arial;">Este es el principal motivo por el
que todo el sistema de ensayos clínicos está alterado, según Goldacre, y por el
que se producen el resto de problemas. </span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">2. Los resultados negativos se
ocultan sistemáticamente a la sociedad</span></b><span style="font-family: Arial;">. "Estamos viendo los resultados positivos y
perdiéndonos los negativos", escribe Goldacre. "Deberíamos comenzar
un registro de todos los ensayos clínicos, pedir a la gente que registre su
estudio antes de comenzar e insistir en que publiquen sus resultados al
final". En muchos casos, denuncia el autor de "Mala Farma", las
farmacéuticas se reservan el derecho de interrumpir un ensayo y si ven que no
da el resultado esperado, lo detienen. Asimismo, obligan a los científicos que
participan en estos estudios a mantener en secreto los resultados. Y esta
práctica tiene de vez en cuando consecuencias dramáticas. </span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">En los años 90, por ejemplo, se
realizó un ensayo con una sustancia creada contra las arritmias cardíacas
llamada Lorcainida. Se selección a 100 pacientes y la mitad de ellos tomó un
placebo. Entre quienes tomaron la sustancia hubo hasta 9 muertes (frente a 1
del otro grupo), pero los resultados nunca se publicaron porque la farmacéutica
detuvo el proceso. Una década después, otra compañía tuvo la misma idea pero
esta vez puso la Lorcainida en circulación. Según Goldacre, hasta 100.000
personas murieron innecesariamente antes de que alguien se diera cuenta de los
efectos. Los investigadores que habían hecho el primero ensayo pidieron perdón
a la comunidad científica por no haber sacado a la luz los resultados.</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">"Solo la mitad de los ensayos
son publicados", escribe Goldacre, "y los que tienen resultados
negativos tienen dos veces más posibilidades de perderse que los positivos.
Esto significa que las pruebas en las que basamos nuestras decisiones en
Medicina están sistemáticamente sesgadas para destacar los beneficios que un
tratamiento proporciona".</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">3. Las farmacéuticas manipulan o
maquillan los resultados de los ensayos. </span></b><span style="font-family: Arial;">En muchas ocasiones los propios ensayos están mal
diseñados: se toma una muestra demasiado pequeña, por ejemplo, se alteran los
resultados o se comparan con productos que no son beneficiosos para la salud.
Goldacre enumera multitud de pequeñas trampas que se realizan de forma
cotidiana para poner un medicamento en el mercado, como elegir los efectos de
la sustancia en un subgrupo cuando no se han obtenido los resultados esperados
en el grupo que se buscaba al comienzo.</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">4. Los resultados no son replicables.</span></b><span style="font-family: Arial;"> Lo más preocupante para Goldacre es
que en muchas ocasiones, no se puede replicar el resultado de los estudios que
se publican. "En el año 2012", escribe Goldacre, "un grupo de
investigadores informó en la revista Nature de su intento de replicar 53
estudios para el tratamiento temprano del cáncer: 47 de los 53 no pudieron ser
replicados".</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">5. Los comités de ética y los
reguladores nos han fallado. </span></b><span style="font-family: Arial;">Según Goldacre, las autoridades europeas y estadounidenses
han tomado medidas ante las constantes denuncias, pero la inoperancia ha
convertido estas medidas en falsas soluciones. Los reguladores se niegan a dar
información a la sociedad con la excusa de que la gente fuera de la agencia
podría hacer un mal uso o malinterpretar los datos. La inoperancia lleva a
situaciones como la que ocurrió con el Rosiglitazone. Hacia el año 2011 la OMS
y la empresa GSK tuvieron noticia de la posible relación de este medicamento y
algunos problemas cardíacos, pero no lo hicieron público. En 2007 un cardiólogo
descubrió que incrementaba el riesgo de problemas cardiacos un 43% y no se sacó
del mercado hasta el 2010.</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">6. Se prescriben a niños
medicamentos que solo tienen autorización para adultos. </span></b><span style="font-family: Arial;">Este fue el caso del antidepresivoParoxetine. La compañía GSK, según Goldacre, supo de sus efectos adversos
en menores y permitió que se siguiera recetando al no incluir ninguna
advertencia. La empresa supo del aumento del número de suicidios entre los
menores que la tomaban y no se hizo un aviso a la comunidad médica hasta el año
2003.</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">7. Se realizan ensayos clínicos con
los grupos más desfavorecidos. </span></b><span style="font-family: Arial;">A menudo se ha descubierto a las farmacéuticas usando a
vagabundos o inmigrantes ilegales para sus ensayos. Estamos creando una
sociedad, escribe, donde los medicamentos solo se ensayan en los pobres. En
EEUU, por ejemplo, los latinos se ofrecen como voluntarios hasta siete veces
más para obtener cobertura médica y buena parte de los ensayos clínicos se
están desplazando a países como China o India donde sale más barato. Un ensayo
en EEUU cuesta 30.000 dólares por paciente, explica Goldacre, y en Rumanía sale
por 3.000.</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">8. Se producen conflictos de
intereses</span></b><span style="font-family: Arial;">: Muchos
de los representantes de los pacientes pertenecen a organizaciones financiadas
generosamente por las farmacéuticas. Algunos de los directivos de las agencias
reguladoras terminan trabajando para las grandes farmacéuticas en una relación
bastante oscura.</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">9. La industria distorsiona las
creencias de los médicos y sustituyen las pruebas por marketing. </span></b><span style="font-family: Arial;">Las farmacéuticas, denuncia
Goldacre, se gastan cada año miles de millones para cambiar las decisiones que
toman los médicos a la hora de recetar un tratamiento. De hecho, las empresas
gastan el doble en marketing y publicidad que en investigación y desarrollo,
una distorsión que pagamos en el precio de las medicinas. Las tácticas van
desde la conocida influencia de los visitadores médicos (con las invitaciones a
viajes, congresos y lujosos hoteles) a técnicas más sibilinas como la
publicación de ensayos clínicos cuyo único objetivo es dar a conocer el
producto entre muchos médicos que participan en el proceso. Muchas de las
asociaciones de pacientes que negocian en las instituciones para pedir
regulaciones reciben generosas subvenciones de determinadas empresas
farmacéuticas.</span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /></span></span></div>
<span style="font-size: small;">
</span><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: Arial;">10. Los criterios para aprobar
medicamentos son un coladero. </span></b></span><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><span style="font-size: small;">Los reguladores deberían requerir que un medicamento sea
mejor que el mejor tratamiento disponible, pero lo que sucede, según Goldacre,
es que la mayoría de las veces basta con que la empresa pruebe que es mejor que
ningún tratamiento en absoluto. Un estudio de 2007 demostró que solo la mitad
de los medicamentos aprobados entre 1999 y 2005 fueron comparados con otros
medicamentos existentes. El mercado está inundado de medicamentos que no
procuran ningún beneficio, según el autor de “Mala Farma”, o de versiones del
mismo medicamento por otra compañía (las medicinas "Yo también) o
versiones del mismo laboratorio cuando prescribe la patente (las medicinas
"Yo otra vez"). En esta última categoría destaca el caso del
protector estomacal Omeprazol, de AstraZeneca, que sacó al mercado un producto
con efectos similares, Esomoprazol, pero diez veces más caro. </span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><b><span style="font-family: "Arial Narrow";">Antonio Martínez Ron </span></b><span style="font-family: "Arial Narrow";">es un periodista de divulgación
científica que ha trabajado en distintos medios.</span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: "Arial Narrow";"><b>Sin Permiso </b></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<a href="http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6104"><span style="font-family: "Arial Narrow"; font-size: 10pt;"><b>http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6104 </b></span></a></div>
<a href="http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6104"></a><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /><span style="font-family: "Arial Narrow"; font-size: 10pt;"><i> </i></span><i><span style="font-family: "Arial Narrow"; font-size: 10pt;"></span></i></div>
<a href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/las-diez-peores-practicas-de-la-industria-farmaceutica-segun-ben-goldacre_DsWP1ny6X3TcsTauUmIK85/">http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/las-diez-peores-practicas-de-la-industria-farmaceutica-segun-ben-goldacre_DsWP1ny6X3TcsTauUmIK85/ </a>Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-77160397632944646912013-06-24T13:05:00.000-07:002013-06-24T13:09:17.441-07:00Austeridad y control del conocimiento<!--[if gte mso 9]><xml>
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<br />
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf1SK9pCWz0vgjtl40PJEO-X_LYIXZUnoYwLXWWW_HgjbOsWzVPwMoC__9K-nuMjSuVzEiHamhAq1cGH46zewSP6cYaVi96apq7ejwdk1ms75XpuV4N6uRZiT8sJJPtUc6FyMqqlXXeUo/s1600/conocimiento3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf1SK9pCWz0vgjtl40PJEO-X_LYIXZUnoYwLXWWW_HgjbOsWzVPwMoC__9K-nuMjSuVzEiHamhAq1cGH46zewSP6cYaVi96apq7ejwdk1ms75XpuV4N6uRZiT8sJJPtUc6FyMqqlXXeUo/s200/conocimiento3.jpg" width="149" /></a><span style="font-size: small;">Ya he explicado en otros artículos y en el libro Los amos
del mundo. Las armas del terrorismo financiero que escribí con Vicenç Navarro,
que los recortes de gasto que llevan consigo las políticas de austeridad son un
auténtico engaño. Se justifican diciendo que solo con ellos se puede recortar
la deuda para que a continuación vuelva a generarse crecimiento y empleo, pero
lo que demuestran los estudios empíricos es lo contrario. Al recortar el gasto
en etapas de recesión (ya de por sí de gasto insuficiente) lo que sucede es que
disminuye la actividad, el empleo y los ingresos y que, por tanto, finalmente
aumenta aún más la deuda.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Además, cuando estas
políticas de recortes se presentan como de ‘austeridad’ tienen también otro
efecto no menos importante a la hora de garantizar el sometimiento de la
población. Cuando lo que se reclama es la austeridad -algo con lo que nadie
puede estar en desacuerdo- se está sugiriendo que es imprescindible una terapia
frente a un despilfarro anterior. O, como suele decirse, para pagar el pecado
de haber vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Su imposición genera en
la gente un sentimiento de culpa que atemoriza, confunde y paraliza.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Pero, con independencia de
ello, los recortes de gasto público social también llevan consigo otras
consecuencias muy peligrosas de los que se habla aún menos. Por ejemplo, un
mayor control político del conocimiento.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Con la excusa de que hay que
recortar gastos se ha reducido la financiación a la universidad pública y se
están aprovechando los recortes para concederle un papel mucho más determinante
aún en toda la actividad universitaria a la evaluación de la actividad
investigadora del personal universitario, que en España se realiza desde hace
años mediante los llamados sexenios (unos complementos salariales que nacieron
para retribuir la productividad investigadora y que se han convertido en medida
de su “calidad”) y los procedimientos de acreditación que llevan a cabo las
agencias de evaluación nacional o autonómicas.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Yo soy totalmente partidario
de que se evalúe la actividad docente e investigadora de los universitarios. Y
de hecho, cuando fui vicerrector de ordenación académica y profesorado de la
universidad de Málaga entre 1987 y 1990, puse en marcha uno de los primeros
procedimientos de evaluación que se realizaron en España, tanto en los dos
primeros ciclos como en el doctorado.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Pero lo que ahora se está
produciendo es un verdadero control político del conocimiento cuando se
empiezan a establecer las nuevas obligaciones docentes (horas de clase) o
cuando se hace depender la participación en comisiones de selección, la
dirección de tesis doctorales o la promoción a las diferentes categorías
contractuales o del funcionariado, entre otras cosas, en función de los
sexenios o de la acreditación conseguidos en procesos de evaluación que, sobre
todo en algunas áreas del conocimiento, son claramente arbitrarios y muy sesgados
ideológicamente.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">En España, como en otros
países, estos procesos se basan originalmente en criterios puramente
cuantitativos que simplifican al extremo la valoración de la producción
científica, reduciendo o eliminando por completo cualquier atisbo de debate o
controversia sobre su calidad efectiva, mediante la aplicación de índices que
solo pueden tener en cuenta (en el mejor de los casos) el número de
publicaciones más o menos ponderado por rangos no menos discutibles referentes
a las revistas donde aparecen, y el número de citas.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Los efectos de este tipo de
evaluaciones son claros. Los investigadores, en lugar de tener como objetivo de
su actividad científica el descubrir nuevos conocimientos, han de orientarla
necesariamente a obtener el mayor número de publicaciones consideradas como
valiosas por dichos indicadores. Así ha de ser, pues de ello va a depender su
financiación, su promoción profesional, su capacidad de decisión y su
incardinación en la academia o incluso las horas de clase que van a tener que
impartir.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Ese incentivo perverso tiene
multitud de efectos negativos. Así, se promueve la firma colectiva como
práctica oportunista para lograr más y más rápidas aportaciones susceptibles de
ser valoradas positivamente aunque en la mayoría de las ocasiones eso no
responda ni a la realidad de la actividad realizada por cada investigador, ni a
necesidades de división del trabajo científico que se realiza.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Además, la exigencia de
multiplicar al máximo la publicaciones lleva a que resulte más rentable a los
investigadores el dedicarse a ‘versionar’ sin descanso un trabajo,
descubrimiento o planteamiento o modelo original a base de introducir muy
pequeñas variaciones posteriores que se dirigen a diferentes revistas, sin que
ninguna de ellas suponga alguna novedad importante o un incremento efectivo del
conocimiento.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Un estudio realizado en
Francia al respecto ha mostrado claramente que aunque el número de
publicaciones en el área de economía se ha triplicado desde la mitad de los
años 90 del siglo pasado no puede decirse que haya mejorado sustancialmente su
calidad (Bosquet, C., Combes, P-Ph., y Linnemer, L., “La publicationd’articles
de recherche en économie en France en 2008. Disparitésactuelles et
évolutionsdepuis 1998″. Rapportpour la Directiongénérale
de la recherche et de l’innovation, DGRI, 2010).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Cualquier investigador que se
comporte con un mínimo de racionalidad en este régimen de evaluación debe
consagrar mucho más tiempo y esfuerzo a multiplicar las publicaciones
preparando diversas versiones y a estar presente allí donde se puede conseguir
influencia o redes que faciliten la publicación, que a investigar. Y así
resulta que estos métodos de evaluación, aparentemente encaminados a medir la
productividad y la calidad académica, incentivan comportamientos que limitan
ésta última y que se basan en un sentido claramente distorsionado de la
primera. No reflejan la productividad como una mayor capacidad de aportar
conocimiento efectivo sino como la de colocar menores dosis de él en mayor
número de publicaciones. Se promueve la productividad “publicacional”, si vale
el barbarismo, que no tiene mucho que ver en estas condiciones con la
productividad científica.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">La evaluación cuantitativa de
los resultados del conocimiento tiene otro efecto no menos negativo. Para poder
llevarla a cabo es por lo que se ha ido limitando a tomar en consideración los
artículos publicados en revistas, que pueden ser jerarquizados y catalogados en
función de dónde se publiquen, en detrimento del conocimiento publicado en libros
o cualquier otro tipo de monografías, que hoy día no tienen prácticamente valor
alguno, o muy escaso, a la hora de acreditarse o de ser evaluado para recibir
sexenios.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Las consecuencias de esto
último son variadas. Una es que los investigadores que quieran ser evaluados
positivamente solo deben abordar temas que se puedan exponer en el espacio
reducido y en la forma convencional que se suele establecer en las revistas. Tienen
que renunciar así a exponer pasos intermedios, derivaciones de sus análisis,
matices y, sobre todo, las dudas y preguntas y las cuestiones transversales y
sintéticas que cada vez son más necesarias para poder conocer la realidad, pero
que es casi imposible trasladar a los espacios muy especializados y por
definición más cerrados, en todos los sentidos del término, de las revistas.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">La generalización de la
publicación en revistas ha estandarizado la expresión del conocimiento y el
conocimiento mismo al establecer no solo el encuadre formal de los textos sino
los contenidos, los enfoques, e incluso los postulados e hipótesis de partida
“convenientes” en cada una de ellas, de modo que salirse de ese saber
establecido conduce de modo prácticamente inevitable al ostracismo y a la
imposibilidad de ser evaluado positivamente, pues es seguro que no se podrá
publicar en las revistas que sirven de referencia como de mayor calidad e
impacto.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Es por eso que el poder de
evaluación efectivo recae en última instancia en los equipos que mantienen y
evalúan las publicaciones en las revistas que encabezan los ranking de las más
destacadas: las que están formadas por miembros de los departamentos y grupos
de investigación más destacados, que son aquellos cuyos miembros publican en
las revistas más destacadas. Así se crea un círculo vicioso de conformismo y de
redes de autentico clientelismo en donde es muy difícil que penetre la luz de
enfoques novedosos, alternativos o contrarios a lo que habitualmente se publica
en esas revistas por los autores solo de aquello que sus evaluadores consideran
que es publicable, y que lógicamente nunca podrá ser diferente de lo que
sostienen o defienden. ¿Cómo tratar de publicar en una revista si el autor o
autores no se ajustan a los criterios de publicación o enfoques normalizados
que mantiene?</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">En definitiva, el predominio
de este tipo de evaluación ahoga la disidencia, la duda, la innovación, la
ruptura con el saber establecido…, es decir, justo los factores que sabemos
perfectamente que han sido siempre los que han promovido realmente el
conocimiento y los que han hecho que de verdad avance la ciencia.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Lógicamente, no puede ser muy
ajeno a todo ello el hecho de que la gestión de los trabajos que se incluyen en
el ‘Journal Citation Reports’ (JCR en la jerga de los investigadores) que sirve
como base de referencia sacrosanta de la evaluación cuantitativa esté
controlado por una sola y poderosa multinacional, Thompson Reuters, o que estos
métodos de evaluación se hayan comenzado a aplicar con especial disciplina en
ciencias sociales, y muy especialmente en economía, justo en los años en que se
vienen imponiendo las políticas neoliberales. No es casualidad que éstas se
justifiquen con el paradigma neoclásico que predomina en las publicaciones de
las revistas mejor consideradas y lo cierto es que pueden aplicarse más cómodamente
en la medida en que eludan más ampliamente la crítica social. Lo que puede
conseguirse cuando el pensamiento económico y social en general se
hiperespecializa y pierde el contacto con la realidad al desarrollar un tipo de
conocimiento encerrado en sí mismo, abstracto y completamente ajeno a la
complejidad e interconectividad que tienen los fenómenos económicos y sociales.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Ahora bien, si en casi todo
el mundo viene ocurriendo todo esto, en España la situación es mucho más grave
porque los procesos de evaluación son opacos y ni siquiera los criterios
cuantitativos se aplican objetivamente sino a nuestra carpetovetónica manera
clientelar y corrupta.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Aquí predomina una
arbitrariedad constante que da lugar a decisiones contradictorias, a
resoluciones caprichosas y sin fundamento alguno, que muchas veces no pueden
disimular que se toman ad hoc o incluso ex post de haber decidido el resultado.
En el caso particular de la economía, que mejor conozco, se han hecho fuertes
grupos de poder de clara significación ideológica o al menos, por decirlo más
sutilmente, de evidente connivencia paradigmática, que aplicando este tipo de
criterios van consolidando una forma de investigar conservadora y uniformada
que poco a poco va dejando fuera del juego académico a quienes optan por
generar cualquier otro tipo de conocimiento o por difundirlo a través de otras
publicaciones, cuyo impacto, por cierto, suele mucho mayor, la mayoría de las
veces, que el de las revistas convencionales.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Al igual que pasa fuera de
España, la producción bibliográfica mejor valorada en economía presenta, eso
sí, una gran variedad de temáticas, pero una extraordinaria homogeneidad que se
traduce en un gran irrealismo y abstracción, en una gran coincidencia en las
perspectivas de análisis y en la asunción de conclusiones que terminan
justificando un mismo tipo de políticas.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Es por eso que puede
afirmarse que la imposición de este tipo sesgado de evaluación, en todos los
campos del saber científico pero sobre todo en los que tienen más que ver con
juicios de valor y con las diferentes preferencias sociales, como la economía,
es un claro intento de control (político) del conocimiento que se acelera en
estos momentos gracias a la oportunidad que proporcionan los recortes asociados
a las políticas de austeridad.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Los resultados de son tan
paradójicos y significativos como el que mencionaba recientemente el profesor
de Sociología de la
Universidad de Oviedo, Holm-DetlevKöhler: la investigadora
Saskia Sassen que acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales, “una de las científicas más importantes de nuestra época, no ha
conseguido ningún sexenio, ninguna acreditación, frente a los criterios de
nuestras agencias de evaluación, que anteponen siempre el mismo criterio: tres
publicaciones JCR (Journal Citation Reports) en los últimos cinco años. Sassen
no tiene ni una, sino que ha publicado libros e informes, fruto de proyectos de
investigación de verdad y referencias fundamentales para académicos
comprometidos, ha publicado numerosos artículos en medios de gran difusión,
etc., pero se ha resistido a la práctica de inflar su currículum con artículos
estandarizados sin interés ni lectores, más allá de círculos de amigos de
citación mutua”.</span><br />
<br />
<b><span style="font-size: small;">Juan Torres López</span></b><br />
<b><span style="font-size: small;">Ganas de Escribir</span></b><br />
<span style="font-size: small;"><a href="http://juantorreslopez.com/impertinencias/austeridad-y-control-del-conocimiento/">http://juantorreslopez.com/impertinencias/austeridad-y-control-del-conocimiento/ </a></span></div>
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<![endif]--><br />
<div style="left: -1988px; position: absolute; top: -1999px;">
Ya he explicado en otros artículos y en el libro <i>Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero</i>
que escribí con Vicenç Navarro, que los recortes de gasto que llevan
consigo las políticas de austeridad son un auténtico engaño. Se
justifican diciendo que solo con ellos se puede recortar la deuda para
que a continuación vuelva a generarse crecimiento y empleo, pero lo que
demuestran los estudios empíricos es lo contrario. Al recortar el gasto
en etapas de recesión (ya de por sí de gasto insuficiente) lo que sucede
es que disminuye la actividad, el empleo y los ingresos y que, por
tanto, finalmente aumenta aún más la deuda.<br />
Además, cuando estas políticas de recortes se presentan como de
‘austeridad’ tienen también otro efecto no menos importante a la hora de
garantizar el sometimiento de la población. Cuando lo que se reclama es
la austeridad -algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo- se está
sugiriendo que es imprescindible una terapia frente a un despilfarro
anterior. O, como suele decirse, para pagar el pecado de haber vivido
“por encima de nuestras posibilidades”. Su imposición genera en la gente
un sentimiento de culpa que atemoriza, confunde y paraliza.<br />
Pero, con independencia de ello, los recortes de gasto público social
también llevan consigo otras consecuencias muy peligrosas de los que se
habla aún menos. Por ejemplo, un mayor control político del
conocimiento.<br />
Con la excusa de que hay que recortar gastos se ha reducido la
financiación a la universidad pública y se están aprovechando los
recortes para concederle un papel mucho más determinante aún en toda la
actividad universitaria a la evaluación de la actividad investigadora
del personal universitario, que en España se realiza desde hace años
mediante los llamados sexenios (unos complementos salariales que
nacieron para retribuir la productividad investigadora y que se han
convertido en medida de su “calidad”) y los procedimientos de
acreditación que llevan a cabo las agencias de evaluación nacional o
autonómicas.<br />
Yo soy totalmente partidario de que se evalúe la actividad docente e
investigadora de los universitarios. Y de hecho, cuando fui vicerrector
de ordenación académica y profesorado de la universidad de Málaga entre
1987 y 1990, puse en marcha uno de los primeros procedimientos de
evaluación que se realizaron en España, tanto en los dos primeros ciclos
como en el doctorado. <br />
Pero lo que ahora se está produciendo es un verdadero control
político del conocimiento cuando se empiezan a establecer las nuevas
obligaciones docentes (horas de clase) o cuando se hace depender la
participación en comisiones de selección, la dirección de tesis
doctorales o la promoción a las diferentes categorías contractuales o
del funcionariado, entre otras cosas, en función de los sexenios o de la
acreditación conseguidos en procesos de evaluación que, sobre todo en
algunas áreas del conocimiento, son claramente arbitrarios y muy
sesgados ideológicamente.<br />
En España, como en otros países, estos procesos se basan
originalmente en criterios puramente cuantitativos que simplifican al
extremo la valoración de la producción científica, reduciendo o
eliminando por completo cualquier atisbo de debate o controversia sobre
su calidad efectiva, mediante la aplicación de índices que solo pueden
tener en cuenta (en el mejor de los casos) el número de publicaciones
más o menos ponderado por rangos no menos discutibles referentes a las
revistas donde aparecen, y el número de citas.<br />
Los efectos de este tipo de evaluaciones son claros. Los
investigadores, en lugar de tener como objetivo de su actividad
científica el descubrir nuevos conocimientos, han de orientarla
necesariamente a obtener el mayor número de publicaciones consideradas
como valiosas por dichos indicadores. Así ha de ser, pues de ello va a
depender su financiación, su promoción profesional, su capacidad de
decisión y su incardinación en la academia o incluso las horas de clase
que van a tener que impartir. <br />
Ese incentivo perverso tiene multitud de efectos negativos. Así, se
promueve la firma colectiva como práctica oportunista para lograr más y
más rápidas aportaciones susceptibles de ser valoradas positivamente
aunque en la mayoría de las ocasiones eso no responda ni a la realidad
de la actividad realizada por cada investigador, ni a necesidades de
división del trabajo científico que se realiza. <br />
Además, la exigencia de multiplicar al máximo la publicaciones lleva a
que resulte más rentable a los investigadores el dedicarse a
‘versionar’ sin descanso un trabajo, descubrimiento o planteamiento o
modelo original a base de introducir muy pequeñas variaciones
posteriores que se dirigen a diferentes revistas, sin que ninguna de
ellas suponga alguna novedad importante o un incremento efectivo del
conocimiento.<br />
Un estudio realizado en Francia al respecto ha mostrado claramente
que aunque el número de publicaciones en el área de economía se ha
triplicado desde la mitad de los años 90 del siglo pasado no puede
decirse que haya mejorado sustancialmente su calidad (Bosquet, C.,
Combes, P-Ph., y Linnemer, L., “La publicationd’articles de recherche en
économie en France en 2008. Disparitésactuelles et évolutionsdepuis
1998″. Rapportpour la Directiongénérale de la recherche et de
l’innovation, DGRI, 2010).<br />
Cualquier investigador que se comporte con un mínimo de racionalidad
en este régimen de evaluación debe consagrar mucho más tiempo y esfuerzo
a multiplicar las publicaciones preparando diversas versiones y a estar
presente allí donde se puede conseguir influencia o redes que faciliten
la publicación, que a investigar. Y así resulta que estos métodos de
evaluación, aparentemente encaminados a medir la productividad y la
calidad académica, incentivan comportamientos que limitan ésta última y
que se basan en un sentido claramente distorsionado de la primera. No
reflejan la productividad como una mayor capacidad de aportar
conocimiento efectivo sino como la de colocar menores dosis de él en
mayor número de publicaciones. Se promueve la productividad
“publicacional”, si vale el barbarismo, que no tiene mucho que ver en
estas condiciones con la productividad científica.<br />
La evaluación cuantitativa de los resultados del conocimiento tiene
otro efecto no menos negativo. Para poder llevarla a cabo es por lo que
se ha ido limitando a tomar en consideración los artículos publicados en
revistas, que pueden ser jerarquizados y catalogados en función de
dónde se publiquen, en detrimento del conocimiento publicado en libros o
cualquier otro tipo de monografías, que hoy día no tienen prácticamente
valor alguno, o muy escaso, a la hora de acreditarse o de ser evaluado
para recibir sexenios.<br />
Las consecuencias de esto último son variadas. Una es que los
investigadores que quieran ser evaluados positivamente solo deben
abordar temas que se puedan exponer en el espacio reducido y en la forma
convencional que se suele establecer en las revistas. Tienen que
renunciar así a exponer pasos intermedios, derivaciones de sus análisis,
matices y, sobre todo, las dudas y preguntas y las cuestiones
transversales y sintéticas que cada vez son más necesarias para poder
conocer la realidad, pero que es casi imposible trasladar a los espacios
muy especializados y por definición más cerrados, en todos los sentidos
del término, de las revistas. <br />
La generalización de la publicación en revistas ha estandarizado la
expresión del conocimiento y el conocimiento mismo al establecer no solo
el encuadre formal de los textos sino los contenidos, los enfoques, e
incluso los postulados e hipótesis de partida “convenientes” en cada una
de ellas, de modo que salirse de ese saber establecido conduce de modo
prácticamente inevitable al ostracismo y a la imposibilidad de ser
evaluado positivamente, pues es seguro que no se podrá publicar en las
revistas que sirven de referencia como de mayor calidad e impacto.<br />
Es por eso que el poder de evaluación efectivo recae en última
instancia en los equipos que mantienen y evalúan las publicaciones en
las revistas que encabezan los ranking de las más destacadas: las que
están formadas por miembros de los departamentos y grupos de
investigación más destacados, que son aquellos cuyos miembros publican
en las revistas más destacadas. Así se crea un círculo vicioso de
conformismo y de redes de autentico clientelismo en donde es muy difícil
que penetre la luz de enfoques novedosos, alternativos o contrarios a
lo que habitualmente se publica en esas revistas por los autores solo de
aquello que sus evaluadores consideran que es publicable, y que
lógicamente nunca podrá ser diferente de lo que sostienen o defienden.
¿Cómo tratar de publicar en una revista si el autor o autores no se
ajustan a los criterios de publicación o enfoques normalizados que
mantiene?<br />
En definitiva, el predominio de este tipo de evaluación ahoga la
disidencia, la duda, la innovación, la ruptura con el saber
establecido…, es decir, justo los factores que sabemos perfectamente que
han sido siempre los que han promovido realmente el conocimiento y los
que han hecho que de verdad avance la ciencia.<br />
Lógicamente, no puede ser muy ajeno a todo ello el hecho de que la
gestión de los trabajos que se incluyen en el ‘Journal Citation Reports’
(JCR en la jerga de los investigadores) que sirve como base de
referencia sacrosanta de la evaluación cuantitativa esté controlado por
una sola y poderosa multinacional, Thompson Reuters, o que estos métodos
de evaluación se hayan comenzado a aplicar con especial disciplina en
ciencias sociales, y muy especialmente en economía, justo en los años en
que se vienen imponiendo las políticas neoliberales. No es casualidad
que éstas se justifiquen con el paradigma neoclásico que predomina en
las publicaciones de las revistas mejor consideradas y lo cierto es que
pueden aplicarse más cómodamente en la medida en que eludan más
ampliamente la crítica social. Lo que puede conseguirse cuando el
pensamiento económico y social en general se hiperespecializa y pierde
el contacto con la realidad al desarrollar un tipo de conocimiento
encerrado en sí mismo, abstracto y completamente ajeno a la complejidad e
interconectividad que tienen los fenómenos económicos y sociales.<br />
Ahora bien, si en casi todo el mundo viene ocurriendo todo esto, en
España la situación es mucho más grave porque los procesos de evaluación
son opacos y ni siquiera los criterios cuantitativos se aplican
objetivamente sino a nuestra carpetovetónica manera clientelar y
corrupta. <br />
Aquí predomina una arbitrariedad constante que da lugar a decisiones
contradictorias, a resoluciones caprichosas y sin fundamento alguno, que
muchas veces no pueden disimular que se toman ad hoc o incluso ex post
de haber decidido el resultado. En el caso particular de la economía,
que mejor conozco, se han hecho fuertes grupos de poder de clara
significación ideológica o al menos, por decirlo más sutilmente, de
evidente connivencia paradigmática, que aplicando este tipo de criterios
van consolidando una forma de investigar conservadora y uniformada que
poco a poco va dejando fuera del juego académico a quienes optan por
generar cualquier otro tipo de conocimiento o por difundirlo a través de
otras publicaciones, cuyo impacto, por cierto, suele mucho mayor, la
mayoría de las veces, que el de las revistas convencionales.<br />
Al igual que pasa fuera de España, la producción bibliográfica mejor
valorada en economía presenta, eso sí, una gran variedad de temáticas,
pero una extraordinaria homogeneidad que se traduce en un gran
irrealismo y abstracción, en una gran coincidencia en las perspectivas
de análisis y en la asunción de conclusiones que terminan justificando
un mismo tipo de políticas.<br />
Es por eso que puede afirmarse que la imposición de este tipo sesgado
de evaluación, en todos los campos del saber científico pero sobre todo
en los que tienen más que ver con juicios de valor y con las diferentes
preferencias sociales, como la economía, es un claro intento de control
(político) del conocimiento que se acelera en estos momentos gracias a
la oportunidad que proporcionan los recortes asociados a las políticas
de austeridad.<br />
Los resultados de son tan paradójicos y significativos como el que
mencionaba recientemente el profesor de Sociología de la Universidad de
Oviedo, Holm-DetlevKöhler: la investigadora Saskia Sassen que acaba de
recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, “una de las
científicas más importantes de nuestra época, no ha conseguido ningún
sexenio, ninguna acreditación, frente a los criterios de nuestras
agencias de evaluación, que anteponen siempre el mismo criterio: tres
publicaciones JCR (Journal Citation Reports) en los últimos cinco años.
Sassen no tiene ni una, sino que ha publicado libros e informes, fruto
de proyectos de investigación de verdad y referencias fundamentales para
académicos comprometidos, ha publicado numerosos artículos en medios de
gran difusión, etc., pero se ha resistido a la práctica de inflar su
currículum con artículos estandarizados sin interés ni lectores, más
allá de círculos de amigos de citación mutua”.<br />
- See more at: http://juantorreslopez.com/impertinencias/austeridad-y-control-del-conocimiento/#sthash.ofcpqX0b.dpuf</div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-81100673554445573532013-05-22T14:55:00.002-07:002013-05-22T14:56:49.903-07:00 La precarización de los salarios de funcionarios municipales<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpHgGLcHg_YCFFejNvkApOLMH60XZk50ZKO9O3n0GbI1B8Q_AMDVRZEJG53WJhDbp_qQ3v_iGHzTi-wv1zkkYBuzzdqpNlQGUi2EFRQcP_CiXE2ukQk_Dl9Gw-oJtYGCFfgQvzpAcs8-M/s1600/municipios2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="120" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpHgGLcHg_YCFFejNvkApOLMH60XZk50ZKO9O3n0GbI1B8Q_AMDVRZEJG53WJhDbp_qQ3v_iGHzTi-wv1zkkYBuzzdqpNlQGUi2EFRQcP_CiXE2ukQk_Dl9Gw-oJtYGCFfgQvzpAcs8-M/s200/municipios2.jpg" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Actualmente, está en marcha el <i><b>Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local</b></i>, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar
lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que
se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y
ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo
que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores,
naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la
sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a
interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde
tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que
pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los
Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis
como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades
Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación
de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas
dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las
organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una
institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido
Popular.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para
precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su
complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación
que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a
29.000 empleados públicos de la capital.</div>
<div style="text-align: justify;">
Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las
políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos
específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos
complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están
relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o
peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el
único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos
salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos
ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone
un atentado a su dignidad.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde la economía crítica se ha señalado muchas veces los bajos
salarios que arrastra este país y el estancamiento que sufren los
salarios reales desde hace muchos años como consecuencia de su punto de
partida y del aumento del coste de la vida. Una vez más, la medida que
ahora se pretende está cargada de ideología, ya que forma parte de la
estrategia del poder político para debilitar el ámbito municipal; en
este caso, hostigando y debilitando a los empleados municipales. Todo
ello supondrá un pequeño ahorro en el gasto público, pero sobre todo es
un paso más en el adelgazamiento de todo lo público. Con ello, se quiere
debilitar también la capacidad de respuesta política tanto de los
empleados, que cada vez están más en el punto de mira del gobierno, como
de los ciudadanos, que tendrán mucha más dificultad para participar en
la vida pública y para exigir sus derechos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El verdadero ahorro se conseguiría si se pusieran los medios para
reducir las plantillas municipales creadas artificialmente con puestos
de confianza (no con empleados públicos) por algunos alcaldes
megalómanos, tal como hizo Alberto Ruiz Gallardón en el año 2.004,
cuando decidió aumentar exponencialmente la estructura municipal
madrileña para que fuera un nicho de colocación de sus amigos de la
Comunidad de Madrid (en el origen de su mandato al frente del
Ayuntamiento de la capital) y ahora, de cualquier miembro del Partido
Popular. Son muchos los puestos que se han conseguido a través del
procedimiento de “libre designación”, un modo opaco que evita la
valoración objetiva de méritos. Ahí es donde se encuentra el verdadero
“agujero” económico de los gastos de personal, ya que precisamente estos
cargos tienen la masa salarial más alta en el escalafón de los salarios
municipales públicos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Se pueden establecer medidas homogeneizadoras con ciertos criterios
de cara al futuro, pero aprovechar la actual coyuntura de crisis
económica para atacar a los funcionarios y otros empleados públicos con
la justificación de buscar una mayor equidad entre los empleados de las
distintas Comunidades Autónomas igualando a la baja dichos salarios,
supone un verdadero ataque a los derechos de quienes están sirviendo a
la administración municipal. Primero se les criminaliza tachándoles de
vagos e ineficaces, y ahora se justifica su precarización salarial,
transmitiendo que muchos de ellos ganan demasiado dinero.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No olvidemos, en fin, que disminuyendo los salarios se está apoyando
la pérdida de poder adquisitivo en las futuras pensiones, lo que pondrá
en riesgo a este colectivo de servidores públicos pero beneficiará —sin
duda— a las grandes compañías aseguradoras de pensiones.</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pilar Martín y María Flores</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>EconoNuestra.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Público.es</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/05/22/la-precarizacion-de-los-salarios-de-funcionarios-municipales/">http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/05/22/la-precarizacion-de-los-salarios-de-funcionarios-municipales/ </a></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-49197298753369896912013-05-12T12:32:00.001-07:002013-05-12T12:32:50.224-07:00Agua: "Del grifo al maletín "<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifekpIdsV66sO38SadsgWLNfspKiItmpev9BLK8dK45nN0X_6sA7dXmrRATS2-uqkWgIwqWgbCB09mTql2n_2-jXrjIcITWxBGzUANiH5DkQdiAQsWd3MhpVG5I7Mlfa9FN0IA1VbmQhg/s1600/agua1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="115" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifekpIdsV66sO38SadsgWLNfspKiItmpev9BLK8dK45nN0X_6sA7dXmrRATS2-uqkWgIwqWgbCB09mTql2n_2-jXrjIcITWxBGzUANiH5DkQdiAQsWd3MhpVG5I7Mlfa9FN0IA1VbmQhg/s200/agua1.jpg" width="200" /></a><b><span style="font-size: small;">El río que nos lleva hacia la privatización</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: small;">Las denuncias por las concesiones de agua por parte de las administraciones llegan a los grandes del sector, Suez y FCC.</span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Una subida del 30% en Huelva; del 75% en
La Unión (Murcia) y del 70% en Avilés (Asturias) en el último año. De
norte a sur, la factura del agua se dispara, especialmente unos meses
antes de la adjudicación del servicio o de parte de éste a empresas
privadas, o en los años siguientes a la adjudicación. En Barcelona el
agua subió tres veces en 2012.En Madrid, donde opera el aún público
Canal de Isabel II, la subida en la factura en 2012 llegó en algunos
casos hasta el 30%.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
La falta de transparencia explica
sólo a medias la disparidad en el acceso a este recurso común en las
principales ciudades del Estado. Así, mientras en municipios como Lugo o
Palma de Mallorca la cuota fija por el suministro de agua es de 9,4
euros cada tres meses y 9,2 euros cada dos y el primer tramo de consumo
no llega a los dos céntimos por metro cúbico en el primer caso, en
Almería, donde opera la empresa Aqualia, la cuota de servicio asciende a
los 17 euros cada 60 días, y en Alicante, donde el servicio depende de
la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, la factura del agua
contempla una cuota fija mensual de 7,21 euros.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Charcos de ‘knowhow’</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Desde 1996 hasta 2006, el porcentaje de
población abastecida por sistemas de gestión privada de servicios de
agua ha pasado del 37 al 53%, según datos de la Asociación Española de
Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que
calcula que a finales de este año el 57% de la población española
dependerá del sector privado para abastecerse de agua.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
Mientras el modelo de Chile, primer
lugar de ensayo del modelo de privatización del agua, suponía la venta a
grandes empresas de los acuíferos del país y el de Reino Unido, con
Margaret Thatcher, ponía en manos privadas las infraestructuras
relativas al servicio del agua, en España se ha generalizado un tercer
modelo de privatización, también implantado en sanidad: el partenariado
público privado (PPP), que supone la privatización de la gestión del
servicio por medio de concesiones administrativas a cambio de una
determinada cantidad de dinero, el llamado canon concesional. “Es un
modelo mucho más sofisticado políticamente. Permite entrar levantando un
mínimo de sospecha o reacción social, y buena parte de la izquierda,
por ignorancia, incluso lo ha terminado impulsando”, detalla a DIAGONAL
Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza.</div>
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<br /></div>
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En la mayoría de los casos la
concesión del servicio del agua se realiza a través de la creación de
una empresa mixta en la que la estructura existente, municipal,
metropolitana, o regional mantiene el 51% de las acciones frente al 49%
que se apropia el capital privado. No obstante, es este último el que
ejerce un control efectivo sobre la empresa mixta, explica Arrojo:
“Siempre hay una cláusula en la que se argumenta –en nombre del know-how
y el savoir faire, es decir, de la complejidad tecnológica-, que la
responsabilidad gestora de la empresa mixta va a ser del socio
minoritario, de manera que éste, el privado, pasa a tener un control
efectivo, no por la mayoría accionarial, sino por el control de la
información”, expone Arrojo. Este mando efectivo deriva en el control de
las compras y adjudicaciones relacionadas con este servicio, que
terminan recayendo de forma automática en filiales del mismo grupo
privado. Esto, explica este portavoz de la Red Agua Pública, genera una
espiral de beneficios que quedan encubiertos entre los costes de la
empresa y que se ve reforzada por una tercera clave en este tipo de
negocios, el largo periodo de concesión del servicio, que suele oscilar
entre los 20 y 40 años. La rescisión del contrato puede suponer un coste
hasta 15 veces mayor al canon pagado al Ayuntamiento por parte de la
empresa y, en ciudades como Girona, la empresa privada ha puesto en
marcha infraestructuras cuando terminaba la concesión para que se
produjese su renovación automática. “Es como vender barata tu primera
residencia para después alquilarla cara”, define Arrojo.</div>
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<b>Suez, La Caixa y FCC</b></div>
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En la gestión del agua, sea ésta pública o
privada, hay un “monopolio natural”, ya que dicha gestión se produce a
través de un único operador. Casos como el del Canal de Isabel II, que
en 2011 obtuvo 135 millones de beneficio, demuestran la rentabilidad del
control del acceso al agua. Quien abre el grifo se convierte en cliente
cautivo –no puede elegir quién le presta el servicio y ese monopolio
natural da paso a una competencia en la que el pez grande se come al
chico. A nivel global, dos grandes grupos controlan la porción creciente
de servicios privatizados de agua. Veolia, antes grupo Vivendi, y Suez
Environment copan dos tercios del mercado mundial, en el que aún es
mayoritaria la gestión pública o comunal del recurso. En el Estado
español, Aqualia, propiedad del grupo constructor FCC, gestiona más de
850 concesiones y recientemente ha obtenido licencias por valor de
1.100millones de euros. Entre los últimos contratos de FCC destacan la
gestión integral del ciclo del agua en Jerez de la Frontera y la
prórroga de la concesión en Girona.</div>
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<br /></div>
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En segundo lugar por volumen de
negocio en la península aparece Aguas de Barcelona (Agbar), en la que el
grupo Suez y La Caixa se reparten las acciones en una proporción
75-25%. Este grupo opera por medio de Aquagest, que a su vez está dentro
del grupo Aquology, que participa en mercados como el de la seguridad,
los campos de golf, la energía, la química o el papel. Tanto Suez como
FCC, que mantiene una alianza en Latinoamérica con Veolia, continúan su
expansión internacional, aunque el mercado europeo supone más de la
mitad de su negocio.</div>
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La llamada guerra del agua en
Catalunya, que ha abierto una brecha en CiU, es una muestra de la
competencia por el territorio. Esa guerra tiene dos batallas. La primera
es la que se libra en torno a la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat a
Acciona, impugnada por Agbar-Aquagest. El segundo frente está abierto
en el área metropolitana –el primero en tamaño de Catalunya– desde que
un usuario con el agua cortada, a quien Agbar reclamaba un pago de 6.000
euros, denunciara a esta empresa centenaria. El juez Eduardo Paricio,
quien posteriormente ha participado en distintas actividades de la
Fundación Agbar y ha intervenido decisivamente en el caso Ter-Llobregat,
dictaminó que no existía relación contractual entre el área
metropolitana de Barcelona y Agbar para la prestación de este servicio.
Tras el escándalo derivado de este pacto no escrito –y de larga duración
– la empresa opera desde una empresa mixta, Aguas de Barcelona Empresa
del Ciclo Integral del Agua. La organización Ingeniería Sin Fronteras ha
presentado un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que se
denuncian indicios de prevaricación y apropiación indebida, como explica
a este periódico uno de sus portavoces, Eloy Badía. En los juzgados se
encontrará con más de media docena de contenciosos relacionados con ese
caso.</div>
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<br /></div>
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Agbar ha anunciado que va a abrir
otro frente contra la Generalitat por daños y perjuicios tras la
adjudicación a Acciona del servicio en Aigües Ter-Llobregat; a su vez,
el Gobierno catalán ha presentado un recurso contra el órgano
administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, formado por un
solo ejecutivo dependiente de la Generalitat, después de que éste
impugnase la adjudicación al grupo de Entrecanales, lo que deja en
suspenso el concurso. Si no hay pacto entre los actores implicados, los
tribunales determinarán en los próximos años si es legal una
adjudicación que permitió a Andreu Mas-Colell, responsable de Economía
de la Generalitat, “suavizar” la cifra de déficit en 2012, ya que
contabilizó como ingresos los 995 millones que Acciona prometió en
concepto de inversiones.</div>
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La gestión de las empresas del grupo
Agbar también ha salido a la palestra tras las revelaciones en torno a
dos tramas de corrupción en la cornisa cantábrica, los casos Pokemon y
Manga. La justicia investiga las concesiones en Llanes (Asturias) y
Ourense. Eloy Badía resume la cadena de acontecimientos que rodean los
procesos de privatización: “Un municipio con las arcas vacías ve que
puede vender o que puede especular, y el agua pasa a convertirse en un
activo financiero. Se produce una privatización por un precio de entre
30 y 50 millones. Se suben las tarifas unos meses antes de cambiar de
manos el servicio y a cambio se produce la entrega de un maletín. El
resto se va dando a lo largo de la concesión”. El recurso al dinero
fácil del agua está prohibido por la directiva marco del agua vigente en
Europa, ya que el beneficio obtenido por las administraciones locales
debe reinvertirse en el llamado ciclo del agua, que contempla factores
de sostenibilidad medioambiental. </div>
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<br /></div>
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En 2011, 39 ciudades españolas de más
de diez mil habitantes fueron denunciadas por no depurar sus aguas
residuales urbanas en zonas acondicionadas. Además, de este a oeste se
suceden las denuncias por la falta de declaraciones de impacto ambiental
en decenas de infraestructuras para el transporte del oro azul. Sin
embargo, el beneficio empresarial baja por otro río: “Hasta hace unos
años se consideraba que uno no se ganaba la vida con este recurso, ahora
están llegando a unos volúmenes de 300 millones de beneficios anuales, y
sólo la matriz, sin contar las filiales”, explica Badía. “Es un negocio
de alta rentabilidad – explica PilarDiego, de la Plataforma contra la
Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda – entre otras cosas
porque no tiene apenas morosidad”. En este municipio de Ávila de 5.000
habitantes, que recibe el agua directamente de la sierra de Gredos, la
concesión del servicio ha sido impugnada porque uno de los tres
ingenieros que resolvieron el concurso de adjudicación había trabajado
en la empresa que se llevó el gato al agua, Aqualia, que opera también
en la capital de provincia. El caso está en los juzgados y la plataforma
contra la privatización también anuncia acciones legales tras realizar
diversos actos informativos y una manifestación a la que acudieron más
de un millar de personas. Como explica Pilar Diego, una vez se entra en
la trampa, los municipios comienzan a generar deuda con la
concesionaria. “Aquí se pagan 17 euros cada seis meses. La empresa va a
pasar a cobrar trimestralmente y espera recaudar como mínimo el doble”.
Diego considera que en la gestión pública hay cosas que mejorar, pero
hay vías que se pueden poner: “El objetivo no es el beneficio económico,
sino el beneficio de la ciudadanía”, concluye.</div>
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<b>Remunicipalización</b></div>
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Casos como el de Candeleda muestran la
aceleración de una tendencia que se no se traslada a otros territorios,
donde la gestión sigue siendo pública, a través de consorcios, o
mancomunada. La expansión de la Directiva de Servicios Europeos y la ley
de Administración Local está generando un efecto de concentración en
torno a las entidades administrativas más grandes. En abril se ha sabido
que el Canal de Isabel II ha hecho una oferta para obtener la concesión
del servicio de aguas de Lanzarote durante 30 años. El Ejecutivo de
Ignacio González asumirá el 60% de la inversión (63 millones de euros) y
el resto (42 millones de euros) vendrá por créditos bancarios. La
Plataforma por la Defensa del Canal de Isabel II de Madrid critica la
“aventura empresarial” del Ejecutivo regional, que “pueden pagar caro
los ciudadanos madrileños si fracasara la operación” e incrementará la
tarifa en Lanzarote un 1% más que el IPC a partir de 2016, después de
que el Consorcio del Agua aumentara hasta un 40% las facturas en 2012.</div>
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<br /></div>
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En paralelo a este proceso de
concentración y privatización del servicio del agua, otra tendencia está
ganando peso. “Se está dando un fuerte proceso de remunicipalizacion”,
explica Luis Babiano, de Aeopas, que señala cómo Francia, la cuna del
modelo PPP, comenzó en 2010 el camino de vuelta al modelo público. En el
Estado español más de 20municipios de Andalucía y Catalunya han
abandonado el capital privado para volver a la gestión pública.</div>
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Plataforma Aiguaesvida </div>
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<a href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2013/04/19/reportatge-del-grifo-al-maletin/">http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2013/04/19/reportatge-del-grifo-al-maletin/</a></div>
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Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7641508418536766467.post-92111069431097936242013-05-10T23:40:00.004-07:002013-05-10T23:40:44.111-07:00Ley Wert: Iglesia, empresa y democracia<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvvIzGVDuebZnOb4wYa1qFu9s8J7alzbyLIxqfnRIMG9mhGkfBwdnZKDQyEt5byv1htwED6c4rUHnfDk-gZ77BAGh_82mXw-6Bv7-Z9ZE7Z2DmQfVVFL-o1vcuOsjs9G1acsTVoohGkFc/s1600/wert2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvvIzGVDuebZnOb4wYa1qFu9s8J7alzbyLIxqfnRIMG9mhGkfBwdnZKDQyEt5byv1htwED6c4rUHnfDk-gZ77BAGh_82mXw-6Bv7-Z9ZE7Z2DmQfVVFL-o1vcuOsjs9G1acsTVoohGkFc/s200/wert2.jpg" width="141" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Podría parecer que salir, actualmente, en defensa de la Escuela
Pública resulta manida y hasta obsoleta tal actitud. Pero, no. Es decir,
repetir que una escuela pública, laica y de calidad para todas y todos,
además de gratuita, democrática, participativa, integradora, e
igualitaria y que solo con ella y así, se conseguiría tener una garantía
de integración y cohesión social, no solo no está desactualizada, sino
que es urgente volver a decirlo alto y claro.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
El Proyecto de Ley, la LOMCE, que el gobierno del PP, de la mano del
inefable Wert, quiere convertir en el futuro modelo por el que se regirá
la enseñanza pública en España, hace que se tenga que volver a recordar
y a defender los principios básicos expuestos.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En mi opinión, dos son, entre otros, los aspectos que hacen
vislumbrar una educación pública puesta al servicio no precisamente de
todas las personas con derecho a una educación pública de calidad. Me
refiero: </div>
<div style="text-align: justify;">
<em>a</em>) la enseñanza de la religión en la escuela pública y <em>b</em>) la función integradora y democrática que debe de tener.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La regulación de la enseñanza de la religión en la escuela ha
suscitado en España controversias y no pocos enfrentamientos a lo largo
de los últimos años. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Como cabía esperar, la mayoría absoluta del PP, y la anterior
dejación de las otras mayorías que hubo (PSOE) y la buena vecindad de
los gobiernos de Zapatero con la Iglesia Católica, ha vuelto a reabrir
un nacionalcatolicismo que, en mi opinión, no había desaparecido, pero
que ahora, en buen lógica de la derecha, se recrudece. La polémica gira,
como siempre, en torno a la cuestión sobre qué lugar debe ocupar la
religión en los centros de educación pública. ¿Debe formar parte del
currículo escolar la enseñanza de la religión? Y, si formase parte, con
qué carácter ¿confesional o aconfesional? A mi juicio, el debate es
falso. Lo único que cabe decir es que en el marco de una Estado
aconfesional la religión como asignatura (voluntaria o no) sobra en el
currículo de la Escuela Pública y por añadidura, con ella, el
profesorado que mediante el único “mérito” de ser señalado por el obispo
de turno se introduce como enseñante en la educación pública. Sería, de
una vez y por todas, la hora de una escuela libre, democrática, laica y
justa. De otra manera, el Estado abandona sus competencias educativas
para dejarlas en manos de la iglesia católica en todo lo relativo a
determinación del currículo, aprobación de libros de texto. Etcétera.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para avanzar hacia el Estado laico y, así, respetar la libertad de
conciencia de alumnos y alumnas, y por extensión, de todos los
ciudadanos, se necesita, sin lugar a dudas, una reforma de la
Constitución que dictamine el carácter laico del Estado; una revisión
total de la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980; y tal
vez, lo primero de todo, la anulación de los Acuerdos entre el Vaticano y
el Estado español. Mientras se continúe como ahora, se seguirá
retrasando el momento de tener un estado moderno y europeo. </div>
<div style="text-align: justify;">
El
anteproyecto de la LOMCE elimina, de facto, los derechos efectivos a la
libertad de conciencia y libre elección de todos los ciudadanos. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En lo referente a la conexión educación-empresa el preámbulo de la
LOMCE, que modifica la LOE, considera a la educación como una actividad
orientada principalmente a incidir en el sistema productivo desde dos
perspectivas que, reflejadas con claridad posteriormente, son: espíritu
“emprendedor” y formación para el empleo; es decir, en ningún caso
considera la educación como un bien público, un derecho universal que el
Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos. En
Román Paladino y para entenderse: formar, instruir para ser buenos
actores sumisos en el sistema de producción capitalista y de consumo. Un
ejemplo que corroboraría lo dicho es la supresión de materias que no
son susceptibles de “producir”, pero que sí serían educadoras de sentido
crítico y sensible, me refiero a la Filosofía o a la Educación para la
Ciudadanía. Así, ese querer formar “emprendedores”, digamos empresarios,
hace peguntarse si todo el alumnado tendrá las mismas oportunidades, al
margen de su estatus social o de sus capacidades. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
No es pesimismo pensar, insistiendo en la función integradora que la
enseñanza pública debe tener, que la disminución de un año del
itinerario común y el adelantamiento de la opción por el Bachillerato o
la Formación Profesional sean un filtro clasista. Que esto pueda ser
así, lo hace prever que la FP se vaya a desarrollar no tanto en centros
educativos como en grandes empresas, que tendrán de este modo una
abundante, barata y precaria mano de obra. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En lo relacionado con el funcionamiento democrático de los centros,
la LOMCE modifica la LOE en lo relativo a los Consejos Escolares, que si
ya tenían poco que decir ahora nada dirán ya que se introducen cambios
sustanciales en las competencias de los mismos en el sentido de
convertirlos en órganos consultivos en lugar de órganos de gobierno,
hurtando la ya poca incidencia que la llamada comunidad escolar
(profesorado, padres/madres y alumnado) tenían en lo que afecta a la
vida y funcionamiento de los centros educativos. En el mismo sentido van
los cambios orientados a reforzar el poder del Director del centro en
general, y especialmente en la selección del profesorado.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Es fácil, pues, entender que "la mejora educativa” que el tal Wert
quiere introducir en la educación española es una congruente apuesta por
las élites sociales y económicas; es decir al resto: las clases
trabajadoras, los inmigrantes, las personas sin recursos, que sus
aspiraciones tienen un límite, que todos no somos iguales. Es una ley
que entra de lleno en el debate político e ideológico, no tanto en el
técnico ni en el exclusivamente pedagógico.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>José Manuel Barreal San Martín</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Mientras Tanto </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://www.mientrastanto.org/boletin-113/notas/ley-wert-iglesia-empresa-y-democracia">http://www.mientrastanto.org/boletin-113/notas/ley-wert-iglesia-empresa-y-democracia</a></div>
Attac Murciahttp://www.blogger.com/profile/12808153633961020299noreply@blogger.com0