ATTAC Murcia- AGCS y Servicios Públicos

Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo

2012-01-24T15:06:00.000-08:00

Las aguas del sistema comunicativo bajan revueltas. Ante tanta incertidumbre urge abrir un debate clarificador sobre las principales problemáticas de la agenda comunicativa.

1. Comunicación y deterioro democrático

Hay un contraste brutal entre las dinámicas sociales participativas -se comparten ideas y recursos por las redes- y el deterioro de las democracias. Éstas están cada vez más orientadas a seguir, incluso contra los electorados, los dictámenes de los agentes financieros metamorfoseados en prescriptores y dirigentes de las políticas públicas en nombre de los mercados. Redefinir y regenerar las democracias son tareas del presente, lo que no es posible sin introducir, simultáneamente, factores de igualación social y de reconocimiento de las diversidades que reconcilien a la sociedad con la utilidad de la gestión pública.

Siendo la comunicación un eje transversal de las construcciones democráticas, tanto nacionales como globales, son imprescindibles la democratización y diversidad de las comunicaciones y de sus agentes y el reconocimiento de los derechos sociales a la comunicación y la información.

2. Aumenta la concentración y disminuye el pluralismo

Al socaire del cambio tecnocomunicativo y de la crisis, y como expresión de los vientos neoliberales en Europa, se está produciendo una nueva e intensa concentración comunicativa y cultural. La situación se agrava cualitativamente puesto que los nuevos actores (Google, Apple, Facebook, Amazon, plataformas web de música, audiovisual, información…) traen consigo un modelo de concentración mucho más global que el de las industrias culturales transnacionales o nacionales, con muy pocos actores -cuando no monopolios a escala planetaria- en todos los campos de las redes, plataformas o servicios. Los propios viejos oligopolios audiovisuales o editoriales negocian su lugar en la nueva cadena de valor en la red.

En el caso español, los procesos de concentración y de financiarización han llegado lejos y avalados por la ley. En el caso del audiovisual, tras la absorción de Cuatro y la Sexta, la reducción del panorama de TV privada en abierto a dos grandes grupos hegemónicos, Mediaset y Planeta, dibuja un panorama desalentador del pluralismo en España que, en lugar de avanzar, nos retrotrae a la era analógica -el duopolio de Telecinco y Antena 3- con lo que las oportunidades que ofrecía la TDT se han aprovechado solo para que haya más canales servidos por los mismos operadores.

Las indeseadas derivas de la concentración global debieran ser objeto de tratamiento en instancias globales (ONU, Unesco, ICANN...) o supranacionales (UE…), sea a instancias de grupos de la sociedad civil o de países. Asimismo, para preservar el máximo de diversidad mediática y cultural, se han de revisar las legislaciones nacionales, facilitando tanto las aportaciones locales y nacionales al intercambio global como la capacidad de denuncia en los tribunales de los abusos de poder. Igualmente, en el plano micro se trata de animar a la emergencia de nuevos agentes, de apoyar a la diversidad…

3. Desafíos para el Periodismo

En aras a una buena información, urge definir tanto un Estatuto de la información que ampare los derechos informativos de la sociedad como los derechos profesionales del periodismo, en tanto intermediarios entre la sociedad y el relato de los acontecimientos.

En el caso de los profesionales, las cuestiones de máxima preocupación, y que solo se pueden sostener desde su autoorganización, son el empleo, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo -incluyendo las relativas a la precarización creciente y al tránsito a las redacciones integrales- y la dignificación, aplicación y actualización de los valores de la profesión.

Se trata de rescatar el borrador para una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía en el que se desarrollaban los derechos de la libertad de expresión e información, se reconocía que la información es propiedad de la ciudadanía, se empoderaba a los informadores en su profesionalidad e independencia frente a poderes políticos y económicos y se regulaba un mínimo la actividad de las empresas de comunicación.

4. Amenazas en Internet

Los internautas se encuentran con dos amenazas. Por un lado, se identifican digitalización, privatización y mercantilización con la expansión forzosa del lado mercantil de las redes. Este enfoque es contradictorio con la expansión de los contenidos por Internet como bienes preferentemente públicos y como parte de un patrimonio colectivo de conocimiento acumulado que por ello debe ser de dominio público. Sería más eficiente compartir su gestión gratuitamente o mediante tarifas globales.

Por otro lado, los gobiernos tienden a forzar el estrechamiento, incluso punitivo, del espacio que ganaron las redes sociales para la comunicación, el intercambio y la interacción. La Ley Sinde y la vuelta de tuerca que suponía han sido asumidas por el Gobierno del Partido Popular.

Para contrarrestar las limitaciones al derecho de comunicación en Internet se han de reconocer los derechos de los internautas a la conexión, la privacidad, la obtención de nombres de dominio -especialmente relevante en las comunidades con cultura integral-, a webs propias, a la seguridad de las transacciones o la homogeneidad de los protocolos.

Igualmente importantes son criterios como: neutralidad de la red; tarifas justas; regulación de los oligopolios; universalidad de la banda ancha para toda la ciudadanía en clave de accesibilidad y asequibilidad; velocidades aceptables; derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura; ilegalidad de vigilancias privadas en la red fuera de las tutelas judiciales...

Estos derechos no son ajenos a los de los comunicadores profesionales, lo que facilita una eventual alianza para la libertad y calidad de la información, la comunicación y el conocimiento.

5. Deslegitimación del Servicio Público

La independencia y el pluralismo son, hoy, las referencias centrales para cualquier Servicio Público. Y, sin embargo, los servicios públicos van a ser objeto en España de una intensa laminación en el contexto de una crisis económica y fiscal profunda y de las ópticas conservadoras del nuevo gobierno que no tiene más política que la reducción de los déficits y, en especial, de los servicios públicos abiertos o con proyección social.

Por de pronto el recorte ya anunciado de 200 millones en la subvención de RTVE es toda una declaración de intenciones, y deja a la Corporación en una tesitura complicada que puede dar al traste con la función ejemplificadora y tractora que hoy ejerce en el sistema audiovisual español y en el imaginario colectivo. Para evitarlo, habrá que buscar esa cuantía en otra fuente de financiación que puede ser la publicidad (con condiciones como que sea sin cortes en los programas), obligando a modificar la Ley de Financiación que le expulsó en 2010 del mercado publicitario.

6. Asfixia de la comunicación de proximidad y no lucrativa

La preferencia de la anterior Administración por un modelo hegemónico de radiotelevisión de ámbito estatal y privado -pasando de ser 2 canales en abierto a 24 en el espacio de 6 años- ha perjudicado sobre todo a las radiotelevisiones autonómicas, locales y comunitarias.

Las radiotelevisiones autonómicas no han podido competir con un aluvión de programas de ámbito estatal presentes en sus propias zonas de cobertura. Las dificultades para absorber los costes, así como la apuesta actual del Gobierno del Partido Popular y de los Gobiernos autonómicos que controla, presionan en el sentido de su radical redimensionamiento; así como los Expedientes de Regulación de Empleo, la internalización global o su privatización y la consiguiente desaparición como canales públicos. De confirmarse esta tendencia sería un gran retroceso cultural y comunicativo.

Las radiotelevisiones locales también se han visto perjudicadas por el exceso de canales, minimizando su espacio y haciendo imposible comercialmente el predominio de emisiones originales, propias y fuera de cadena.

Igualmente las emisoras comunitarias y del tercer sector están siendo legalmente maltratadas, y técnicamente bloqueadas, al no recibir frecuencias específicas. Se busca su acantonamiento en la red como una web más en la idea de que se diluya su lugar social y su influencia. Sin perjuicio de estar en Internet, su reconocimiento en el artículo 3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual exige una regulación acorde que no las convierta en emisoras de barrio sino en una alternativa paralela a las privadas y las públicas, con condiciones adecuadas para su existencia que hoy no están garantizadas.

7. Ausencia de organismos independientes del audiovisual

Los Consejos del Audiovisual son una de esas instituciones que pretenden ampliar el espacio público más allá del espacio de la Administración y generar valores colectivos que emanan de un discurso colectivo de construcción democrática y social, con atención especial al pluralismo y la calidad.

Comparativamente con otros países europeos, el nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, CEMA, previsto y aprobado en la Ley General de Comunicación Audiovisual, no es lo más avanzado en competencias, composición y modo de elección pero, al menos, era un punto de partida que no ha podido entrar en vigor a falta de reglamento. El Partido Popular siempre lo consideró innecesario e inconveniente, pero no es una solución que esas tareas vinculadas a los contenidos recaigan en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, un organismo regulador no orientado a la gestión de temáticas sensibles, como son la diversidad y el pluralismo, sino a las reglas de la competencia en un mercado.

Es imprescindible la puesta en marcha de un CEMA de ámbito estatal en aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual y la creación específica de Consejos también en las Comunidades Autónomas.

En suma, propugnamos:

1. la democratización de las comunicaciones.

2. la efectiva concreción de los derechos sociales a la información y a la comunicación y la definición de unos derechos de autoría compatibles con el acceso a la cultura.

3. la puesta en pie de normativas y medidas a escalas internacional y estatal contra la concentración, tanto en la red como en las industrias culturales.

4. la aprobación de un estatuto de la profesión periodística y del derecho de información.

5. la defensa y viabilidad de los servicios públicos, tanto de RTVE como de las radiotelevisiones autonómicas.

6. el apoyo explícito a la comunicación de proximidad de las radiotelevisiones locales y la comunicación social de las emisoras comunitarias.

7. la puesta en marcha de Consejos del Audiovisual.

En Tarragona a 20 de enero de 2012

A propuesta de más de un centenar de profesores e investigadores universitarios del campo de la comunicación y la cultura:

Miquel de Moragas (UAB)

Enrique Bustamante Ramírez (UCM)

Armand Mattelart (Paris VIII. Francia)

Emili Prado (UAB)........

Varios autores

Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143457&titular=manifiesto-por-el-cambio-cultural-y-comunicativo-

Gasto Sanitario Público en España

2012-01-20T15:05:00.000-08:00

En 2009, mantener la sanidadpública costó 73.800 millones de € lo que equivale al 7,0 % de toda la riquezaproducida por nuestro país (PIB[1])durante ese año. Mantener nuestro Sistema Nacional de Salud, incluyendo el restode competencias sanitarias de las Comunidades Autónomas (gasto organizacional,salud pública, etc.), nos costó 67.049 millones de €[2].

Con ese dinero se han pagadosalarios a los empleados públicos, se han mantenido o mejorado lasinfraestructuras en hospitales y centros de salud, se ha invertido entecnologías sanitarias (nuevos aparatos de RMN, TAC, PET, etc.), se hanatendido a 28.438.666 de usuarios en atención primaria efectuándoles un totalde 393.187.229 consultas de las que 11.824.281 tuvieron lugar en sus domicilios[3];también se han realizado 15.593.198de consultas en Centros de Especialidades, se han atendido 70.041.105 consultas en los hospitales públicos y 21.217.425 urgencias hospitalarias[4],con una tasa de 100,18 intervenciones quirúrgicas por 1.000habitantes/año o, por ejemplo, de 23,5 trasplantes de hígado por cada 100.000habitantes[5]

Toda esta atención se haproducido a un coste cero para el usuario pero, además, se han efectuado 934.002.083de recetas que han supuesto un gasto de 12.505.692.909,68 millones de €[6]de las que los usuarios no han tenido que pagar nada si eran pensionistas o unmáximo del 40% del precio de la receta en el caso de estar en situación deactivo.

Pero lo más importante deestos datos, es que se ha atendido a los ciudadanos con equidad, independientementede su nivel socioeconómico (55,2% pertenecientes a clase social baja y 20,78% aclase alta[7]),de su base de cotización a la seguridad social o de sus retenciones fiscales. Seles han solicitado las exploraciones complementarias, administrado la medicaciónmás adecuada a su problema de salud y han permanecido ingresados en un hospitalel tiempo necesario sin más limitación que la inherente a su enfermedad,

Tiempo habrá para debatirsobre los excesos y las bolsas de ineficacia, pero la contundencia de los datoses rotunda, nuestro sistema sanitario no solo ofrece excelentes coberturas conun alto nivel de prestaciones[8],también produce buenos resultados en salud[9]y lo hace a un precio que nuestro país puede soportar teniendo en cuenta nuestrogasto público total[10].

[1] http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2012/01/pib-de-espana-y-de-europa.html

[2] http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2011/11/situacion-actual-de-nuestro-sistema.html

[3] http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/docs/siap/Informe_de_Actividad_Ordinaria_Atencion__Primaria__2007-09.pdf

[4] http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/estHospiInternado/inforAnual/home.htm

[5] http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/iclasns_docs/Cifras_Nacionales_T.pdf

[6] http://www.msps.es/profesionales/farmacia/datos/diciembre2009.htm

[7] http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/iclasns_docs/Cifras_Nacionales_T.pdf

[8] http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2011/12/situacion-actual-de-nuestro-sistema.html

[9] http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2011/12/situacion-actual-de-nuestro-sistema_20.html

[10] http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2011/12/gasto-deuda-y-deficit-publicos1.html

Pepe Martínez López

Apuntes para la reflexión sanitaria

http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2012/01/gasto-sanitario-publico-en-espana.html

Recortes Sanidad País Valenciano. "Los sacrificados en Sanidad"

2012-01-19T10:15:00.000-08:00

Estimado señor conseller de Sanidad:

Dice usted que, como profesional del sector, entiende que las últimas medidas no gusten, pero que en el gobierno valenciano han tenido que tomar decisiones difíciles y nos tenemos que sacrificar todos. Pero, ¿a quiénes se refiere cuando dice todos?, ¿a los facultativos? Me imagino que se referirá a ellos, por el hecho de que se cite a usted mismo como profesional del sector.

Los facultativos, que es a quien parece que usted se dirige cuando habla de aplicar un suplemento en su nómina por un nuevo concepto, el de "la evaluación del desempeño", añaden a su disgusto, por decirlo suavemente, de ver cómo se devalúa económicamente a golpe de decreto su nómina, la zozobra de no saber quién se merece y quién no ese plus por desempeñar bien su trabajo. Sobre todo, los que llevan ejerciendo su profesión 20, 30 y 40 años, que han visto cómo usted, o el gobierno en el que usted está, le quita el 50% de lo que cobran en concepto de carrera profesional y le da otro plus (evaluación del desempeño) a quienes demuestren que trabajan y ahorran más que otros. ¿Es algo así, no?

Mi pregunta, como seguro que es la de todos los que trabajamos en la sanidad pública es ¿qué criterios van a seguir ustedes para dar ese plus a partir del segundo trimestre de este año? Perdóneme si me he vuelto escéptica y desconfíe de que esa evaluación se haga de una manera honesta y real, pero después de leer, escuchar y ver todo lo que se ha hecho en esta Comunidad, y todo lo que se debe, he perdido la cuenta de cuántos miles de millones, entenderá que tenga mis recelos y mis dudas.

No obstante, señor Rosado, yo le invito a que venga a mi departamento de salud (que por cierto, también es el suyo) y escuche hablar a sus compañeros de sacrificios. Se lo digo porque sacrificio es lo que están viviendo algunas compañeras y compañeros casados, separados o solteras con hijos, que sobreviven con contratitos y a partir de ahora saben que ya no se les contratará más.

Sacrificio es lo que viven compañeros celadores que cobran 900 euros al mes, y ahora encima se les reduce a la mitad el complemento por carrera profesional, y tienen que pagar hipotecas, otros alquileres, otras pensiones alimenticias, etcétera.

Sacrificio es estar trabajando 30 o 40 años sin haber cogido la baja laboral, nada más que cuando nacieron nuestros hijos, y ahora que llegamos a una edad crítica y tenemos los achaques de la edad, se nos quede el sueldo por coger la baja a 540 euros.

Sacrificio es trabajar, preparar oposiciones y hacer carreras universitarias al mismo tiempo, y ver cómo pasan los años y no puedes acceder a mejoras de empleo, y sin embargo veas entrar por la puerta grande a personal a dedo, y por cierto bien remunerado. No se puede imaginar, señor Rosado, la cara de tontos que se nos viene quedando a los trabajadores que nos hemos gastado una pasta gansa en academias, libros, tiempo y salud, y resulta que ahora no se sacan oposiciones.

Sacrificio es trabajar, estudiar, ser ama de casa y estrujarse el cerebro de cómo llegar a fin de mes, de dónde sacar dinero para que tus hijos puedan estudiar, dónde dejar los niños pequeños si no puedo pagar la guardería, preguntarse qué va ser de mí si caigo enfermo y me rebajan el sueldo, si vivo en el límite y sobre todo, señor conseller, la incertidumbre con la que vivimos de no saber si seguiré o no trabajando, si me contratarán otra vez y qué pasará cuando se me acabe la prestación de desempleo.

Los sacrificios de los usuarios también serán muchísimos, usted ya lo sabe como profesional del sector que es: menos pruebas diagnósticas, menos personal, más largas las listas de espera y un largo listado de medidas que el tiempo irá destapando.

Y por cierto, ¿ha dicho sacrificarnos todos? Yo, como el resto de los ciudadanos y ciudadanas, quisiera saber qué sacrificios hacen los políticos de nuestra Comunidad. Fíjese, de ese sacrificio en concreto no he leído nada en el decreto que nos sacrifica a los demás, ni en los periódicos, ni en la televisión.

Lo más indignante, es que no hemos sufrido un tsunami, ni un terremoto, ni nada parecido, sino que, todos nuestros sacrificios, son para pagar un déficit provocado por el despilfarro, las corrupciones y la desmedida megalomanía de algunos políticos de nuestra Comunidad.

Dígame, compañero, ¿hay derecho a esto?

Lola Piró Herranz

Información.es. Opnión

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2012/01/19/sacrificados-sanidad/1213299.html

Sí, la sanidad es sostenible

2012-01-16T15:15:00.000-08:00

Con la coartada de la crisis económica algunos partidos políticos y fuertes intereses económicos están cuestionando la sostenibilidad de la sanidad pública. En Catalunya, Castilla-La Mancha, Galicia o Baleares han comenzado recortes y copagos, deteriorando la calidad y quebrando la equidad del Sistema Nacional de Salud.

Es preciso insistir en que el gasto sanitario público en España es adecuado a nuestro nivel de renta. Con datos de la OCDE de 2011, referidos a 2009, España gasta el 6,99% del PIB. En Francia, el 9,2%; en Alemania, el 8,9%; en Reino Unido, el 8,2%; en Italia, el 7,4%; en EEUU, el 8,3%. Es decir, nuestro gasto sanitario público no es exagerado. Además, con ese gasto se ofrece una atención de buena calidad (hasta ahora), para toda la población, con unos resultados excelentes (mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, mejor sistema de trasplantes del mundo, etc.). El gasto sanitario público en España se ha mantenido estable en 2010 y 2011.

El desequilibrio del presupuesto público en España se debe sobre todo a la disminución brusca de los ingresos en los años 2008 y 2009. Para lograr financiar el gasto público es preciso que los ingresos fiscales en España sean similares a los de la UE-27, en torno a 8 puntos más de PIB. Por otro lado, es preciso revisar el sistema de financiación autonómica buscando una financiación suficiente de la sanidad, con un gasto por persona equivalente. Y, en todo caso, se debe seguir mejorando la eficiencia a todos los niveles: potenciando la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, mejorando la coordinación, evitando duplicidades, evaluando la eficacia de las prestaciones y las indicaciones, y gestionando adecuadamente la demanda.

El gasto sanitario total de un país (público y privado) depende de la renta de cada país. Un país más rico puede gastar más y un país pobre, menos. EEUU, con un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 37.808 euros gasta 5.850 euros en sanidad; España, con 25.066 gasta 2.427; Argentina, con 6.804 gasta 576; Mali con 474 gasta 30 (Banco Mundial, 2010). En cambio, la proporción del gasto sanitario público no depende tanto del nivel de renta como de la orientación política del Gobierno. La pregunta que se hacen las sociedades es si la atención sanitaria es una cuestión privada, que debe resolver cada uno con su sueldo o sus ahorros, o si es una cuestión que debemos afrontar entre todos, un derecho que debe ser garantizado con fondos públicos, ya que la atención a muchas enfermedades es muy costosa y una familia normal no podría hacer frente a los gastos, se arruinaría o no recibiría atención. En Europa el gasto sanitario público supone un 75% del gasto sanitario total, mientras que en EEUU es un 43%. En España hemos conseguido que la atención sanitaria sea un derecho para todos los ciudadanos. Y hemos de reivindicar que siga siendo así, porque la salud es una condición para la igualdad real de las personas.

La sanidad pública sí es sostenible, pero hay quien quiere aprovechar la crisis para recortar gasto sanitario público y hacer más hueco al gasto sanitario privado. Es preciso recordar que la crisis financiera y el paro no son consecuencia del déficit público, sino que el déficit público y el paro son consecuencia de la crisis financiera. La crisis se originó por un proceso de desregulación de los mercados financieros, que permitió la venta de productos tóxicos en gran volumen y a gran velocidad (globalización) y que se simboliza con la quiebra del Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de EEUU, en septiembre de 2008. A partir de ahí se colapsó la economía al cerrarse el crédito a las empresas y se destruyeron 80 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Como respuesta a la crisis, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010, la banca europea ha recibido 1,6 billones de euros en ayudas públicas y, al mismo tiempo, se han impulsado estrategias para reducir el déficit público, con importantes recortes de gasto público.

Las reducciones en el gasto público profundizan la crisis y, consecuentemente, incrementan el desempleo. El gasto sanitario en España, y el público en particular, se encuentra en niveles compatibles con un crecimiento económico sano y equilibrado.

Para salir de la crisis o, al menos, para no agravarla innecesariamente, hemos de mantener el gasto sanitario público, no disminuirlo. Es una fuente de empleo, un elemento fundamental de la cohesión social y un sector de innovación privilegiado. La salida de la crisis requiere atacar sus causas. Una nueva regulación de los mercados financieros, con el fortalecimiento de la Unión Europea, para evitar que los productos financieros tóxicos y las operaciones especulativas a gran escala sigan destruyendo la economía real. Políticas de estímulo y de apoyo a las empresas innovadoras, inversión pública y políticas sociales pero, sobre todo, un nuevo marco monetario y financiero. Lo que no tiene sentido es seguir empecinados en recetas que ya han demostrado más que suficientemente en Europa la inutilidad del sufrimiento que causan. La austeridad por la austeridad agrava la crisis, no la combate.

Fernando Lamata (psiquiatra), José Antonio Poncela (economista) y Ramón Gálvez (neurólogo)

Público

http://blogs.publico.es/dominiopublico/4582/si-la-sanidad-es-sostenible/

Modelos de sistemas sanitarios

2012-01-14T08:55:00.000-08:00

Para poder comparar gastosanitario es preciso aclarar que hay tres grandes modelos de organización delos servicios sanitarios: el de mercado, el de Seguridad Social (Bismark) y el deImpuestos Generales (Beveridge). Los tres son el resultado de combinar de diferente forma lostres elementos básicos con los que están construidos todos los sistemassanitarios: fuentes de financiación –recursos económicos-, proveedores-médicos, hospitales, farmacias, etc.-, y mecanismos de asignación de losrecursos a los proveedores.

En el modelo de mercado (USA) lasanidad es fundamentalmente privada, de manera que el acceso de los ciudadanos ala misma depende de su poder adquisitivo, contratando las prestaciones que lasaseguradoras les ofrecen. Aunque laatención sanitaria es, probablemente, la mejor del mundo para los ricos, sualto coste y la poca intervención estatal implican que ésta es precaria eincluso inexistente para los pobres y desempleados. Un 15% de la poblaciónestadounidense carece de seguro médico, y los programas financiados con fondospúblicos, Medicare y Medicaid, sólo cubren a personas mayores de 65 años, a losminusválidos y a los muy pobres[1].En la siguiente entrada veremos cuánto cuesta a pesar de sus coberturas yprestaciones.

De los países con modelos Seguridad Social, Alemania es el referente.Casi todos los países han desarrollado sus sistemas sanitarios públicos apartir de su Seguridad Social, posibilitando en algunos casos –como Italia yEspaña- una posterior migración a financiación por impuestos. En la actualidaden la EU-15,además de Alemania, tienen sistemas financiados fundamentalmente por la Seguridad Social:Francia, Bélgica, Austria; en todos estos países existe una importanteaportación de impuestos, una tendencia que es más clara en las recientesreformas de Alemania y Francia. Con el ingreso en la UE-25 de los nuevos paísesdel Este que han migrado a sistemas de Seguridad Social desde su anteriorfinanciación estatal, el modelo Bismarck es el dominante en la UE.

El referente internacional de los países con financiación sanitaria porimpuestos es Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS) del Reino Unido, creado en 1948 por elgobierno laborista de Clement Atlee trasel Informe Beveridge de 1942. A este grupo se adscriben todos los países nórdicos(Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia), Irlanda y, en las últimasdécadas, los países del sur (Italia, España, Portugal).

En este cuadro defino las diferencias más importantes entre los dos últimosmodelos

Aconsejo a quienes estén interesados en conocer más estos modelos que leanel artículo “El SNS español en perspectiva comparada europea”[2] de José Manuel Freire[3].

[1] http://www.justlanded.com/espanol/Estados-Unidos/Guia-Estados-Unidos/Salud/Introduccion

[2] http://www.saludinnova.com/communities/economia/docs/download/file.php_file=FJose_Manuel_Freire%20SNS.pdf

[3] http://www.blogger.com/profile/14461675345213619558

Pepe Martínez

Apuntes para la reflexión sanitaria

http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2012/01/modelos-de-sistemas-sanitarios.html

Capital social. ('No volveré a por Ana')

2012-01-11T15:38:00.000-08:00

El desmantelamiento del Estado de Bienestar comporta un cierto atentado contra la salud, pues es uno de los factores que la incrementan. De ahí, la necesidad de su defensa, incluso desde las instituciones profesionales o por los propios médicos. Una defensa que facilita el desarrollo de la persona por encima de la pertenencia o no a un determinado grupo.

Los lobos son animales sociales. La manada de lobos tiene una estructura jerárquica en la que cada individuo ocupa su lugar de acuerdo con su edad, fuerza e inteligencia. Los lobos colaboran, por ejemplo, para la caza de mamíferos como el alce, el ciervo o el jabalí. La ventaja de los lobos es su resistencia, que les permite agotar a sus presas. Los lobos son capaces de correr durante horas, y de turnarse en la persecución hasta lograr un ataque fructífero en común, por ejemplo, contra un gran jabalí. Los lobos se comunican mediante aullidos.

Hay otros muchos mamíferos sociales, que también colaboran en la caza, como las hienas, los leones, y las orcas. Las orcas se suelen agrupar en manadas matrilineales, con una hembra de guía, más sus crías y las crías de sus hijas hembras. Los machos se reproducen siempre fuera de su manada de origen. Las orcas cazan peces y mamíferos marítimos, generalmente mediante el trabajo concertado para acorralar y cansar a las presas. Se atreven lo mismo con tiburones que con bancos de arenques, con focas que con ballenas azules. Las orcas fueron denominadas "asesinas de ballenas" por los balleneros españoles, pero en la traducción al inglés se empleó el término "ballenas asesinas". Las orcas son capaces de cazar al otro mamífero marino tan rápido como ellas, la marsopa, mediante la cooperación y gracias a su mayor resistencia. Las orcas tienen un lenguaje complejísimo, característico de cada manada, con clicks, llamadas y silbidos.

Los humanos somos también animales sociales. Para Aristóteles, y antes para Platón, el hombre es necesariamente un animal social y político. Es decir, el todo exige a las partes; las partes son los individuos, integrados en la familia. El lenguaje justifica esa ligazón, ese ser en común, pues existe naturalmente y sólo se justifica por la interacción entre varios individuos. La agrupación humana desemboca en un Estado que pretende el establecimiento de leyes justas que permitan el bien de los habitantes, de sus vidas y su desarrollo intelectual.

La convivencia armónica de los seres humanos se basa en un capital social, en un conjunto de redes, normas, reconocimientos y sanciones que facilitan el desarrollo de los individuos y de los grupos.

"No volveré a por Ana" (la familia)

Un mantra de las teorías del capital social es "no importa lo que conoces; importa a quién conoces". Y en cierta forma es cierto. Bien se ve con las "amistades peligrosas", por ejemplo. Lo rumia Sancho Panza, cuando reflexiona sobre ser más mentecato que el propio Don Quijote, pues le acompaña y hace cierto el refrán de "dime con quién andas, y decirte he quién eres". Lo demuestra la "externalidad positiva" que muchos padres buscan al llevar a sus hijos a colegios de élites; no se trata de lo que aprendan, sino de con quién lo aprendan. En España tenemos ejemplos varios de tales "redes", de tal capital social.

Ser pobre es, precisamente, no tener amigos, ni conocidos, ni redes de apoyo. Ya se sabe, hablando apropiadamente, ni amigos, ni conocidos, ni redes de apoyo que ayuden a resolver los problemas. Se ve bien en Grecia, donde los niños están acabando en instituciones de caridad, por el fracaso de los padres empobrecidos y en paro, por el aumento del alcoholismo y otras drogadicciones, por las familias que acaban viviendo como vagabundos en las calles, por el desastre del capital social que llega a mínimos inadmisibles. Lo expresa bien la nota que acompañaba al niño abandonado en la puerta de un asilo: "No volveré a por Ana. No tengo dinero. No puedo criarla. Lo siento. Su madre".

http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/28/greek-economic-crisis-children-victims

Los niños son parte del capital social. Los niños son el futuro de la sociedad. Pero en Grecia tener hijos significa pagar más impuestos. Increíble pero cierto; es la forma de resolver la crisis económica y obtener más ingresos, con graves consecuencias en salud:

http://blogs.bmj.com/bmj/2011/12/22/kathi-apostolidis-demolishing-the-greek-national-healthcare-system-the-amateur-way/

El problema es más agudo y antiguo en los EEUU, donde más de un millón y medio de niños viven sin hogar:

http://www.familyhomelessness.org/media/306.pdf

En España las ayudas a las familias son irrisorias, hasta el punto de que la carencia de capital social a este respecto hace respetable la "esterilidad económica voluntaria". Por eso, las mujeres renuncian a tener más de un hijo, y aceptan tenerlo entre los 35 y los 40 años, en contra de sus deseos y de la Naturaleza. En otros países se apoya a la mujer y a la familia, y se consigue en Noruega, por ejemplo, que el 80% de las mujeres trabaje y que el 82% tenga al menos un hijo menor de 10 años. En Alemania, por cada hijo se ayuda con 150 euros mensuales, hasta los 18 años (o los 25, si estudia), como recuerda Pepe Martínez:

http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2011/12/gasto-deuda-y-deficit-publicos1.html

Estado de Bienestar

Precisamos unirnos para conseguir cumplir con la aspiración de Aristóteles, de un Estado que pretenda el establecimiento de leyes justas que permitan el bien de los habitantes, de sus vidas y de su desarrollo intelectual. Puesto que somos seres sociales, la unión nos da seguridad. Al establecer una red de beneficios mutuos, de "hoy por tí, mañana por mí", construimos capital social, evitamos la exclusión social. El capital social se basa en el lenguaje, que permite que nos comuniquemos.

El Estado de Bienestar beneficia tanto a las clases pobres como a las clases medias. El desmantelamiento del Estado de Bienestar sólo beneficia a las clases altas, cuyos miembros siempre "conocen a quien interesa". El Estado de Bienestar asegura que sea el mérito lo que promocione al individuo, no su pertenencia a grupo alguno, como comentan en el British Medical Journal:

http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7973

Cuando se desmorona el Estado de Bienestar se desintegra un capital social que en Europa es centenario, y construido con el sudor de generaciones que entendieron que era justo y necesario

1/ apoyar a las familias y a sus hijos,

2/ establecer una estructura educativa de calidad para todos,

3/ facilitar el acceso a servicios sanitarios según necesidad (y no según capacidad-deseo de pago) mediante un sistema sanitario público de cobertura universal con escasos o nulos pagos en el lugar de la prestación de servicios,

4/ redistribuir la riqueza y facilitar las comunicaciones, el transporte, el comercio y la actividad económica, y la participación democrática de todos en la cosa pública y

5/ crear un sistema de subsidios de desempleo y de pensiones que asegure el futuro.

El Estado de Bienestar lo creamos entre todos con la solidaridad social y el pago de impuestos. No nos regala nadie el Estado de Bienestar, y no se justifica su destrucción por la necesidad de ayudar a los bancos privados imprudentes, con sus préstamos locos a los promotores y constructores de vivienda, y con los políticos del PPSOE declarando en su día, sin parar, en contra de los evidente, que "no hay burbuja inmobiliaria alguna", "habrá un "aterrizaje" suave del boom inmobiliario".

El Estado de Bienestar da seguridad, y con ello incrementa la salud. El capital social, también contribuye a la salud:

http://www.dovepress.com/social-capital-and-risk-and-protective-behaviors-a-global-health-persp-peer-reviewed-article-AHMT

Pero el capital social puede verse desde una estrecha mira capitalista que apoye el bienestar sólo en cuanto "productivo", sin más, y en ese sentido es temible, y por ahí va la crítica de Ben Fine:

http://www.asecu.gr/Seeje/issue02/ben%20fine.pdf

Cuando los políticos toman medidas que corroen el sistema sanitario público de cobertura universal están desmantelando el Estado de Bienestar, están considerando el capital social sólo en los mínimos. Los médicos tenemos una grave responsabilidad al admitir esos recortes y esos co-pagos indiscriminados. Somos animales sociales y políticos, y como tales habría que actuar para defender leyes justas y al Estado de Bienestar.

¿Tendremos que leer lo de "no volveré a por Ana" para finalmente conmovernos y reaccionar?

Juan Gérvas (jgervasc@meditex.es) es médico general y promotor del Equipo CESCA (www.equipocesca.org)

El Mirador

Acta Sanitaria

http://www.actasanitaria.com/opinion/el-mirador/articulo-capital-social-no-volvere-a-por-ana.html

Déficit público y los recortes en servicios públicos

2012-01-06T01:10:00.000-08:00

Si en la anterior entrada hecuestionado el miedo injustificado en las cuentas públicas de nuestro país, ahoratrato de avanzar en las causas que pueden estar implicadas en esta “crisis de confianza”. Enrealidad los problemas son de otro tipo:

1. Por un lado, la deuda privada de familias y empresas,que en España llega ya al 294% de nuestro PIB (2010) pero que también esexagerada en países como Suecia (302% -externa de 340% y pública de 37,3%) oBélgica (252%) por poner algunos ejemplos, y que tiene un claro culpable en el comportamientoirresponsable y especulativo de la Banca[1](a la que curiosamente debemos sanear entre todos). Esta tabla, obtenida delPBI[2]representa la deuda externa (pública y privada) en 2010 y pone en evidencia queel problema es principalmente la deuda privada (restar los datos de la deudapública expuestos en la anterior entrada y obtendréis los de la privada)

Esta deuda privada tiene unhecho incuestionable, muchos pequeños empresarios y ciudadanos en general loestán pasando muy mal; han perdido sus negocios, su trabajo, sus casas, sucalidad de vida y sus expectativas vitales han descendido al punto de unasimple lucha por la supervivencia, condeudas que no podrán nunca pagar o con las que no podrán nunca progresar. Y enestas circunstancias, los estados han de procurarles un colchón de ayuda porquevivimos en la Europadel estado del bienestar que, entre otras muchas cosas, quiere decir que, si tevan mal las cosas, el estado al que pagas impuestos te va a garantizar unosmínimos. Así nos lo han asegurado y así nos lo hemos creído cuando pagamosimpuestos. Pero, además, así ha ocurrido en los años de la crisis, todos lospaíses de la UE-27han aumentado su gasto público en estos años, la media de la UE-27 ha pasado del 45,6%del PIB (2007) al 50,9% en 2009; pero hay países en donde el incremento ha sidomayor, Noruega del 41,1 al 47,3, Finlandia del 47,2 al 55,6, Alemania del 43,6al 48, Dinamarca del 50,8 al 58 o el Reino Unido del 44,0 al 51,5. Me gustaríasaber con qué cara puede explicar el gobierno catalán al trabajador parado o al abuelo que se encuentra ahora soportandocon su pensión a sus hijos, nueras, yernos y nietos que se han quedado sin naday no han tenido más remedio que cobijarse en la casa de los abuelos, que, pararesolver la crisis, han de pagar 1 € por cada receta que necesiten por suproblema de salud (el que la legalidad le haya impedido adoptar esta medida, dice mucho de CIU)

2. Por otro, las presiones de los grupos internacionalesde negocios que se ceban en Europa para desmantelar sus servicios públicos(estado del bienestar) como única vía para poder ampliar su mercado ya que porcalidad y precios no pueden competir con los estados a la hora de proporcionara sus ciudadanos los servicios que nos identifican como país y como regióngeopolítica. Una Europa políticamente inoperante, con unos dirigentes miopes quedefienden sus intereses locales y que entienden la UE solo como un mercado deinfluencia de sus intereses mercantiles nacionales, es un magnífico caldo decultivo para los mencionados grupos de especulación financiera.

Y, si esto fuera así, cabríapreguntarse por qué los mercados financieros atacan a España y no a otrospaíses con mayor estado de bienestar fruto de su gasto público, pues larespuesta más verosímil es porque no pueden; y no pueden por que su deudapública es mínima y encima tienen superávit presupuestario como es el caso deSuecia o Noruega. Si no tienen que financiar deuda o esta es poco importante,no tiene donde “rascar” la especulación financiera.

Pero, sea como sea, tenemosun problema y es que nuestra economía es vulnerable y se encuentra excesivamenteexpuesta a los intereses del mercado especulativo que, según la hipótesis queestoy defendiendo, van más allá de su característica avidez por el dinero ypretende atacar directamente a nuestro estado del bienestar cercenando losservicios públicos. Lo cierto es que, hoy por hoy, no se puede mantener nuestraadministración pública sin recurrir a la financiación exterior y esta está a lamerced de los mercados financieros en ausencia de un Banco Central Europeo quefuera capaz de asumirla a un coste razonable y justo. Desde este punto de vistacambia la perspectiva, España no tiene que sucumbir ante los interesesespeculativos, pero sí tiene que conseguir una reducción significativa de sudéficit público.

La reducción del déficit,desde una óptica puramente racional puede emprenderse bajo dos posibles líneasde actuación que no han de ser antagónicas sino complementarias:

Por una parte, aumentando los ingresos públicos, estoes, que el estado disponga de más dinero para mantener los servicios que prestaa sus ciudadanos mediante el aumento de la presión fiscal a través de losimpuestos, la disminución del fraude fiscal mejorando la recaudación o añadiendouna recaudación extra por ciertos servicios que ofrece (copago)

Analizando la presión fiscal que se produce en la UE, es evidente que hay unamplio margen de maniobra; la española llega al 32,9% del PIB (2010) mientrasque la de la EU-27es del 39,6, la de la Zona Euro(UE-17) es del 40,2% o, por poner la de los países con un alto nivel de estadodel bienestar, el Reino Unido 37.4,Alemania 39.5, Francia 44.5, Suecia 46.3 o Dinamarca 48.5[3].No obstante, una cosa es aumentar la presión fiscal y otra bien distinta escómo se estratifica entre los diferentes niveles socioeconómicos de la sociedaden función de su poder adquisitivo y que no dependa tanto de la clase media(asalariados) como sucede en España[4]

La subida de un solo puntoporcentual en el porcentaje del PIB español equivaldría a 11.176,24 millones de€ (1% de nuestro PIB nominal en cifras de 2010: 1.117.624 millones de €[5]).Por extensión, si la presión fiscal española se igualara a la de la zona euro,el estado podría llegar a recaudar 74.880,808 millones de € más, cifra a todasluces capaz de responder a las peores previsiones del déficit español de 2011[6].

Pero una cosa es la presiónfiscal de un estado y otra es el problema del fraude fiscal[7].Durante 2011 se recaudaron 10.400 millones de € en actuaciones de inspección dirigidas a descubriry combatir bolsas de fraude fiscal (10% más que en 2010)[8]aunque se supone que no se detecta el 88,4% del total[9]. España ocupa el tercer lugar de los países con mayor fraude fiscal de Europa(UE-15). Hay dos vertientes distintas de fraude pero que producen los mismosefectos: la economía sumergida (cuya tasa se ha cuadriplicado entre 1998 y2008) y la evasión de impuestos a paraísos fiscales. En cuanto a la primera, elestudio de la FUNCASla sitúa en el 24% del PIB[10](recuerdo que el déficit público de 2011 alcanza solo el 8-8,2% del PIB). En cuantoa la segunda, se calcula que la inversión de las empresas españolas en elexterior sin apenas pagar impuestos o con opacidad contable alcanzó los 1.000millones de € en 2009 y esto sincontabilizar la evasión de capitales personales. El 72% del fraude lo realizanlas grandes empresas y las grandes fortunas y supone una cifra cercana a los90.000 millones de € anuales[11].

La tercera medida recaudatoriasería el copago de serviciosespecíficos. Esto supone una doble vía de financiación, la fiscal (a través delos impuestos generales) y la directa a través de los usuarios del servicio encuestión.

El copago o, en su versiónmás políticamente correcta, el ticket moderador puede reducir la pérdida debienestar social[12]y entiendo que sólo estaría justificado si la única decisión posible sería lade perder servicios públicos en equidad y calidad o introducir un copago; pero,para que se llegara a esa situación, se tendrían que haber agotado las medidasprevias de presión y fraude fiscal y, como paso a explicar a continuación,haber acabado con las bolsas de ineficiencia en la gestión pública. Noobstante, como esta forma recaudatoria se expresa fundamentalmente referida ala sanidad, entraré en ella cuando analice nuestro Sistema Sanitario ensucesivas entradas.

La segunda línea deactuación para reducir el déficit público sería la de disminuir los gastos mediante la mejora de la gestión (optimizaciónde recursos y solucionar bolsas de ineficiencia), la externalización deservicios y el recorte de servicios o prestaciones.

De todas las medidas que hepresentado hasta ahora, la mejora de lagestión es, sin lugar a dudas, la que debería ser el punto de partida decualquier acción de gobierno por su incuestionable valor moralmente irreprochable.Hubiera déficit o no, la buena gestión de los dineros públicos es “conditio sinequa non” para la administración en todos los niveles, tanto estatal comoautonómico y local. Emplear bien los recursos públicos obliga a modernizar laorganización y la legislación de la administración pública, a anteponer el biencolectivo a intereses privados y políticos de personas o empresas, a ajustarbien los presupuestos con el gasto real de los servicios y no al revés (porquesi se infrapresupuesta luego hay que pagar intereses), a enfrentarse conlobbies de intereses privados o a decisiones políticas caprichosas,derrochadoras e ineficaces, a incentivar el trabajo bien hecho por losempleados públicos, a profesionalizar la gestión y a rendir regularmentecuentas públicas a los ciudadanos.

Externalizar un servicio público consiste en que la administración pública delega suprestación a una organización o empresa privada. ¿Por qué el sector públicodifiere actividades que le son propias al sector privado? [13]Durante años, la justificación política ha sido que las organizaciones privadasson más eficaces (prestan servicios de mayor calidad) y más eficientes(resultan más económicas) que las organizaciones públicas. Esto, si bienpudiera ser cierto en algunas circunstancias, no resulta tan evidente en lamayoría. Al menos en el sector sanitario, no hay estudios independientes que avalen esta afirmación y lo que sí está ampliamente documentado es que los países con mayor sector sanitario privado, gastan mucho más ofreciendo peores prestaciones. La externalización implica en sí misma el más absoluto fracaso de lagestión pública; un gestor que la valore como necesidad organizacional, expresasu profunda incapacidad y el reconocimiento de que una organización privada conánimo de lucro, puede gestionarlo mejor. Para que una prestación delegadaproduzca beneficios económicos, o se ofrece con menor calidad (actividades y/orecursos humanos), o cuesta más cara o estaba muy mal gestionada. Por lo tanto,no se debe externalizar un servicio sin un estricto control administrativo (esla gran diferencia entre externalización y privatización) ya que sin control nohay garantías de calidad y se pueden perder las supuestas ventajas económicas

En las últimas décadas se hanexternalizado servicios por razones no siempre admisibles desde la gestión,algunas han sido ideológico-religiosas (concierto de centros educativosprivados) para que la clase alta gozara de una enseñanza financiada con fondospúblicos pero ajustada a sus deseos de élite socioeconómica y/o religiosa; yotras político-estratégicas (cambiar inversión pública por conciertos para favorecerintereses privados) o, simplemente como vía para incorporar a la administraciónpública a acólitos y premiados por su actividad política o vinculaciónfamiliar.

Si la externalización es elfracaso de la gestión, el recorte deservicios o de prestaciones públicas es el fracaso de la política ya quecuestiona su razón de ser: mejorar la vida de los ciudadanos. Por ello, resultaespecialmente preocupante que esta haya sido la primera medida emprendida porlos nuevos gobiernos surgidos de las últimas elecciones autonómicas cuyosmáximos exponentes han sido Cataluña[14]y Castilla-La Mancha[15].En cuanto al nuevo gobierno surgido de la elecciones generales sus medidas[16] (409 millones menos para sanidad) y laspróximas que va a tomar[17]orientan hacia la contracción de los servicios públicos, pérdida de empleospúblicos e, inexorablemente, reducción de prestaciones.

Educación y sanidad son ladiana del recorte público y esto ha de ser analizado en profundidad. ¿Es lasanidad pública el problema o, por el contrario, forma parte de la solución?

[1] La deudapública. ¿Qué ha estado ocurriendo en nuestras finanzas?http://www.vnavarro.org/?p=5721

[2] Banco de Pagos Internacionales (BPI) http://www.bis.org/publ/work352.pdf

[3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_tax_ag&lang=en

[4] http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2011/12/15/y-si-rajoy-subiera-los-impuestos-al-1.html

[5] http://www.pib.com.es/

[6] http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE7BT04N20111230

[7] http://www.fraudefiscal.es/anecdotario-fiscal/fraude-fiscal-en-espana-los-fraudes-preferidos-por-los-espanoles/

[8] http://www.fraudefiscal.es/modulos-e-iva/%C2%BFa-por-quien-van-las-inspecciones-de-hacienda/

[9] http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=224

[10] http://www.elpais.com/articulo/economia/Funcas/afirma/economia/sumergida/Espana/asciende/24/PIB/elpepueco/20110601elpepueco_8/Tes

[11] http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=221

[12] VicenteOrtún http://www.econ.upf.edu/~ortun/publicacions/RAE95.pdf

[13] CarlesRamió Matas http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0038532.pdf

[14] http://politica.elpais.com/tag/c/e6ebf393415eaee334bdfe9fe0a88009/1

[15] http://www.publico.es/espana/410344/el-tijeretazo-de-cospedal-ataca-los-servicios-publicos

[16] http://politica.elpais.com/politica/2011/12/30/actualidad/1325260666_553681.html

[17] http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/anuncia/recortes/agenda/reformista/agresiva/elpepunac/20120103elpepinac_1/Tes

Pepe Martínez

Apuntes para la reflexión sanitaria

http://reflexionsanitaria.blogspot.com/2012/01/deficit-publico-y-los-recortes-en.html

Copago por receta en Cataluña. Comunicado FADSP

2011-12-22T00:33:00.000-08:00

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Públicaante la intención, incorporada en el proyecto de presupuesto de Cataluña, dehacer pagar 1 € por receta a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en esaComunidad Autónoma, tiene que señalar:

1) Hay que resaltar que esta medida es injusta einsolidaria y pone trabas al acceso a la prestación farmacéutica, teniendoespecial repercusión sobre las personas mas enfermas (que precisan masmedicamentos) y las que tienen menos recursos económicos.

2) Los copagos, tickets moderadores o tasas, handemostrado en la experiencia internacional que no tienen capacidad dediscriminar entre la demanda inadecuada y la que no lo es (conviene recordarque lo que se grava es una prescripción decidida por un médico del sistemasanitario público en la que los ciudadanos no han tomado ninguna decisión) yque son perjudiciales para la salud.
3) Además se trata de una medida ilegal, ya queCataluña carece de competencias sobre la política de los medicamentos y que laaportación de los usuarios no puede ser decidida por esa comunidad autónoma(Ley General de Sanidad 1986, Ley de de Cohesión de 2003,RD sobre carterade servicios basicos del SNS 2006). Si así se hiciera es el gobierno central elque tiene la obligación de paralizar la medida mediante el correspondienterecurso.
4) De todas formas hay que ser conscientes de que setrata de una medida pendiente de aprobación en el parlamento catalán y precisapara ello del apoyo de otros grupos políticos. Esperemos que en el tramiteparlamentario quede rechazada esta propuesta, tanto por el fondo (es ineficaz,injusta e ineficiente) como por la forma ( se invaden competencias del Estado).

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
21 de diciembre de 2011

http://www.fadsp.org/

La privatización de la sanidad pública. ¿Qué significa?

2011-12-21T16:31:00.000-08:00

Dentro de la política de recortes que está sufriendo nuestro sistema de protección social, uno de los más significativos es el de la sanidad pública. Debemos ser conscientes de es que esto es totalmente evitable, si aplicáramos una política económica distinta del neoliberalismo.

Nos dicen que está política económica es la única posible, y en consecuencia, que debemos aceptarla con resignación cristiana. Los que afirman esto, solo hacen política ideológica de derechas, donde la única finalidad es preservar y aumentar los beneficios de los ricos, detrayéndolos de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

¿Qué significa la privatización sanitaria?

El primer argumento utilizado, es que se gasta mucho en la sanidad pública, con un costo que nuestra economía no puede soportar. Esto es mentira como veremos posteriormente.

Debemos saber, que nuestro país es uno de los países de la Unión Europea a 15 que gasta menos por habitante en sanidad. Su coste es de 1.673 euros anuales frente a los 2.103 euros de la media europea. Sólo el 4,1 % de la población adulta trabaja en el sector sanitario de nuestro país, uno de los más bajos, pues en la UE-15 (países de desarrollo parecido al nuestro) es del 6,6%.

En los últimos diez años, el crecimiento sanitario ha sido del 2,7%, mientras que en los países de la OCDE ha sido del 4,1%. Como dice Vicenc Navarro “gran parte del crecimiento sanitario en España ha sido en el sector privado. España es uno de los países en los que la población paga más por servicios sanitarios privados, y ello es consecuencia del subdesarrollo del sector sanitario público”. La solución pasa inevitablemente no por recortar en sanidad pública, sino en invertir más. Si nos imponen Europa, reclamemos ser europeos no sólo en los recortes, sino que queremos serlo con las mismas prestaciones sociales.

El gran problema no es el gasto del Estado sino la falta de ingresos. En el año 2007, los ingresos del Estado español era del 41.1 % de su PIB y la de los países de la zona euro era del 45,5% del PIB. En el año 2011, los ingresos del Estado español baja al 34,5% de su PIB, mientras que los de la eurozona es del 44,4 % de su PIB. Este es el problema, un problema de fiscalidad, donde los ricos se niegan a pagar lo que deben en función de su riqueza económica.

¿Es la sanidad privada más barata y eficiente?

Desde hace años, escuchamos a la neoliberal Esperanza Aguirre, que hay que privatizar la sanidad pública, porque la privada es mucho más barata y eficiente. Que mejor que utilizar los datos, que aparecen en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, presidida por ella misma, para que no se me acuse de manipulador y podamos responder a este mantra neoliberal de la Sra. Aguirre.

En el año 2010, la comunidad de Madrid tenía el presupuesto/cama/ año en sus centros públicos en 277.375 euros, frente a los 434.686 euros de sus conciertos con los hospitales de gestión privada o semiprivada. En el año 2011, el presupuesto/cama/año en los centros públicos fue de 307.187 euros, frente a los 485.970 euros de los privados o semiprivados, es decir, un 58,2% más cara la cama en el sistema privado que en el público ¿dónde está la eficiencia económica Sra. Aguirre? Por qué sistemáticamente nos miente. Estos datos están en sus presupuestos, mírelos y rectifique.

Veamos otros datos. La Comunidad de Madrid concierta camas con la multinacional sanitaria sueca Capio en sus distintos hospitales por 535.000 euros o por ejemplo paga por una cama en la Fundación Jiménez Díaz por 675.000 euros ¿Qué tiene que decir la Sra. Aguirre a estos datos extraídos de sus presupuestos? A pesar del escandalo de estos datos, en los presupuestos de 2011 se han incrementado los fondos destinados a la sanidad privada en un 30%, mientras que los recortes en la sanidad pública madrileña han supuesto un 9%.

Siguiendo el modelo de gestión semiprivada de la sanidad, la Comunidad de Madrid ha abierto siete hospitales con criterios de gestión semiprivada. Su coste de construcción estaba presupuestado en 701 millones de euros. Sin embargo, la gestión semiprivada, cuando se termine de pagarlos resultará su coste en unos 5.000 millones de euros, es decir con un encarecimiento de más de 700% ¿Es esto una gestión eficiente o un saqueo?

En Navarra, la Cámara de Comptos ha cuestionado los costes de los conciertos con la Clínica Universitaria (OPUS DEI) y otros privados, al considerarlos excesivamente altos.

El modelo neoliberal, por el que se rige Esperanza Aguirre, es el sistema sanitario norteamericano. Estados Unidos tiene un gasto sanitario el más elevado de la OCDE, llegando al 17% de su PIB, siendo el reino del negocio de las empresas privadas sanitarias. El 20% de la población norteamericana no tiene ninguna cobertura sanitaria y el resto con muy escasas coberturas, por supuesto muy lejos de las que da cualquier sistema sanitario público europeo Su sistema sanitario es pésimo, salvo en cuatro hospitales de renombre. Sus empresas sanitarias y farmacéuticas son las reinas del beneficio en Wall Street, donde lo que importa es el beneficio y nunca la persona.

El gasto sanitario español ronda entre el 9-9,5% del PIB y el del eurogrupo sobre el 12% con potentes sistemas públicos y amplias coberturas, atendiendo al cien por cien de la población, cosa que no hace el sistema norteamericano. En cualquier evaluación objetiva no tiene color entre el sistema europeo sanitario y el ínfimo norteamericano.

Si se consigue imponer el sistema privatizador de Esperanza Aguirre tenemos asegurado, que tendremos muchas menos prestaciones y las que ofrezcan mucho más caras, el negocio es el negocio. Se ha denunciado, que en el sistema privado se realizan muchísimas intervenciones quirúrgicas innecesarias con la finalidad de obtener más beneficios.

Resulta descarado que los sectores que apoyan la reducción del gasto público sanitario por insostenible, son los mismos que piden fuertes desgravaciones fiscales para sus seguros sanitarios privados.

Otro modelo a analizar es el sistema sanitario holandés de gestión por mutuas, que fue impuesto por la derecha política. La cobertura sanitaria es universal y obligatoria. El Estado fija los límites de los servicios de salud esenciales. Su gestión está en manos de aseguradoras privadas que no pueden rechazar a nadie, ya sean enfermos crónicos o ancianos. El coste a pagar por el asegurado es de unos 170 euros mensuales. Abarca esta cobertura la atención de los médicos de familia, hospitales, especialistas y obstetras.

El objetivo de la derecha política holandesa era que dejando la sanidad en manos de entidades privadas, se lograría un mejor servicio sanitario, libre de regulaciones y sin listas de esperas, es decir, aplicar las ideas neoliberales ¿Qué sucede diez años después de su implantación? La revista Salud 2000, al hablar del sistema holandés cuantifica, que hay unos 150.000 holandeses sin seguro sanitario y más de 320.000 son insolventes y no pueden pagar dicho seguro, por lo que ya son un 5% de la población que en 2011 están sin cobertura sanitaria.

El otro objetivo era conseguir una reducción del gasto sanitario. Siguiendo los datos de la Central de Estadística, Holanda destinó a sanidad el 14,8% de su PIB en el año 2009, muy por encima de la media europea y casi un 60% más que nuestro país. En los datos sanitarios de 2010 hubo un desvió de más de 1.400 millones de euros. En consecuencia, a partir de 2012, son reducidas las prestaciones de la cobertura básica. Veamos algunas consecuencias, en fisioterapia, las veinte primeras sesiones correrán a cargo del paciente. Habrá que pagar una parte mayor de las medicinas y la prima de aseguramiento sanitario sube un 30% pasando de 170 euros a 210, es decir pagar más para que te den menos.

Este es el modelo fracasado de sanidad privada que nos quiere imponer el PP. ¿Nos podría explicar Esperanza Aguirre quienes son los miembros ejecutivos de la multinacional sanitaria sueca Capio que tantos beneficios obtiene en Madrid? Les suena los Lamela, Guemes y compañía, todos ellos consejeros de sanidad en los gobiernos de Esperanza Aguirre.

Ya podemos ver que es el modelo neoliberal sanitario, donde la calidad y eficiencia económica brilla por su ausencia, es lo que nos está imponiendo el Partido Popular. Privatización sanitaria significa un retroceso en prestaciones, donde el bienestar del hombre es sustituido por el negocio. Hay unos derechos humanos básicos, sanidad, educación, pensiones…. Que nunca deben estar bajo la óptica privada, sino que deben ser unos bienes exclusivamente públicos. Defendamos los derechos públicos.

Edmundo Fayanás Escuer

Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141665&titular=la-privatizaci%F3n-de-la-sanidad-p%FAblica.-%BFqu%E9-significa?-

En defensa de las bibliotecas públicas

2011-12-19T16:24:00.000-08:00

Acabo de leer una circular de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, recién gobernada por el PP, con el siguiente contenido:

"(…) para el año 2012 no habrá por parte de la Dirección General ninguna asignación presupuestaria para las adquisiciones de ningún tipo de fondos ni para las actividades culturales. Ante esto, la Biblioteca comunica a todos los ciudadanos y usuarios que:

1. Durante todo el año 2012 no podrá incorporar novedades: ni libros, ni revistas, ni periódicos, ni documentos audiovisuales, ni ningún otro material que suponga adquisición por compra.

2. El servicio de sugerencia de compras (desideratas) queda suspendido. Sin embargo la Biblioteca se compromete a seguir recogiendo sus desideratas para valorar su incorporación a la colección, una vez se disponga de presupuesto.

3. Las suscripciones a publicaciones periódicas no se podrán renovar. Se podrá seguir disponiendo de los ejemplares atrasados y los recibidos por donación.

4. Se suspenden las actividades culturales que supongan coste económico".

Lo curioso es que, al a ir a comentar el tema a la bibliotecaria de mi localidad, me dice la bibliotecaria que ya este año 2011, con presupuestos del PSOE, no hubo dinero alguno para comprar libros ni películas. En nuestro sistema de administraciones, las principales competencias de educación y cultura corresponden a las administraciones autonómicas. Imaginemos que tipo de cultura puede augurarse a los miembros de una familia que tienen como criterio no comprar ningún libro ni ninguna otra publicación. Eso es lo que ha decidido la Comunidad de Castilla-La Mancha, y quien sabe si alguna más, con los gobiernos del PSOE y del PP.

Mientras eso sucede, y es mi otra circunstancia preocupante, los jóvenes y los sectores progresistas filotecnológicos no dejan de reivindicar, en aras del acceso a la cultura, que se editen los libros en formato digital, que desparezca el copyright de los libros, que se puedan descargar de internet, que no se criminalicen las copias, que se permita compartir en la red, etc... Se movilizan para todo eso mientras los gobernantes deciden no comprar ni un sólo libro ni una sola película para las bibliotecas de su barrio sin que nadie haya reparado en eso, ignorando el modelo, en mi opinión, más social de la cultura que son las bibliotecas públicas, para el que no hace falta pagar cuarenta euros de conexión a internet.

Las bibliotecas públicas son el mejor ejemplo de un cultura socializada compatible con el acceso para todos los ciudadanos, los derechos de los autores y la viabilidad de las editoriales y libreros. Muchas generaciones tienen su primer acercamiento a los libros gracias a las estanterías de la bibliotecas de sus pueblos y barrios, la ayuda de los bibliotecarios, los clubes de lectura que allí funcionan, la adquisición de libros sugeridos por los vecinos y lectores... Cualquier ciudadano que tenga interés en un libro puede proponerlo a su biblioteca, conseguir que se adquiera y así logrará no solamente leerlo sin soportar el alto coste del libro, sino permitir que quede a disposición de sus vecinos y poder mantener el sistema de creación y producción de libros. Este sistema incluso se ha extendido a las películas, que también se estaban incorporando a las bibliotecas. Tengo la sensación de que nadie repara en que este sistema era todo un ejemplo de acceso gratuito a la cultura pero que, como no formaba parte del espejismo tecnológico e internauta dominante, nadie le prestaba atención. Tanto hablar de compartir en internet virtualmente y se están olvidando de compartir físicamente. Al final no se va a desarrollar la Ley Sinde, pero sí la no ley, pero sí norma, de Sin Libros (y sin películas) en las bibliotecas.

Pascual Serrano

http://www.pascualserrano.net/noticias/espana-en-defensa-de-las-bibliotecas-publicas

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren

2011-12-17T15:44:00.000-08:00

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en “Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer”).

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.

Attac Andalucía

http://www.attacandalucia.org/en-espana-no-sobran-funcionarios-sino-defraudadores-y-los-dirigentes-patronales-que-los-encubren/

Sanidad pública, intereses mercantiles y cohesión social

2011-12-15T15:34:00.000-08:00

Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica, y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.

Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2 septiembre 2010).

También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se combinan hospitales públicos con una extensa red de centros semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante parecido al doble circuito educativo. El Triparto fue incapaz de cambiarlo y aunque incrementó el gasto sanitario también llevó a cabo una reforma estatutaria del Institut Català de la Salut (el propietario de la parte pública del sistema) que apostaba por una gestión más liberal. La excusa siempre es el alto y creciente coste sanitario y la necesidad de modernizar la gestión. Un alto coste que es difícil de argumentar cuando se contrasta el gasto sanitario español con el de países de la UE (tanto en términos de PIB como de gasto per cápita), como el catalán respecto al resto de España (según el informe citado el gasto per cápita catalán solo está 4 euros por encima del gasto medio y se sitúa en la mitad de la tabla.

El nuevo gobierno de CiU, con el ínclito conseller Boi Ruiz a la cabeza, no ha dudado sin embargo en lanzar una auténtica cruzada en pos de la demolición del sector público sanitario. La política de ajuste presupuestario ha sido la excusa para ello. El cierre de camas y quirófanos hospitalarios, de urgencias en los ambulatorios (especialmente grave en zonas semirrurales donde los hospitales están distantes) han generado cabreo y sentimiento de deterioro, Tras las elecciones, CiU se siente con músculo para seguir su política privatizadora, ya visible en uno de los múltiples apartados de la “ley omnibus” donde se contempla la posibilidad que los hospitales públicos alquilen a operadores privados sus plantas cerradas y sus quirófanos, que han dejado de operar por la tarde. Un regalo al sector privado que podrá ofrecer a quien tenga dinero la alta calidad de la asistencia pública sin tener que pasar por las engorrosas (y al menos democráticas) listas de espera. Ahora se propone otra vuelta de tuerca, primero en forma de un nuevo copago por receta médica (como no se puede cambiar la realidad se crea el neolenguaje y se le llama ticket moderador) y después con la propuesta del siempre contundente Boi Ruiz a favor de crear un seguro privado obligatorio para la gente con recursos y dejar el servicio público para los pobres (aunque al paso que vamos con el paro y los recortes salariales la categoría “pobre” va camino de ser universal).

No deja de ser insólito que en Catalunya se defienda la gestión de las mutuas privadas como una muestra de eficiencia y buen hacer cuando en el pasado la Generalitat dedicó importantes recursos al salvamento de gestiones fallidas y fraudulentas (Hospital General de Catalunya, Mutua l’Aliança) y otras importantes instituciones han entrado en barrena (Agrupació Mútua) o han estado salpicadas por importantes casos de corrupción (Mutua Universal). Si de algo puede presumir el sector privado catalán es de fracasos continuados de gestión.

La propuesta, de ir adelante, significa bastante más que una mera privatización. Significa la ruptura del propio concepto de ciudadanía y de solidaridad social por cuanto se rompe el continuo entre los que pueden pagar y los que no. Si el problema es meramente financiero, y se supone que hay una parte de la población con recursos, bastaría subir los impuestos a esta parte de la población para cubrir el aumento del gasto. Propugnar un doble circuito es sin embargo optar por un modelo dual, uno “de pago” (aunque todo el mundo sabe que al final las mutuas privadas practican todo tipo de discriminaciones para reducir sus costes) y otro para pobres. Una nueva oportunidad para fomentar una cultura de la insolidaridad e incultura fiscal de las clases medias y un desprecio frente a los pobres que se salvan del seguro privado. En un país con elevados índices de evasión fiscal, con un elevado porcentaje de población inmigrante pobre, este modelo es una verdadera invitación a la iniquidad y la xenofobia. Ruiz no es solo un privatizador sino un verdadero agente promotor de la fragmentación social. Algo en lo que se muestra tozudo, pues ya antes de hacer esta propuesta atribuyó los problemas de salud a la genética y los hábitos individuales (otra forma de mentalizar a la población de que la gente enferma lo es por culpa propia, de separar buenos y malos ciudadanos, aunque entre los factores de malos hábitos nunca suelan incluir el del uso intensivo de los vehículos que generan contaminación y accidentes, ni el de las malas condiciones de trabajo).

Boi Ruiz, lo que representa, no es solo un peligro para la sanidad sino también para el mismo sentido de sociedad. No solo promueve negocio sino también división social, clasismo. No es por desgracia el único. Ahí están también los responsables de la sanidad gallega y balear desactivando ilegalmente tarjetas sanitarias a gente desamparada. Hay que pararles los pies: está en juego nuestra salud y nuestro sentido de sociedad.

Alberto Recio, Consejo Científico de ATTAC España

Mientra Tanto-e

Estados Unidos tiene la mejor sanidad del mundo (¡jua!)

2011-12-13T14:47:00.000-08:00

Los argumentos más habituales para justificar los recortes en la sanidad pública son su poca eficiencia y su alto coste comparado con la sanidad privada. Esto es lo que ha calado en ciertos sectores de la sociedad y que no es difícil oír en boca de ciudadanos de a pie. Vamos a ver cómo estos argumentos son rotundamente falsos con unos pocos argumentos objetivos.

Acabo de encontrar esta página donde se pueden ver unos datos muy interesantes*. Por ejemplo, se puede ver el gasto en salud (en porcentaje de PIB) de todos los países del mundo

El caso de Estados Unidos es especialmente significativo. Es el paradigma de país desarrollado con un sistema de financiación privada único en el mundo. Más desarrollados que ellos en ese aspecto no hay nadie. Veamos cómo les va.

Estados Unidos es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a sanidad (el primero es Malta). Es lo que dice el mapa de arriba, por eso está tan oscuro. Mientras que Estados Unidos gasta el 16% de su PIB, España gasta el 9,7%. Eso quiere decir simplemente que del dinero total del país, los ciudadanos gastan un 60% más en el cuidado de su salud. Este modelo de sanidad privada es claramente ineficiente porque no usa los mínimos recursos para conseguir sus objetivos.

Uno puede pensar que sí, que se gastan más, pero que tienen la mejor sanidad del mundo. Veamos ahora la calidad de la sanidad de Estados Unidos. La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del nivel de salud de un país. Según los datos de la web, Estados Unidos se codea en este ámbito con países como Hungría, Bielorrusia y Nueva Caledonia. Su tasa es de 6 muertes por cada 1000 nacimientos normales. En España la tasa está en 3,4, casi la mitad e inferior incluso a las de Finlandia, Alemania, Francia y Noruega.

La imagen que tenemos de la sanidad de Estados Unidos está extremadamente mediatizada por las informaciones puntuales que nos llegan, las películas y las series. Sólo sabemos que el famoso de turno se ha ido a operar de una enfermedad incurable a las américas (de lo que no hablan es de la factura) y vemos en la tele grandes y modernísimos hospitales y ambulancias que parecen naves espaciales. La realidad es otra para el que no es millonario (el 99%).

Hay más datos interesantes. Estados Unidos está por debajo de España en número de camas de hospital por habitante y en densidad de médicos por habitante, pero está muy por encima en la tasa de mortalidad matera (la de Estados Unidos es 4 veces más alta, un escándalo) y en obesidad en adultos (el doble). En esperanza de vida, que es una medida general de la calidad de vida de un país, España está en el puesto 12 del mundo, mientras que Estados Unidos está en el 37, siguiéndole de cerca Taiwán y Panamá.

Todo un negocio. Se gastan más para obtener menos. El negocio real no está pensado para los ciudadanos sino para las grandes empresas sanitarias privadas. Ellos saben que todos los ciudadanos necesitamos servicios de salud. Todos sin excepción. Hay gente a la que no le gustan las bebidas con gas y no las compra. Coca-Cola nunca hará negocio con ellos por muchas campañas publicitarias estupendísimas que hagan. Pero todos los ciudadanos, absolutamente todos, necesitamos ir al médico. Si pudieran privatizar un bien tan fundamental como el agua que bebemos también lo harían. ¡Ay qué tonto, que ya lo han hecho!

Ni desde el punto de vista económico ni desde el de calidad, la sanidad privada supera a la pública. Desde el punto de vista de la justicia social tampoco. Si en España vamos por la senda de la privatización, la consecuencia directa es que tendremos una sanidad de peor calidad, aumentará su gasto y podremos invertir menos en otros sectores como la educación, los servicios sociales, la investigación, las pensiones…

¿De verdad queremos ir por ahí? A la vista de este análisis, la estrategia de Mas, Cospedal, Rajoy y compañía es clarísima: hay que desviar el gasto público (que es lo que nos exigen los “mercados”, es decir, los bancos, agencias de calificación y otros) al sector privado. De esta forma el sector privado tendrá acceso a nuevo dinero, fresco y fácil (no hay que olvidar que todos necesitamos sanidad). Y señores de lo privado, les obsequiamos además con otro regalo: la sociedad gastará más dinero con vosotros de lo que gasta actualmente. Es cierto que la calidad empeorará, pero no os preocupéis, nosotros ya nos hemos encargado de convencer a la sociedad de lo contrario. Y en ello seguimos cada vez con más fuerza.

http://www.youtube.com/watch?v=-fr7ntS7SdU&feature=player_embedded

Recomiendo este vídeo de David Hall, Director de la Unidad de Investigación Internacional de los Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich, sobre la inversión pública y su efecto en la sociedad y en la economía. Él lo explica mucho mejor que nosotros:

* Quien tenga dudas del origen de los datos de la página web en la que nos basamos, debe saber que son datos de la Central Intelligence Agency (sí, la CIA), organismo poco sospechoso de maquillarlos en contra de Estados Unidos. Hay otra fuente también poco sospechosa, el Banco Mundial, que coincide con las estadísticas analizadas en este artículo.

Andrés González

ATTAC Acordem

Recortes: “Siguiente turno, Sanidad”

2011-12-10T01:54:00.001-08:00

El 22 de Noviembre, 48 horas después de las elecciones generales comenzaron, de forma oficial, a concretarse los previsibles recortes y ajustes que se exigen a España desde Bruselas, y que se habían pospuesto debido a la jornada electoral.

Tras la cita en las urnas, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, dirigido por CiU, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida con su nuevo plan de ajuste con el que se pretende un ahorro de 1.000 millones de euros para el 2012. Las medidas para la consecución contemplan recortes salariales a los empleados públicos, subida del canon del agua, aumento de las tasas universitarias y de las tarifas del transporte público, privatizaciones de empresas públicas, etc. Este tipo de recortes no resultan novedosos si recordamos las medidas que se han ido sucediendo a raíz de la crisis, en la mayor parte de países europeos. Sin embargo, sí llama la atención la velocidad con la que en España las políticas orientadas al recorte y la privatización de la sanidad pública se van expandiendo, eludiendo la cuestión de que se trata constitucionalmente de un servicio gratuito de acceso universal.

Previamente a las elecciones, se constataban los primeros atisbos de estas políticas que tras el 20N se han ido sucediendo en las distintas autonomías en forma de propuestas, sobre las cuales, en la mayoría de los casos no tienen potestad. En Galicia un mes antes de la jornada electoral y a través de la Xunta, liderada por el PP, se discriminaba el libre acceso al servicio gratuito sanitario mediante el bloqueo de la tarjeta sanitaria en la región. Así, las personas desempleadas durante un plazo mayor a 12 meses y residentes en Galicia, automáticamente se quedan sin tarjeta sanitaria hasta la recepción de la que les acredita como personas sin recursos. Durante el tiempo de espera, estimado entre ocho y doce meses hasta recibir el nuevo documento, tienen que hacer frente a la consulta y fármacos que el médico les prescriba. La región de Murcia gobernada por el popular Valcárcel fue el siguiente territorio donde se encendía la luz de alarma. Se retiraba de forma “temporal” la tarjeta sanitaria a parados de más de 1 año de duración y a inmigrantes. Así, se vincula el derecho universal de los ciudadanos para acceder a la sanidad con el puesto de trabajo, considerándose inaceptable dichas distinciones entre trabajadores, parados con prestaciones por desempleo y parados sin prestaciones, ya que vulneran el principio de igualdad que garantizan las leyes en materia sanitaria.

Sin duda, las propuestas más sonadas han sido las concernientes a Cataluña, algunas de las cuales se han incluido en su drástico plan de ajuste, como el aumento del “céntimo sanitario” (que incrementa el impuesto sobre la gasolina que se destina a la financiación de la sanidad pública) o la introducción de fórmulas de copago. La puesta en marcha de un “ticket moderador” que introduce tasas al precio de los fármacos, el abono de una cantidad por la visita al médico, la obligatoriedad de una póliza de seguro para los que superen un determinado nivel de renta o la cesión de actividad y usuarios a las aseguradoras, son algunas de las vías por las que se ha sugerido un cambio en la financiación de las prestaciones sanitarias públicas. Sin embargo, la introducción de cualquier tasa sanitaria o la modificación en la aportación del paciente en los medicamentos o consultas médicas que requiera, tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito estatal.

FALSOS ARGUMENTOS CONTRA LA SANIDAD PÚBLICA

Convendría detenernos en algunos de los argumentos más utilizados para desprestigiar la sanidad pública y justificar la adopción de medidas similares a las citadas anteriormente. Desmitificaremos muchas de las afirmaciones que escuchamos de forma incesante, cuyo objetivo es legitimar los ataques que se suceden contra la sanidad pública.

Falacia nº 1:

Los impulsores de los recortes aluden a la necesidad de los mismos ante la imposibilidad de mantener el excesivo gasto público en salud, causado por el uso irresponsable y despilfarrador de los recursos públicos por parte de los pacientes, cuyo comportamiento está incentivado por la gratuidad de la prestación pública sanitaria.

Respuestas:

1) Que no haya que pagar de forma directa para obtener una contraprestación sanitaria, no significa que ésta sea gratuita. La sanidad nunca ha sido gratuita, se financia vía impuestos. Técnicamente no estaríamos ante la adopción de un sistema de “copago”, sino más bien ante un sistema de “repago”, debido a que el coste de la sanidad ya está siendo financiado con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas. Por lo que estaríamos volviendo a pagar por un servicio que ya hemos pagado. En realidad, lo que se busca con el copago es iniciar un proceso de transición a otro sistema de financiación de forma que éste no se base en impuestos directos sobre las rentas y el capital, perjudicando claramente a las personas con menores ingresos y riqueza.

2) El gasto público en salud en España, no es excesivo ni mucho menos. Si comparamos los datos de España con otros países desarrollados vemos que el gasto es inclusive menor que en la mayoría de ellos.

Fuente: OCDE

3) Los pacientes no son los que determinan el uso de los recursos públicos de sanidad. Su “demanda” de prestaciones sanitarias está inducida, en tanto que el paciente “demandará” los tratamientos que le sean asignados por un médico. Por ejemplo, supongamos que un paciente “derrochador empedernido” quisiera hacer uso y abuso de los recursos que dispone un centro de salud, ya que estos son “gratuitos” y no piensa pagar por ellos. En última instancia será el médico que lo trata, quien determinará de acuerdo a su criterio profesional y teniendo en cuenta el estado de salud del paciente, cuál ha de ser el uso de recursos del centro médico que recaiga sobre esa persona. Por lo que es falso que los pacientes abusen de los recursos públicos sin ningún tipo de control. Inclusive, en cuanto a la primera visita médica solicitada por el paciente y considerada comúnmente como abusiva, vemos que los datos no respaldan dicha afirmación. Según datos de la OCDE los ciudadanos españoles acudieron al médico una media de 7,5 veces durante el año 2009, frente a las 8,1 que se registraron en el año 2006. Además la frecuencia de visitas en el caso español es inferior a la de países como Alemania, que presenta una media de 8,2 visitas al año.

4) Reducir prestaciones en la sanidad pública para ahorrar dinero, puede ser una medida contraproducente en el medio y largo plazo. Recordemos que la sanidad pública es un servicio público cuya prestación es universal. El no ofrecer tratamientos o atención a los ciudadanos, si bien reduce gastos en un primer momento puede llevar a la asunción de costes muy elevados en conceptos de indemnizaciones por haber denegado ese servicio.

Falacia nº 2:

El copago promoverá un uso más eficiente de la sanidad pública. Al incrementar el precio de las prestaciones públicas de salud, disuadirá de la utilización de las mismas, a las personas que no lo necesitan. Es una medida que busca ahuyentar a quienes hacen un uso irresponsable de la sanidad pública, no tiene afán recaudatorio.

Respuestas:

1) Las personas no siempre saben (o pueden saber) cuándo necesitan o no utilizar la sanidad pública. Puede suponer un grave perjuicio para la salud de muchas personas, que por no poder efectuar el desembolso del copago, dejen de acudir al médico y sólo lo hagan cuando sean evidentes los síntomas de una enfermedad. En última instancia, esto no sólo repercutirá en la salud del paciente, sino también en los costes de la sanidad, debido a que una enfermedad es más barata tratarla en su fase inicial, que cuando ya está avanzada.

2) Un servicio sanitario de menor calidad genera unas externalidades negativas de gran importancia. Un diagnóstico pobre, atención precaria y limitados servicios medidos por “cuenta gotas” desincentivarán el uso de la atención primaria llegando a reducir las externalidades positivas que en la actualidad incorpora. Un buen servicio reduce el número de bajas laborales (y sus indemnizaciones) con un buen diagnóstico inicial en el momento preciso, mejora la eficiencia del tiempo trabajado y previene, en muchos casos, que ciertas dolencias terminen en enfermedades crónicas, bajas permanentes e incapacidades de distinto grado, de mayor coste a lo largo del tiempo.

3) Si la prestación pública sanitaria a la que se le aplica el copago tiene una elasticidad precio de la demanda inelástica, esta medida no reducirá el consumo que se hace de la prestación sanitaria, y su único efecto será el encarecimiento de la misma. Si esta situación se da, el copago se transforma en una medida recaudatoria muy tentadora para cualquier gobierno, ya que es un impuesto que se recauda fácilmente, y es imposible de eludir. Para finalizar, la cuestión de si el copago es o no una medida recaudatoria, convendría que sus impulsores aclararán cual será el destino de los fondos recaudados con su implementación, teniendo en cuenta adicionalmente que el coste de la misma se estima de gran magnitud.

4) Existe riesgo de que se produzca un colapso en el servicio de hospitalización y urgencias, ya que los pacientes evitarán asumir el copago, dándose un trasvase de la atención tanto primaria como especializada hacia la hospitalaria y de urgencia. Además fomentará el uso de la sanidad privada, porque ante la obligación de pagar por las prestaciones públicas, los usuarios que puedan hacer frente a los pagos, optarán por la cobertura privada. ¿Será este, el privatizar parcialmente la sanidad, el objetivo último de la medida?

Falacia nº 3:

La prestación privada de servicios sanitarios es más eficiente que la pública, por lo que la privatización de la sanidad no sólo reducirá el gasto público, sino que redundará en un mejor servicio.

Respuestas:

1) En el momento que se privatiza la sanidad, pasa a ser regida por criterios de maximización de beneficios, lo que puede entrar en contradicción con el criterio de equidad en la prestación del servicio. ¿Que incentivos tiene una empresa privada para prestar servicios sanitarios que no sean rentables? En el mejor de los casos, si la empresa privada presta ese servicio no rentable, ante una imposición de la Administración, la forma de no verse perjudicada será subvencionar ese coste vía el encarecimiento de otros servicios sanitarios que sí son rentables. Estaríamos ante un problema de subvención cruzada, que encarecería otras prestaciones sanitarias.

2) El caso de Estados Unidos muestra que la gestión privada no es por definición más eficiente que la pública. En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud publicó un informe titulado “Measuring Oversall Health System Performance For 191 Countries”. En dicho informe se elaboró un Índice de eficiencia de los sistemas nacionales de salud de cada país, con el que se estableció una clasificación de la calidad de los mismos. España obtuvo la séptima posición mientras que EE.UU. sólo alcanzó la posición 37.

Todo lo anterior nos lleva a valorar cómo afectarían las medidas propuestas en al ámbito sanitario, sopesando si realmente van encaminadas a la mejora de las prestaciones y a la sostenibilidad financiera de las mismas o, por el contrario, entran en juego intereses ajenos contraproducentes, adversos a la universalidad del servicio y que busquen nichos potenciales de rentabilidad (como las privatizaciones futuras de servicios públicos).

Leandro Martínez y Lucía Vicent

Plataforma Econonuestra:

http://www.econonuestra.net/index.php?option=com_content&view=article&id=137:recortes-siguiente-turno-sanidad&catid=46:analisis&Itemid=78

Servicios Públicos: "Campo abierto a la sanidad privada"

2011-12-08T13:40:00.001-08:00

Representa ya cerca del 2,5 % del Producto Interior Bruto y sigue creciendo. El negocio de la sanidad privada se está reorganizando para sostener su auge. El sector sufre una progresiva concentración al calor de los fondos de capital riesgo. Los recortes que preparan las administraciones públicas auguran nuevos conciertos y privatizaciones y allanan el camino para la consolidación de la oferta.

Capio España afianzará su liderazgo nacional si se concreta la compra de Ribera Salud, que quedará ya fuera de la órbita de poder valenciano.

El pasado viernes, la presidenta de Castilla-La Mancha, la popular María Dolores de Cospedal, anunció sin complejos y justificándose en la crisis económica la privatización de la gestión de cuatro hospitales públicos manchegos: Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso. «Los ciudadanos no van a notar cuando entren en un centro sanitario nada diferente de lo que notan ahora», manifestó para añadir además que su Gobierno recurrirá a la fórmula público-privada para construir los hospitales previsto en Toledo, Cuenca y Guadalajara. De una tacada, Cospedal va a poner en el mercado siete centros hospitalarios bajo fórmulas que en el sector denominan Private Finance Iniciative (PFI) y Public Private Partnerships (PPP). O lo que es lo mismo la cesión de la construcción de un centro y la prestación de servicios no clínicos a la iniciativa privada a cambio de un canon o directamente la enajenación total de todos los servicios, el que parece que va a ser el caso de los hospitales manchegos ya construidos.

El anuncio de la dirigente del Partido Popular es, sin duda, una buena noticia para los principales agentes del sector, aunque habrá que ver si para los usuarios en cuanto a la prestación de los servicios sanitarios. La tijera derivada de los elevados déficits autonómicos va a abrir el camino los grandes grupos que se han ido configurando en torno a la sanidad privada en los últimos años, y explica, en parte, los muchos movimientos accionariales que se están produciendo. El más reciente es la más que probable compra de Ribera Salud por parte de Capio a Bankia y la CAM. La firma gestiona cinco hospitales comarcales y más de un centenar de centros de salud en la Comunitat Valenciana, además del servicio de resonancias magnéticas. La empresa, que inicio su actividad en 1999 con el Hospital de la Ribera en Alzira, está presente además en la Comunidad de Madrid en el Hospital de Torrejón y en la sociedad BR salud, gestora del servicio del Laboratorio Central de San Sebastián de los Reyes que da cobertura a seis hospitales públicos. Ribera Salud y su experiencia en el sector del concierto público-privado es sin duda un bocado muy apetecible para Capio, el principal grupo hospitalario de España. La compañía que lidera Víctor Madera controla ya 32 centros sanitarios privados entre hospitales y clínicas especializadas. El pasado mes de enero, el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, pactó la entrada en Capio España (filial de la matriz sueca Capio AB) con una inyección de 900 millones de euros.

Ha sido la primera de una serie de operaciones que demuestran el enorme interés de fondos de inversión por apostar por el sector de la sanidad privada o de concertación con el sistema público. Pocos meses después fue CaixaBank la que hizo caja con la venta de la red de clínicas de su participada Adeslas a Goodgrower vinculado la familia Gallardo, propietario de la farmacéutica Almirall. Poco después alcanzaba un pacto con Mutua Madrileña para venderle el negocio asegurador de Adeslas. En el aire ha quedado la participación de esta firma en el Hospital de la Ribera.

La explicación de estos movimientos está en las necesidades de liquidez que muchas entidades financieras tienen para sanear sus balances. Si Bankia y la CAM han optado por deshacerse de Ribera Salud para entregarla probablemente a Capio, Royal Bank of Scotland (Santander) y Barclays quiere desprenderse también de su participación en USP, el segundo operador privado de España, cuya facturación supera los 372 millones de euros y cuyo valor se estima en 300 millones de euros. También está en venta el 30 % del Grupo Quirón de la familia Cordón y muchas otras clínicas y hospitales privados en manos de consorcios más pequeños.

«La explicación de este año es que hay grupos en manos de bancos, que quieren quitarse de encima las clínicas porque consumen mucho capital y son intensivas en manos de obra», explica una fuente del sector. Pero el proceso de reestructuración accionarial va mucho más allá. El sector se encuentra en una encrucijada. Existen muchos pequeños grupos regionales, familiares o de órdenes religiosas que serán absorbidos por grandes capitales. La sequía de crédito y la presión de las aseguradoras, que libran a su vez una batalla por no perder primas abocan a la sanidad privada a reconvertirse. Y ahí es donde los fondos de inversión con capacidad financiera y liquidez están apareciendo.
Uno de los más activos es Mercapital, liderado por Javier Loizaga. Esta firma ha pujado por Ribera Salud frente a Capio y es aspirante a quedarse con Quirón o USP, según informaba recientemente Expansión. Otros fondos activos son Magnum (liderado por Ángel Corcóstegui), ProA Capital o Cartera REA.

Muchos de esos fondos ya han participado en proyectos hospitalarios privados. Entraron y salieron y ahora buscan volver a entrar. Es el caso de Mercapital, que vendió en 2007 el 64 % de USP que había adquirido desde 2006. Hasta antes de la crisis se trataba de un negocio en auge. En 2006, el Valor Añadido Bruto del sector sanitario creció un 4,8 %, por encima del 3,9 % del conjunto de la economía española. La economía de la salud mueve en conjunto cerca del 9 % del Producto Interior Bruto. De este porcentaje, el 6,5 % lo aporta el sector público, y el 2,5 % el privado.

Una análisis de fortalezas y debilidades elaborado en 2008 desde la Fundación Cajamar ya señalaba la oportunidad que se presentaba con la participación de los agentes privados en el sistema público. Sin embargo, advertía de que la guerra de primas de las aseguradoras y los precios ajustados que aplican a las clínicas pueden dañar la calidad del servicio, algo que puede desincentivar a los consumidores. El mismo estudio alertaba sobre los riesgos de realizar «una gestión más económica y menos clínica». Y es que con la salud no se juega, algo que se supone que tendrá claro María Dolores de Cospedal cuando de la vuelta al calcetín del sistema sanitario de Castilla-La Mancha.

Victor Romero.

Levante

http://www.levante-emv.com/economia/2011/12/05/campo-abierto-sanidad-privada/862539.html

Una sanidad impagable

2011-11-21T14:39:00.001-08:00

Cinco argumentos contra aquellos que dicen que el gasto sanitario español es desmesurado o que son inevitables los recortes y el copago.

1. España es de los países desarrollados que menos invierte en salud: sólo el 9,7% del PIB, entre sanidad pública (6,6%) y privada (3,1%). Francia gasta el 11,7%; Alemania, el 11,3%; Holanda, el 10,8%; y Estados Unidos, el 16,2%.

2. El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que salen de sus impuestos. La media europea ronda los 2.100 euros. Francia (2.500), Alemania (2.600) o Reino Unido (2.100) también pagan más por habitante.

3. Por 1.500 euros al año, España consigue una cobertura pública, gratuita y universal (a partir de enero de 2012) con unas prestaciones muy superiores a la media de la UE: la prueba es que tantos europeos vengan a operarse a España. En los países sin sanidad pública, no hay seguro privado que ofrezca unos servicios sanitarios de la misma calidad a un precio tan bajo.

4. La inversión es pequeña, pero la rentabilidad es muy alta. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud: en esperanza de vida, en tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la UE.

5. Que nuestra sanidad pública sea tan eficaz como barata significa que es uno de los mejores sistemas de salud del planeta, como así se reconoce fuera de España. Su eficiencia desmiente también dos falsedades: que el sistema sanitario español sea un lujo insostenible y que lo privado funcione siempre mejor que lo público.

Fuente: OMS y Eurostat , año 2009.

Ignacio Escolar

Público

http://www.escolar.net/MT/archives/2011/11/sanidad-datos.html

Los recortes en la sanidad pública

2011-11-20T01:20:00.001-08:00

Este artículo analiza la situación de la sanidad pública en España y en sus Comunidades Autónomas (y entre ellas, y muy en especial, Catalunya). El artículo critica los supuestos sobre los cuales se apoyan las políticas de recortes de gasto público sanitario, señalando que un objetivo no explicitado de tales políticas es la privatización de la sanidad pública, lo cual está afectando negativamente la calidad de la atención en un sistema ya poco financiado.

La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.

Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.

En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).

La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento

Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo, o que las están apoyando desde la oposición, los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del binomio Merkel-Sarkozy que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.

Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.

Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.

Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes

Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.

La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.

El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada

Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. La reciente hospitalización del Monarca hizo visible un hecho desconocido por la gran mayoría del público: la existencia de salas privadas en un hospital público, el Clínic, de Barcelona. En tal hospital público, los pacientes con aseguramiento privado tienen una cama por habitación y una espera para ser atendidos e intervenidos quirúrgicamente mucho menor que los pacientes por la vía pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.

El tema central no es copago o no

Un apunte más. El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado equivocadamente en si hay que tener copago o no. En realidad, existe ya un copago. Éste no es el tema. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.

¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.

Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.

La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en España como en Catalunya.

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Vicenç Navarro

http://www.vnavarro.org/?p=6494

Los logros sociales están en peligro

2011-11-18T15:54:00.001-08:00

Las organizaciones sociales y laciudadanía no podemos permanecer impasibles ante los riesgos del sector públicoque se avecinan como consecuencia de que las agendas políticas, de una formaprogresiva, cada vez las marcan más los denominados mercados que no son más queun eufemismo para denominar al capitalismo salvaje y a la economíaespeculativa, que siendo los responsables de la crisis, desean salirfortalecidos de la misma y lo están consiguiendo. La presión estratégica yplanificada del 'capital', en su objetivo permanente de reducir sus costos deproducción a la vez que empobrecer a la población para subyugarla con másfacilidad incluye de forma no disimulada, la de desmontar el estado debienestar social y la de acabar con los derechos laborales, ambas cuestionespor el mero hecho de que cuestan 'mucho' dinero y significan poco negocio. Esuna posición desde luego inhumana, despiadada y cruel pero que realmente nosorprenden a nadie viniendo de donde vienen. La cuestión es la capacidad demovilización que tengamos los que pensamos de otra forma para enfrentarnos aestos especuladores para que no consigan sus propósitos.

En este sentido, queremos hacerpúblico nuestra oposición a la Reforma exprés de la Constitución con el objetivo de limitar eldéficit de las administraciones, lo que va a provocar y legalizar, sin duda,unos recortes del gasto público que pondrán en riesgo logros sociales que sehabían conseguido. Y esta oposición es tanto en el fondo como en la forma.

Es una oposición en el fondo,porque limitar el déficit del gasto público en la dinámica actual es recortarpresupuestos, lo que va a suponer menos inversión en necesidades sociales. Comosiempre, quieren engañar a la población general transmitiendo verdades a mediasy sin debate serio. El déficit de cualquier presupuesto económico no sólo vienedel gasto sino también de los ingresos. Se puede mejorar el déficit recortandogastos sociales, es cierto, pero también aumentando los ingresos. Esimprescindible una Reforma fiscal a fondo que permita o posibilite la luchacontra el fraude fiscal, de que se apliquen impuestos equitativos yprogresivos, de tal manera que los que más tienen más coticen, que losimpuestos no sólo afecten a las nóminas, etc. A modo de ejemplo y para noaburrir, bastaría con aplicar una Tasa sobre las Transacciones Financieras,como lleva tiempo reclamando ATTAC España, para que el escenario sea distintodel que nos pintan desde instancias oficiales. Con un modesto impuesto de un0,1% sobre los intercambios de acciones en Bolsa y sobre el mercado de divisas,la Unión Europeaobtendría, cada año, entre 30.000 y 50.000 millones de euros, suficientes parafinanciar con holgura los servicios públicos, restaurar el Estado de bienestary ofrecer un futuro luminoso a las nuevas generaciones (Ignacio Ramonet en LeMonde Diplomatique, Nº 191, Septiembre 2011). Además se recorta en gasto condestino social pero no se hacen esfuerzos para eliminar administracionesduplicadas e ineficientes que no sirven para solucionar ninguna necesidad,gastos de representación que siguen siendo de primera en países de tercera,privilegios de la clase política, etc. Es cuestión de sensibilidad y voluntaden el ejercicio de la política.

Es una oposición también en laforma. Cuando llevamos años escuchando argumentaciones sobre la dificultad demodificar la Constituciónahora se modifica sin consenso político, en verano y con una legislatura que seextingue. Es también fruto de una dinámica histórica que no sabemos modificar:de las monarquías o de las dictaduras absolutistas se pasó a los sistemasdemocráticos pero también éstos se están degenerando. De la democracia seevolucionó a la partitocracia y ahora se ha profundizado: basta que 1 ó 2personas, líderes de los partidos mayoritarios, decidan algo para que todos losciudadanos callen y acepten sus decisiones: «no lo entendéis, no locompartís.., pero nosotros sabemos que lo hacemos por vuestro bien». Ha nacidola lidercracia absolutista, cada vez más cercanos al Emperador romano.

Los defensores del sectorpúblico, de los servicios públicos, del Bienestar social tenemos que reaccionarde forma rotunda porque están en juego logros que han costado muchos esfuerzosy mucho tiempo conseguir, pero que mientras decidan 'los mercados' seguiránsiempre en peligro, si los dejamos hacer.

Antonio Vergara De Campos. Presidente de la ADSP de Andalucía

La Voz Digital

http://www.lavozdigital.es/cadiz/prensa/20111117/opinion/logros-sociales-estan-peligro-20111117.html

¿Qué es la Estrategia Universidad 2015?

2011-11-18T15:13:00.001-08:00

¿Qué es la EU 2015?

“Estrategia Universidad 2015” es el nombre que ha dado el Gobierno a su nuevo plan de reformas de la educación superior y la investigación, que supone una segunda fase de los cambios que comenzaron en 2010 con el inicio de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, más conocido como Plan Bolonia), y que va en la línea de profundizar el proceso de ajuste de la universidad a las nuevas demandas de la economía, que ha sido desde el principio la esencia de este proyecto de “modernización”.

El horizonte de aplicación de estas reformas es 2015 (año en las Licenciaturas se habrán terminado de transformar por completo en Grados), de ahí el nombre del plan.

La EU2015 aborda los cambios relacionados sobre todo con el funcionamiento de los centros universitarios, su forma de gestión y de gobierno, sus atribuciones, su organización, su financiación, sus competencias. El objetivo es, en última instancia, establecer las condiciones materiales –jurídicas, económicas– que permitan que la universidad forme a los futuros trabajadores según las cambiantes demandas del mercado capitalista, dejando a un lado el espíritu de la Universidad, basado en una formación libre, objetiva, en la reflexión propia y en el gusto por el conocimiento.

¿Cómo va a estar dirigida a partir de ahora la Universidad?

Hasta ahora, el máximo dirigente de la Universidad era un rector elegido entre el estudiantado, el PDI (Personal Docente y de Investigación) y el PAS (Personal Administrativo y de Servicios). El rector debía ser un miembro de la comunidad académica con una experiencia demostrada que certificasen sus conocimientos a la hora de dirigir un gran centro docente como es la Universidad.

A partir de ahora, serán personas externas a la Universidad quienes elijan “a dedo” a este cargo. Además, ya no se buscará a un docente que sepa regir un centro académico, sino que se elegirá a un gestor para que lleve a la Universidad como si fuese una empresa, esto es, maximizando beneficios y minimizando costes.

Las personas que elegirán a este gestor serán los miembros de la Junta de Gobierno, equiparable al actual Consejo Social, “depositario de legitimación suficiente como representante de la sociedad”. Para hacerse una idea de quienes dirigirán la Universidad, sólo decir que el actual Consejo Social de la Universidad Complutense está formado por dos patronos de la Fundación Caja Madrid, un directivo de una farmacéutica, el Consejero Director General de El Corte Inglés o un Consejero Delegado de Telefónica.

Además, el profesorado dejará de ser funcionariado, pudiendo variarse libremente sus condiciones laborales, su salario, la duración de su contrato… Puede que los profesores de las tres o cuatro mejores universidades mejoren sus sueldos, pero tod@s sabemos lo que le pasa a los trabajadores de una empresa pública cuando se privatiza: más horas de trabajo, peores condiciones y bajada del sueldo, si es que no te echan a la calle por una reducción de plantilla.

Las autoridades políticas están dispuestas a entregar el control ejecutivo de la educación superior a los grupos económicos de más poder, a los que representan y cuyos intereses (que no son los de “la sociedad”, son los suyos) defienden con todas sus herramientas. Ya no podemos hablar de “influencias”, de “presiones”, de “injerencias” por parte de estos lobbys: tenemos que hablar de gobierno directo, inmediato, unilateral. Esta es la realidad. La reforma de gobernanza es un auténtico golpe de estado a la universidad, que queda definitivamente intervenida por los poderes capitalistas y plegada aún mucho más a sus venales objetivos.

¿Qué carreras se podrán estudiar?

La liberalización del mercado universitario traerá como consecuencia la libre autonomía de cada universidad para elegir que carreras imparte. Dicho así suena muy bonito, pero teniendo en cuenta que las universidades serán financiadas únicamente según su capacidad para colocar trabajadores en el mercado, se producirá una reducción salvaje, no del número de carreras pues aparecerán muchas nuevas especializadas en segmentos de economía o ingeniería, sino de los campos de conocimiento. La Filosofía, las Historia, las Artes, la Literatura… se verán condenadas a desaparecer, ya que ¿Cómo mides el beneficio económico de la reflexión? ¿Cómo mides la sabiduría obtenida en la lectura de los clásicos? En una sociedad donde una moneda vale más que la cultura, esta se ve abocada a morir por inanición mientras se prostituye la que ha sido su casa durante siglos.

Por si fuera poco, las propias Universidades tendrán total autonomía para elegir los temarios de las carreras. Esto también suena muy bien, muy libertario, pero si recordamos quienes mandarán en la Universidad llegamos a una conclusión: NO VAS A ESTUDIAR LO QUE TÚ QUIERAS, VAS A ESTUDIAR LO QUE EL EMPRESARIO QUIERA QUE ESTUDIES.

¿Cómo van a ser financiadas las Universidades?

Por tres medios: financiación pública, financiación privada, y tasas a l@s alumn@s.

La primera manera de lograr financiación estará estrechamente ligada a la clasificación de la Universidad. Y es que existe un proyecto de ranking universitario (CEI: Campus de Excelencia Internacional) que clasificará a las universidades según su excelencia, o lo que es lo mismo, su capacidad de colocar trabajadores útiles y mansos en las empresas que pagan la Universidad. ¿Y las Universidades con carreras de Humanidades? ¿Renunciarán las empresas privadas a colocar a los “hijos de papá” en la empresa de sus amiguitos para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades? Las “mejores” universidades recibirán un plus de dinero público, que no será una inversión sino un préstamo a devolver, lo que incentivará que los empresarios que dirijan la universidad traten de explotarla aún más económicamente para devolver este dinero sin tener que rascarse el bolsillo. Las pequeñas, sin ingresos, se verán condenadas a desaparecer o privatizarse definitivamente, haciendo imposible el acceso a la Universidad para las clases baja y media.

La financiación privada en Universidades públicas será prostituir la enseñanza en función de los intereses de esta, ¿o alguien se imagina a Botín dando dinero sin pedir nada a cambio?

Las tasas, que se duplicarán en la segunda convocatoria y triplicarán en la tercera. Alguien que estudie ingeniería y esté “limpiando asignaturas” puede llegar a pagar más de 6000€ por la matrícula. Eso, si no deciden encarecerlas todavía más (en Irlanda llegan a los 9000€ por año, en una reforma muy parecida a esta).

¿Cómo podemos evitarlo?

Concienciándote de que resignándote no consigues nada, y luchando junto a tus compañeros y compañeras puedes conseguirlo todo. Infórmate, piensa en qué futuro quieres para ti y para tus hij@s, y cuando te convenzas de que sólo luchando por tus derechos podrás conservarlos, acude a la Asamblea de tu universidad. Te estaremos esperando.

Madrilonia

Fuente: acampadasalamanca

http://acampadasalamanca.blogspot.com/2011/11/estrategia-universidad-2015.html

La transformación de la Universidad pública

2011-11-16T14:55:00.001-08:00

Contexto histórico y político.

En los últimos diez años la Universidad pública hasufrido una transformación sin precedentes. Después de la Transición, en los años70 y 80 del siglo pasado, la Universidad pública se expandió por todo el territorio delEstado creándose nuevos campus, facultades y departamentos, o ampliándose losexistentes, para dar cabida y permitir el acceso a una educación superior atoda una generación de jóvenes estudiantes nacidos durante el “baby boom” delos años sesenta; una generación que buscaba acceder a unos niveles de estudiosy de formación superior a los que la gran mayoría de sus padres, la generaciónanterior, no había podido acceder.

Por tanto, con la llegada de la democracia seprodujo también la masificación de la Universidad pública y la apertura de nuevoscampus y facultades en ciudades pequeñas donde antes no existían. Este modelopretendía sobre todo facilitar el acceso universal, para todo el mundo, a unaeducación superior y de paso evitar que millones de jóvenes sin estudiossuperiores engrosaran las filas de un paro creciente. Sin embargo, este modelode acceso masivo, fácil y barato, a los estudios universitarios pronto entró encrisis. El número de estudiantes empezó a disminuir paulatinamente hastaalcanzar mínimos históricos en la primera década del s.XXI. Por otra partemuchos licenciados se empezaron a encontrar con la dura realidad del paro, ocon un puesto de trabajo que no se correspondía con los estudios que habíanrealizado o que traicionaban sus expectativas laborales. ¡Un títulouniversitario ya no garantizaba un buen puesto de trabajo en los niveles máselevados del escalafón social!

Con este panorama, a partir de los años 90 delpasado siglo, como consecuencia esencialmente de un problema en la estructuraeconómica de España (muy dependiente del sector servicios, del turismo, y cadavez más de la burbuja inmobiliaria), el mercado laboral ofrecía sobre todoempleos de baja cualificación para los cuales no era necesaria ninguna formaciónuniversitaria (y mucho menos una formación humanística) Al mismo tiempo, aldisminuir el número de alumnos a la vez que se ampliaban algunos campus yservicios públicos asociados a la educación superior, las Universidadescomenzaron a tener problemas de financiación, los cuales no fueron compensadosni con una mejora de la gestión y control públicos ni con un aumento de losrecursos por parte de las Administraciones Públicas responsables de las mismas:los Gobiernos de las Comunidades Autónomas ¹.

Es en este contexto, en el que se da la aparicióny desarrollo vertiginoso de la denominada “sociedad del conocimiento” (nuevastecnologías, telecomunicaciones, informática, internet, etc.), con nuevasexigencias, cuando se produce una crisis de la Universidad pública enEspaña y en toda Europa; una crisis que va a dar lugar a las importantestransformaciones acaecidas en la última década, con el denominado “PlanBolonia” y su desarrollo posterior, aún en ciernes, llamado “Estrategia 2015”.

Pero ninguno de los cambios espectaculares (y notan espectaculares) que ha sufrido la Universidad pública en los últimos años se podríacomprender sin un adecuado entendimiento de las transformaciones históricas,políticas y económicas, de finales del s.XX. Al fin y al cabo, la Universidad comoinstitución histórica de organización social de la educación superior responde,o –sería mejor dicho– mimetiza las relaciones sociales y económicas, losprincipios y valores, la ideología dominante de la sociedad a la que pertenece,pues en el fondo es un producto de ésta, aunque en su seno se pueda realizaruna cierta función crítica ². Así, en una sociedad que se rige desde los años 70, tanto en loeconómico y social como en lo político, por la ideología del capitalismoneoliberal, la estructura y funcionamiento de la Universidad pública hatendido inexorablemente desde entonces a configurarse de acuerdo con losprincipios y las reglas de la ideología dominante.

Por tanto partimos de una hipótesis, y de unahipótesis razonable: que los profundos cambios de los últimos años sufridos porestudiantes, profesores, investigadores y trabajadores, y por el conjunto de lainstitución universitaria, nacen y vienen impulsados por unos intereses, poruna ideología, dentro de un modelo económico y social determinado con unasnecesidades propias: el modelo neoliberal.

El hito clave que marca, muy probablemente, unantes y un después en la implantación de este modelo es el llamado AcuerdoGeneral de Comercio y Servicios de 1995 (GATS) ³celebrado en el ámbito de los países miembros de la OMC, entre los cuales seencuentran los países de la UE,entre ellos España. Este acuerdo de la OMC ha servido y sirve para que ámbitos y serviciosgestionados hasta entonces de manera pública, por los Estados de acuerdo con uninterés público o general (ya sea sanidad, educación, servicio de aguas, etc.),se abran también al mercado privado (se liberalicen) para que puedan sergestionados y controlados por empresas privadas, pudiendo obtener de talmanera, así también, beneficios de esas actividades. Es decir, permite, o–mejor dicho– obliga a abrir al negocio y a la inversión privadas ámbitos de laeconomía que hasta entonces por su interés público (y su relación con derechoshumanos fundamentales tales como el derecho de acceso universal a la sanidad ola educación) habían permanecido al margen del mercado y de la lógica delbeneficio.

Como es obvio la Universidad, laeducación superior ⁴, presionada también por su propia crisis de modelo anterior, se viodirectamente afectada por las nuevas reglas de un mercado cada vez máscompetitivo y desregularizado, donde las empresas multinacionales y los bancos(el sector financiero) buscaban desesperadamente reducir costes y nuevosámbitos de mercado para recuperar una tasa de beneficio en decadencia.Consecuentemente, con ello deseaban también intervenir la educación a todos losniveles para adaptarla a sus nuevas necesidades globales, tanto en lo querespecta al contenido de la formación académica como a la relación y trasiegodel estudiante y sus conocimientos del centro público al sector privado.Necesitaban conformar y apropiarse directamente de un conocimientoexclusivamente afín a sus intereses privados, sin trabas de ninguna índole. Ymientras esto ocurría, al mismo tiempo, el sector público, el Estado social, sedebilitaba, adelgazaba su músculo social y económico, reduciendo paulatinamentela financiación de la actividad pública, o vendiendo directamente aquél, aprecio de saldo, a los llamados inversores y agentes privados.

Con todo esto, el panorama de la Universidad pública,que perdía alumnos constantemente como consecuencia del bajón de la natalidad yque se negaba a ser financiada adecuadamente por una Administración Pública enretirada, no era muy halagüeño. Además, surgía la necesidad de adaptar losmodelos de enseñanza a las nuevas tecnologías, a las nuevas titulaciones, conla mirada puesta en una futura convergencia educativa europea que,supuestamente, permitiría convalidar titulaciones y mejorar la movilidad deestudiantes y personal académico dentro del continente ⁵. Con todo esto nadie pone en duda que la Universidad públicanecesitaba a finales del siglo pasado, como sigue necesitando, una reforma decalado. Ahora bien, cabe preguntarse qué reformas necesita la Universidad y quéreformas se han hecho, con qué fin, y más importante aún, ¿a quién beneficianrealmente todas las reformas realizadas al amparo del Plan Bolonia en losúltimos años? Resulta pertinente citar aquí el famoso refrán español que diceque “a río revuelto ganancia de pescadores”.

Por tanto, una vez descrito de forma detallada elcontexto histórico y político en el que se ha cocinado la gran transformaciónque ha sufrido la Universidad en la última década es necesario ahora, sin máspreámbulos, describir cuáles han sido esas transformaciones y por qué las mismashan perjudicado, sin ninguna duda, a los estudiantes, docentes y trabajadores,y sobre todo a un concepto de educación superior entendido como un serviciopúblico, de acceso a la cultura universal y de calidad, que debe o deberíaregirse conforme a criterios de interés público, social o general, mediantemecanismos de control y gestión verdaderamente democráticos y participativos,respetando siempre el principio de autonomía universitaria consagrado en elart.27.10 de la Constitución Española (CE)

El inicio de la privatización ymercantilización de la Universidad pública.

El punto de partida, o, si se quiere, el punto deinflexión es la llamada “Declaración de Bolonia” de 16 de junio de 1999 ⁶,declaración conjunta de los Ministros de Educación de los países miembros de la UE. Esta declaración noes estrictu sensu una norma jurídica obligatoria como pueda serlo un reglamentoo directiva europeas, pero sí contiene el compromiso de los signatarios dealcanzar los objetivos que propone. En este sentido la Declaración de Boloniacontiene una serie de puntos e ideas muy abstractos sobre un futuro modeloeducativo de convergencia europeo (un Espacio Europeo de Educación Superior) yuna serie de objetivos a alcanzar para adaptar el modelo universitario de losEstados miembros a las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento ylograr “un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable”y la “promoción de la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicioefectivo del libre intercambio” (dice literalmente la Declaración deBolonia) Por otra parte, aunque la mayoría de las propuestas, ideas u objetivosde esta sucinta declaración (apenas una hoja), era plenamente suscribible porcualquiera, debido sobre todo a su carácter extremadamente general y abstracto,que estaba aún por definir, sin embargo contenía ya algunos objetivos y líneasde actuación que hacían intuir claramente la finalidad inherente a la misma.Así, por ejemplo, la declaración hablaba ya de “competencias” o de “capacidadde obtención de empleo”, concretamente de una “Europa del conocimiento […]capaz de dar a sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar losretos del nuevo milenio,...” y “promocionar la movilidad de losciudadanos y la capacidad de obtención de empleo...”. Además, se fijabatambién como objetivo la transformación del sistema basado en dos ciclosfundamentales. Sin embargo, a pesar de toda esta retórica, la Declaración de Boloniaprecedida de los Acuerdos de la OMC de 1995, sirvió de pistoletazo de salida para todos lospaíses de la UE,incluido España, para iniciar una transformación a fondo de la Universidad pública,tanto de cuestiones que tienen que ver con los objetivos manifestados por dichadeclaración como de otras cuestiones que no tienen que ver directamente. Enrealidad, para someterla –estructuras de gobierno incluidas– a los interesesdel poder económico y financiero y a las necesidades de un mercado laboral cadavez más precarizado.

Posteriores declaraciones y reuniones deMinistros de Educación europeos van a hacer un seguimiento continuado de esteproceso (Praga, Lisboa, Londres, Berlín)

Se inicia así un largo proceso en España quetiene como punto de partida la entrada en vigor de la LOU, la Ley Orgánica deUniversidades de 2001 ⁷. Esta Ley dictada por el PP sentó las bases y allanó el terreno de lasfuturas transformaciones, a la espera de una normativa posterior que ladesarrollase. Con la LOUse recortó el poder de participación y decisión de los estudiantes en losórganos de gobierno de la Universidad, principalmente el Claustro. Así, los estudiantesperdían un poder de participación ya de por sí exiguo. Al mismo tiempo sesentaban los pilares fundamentales de la colaboración y el entrelazamientoentre la Universidadpública y la empresa privada. Se modificaron las funciones de los ConsejosSociales, hasta entonces meros órganos de consulta donde estaban representadaslas empresas privadas y otros agentes sociales como los sindicatosmayoritarios, para dotarles de funciones decisorias sobre la programaciónanual, las líneas de investigación, la financiación y los presupuestos ⁸. La LOUtambién mantenía y acentuaba los privilegios para la creación y financiación deUniversidades privadas vinculadas a la Iglesia Católica,lo que suponía en la práctica una vulneración de la laicidad del Estado y untrato de favor hacia la institución religiosa católica –aunque fundamentadocomo siempre en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, dedudosa constitucionalidad.

En un principio, el PSOE se opuso a la LOU y convocó, apoyó yparticipó en múltiples manifestaciones y protestas estudiantiles que por aquelentonces luchaban contra su implantación con el criterio, del todo acertado, deque se iniciaba la mercantilización y privatización de la Universidad pública,además de la pérdida de poder estudiantil.

En contrapartida, la ocasión tan propicia, porsupuesto, sería aprovechada por las grandes empresas y por el sector financiero(bancos, etc...) para hacer un desembarco definitivo en el mundo universitario.El “Informe Universidad 2000”(Informe Bricall) encargado por la Conferencia de Rectores Españoles, perofinanciado por la CEOEy bancos y empresas multinacionales como el Banco Santander o Telefónica, dacuenta y y fe del interés de las mismas por el control y participación en lasestructuras y financiación de la Universidad pública, configurando nuevos instrumentos definanciación tales como las denominadas “becas-préstamo”. Y es que un nuevo yextenso ámbito de negocio privado se abría para las multinacionales y la banca.Así, el Banco Santander, de Emilio Botín y compañía, se pondría en lavanguardia de este nuevo modelo de control privado empresarial gracias a suextensa red de cooperación universitaria “Universia” y su Fundación,auspiciando y generalizando el paradójico invento de las “becas préstamo” y creandoun sistema de búsqueda de empleo privado adaptado a las necesidades de lasgrandes empresas capitalistas colaboradoras ⁹.

Con el cambio de Gobierno del PSOE en 2004 seaceleró este proceso de privatización y mercantilización, llamado Plan Boloniao Espacio Europeo de Educación Superior.

En esta tesitura, se empezaron a reformar losConsejos Sociales de todas las Universidades públicas tal y como preveía la LOU. En Castilla y León unReglamento autonómico reformó el Consejo Social de la ULE en 2004 ¹⁰. A partir de entonces los Consejos Sociales donde estaban representadaslas empresas y los bancos privados pasaron de ser órganos meramente consultivosa tener funciones y competencias decisorias sobre, entre otros aspectos, lacreación o modificación de centros o facultades, la programación plurianual de la Universidad, lafinanciación o el presupuesto, fomentándose la figura del mecenazgo y lasfuentes privadas de financiación. De esta forma, se han dado situaciones comolas de la Universidad Complutense de Madrid donde un Consejo Socialcompuesto por multinacionales como Telefónica, Iberdrola o Caja Madrid (hoyBankia) deciden de manera directa o indirecta la programación o las líneas deinvestigación, es decir en qué se debe gastar el dinero de un centro deenseñanza público.

Por tanto, esta intervención directa de laempresa privada en la educación superior se produce a través de diferentesmecanismos, además de los Consejos Sociales:

· A través de las “becas-préstamo” de bancos ycajas de ahorro, como novedosa forma de financiación de los estudios. Alprincipio el Gobierno del PSOE, tratando de no alarmar a los futurosestudiantes, aseguraba que los préstamos serían a interés cero y que, además,en el caso de que el estudiante no pudiera devolver el préstamo el propioEstado se ponía como aval haciendo frente al pago, garantizando así con dineropúblico la cobertura del préstamo privado y un ámbito de negocio y beneficioseguros para el sector bancario. Sin embargo, con el posterior desarrollo delPlan Bolonia, con la llamada Estrategia 2015, los préstamos ya no son a interéscero, sino a interés fijo, no pudiendo retrasarse además el pago en lascondiciones favorables previstas en un principio. En suma, que los estudiantesvan a tener que endeudarse hasta las cejas con los bancos para poder pagarseunos estudios cada vez más caros; un modelo, que por otra parte, es copia de unsistema estadounidense de enseñanza universitaria elitista realmente fracasado.

· Con la nueva configuración de la estructuraacadémica en Grado y Postgrado (Máster) a través de un nuevo elenco de másteresde empresa privados, por otra parte con unos precios prohibitivos. También conla financiación de cursos y seminarios, que impiden un ejercicio efectivo delderecho a la libertad de cátedra, además de suponer una forma de censuraindirecta puesto que aquellos cursos y seminarios que no interesen a lasgrandes empresas privadas, porque puedan ser críticos con las mismas o con el sistemaeconómico que defienden, no obtendrán financiación y por tanto no se llevarán acabo, aunque tengan un interés general para el público.

· Con los Institutos Mixtos de Investigación parafavorecer la denominada “transferencia del conocimiento” de la instituciónpública universitaria a la empresa privada. Ello se garantiza además con unasleyes de propiedad industrial e intelectual que favorecen y promueven laapropiación privada del conocimiento científico y técnico.

· A través de las Fundaciones Universidad-Empresa,con becas en empresas privadas. Estas fundaciones son en sí mismas entidadesprivadas. En la Universidad de León se creó la llamada FEGULEM.

· Con el patrocinio de cátedras, eventos, actos,cursos, seminarios, de la Universidad en sí, etc... Así, en EE.UU., Suecia o China sehan rebautizado los nombres de cátedras, facultades o universidades enteras conel nombre de sus empresas patrocinadoras. También en España, por ejemplo, con la Cátedra Repsol de la Escuela TécnicaSuperior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnicade Madrid.

· Con la publicidad en los espacios públicos(pasillos, exteriores, etc...) Esta es una forma de financiación escasa, perosin embargo muy llamativa y simbólica por cuanto que supone la venta de unespacio público al mercado. Desde hace cuatro años los pasillos de lasUniversidades públicas están inundados de chocantes anuncios luminosos demultinacionales (El Corte Inglés, Orange, Vodafón, Mapfre, etc...) difuminandocada vez más la diferencia entre un centro comercial y una institución culturalde transmisión y creación de conocimiento como es la Universidad.

Una nueva estructura académica: Grado yPostgrado (Máster)

Pero los cambios también iban a afectar a laestructura clásica de los estudios universitarios en España, que dividía losmismos en tres ciclos: diplomatura (3 años – 180 créditos), licenciatura (5años –300 créditos) y doctorado (de 3 a 5 años)

En el año 2007 el Gobierno dictó un Real Decreto ¹¹configurando la nueva estructura con los nuevos ciclos, dividiendo laenseñanza universitaria en dos niveles principales:

o GRADO (4 años – 240 créditos ECTs).- Formacióngeneral.

o POSTGRADO (Máster) (1 o 2 años –60 o 120 ECTs).-Especialización.

o DOCTORADO.

En realidad no se trataba, como parecían asegurartantas y tantas declaraciones institucionales, de crear una estructuraequivalente para todo el ámbito europeo, sino más bien para adaptar lasenseñanzas universitarias a un modelo elitista, a las necesidades y“competencias” de un mercado laboral cada vez más precarizado y “mejorar laempleabilidad”. El Real Decreto 1393/2007 obligaba a adaptar todas las enseñanzasa la nueva estructura antes de 2010. El Gobierno y las autoridades académicasaseguraban que el GRADO (4 años) equivaldría a la antigua licenciatura (5años), sin embargo esto no es cierto. El GRADO se ha configurado como un títulode formación general (tal y como dice el art.9.1 del Real Decreto), untítulo con unos contenidos devaluados con respecto a la antigua licenciatura,que por sí mismo no habilita para el ejercicio de la mayoría de las prácticasprofesionales en cualquier ámbito, y que solo sirve en la mayoría de los casoscomo llave de entrada a un mercado precarizado. Así, por ejemplo, la carrera deDerecho ha pasado de 5 a4 años de duración, pero ahora el simple título de GRADO no permite ejercer laabogacía (antes bastaba con colegiarse una vez licenciado) sino que esnecesario un máster en la Escuela de Práctica Jurídica. En este sentido, la devaluacióndel título de la licenciatura se desenmascara aún más con la excepción quesupone la carrera de medicina, la cual dura 6 años (360 créditos), y no 4,debido, como es evidente, a las consecuencias catastróficas que supondríareducir la carrera a solo 4 años e imponer la necesidad de un caro másterposterior para poder ser médico. Y es que a pesar de todo los responsables deesta reforma saben que con la vida de las personas no se juega. Encontrapartida, otras carreras que antes eran diplomaturas de 3 años (enfermeríao magisterio, entre otras) han visto ampliados sus contenidos sin una necesidadreal ni un sentido verdaderamente práctico, solo como consecuencia de laimposición de la nueva estructura. No parece tampoco lógico que carrerassuperiores de 5 años (300 créditos), como Derecho o Biotecnología, se hayanreducido a tan solo cuatro, comprimiendo y minimizando contenidos y asignaturasesenciales para la correcta y completa formación de los futuros profesionales.Esto pone a las claras la irracionalidad de la reforma.

Como consecuencia de esa devaluación, de untítulo de GRADO cuyos contenidos no aportan los conocimientos suficientes, seimpone la necesidad de los másteres, del POSTGRADO. Tenían razón los rectoresde las Universidades públicas cuando aseguraban que ahora todos los estudiantesiban a realizar un Máster, pero no porque fueran a ampliar sus licenciaturas yahabilitantes sino porque no les iba a quedar más remedio. Así, el Máster tienecomo finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada,orientada a la especialización académica o profesional (como dice elart.10.1 del Real Decreto) Es decir, el Máster es el verdadero equivalente dela licenciatura anterior, el verdadero título que habilita para el ejercicio dela práctica profesional (arquitecto, ingeniero superior, veterinario, abogado,profesor de instituto, etc.) y por tanto un paso casi obligatorio para lamayoría de estudiantes universitarios en su formación para poder asegurar unainserción laboral satisfactoria. Sin embargo, el coste prohibitivo de losmásteres supone una nueva barrera económica, un filtro, que permite, por unaparte, cargar sobre el estudiante la mayor parte, sino todo, el peso del costede dicho título y, por otra, que las empresas puedan configurar conforme a susintereses privados un amplio espectro de títulos de POSTGRADO (con precios quevan desde 3.000 a30.000€), puesto que se obliga a convivir a másteres públicos y privados ¹². Esto, de hecho, supone elitizar y privatizar en parte el acceso a untítulo de grado superior, el cual deja de ser un derecho para convertirse enuna mercancía cara, muy cara. Los másteres públicos tienen también un costedesorbitado de entre 1.500 y 1.800€ de media, no comparable en ningún caso conlo que venía siendo un último año de licenciatura (el cual podía costaraproximadamente unos 500 o 600€) Además, con los másteres privados las empresaspueden configurar y controlar los ámbitos de estudio y adaptarlos a susnecesidades corporativas, determinando qué conocimientos son dignos deespecialización y cuáles no.

La nueva estructura se ha implantado con laconnivencia absoluta de los responsables universitarios (rectores yvicerrectores) y, lo que es aún más grave, con la vergonzosa connivencia de losrepresentantes estudiantiles institucionales (Junta de Estudiantes) Grandesmovilizaciones en 2008 y 2009 de profesores, trabajadores (PAS) y estudiantesconcienciados se enfrentaron mediante paros, huelgas, manifestaciones yocupaciones de facultades a las reformas del Plan Bolonia. Todos los rectoresde Universidades públicas –salvo, en un primer momento, el rector de la Universidad Complutensede Madrid, Carlos Berzosa (que después claudicaría también)– pasaron por el aroy transigieron con las exigencias del Ministerio oponiéndose a la mayoría delos estudiantes y profesores que veían con malos ojos, o cuanto menos condesconfianza, la implantación de la nueva estructura y de los nuevos sistemasde financiación. ¡Hasta ahí llegaba la autonomía universitaria! En casi todaslas Universidades se recogieron miles de firmas de profesores y estudiantesexigiendo cuanto menos la paralización de la implantación del Plan Bolonia, unreferéndum sobre las nuevas medidas y un debate público abierto sobre susconsecuencias y sobre el modelo universitario del futuro, exigencias que en lamayoría de las Universidades ni siquiera recibieron una respuesta.

Sin embargo, sería faltar a la verdad decir quelos estudiantes se oponían a todos los aspectos que configuraban el PlanBolonia. Aunque ciertas cuestiones positivas de tipo metodológico que,supuestamente, pretendían reformarse, como la reducción del número de alumnospor clase o una relación más directa entre alumno y profesor con un seguimientomás personalizado de su trabajo académico, o simplemente el aprovechamiento delas nuevas tecnologías, se han convertido en una mera quimera, ya que, entreotros despropósitos, con el nuevo modelo de financiación y la crisis se handespedido a profesores asociados para ahorrar costes y reducido presupuestos encasi todos los departamentos.

Un nuevo modelo de financiación.

La financiación se ha convertido en el caballo debatalla por excelencia de la Universidad pública –y también en el caballo de Troya de losintereses privados. Agravado si cabe por la crisis económica el problema de lafinanciación, lejos de resolverse con las nuevas reformas, ha puesto en jaque atodo el sistema universitario, sometiéndolo definitivamente a una dependenciacasi vampírica del sector empresarial y financiero. En los últimos tres años lafinanciación pública de la Universidad se ha reducido drásticamente con la excusa de lacrisis económica, sobre todo en las Universidades pequeñas de provincias ¹³. Una financiación que procede –no puede olvidarse– de los Gobiernos delas Comunidades Autónomas, gobernadas casi todas por la derecha conservadoraneoliberal del PP, y no del Estado central. Por otra parte, en contradicción,resulta difícil imaginar cómo va a salir un país de la crisis económica–supuestamente, según los parámetros productivistas que defienden los actualespolíticos y economistas en el poder– si no mejora su capital productivo yhumano, la formación académica e intelectual de sus ciudadanos para que estospuedan innovar y aportar una mayor plusvalía a la producción.

Un informe del Consejo de CoordinaciónUniversitaria encargado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de abrilde 2007 apuntaba a la necesidad ineludible de aumentar la suficienciafinanciera de las universidades en España, cuyos recursos representaban hastaentonces solo un 1,22% del PIB, hasta un 1,5% del PIB, más acorde con lasnecesidades y estándares de un país desarrollado de la OCDE. Es decir, ellosuponía la necesidad de un incremento anual mínimo de cerca de 3.000 Millonesde € en recursos para la universidad. Se estimaba que ello era imprescindiblepara la mejora de la calidad educativa, la equidad en la enseñanza superior yuna capacidad de innovación y desarrollo en I+D+i; y se estipulaba también quedicha financiación fuera en un 20% privada y en el 80% restante pública ¹⁴. Sin embargo, la realidad posterior ha venido a desmentir radicalmenteestos planes, pues la financiación no solo ha disminuido drásticamente en losúltimos años (tanto cuantitativamente como en relación con el PIB) sino queademás los escasos recursos provienen en una proporción cada vez mayor delsector privado, el cual de esta manera tiene una palanca de control directasobre la educación e investigación universitarias.

En el centro del huracán del problema de lafinanciación se encuentra la investigación. Ante una ausencia cada vez másnotable de financiación pública las Universidades, sus departamentos, “debenbuscar” sus propios recursos, es decir financiación privada. Como es evidenteesta financiación de proyectos de investigación y estudios universitarios sólopodrán hacerla aquellos agentes o empresas privadas que tengan una capacidadeconómica suficiente para ello; es decir, que solo serán las grandes empresas ylos bancos y fondos de inversión los que financien esos proyectos deinvestigación. Lógicamente, solo financiarán aquellos departamentos o estudiosque les interesen, que les reporten beneficios, quedando excluidos y por tantoabocados a la desaparición –más allá de su posible interés social– aquellos queno puedan obtener el beneplácito de sus patrocinadores privados. Esto sucede yaen el sistema universitario de los EE.UU. Por tanto, lo que se considereimproductivo para el mercado tenderá a desaparecer de la oferta académica y delos planes de investigación.

¿Existe acaso un ejemplo más claro de esto que lainvestigación financiada por las multinacionales farmacéuticas? ¿Se dedicanacaso éstas a la investigación de las enfermedades que más muertos y trastornoscausan en el mundo, o solo a aquellas de entre los países ricos que lesreportan beneficios económicos porque sus productos van dirigidos a unconsumidor con poder adquisitivo, tales como ansiolíticos o antidepresivos? Larespuesta cae por su propio peso.

Pero este control directo de la investigación porparte de las empresas privadas se acentúa todavía más cuando encima se pretendesubordinar la financiación pública a la previa obtención de una financiaciónprivada. Esta es una de las “reglas” de financiación que se están implantandocon la denominada “Estrategia 2015”.Es decir, que la financiación pública ya ni siquiera va a quedar como unafinanciación residual que cubra las necesidades de unas Universidades, carreraso departamentos que no han podido obtener recursos privados, que no han sidoatractivos para el sector privado, que no han sabido “venderse” losuficientemente bien, sino que se convertirá en el apoyo y refuerzo directo deaquellas Universidades, carreras o departamentos que interesen solo yexclusivamente a las multinacionales y al sector financiero.

Este modelo es lo que el profesor de pedagogía dela Universidadde León, Enrique J. Díez Gutiérrez, ha denominado “capitalismo académico”.Según sus propias palabras:

“La financiación pública se subordina a laprevia obtención de 'fuentes de financiación externa', es decir, privadas. Laasignación presupuestaria ya no se hace en función del número de estudiantes,sino según los resultados obtenidos por la institución universitaria. […] se recortael presupuesto para proyectos 'improductivos' de orientación humanística y/ocrítica.”¹⁵

Es fácil imaginar que si la investigación no seajusta a los resultados deseados por su financiador privado el departamento ylas personas que llevaron a cabo ese estudio dejarán de percibir dinero ycorrerán el riesgo de desaparecer, puesto que tampoco percibirán recursos públicos.La lógica es perversa. Y es, sin duda, una forma directa de intrumentalizacióny control de los recursos e instalaciones públicas por parte de las empresasprivadas.

Por otra parte, una de las máximas del nuevomodelo es el traslado de las costes de la educación superior a los estudiantes.El lenguaje utilizado en documentos oficiales no deja lugar a dudas. Ahora losestudiantes son considerados como “clientes” o “usuarios” que pagan por untítulo (una mercancía) que en realidad es más una imagen de marca (la imagen demarca de una Universidad que tiene que competir con todas las demás, como si deuna empresa se tratara, para ser un “campus de excelencia” que atraiga o“capte” a sus “clientes” en un verdadero mercado del conocimiento) La lógicadel mercado que ha provocado la mayor crisis económica de la historia despuésdel Crack del 29 se impone ahora también en la Universidad.

Por tanto, sobre todo desde comienzos del s.XXI,se está dando un paulatino traslado de los costes de la enseñanza universitariaal estudiante, mientras al mismo tiempo la clase trabajadora, sobre todo en losúltimos años, ha visto disminuir su poder adquisitivo, su salario real (nosalario nominal) ¹⁶Los costes de la enseñanza aumentan mientras que los salarios reales sereducen o se mantienen igual. En la última década las tasas de matriculación deprimer año han subido una media aproximada del 55-60%, con variaciones entreUniversidades, mientras que en 2º, 3º, 4º y 5º curso el coste total de loscréditos ha subido una media del 40-45%; es decir han subido una mediaaproximada del 5% anual. Esta subida anual del 5% es superior a la subida delIPC (Índice de Precios al Consumo), la cual ha sido en la última década de un3-3,5% aproximadamente, salvo los dos últimos años (2009, 2010) en los que losprecios de la cesta básica han bajado. En principio, en Castilla y León aligual que en otras Comunidades Autónomas, la Ley obliga a las Universidades públicas aactualizar cada año los precios de las matrículas conforme a la subida del IPC,debiendo subirse las tasas un porcentaje igual o superior al del IPC, peronunca inferior. Y las Universidades, por supuesto, en su afán recaudatorio, hansubido las tasas de matrícula un 5% muy por encima del 3% de media del IPC alque estaban obligadas por ley, y por tanto han encarecido aún más el acceso ala educación superior. Pero si además tenemos en cuenta, como hemos dichoanteriormente, que los salarios reales han disminuido o permanecido estancadosdurante la última década el encarecimiento es aún más notable: en relación alsalario real implica una subida de más del 50% del coste para los estudiantes,empobreciendo aún más sus ya de por sí escasos recursos.

A todo ello hay que añadir la subida, a vecesrepentina y escandalosa, de otras tasas universitarias como las que se paganpor la expedición de títulos o certificados (No es normal, por ejemplo, que porun título de Licenciado en Derecho en la Universidad de León –una simple hoja de papel–,después de todo lo que se ha pagado a lo largo de la carrera, se deban pagar160€), o también las que se pagan por el Centro de Idiomas de la Universidad, cursos deverano, seminarios, etc.

A corto plazo se quiere que los estudiantes“clientes” asuman la mayor parte, o incluso la totalidad, del coste de laenseñanza universitaria, lo que supondrá nuevas y significativas subidas de lastasas. Los responsables políticos de la Universidad quieren que el precio del créditosuba en segundas matrículas más de un 50% y en terceras matrículas ¡hasta un300%!, con la idea de que dicho pago cubra el supuesto coste totalindividualizado de ese servicio. Un bárbaro retroceso, sin duda alguna, en launiversalidad e igualdad de acceso a los estudios superiores.

Las becas.

Durante estos últimos años, durantetodo el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, seha repetido hasta el hartazgo que el encarecimiento del acceso a la Universidad, a untítulo superior universitario (como consecuencia del prohibitivo precio de losmásteres y de las subidas de las tasas, matrículas, servicios, etc.), vendríacompensado por un aumento de las becas. Parecía que el Rey Midas se iba ainstalar en la corte y que el Estado y las Comunidades Autónomas serían pocomenos que la gallina de los huevos de oro. El propio Ministerio de Ciencia eInnovación (a la sazón el responsable de la reforma universitaria), presionadopor las protestas anti-Bolonia, trató de vender la reforma con una campañapublicitaria que llevaba el –solo en apariencia– didáctico título de “ ¿Quées el Proceso de Bolonia y en qué afecta a los estudiantes?”. Uno de lospárrafos explicativos trataba de eliminar la incertidumbre que se había creadoen torno a las becas y los préstamos-renta, o becas-préstamo:

¿Desaparecen las becas para ser sustituidas por préstamos renta?

En absoluto. El Gobierno se ha comprometido amejorar el sistema actual de becas tanto en financiación como ennuevas modalidades. Desde 2007 ofrece también préstamos renta a interés 0 paramásteres. Pero es una opción más, que no sustituye a las becas que se seguiránconcediendo e incrementándose como hasta ahora. ¹⁷

Pero la aciaga realidad pronto vino a desmentirtantas vagas e inconsistentes promesas. Si las becas iban a mejorar, si elacceso a un título superior no se iba a encarecer y los estudiantes iban atener más libertad y flexibilidad para definir sus estudios, ¿por qué losbancos de pronto percibieron la emergencia de una gran negocio con lospréstamos-renta a los estudiantes? ¿Es que de pronto los estudiantes iban anecesitar dinero de los bancos que antes no necesitaban? ¿Si el Estado no teníadinero para financiar la Universidad iba a aumentar las becas? La realidad cayó por supropio peso y los jóvenes estudiantes que se incorporaron al nuevo plan elprimer año pronto comprendieron el sarcasmo inherente a semejante propaganda.

En los últimos años las becas públicas yaexistentes se han reducido cuantitativa y cualitativamente, sobre todo lasbecas de movilidad SÉNECA y ERASMUS. En general, han disminuido en los tresúltimos años con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España,curiosamente cuando más falta hacían, puesto que con el paro y la recesión losrecursos económicos de las familias y de los trabajadores se redujeron, a vecesdrásticamente. Por otra parte las necesidades de financiación de losestudiantes con los másteres y el aumento de las tasas han provocado que muchosde ellos hayan tenido que abandonar sus estudios.

Sin embargo, aunque las becas de investigaciónposteriores a la licenciatura (becas de doctorado) no han visto aumentar sunúmero, sí que es cierto que la situación de los becarios de investigaciónpúblicos ha mejorado de unos años a esta parte. Durante un tiempo estosbecarios de facultad lucharon con denuedo, entre otras cosas, porque se lesreconocieran los años de investigación como años cotizados a la Seguridad Social.Y en recompensa a esa lucha se reformó hace poco el estatuto del becario deinvestigación reconociéndoles al menos los dos últimos años (de los 4 dedoctorado) como años cotizados; pudiendo incluso cotizar por los 4 añoscompletos si el propio becario pagaba de su bolsillo las cuotas de los dosrestantes.

Por otra parte, el Preámbulo del Real Decreto1393/2007 hablaba ya de la posibilidad de “introducir prácticas externas” enempresas durante la carrera como una forma de enriquecer la formación de losestudiantes. Esta posibilidad parece repercutir en un principio positivamentesobre la formación del estudiante –una forma de acercarle a la práctica delmundo laboral y adquirir experiencia–, pero al tratarse de prácticasesencialmente no remuneradas, por el contrario, supone en sí mismo un modoapenas encubierto de que los estudiantes trabajen gratis en las empresasaportando sus conocimientos sin ser apenas conscientes de la explotación.Incluso como dichas “prácticas externas” forman parte del currículum académico,y suponen créditos, los estudiantes tendrán, en muchos casos, que pagar porellas.

En este sentido se ha terminado de configurar ygeneralizar uno de los pilares esenciales de la nueva filosofía de colaboraciónpúblico-privada inherente a la reforma: las Fundaciones universitarias ligadasal mundo empresarial, principalmente Fundaciones Universidad-Empresa, entidadesprivadas con personalidad jurídica propia que sirven como nexo de vinculaciónentre el mundo universitario y el mundo empresarial privado ¹⁸. Estas entidades tienen un cometido muy específico que se ha vistodefinitivamente reforzado gracias a las nuevas necesidades de financiación de la Universidad pública, yque no es otro que el de garantizar la adecuada “transferencia de conocimiento”del ámbito público al sector privado. Las mismas han pasado a diseñar,gestionar y en suma controlar directamente áreas tan importantes del ámbitouniversitario como son las escuelas y cursos de verano, los centros de idiomas,seminarios y la formación del profesorado. Por otra parte, las FundacionesUniversidad-Empresa en colaboración con las entidades públicas ofrecen “becas”para la formación, para trabajar en el sector privado, a los estudiantes reciéngraduados. La promesa de tener una “beca” remunerada se cumple pero, sinembargo, este sistema encierra una realidad muy distinta y desalentadora paralos jóvenes estudiantes. Lo que realmente se esconde tras este sistema de colaboraciónes un mecanismo para suministrar a las empresas privadas patrocinadoras mano deobra barata precaria recién graduada. Estos becarios de colaboración trabajan,en la mayoría de los casos, realizando las mismas tareas que un trabajadorasalariado normal pero cobrando mucho menos, una remuneración inferior al SMI ¹⁹, normalmente de apenas unos 500€ al mes (¿se puede vivir con 500€ almes?) Además, al no tratarse de una relación laboral sino de una “beca” elbecario no se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por tanto, enprincipio, no puede ejercer ninguno de los derechos laborales del mismo(horarios, huelga, despido, indemnizaciones, permisos, etc.), los cuales quedanal libre albedrío del empresario y sin posibilidad jurídica de defenderlos anteel Juzgado de lo Social; a este respecto la beca que firma el estudiante seencarga de recordarle que su contrato no es una relación de trabajo con laempresa. El tiempo que el becario pasa en la empresa no cotizaba tampoco hastaahora a la Seguridad Social, lo que suponía un ahorro también para la empresa enrelación con un trabajador normal, al menos hasta noviembre de 2011, aunque elGobierno del PSOE –sin duda presionado por la creciente contestación social asus políticas anticrisis– realizó este otoño una reforma legislativa ²⁰para que todas las empresas con becarios empezaran a cotizar a la Seguridad Sociala partir del 1 de noviembre, pudiendo rescatarse además el periodo de becaanterior no cotizado.

Sin embargo, a pesar de este guiño a algunas delas reivindicaciones de los estudiantes, este tipo de “becas” para la formaciónen empresas privadas tienen incuestionables ventajas para el empresarioempleador, entre otras, y la más obvia, la del ahorro de costes que supone endetrimento de los trabajadores asalariados de la empresa, además del poder dedeshacerse del becario al cabo de los 6 meses o 1 año que dure la beca, sinestar obligado en ningún caso a realizarle un contrato fijo laboral o a pagarindemnización de ningún tipo. Esto supone en la práctica una cadena bienengrasada de trabajo temporal extremadamente precario sin derechos laboralesdonde los becarios-trabajadores, constantemente renovados, realizan las tareasy funciones de un trabajador normal asalariado (el cual ahora, o será despedidoo no será contratado puesto que su trabajo ya lo realiza el becario) con unsueldo inferior al SMI, inferior a los 640,40 € mínimos que exige la ley. Dehecho, gran parte de la remuneración de la beca la realiza una entidad pública,por lo que el coste real para la empresa privada de ese becario-trabajador esmínimo ²¹; más aún, se puede decir sin riesgo de caer en un sofisma, que la Administración Públicaestá sufragando la mano de obra de muchas empresas con este invento. Y elporcentaje de estos becarios que se queda luego en la empresa con un contrato–ahora sí– laboral, fijo o eventual, es mínimo, o incluso ridículo. ¡Este essin duda el glorioso cumplimiento de la gran promesa hecha por los rectores deque todos los estudiantes iban a tener una beca que les iba a permitir accederal mercado laboral con una experiencia adquirida! Y tal y como está el panoramaeconómico y social los jóvenes seguro que hasta agradecerán ser partícipes desemejante forma de explotación para ausentar, al menos por un año, el fantasmaterrible del paro y la exclusión social.

Así, sobre todo en el sector tecnológico, nosencontramos, por ejemplo, con “becarios” (ni siquiera recién salidos de la Universidad) que sonpuestos al frente de departamentos enteros de grandes empresas, con las mismasfunciones y responsabilidades de un trabajador asalariado cualquiera, con elmismo horario y jornada laboral, haciendo horas extras sin cobrar, y realizandoen muchos casos proyectos de investigación y desarrollo que luego se apropiadicha empresa a precio de saldo. Pero, claro está, todo ello con la míseraremuneración que perciben, sin derechos laborales y hasta hace dos días sincotizar tampoco a la Seguridad Social. Existen innumerables ejemplossignificativos de esta realidad, generalizada y agravada por la crisiseconómica, cuyo análisis supera con creces el objeto y los medios de esteensayo. Citaremos tan solo un par de situaciones paradigmáticas. Así, porejemplo, en Madrid, la empresa aeronáutica ITP, que fabrica componentes demotores Rolls-Royce para avión, ha reducido y reestructurado significativamentedepartamentos enteros en su sede en Madrid a cambio de aprovechar el trabajo deinvestigación barato de los becarios que le proporciona la Facultad de IngenieríaAeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid para proyectos de fin decarrera (los becarios tienen que fichar, minutos incluidos; se les descuentadel sueldo si llegan un minuto tarde; no se les suministra transporte nicomida, etc...) La empresa jamás contratará a nuevos trabajadores mientrasestos nuevos “becarios” le proporcionen lo mismo a un precio mucho más barato.Otro ejemplo significativo se encuentra en León, donde la prestigiosa empresatecnológica INTECO ²²(participada públicamente) ha puesto a “becarios” al frente dedepartamentos enteros de traducción de francés e inglés, como responsablesprincipales y únicos de esos departamentos. No es que se dé una beca a unestudiante, o recién graduado, para que, tutelado por un responsable de laempresa, realice y aprenda tareas sencillas, profundice en una práctica que lepermita adquirir una experiencia de otro trabajador más preparado yexperimentado, en suma se familiarice con el mundo laboral, sino que se da unabeca para que la empresa privada pueda explotar su trabajo sin apenas costes ysin responsabilidad laboral alguna. ¡Una forma interesante, sin duda, demejorar la competitividad de nuestras empresas! Lástima que el beneficio detodo este entramado sea solo corporativo privado.

Y esta es la desagradable y falseada realidad quese esconde tras estas becas.

La “transferencia de conocimiento”.

Finalmente, no podemos dejar sin explicar uno delos conceptos clave de toda esta transformación de la Universidad pública,recogido tanto en las múltiples declaraciones europeas e informes como en lasdiversas leyes estatales, LOU de 2001, LOMLOU de 2007 y demás normas. Es ladenominada “transferencia de conocimiento”, que supone de hecho laprivatización del conocimiento, su transferencia del ámbito público al sectorprivado, y que realmente es el eje y clave de bóveda de esta reforma. Enpalabras de Enrique J. Díez Gutiérrez que sintetizan a la perfección todo loque hemos venido diciendo hasta ahora:

“La investigación se convierte así en unaapropiación privada de recursos públicos, tanto a través de la subvenciónpública de los costes de proyectos de investigación, encargados por empresasprivadas, como a través de la transferencia de personal, recursos y resultadosde la investigación de centros públicos a empresas privadas derivadas de ellos('spin-off') para la explotación privada de esos resultados de investigacionesfinanciadas con fondos públicos.²³”

El eufemismo de la “transferencia deconocimiento” encierra simple y llanamente la idea de que el conocimientocientífico y técnico desarrollado en una institución pública, son recursospúblicos, se transfiere sin apenas contraprestación a manos privadas para suexplotación. Esto supone hacer propia la fórmula de inversión pública ybeneficios privados.

Esta cooperación y transferencia se hace a travésde diversos mecanismos como la financiación directa de la investigación o elllamado “spin-off”. El “spin-off” es un término anglosajón que, aplicado alámbito de la Universidad,se refiere a la derivación o extensión de un proyecto nacido de lainvestigación pública universitaria al sector privado mediante elaprovechamiento del trabajo ya hecho. Las “spin-off” son empresas privadas quese crean en el seno de otra entidad ya existente, la Universidad pública olos centros de investigación públicos, sirviendo de apoyo a las mismas yaprovechando sus recursos. Normalmente se produce cuando una persona individualque trabaja en ese ámbito público decide aprovechar los recursos a su alcancepara fundar una empresa privada, independiente de la matriz pública de la quenace, y que le reporte a partir de entonces un beneficio privado. Tienen apoyoinstitucional, pero sin embargo persiguen intereses privados. Es, sin dudaalguna, una fórmula ideal para que las Universidades públicas, con dinero detodos, ayuden a “transferir” el conocimiento y la investigación científica almundo empresarial. Es decir, cómo privatizar un conocimiento científico ytécnico que, en principio, es público. Para ello las Leyes de PropiedadIntelectual e Industrial favorecen con su sistema de patentes y modelos deutilidad una apropiación privada para uso y beneficio privado exclusivo de eseconocimiento científico generado con recursos públicos. ¡Excelente inversiónpública: pagar de nuestro bolsillo para que otros se enriquezcan! ¿Y por qué nocrear empresas públicas con esa investigación pública? Porque legalmente yacasi no se puede, las leyes del mercado y de la libre competencia lo impiden. Yaunque haya personas que defiendan este modelo de las “spin-off”, no se puedenegar lo que es.

Con estas fórmulas nuevas de privatización sedice e insiste en que solo se pretende facilitar la transmisión de la cultura ydel conocimiento, aunque curiosamente nunca ha sido tan difícil acceder a la Universidad por sualto coste, nunca ha sido tan difícil para los estudiantes y profesores decidiry participar en las decisiones sobre la estructuración de los estudios y elcontenido y forma de la investigación (cada vez más dependiente de lo quedecidan financiar las empresas privadas) y nunca ha sido tan complicado accedersiquiera al contenido de un simple libro puesto que, desde hace dos años, unestudiante ¡ya ni siquiera puede fotocopiar una hoja de un libro o un código!(tiene que pedir permiso a un profesor o catedrático porque sino vulneraría lasespantosas leyes de propiedad intelectual)

Por otra parte, esa relación cada vez más cercanaentre los intereses privados empresariales y la Universidad se hizopatente durante el Gobierno del PSOE con el polémico traslado de la Secretaría Generalde Universidades desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Ciencia eInnovación, muy estrechamente vinculado al lobby industrial ytecnológico de capital español, y a otros grupos y empresas privados. Con estetraslado la última Ministra de Ciencia e Innovación del PSOE, CristinaGarmendia, quedó como responsable última de la implantación final y definitivade la reforma universitaria. Lo que mucha gente no sabía es que CristinaGarmendia –hasta el año 2008 en que fue nombrada ministra– era una empresariacon fuertes intereses en el sector biotecnológico y formaba parte de la juntadirectiva de la CEOE ²⁴. De hecho, la incompatibilidad de sus intereses empresariales privadosdebieron haberla impedido el ejercicio de cualquier cargo público conresponsabilidad política. El colocar a una empresaria directiva de unamultinacional del sector de la biotecnología y consejera de la patronal CEOEcomo responsable de la reforma universitaria levantó una sonora polvaredapuesto que desenmascaraba, ya sin ningún tapujo, al servicio de quién y de quéintereses se hacía la reforma. Tanta fue la polémica al respecto que elGobierno, tratando de lavar su imagen, no tardó ni un año en trasladar de nuevola Secretariade Universidades al Ministerio de Educación, al frente del cual colocó a unfilósofo, Ángel Gabilondo, cuya retórica conciliadora y perfil académico, almargen de sus verdaderas intenciones, pretendió serenar los ánimos caldeados yacallar las críticas ²⁵. El baile de ministros venía a ejemplarizar las propias dudas de la“izquierda” institucional del PSOE para justificar el Plan Bolonia.

Por tanto, la insistencia hasta el hartazgo en laexpresión “transferencia del conocimiento” por parte de los responsables deestas reformas revela los objetivos reales de las mismas, y pretendeconvertirse en el leitmotiv que de tanto repetirlo acabe por hacernos asumirdicha “transferencia” como un sacrificio necesario, y hasta positivo, para eldesarrollo económico en los años venideros.

Conclusión

Los descontentos sociales que están generandoestas reformas, el Plan Bolonia ya implantado y la “Estrategia 2015” que los desarrolla, soninnumerables. Se empiezan a percibir los efectos negativos de estastransformaciones. Muchos estudiantes y profesores han reaccionado en todaEuropa contra estos cambios; en Francia, Italia y Grecia; en Inglaterra durante2010 con fuertes movilizaciones en la calle por el aumento del coste, ya de porsí prohibitivo, de la enseñanza universitaria; en Alemania, donde después devarios años de rodaje del nuevo modelo se está demostrando su absoluto fracaso;y en España, donde las movilizaciones alcanzaron su cénit en el curso 2008-2009con un sin fin de huelgas, parones, ocupaciones, asambleas, debates y puestosde información por toda la geografía del estado.

Entre las quejas más comunes está la de la bajadadel nivel y de los contenidos con los grados (4 años y 240 créditos), lo queobliga en muchos casos a cursar un máster con posterioridad (para obtener una“ventaja competitiva”), puesto que el grado no es equivalente, en absoluto, ala antigua licenciatura de 5 años y 300 créditos. Por otra parte, alconvertirse todos los grados en presenciales el alumno está obligado a acudir atodas las clases, como en el instituto, no pudiendo organizar su tiempo deestudio libremente, y dificultando mucho la realización de otras actividades,ya sean de formación complementaria, culturales, políticas, deportivas o desimple ocio. Además, los horarios están ahora sujetos a cambios arbitrarios queobligan al estudiante a amoldar todo su tiempo e intereses a las clases, sinque pueda dedicar su tiempo a otras necesidades o decidir qué clases leinteresan y cuáles no. Todo esto es una forma sin duda de atar al estudiante auna rutina arbitraria de obediencia y sumisión que le despoja de herramientasesenciales para su libre formación y desarrollo intelectual y personal, con unafinalidad: “prepararle” para un mercado laboral altamente precarizado y exigente. Una de las consecuencias directas de este sistema de clases presenciales–absurdo para la mayoría de las carreras, no tanto para otras como enfermería omedicina en los que ya existía– es que ahora se hace prácticamente imposiblecompatibilizar el estudio de una carrera con el trabajo. A este respecto hayque tener en cuenta que hasta la entrada en vigor del Plan Boloniaaproximadamente un 30% de los estudiantes compatibilizaba el estudio con algúntipo de trabajo o actividad remunerada, que normalmente les permitía costear lacarrera. Ahora con las clases presenciales eso va a ser prácticamenteimposible. Entonces, ¿qué harán los jóvenes estudiantes? ¿abandonar losestudios por el trabajo? ¡Pero si no hay trabajo! ¿Dedicarse a estudiar? ¡Novan a poder pagárselo! ¿Qué salidas tienen entonces los jóvenes en España?Tres, sin duda: por tierra, por mar y por aire...

Por otra parte, aunque algunas carreras oestudios hayan podido salir beneficiados coyunturalmente por algún aspectoconcreto y aislado del proceso de Bolonia, nadie a estas alturas se atreve anegar que incluso aquellos aspectos de la reforma que mejor supieron venderse–como la mejora de la movilidad, la posibilidad de compatibilizar y convalidartodos los títulos fácilmente, etc...– han sido un completo fraude.

Por último, pero no por ello menos importante, nose puede olvidar al personal asalariado de la Universidad (PAS), queha sufrido también en carne propia un proceso de privatización y recorte derecursos. La progresiva externalización de servicios universitarios (desde lalimpieza, hasta el servicio de fotocopias o de seguridad) es un proceso queviene de largo, pero que se ha agudizado en los últimos años. Laexternalización ha supuesto la entrada de la subcontratación lo que ha ido endetrimento de la calidad de los servicios, recortándose muchos de ellos yempeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Con laexcusa de la crisis económica y la merma de recursos financieros se handegradado y recortado, de una manera mísera y cicatera, servicios esencialespara el correcto funcionamiento de una Universidad. Así, por ejemplo, en muchasfacultades, sin disminuir el número de alumnos, se ha pasado en apenas un parde años de tener un servicio de fotocopias de mañana y tarde, a solo de mañana,y de tener dos o tres fotocopiadoras en reprografía a solo una, lo que provocacolas, retrasos y problemas que merman la calidad de la enseñanza.

Finalmente, y ya para concluir definitivamenteeste extenso análisis, hay que decir que las luchas de los estudiantes,profesores y PAS contra el denominado Proceso de Bolonia durante estos últimosaños han estado más que justificadas. En este sentido, la denominada“Estrategia 2015”desarrolla y refuerza todos los propósitos y objetivos del Proceso de Bolonia,agravando aún más si cabe la situación: control directo de la gestión y de losórganos de gobierno de la Universidad por las empresas privadas, mayor control de losplanes de estudios y de la investigación por las empresas patrocinadoras,elitización con Universidades de primera y de segunda, financiación públicasubordinada a los intereses privados, aumento exponencial de las tasas paratrasladar el mayor coste posible a los estudiantes, becas-préstamo conintereses, etc... ²⁶En suma una privatización y mercantilización definitiva de la Universidad pública,rendida a los pies de los intereses de los mercados y del mundo privadoempresarial.

Por todo ello la lucha debe continuar. Esnecesario cambiar por completo el modelo universitario que se está implantando.Es imprescindible defender una educación superior pública de acceso libre yuniversal, entendida como un servicio público de calidad y gratuito –o al menoscon un coste para el estudiante que no le impida por ningún motivo de caráctereconómico acceder al mismo. Y sobre todo una educación que sirva a losintereses generales de la sociedad, eficiente y racional, con un controldemocrático y participativo de la misma, donde intervengan y decidanprofesores, alumnos y trabajadores junto con los responsables políticospertinentes en vez de capitalistas y patrocinadores privados.

Notas

1Salvo la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, quedepende del Estado central.

2Aunque es cierto que la Universidad ha sidodesde la fundación de la primera en Bolonia en el s.XI, Italia, una instituciónde la que han partido casi siempre las grandes ideas que han transformado lasociedad (como por ejemplo la Reforma protestante), no es menos cierto tampoco que, a pesarde su autonomía, esa función crítica que tantas veces se ha desplegado en suseno lo ha hecho lastrada u obstaculizada por unas estructuras, un control yuna dependencia, a veces casi absoluta, de los poderes y la ideologíadominantes en cada época. La Iglesia Católica en la Edad Media, o el Estadoliberal nacionalista a partir del s.XIX.

3GATTS: General Agreement on Trade in Services –Acuerdo General sobre Comercio en los Servicios, de 1995. Acuerdo internacionalcelebrado entre los países miembros de la OMC –Organización Mundial de Comercio– para abriral ámbito de la competencia comercial y económica privada los serviciospúblicos de los Estados. Pretende que se desmantelen esos servicios públicosestatales para que los mismos sean suministrados por empresas privadas con laintención de obtener un beneficio económico de esa actividad, aplicando así lastesis más ortodoxas de liberalización y privatización del neoliberalismoeconómico.

4Pero también la educación primaria y secundaria.

5Este es el objetivo que han pretendido vender con elintento de conformar el llamado EEES, Espacio Europeo de Educación Superior,basado, entre otras cosas, en un sistema único de créditos europeos: loscréditos ECTs. Sin embargo, la realidad es que después de varios años siguenexistiendo los mismos problemas para convalidar títulos y asignaturas, inclusoahora también entre Universidades de un mismo Estado por culpa de planes deestudios diferenciados; y, por otra parte, la movilidad enmascara la pretensiónde que las Universidades que tengan mayor financiación privada puedanapropiarse de los mejores profesores en detrimento del resto, concentrando asíen unas pocas instituciones a la élite académica.

6La Declaración de Boloniade 1999 tiene, no obstante, un precedente en una declaración anterior, tambiénde Ministros de Educación europeos: la Declaración de la Sorbona de 1998.

7LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, deUniversidades; la cual entró en vigor en enero de 2002.

8En el art.14 LOU el Consejo Social se configura ahoracomo el órgano de participación de la sociedad en la Universidad (léase delas empresas privadas), al cual le corresponde la aprobación del presupuesto yde la programación plurianual de la Universidad, entre otras funciones. Este ConsejoSocial (con representación empresarial) será el embrión de un futuro órgano degobierno dominado por las empresas privadas que sustituya en la práctica a losórganos clásicos de representación democrática: el Claustro y el Consejo oJunta de Gobierno.

9Algunas empresas colaboradoras en el proyecto deUniversia del Banco Santander en 2011: KPMG, Bankinter, Banco Popular, Banesto,Ericsson, Indra, HP, Vodafone, Accenture, Deloitte, Ersnt & Young, Cepsa,EADS, Eulen, Acciona, entre otras (casi todas grandes multinacionales yempresas financieras, bancos y auditorías)

10Acuerdo 98/2004, de 15 de julio, por el que se apruebael Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de León(Se puede consultar en BOCYL, nº.139)

11Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el quese establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Se puedeconsultar en BOE nº 260 de martes 30 de octubre de 2007)

12Aunque, si bien es cierto, que los Máster públicos sediferencian de los privados en que aquéllos permiten acceder directamente aotros títulos como los de Doctorado mientras que éstos no. Pero quizás seandiferencias que el tiempo, por otra parte, no tardará en suprimir.

13En la Universidad de León (ULE) el presupuesto ha sufrido unareducción consecutiva del 20% en los dos últimos años, 2009 y 2010.

14Financiación del Sistema Universitario Español, CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA, Comisión deFinanciación; Madrid, 20 de abril de 2007, p. 52-56: Propuestas de financiaciónde la Comisión Universitaria. Se puede consultar en la página de la CRUE: http://www.crue.org/

15DÍEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE J. Mercantilizaciónuniversitaria y capitalismo académico. León, 2009.- Ponencia realizada enmayo de 2009 en el Aula Magna de la Facultad de Biología y Ciencias Ambientales de la Universidad de León.Se puede consultar en internet un artículo similar basado esencialmente en estaponencia en la siguiente página web: http://www.revistadefilosofia.com/23-05.pdf

16El “salario nominal” es la cantidad exacta de dineroque cobra un trabajador, en cifras, sin aplicarle ningún factor corrector. Porel contrario el “salario real” es aquel que tiene en cuento el aumento(inflacción) o disminución de precios (entonces se le aplica el factorcorrector del IPC), o el aumento o disminución de la producción (en cuyo casose le aplica el factor de corrección del PIB). El “salario real”, por tanto,refleja de manera clara y directa la pérdida o aumento de poder adquisitivo delos asalariados, es decir su capacidad real de compra, mientras que el “salarionominal” es una mera cifra vacía. Ver el excelente estudio comparativo entresalarios reales y nominales Evolución de los salarios en España (1978-2010):http://www.agarzon.net/?p=949

17Esta campaña salió en toda la prensa escrita nacional.Ver, por ejemplo: EL PAÍS, lunes 9 de marzo de 2009 (p. 37)

18En la Universidad de León se creó en 2007 la FEGULEM (Fundación Generalde la Universidadde León y de la Empresa).La misma se define como: Fundación docente privada, con personalidadjurídica propia y sin ánimo de lucro, para la promoción de la cultura, laeducación y a la investigación científica y técnica de la Universidad de León, ysus relaciones con la sociedad y el mundo empresarial. (...) pretendeconvertirse en un instrumento capaz de poner a disposición de la sociedad, todoel potencial de la universidad y sus recursos, tanto humanos como materiales (…)Ver: http://www.fgulem.es/ Entreotras Fundaciones ya existentes con anterioridad destaca la Fundación Generalde la Universidad Complutense de Madrid, creada en 1984, ypatrocinada entre otras multinacionales y empresas privadas por el BancoSantander, Caja Madrid, ACS, Ferrovial o Iberia. Ver: http://www.ucm.es/info/fgu/

19SMI: Salario Mínimo Interprofesional. Salario mínimofijado por el Gobierno cada año por debajo del cuál está prohibido contratar aun trabajador a tiempo completo, es decir es el salario que debe cobrar todotrabajador como mínimo por la jornada legal de trabajo . Para el año2011 el SMI era de 641,40 € al mes.

20Real Decreto 1493/2011, por el que se regula lainclusión en el Régimen General de la Seguridad Socialde las personas que participan en programas de formación (Se puede consultar enBOE de 27 de octubre de 2011)

21Así, por ejemplo, las becas de la FEGULEM de la Universidad de León laremuneración que recibe el becario es pagada en una proporción de casi el 50%por la Junta deCastilla y León. Por tanto, en realidad a la empresa privada el trabajo del“becario” apenas le cuesta, en muchos casos, más que 200 € escasos (¡por pocole sale gratis!)

22INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.

23DÍEZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE J. Op. cit.

24De hecho Cristina Garmendia ha sido presidenta yconsejera delegada de Genetrix, una importante empresa biotecnológica española,y ha estado y continúa directamente vinculada al sector empresarial de labiotecnología (a través de fundaciones y acciones, principalmente) Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Garmendia

25Ángel Gabilondo, último ministro de educación delGobierno del PSOE y hermano del conocido periodista y presentador televisivoIñaki Gabilondo, era el Rector de la Universidad Autónomade Madrid (UAM) en el momento de su designación para el cargo.

26Para más información sobre la “Estrategia 2015” consultar lassiguientes páginas: http://dosmilquince.blogspot.com/ http://www.kaosenlared.net/noticia/estrategia-universidad-2015...a-vueltas-bolonia

Alejandro Vidal Álvarez. Licenciado en Derecho

Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139371&titular=la-transformaci%F3n-de-la-universidad-p%FAblica-

Sanidad Pública: Propuestas que no van a debatirse en el circo electoral

2011-11-15T14:52:00.001-08:00

La salud no depende solamente de los factores que conocemos como sanitarios, depende en mucha mayor medida de factores sociales, económicos, laborales y/o medioambientales, sobre los que se puede actuar con medidas socio-políticas.

Cerca de 2/3 de las enfermedades están determinadas por dichos factores, mientras que el actual sistema sanitario, totalmente dependiente de las multinacionales farmacéuticas y de la tecnología sanitaria, está centrado en un modelo curativo, hospital centrista y de medicalización de todos los aspectos de la vida.

Es imprescindible un cambio paulatino hacia un modelo de promoción de la salud que actúe realmente sobre los factores que influyen en su mejora, contra los “productores de enfermedad”, y que permita a la población asumir el control de todo aquello que determine sus niveles de salud.

Fuera el negocio de la sanidad y de los servicios socio-sanitarios. Derogación de la Ley 15/97, de las normas autonómicas que la desarrollan y de todas aquellas leyes que introducen el ánimo de lucro en la sanidad.

Puesta en marcha de un plan de rescate de todos los centros privatizados, en base al deficiente funcionamiento de dichos centros, a la selección de riesgos que se está produciendo en ellos, al lastre económico que suponen para las arcas públicas, y por tanto, al interés general.

Reorganización y aumento de plantillas e implantación de un segundo turno en aquellas especialidades necesarias para optimizar al máximo los centros y recursos públicos. Prohibición de peonadas y horas extras. Supresión paralela de los conciertos privados. Establecimiento de un sistema real de incompatibilidades.

Incremento del gasto sanitario público para garantizar una atención adecuada a la población.

No a la parasitación del sistema público: facturación de todos los servicios prestados por el Sistema Nacional de Salud a mutuas laborales y de accidentes tráfico; prohibición de la utilización de centros públicos para la formación de alumnxs de universidades privadas, etc.

Establecimiento de mecanismos de control real y autogestión del sistema sanitario por parte de trabajadores y pacientes: “Si nosotrxs lo pagamos, nosotrxs lo gestionamos”.

Contra la parcialización del SNS en 17 servicios de salud y por la supresión de la nueva casta de burócratas autonómicos: supresión de las transferencias sanitarias que no han supuesto ningún acercamiento del sistema a la población, ni mucho menos la participación real de la población en su control o gestión. Cartera de servicios y prestaciones iguales para todo el territorio.

Desarrollo de una industria farmacéutica pública básica. Central de compras para farmacia y resto de materiales. Distribución de los medicamentos más prescritos desde los propios centros sanitarios. Potenciación de la investigación y formación continuada dentro del sector público y no mediante multinacionales y farmacéuticas.

Integración de aquellas medicinas alternativas, que hayan demostrado su eficacia, en la cartera de servicios del SNS.

Transparencia: Acceso en todo momento y para cualquier ciudadano, de toda la información sobre gasto, indicadores de calidad, etc.

CAS Madrid. Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=75&titulo=COMUNICADOS

Los determinantes reales de la salud

2011-11-10T15:55:00.001-08:00

Frente a las declaraciones recientes del consejero desalud de la Generalitat de Cataluña, aparecidas en varios medios decomunicación diciendo que: "la salud es un bien privado que depende de unomismo y no del Estado", y que la salud depende sólo de la genética, losantecedentes familiares y los hábitos personales, queremos recordar,precisamente para hacer pedagogía, cuáles son los factores reales quedeterminan la salud individual y colectiva. Los profesionales de la salud y laciudadanía en general deben conocer cuáles son estos factores, llamados"determinantes sociales de la salud", y que han sido recogidos en lasdefiniciones e informes de diversas instituciones, organizaciones yconstituciones estatales, entre ellas la Constitución española.

Contrariamente a lo que sostiene el consejero Boi Ruiz,hoy sabemos que las enfermedades de origen exclusivamente genético representansólo una proporción muy pequeña de los problemas de salud pública.

En el Informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la OrganizaciónMundial de la Salud se indica que: “la acumulación tóxica de factores socialesinjustos y evitables, como la desigualdad económica, la precariedad laboral, lacontaminación ambiental, la inseguridad alimentaria, el no tener una viviendadigna, o la falta de participación y de democracia dañan la salud y creainequidades.” La Comisión llama a estos y otros determinantes como son laspensiones, el nivel educativo, las desigualdades entre hombres y mujeres (eltrabajo reproductivo y en especial la violencia contra las mujeres) y laparticipación social y política, las "causas de las causas" de lasalud y la inequidad en salud.

Es por estas razones que la Organización Mundial de laSalud señala: "El derecho a la salud obliga a los estados, (y, en el casode Cataluña, a las autonomías ya que tenemos transferidas todas lascompetencias) a generar las condiciones en las que toda la ciudadanía puedavivir de la manera más saludable posible.” Por su parte, la Constituciónespañola en su artículo 43 dice: “1. Se reconoce el derecho a la protección dela salud. 2. Corresponde a los poderes públicos, organizar y tutelar la saludpública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y serviciosnecesarios...”. "Igualmente, también el Estatuto de Autonomía de Cataluñatiene varios artículos sobre el mismo derecho y las funciones del Gobierno, asícomo también la Ley General de Sanidad y la recientemente aprobada (enseptiembre de 2011) Ley de Salud Pública regulan las obligaciones del Estado yde las Autonomías en la vigilancia, control y prevención de los factores nopersonales sino sociales que pueden afectar la salud, haciendo énfasis en lanecesidad de tener en cuenta la salud en todas las políticas.”

Por todo ello, denunciamos la gravedad de lasdeclaraciones del Consejero al afirmar que la salud es un bien privado que nodepende del estado y que "no hay un derecho a la salud". Estasafirmaciones o bien reflejan un estado de ignorancia o bien son simplemente unamanifestación de la política privatizadora de la sanidad que actualmente llevaa cabo la Generalitat de Cataluña, amenazando con copagos, la desgravaciónfiscal de los seguros privados y realizando recortes indiscriminados de la sanidad pública, las razones de las cuales no hansido explicadas en ningún documento.

El próximo paso del consejero quizá sea, si la salud esun asunto privado, decirnos: "Sea cuidadoso con sus hábitos personales ysi enferma utilice los servicios privados, porque el estado (en este caso elgobierno de la Generalitat) no tiene ninguna responsabilidad sobre susalud". Si así fuera, esto tendría consecuencias muy graves para la saludde los catalanes y muy especialmente de las personas más desfavorecidas.

Josep Martí-Vallspertenece al Grup de Polítiques de Salut del Centre d’Anàlisi i ProgramesSanitaris (CAPS), Joan Benach esmiembro del Grup de Recerca de les Desigualtats en Salut, Employment ConditionsNetwork (GREDS-EMCONET), y Carme Borrelles del Grup de Polítiques de Salut del CAPS.

Sin Permiso

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4529

Traducción para www.sinpermiso.info:Maria Tallaferro

El ataque a la salud, en los umbrales del delito

2011-11-06T15:33:00.000-08:00

La durísima política contra lasanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamosintangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona,el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionalessanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a laque se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU atacafrontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna"asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de formareiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 delEstatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de estederecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidadhumana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto,estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirlapor otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduceinevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase deexclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda laciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entreellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el plenoreconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera antepolíticas antisociales.

Así lo proclamó la Conferencia Mundialde Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechosson universales, individuales e interdependientes y están relacionados entresí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma globaly de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismopeso".

Naturalmente, desde estaperspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unasestrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que setraducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar laprestación de los servicios correspondientes.

Si la Constituciónestablece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales yefectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo nopueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino quedeben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que sellama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.

Es decir, los derechos socialespueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, poracción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacciónestá afectando al derecho básico a la dignidad humana.

Consecuentemente, elincumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidadpuede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmenteprohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.

La violación por los poderespúblicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propiode la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de quelas decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean unabuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si asífuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y lafiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a lasautoridades y funcionarios públicos que "impidan" a los ciudadanos"el ejercicio de derechos cívicos", en un precepto que contempla deforma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendenciapersonal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal.Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actualsignificación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merecey necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad másjusta e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una políticasanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso,quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendopreventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Carlos Jiménez Villarejo fuefiscal anticorrupción.

El País

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/ataque/salud/umbrales/delito/elpepiespcat/20111017elpcat_5/Tes

De la limosna a los derechos, tu escoges. Está en tu mano, porque SOMOS MÁS!

2011-11-06T05:01:00.000-08:00

Leo en O Militante un artículo titulado “O Estado assistencialista ou a esmola como política oficial” (El Estado asistencialista o la limosna como política oficial) de José Augusto Esteves. Y curiosamente, mientras tanto oigo en la radio un spot de la campaña electoral del PP en el que se propugna para Catalunya que la política cultural sea financiada por patrocinadores privados. La coincidencia me produce escalofríos, no sólo por el progresivo abandono de las funciones del Estado tanto en temas sociales como en los culturales que significan la configuración en alzado, creación, valores, solidez, identidad y libertad de un colectivo, sino porque cuando miro a Grecia y a Portugal me siento visitada por los fantasmas de las navidades futuras en el probable caso de que el próximo 20-N sea el PP quien arrase en las urnas. Y opino entonces que hay demasiada gente quieta, callada, que no se deja ver, que no está defendiéndose de la realidad que nos amenaza (con o sin campañas electorales, todo hay que decirlo), ni ocupando las calles y las plazas… Y que incluso los partidos que se reclaman de la izquierda se pronuncian de manera demasiado plana. Porque no se trata solamente de no callar. Se trata de denunciar, con todas las alarmas en funcionamiento, de que los programas liberales que amenazan con ganar las elecciones también en España, suponen la conversión de los derechos sociales (y de la cultura en Catalunya) en beneficencia pública y privada. Y esta apuesta por la humanidad, la rebeldía y los hombres y mujeres en pie (dempeus) no caduca el 20-N, ni mucho menos.

Tomo de Esteves la afirmación de que “el Estado como garante y protector de los derechos sociales universales - como expresión institucional de los logros más importantes de la lucha del movimiento obrero y reflejo en la historia de una sociedad alternativa al capitalismo – ha sido sometido durante mucho tiempo al fuego cerrado de los que aspiran a volver a un pasado de explotación laboral sin límites y sin restricciones. Esta ofensiva, provocada por los grandes centros del capitalismo internacional, se articula con el proceso de contra-revolución que están llevando a cabo las fuerzas de la troika unidas en el pacto de la agresión e intervención del FMI y la Unión Europea.” En Portugal el programa de Passos Coelho (el Mariano Rajoy luso) está vendiendo los servicios públicos y promueve su creciente comercialización con soluciones de colaboración público-privada (¿les suena?) mientras limita el acceso a los derechos y beneficios sociales con una regulación restrictiva orientada hacia el desmantelamiento de un Estado con responsabilidades que están recogidas no sólo en los Derechos Humanos, sino en la Constitución. Y eso mismo está pasando ya en España, incluso se votó hace pocos días en el Parlamento como reforma constitucional “obligada” por “los mercados” ¿verdad que sí les suena?

Pero veamos que más puede seguir… Por ejemplo, en Portugal, una parte significativa de la población ocupada, con bajos ingresos, comenzó a ser excluida de servicios como el subsidio familiar, la ayuda escolar, el complemento social de las personas mayores, del subsidio de desempleo, las rentas de integración social, el reembolso de medicamentos, el transporte no urgente de pacientes, los descuentos en transportes de personas mayores, etc…

Por lo que a la evolución del sector de la salud portugués se refiere, con el creciente papel desempeñado por las grandes empresas y otros intereses privados entre los que se incluye la gestión de las unidades del Servicio Nacional de Salud, la enfermedad se está convirtiendo en un negocio altamente rentable ya que el acceso universal deja paso a seguros contratados con mútuas (¿les sigue sonando la musiquita?) con un progresivo vaciamiento de las responsabilidades del Estado en el sector sanitario. En el caso de Portugal, para las personas que carecen de medios, se ha puesto en marcha un programa que pervierte el concepto de política social en caridad: se trata del Programa de Emergencia, que muestra con transparencia cristalina las concepciones ideológicas de sus promotores en relación a la pobreza. Su visión nos recuerda no sólo la cruda realidad del fascismo, pero que nos devuelve a los crudos tiempos de la revolución industrial en Inglaterra, replicando las respuestas e ideas de las clases dominantes sobre las las condiciones de pobreza dramática de las clases trabajadoras con las famosas Leyes de Pobres, sus medidas de castigo y la aplicación de la norma de asistencia por el trabajo como condición para tener derecho a la ayuda de la parroquia.

También se oyen amenazas de este estilo en la campaña electoral que vivimos en España. Se coquetea torpemente con la idea de condicionar la prestación por desempleo a una especie de prestación de trabajo gratuita… sin ni siquiera cuestionar el origen del derecho al subsidio de desempleo se encuentra en un sistema en el que los beneficiarios son solidariamente responsables con sus propias contribuciones y lo garantizan, o, dicho de otra manera, se trata de un derecho financiado por los que trabajaron e hicieron deducciones de seguridad social… y no es un regalo de nadie, y menos de las alas más ultraliberales de los populares europeos en versión portuguesa o española… o inglesa, porque también David Cameron está hablando en Inglaterra de la “Big Society”, una operación de engaño que también aspira a más voluntariado, más caridad y menos Estado, liberando con ello de responsabilidad al Estado en el desempeño de las funciones sociales y transformando, también en Gran Bretaña, los derechos sociales en limosna.

Si este asalto al progreso humano y a la democracia, si este retroceso de siglos en los avances de civilización se avalan en las urnas el 20-N ¿nos estamos dando cuenta de verdad de qué vida nos espera, de cómo no sólo estamos sacrificando nuestra dignidad sino nuestra inteligencia, de que estamos minando cualquier perspectiva de futuro para nosotros mismos y quienes están por venir si no nos rebelamos… si no nos damos cuenta de que SOMOS MÁS?

Angels M. Castell

Punts de Vista

http://puntsdevista.wordpress.com/2011/11/06/de-la-limosna-a-los-derechos-tu-escoges-esta-en-tu-mano-porque-somos-mas/