ATTAC se incorpora a la campaña STOP-EPAs

La Unión Europea promueve la pobreza, el paro y el subdesarrollo.

La Comisión Europea ha decidido llevar a cabo una política comercial más agresiva en defensa de los intereses de "nuestras" empresas transnacionales en los mercados internacionales. ¿En que consiste esta política? Se dice pronto: aumentar el déficit comercial y la dependencia económica de los países más empobrecidos; disminuir sus entradas fiscales, con lo que disminuirán los recursos para financiar la erradicación del analfabetismo, la lucha contra el SIDA y otras pandemias; destruir su incipiente tejido industrial; incrementar el paro; arruinar miles de pequeños campesinos y ganaderos; comprometer la seguridad y soberanía alimentar de las comunidades agrarias.

En suma, la Unión Europea (UE) quiere contribuir a la pobreza en el mundo. "¿Hombre, los burócratas de la UE se han vuelto locos?", se preguntarán Ustedes. No, sencillamente ellos saben bien como defender los intereses de las grandes corporaciones internacionales, que gastan millones para hacer "lobby" en los pasillos de Bruselas.

Frente al fracaso de las negociaciones comerciales de la "Ronda de Doha" en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la Comisión Europea ha decidido perseguir con decisión los "Acuerdos de Asociación Económica" (EPA, en ingles) que prevén la liberalización de las inversiones, de los mercados de servicios y del acceso a contratos para obras públicas en países socios comerciales de la UE, además de una mayor protección para los derechos corporativos y de propiedad intelectual de las corporaciones multinacionales europeas.

La UE quería cerrar antes del final del 2007 numerosos EPAs con los 79 países "menos desarrollados" de África, Caribe y Pacifico, aunque no se ha podido hacer por la fuerte oposición de los países africanos. Varios estudios independientes promovidos por movimientos altermundialistas demuestran que las consecuencias de estos acuerdos son las descritas arriba.

Los EPAs son la realidad del neo-colonialismo y expolio de los recursos de los países empobrecidos que se esconde detrás de la retórica de la ayuda al desarrollo y de las falsa reducción de la deuda, Una campaña conjunta de organizaciones y movimientos del Sur y del Norte - "STOP EPA" - se está desarrollando para pararlos.

Manifiesto-Declaración: http://www.stopepa.org

FIN A LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO UE-ACP

Desde el 2002 la Unión Europea (UE) y los países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP) han estado negociando Acuerdos de Asociación Económica como parte del Acuerdo Cotonú.

El objetivo de los Acuerdos de Asociación Económica es de establecer “nuevos mecanismos de comercio OMC compatibles que disminuirían progresivamente las barreras al comercio entre la UE y los países ACP”, los cuales construirían sobre “las iniciativas para la integración regional de los estados ACP” y promoverían “el desarrollo sostenible y contribuir(ían) a la erradicación de la pobreza en los países ACP”.

La manera en la cual se están negociando y estableciendo los Acuerdos de Asociación Económica implica que son principalmente Acuerdos de Libre Comercio. La EU ha insistido sistemáticamente que los Acuerdos de Asociación Económica sean basados sobre una interpretación estricta de las reglas del OMC, con el objetivo de eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias sobre mas del 90% de comercio UE-ACP dentro del período transicional lo mas corto posible.

Adicionalmente, la UE solicita que las negociaciones enfoquen también los campos de la inversión, la competitividad, la promoción del comercio, licitación gubernamental, servicios y protección de datos. Estas negociaciones ya han sido rechazadas por los países ACP dentro de la OMC por sus implicaciones negativas para el desarrollo. Bajo el pretexto de asociación para el desarrollo, la UE está retomando su agenda OMC a través de los Acuerdos de Asociación Económica.

A pesar de gran renuencia por los países ACP, la Comisión Europea ha estado ejerciendo fuerte presión, tanto económica como política, para apresurar el paso de las negociaciones para los Acuerdos de Asociación Económica sin que haya suficiente preparación. Las voces en Europa y el ACP solicitan a la Comisión que considere otras opciones han sido ignoradas.

A raíz de su dependencia sobre la cooperación internacional, los gobiernos ACP no tienen otra opción sino de aceptar la demanda por parte de la UE de abrir sus mercados a los productos y servicios Europeos. El gran énfasis sobre la ‘liberalización’ dentro de las negociaciones EPA demuestra que estas negociaciones son principalmente para la expansión del acceso de Europa a los mercados ACP, en vez del desarrollo de los países ACP. Esfuerzos de integración regional juegan un papel central en las estrategias de desarrollo de los países ACP.

Los Acuerdos de Asociación Económica pondrán en peligro estos frágiles procesos de integración regional y expondrán los productores ACP a la competitividad desigual Europea en mercados nacionales y regionales.

Como resultado se generarán niveles de desempleo mas altos, la pérdida de medios de vida, inseguridad alimentaria y desigualdad social. Los gobiernos ACP enfrentarán pérdidas importantes en ingresos públicos a raíz de la eliminación de tarifas aduaneras y continuarán a enfrentar el problema de la huida de capital asociado con la liberalización.

Mientras que la Comisión Europea dice que los Acuerdos de Asociación Económica son ‘instrumentos para el desarrollo’, todas las valoraciones a la fecha indican que el peso de los ajustes requeridos para implementar los Acuerdos de Asociación Económica será cargado exclusivamente por los países ACP, inclusive los PMAs.

Los objetivos de Cotonú sobre la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible han sido reducidos por la UE a una agenda egoísta de liberalización de inversión y comercio. Los Acuerdos de Asociación Económica incrementarán la dominación por, y la concentración de, compañías, productos y servicios Europeos, Como consecuencia se incrementarán y prolongarán el deterioro socioeconómico y la fragilidad política que caracterizan a la mayoría de los países ACP. Acuerdos de Asociación Económica que tienen como base acuerdos de libre comercio recíprocas no tienen ni una lógica económica ni de desarrollo desde el punto de vista de los países ACP.

Por estas razones rechazamos los “Acuerdos de Asociación Económica » tal como están ahora concebidos.
Lanzamos un llamado para la revisión de la política externa comercial neoliberal de la UE, especialmente en sus relaciones con países en vías de desarrollo.
Exigimos que la cooperación comercial UE-ACP sea informada por una estrategia:

• que se basa sobre el principio de la no-reciprocidad entablada en el sistema generalizado de preferencias (GSP) y de tratamiento especial y diferenciado dentro de la OMC.
• que proteja los mercados nacionales y regionales de los productores ACP
• que revierta la presión por la liberalización del comercio y la inversión
• que permita suficiente espacio político para el desarrollo de políticas nacionales y apoya el seguimiento de sus propias estrategias de desarrollo por los países ACP

Empresas transnacionales, poder político y poder mediático.

Las empresas transnacionales son un actor político de primer orden a raíz de su capacidad de incidencia en la agenda política y en las reglas de juego globales...

El objetivo principal de la empresa transnacional es la obtención y la maximización de beneficios. En consecuencia, las grandes empresas buscan continuamente nuevas formas de reducir costes y de incrementar sus ingresos, nuevos lugares en los que extraer recursos naturales y materias primas y países con marcos reguladores más laxos que les permitan contratar mano de obra barata y sin restricciones ambientales. Y, por ello, no dudan en incidir, desde la posición de poder que ostentan, en el cambio de legislaciones e, incluso, de gobiernos.

Una empresa se considera transnacional cuando su participación en el capital de, al menos, una empresa de un país extranjero es igual o superior al 10 por ciento. La compañía participada por la transnacional pasa a ser una filial. La forma más simple que tiene una empresa para convertirse en transnacional es por medio de operaciones de inversión extranjera directa (IED).

Las empresas transnacionales han ido transformando su actividad y forma de relacionarse con el mundo. En los siglos XVII y XVIII eran compañías comerciales que importaban grandes cantidades de metales preciosos de las colonias. Más tarde en el siglo XIX y con la Revolución Industrial, Europa se concentró en desarrollar su propia industria manufacturera y las empresas transnacionales existentes en las colonias importaban materias primas para las grandes urbes. En la primera mitad del siglo XX las transnacionales pasan a organizar las actividades productivas en el extranjero, en empresas filiales, que son una copia de la empresa matriz.

En el contexto actual, con un capitalismo todavía más globalizado, estas empresas avanzan en su transnacionalización y establecen redes de producción, comercialización y finanzas a nivel internacional. La acumulación de capital y poder político en manos de las transnacionales se acentúa más que en ninguna otra época. La propiedad de la empresa puede ser compartida por personas de diferentes nacionalidades a raíz de su participación en los mercados financieros.

Las transnacionales no suelen ser empresas de reciente creación, sino todo lo contrario, suelen ser empresas que han necesitado de muchos años de actividad para poder internacionalizarse. Y aunque esto se encuentre en contradicción con las reglas del libre comercio y liberalización tan defendidas hoy por los empresarios, han conseguido concentrar poder y dinero gracias al proteccionismo inicial de sus Estados-nación de origen. Ello contribuye a que las mayores transnacionales del planeta pertenezcan a los países desarrollados. De hecho, la matriz o central de 99 de las 100 primeras del mundo está en países del Norte.

La carrera de las fusiones y las subcontrataciones o la radicalización del ahorro
La transnacionalización empresarial es un imperativo derivado de la competencia existente en un mercado capitalista mundializado. Por lo tanto, el factor principal que mueve a las empresas a invertir en el extranjero es la competitividad. Esta competitividad puede responder a una doble lógica, la de triunfar en el mercado o la de protegerse para no ser absorbida.

Los principales mecanismos que utilizan las empresas transnacionales hoy en día para actuar y extenderse a nivel global son la fusión y la subcontratación. La fusión implica que los activos, los pasivos y las operaciones de dos empresas se comb inan para establecer una nueva entidad cuyo control reside en un equipo integrado por ambas o únicamente por una de ellas (en este último caso se habla de adquisición). Ello les permite conseguir mayores economías de escala, ser más competitivas y más fuertes para poder afrontar los nuevos retos que plantea el mercado. La integración empresarial - implícita en todo proceso de fusión- puede realizarse de tres maneras: Integración horizontal: se produce cuando dos empresas del sector mismo se fusionan. Casos como los del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) o Repsol-YPF son un buen ejemplo de ello.

Integración vertical: en este caso, se asocian empresas que se dedican a diferentes etapas del proceso productivo, de manera que la empresa resultante tiene un mayor dominio sobre la totalidad del proceso.

Integración diversificada: consiste en la asociación entre empresas que trabajan en campos que no tienen mucho que ver. Estas fusiones permiten disminuir riesgos y aumentar la solidez financiera. Como resultado de ello nacen los llamados conglomerados, que no son una forma avanzada de empresa (ya que no se especializan en ningún campo) pero sí la fórmula más especulativa y que puede tener mayor rentabilidad a corto plazo.

Al contrario de lo que puede parecer, las empresas que se fusionan, aunque se expansionen y crezcan, no tienen porqué hacerse más grandes. De hecho, las fusiones permiten a las empresas reestructurarse, evitar duplicar funciones, subcontratar actividades que no son estratégicas y por lo tanto hacerse más ligeras en concepto de mano de obra, infraestructuras o personal directivo. En general, las grandes empresas tienden a aligerar su estructura.
Para ello, se deshacen de la gestión directa de actividades que no consideran estratégicas y subcontratan a otras empresas a precios muy reducidos. La subcontratación es otra fuente de ganancias debido a que se suelen establecer con empresas de los países del Sur (donde los salarios son más bajos) y, además, se trata de un tipo de operación con la que se evita la inversión directa y la asunción de determinadas responsabilidades. Como ejemplo, el coste de mano de obra de una zapatilla Nike equivale a un 1 por ciento del precio final.

El sutil poder de las transnacionales
Con el objetivo de garantizar su dominio en un mundo globalizado como el actual, las transnacionales se han convertido en actores influyentes en el diseño de las reglas del juego de la economía global. Para ello inciden en los gobiernos de los Estados-nación y en las instituciones internacionales para que jueguen a favor de sus intereses. En la mayoría de los casos, intentan reducir al máximo los marcos legislativos que encorsetan su actividad y limitan sus ganancias, sin importar el menoscabo que se pueda llevar a cabo en términos de calidad democrática. Concretamente, ¿cuáles son los ámbitos de influencia de las empresas transnacionales?

En primer lugar, inciden en los procesos electorales de los países en los que se encuentran ubicadas. La manera más habitual de hacerlo consiste en inyectar grandes sumas de dinero en las campañas electorales de los partidos políticos más afines. Otra manera de influir en este terreno es la de las amenazas al electorado, transmitiendo una versión negativa a la opinión pública de lo que sucederá en el país si sube al poder el candidato que menos les interesa.

Algunas empresas han llegado a utilizar estrategias contundentes en este ámbito. Entre los casos más conocidos destaca el golpe de Estado en Chile que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende (1973). Este golpe fue promocionado y financiado por la CIA y la Internacional Telephone and Telegraph (ITT), empresa que se había visto afectada por la nacionalización de la compañía de teléfonos por parte de Allende.

Por otro lado, las empresas transnacionales inciden mediante el lobby o presión política. Los lobbies son grupos empresariales (integrados por abogados y expertos en diferentes temas) que trabajan activamente para modelar las políticas nacionales e internacionales en función de los intereses de las empresas a las que representan. Se ubican físicamente cerca de los lugares de toma de decisiones como puede ser Washington DC, Ginebra, Madrid o Bruselas. Sólo en el marco de la UE, en Bruselas, hay una media de 5 lobbistas por parlamentario.

El fenómeno llamado puertas giratorias permite que algunas personas influyentes, durante su vida laboral, pasen a trabajar de la esfera pública a la privada y viceversa. De esta forma las empresas se aprovechan de los conocimientos y relevancia adquirida por personas que han ocupado un cargo público, o colocan a personas de su total confianza en instituciones públicas clave.

El soborno es otro importante mecanismo de influencia que consiste en prometer u ofrecer una remuneración a un agente público, funcionario, alto cargo de un gobierno o dirigente de una empresa pública, de forma que éste tenga que violar los deberes que tiene con la colectividad pública a la que representa. Una de las cuestiones más preocupantes de la corrupción es que afecta sobre todo a las poblaciones más empobrecidas de los países del Sur.

Esto es así porque cuando un inversor corruptor paga un 15 por ciento en sobornos, añade este “coste” al precio del contrato de la inversión. Esta inversión pasará a costar más y la población humilde, que es la que paga los contratos de electricidad y agua, pagará al final el soborno a través de la tarifa de precios. Otra forma de pagar es a través de la Deuda Externa, si la inversión se financia con créditos internacionales.

Otra dimensión igualmente crítica para el desarrollo de la democracia se encuentra en la incidencia en los medios de comunicación. Hoy en día, los medios de comunicación masivos no acostumbran a informar sobre las externalidades y los abusos que se derivan de la actividad de las transnacionales. Ello se debe, además de a razones ideológicas, a que los medios de comunicación tienen una estrecha relación con éstas.

Tengamos en cuenta que, en primer lugar, los medios dependen a menudo de los ingresos en concepto de publicidad que les reportan. Y, en segundo lugar, las transnacionales y sus accionistas acostumbran a invertir o a tener participaciones en los medios de comunicación privados. Así, si Telefónica es propietaria de Antena 3, es poco probable que en los informativos de esta cadena se informe (o, al menos, de manera imparcial) sobre una huelga de los trabajadores de Telefónica. Como consecuencia de todo ello se vulnera un derecho humano fundamental como es el acceso a la información, y se dificulta la generación de movimientos de presión hacia gobernantes y empresas.

A modo de conclusión
Las empresas transnacionales son un actor político de primer orden a raíz de su capacidad de incidencia en la agenda política y en las reglas de juego globales. A pesar de ello, no están sometidas a ningún tipo de control democrático.

Tampoco contamos actualmente con los marcos jurídicos adecuados para controlar su actividad económica y penalizar determinadas externalidades que generan: depredación de recursos naturales, violaciones de Derechos Humanos y laborales, etc. Ante esta realidad, es importante evaluar el papel jugado por las transnacionales y crear marcos legislativos nacionales y supranacionales que permitan controlar sus acciones. Además, por cuestiones de calidad democrática, resulta imperativo separar dos poderes que, de facto, tienen “amistades peligrosas”: los dirigentes de las transnacionales y la clase política gobernante.

Jesús Carrión Rabasco y Toni Verger 26-2-2008.Observatorio de la Deuda en Globalización (ODG)*
* El artículo está basado en el libro: El Sutil poder de las transnacionales, y en diferentes investigaciones que se han llevado a cabo en el ODG. Fue publicado en el nº 22 de Pueblos, julio de 2006, Especial Multinacionales, pp. 7-9.
Bibliografía básica:BAKAN, Joel (2006): La Corporación. La búsqueda patológica de lucro y poder.Volter, Robinbook, Barcelona.GUILLÉN, Mauro F. (2006): El auge de la empresa multinacional española. Colección Economía y Empresa. Marcial Pons, Madrid.KLEIN, N. (2001): No logo. El Poder de las marcas. Paidós, Barcelona.VERGER, Toni (mayo 2004): El sutil poder de las transnacionales. Colección Contraargumentos de Icaria Editorial, Barcelona.WERNER, Klaus y WEISS, Hans (2004): El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales. Debate, Barcelona.

Nuevo retroceso en la UE en el tema de los Servicios Públicos

Bruselas rechaza elaborar una legislación específica para la definición de los Servicios Públicos (SSPP) y para protegerlos de las reglas de competencia del mercado interno.

En una rueda de prensa celebrada el pasado 20 de noviembre, El Presidente de la Comisión Europea , Durao Barroso, presentó una nueva Comunicación sobre el Mercado Interior de la UE, en la que se anunciaban las medidas que la Comisión adoptaría para consolidar y reforzar el mercado único y afrontar con éxito los retos del siglo XXI. Según Barroso, este mercado único ha jugado un papel primordial en el suministro efectivo y equitativo de los servicios públicos en la UE, sin aportar, claro está, ningún dato que confirmara esta sorprendente declaración.

En el mismo acto, tras una intervención del Comisario de Mercado Interior, McCreevy, en la que se volvieron a cantar las excelencias de este mercado único y lo ricos que nos ha hecho a todos los europeos (olvidando aclarar en que proporción se ha distribuido esta riqueza), le tocó el turno al Sr. Spidla, Comisario de Asuntos Sociales, quien anunció la adopción por parte de la Comisión de sendas Comunicaciones sobre Servicios de Interés General (SIG) - incluyendo en ella a los Servicios Sociales de Interés General (SSIG, que es como se refiere vergonzantemente la Comisión a los SSPP ) - y sobre “oportunidades, acceso a las mismas y solidaridad” en el marco de la realidad social europea. Ambas serían la base para la renovación de la agenda social para 2008 y reforzarían la pretendida dimensión social del mercado único.

Con respecto a las peticiones formuladas por diversos agentes sociales- entre ellos la Confederación Europea de Sindicatos mediante una campaña de recogida masiva de firmas- sobre la necesidad de que la Comisión adoptara, mediante la correspondiente Directiva, una legislación específica sobre SIG, que permitiera una definición amplia de los mismos a nivel europeo y la correspondiente protección frente a las normas de competencia que rigen en el mercado interior, Spidla ha manifestado que los mandatarios de la UE han acordado resolver esta importante cuestión mediante la inclusión de un nuevo artículo 14 en el Tratado de Reforma y el añadido de un protocolo anexo al mismo, sobre la base de la Comunicación sobre SIG mencionada anteriormente. Estas medidas se consideran suficientes para dotar de un nuevo marco a los SIG y disipar cualquier incertidumbre jurídica, adelantando, eso sí, que se implantará un servicio de información interactivo vía Internet para aclarar posibles dudas.

Esta decisión significa que la Comisión no intentará definir los SIG a nivel europeo (tales como sanidad, educación, o vivienda social) ni las circunstancias bajo las cuales quedarían exentos de la aplicación de las normas de competencia. Serán, en su lugar, los Estados Miembros los que definirán y aplicarán las leyes nacionales correspondientes para la prestación de los SSPP, bajo la condición expresa de que las actividades del sector público que se consideren comerciales (la gran mayoría de los SSPP, según la Comisión) quedarán sujetos a los principios de competencia.

Esta medida, aunque temida, ha causado un profundo disgusto entre los diversos agentes sociales, especialmente sindicatos y movimientos sociales, que propugnaban una legislación específica para mayor seguridad jurídica y protección de servicios tan esenciales para la cohesión social, como se hizo patente durante los debates promovidos por la UE el pasado año, con motivo de la ley general sobre servicios, denominada coloquialmente directiva Bolkestein, en el que estos agentes sociales argumentaron que esta directiva no proveía una clara definición del concepto de “interés general”, clave para poder distinguir entre los distintos tipos de servicios y salvaguardar los que promovieran este interés de las leyes del mercado interno.

Así, el secretario general de la CES, John Monks, manifestaba que la Comisión está utilizando el mencionado protocolo como excusa para no hacer nada, ya que este protocolo no ofrece la suficiente claridad legal para los suministradores de SSPP ni la necesaria protección de los mismos frente a los objetivos de lucro propios de las leyes de mercado y competencia que rigen el mercado interno. Denunciaba Monks que la Comisión hubiera hecho caso omiso de las más de 500.000 firmas recogidas por la CES exigiendo una directiva sobre SSPP, y lamentaba el apoyo prestado en su día por los sindicatos que representa a la constitución del mercado único, puesto que la Comisión no había cumplido el compromiso de reforzar la dimensión social de la UE y había dedicado exclusivamente sus esfuerzos a la liberalización y privatización de todos los servicios.

Otros movimientos sociales, como la Plataforma Social, aunque aceptan el principio general de que sean los estados miembros los que definan las reglas de los SSPP, expresan el temor de que sus competencias en este sentido vengan seriamente limitadas por las leyes de competencia del mercado interno se deba a acudir, en caso de conflicto, al veredicto del Tribunal Europeo de Justicia, de un marcado talante neoliberal.

Este temor se corrobora por las recientes declaraciones de Barroso , en las que considera que la amplia mayoría de servicios de interés general constituyen actividades económicas y deben quedar sujetas a las normas de la competencia, aunque reconozca que las actividades propias de los SIG sean “esenciales para la vida cotidiana de ciudadanos y empresas y reflejen el modelo social europeo “ y que “será responsabilidad de las autoridades públicas el decidir sobre la naturaleza y alcance de los SIG, sean o no económicos, y la sujeción de los mismos a las obligaciones propias de los SSP, tales como el acceso universal” .

Incluso importantes fuerzas políticas del Parlamento Europeo han manifestado su desacuerdo con esta decisión de la CE. Así, el Partido socialista Europeo, PSE, insiste en la necesidad de una legislación especial para los SSPP y considera que el mencionado protocolo podría ser la base para ello, manifestando que seguirá apoyando la campaña actual promovida por la CES. Incluso el Partido Popular Europeo, que ha apoyado plenamente la Comunicación sobre reforzamiento del mercado interno cara al siglo XXI, comparte la necesidad de una legislación específica para los SSPP.

Es de lamentar que las energías desplegadas por la CES en esta campaña, a la cual se adhirió ATTAC, no se emplearan en su día en rechazar la famosa Directiva Bolkestein, que ha insistido en la consabida tendencia de liberalización y privatización de servicios y que ha introducido una gran inseguridad jurídica en la prestación de los SSPP, y que se dejaran seducir de nuevo por los cantos de sirena de la Comisión, que, tal como hizo cuando se aprobó la constitución del mercado interno, prometió ocuparse “posteriormente “ de proteger debidamente los SSIG, faltando, como ya es proverbial, a sus promesas una vez alcanzados los objetivos deseados

Asimismo resulta poco convincente el desagrado y la sorpresa de las principales fuerzas políticas europeas, especialmente el PSE, con esta decisión de la CE tras el apoyo masivo prestado por las mismas a la aprobación de la D. Bolkestein y, en la actualidad, al Tratado de Reforma de la UE, que consagra la aplicación de normas de competencia real y no falseada a la producción, circulación y prestación de bienes y servicios en el mercado único de la UE.

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Attac España

Attac Alemania lidera la campaña contra la privatización de los ferrocarriles alemanes

Nuestros compañeros de Attac Alemania nos hacen llegar una buena noticia: a través de una campaña de movilización ciudadana se ha parado la privatización de los ferrocarriles alemanes.

Una coalición de los sindicatos ONGs, organizaciones de movimientos sociales y expertos del transporte público, liderados por Attac Alemania, ha parado el proyecto para privatizar los ferrocarriles alemanes Es la primera gran victoria de la sociedad civil contra los proyectos neoliberales de la gran coalición que gobierna Alemania.

Después de la cumbre del G8, Attac Alemania ha concentrado sus fuerzas en la campaña contra la privatización. En tanto que la campaña nacional fue organizada por una gran coalición que incluía entre otros el importante sindicato Union ver.di ( 2,4 millones de afiliados en todo el mundo ) ; así como Amigos de la Tierra y otros muchos organizaciones, la actividad de base fue llevada principalmente por los grupos locales de Attac. La oficina de la campaña estuvo situada en las oficinas de Attac Alemania en Francfort.

Bajo presión de varios días nacionales de la acción, la presión coordinada en miembros del parlamento (en el detalle de los social-demo'cratas y de los conservadores que gobiernan), las contradicciones internas en la coalición grande llegó a ser tan importante, que el proyecto ahora está en un callejón sin salida político. No se asegura, eso la privatización realmente se para, pero se parece probablemente.

El éxito ha sido posible por una combinación de varias actuaciones a gran escala durante un largo período de tiempo , incluyendo:

-protesta masiva mediante el envío de emails a los miembros del parlamento
-acciones creativas del tipo "flash mob " en 80 estaciones;
-presión sobre los parlamentarios más representativos;
-acciones frente a la Conferencia del Partido Socialdemócrata (SPD) ;
-tres campañas de la petición contra la privatización de los ferrocarriles dirigida a los miembros del partido socialdemócrata, a los sindicatos y al conjunto de los ciudadanos; -
-reparto masivo de octavillas en los trenes y a los viajeros (400.000)
-varias acciones de colocación de banderolas espectaculares que colgaban en las estaciones, incluyendo una bandera enorme en la estación central de Berlín;
-producción y distribución de una película contra la privatización;
-funcionamiento de una website popular de la campaña: www.deinebahn.de ("su ferrocarril")
-crecimiento progresivo de la coalición de la campaña a nuevas organizaciones
-el trabajo permanente de los "media " que fue coordinado por un secretariado de la de la campaña

Como la Gran Coalición cuenta con una confortable mayoría de dos tercios en las dos Cámaras del Parlamento alemán, la victoria era solamente posible a través :
a) del trabajo de convencimiento de varias organizaciones sindicales, así como de los organizaciones locales y regionales del SPD, que terminaron uniéndose a la campaña. El corrupto sindicato de trabajadores ferroviarios alemanes se vino abajo debido a la presión de un grupo interno de la oposición, así como por las actuación del competente sindicato ver.di que coordinó la campaña.
Momentos antes de la Conferencia de octubre del SPD la organización socialdemócrata de la Juventud, (Jusos ) y el sindicato alemán más importante el "IGmetall" se unieron a la campaña contra la privatización . Los socialdemócratas, bajo presión del Nuevo Partido de la Izquierda quieren renovar su imagen como fuerza para la justicia social. Por lo tanto, son y eran el punto débil en la coalición neoliberal.
Los delegados del SPD votaron imponiendo condiciones para la privatización que eran inaceptables para los conservadores. Esto condujo a un callejón sin salida político para la privatización.

b) Posibles rupturas en la coalición de cómo privatizar los ferrocarriles.

La Asamblea General de Attac Alemania de este fin de semana ha decidido seguir sosteniendo a campaña para el caso en que la idea de privatización volviera a "renacer".
La victoria ha creado un buen ambiente general en nuestra red, que se ha visto capaz de poner en marcha campañas eficaces, poniendo en común todas las fuerzas de la organización así como los esfuerzos conjuntos de Attac Alemania.

Nuestros compañeros de Attac Alemania nos hacen llegar una buena noticia: a través de una campaña de movilización ciudadana se ha parado la privatización de los ferrocarriles alemanes.

Noticia enviada por Attac Alemania (18 Nov. 2007)

El impacto de la política comercial de la Unión Europea sobre los servicios públicos

Con su comunicación del octubre 2006: “Europa Global: compitiendo en el Mundo”, la Comisión Europea (CE) ha fijado nuevas pautas en sus relaciones comerciales con los demás países, en particular con los países empobrecidos que tienen mayor potencial de crecimiento. La política comercial se considera como un elemento clave para conseguir más empleo y crecimiento en Europa. Lamentando que hasta el momento esta política haya sido “demasiado orientada” a objetivos de desarrollo, la CE quiere desarrollar una “robusta” acción para la defensa de los intereses económicos europeos, favoreciendo la apertura de mercados para sus empresas, en particular para las grandes transnacionales que más activamente operan en el mercado global internacional.

Esta política comercial “agresiva” hacia el exterior debería contribuir a conseguir los objetivos de la estrategia de Lisboa, de ” convertir en 2010 a la Unión Europea (UE), en la economía, basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo “, mediante las siguientes acciones :

• Defender los intereses de las corporaciones aún a costa del desarrollo sostenible, de la protección ambiental, de la cohesión social o de la misma democracia
• Promover el mutuo reconocimiento de los estándares sociales, laborales y ambientales ya existentes, en lugar buscar su armonización a el nivel más alto en la UE
• Orientar prioritariamente la legislación y las actuaciones de la UE hacia la mejora de la competetividad de las empresas

Esta estrategia no hace nada más que poner en práctica el principio – confirmado en el Tratado Reformado – de que la UE se funda sobre una “economía de mercado donde la competencia sea libre y no falseada”.

La CE reconoce el fracaso del proceso de negociación multilateral en el marco del la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aún manteniendo un respeto formal de este marco multilateral, declara su intención de ir mucho más allá, a través de negociaciones directas bilaterales con los países emergentes. El objetivo último es conseguir una apertura total de los mercados de estos países a la penetración de las empresas europeas. Particular interés tiene el sector de servicios, que representa el 77% del Producto Interno Bruto (PIB) y del empleo en la UE. En muchos países empobrecidos sectores de servicios públicos como los servicios financieros, el transporte, los servicios ambientales (distribución y saneamiento de aguas, tratamiento de residuos) están bajo control público, inspirándose su gestión en el principio de que toda la población pueda beneficiarse de ellos con independencia de su poder adquisitivo. La UE quiere presionar a los países más prometedores para que estos servicios se ofrezcan al libre mercado. La comunicación de la CE pone como ejemplo la producción y distribución de la energía: la UE quiere “mejorar el clima empresarial para las inversiones de las compañías europeas y [...] abrir la producción y exportación de recursos energéticos a las empresas de la UE”:lo que se traducirá en más liberalizaciones y privatizaciones. De hecho, la UE quiere ir más allá, y obligar a países ricos en recursos naturales a eliminar cualquier limitación a la explotación de estos recursos, aún si están establecidas por razones de fomento de la economía interna, protección ambiental o gestión sostenible de los mismos. A pesar de la mucha retórica sobre el desarrollo sostenible, Europa quiere seguir abasteciendo su modelo despilfarrador a cualquier coste.

Para conseguir una plena liberalización, la CE reconoce la importancia de las obras publicas, que representan entre el 10 y el 25% del PIB de los países empobrecidos. La mayoría de estos países tienen regulaciones que limitan la participación de empresas extranjeras en las licitaciones publicas. Estas regulaciones sirven no solo para fomentar el desarrollo de las empresas y del empleo local, sino también para garantizar que los servicios públicos sean gestionados según criterios sociales y ayuden la cohesión territorial. Justo por ello estas regulaciones representan un obstáculo para los beneficios de las empresas de la UE, y la CE quiere que se supriman.

Otra forma de garantizar el acceso paritario a los servicios públicos para todas las capas sociales son las diversas formas de subvenciones para los servicios públicos, o de subsidios para los usuarios económicamente más desfavorecidos. Desde una lógica puramente empresarial, estos subsidios son una “competencia desleal”, porque privilegian la gestión publica o las empresas nacionales. Todavía los países poderosos no pueden legislar directamente en los países empobrecidos, pero pueden ejercer presión en los tribunales internacionales para que leyes desfavorables a los intereses de sus empresas sean declaradas “obstáculos innecesarios a la libertad de comercio”, y los países sancionados por la comunidad internacional si no las retiran o modifican. La CE promete que hará un uso más intenso de esta posibilidad en el futuro. Pocos países podrán permitirse el lujo de resistir a este chantaje, y para los más rebeldes existe siempre la amenaza de condicionar la ayuda al desarrollo al cumplimiento de los deseos de los poderosos.

Otro terreno codiciado por la UE y sus empresas son los derechos de propiedad intelectual. Con el pretexto de la lucha contra el fraude, la CE quiere imponer reglas que impongan el respeto integral de la misma. En este caso el objetivo más inmediato es el pingüe mercado farmacéutico y las patentes sobre recursos naturales. La UE quiere socavar las ya limitadas salvaguardias que la OMC permite para obviar las patentes de medicamentos en caso de emergencias sanitarias, y que han sido aplicadas por algunos países (India, Sudáfrica, Tailandia) para importar medicamentos genéricos baratos para combatir pandemias come el SIDA.

¿Qué impacto puede tener una mayor presencia de las empresas transnacionales europeas en los servicios públicos de los países empobrecidos, en ausencia de una eficaz regulación por parte de los poderes públicos? Cualquier estudiante de primer grado de económicas sabe que las empresas privadas basan su gestión en conseguir beneficios a corto plazo, lo que conlleva:

• Una política de recuperación de los costes: el acceso a los servicios públicos se torna imposible para quienes no puedan pagar las tarifas de mercado
• Una política de generación de beneficios: inversiones para la mejoría de los servicios se decidirán según criterios meramente económicos y no según necesidades sociales
• Una política de selección de la clientela: la gama de servicios ofrecidos se limitará a los que más interesan a los usuarios (ahora “clientes”) pudientes, y no se garantizarán los servicios públicos a las capas económicamente más desfavorecidas porqué son menos rentables

No habría nada de intrínsecamente malo en esta lógica si se aplicara solo a la producción de perfumes, trajes de gala o coches de lujo. Muy diferente es la situación cuando las empresas privadas gestionan servicios básicos como la sanidad, el agua, la electricidad o el transporte: sencillamente se quitan a los pobres medios fundamentales de subsistencia.Un buen ejemplo de esta forma de proceder lo tenemos en los famosos Acuerdos de Colaboración Económica (EPAs , en inglés) que la UE está imponiendo a los 76 países más empobrecidos del mundo de Africa, Caribe y Pacífico.

Pero, las desventajas no se limitan a los países empobrecidos. La comunicación de la CE hace hincapié en la necesidad que haya una mayor “coherencia” entre la política exterior de la UE y su política interior. Esto en la práctica significa que se quiere crear un “entorno más favorable a las empresas” también dentro de nuestras propia fronteras, a través de una profundización de los procesos de liberalización y privatización de los servicios públicos en la UE, en la línea trazada por la “Directiva Bolkestein ” sobre servicios en el mercado interior de la UE. Ya sabemos lo que estas políticas liberales conllevan: disminución del gasto público en sanidad, educación, cultura y prestaciones sociales, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados de los servicios públicos (precariedad laboral, despidos masivos, bajos sueldos, horas extra y falta de calificación).

Boletín La oveja negra.

La oveja negra es un boletín electrónico de carácter mensual emitido por la Plataforma para la defensa de los Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid. Podéis descargar el nº2, correspondiente al mes de mayo, pinchando AQUÍ

Boletín Eurotopía

Eurotopia No. 4: los servicios públicos en Europa

La privatización de los servicios públicos sigue avanzando de forma implacable en toda Europa. Este suplemento especial de Eurotopía, un proyecto de colaboración paneuropeo entre revistas progresistas y sindicatos, analiza la expansión del sector privado en el suministro de servicios públicos y recoge una serie de iniciativas sindicales y ciudadanas para mejorar dichos servicios manteniendo su carácter público.
Europa, S.A.
Paolo Andruccioli La privatización de los servicios públicos avanza de forma implacable en toda Europa. Este artículo analiza qué es lo que eso implica para consumidores, trabajadores, ciudadanos y la democracia en general.
Alternativas para la reforma del sector público en Europa
Mathew Little con unas privatizaciones que no consiguen suministrar servicios públicos de calidad, ¿qué alternativas hay al célebre 'no hay alternativa'? Desde las iniciativas sindicales e Noruega y Gran Bretaña a los presupuestos participativos en Italia y España, Mathew Little parte en busca de novedosas reformas en el sector público de toda Europa.
Europa unida en defensa de los servicios públicos Giulio Marcon y Duccio Zola repasan la resistencia a las privatizaciones en Europa, destacando el papel de las iniciativas sindicales paneuropeas y de una creciente alianza entre movimientos sociales y sindicatos.


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