miércoles, 16 de febrero de 2011

¿Qué pasó con la mediática gripe A?

La gripe A generó el año pasado una enorme alarma social y repercusión mediática, con un impacto económico para los sistemas sanitarios públicos no relacionado con el número de casos y su mortalidad. Los servicios de epidemiología de México, donde se inició la epidemia, cometieron un error inicial sobre la mortandad de la gripe y éste fue aceptado sin más por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se equiparó entonces esta nueva gripe a la llamada gripe aviar, para la que se tomaron medidas excepcionales (vacunaciones masivas, fabricación de costosos medicamentos antivirales, aislamiento de poblaciones, dotación de recursos asistenciales, etc.).

La OMS declaró la situación de pandemia mundial, lo que puso en alerta máxima a los servicios sanitarios de casi todos los países del mundo, sobre todo del “desarrollado”. Sin embargo, cuando descubrieron que en realidad se trataba de una epidemia tipo 3 (muy contagiosa y de baja gravedad) con una mortalidad incluso menor que la de la gripe estacional (con dos fallecidos por cada 10.000 infectados), en lugar de asumir públicamente el fallo, la OMS negó la verdad manteniendo la alerta y cambiando incluso el concepto de pandemia internacional. La presión de la poderosa industria farmacéutica, que vio en la gripe A una enorme posibilidad de negocio, la incompetencia de los servicios sanitarios y el temor de las autoridades gubernamentales a retirar la alerta de manera unilateral, contribuyeron a que las excepcionales medidas, que consumieron ingentes cantidades de esfuerzos organizativos, económicos y sanitarios, se mantuvieran artificialmente durante muchos meses.

No obstante, la mayoría de los profesionales sanitarios fueron conscientes, desde casi el principio, de que todo era un enorme montaje mediático y económico y se negaron a colaborar activamente en el desarrollo de medidas como la vacunación masiva o la prescripción de los antivirales acumulados, que además de ineficaces podían causar daños colaterales en forma de efectos secundarios. En España esta actitud se tradujo en que la vacunación fue baja, al igual que el consumo del tamiflú.

Este año la gripe A, desprovista de la alarma del pasado año, ha llegado más tarde, con mayores molestias, y ha afectado sobre todo a los más jóvenes. El año pasado a estas alturas la gripe se batía en retirada, después de haber dejado un sonado y mediático reguero de afectados. La epidemia esta vez ha colapsado los servicios de urgencias y las camas de agudos, poniendo una vez más de manifiesto las deficiencias de nuestros servicios sanitarios, con una atención primaria masificada y una ausencia clamorosa de camas para enfermos crónicos para proporcionar cuidados hospitalarios de baja intensidad a estos pacientes con bajas defensas. Esta situación de colapso reiterado y previsible es resultado de la falta de inversión de los gobiernos central y autonómicos en servicios sanitarios, sometidos a severos recortes presupuestarios por la crisis.

Se pueden sacar conclusiones de esta situación de cara al futuro, pero es previsible que sean desconocidas por quienes nos gobiernan a nivel europeo y español. En primer lugar, las autoridades sanitarias, con la OMS a la cabeza, no han estado a la altura de sus obligaciones. Por otra parte, la gran presión mediática que magnificó la gripe respondió a intereses económicos de las grandes multinacionales de la farmacia y al afán de protagonismo de algunos periodistas para ganar audiencia recurriendo al catastrofismo. Multinacionales y gobiernos afines trataron de mantener a la opinión pública atemorizada, lo que favoreció su desmovilización y desplazó de la actualidad la corrupción, el fracaso económico de las políticas neoliberales, etc. La consecuencia es que se han despilfarrado miles de millones de euros que podrían haber servido en hospitales, centros y programas de salud pública, algo inaceptable, más todavía en tiempos de crisis.

Finalmente ha quedado en evidencia la connivencia entre la OMS y las multinacionales farmacéuticas. Desde hace tiempo la OMS fomenta lo que llama colaboración público-privada; esta crisis delata que en realidad se trata de poner a los organismos internacionales en manos de los intereses económicos privados. La desconfianza hacia los responsables de la salud pública puede ser muy peligrosa cuando de verdad se produzca una pandemia de una enfermedad de alta gravedad.

Manuel Martín García / Médico y secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Diagonal

jueves, 10 de febrero de 2011

Y sin embargo seguimos perdiendo derechos

Estas últimas semanas, a la vez que se multiplicaban los gestos de solidaridad hacia los levantamientos populares en países del norte de África contra regímenes opresores de derechos individuales y sociales, en España nos colaban uno de los ataques más serios de las últimas décadas en materia de empleo y pensiones. Curiosa paradoja. Se despierta la conciencia popular y el apoyo a un pueblo extranjero por el que hace apenas dos semanas no nos inquietábamos, y al mismo tiempo no encontramos en nuestro país una respuesta social contra un retroceso brutal programado por la Patronal y grandes grupos financieros, ejecutado por el Gobierno y defendido por los dos grandes sindicatos estatales.

Desde que se vieron los primeros síntomas de la crisis económica en 2007-2008 ya sabíamos que se avecinaban unos años de acoso del capital y consentimiento por parte del gobierno y que a la clase trabajadora, a los jóvenes y viejos desempleados, a las amas de casa, inmigrantes… sólo nos quedaba resistir. De la conciencia y la respuesta social dependía salir de ahí más o menos indemnes. Esta contestación social debía ser transmitida con fuerza (entre otros) por los grandes sindicatos, CCOO y UGT. Sin embargo, y lejos de contestar, estos dos enormes aparatos burocráticos han tratado de contentar a todas las partes, cerrando nariz y ojos cuando se anunciaban nuevos recortes sociales y saliendo a la calle ocasional y tímidamente para recuperar el apoyo popular. Cuando, por ejemplo, el año pasado, la mayoría de países de ‘la vieja Europa’ paraba las máquinas y se manifestaba contra las políticas de ajuste, nuestros dos grandes representantes frente al Gobierno y Patronal quedaron inmóviles ante los primeros recortes de prestaciones sociales y el anuncio de inminentes reformas en las cuentas públicas. La única amenaza leve fue la huelga general presentada sin mucho convencimiento y con el verano de por medio. No obstante, por muy criticable que fuera esa forma de convocar a la movilización masiva, todos sabíamos que la huelga era una oportunidad única para avivar la llama de la rabia social. Sin embargo, salvo en alguna advertencia verbal poco creíble o para realizar alguna movilización sectorial, CCOO y UGT no sólo han adoptado una actitud de pasividad total, sino lo que es peor, han acabado legitimando el discurso neoliberal patrocinado desde los diferentes bunkers mediáticos, patronales y financieros.

La última gran noticia que tienen los trabajadores y trabajadoras de sus supuestos portavoces es una foto en la primera plana de todos los periódicos, donde Mendez y Touxo, como peces en el agua, se dan la mano afablemente con los representantes de patronales y Gobierno tras la reforma de las pensiones. La firma de un documento tan regresivo sólo se explicaría si se comulga con el discurso oficial, que vuelve irremediables y urgentes los recortes en nombre del equilibrio macroeconómico y la satisfacción de ‘los mercados’.

El acuerdo, entre otros aspectos, supondría una penalización media para los trabajadores, cifrada por algunos expertos en materia fiscal, en torno al 20%. Los recortes giran básicamente en torno a tres puntos: el primero es el aumento de la edad máxima de jubilación de 65 a 67 años; el segundo punto es el aumento de la vida laboral completa para acceder a la totalidad de la pensión, pasando de 35 a 37 años (38’5 años si se tienen 65 años). La otra variable a la que han recurrido para profundizar el recorte es el número de años para realizar el cómputo de las pensiones, que pasará de 15 a 25 años.

Algún defensor de tal acuerdo no ha dudado en resaltar que tiene una importancia sólo comparable a los conocidos Pactos de la Moncloa de 1977. Es posible. Porque aquellos acuerdos, firmados en medio de una fuerte crispación social y mala evolución económica (inflación, endeudamiento exterior…), también supusieron un sacrificio mayúsculo de la clase trabajadora en su época. De hecho, a este nuevo pacto, como a los realizados en la Transición, no han dudado en catalogarlo como fruto de un gran Pacto Social. Como si los y las currantes, parados y demás precarios pudiéramos sentirnos representados en el mismo por alguno de los agentes firmantes.

Con una tasa de desempleo que mes a mes va batiendo nuevos récords, con millones de jóvenes que saltan semanalmente de empleo precario al paro y viceversa, con un sistema fiscal impositivo que, comparado con nuestros vecinos europeos, es de los que menos recauda, de los más regresivos e impotentes contra el fraude, con una política de inmigración fuertemente restrictiva que ralla el racismo la arbitrariedad y el maltrato… decir que no hay alternativa a la reforma es o bien un acto de traición, o bien un ejercicio de ineptitud intelectual y discursiva.

¿Hasta cuándo estar contentando a ‘los mercados’? Ahora que se han llevado parte del botín de las pensiones ¿nos dejarán los fondos privados en paz? ¿Está ahora satisfecha la oligarquía financiera con esta última reforma? ¿o por el contrario volverán a la carga próximamente en busca de nuevos tesoros (educación, sanidad, política energética…)?

Como todo parece indicar que ésta no es la última ‘medida de ajuste’, conviene formar parte activa en la resistencia y encontrar actores sociales válidos y verdaderos representantes que defiendan y refuercen, en las tensiones con el Gobierno y otros representantes de la patronal, el estatus y los derechos de los que hemos sufrido cada uno de sus recortes. El apoyo de los grandes sindicatos y el silencio de algunas organizaciones políticas y sociales al ‘pensionazo’ debe ser la gota que colme el vaso de los abusos del capital y el silencio de los que se alzan como nuestros representantes, políticos y sindicales.

Por eso, en medio de la crisis y con más reformas al horizonte, la reorganización social es básica para resistir los próximos envites. Y para ir recuperando, en el medio plazo, espacios perdidos en estos últimos años, en las últimas décadas: educación pública, sanidad de calidad y gratuita, reducción progresiva del tiempo de trabajo, mejora de las pensiones… Así, quizás algún día recuperaremos el verdadero sentido etimológico y social de la jubilación: el júbilo, el goce.

Editorial Economía Crítica y Crítica de la Economía

Fuente: http://www.economiacritica.net/?p=170

miércoles, 2 de febrero de 2011

Un gran error de UGT y Comisiones Obreras

Desde hace meses vengo colaborando codo con codo con todos los sindicatos de nuestro país que me han pedido apoyo porque creo que siempre, pero mucho más en estos momentos, son una pieza fundamental para defender los derechos de las clases trabajadoras. Cualquier diferencia que hubiera podido tener con sus posiciones y propuestas la he aparcado porque estaba y estoy convencido, como he escrito en varios artículos, que aprovechar la crisis para tratar de acabar con ellos es una de las estrategias que se han propuesto llevar a cabo los grandes poderes financieros y los políticos que están a su servicio. Y, sobre todo, los he apoyado porque he tenido la íntima convicción de que las diferencias entre quienes aspiramos a conseguir una sociedad más justa se deben resolver fraternalmente y no tratando de acabar unos con otros, como tantas veces ha ocurrido en el seno de las izquierdas.

Ahora, sin embargo, debo manifestar que Comisiones Obreras y UGT han cometido, en mi modesta opinión, un gran error que van a pagar caro no solo las clases trabajadoras sino esos mismos sindicatos. Aunque, al mismo tiempo, quiero también advertir del gravísimo peligro de responder al error con otro semejante que busca desde hace tiempo la derecha y el poder económico: demonizarlos y hacer caer sobre ellos toda la responsabilidad de lo que ha pasado.

Un error múltiple

A mi juicio, tanto UGT como Comisiones Obreras se han equivocado pactando con el gobierno la reforma de las pensiones públicas por varias razones:

En primer lugar, porque esta reforma significa sencillamente un recorte de derechos de los trabajadores y tendrá como efecto que, en los próximos años, muchos millones de ellos no puedan percibir una pensión pública digna al jubilarse, si es que alguna vez llegan a hacerlo, lo que para su inmensa mayoría significará no poder tenerla porque sus niveles de renta no les van a a permitir disponer de ahorro privado suficiente.

El pacto significa, sin ninguna duda, que a partir de ahora el sistema de pensiones públicas español será más injusto (porque hace recaer en mayor medida su mayor insuficiencia sobre las clases de renta más baja) y de menor alcance (porque proporcionará menos pensiones y más precarias).

En segundo lugar, creo que se han equivocado también porque han entrado en el juego del doble razonamiento falso que se viene utilizando para justificar el sistema. Uno, el de su insostenibilidad a largo plazo, que nadie ha podido demostrar rigurosamente como hemos expuesto en multitud de ocasiones los economistas críticos. Y otro, en el de aceptar que para hacer frente al desequilibrio financiero que pueda provocar esa pretendida insostenibilidad lo que hay que hacer es solo actuar por la vía de reducir el gasto, y no aumentando los ingresos, es decir, mejorando la distribución de la renta para que así haya más salarios y más cotizaciones, el empleo decente, sobre todo el femenino, la productividad y, en última instancia, los ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, poniendo en marcha políticas justamente contrarias a las que se están aplicando y que han provocado la crisis y luego, como en Irlanda, que se vuelva a recaer en ella

Para haber defendido de verdad el sistema público de pensiones, UGT y Comisiones Obreras deberían haberse cerrado en banda y haber propuesto, en todo caso, un pacto social sobre el horizonte de estos otros factores de los que también depende su equilibrio financiero a largo plazo. Al no hacerlo, simplemente han aceptado que la pauta de distribución de la renta siga siendo tan desigual como hasta ahora y que eso impida financiar mejor al sistema.

En tercer lugar, me parece que se están equivocando igualmente en explicar el pacto diciendo que se trata de una solución positiva a la crisis de las pensiones e incluso a la situación económica general. Les pasará lo mismo que le ocurre al gobierno: nadie los va a creer porque han aceptado lo contrario de lo que decían y simplemente se pensará que son un instrumento inútil para conseguir lo que dicen que quieren lograr.

Se podría aceptar que argumentasen que no ha habido otra opción, que no se ha dispuesto de más fuerza para torcer la imposición de un gobierno esclavo de los poderes financieros, que se ha conseguido lo más que se pudo conseguir… pero empeñarse en presentar este pacto como positivo es algo que nunca van a entender los trabajadores que sean mínimamente conscientes de que con él, como es evidente, van a tener menos pensiones y menos cuantiosas.

En cuarto lugar, creo que se han equivocado aceptando esta reforma, que contradice lo que venían diciendo en los últimos meses, porque al hacerlo muestran que es posible extorsionarlos y todo el mundo sabe que quien acepta un chantaje termina por aceptar, como le está pasando al gobierno, todos los que vengan detrás y eso, lejos de fortalecerlos, los va a debilitar aún más. Dentro de unas semanas, cuando de nuevo se amenace con la intervención inminente de la economía si no se firma, como ha estado haciendo el gobierno durante toda la negociación, se pondrá en la mesa la reforma de la negociación colectiva, luego la de los servicios públicos y así hasta que la definitiva sea la que se quite de en medio a los propios sindicatos que ahora se mostraron sumisos.

En quinto lugar, también creo que ha sido un error ceder al gobierno sin haber intentado ni siquiera hacerle frente, tal y como se había anunciado, con nuevas movilizaciones porque eso ha frustrado a sus propias bases y a los trabajadores que confiaban en ellos para no perder más derechos.

Pero un error que no es culpa solo de los sindicatos

Dicho todo lo anterior, que me parece que es grave y que va a traer consecuencias bastante negativas para todos, creo que al mismo tiempo hay que poner sobre la mesa otras cuestiones que a mí me parecen posiblemente tan relevantes y decisivas como el propio gran error de los sindicatos.

En primer lugar, que el principal responsable de lo que está ocurriendo es el partido socialista y sus militantes que no frenan la deriva neoliberal del gobierno ni su discurso falso que presenta las medidas que están imponiendo la banca y las grandes empresas como si en realidad beneficiasen al conjunto de los ciudadanos.

En segundo lugar, que es cierto que si no se hubiera producido ese pacto el gobierno hubiera tomado una medida aún más dañina para el sistema de pensiones y para el conjunto de los trabajadores. Lo que significa que los sindicatos han cumplido en cierta medida su función que es la de defender a los trabajadores hasta donde efectivamente puedan hacerlo

En tercer lugar, que si se ha llegado a esta situación en la que el gobierno ha podido hacer ceder a los sindicatos ha sido porque la ciudadanía no ha sido capaz o no ha estado dispuesta a darle a los sindicatos la fuerza necesaria para que éstos hubieran podido hacer frente con más decisión al gobierno. Si los sindicatos llaman a las movilizaciones y éstas son insuficientes, minoritarias o a veces incluso simplemente anecdóticas, no podemos hacer recaer luego la responsabilidad de los fracasos únicamente en los sindicatos.

Esto tiene que ver, en gran medida, con la baja afiliación sindical que existe en España. Si no participamos en sus discusiones, si no hacemos nada por cambiar la correlación de fuerzas que pueda haber en su seno, si no les damos mucha más fuerza con nuestra presencia ¿con qué derecho podemos decir después que los sindicatos son simplemente unos traidores?

Pero lo ocurrido creo que no tiene que ver solo con la baja afiliación sindical.

En cuarto lugar, me parece que lo que acaba de suceder tiene relación con el hecho de que en los últimos tiempos los sindicatos han venido desempeñando un papel que en realidad no es a ellos a quien le corresponde.

El partido socialista, que según su declaración de intenciones ante la ciudadanía se supone que debería ser la organización mayoritaria que se enfrentase a la derecha y a los poderes económicos, simplemente ha desaparecido sin apenas combatir y el gobierno de sus secretario general se limita a aplicar las recetas que le dictan, actuando como un partido más de la derecha económica, mientras la inmensa mayoría de sus militantes guarda un silencio cómplice y que ya empieza a producir, además de terribles consecuencias, incluso vergonzoso porque no son capaces de decir en público ni en sus agrupaciones lo que dicen en privado.

Y, más allá del PSOE, simplemente existe una izquierda debilitada durante años por sus rencillas internas, por la presencia de mucho discurso caduco, fragmentada y detrás de la cual hay una minoría muy militante pero un ejército de personas cansadas, frustradas, desmovilizadas y que, a lo sumo, se limitan a pontificar frente a las pantallas de su ordenador pero que a la hora de la verdad ni siquiera votan a quienes podrían ser la expresión de su radicalidad y descontento.

Quiero decir con esto que se le está pidiendo a los sindicatos que asuman el papel de referentes de la izquierda política y que actúen como tales enfrentándose constantemente al gobierno, que resuelvan desde la lucha sindical lo que debería resolver la izquierda política, y eso es sencillamente imposible.

Por ello, yo creo que en estos momentos hay que hacerle ver a los sindicatos que se han equivocado pero siempre que al mismo tiempo nos hagamos ver a nosotros mismos que también erramos cuando nos dejamos llevar por la pasividad, por el sectarismo o por un radicalismo que nada tiene que ver con la realidad en la que estamos.

Y eso significa actuar en varios frentes, y no solo en el de la crítica a CCOO y a UGT.

Significa movilizarse para explicar a la gente lo que de verdad ocurre con la crisis y las pensiones.

Significa afiliarse en mayor medida a los sindicatos para poder influir de verdad en las decisiones que tomen las dos grandes centrales.

Significa no dedicar ni un minuto a reproducir el discurso antisindical de las derechas y combatirlo en cualquier sitio para evitar que su omnipresencia termine por asumirse generalizadamente.

Significa pedirle a los sindicatos que rectifiquen pero hacerlo fraternalmente y no produciéndoles un mayor debilitamiento.

En definitiva, esta a mi juicio errónea cesión de los sindicatos es una muestra más de que la crisis que estamos viviendo, en lugar de hacer que el capitalismo se hunda, como muchos creían que iba a suceder, está reforzando el poder de quienes lo mantienen.

Por eso me gustaría terminar esta reflexión con unos párrafos de mi último libro La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, en el que precisamente trato de explicar por qué está ocurriendo todo esto.

Hacer frente a la crisis desde posiciones alternativas no consiste solo en ofrecer propuestas diferentes a las de los poderosos (…) Es necesario disponer de ellas pero además, y quizá de forma prioritaria, hay que hacer frente a este fracaso de interlocución entre las izquierdas y la gente, para lo cual hay que llevar a cabo en primer lugar un gran proyecto de convergencia muy sincero y fraternal, con gran lucidez y, sobre todo, sin un ápice de sectarismo sino anteponiendo a cualquier otra cosa los elementos transversales que permitan hacer mallas y construir redes para religar y coordinar lo local y lo disperso y para traducir a una única lengua los diferentes voces y discursos de la transformación social.
Por eso, quizá si la izquierda y los movimientos alternativos en general comenzaran a trabajar para poner en marcha prácticas políticas de este otro signo, fraternales, de emociones y afectos, de reunión, de deliberación y debate para fomentar el conocimiento, la indignación, la rebeldía y el sabotaje pacífico en lugar de dedicarse simplemente a gestionar o simplemente a radicalizar sobre el papel sus programas, las salida a la crisis que vivimos y a las que vendrán serían diferentes y conseguiríamos hundir para siempre en los vertederos de la historia las prácticas sociales que crean tanta frustración y dolor innecesarios.

Es el momento de criticar pero también el de unir, no el de autodestruirse. Y, sobre todo, es el momento de avanzar hacia el fortalecimiento político. Si queremos que los sindicatos no vuelvan a dejarnos tirados, como ahora, hagamos todo lo posible para que en España exista una alternativa política de izquierdas fuerte y unitaria que les de fuerza a los sindicalistas honestos, que tengo la seguridad de que son la inmensa mayoría, e incluso a tantos socialistas que también sienten la frustración de ver cómo su partido se suicida haciendo la política de la derecha.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC

lunes, 31 de enero de 2011

Pensiones: dos décadas de asedio contra los sistemas públicos

"El primer paso es reformar el pilar público [del sistema de pensiones] retrasando la edad de jubilación y recortando el nivel de prestaciones, empezando por los casos en que son demasiado generosas. El segundo paso es crear el pilar privado". Y para ayudar a crearlo, hay que "empequeñecer el pilar público de forma gradual".

Así lo escribió el Banco Mundial en 1994 en uno de los informes más importantes que ha producido nunca, Adverting the old age crisis [Evitando la crisis de la vejez]. Desde entonces, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las patronales bancarias y de fondos de pensiones han presionado a gobiernos de todo el mundo con el mantra expuesto en este trabajo de 1994: exigen un sistema "multipilar" en el que los fondos privados sean siempre el eje central. Y, para lograrlo, sugieren "empequeñecer" el sistema público.

El informe Evitando la crisis de la vejez' marca la pauta desde 1994

El Banco Mundial tiene incluso un documento marco para extender el "modelo multipilar" nacido del extenso informe de 1994 y que resume en ocho páginas las 436 del documento base. La propuesta tiene tres patas principales: una pública, pequeña y dirigida sobre todo a pobres y excluidos; otra privada, obligatoria, que exige la cotización de todos los trabajadores, y, finalmente, una última, privada y optativa para el que quiera mejorar su pensión.

Banca de inversión

En 17 de los últimos 19 años, el Banco Mundial ha tenido como director a un ex alto ejecutivo de la banca de inversión estadounidense, el principal lobby en favor de la extensión de las pensiones privadas: Lewis Thompson (1991-1995), que pasó 40 años en JP Morgan; James Wolfensohn(1995-2005), ex ejecutivo de Solomon Brothers, y desde 2007, Robert Zoellick, ex directivo de Goldman Sachs.

El patrimonio de los fondos privados es 12 veces superior al PIB español

Pese a ello, su "modelo multipilar" ha sido asumido como propio también por la OCDE, el FMI, y, en parte, la misma UE. "Los planes privados de jubilación son el gran sueño de la banca, porque logran que los trabajadores les transfieran parte de su salario durante toda su vida, lo que supone gestionar muchísimo dinero durante muchos años con un altísimo margen de maniobra", opina Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada y autora de Qué pensiones, qué futuro (Icaria).

Estos capitales son parte de los mercados que presionan en favor de los recortes de los sistemas públicos. En total, suman 12,7 billones de euros, más de 12 veces el PIB español(1,067 billones) y gigantes todavía mayores en comparación con algunos de los países de la UE ahora más asediados: el PIB portugués es de apenas 0,17 billones, y el griego, de 0,24 billones.

Según el último informe de la OCDE sobre pensiones y mercados, del pasado julio, los planes privados invierten cada vez más en los agresivos hedge funds. Pero en la mayoría de los casos que analiza, la principal inversión se destina a deuda pública, en un porcentaje que en algún caso llega al 90%.

Los planes privados no despegarán sin recortes públicos, admite la patronal

España, Grecia y Portugal se cuentan precisamente entre los países donde menos éxito ha tenido la fórmula "multipilar" lanzada por el Banco Mundial en 1994. La penetración de los planes privados en estos países ahora asediados es sensiblemente menor que la media de la OCDE: en Grecia son irrelevantes, en España suponen el 8,1% del PIB, y en Portugal, el 13,4%, cuando la media en la OCDE se sitúa en el 35,5%, y algunos países, como Holanda y Finlandia, superan el 110%.

La patronal del sector en España (Inverco) y la OCDE redactaron el año pasado sendos informes que coinciden en la causa del retraso de las pensiones privadas en España: concluyeron que la generosidad del modelo público impide que crezca el privado.

"A pesar del tratamiento fiscal que reciben las aportaciones a los planes de pensiones, la extensión de estos formatos de previsión depende crucialmente del espacio que las pensiones públicas dejen para ello", concluye El impacto de la crisis económica y financiera en la inversión colectiva y en el ahorro-previsión, editado en junio por Inverco. Y termina: "El que las pensiones públicas sustituyan en porcentajes muy elevados a los salarios previos a la jubilación, como es el caso de España, con una tasa de sustitución de las mayores de la OCDE, implica que hay poco margen para la expansión de las pensiones privadas".

A la misma conclusión llegó la OCDE. En un estudio de 2007 (Reduciendo la brecha de las pensiones: el papel de las pensiones privadas) lamentaba que la "vía tradicional" para alentar los planes privados las desgravaciones fiscales era "ineficiente" y sugería explorar nuevas fórmulas.

Exigencia de recortes

En el último informe sobre España, en diciembre de 2010, la OCDE ya evitó los rodeos: "El bajo nivel de contribuciones a las pensiones privadas podría ser una consecuencia de las generosas dotaciones que ofrece el sistema público". La receta que exigía hace apenas un mes iba en esta dirección: recortes en el modelo público, como el retraso en la edad de jubilación, aumento del periodo de cálculo y otras medidas que bajen la prestación.

Entre las fórmulas que la OCDE sugería ya en el documento de 2007 destacaba "lanzar campañas nacionales de concienciación" sobre los peligros del envejecimiento, para las que la propia organización ha elaborado un documento de líneas maestras.

La sugerencia de "empe-queñecer" el sistema público y lanzar campañas ya estaba en el documento del Banco Mundial de 1994: "Los pagos [del sistema público] no deben ser demasiado generosos y la reforma requiere empequeñecer el pilar público". ¿Y cómo convencer a la opinión pública? "En Chile, altos cargos del Gobierno dirigieron una intensiva campaña en los medios para convencer a la gente de la quiebra del viejo sistema", subrayaba el Banco Mundial.

Inmediatamente después de publicarse este informe, en muchos países empezaron a aparecer estudios augurando la inminente quiebra del sistema público. Los impulsaron sobre todo fundaciones del sector financiero o la patronal. En España empezaron a difundirse el mismo año 1994 con El futuro de las pensiones públicas, lanzado por BBV, pero en apenas dos años editaron estudios parecidos el Círculo de Empresarios redactado por José Piñera, el ex ministro de Pinochet que dirigió la privatización en Chile, La Caixa y los que coordinó el catedrático José Barea, entre otros.

Todos auguraban la quiebra del sistema público y en algún caso estimaban que su deuda acumulada en 2010 supondría el 10,7% del PIB. La realidad es que tiene un superávit acumulado superior al 6% del PIB. Pero en 1995 los fondos privados apenas tenían en España un patrimonio de 13.000 millones y el pasado septiembre sumaban 84.000.
Fuente . http://www.publico.es/internacional/358837/dos-decadas-de-asedio-contra-los-sistemas-publicos

viernes, 8 de octubre de 2010

Capitalismo, competitividad y educación

Introducción
La educación es siempre un espacio social altamente ideologizado y politizado. Tras lo que frecuentemente se constituye en sus disfraces científico-técnicos y su parafernalia conceptual, en las sociedades en manos de opresores, ella se ha orientado, en lo esencial, a hacer apología de ese orden social, con lo que ha contribuido a preservarlo; eso pese a sus, como regla, formales declaraciones a favor del progreso, la justicia y la equidad social. Tanto ella como sus diversas instituciones son, así, terreno de la lucha de clases, por más que ello trate de ocultarse. Pero, más allá de la lucha de clases, vivimos momentos llenos de magnos peligros para la existencia humana y la de todo el planeta, derivados de la infinita sed de poder del capital sobre los recursos naturales, la riqueza social, la fuerza de trabajo y el hombre en general. En este sentido, si la educación quiere hacer algo por contribuir a eliminar o, al menos, reducir esos peligros, debe alejarse por completo de los procesos que, inducidos por el capital globalizado, la empujan con mucha fuerza a su servicio.

De ahí que resulte lamentable que cada cambio en sus instituciones, por más que lleve el sello indeleble de los grandes capitales, se presente como una demanda de “nuestro tiempo”, de la “comunidad internacional” y de otras muchas cosas que se expresan, como las mencionadas, por medio de eufemismos. No asombra que, cada año, aparezcan más y más conceptos, instrumentos metodológicos, talleres y procesos que se presentan como grandes novedades o como herramientas eficaces para el “cambio”: el que las transnacionales pretenden imponer, utilizando recursos engañosos, como el Proceso o Plan Bolonia. De ahí que el utillaje conceptual de las universidades, lejos de ser el resultado de su propio quehacer y de su acumulación de experiencia, se importa, en grado creciente, de las grandes empresas industriales, financieras y comerciales que pretenden ser las dueñas absolutas del mundo en que vivimos.

De esta suerte, las instituciones educativas, sus carreras, programas, proyectos, su personal docente, administrativo y de servicio, así como sus educandos, se quieren medir, valorar, evaluar, con parámetros, “estándares” o variables del mercado. Y así como las empresas privadas desechan máquinas, tecnologías y personas cuando se estiman obsoletas, inútiles o sobrantes, así también se pretenden definir los asuntos propios del quehacer académico, incluyendo a sus trabajadores en general y a sus estudiantes. Así la privatización de la concepción educativa pueda llegar antes de que llegue la privatización efectiva de todo el quehacer, infraestructura y recursos de sus instituciones. [1]

Partiendo de esta realidad, manifestamos rechazo tajante a la persistente adopción de conceptos neoliberales por parte de las instituciones educativas de carácter público. Por las razones que les han dado origen, por su naturaleza de servicio a una nación, cualquiera que ésta sea, y, por tanto, por estar llamadas a formar ciudadanos competentes y sensibles ante los problemas que afectan a la sociedad, a la humanidad y al medio ambiente, estas instituciones están obligadas a rechazar las modas de enlatados educativos (generados por encargo de las transnacionales), las imposiciones del mercado local o global, el utillaje conceptual de la globalización neoliberal. En pocas palabras, la educación humanista, liberadora, emancipadora, no debe inculcar valores propios del capital, globalizado o no.

Preocupado por la creciente penetración del capital sobre el alma mater, el autor Boaventura de Sousa Santos, sociólogo y catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal), acota:

“Ahora que la crisis financiera ha permitido ver los peligros de crear una moneda única sin unificar las políticas públicas, la política fiscal y los presupuestos del Estado, es posible que, con el tiempo, el proceso de Bolonia se transforme en el euro de las universidades europeas. Las consecuencias previsibles serán las siguientes: el abandono de los principios de internacionalismo universitario solidario y de respeto por la diversidad cultural e institucional en nombre de la eficiencia del mercado universitario europeo y la competitividad; las universidades más débiles -concentradas en los países más débiles- serán situadas por las agencias de calificación universitaria en la cola del ranking, supuestamente tan riguroso como realmente arbitrario y subjetivo, sufriendo las consecuencias de la aceleración de la desinversión pública; muchas universidades cerrarán y, tal y como ya está sucediendo en otros niveles educativos, los estudiantes y sus padres deambularán por los países en busca de la mejor relación calidad/precio, como ya lo hacen en los centros comerciales en los que las universidades se están transformando.” [2]


Adopción inaceptable de conceptos ajenos a la educación

Nuestra preocupación no consiste en dejar de usar o no un concepto dado, sino en revelar su sentido real, su intencionalidad predominante y no la que, inocentemente o no, queramos imprimirle.

Imperialismo, por ejemplo, no es un concepto que designe algo a defender, sino a condenar, a luchar contra lo que encierra para la mayoría de la humanidad. Sin embargo, tiene defensores que lo disfrazan de mil formas. Entre estos últimos, se cuenta a educadores que, llamándose “apolíticos”, lo utilizan burlonamente para poner en tela de juicio la existencia de un dominio global que saquea, amenaza, interviene y desata guerras modernas de conquista, sin renunciar al uso de armas de destrucción masiva.

Tampoco hablamos de desterrar de nuestro léxico conceptos como cliente, pero nos rebela su uso para hacer referencia a los educandos, personas que no están en función de transacción comercial alguna. Siendo claros, cliente no es una persona cuyo bienestar o satisfacción preocupen regularmente a los grandes propietarios privados. A éstos les importa el lucro a costa del primero. Al educador auténtico, en cambio, le preocupa el educando, su suerte como persona; su disposición para formarse en función de servir a la sociedad, a los demás, a los seres humanos en general, a la madre tierra.

Examinemos un poco el concepto “recurso humano”. Mediante su puesta en práctica, el proceso de despersonalización del trabajo humano se ha profundizado, convirtiéndose en “el recurso humano” de la empresa. El trabajo humano deja así de ser el de un sujeto social para ser organizado como objeto por la empresa-capital y la sociedad-economía; se le arranca la máxima productividad posible, se le fuerza a dar su contribución a la competitividad de la empresa y del país -en manos del poder empresarial-y se logran costos relativos mínimos. [3] Conceptos como coaching y otros semejantes, igualmente se han lanzado al ruedo académico provenientes del mundo mercantil y asociados. Por ello, al coaching se le vincula con la competitividad y con la empresa; sirve para que su directivo “pueda seleccionar y priorizar los objetivos a largo plazo de la misma .” [4]

En la misma línea, determinados educadores se empeñan en convertir a la universidad en empresa; más claramente, en empresa privada o, al menos, en algo que se le asemeje notablemente. Muchos de ellos, probablemente, ignoren que esa idea está inspirada -más aún impuesta- por las transnacionales, inventoras del Plan Bolonia [5] que nada bueno ha dejado a las universidades europeas, ni a las que, en Latinoamérica, por ejemplo, se han sumado a ello, porque el objetivo que con él se persigue no es elevar la calidad de la educación, sino ponerla al servicio exclusivo del capital internacional, de los acaparadores de riquezas, de los que quieren adueñarse de los recursos del planeta e imponer un dominio cada vez mayor y brutal sobre los pueblos. Y a eso se apuesta con la idea de convertir a la universidad en empresa.

En este marco de cosas, se quiere convertir al empresario en modelo de conducta, en persona a imitar, en el héroe de nuestro tiempo. Por ello, en vez de educar en un espíritu emprendedor, ciertos educadores quieren educar en un espíritu empresarial. Para colmo, confunden el humanismo con la misantropía. A eso equivale el objetivo de formar profesionales competitivos, pretendidamente “con valores éticos, morales y cultura ambientalista”, cuando la competitividad es lo más reñido con la naturaleza y los valores éticos y morales, al menos con los que colocan al bienestar de la humanidad como centro de toda transformación social, jamás al mercado.

La realidad de la competitividad

Aunque no se quiera percibir la realidad de la competitividad, ésta conduce al darwinismo social, no sólo en el ámbito económico, político y social, sino también en la misma educación. No en vano, a ella se le presenta como el instrumento esencial para la supervivencia de cada individuo y la de cada país. Por esta razón, la educación tiende a transformarse en un espacio en el que cada uno vela por sí mismo; desea tener más éxito que los demás y ocupar el lugar de los demás, lo que se traduce en una cultura de guerra, que niega la convivencia con las restantes personas y coloca el interés particular antes que el general. Así, el sistema educativo “llega a privilegiar la función de selección de los mejores, en vez de la función de valorización de las capacidades específicas de todos los alumnos.” [6]

En un artículo en el que tratamos sobre el vínculo indisoluble existente entre neoliberalismo y competitividad [7] , nos formulábamos, entre otras, las siguientes interrogantes:

“¿Cómo educar con sentido emancipador o al menos progresista, si por encima de la solidaridad entre los hombres, pueblos y naciones y de la necesaria complementariedad en el intercambio entre los países, regiones y continentes, tal como lo plantea y practica el ALBA, se coloca en primer plano […] la competitividad, justamente, aquello que asumen como elemento primordial del mundo capitalista, sus ideólogos, sus mercados y sus instituciones en general? […] “¿No es acaso la prédica más efectiva del individualismo, como valor entre valores de la civilización occidental, lo que se esconde detrás del concepto competitividad? […] “¿Se puede soñar con una definición de competitividad sustancialmente distinta de la que, desde siempre, trasnacionales, mercados globales, empresas y empresarios lanzan al ruedo y ponen en práctica?”

A lo último, respondimos que sí, pero así no se llega a ningún lado, porque dicho concepto se comprende, predominantemente, del modo que lo ha impuesto la esclavitud asalariada. Y siguiendo los planteos de Moacir Gadotti, profesor titular de la Universidad de Sao Paulo y director del Instituto Paulo Freire, anotábamos que los adeptos del neoliberalismo confunden calidad con competitividad, cuando lo que vuelve competentes a las personas, no es la competitividad, sino la capacidad para “enfrentar sus problemas cotidianos junto con los demás problemas y no de manera individual”. En esta misma línea, el autor señala que los neoliberales reducen al ciudadano a la condición de cliente o consumidor, cuya libertad consiste en escoger productos o, digamos, en conocer las “mejores” escuelas para escoger alguna. De ahí que la emancipación no forme parte de sus metas. [8]

La competitividad confronta a personas, naciones, regiones y continentes entre sí; convierte al otro en adversario o enemigo; fácilmente empuja al que la asume a recurrir a cualquier medio para realizar sus ambiciones; con frecuencia, compele a actuar sin ningún ápice de ética o moral [9] ; fragmenta los procesos económicos y sociales de una nación para someterlos a lo que demandan los mercados ampliados; promueve comportamientos basados en derechos individuales, jamás en los colectivos [10] ; intenta que el rol del Estado, sindicatos, escuelas, universidades, ciudades, etcétera, se reduzca a crear el entorno para que las empresas se vuelvan o se conserven precisamente competitivas; rinde culto al “mejor” desde una óptica estrictamente crematística [11] ; obliga a competir a la clase obrera de unos países con la de otros por condiciones de trabajo y salarios [12] , igual hace con los individuos y las instituciones, lo que incluye centros educativos de distinto nivel. [13] Por ello, se sostiene enfáticamente que la globalización de la economía, a la que se dibuja como proceso sin dueño, por sí misma, obliga a todo el mundo a someterse a la competitividad. De este modo, cada empresa, ciudad, región, país y el mundo en su conjunto, se ven colocados en un campo en el que los más competitivos resultan gananciosos o al menos supervivientes. [14]


Competitividad contra toda regulación, menos para las grandes transnacionales

Una idea esencial contra la competitividad no sólo desentraña su esencia antihumana sino que, además, la descalifica en sí misma: ella “no es tan competitiva cuando se trata de afectar monopolios.” Su discurso sólo sirve “para legitimar una competencia desleal en que los productores directos de nuestros países buscan desesperados parar la avalancha de productos baratos que entran por todas partes desde los mercados y maquilas globales.” [15] Y no se debe ser marxista para concluir que la competitividad no tiene otro propósito que optimizar la explotación. En su nombre, se impone todo tipo de desregulación, en aras de que el trabajador “sepa lo cerca que está la calle si decae su ánimo…” [16] Pero, igualmente, se trata de optimizar el saqueo de los recursos naturales. A esta estrategia de desregulación de la explotación de la mano de obra y del saqueo de los recursos naturales ha respondido y responde, por ejemplo, la incorporación de México al TLCAN, lo cual se acompaña de la proyección policíaco-militar y paramilitar destinada a preservar el “negocio”. La competitividad y la “seguridad”, se dan así de la mano. [17]

La competencia, creando abundancia para pocos y miseria para muchos, permite que la producción, pese a su naturaleza social, sea apropiada por pocos, lo que genera el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de las mayorías; es la causa primordial del agotamiento de los recursos naturales. De este modo, bajo un marco pretendidamente racional, las grandes concentraciones de riquezas y las guerras que se desatan para acrecentarlas y defenderlas, se presentan como si se tratara de fenómenos naturales. [18]

A partir de todo ese andamiaje dominante, se manifiesta preocupación porque, cada vez más, los gobiernos pierdan capacidad de iniciativa y cedan soberanía política ante los poderes imperiales del mercado. Con ello, se corre el riesgo de convertir a los Estados “en gigantescas empresas obsesionadas por el rendimiento económico, inmersas en una lucha global por la competitividad”, soslayando que “el objetivo de la sociedad no debe ser producir dividendos sino solidaridad y humanidad”. Se persigue así que las decisiones sociales, ya de por sí afectadas desde siempre en el capitalismo, sean transferidas por completo a las fuerzas que quieren administrarlas en provecho exclusivo del mercado. [19]

De lo que significa el mundo globalizado deriva la mayor paradoja existente en el mundo, expresada hoy, con más intensidad que nunca, en que, pese a que las innovaciones tecnológico-organizativas conducen a que un país crezca materialmente, generan que su población se empobrezca; pueden incrementar las exportaciones de una nación, al tiempo que reducen sus fuentes de empleo; provocan amasamiento de riqueza cada vez en menos manos. [20]

La política dominante actual, incluyendo lo relativo al ambiente y al clima, siendo de corte netamente neoliberal, está dirigida a la competitividad y a mantener y fortalecer el poder de gobiernos, empresas y sociedades del Primer Mundo. Hoy no solo se promueve el modo de vida de Occidente como algo atractivo, sino que se equipara bienestar y seguridad social con crecimiento económico, lo que supone crecimiento de la producción de automóviles, aeropuertos, agricultura industrial, etcétera, con base en el uso intensivo de los recursos [21] con todo lo que ello encierra.


A manera de conclusión:

¿Cómo es posible que las cosas expuestas no sean motivo suficiente para una permanente preocupación, reflexión y acción de las universidades públicas, en función de contribuir a cambiar de raíz la naturaleza antihumana de la democracia que impone el sistema capitalista, con sus mercados globalizados, su consumismo, su productivismo, sus amenazas de invasión, intervención y guerras para adueñarse de toda la riqueza planetaria que, al igual que todo lo anterior, son expresiones de la competitividad que promueve ese sistema? ¿No son el golpe de estado en Honduras o el intento de golpe de estado en Ecuador, dichosamente abortado, como lo fue antes el de Venezuela, claras muestras de la perversidad que la competitividad inculca?

Así las cosas, muy lejos de ver a la educación como un asunto estrictamente de tecnología o metodología y, por tanto, como algo que debe dejarse en manos de “expertos” en estos campos, la vemos, antes que nada, como espacio en el que, una de dos: o sirve para contribuir a la más profunda transformación social o, por el contrario, para coadyuvar a la eternización de la injusticia social. Una de las formas esenciales de combatir la opresión local y mundial es el rechazo a la influencia ideológica del mercado global y sus empresas en la sociedad en general, y en la educación en particular, lo que pasa, entre otras cosas, por el rechazo al utillaje conceptual que la educación importa en grado creciente del mundo empresarial.

En Nicaragua, sobre todo ahora que en ella están y seguirán operándose profundos cambios sociales, la educación pública debe orientarse a formar ciudadanos que contribuyan a profundizar esa transformación a favor de las mayorías; jamás a consolidar los valores propios de la causa del individualismo y la competitividad propios del capitalismo. No obstante, en mayor o menor grado, durante los dieciséis años de gobiernos neoliberales, ella cayó en las enmarañadas redes de la globalización imperial. Y ahora, pese a que se cuenta con un gobierno al que sí le importan las mayorías, la redefinición de su norte académico y conceptual se ve obstaculizado, entre otras razones, por la inercia, la comodidad de seguir en lo mismo y por los vínculos internacionales que sus instituciones poseen con el extranjero, en el que, se quiera o no, dominan con fuerza las concepciones neoliberales.

No quiere decir que aboguemos por el aislamiento local e internacional de universidades y escuelas del país; significa, por el contrario, aprovechar esas relaciones para batallar, desde adentro y desde afuera, a favor de la superación de moldes de pensamiento y acción que atrofian su quehacer, para ponerlas por completo a tono con las necesidades de la nación, la humanidad y la naturaleza. Nos toca, pues, decidir con franqueza y de una buena vez, con quién estamos, a quién servimos, en función de qué y de quiénes existimos.

En nuestro país, el lema “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”, expresa el compromiso inclaudicable del Sandinismo al lado de los pueblos y de la preservación de la Madre Tierra. Tal debe ser el paso que, de forma inclaudicable, debemos adoptar en todos los niveles de la educación pública.


[1] . Al respecto, se acusa la privatización “endógena”, referida a centros de enseñanza que parecen empresas o que funcionan como si sus funciones fueran actividades comerciales; implica la adopción “de ideas, métodos y prácticas del sector privado” en aras de hacer que el sector público sea cada vez más parecido a una empresa y vaya, así, convirtiéndose en algo crecientemente comercial. Este es la privatización en la educación pública. El otro tipo de privatización es la de la educación pública, se llama “exógena”; implica la incorporación del sector privado en centros de enseñanza pública. Comprende la apertura de servicios de educación pública al sector privado, mediante modalidades basadas en el beneficio económico, así como la utilización de ese sector en lo que atañe “a la concepción, la gestión o la provisión de diferentes aspectos de la educación pública.” Stephen J. Ball y Deborah Youdell: Privatización encubierta en la educación pública. http://firgoa.usc.es/drupal/node/37818 http://firgoa.usc.es/drupal/files/2007-00242-01-S.pdf

[2] . Boaventura de Sousa Santos . La "desuniversidad". http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112734

[3] . Ricardo Petrella. Las trampas de la economía de mercado para la formación del futuro: más que un anuncio, la necesidad de una denuncia . Revista Europea de Formación Profesional , ISSN 0258-7483, Nº 3, 1994 , págs. 28-34

[4] . Coaching y competitividad. http://human-coaching.net/boletines_socrates/editoriales/coaching_y_competitividad.html

[5] . Manuel Moncada Fonseca. “ El utillaje del mundo académico, Bolonia y América Latina”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84092 ; véase también, ¿Son identificables los conceptos universidad y empresa? http://www.rebelion.org/noticia.php?id=81422

[6] . Ricardo Petrella. “La enseñanza tomada de rehén. Cinco trampas para la educación”. http://www.rieoei.org/opinion03.htm

[7] . Manuel Moncada Fonseca. “ El neoliberalismo, ideología de la competitividad”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88526

[8] . Ibíd.

[9] . Manuel Moncada Fonseca. “ Capitalismo, amor al prójimo y competitividad”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64119

[10] . Gerardo Bianchetti. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Salta. Argentina. Una aproximación al análisis de las orientaciones políticas para la formación docente en el contexto de políticas de ajuste. o "de cómo se aplica el principio de la "bomba de neutrones" en educación". http://www2.uca.es/HEURESIS/heuresis99/v2n4.htm

[11] . Ignacio Fernández Delucio. “Competitividad vs. Solidaridad Los Límites de la Competitividad Universidad Politécnica de Valencia”. Artículo escrito para la Revista AGORA , Valencia, febrero de 1994. http://www.unl.edu.ar/conciencia/anio2n4/pag6_7.htm

[12] . Salva Torres. La Izquierda transformadora frente a la competitividad capitalista. http://www.espacioalternativo.org/node/935

[13] .Internacional de la Educación V Congreso Mundial. Julio de 2007. Privatización encubierta en la educación pública. Informe preliminar elaborado por Stephen J. Ball y Deborah Youdell.

[14] . Ricardo Petrella. Las trampas de la economía de mercado para la formación del futuro: más que un anuncio, la necesidad de una denuncia . Ob. cit.

[15] . Mauricio Rodríguez Amaya. Herejías sobre el dogma del "desarrollo: 50 años del BID. http://prensacolombia.blogspot.com/2009_03_22_archive.html

[16] . Josep Ramoneda citado por Joaquim Vergés i Jaime. ¿PORQUÉLLAMAMOS COMPETITIVIDAD A LO QUE ES FRÍA PRESIÓN HACIA LA REDUCCIÓN DE COSTES? www.recercat.net/bitstream/2072/42992 /1/iea competitividad .pdf -

[17] . Gian Carlo Delgado Ramos. “Integración competitiva”. Latrocinio, función de los corredores multimodales del TLCAN: agua, energía y competitividad. http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=6368

[18] . Jaime Yanes Guzmán. La trampa del pensamiento lineal. http://rie.cl/?a=30277

[19] . Manuel Peinado Lorca. El dogma economicista. h ttps://portal.uah.es/portal/page/.../El%20 dogma %20 economicista .pdf

[20] . Los límites de la competitividad. Cómo se debe de gestionar la aldea global http://www.revistacriterio.com.ar/cultura/los-limites-de-la-competitividad-como-se-debe-gestionar-la-aldea-global/

[21] . Ulrich Brand. EN POS DE UNA CRÍTICA Y ACCIÓN RADICAL EN TORNO A LAS POLÍTICAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y COPENHAGUE 2009. http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article381

Manuel Moncada Fonseca. Rebelión


miércoles, 6 de octubre de 2010

Los determinantes del gasto público sanitario

Existe una percepción errónea, ampliamente reproducida en algunos círculos económicos de ámbito liberal y/o conservador, de que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por el nivel de desarrollo económico que tiene. Esta percepción se basa en los estudios de algunos economistas que han reproducido en sus trabajos una postura que fue dominante en EEUU en los años noventa y que continúa dominando amplios sectores de la cultura económica sanitaria española. Me estoy refiriendo a la tradición conocida como determinismo económico, que postula que la variable más importante para explicar el nivel de gasto sanitario en un país es su nivel de riqueza económica, medido por su PIB per cápita. Según tal tesis, a mayor riqueza económica, mayor gasto sanitario. O dicho de otra manera, “cada país se puede gastar lo que su nivel de renta le permite”. Para saber, pues, si España se gasta lo que le corresponde, basta con mirar lo que Suecia, por ejemplo, se gastaba cuando tenía el PIB per cápita que España tiene ahora y ver si nos gastamos lo mismo, si nos gastamos más, o si nos gastamos menos. Si el gasto es igual, entonces se concluye que España ya se gasta lo que le corresponde.

Naturalmente, además del PIB per cápita se incluyen otras variables en estos cálculos, tales como la población y estructura demográfica, y el tipo de financiación y organización del sistema sanitario (la clásica distinción de seguros sanitarios versus servicios sanitarios). La inclusión de esta última variable se cree necesaria, pues se asume que los sistemas de aseguramiento público tienen un gasto público mayor que los sistemas nacionales de salud, y puesto que España tiene un servicio nacional de salud, el gasto sanitario debería compararse con países que tienen Servicios Nacionales de Salud.

El determinismo económico como explicación del gasto público ha estado sujeto, sin embargo, a muchas críticas. Una de ellas es que la distinción de seguros versus servicios nacionales de salud se ha estado diluyendo y, sin alcanzar convergencias, nos encontramos que hoy tal tipología está perdiendo valor explicatorio, pues incluso el National Health Services de Gran Bretaña, que se considera el prototipo de servicio nacional de salud, ha atravesado tantos cambios que es difícil verlo de la misma manera que cuando se fundó. Por otra parte, EEUU se presenta frecuentemente como el país donde el aseguramiento privado sanitario es el más extenso entre los países desarrollados, olvidando frecuentemente que el gasto público sanitario per cápita en EEUU es mayor que el de varios países que tienen servicios nacionales de salud. Es más, el elevado gasto público per cápita en EEUU tiene poco que ver con el grado de desarrollo económico del país, siendo las variables políticas (y entre ellas el enorme poder de las compañías de seguro privadas, financiadas públicamente, que dominan el Congreso de EEUU) las que explican mejor este elevado gasto. Y por último, no es cierto que los Sistemas de Salud inviertan menos en sanidad pública que los Seguros Nacionales de Salud. Dinamarca, que se cataloga como un servicio nacional de salud, tiene un gasto público sanitario por cápita -2.463 euros estandarizados- mayor que la mayoría de países que siguen el sistema de aseguramiento: Alemania, 2.291; Francia, 2.362; Austria 2.412; etc.).

Pero más importante que esta crítica es otra de tipo metodológico. Cuando se compara, por ejemplo, el gasto sanitario de España en 2007 con el gasto sanitario de Suecia en, por ejemplo, 1980 (asumiendo que España tiene el PIB per cápita que Suecia tuvo en 1980) no estamos comparando manzanas con manzanas. El nivel de expectativas que el ciudadano español tiene en 2007 es mucho mayor que el nivel de expectativas que el ciudadano sueco tuvo en 1980. Es más, la complejidad de la tecnología y material médico es mucho mayor ahora (tanto en Suecia como en España) que entonces.

Pero la crítica más fuerte que se ha hecho al determinismo económico es que no tiene en cuenta la enorme importancia de las variables políticas (es decir, de la voluntad popular expresada por los partidos pertenecientes a las distintas sensibilidades políticas, así como las relaciones de poder dentro de cada estado) en configurar tanto el tipo de financiación, como la gestión de los sistemas sanitarios. La evidencia de tal importancia es abrumadora. Me permito sugerir dos trabajos míos: uno, el artículo “Why some countries have national health services, others have national health insurance, and the U.S. has neither” y otro, un volumen editado, titulado Political and Social Determinants of Health. Me incomoda algo citar mis trabajos, pero éste es un tema en el que he estado trabajando durante mucho tiempo. En realidad, Cataluña y España son un claro ejemplo de ello. El gasto público sanitario per cápita ha crecido más rápidamente en el periodo 2003-2010, que en el periodo comparable del gobierno de coalición liberal-cristiano-demócrata anterior. En general las izquierdas favorecen más el crecimiento del gasto público sanitario que las derechas.

Cuando se utilizan expresiones como que “cada país se gasta lo que su riqueza le permite”, hay que ser consciente de que cada uno de los términos utilizados en tal frase es subjetivo, dependiendo su significado de variables políticas y sociales. La misma observación se aplica cuando se utiliza otra expresión semejante de que “España es un país que gasta más de lo que la economía le permite”, mostrando las cifras de endeudamiento como prueba de ello. El endeudamiento es, en sí, una variable política. La elevada deuda pública española, por ejemplo, la causó, en parte, la reducción de impuestos que decidieron y llevaron a cabo los gobiernos españoles, y que imposibilitó el crecimiento del gasto público y reducción del déficit durante la crisis económica. Y así, un largo etcétera.

La importancia de lo dicho es que esta percepción tan generalizada en círculos económicos de que el gasto público es ya el que España debiera gastarse, asume que los graves problemas existentes en la sanidad (que son muchos) se deben a problemas de ineficiencia del sector público, lo cual no se corresponde con la realidad. Ni que decir tiene que el sector público debe mejorar su eficiencia, pero ello no es suficiente. Un indicador del bajo gasto es que el gasto público sanitario en España es sólo el 74% del promedio de la UE-15, cuando el nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya el 93% del promedio de la UE-15. Uno no tiene por qué ser idéntico al otro. Variables como estructura demográfica pueden explicar algunas de estas diferencias (aún cuando la edad de la población española es mayor que la del promedio de la UE-15, con lo cual el gasto sanitario debiera ser mayor). No puede explicarse, pues, este enorme diferencial recurriendo a variables demográficas. La respuesta es que el gasto es excesivamente bajo, más bajo del que nos corresponde por el nivel de riqueza que tenemos. Y esto es lo que no se quiere aceptar.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Salud 2000.

sábado, 5 de junio de 2010

Investigación científica con fines de lucro

La incontenible privatización de todas las actividades que pueden generar ganancias hace surgir nuevos dilemas éticos y riesgos para los ciudadanos. La investigación científica se está incorporando velozmente al capital y con ello surge en una contradicción básica. Se supone que la comunidad científica busca nuevos conocimientos y comparte sus descubrimientos. La ciencia y sus resultados serían así un bien público a disposición de la humanidad para resolver problemas de la colectividad.

El propósito de la empresa privada, en contraste, es generar la máxima ganancia. Si invierte en investigación científica es para lucrar con sus resultados y para ello se protege patentando los descubrimientos. La defensa de la privatización de la investigación es que no hay dinero público que alcance y es justo que las empresas puedan recuperar su inversión en investigación y desarrollo de productos por medio de la propiedad intelectual.

El problema está en que el fin de lucro altera la investigación científica y subvierte su esencia. Cuando está implicada la ganancia surgen el financiamiento interesado y los conflictos de interés que afectan el bienestar y seguridad de la población.

La industria farmacéutica transnacional –la gran farma– es icono de esta problemática. Varias revisiones sistemáticas demuestran que los estudios que financia tienen, con más frecuecia, sesgos en su diseño, resultados favorables al fármaco investigado y ocultamiento de efectos adversos graves. La gran farma invierte dos veces más en comercialización y administración, 33 por ciento de sus costos, que en investigación y desarrollo, 17 por ciento. Los frutos de sus investigaciones son decrecientes; sólo nueve de las 22 moléculas y biológicos nuevos, registrados en 2006, habían sido desarrollados por estas compañías. Incluso 90 por ciento de sus ganancias provienen de fármacos que han estado en el mercado durante más de cinco años, según PriceWaterHouse.

Las patentes de muchos productos están por expirar y tendrán que competir con los fármacos genéricos con la habitual caída de precios o erosión por genéricos. Y tiene razón en preocuparse. Cuando Brasil e India ignoraron la patente del antirretroviral combinado para tratar el VIH/sida, el precio del tratamiento anual cayó de 11 mil a 295 dólares. Esto ilustra cómo la big pharma condena a muerte a los que no pueden pagar y daña los sistemas de salud con sus precios monopólicos. Su estrategia de cabildeo con los gobiernos y los legisladores se enfoca actualmente a modificar la legislación sobre patentes para prolongarlas y a impedir que se adopten protocolos de atención con el uso racional de fármacos o que se facilite la venta de éstos sin receta.

Otra actuación con daños a las personas está relacionada con la manipulación de los resultados de los ensayos clínicos de sus medicamentos, sea por ocultamiento de efectos secundarios o por proponer usos del medicamento no investigados.

En la actualidad se debaten varios casos muy célebres. Uno es Avandia de GSK, antidiabético que tiene ventas por 2.2 mil millones de dólares. En 2007 se descubrió que este medicamento estaba asociado al incremento en cerca de 50 por ciento de ataques cardiacos. La empresa lo sabía, pero no lo había advertido en la caja. Este hecho llevó al Senado de Estados Unidos a formar un comité de investigación cuyos resultados, presentados en febrero de 2010, confirman este hecho y en julio se determinará si se retira del mercado. Circula en México donde sólo alerta contra su uso en personas con insuficiencia cardiaca, pero no sobre el aumento del riesgo de infarto.

Otro caso es el medicamento Seroquel, de Astra Zeneca, cuyo uso aprobado es en el tratamiento de esquizofrenia. Posteriormente, la empresa lo promovió como tratar el trastorno bipolar, sin haber hecho nuevos ensayos clínicos. O sea, no está probado su efecto y la falta de tratamiento eficaz puede llevar el paciente al suicidio. Con esta ampliación sus ventas llegaron a 4.9 mil millones de dólares en 2009. Recientemente la empresa fue multada con 520 millones de dólares por este fraude contra el sistema de salud. Las autoridades mexicanas no han tomado ninguna medida.

La revisión de las investigaciones sobre Tamiflu que publicó el British Medical Journal en 2009 demostró el mismo comportamiento engañoso de Roche con información parcial, estudios de efectos adversos ocultados, etcétera, que llegó a concluir que no se puede garantizar que tenga utilidad ni que sea inocuo. Y, sin embargo, la Ssa hizo una compra de este medicamento por 325 millones en febrero, 2010. ¿Dónde está la autoridad sanitaria que debe proteger nuestra salud y el dinero destinado a ello?

La incontenible privatización de todas las actividades que pueden generar ganancias hace surgir nuevos dilemas éticos y riesgos para los ciudadanos. La investigación científica se está incorporando velozmente al capital y con ello surge en una contradicción básica. Se supone que la comunidad científica busca nuevos conocimientos y comparte sus descubrimientos. La ciencia y sus resultados serían así un bien público a disposición de la humanidad para resolver problemas de la colectividad.

El propósito de la empresa privada, en contraste, es generar la máxima ganancia. Si invierte en investigación científica es para lucrar con sus resultados y para ello se protege patentando los descubrimientos. La defensa de la privatización de la investigación es que no hay dinero público que alcance y es justo que las empresas puedan recuperar su inversión en investigación y desarrollo de productos por medio de la propiedad intelectual.

El problema está en que el fin de lucro altera la investigación científica y subvierte su esencia. Cuando está implicada la ganancia surgen el financiamiento interesado y los conflictos de interés que afectan el bienestar y seguridad de la población.

La industria farmacéutica transnacional –la gran farma– es icono de esta problemática. Varias revisiones sistemáticas demuestran que los estudios que financia tienen, con más frecuecia, sesgos en su diseño, resultados favorables al fármaco investigado y ocultamiento de efectos adversos graves. La gran farma invierte dos veces más en comercialización y administración, 33 por ciento de sus costos, que en investigación y desarrollo, 17 por ciento. Los frutos de sus investigaciones son decrecientes; sólo nueve de las 22 moléculas y biológicos nuevos, registrados en 2006, habían sido desarrollados por estas compañías. Incluso 90 por ciento de sus ganancias provienen de fármacos que han estado en el mercado durante más de cinco años, según PriceWaterHouse.

Las patentes de muchos productos están por expirar y tendrán que competir con los fármacos genéricos con la habitual caída de precios o erosión por genéricos. Y tiene razón en preocuparse. Cuando Brasil e India ignoraron la patente del antirretroviral combinado para tratar el VIH/sida, el precio del tratamiento anual cayó de 11 mil a 295 dólares. Esto ilustra cómo la big pharma condena a muerte a los que no pueden pagar y daña los sistemas de salud con sus precios monopólicos. Su estrategia de cabildeo con los gobiernos y los legisladores se enfoca actualmente a modificar la legislación sobre patentes para prolongarlas y a impedir que se adopten protocolos de atención con el uso racional de fármacos o que se facilite la venta de éstos sin receta.

Otra actuación con daños a las personas está relacionada con la manipulación de los resultados de los ensayos clínicos de sus medicamentos, sea por ocultamiento de efectos secundarios o por proponer usos del medicamento no investigados.

En la actualidad se debaten varios casos muy célebres. Uno es Avandia de GSK, antidiabético que tiene ventas por 2.2 mil millones de dólares. En 2007 se descubrió que este medicamento estaba asociado al incremento en cerca de 50 por ciento de ataques cardiacos. La empresa lo sabía, pero no lo había advertido en la caja. Este hecho llevó al Senado de Estados Unidos a formar un comité de investigación cuyos resultados, presentados en febrero de 2010, confirman este hecho y en julio se determinará si se retira del mercado. Circula en México donde sólo alerta contra su uso en personas con insuficiencia cardiaca, pero no sobre el aumento del riesgo de infarto.

Otro caso es el medicamento Seroquel, de Astra Zeneca, cuyo uso aprobado es en el tratamiento de esquizofrenia. Posteriormente, la empresa lo promovió como tratar el trastorno bipolar, sin haber hecho nuevos ensayos clínicos. O sea, no está probado su efecto y la falta de tratamiento eficaz puede llevar el paciente al suicidio. Con esta ampliación sus ventas llegaron a 4.9 mil millones de dólares en 2009. Recientemente la empresa fue multada con 520 millones de dólares por este fraude contra el sistema de salud. Las autoridades mexicanas no han tomado ninguna medida.

La revisión de las investigaciones sobre Tamiflu que publicó el British Medical Journal en 2009 demostró el mismo comportamiento engañoso de Roche con información parcial, estudios de efectos adversos ocultados, etcétera, que llegó a concluir que no se puede garantizar que tenga utilidad ni que sea inocuo. Y, sin embargo, la Ssa hizo una compra de este medicamento por 325 millones en febrero, 2010. ¿Dónde está la autoridad sanitaria que debe proteger nuestra salud y el dinero destinado a ello?

Asa Cristina Laurell