‘Blade Runner’ era esto

Las historias que siguen son reales, se trata de breves conversaciones que ha mantenido quien firma estas líneas recientemente con personas de su entorno. La primera: un colega y amigo, profesor de una universidad pública, abre un debate en clase (alumnos de políticas/sociología) y pregunta: ¿alguien me puede dar una definición de “partido antisistema”? De inmediato se levanta una mano, y el estudiante dice: “¿Ha dicho ‘partido’? Entonces es sistema”. Este joven lo tenía clarísimo. Segundo caso: no hace ni dos semanas se ha sabido que la cúpula directiva de una de estas famosas “agencias de calificación financiera” se ha aumentado el sueldo un 69% en relación al año anterior. Y alguno cobrará por ello nueve millones y medio de dólares (este año 2011). Mi interlocutor (periodista de un medio público) me dice: ah, pues a nosotros nos dijeron ayer que “deberíamos aceptar una rebaja adicional del 5% del sueldo –voluntariamente, claro– para evitar ‘otras medidas’”. ¿Cuáles? ERE. Tercera conversación: me dice un amigo médico “en los próximos meses, sobre todo en verano, procura no caer gravemente enfermo, no digamos ya tener un infarto”, y al ver la lista de medidas que –al menos en Catalunya– se van a tomar en la sanidad pública (con cierres de plantas, de quirófanos, incluso de UCI), tiendo a creérmelo. Eso sí, se recomienda hacerlo “con criterios médicos”, no vaya a pensar alguien que se hace con criterios “gerenciales”.

Mientras, los eurodiputados rechazan viajar en clase turista “para viajes de menos de cuatro horas” (el matiz es importante, no es como volar de Bruselas a Ciudad del Cabo sin escalas), así como “congelar” (no ya rebajar) las dietas que percibirán en 2011. En nombre de la dignidad del cargo, y merced a la “autonomía presupuestaria” del Parlamento Europeo. O Portugal: ¿qué prometerán los partidos portugueses en la ya inminente campaña electoral, con el país naufragado financieramente, y no por culpa de sus ciudadanos?

En estas condiciones, ¿cómo puede un profesor explicar los fundamentos del Estado de Derecho, la naturaleza del Parlamento como expresión de la voluntad general, el principio de igualdad ante la ley, o recomendar la lectura del preámbulo de la Constitución? Se admiten sugerencias.

Pere Vilanova.

Fuente: http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/1326/blade-runner-era-esto/

Recuperar la democracia

Hoy en día estamos viendo movilizaciones populares en muchas partes del mundo –desde los países árabes a Wisconsin (EEUU), pasando por la mayoría de países de la Unión Europea– que exigen cambios de las políticas llevadas a cabo por gobiernos y por estados que se perciben insensibles a los deseos de la mayoría de la población. En estas manifestaciones –a pesar de la elevada diversidad de situaciones– hay un elemento común: la protesta frente a una enorme concentración de poder económico y político que obstaculiza la expresión democrática. Y un ejemplo de ello es España.

Estamos viendo en España la puesta en marcha, por parte del Estado (tanto central como autonómico), de recortes muy sustanciales del gasto público, incluyendo el gasto público social que financia las transferencias públicas –como las pensiones– y los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencias, escuelas de infancia, servicios sociales y otros.

Estos recortes están afectando de una manera muy marcada a la calidad y cobertura de tales servicios empeorando la situación existente, que ya era insuficiente antes de que se iniciara la crisis. España en 2008 estaba a la cola de la Unión Europea de los 15 (UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo a España) en gasto público social. Nos gastábamos en el Estado del bienestar sólo el 19% del PIB (el más bajo de la UE-15, cuyo promedio era del 24%, mientras que el de Suecia era del 28%). Una consecuencia de ello es que sólo el 9% de la población adulta trabajaba en los servicios públicos del Estado del bienestar (el promedio de la UE-15 era del 15%, y en Suecia, del 24%). Los recortes que están ocurriendo ahora están disminuyendo todavía más tal empleo.

La estructura de poder (que se basa en el 20-30% de la población, la de mayor renta) no parece consciente de este enorme retraso y subfinanciación, pues utiliza principalmente los servicios privados. Envían a sus hijos a la escuela privada (que recibe los subsidios más altos existentes en la UE-15, llamado concierto) y cuando caen enfermos van a la sanidad privada. Esta estructura de poder (que tiene enorme influencia política y mediática en España) promueve el mensaje de que no hay otra alternativa a tales políticas de recortes. Argumentan que hay que recortar el gasto público para reducir el déficit del Estado y la deuda pública, a fin de calmar los mercados financieros y que así estos nos presten dinero a intereses razonables.

Esta explicación, que a base de repetirse miles de veces se ha convertido en un dogma, es profundamente errónea y se promueve porque sirve a los intereses de esta estructura de poder, que utiliza la presión de los mercados financieros como excusa para llevar a cabo lo que ha deseado hacer desde siempre. Los datos muestran claramente que no es cierto que en España no existan recursos para financiar un Estado del bienestar de primera clase. España no es pobre. El PIB per cápita es ya el 94% del promedio de la UE-15, pero el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio del gasto público social promedio de la UE-15. Si nos gastáramos lo que nos pertenece por el nivel de desarrollo económico que tenemos, es decir el 94%, nos gastaríamos 80.000 millones de euros más, con los cuales se podrían cubrir las enormes insuficiencias. España, pues, tiene los recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. En lugar de ello, el Estado ha estado pidiendo préstamos a la banca extranjera, endeudándose y financiando escasamente su Estado del bienestar. España, como Grecia y Portugal, tiene unos ingresos al Estado muy bajos y un fraude fiscal muy elevado. Como admitió sorprendentemente un dirigente del Deutsche Bank, uno de los banqueros más importantes de Alemania, “ha existido durante los años de boom una alianza entre las clases más pudientes de los países de la periferia de la UE, que no pagaron impuestos al Estado, y la banca, que se ha beneficiado de la baja carga impositiva al prestar dinero al Estado para financiar su dimensión social”.

Y ahí está la raíz del problema. La estructura de poder no está contribuyendo al Estado lo que debiera por su nivel de riqueza. El trabajador de la manufactura en España paga el 74% de los impuestos del trabajador de la manufactura sueca. El empresario, sólo un 38%. Y empeorando la situación, el Estado ha reducido más y más los impuestos, lo que ha beneficiado sobre todo a las rentas superiores. Los propios inspectores de Hacienda han indicado que podrían recogerse más de 38.000 millones de euros, centrándose en estos sectores, sin afectar a la carga impositiva de la mayoría de la población. El déficit del Estado podría reducirse a base de aumentar los impuestos de estos sectores en lugar de empobrecer todavía más al Estado del bienestar.

En realidad, durante la crisis la gran mayoría de las empresas del Ibex-35 han continuado teniendo grandes beneficios, siendo la banca española una de las que tienen más beneficios en Europa. El Banco Santander ha conseguido 35.000 millones de euros de beneficios netos (es el banco que ha conseguido más beneficios en el mundo, después de dos bancos chinos).

Estos recortes de gasto público social se están haciendo a pesar de que la mayoría de la población está en contra. Es una decisión más (otra es el retraso de la edad obligatoria de la jubilación) que muestra la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados. De una manera creciente, los establishments políticos y mediáticos que dirigen el país están imponiendo medidas en contra del parecer de la ciudadanía. De ahí que las poblaciones, en su indignación –que ocurrirá si se le provee de información que cuestione el dogma de que no hay otra alternativa–, deben manifestarse y agitarse socialmente para recuperar la democracia en España.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University Fuente: Público

¿Queda algo por privatizar?

Creíamos que no, que entre los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar se habían deshecho de todo el importante conglomerado de empresas públicas que tenía el Estado. Pues hete aquí, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no quiere ser menos, y rebuscando, rebuscando ha encontrado alguna cosilla. Nada menos que los aeropuertos y las loterías. Es más, parece que, puestos a privatizar, se privatiza el futuro, pues no otra cosa son las concesiones y las colaboraciones público privadas

Allá por el año 1986, en el Consejo del INH, del que yo a la sazón era miembro, se comenzó a hablar de la conveniencia de convertir el ente público cabecera del holding en una empresa (que después se llamaría Repsol), con la finalidad de sacar una participación del capital a bolsa. Ingenuamente (bueno, no tan ingenuamente) pregunté al presidente, entonces Óscar Fanjul, acerca del propósito de tal medida. La respuesta podría pasar a los anales de las estupideces más grandes de la historia.

Se me dijo que eran dos los motivos. En primer lugar, se buscaba que los mercados dictaminasen sobre la marcha de la empresa. Como si para juzgar la gestión no hubiera mecanismos mucho más seguros que el veredicto de la bolsa. La historia está repleta de empresas que han recibido la máxima calificación de los mercados y, sin embargo, han quebrado. Además, tratándose de sociedades que funcionan en régimen de monopolio u oligopolio los beneficios poco tienen que ver con la buena o mala administración.

La segunda razón era aún más chocante. La finalidad, según decían, era obtener financiación. Todo el mundo sabe que una empresa posee dos formas de financiarse: con fondos propios (es decir, ampliando capital) o mediante fondos ajenos (pidiendo un crédito o un empréstito). El abc de la economía de la empresa nos indica en qué circunstancias se deberá optar por uno u otro procedimiento. En realidad, la cuestión no tiene mucho misterio; siempre que la tasa de beneficios se encuentre por encima del tipo de interés, lo razonable será elegir recursos ajenos, y viceversa. El INH proporcionaba al Estado una rentabilidad bastante más elevada que el coste financiero de cualquier préstamo, por lo que sacar la empresa a bolsa significaba regalar a los inversores privados una cuantiosa plusvalía. Pero quizás era eso lo que se pretendía, a juzgar por los destinos en que han terminado los artífices de la operación.

La privatización de REPSOL, al igual que la del resto de grandes empresas públicas, ha acarreado un espolio a los ciudadanos, despojándoles de activos muy rentables. Las consecuencias han sido un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, un incremento espectacular de los sueldos de sus ejecutivos, una notable reducción de los ingresos públicos (beneficios) –que de ninguna manera compensa la disminución de la previsible carga financiera de la deuda amortizada con los recursos obtenidos por la venta–, y, más grave que todo ello, la de entregar mercados cautivos a los intereses privados. Son sectores en los que resulta imposible que exista competencia. Todo monopolio es perverso, pero infinitamente más si es privado. En democracia, frente a un gobierno se tiene alguna capacidad de presión, frente al poder económico, ninguna.

En la explotación de los aeropuertos y en la administración de las loterías difícilmente puede darse la competencia. No hay sitio para el juego del mercado. Parece lógico que la iniciativa privada se oriente exclusivamente a los aeropuertos rentables y que el Estado se vea obligado a hacerse cargo de todos aquellos que son ruinosos, con lo que es de esperar que el servicio a los ciudadanos se resienta y que el déficit se incremente.

Existe una equivocación muy extendida, la de creer que las privatizaciones reducen el déficit. No es así. Más bien es factible que lo incremente. En realidad, lo único que se hace es minorar, al mismo tiempo, pasivos y activos. El impacto sobre el déficit dependerá de la relación entre la cuantía de la carga financiera de la deuda que se reduce y los ingresos que dejan de producir los activos que se venden. Tampoco parece que se produzca ningún efecto sobre la solvencia. En todo caso sería negativa, ya que esta no solamente depende del endeudamiento que se posea sino también del activo con que se cuente.

J.F. Martin Seco
Attac

18 propuestas para la mejora de los servicios públicos de salud La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP), ante las próximas elecciones autonómicas y municipales creemos obligado hacer varias reflexiones.

La primera es que tras la finalización del proceso de transferencias en 2001, la Sanidad es una competencia casi exclusivamente autonómica, a lo que hay que sumar la falta de sistemas eficaces de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por ello este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las CCAA.

La segunda es que existen grandes diferencias interautonómicas en el estado de salud de la población y en el funcionamiento de los sistemas sanitarios regionales, tal y como se ha detectado los 7 Informes sobre la situación de los servicios sanitarios de las CCAA, elaborados por la FADSP desde 2004, y en las informaciones del portal estadístico del Ministerio de Sanidad, en los que cabe resaltar:

1. Se han detectado diferencias muy importantes entre las CCAA en cuanto al estado de salud de la población, destacando las siguientes diferencias entre las situaciones mas extremas:

- 2,6 años en la esperanza de vida

- 5,7 años en esperanza de vida libre de incapacidad

- 3,6/1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil

- 5,9 /100.000 en la tasa de mortalidad por tumor de mama

- 21,4% en la valoración del estado de salud como bueno o muy bueno.

Diferencias tan acusadas no parecen justificables, menos aún cuando no existe información disponible sobre las que hay dentro de cada autonomía, y suponen una importante fuente de desigualdad que habría que tratar de eliminar y/o disminuir de una manera significativa.

Tampoco conviene olvidar que estas diferencias, en vez de disminuir, se han incrementado desde las transferencias de la Sanidad a las CCAA.

2. Estas importantes diferencias se objetivan también entre los servicios sanitarios, siendo las más destacables (igualmente entre los valores extremos):

- En la puntuación obtenida en el grado de satisfacción con los servicios sanitarios: 1,30

- En el promedio de personas que habiendo utilizado los servicios sanitarios los consideran como buenos o muy buenos: 17,97%

- En el porcentaje de los que opinan que los servicios sanitarios de su autonomía han mejorado desde las transferencias: 16,33%

- En el presupuesto sanitario público per capita: 556,71 €

- En el numero de camas: 1,81 /1.000 habitantes

- En el numero de TAC: 4,77 /millón de habitantes

- En las tarjetas sanitarias por médico general: 746 tarjetas

- En el gasto farmacéutico per capita: 122,46 €

- En el crecimiento del gasto farmacéutico: 9,71%

- En el porcentaje de gasto farmacéutico en medicamentos genéricos: 10,64%

- En la mortalidad por tumor de colon: 6 /100.000 habitantes

- En la mortalidad por efectos adversos: 0,5 /100.000 habitantes

En el análisis de las puntuaciones asignadas, en el informe realizado por la FADSP en 2010, se obtiene una diferencia de 59 puntos (rango de 19 a 78, media de 44,05 y ratio entre las puntuaciones extremas de 2,15). Como sucede con lo referente a la situación de salud las diferencia se han incrementado y parecen también excesivas (ver informe CCAA 2010. http://www.fadsp.org/pdf/INFORME.ccaa2010.doc)

3. El sistema de financiación de las CCAA es una parte del problema. Primero porque se parte de una insuficiencia general que ha sido reconocida por el propio Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Segundo porque esta basado en la capacidad de las CCAA para generar recursos, a pesar de que la riqueza, medida en PIB per capita, (según datos del INE publicados en 2010), tenia un rango en 2007 entre 16.164 € (Extremadura) y 30.562 € (Madrid) lo que supone una gran diferencia a la hora de la recaudación tributaria; y tercero porque el actual sistema de financiación deja al libre criterio de cada una de las CCAA la decisión de su gasto sanitario.

Cuarto, porque la transferencia de fondos a cada comunidad como conjunto y las partidas extras (como las procedentes de los fondos de cohesión o del céntimo sanitario) no son finalistas y cada Comunidad puede destinar finalmente esos dineros a donde electoral o coyunturalmente mas le interese, independientemente de la necesidades reales de salud o servicios sanitarios de su población.

4. Se ha detectado la falta de una política de personal homogénea del SNS con gran heterogeneidad de las mismas en las distintas CCAA. Ello supone importantes discrepancias en aspectos esenciales de la misma que van desde las retribuciones, la existencia o no de dedicación exclusiva, los modelos de carrera profesional, y sobre todo en la capacidad de generar empleo. Es una evidencia que la mayor privatización de los servicios sanitarios influye en un empeoramiento general de las condiciones laborales y profesionales (mayor carga de trabajo, menores recursos humanos, etc.) sin aumentar la eficiencia de los servicios prestados o incluso empeorando estos.

5. Se ha producido un proceso generalizado de privatización de los servicios sanitarios, proceso que abarca a la introducción de mecanismos de mercado (separación entre financiación y provisión), el aumento de los fenómenos de concertación y externalizaciones, la creación de una multiplicidad de los llamados "nuevos modelos de gestión" que introducen la lógica de la gestión mercantil en el sistema sanitario público, y las concesiones administrativas (bien totales, bien las PFI). Este proceso tiene mayor intensidad en algunas CCAA (Valencia, Madrid) que tienen gobiernos del PP, pero esta presente en la mayoría de las CCAA ,y solo 3 parecen apostar claramente en sentido contrario, es decir el refuerzo del sistema sanitario público ( Cantabria, Castilla - La Mancha y Extremadura).

En ningún caso, la evidencia existente en España como en otras partes donde se han aplicado estos modelos privatizadores y de mercado, ha demostrado que hayan supuesto aumentos de la calidad o de la eficiencia de los servicios prestados que incluso han empeorando (Informes Reino Unido, OMS, etc) pues en ellos prima la rentabilidad económica y el ánimo de lucro sobre la rentabilidad en salud o sociosanitaria.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA SANIDAD

En este contexto, entendemos que los programas de las fuerzas políticas que concurren a este proceso electoral deberían de proponer los siguientes objetivos:

1) Poner en funcionamiento sistemas de Información sanitaria que aporten datos homogéneos para todas las CCAA que permitan realizar evaluaciones, lo que precisa el establecimiento de estándares comunes para la recolección y tratamiento de la información sanitaria en todo el SNS. Esta debería ser una tarea prioritaria del Consejo Interterritorial de Salud.

2) Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a los datos actualizados referentes a la situación de salud y al funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es imprescindible garantizar la publicidad actualizada de todos los indicadores. La transparencia es un requisito imprescindible en un servicio público.

3) Debe asegurarse una financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud. Esta suficiencia exige un incremento de la financiación en razón de las necesidades de salud y debe suponer, aproximadamente, entre 1 y 1,5 puntos de porcentaje sobre el PIB de incremento y asignar este incremento con criterio finalista. Asimismo hay que rechazar la implantación de copagos.

4) Es imprescindible el desarrollo del Plan Integrado de Salud, tanto para fijar los objetivos de salud del SNS, como para adecuar la financiación a la consecución de estos objetivos.

5) Los Fondos de Cohesión deberían de incrementarse sustancialmente, incluyendo en ellos toda la financiación adicional y asegurando su reparto entre las CCAA en razón de los objetivos del Plan Integrado de Salud.

6) También es necesaria la elaboración de Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Seria conveniente que este Plan de Salud fuera aprobado por el parlamento autonómico.

7) Deben de establecerse estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios: camas, profesionales médicos y de enfermería (de atención primaria y especializada) /1.000 habitantes (siendo lo deseable que pudieran ponderarse en relación con otras variables como estructura etaria de la población, dispersión, etc.), para garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos acercando nuestra situación a la de la media del contexto europeo.

8) Hay que reforzar la provisión sanitaria pública, favoreciendo una mayor integración de los recursos en las áreas de salud y la interconexión entre los niveles asistenciales.

9) Hay que potenciar la Atención Primaria de Salud con el desarrollo de la estrategia de AP-21, asegurándole una dotación económica y el desarrollo de las funciones de promoción y prevención.

10) Hay que paralizar el proceso privatizador de la Sanidad y propiciar la integración en la red sanitaria pública de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de gestión empresariales cambiando este carácter por el de entidades publicas en todos sus aspectos.

11) Es preciso poner en funcionamiento una red sociosanitaria pública coordinada con la atención sanitaria y sin que esto suponga una nueva privatización de otra parcela los servicios públicos

12) Hay que articular centros de referencia supracomunitarios (bien a nivel estatal o para varias CCAA) porque es evidente que el tamaño de todas las CCAA no es compatible con el mantenimiento de todos los servicios sanitarios con una calidad adecuada. EL Consejo Interterritorial (para los centros estatales) y los acuerdos entre CCAA serian los mecanismos adecuados para asegurar esta colaboración en el ámbito del SNS.

13) Hay que realizar una evaluación de las desigualdades en salud, tanto en el conjunto del SNS como dentro de las CCAA, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.

14) Deben desarrollarse mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos.

15) Hay que apoyar el mantenimiento y mejora de las Áreas Sanitarias como espacio para la planificación sanitaria equitativa y racional en base a las necesidades reales de los ciudadanos.

16) Garantizar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico (nuevas tecnologías de imagen, informatización y megabases de datos…).

17) Garantizar la confidencialidad de la información de salud de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o semiprivadas y persiguiendo de oficio cualquier violación de ello.

18) En el ámbito municipal hay que considerar además:

· Desarrollar y fortalecer las actuaciones municipales en materia de seguridad vial, prevención de accidentes, aire saludable, depuración integral de aguas residuales, tratamiento adecuado y sostenible de residuos urbanos, control de riesgos alimentarios y creación de espacios y equipamientos urbanos necesarios para ejercicio físico y ocio saludable.

· Crear redes municipales de promoción de la salud en colaboración con organizaciones vecinales y de usuarios.

· No colaboración con los procesos de privatización del sistema sanitario a través de la financiación privada de los nuevos centros y de las concesiones administrativas, adoptando medidas legales en contra de las privatizaciones.

Pensamos que todos estos objetivos son fundamentales para mejorar la Sanidad Pública. Estamos viviendo un momento crítico de desmantelamiento de la Sanidad Pública, por lo que es precisa una actuación decidida para frenar este proceso y para fortalecer el mejor sistema sanitario que ha tenido nuestro país.

Desde la FADSP apoyaremos a todas las organizaciones que asuman este compromiso con la Sanidad Pública y la salud de los ciudadanos.

Federación de Asociaciones para la

Defensa de la Sanidad Publica

Marzo de 2011

Attac-tv en Murcia‏: Movilizaciones contra la Ley de Medidas Extraordinarias

Movilizaciones contra la Ley de Medidas Extraordinarias

http://vimeo.com/20206493

En este reportaje realizado por AttacTV Murcia, nos hacemos eco de las movilizaciones que se están desarrollando en la Región de Murcia contra la Ley de Medidas Extraordinarias que suponen un ataque contra los servicios públicos de esta comunidad.
Colabora en el mismo Carlos Martínez, que analiza la situación en esta Comunidad y la contextualiza en el marco político europeo que, actualmente, se inclina por este tipo de medidas económicas.
Realización: Attac-TV. Attac Murcia

La sabiduría convencional sobre las pensiones

Es parte de la sabiduría convencional sobre las pensiones que el crecimiento de los pensionistas, doblando su número en cuarenta años, hace inviable el sistema de pensiones públicas, a no ser que se reduzcan los beneficios de los pensionistas, mediante medidas como la de retrasar la edad de jubilación dos años. Se indica, una y otra vez, que de no tomar estas medidas, el gasto público en pensiones alcanzará el 15% del PIB (ahora es del 8%) en el año 2050 lo cual es inviable.

Es importante señalar, que la evidencia científica no avala tal tesis. Veamos los datos, y para que no se me acuse de sesgarlos a mi favor, voy a utilizar los propios datos del gobierno, presentados en el informe La reforma de las pensiones. ¿Cómo va a beneficiar a la sociedad española? (febrero 2011), publicado por la Fundación Ideas, el think tank informal del gobierno. En tal documento se señala que en los próximos cuarenta años el crecimiento de la productividad en España será como promedio un 2,5% por año. Si ello es así, es fácil de calcular el tamaño del PIB de España durante tal periodo. Permítanme un pequeño ejercicio de econometría. Elevando el 2,5% a la cuarenta potencia resulta que en 2050 el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. Es decir, que si ahora el PIB de España fuera 100, en 2050 sería 268. Ni que decir tiene que debido a la inflación el PIB medido en monedas corrientes sería muchas veces mayor que 268. Pero estamos utilizando valores monetarios constantes, es decir con la misma capacidad de compra en 2050 que en 2010. Estamos, pues, comparando manzanas con manzanas y no con peras.

Dicho esto veamos qué significa esto para las pensiones. En 2010, nos gastamos 8% del PIB en pensionistas y 92% en no pensionistas. Es decir que si en 2010 el PIB era 100, 8 unidades iban a pensionistas y 92 a no pensionistas. Pues bien, se nos dice que en el año 2050, en caso de que no haya cambios el 15% del PIB se gastará en pensiones, lo cual se considera un porcentaje muy elevado pues, supuestamente, restaría de los recursos existentes para los no pensionistas. Pero, ello no es cierto y es fácil de verlo. El 15% de 268 (el PIB de 2050) es 40 unidades, que serán las asignadas a los pensionistas, una cantidad más de 4 veces mayor que la actual, con lo cual habrá dinero para cubrirá más del doble de pensionistas de ahora, pagando más pensiones y mejores que ahora. Y para los no pensionistas quedarán 268-40=228 que es también una cantidad mucho mayor que la existente en 2010 es decir, 92. Por lo tanto, los pensionistas y los no pensionistas tendrán muchos más recursos y ello como consecuencia de que el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. El número de pensionistas se habrá doblado, pero el PIB habrá crecido incluso más. ¿Dónde está pues el problema? En realidad, hace cincuenta años, nos gastábamos menos de la mitad de lo que nos gastamos ahora en pensiones. Es decir, ahora nos gastamos más del doble de lo que nos gastamos en 1960, y ni el sistema de pensiones, ni el PIB han colapsado, porque el PIB ha crecido incluso más. En realidad, aún en el caso de que el crecimiento de la productividad fuera menor a lo estimado por el gobierno (2% en lugar de 2.5%), el PIB sería más del doble del actual.

Estos datos no están siendo considerados en la argumentación que sostiene la inviabilidad del sistema de pensiones públicas a no ser que se retrase la edad de jubilación dos años. Los que sostienen tales tesis asumen que las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores y empresarios no serán suficientes para sostener las pensiones públicas lo cual es un cálculo de escaso valor pues ignora no solo el incremento de tales cotizaciones, resultado del incremento de la productividad y de los salarios, sino también el crecimiento del PIB, es decir, de la tarta de la cual, pensionistas y no pensionistas, vivirán. No hay nada escrito en la Biblia religiosa o en las muchas Biblias económicas que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente o primordialmente a base de las cotizaciones sociales.

La Seguridad Social es el sistema de provisión social más popular en España (y en cualquier país). Es impensable que la ciudadanía dentro de cuarenta años cambie de opinión y deje de dar prioridad al sistema de aseguramiento público de las pensiones. Y en una democracia, es la ciudadanía la que debiera establecer prioridades y tomar decisiones, lo cual, por cierto, no está ocurriendo ahora, puesto que es probable que en los próximos días se apruebe el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años por una gran mayoría de las Cortes, en contra del deseo y parecer de nada menos el 78% de la población española que no aprueba tal medida. Parece que esta mayoría de la ciudadanía no está convencida que la viabilidad de las pensiones futuras depende de que tenga que trabajar dos años más. Y los datos que he mostrado en este artículo muestran que lleva razón.

Vicenç Navarro.
http://www.vnavarro.org/

¿Qué pasó con la mediática gripe A?

La gripe A generó el año pasado una enorme alarma social y repercusión mediática, con un impacto económico para los sistemas sanitarios públicos no relacionado con el número de casos y su mortalidad. Los servicios de epidemiología de México, donde se inició la epidemia, cometieron un error inicial sobre la mortandad de la gripe y éste fue aceptado sin más por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se equiparó entonces esta nueva gripe a la llamada gripe aviar, para la que se tomaron medidas excepcionales (vacunaciones masivas, fabricación de costosos medicamentos antivirales, aislamiento de poblaciones, dotación de recursos asistenciales, etc.).

La OMS declaró la situación de pandemia mundial, lo que puso en alerta máxima a los servicios sanitarios de casi todos los países del mundo, sobre todo del “desarrollado”. Sin embargo, cuando descubrieron que en realidad se trataba de una epidemia tipo 3 (muy contagiosa y de baja gravedad) con una mortalidad incluso menor que la de la gripe estacional (con dos fallecidos por cada 10.000 infectados), en lugar de asumir públicamente el fallo, la OMS negó la verdad manteniendo la alerta y cambiando incluso el concepto de pandemia internacional. La presión de la poderosa industria farmacéutica, que vio en la gripe A una enorme posibilidad de negocio, la incompetencia de los servicios sanitarios y el temor de las autoridades gubernamentales a retirar la alerta de manera unilateral, contribuyeron a que las excepcionales medidas, que consumieron ingentes cantidades de esfuerzos organizativos, económicos y sanitarios, se mantuvieran artificialmente durante muchos meses.

No obstante, la mayoría de los profesionales sanitarios fueron conscientes, desde casi el principio, de que todo era un enorme montaje mediático y económico y se negaron a colaborar activamente en el desarrollo de medidas como la vacunación masiva o la prescripción de los antivirales acumulados, que además de ineficaces podían causar daños colaterales en forma de efectos secundarios. En España esta actitud se tradujo en que la vacunación fue baja, al igual que el consumo del tamiflú.

Este año la gripe A, desprovista de la alarma del pasado año, ha llegado más tarde, con mayores molestias, y ha afectado sobre todo a los más jóvenes. El año pasado a estas alturas la gripe se batía en retirada, después de haber dejado un sonado y mediático reguero de afectados. La epidemia esta vez ha colapsado los servicios de urgencias y las camas de agudos, poniendo una vez más de manifiesto las deficiencias de nuestros servicios sanitarios, con una atención primaria masificada y una ausencia clamorosa de camas para enfermos crónicos para proporcionar cuidados hospitalarios de baja intensidad a estos pacientes con bajas defensas. Esta situación de colapso reiterado y previsible es resultado de la falta de inversión de los gobiernos central y autonómicos en servicios sanitarios, sometidos a severos recortes presupuestarios por la crisis.

Se pueden sacar conclusiones de esta situación de cara al futuro, pero es previsible que sean desconocidas por quienes nos gobiernan a nivel europeo y español. En primer lugar, las autoridades sanitarias, con la OMS a la cabeza, no han estado a la altura de sus obligaciones. Por otra parte, la gran presión mediática que magnificó la gripe respondió a intereses económicos de las grandes multinacionales de la farmacia y al afán de protagonismo de algunos periodistas para ganar audiencia recurriendo al catastrofismo. Multinacionales y gobiernos afines trataron de mantener a la opinión pública atemorizada, lo que favoreció su desmovilización y desplazó de la actualidad la corrupción, el fracaso económico de las políticas neoliberales, etc. La consecuencia es que se han despilfarrado miles de millones de euros que podrían haber servido en hospitales, centros y programas de salud pública, algo inaceptable, más todavía en tiempos de crisis.

Finalmente ha quedado en evidencia la connivencia entre la OMS y las multinacionales farmacéuticas. Desde hace tiempo la OMS fomenta lo que llama colaboración público-privada; esta crisis delata que en realidad se trata de poner a los organismos internacionales en manos de los intereses económicos privados. La desconfianza hacia los responsables de la salud pública puede ser muy peligrosa cuando de verdad se produzca una pandemia de una enfermedad de alta gravedad.

Manuel Martín García / Médico y secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Diagonal