La educación de las élites

España, para competir mejor en el mundo global, ha de elevar el nivel educativo de toda la población y no solo el de unos cuantos. Separar a los alumnos mejores del resto no incrementa la eficacia de la enseñanza

Para el profesorado academicista nada hay más deseable que agrupar a los alumnos en función de su rendimiento. Como era de esperar, la propuesta de Esperanza Aguirre de crear centros de Bachillerato de excelencia cuenta con el apoyo de importantes sectores del profesorado de este nivel educativo. Prueba de ello es el artículo recientemente publicado en estas páginas por César Molinas, catedrático de Educación Secundaria. Su texto no va más allá del mero enunciado de prejuicios segregadores contrarios por completo a la evidencia empírica de que disponemos. Mal empezamos si queremos partir desde aquí para formar nada más y nada menos que a las élites adolescentes de este país.

Sin ningún género de dudas, la investigación más señera sobre el tema de la agrupación del alumnado en función de su nivel educativo es la de Jeannie Oakes titulada Keeping Track y en ella se advierte taxativamente contra sus múltiples inconvenientes. Se suele pensar que los alumnos aprenden mejor en grupos homogéneos y que se retrasará el aprendizaje de los estudiantes brillantes si se mezclan con los menos aplicados. Se supone, por otro lado, que los estudiantes más lentos desarrollan actitudes más positivas hacia sí mismos y hacia la escuela si no comparten aula con los alumnos brillantes. A ello se añade que se tiende a creer que la agrupación refleja los logros ya conseguidos y los futuros. Finalmente, y esta es la clave, los profesores consideran más fácil bregar con grupos homogéneos.

En lo que se refiere al pretendido beneficio de la segregación para los alumnos menos académicos, lo que en realidad sucede es que una vez que determinados estudiantes son situados en los grupos lentos son contemplados por sus compañeros y por el profesorado como torpes, lo que provoca el desarrollo de autopercepciones negativas. Oakes señala que el agrupamiento no iguala, no incrementa la eficacia de las escuelas. Muy al contrario, retrasa el aprendizaje de los menos avezados, promueve una baja autoestima y separa a los estudiantes a lo largo de líneas socioeconómicas. Oakes sustenta estas afirmaciones en un estudio dirigido por ella y realizado en 25 escuelas. Son muy llamativas las diferencias en las respuestas de los alumnos a ciertas cuestiones en función del itinerario al que perteneciera su grupo. Una de las preguntas era: ¿Qué es lo más importante que has aprendido en esta clase? Entre los estudiantes de los grupos avanzados se obtenían respuestas del siguiente tenor: "He aprendido a analizar historias que he leído", "estoy desarrollando una mentalidad abierta", "he aprendido a hacer experimentos". Entre los alumnos de los grupos menos aplicados las respuestas eran de este tipo: "Me he dedicado a inflar globos luminosos"; "no he aprendido nada, solo los números romanos"; "he aprendido que el inglés es aburrido".

Los alumnos situados en los itinerarios de bajo nivel reciben una educación de considerable peor calidad que la de los que están los grupos de mayor rendimiento. Es la profecía que se cumple a sí misma. Para los elegidos Molinas propone una educación en la que estos "deberían aprender a hacer preguntas y dudar de las respuestas que obtengan". ¿Por qué no se desea una educación de este tipo para todos? ¿Es que solo unos pocos tienen derecho a la autonomía intelectual? El mensaje es de un elitismo hiriente. Para Molinas es poco menos que imposible que los alumnos más aplicados den de sí todo lo que pueden si se juntan con los indolentes. Sin embargo, la realidad es tozuda y esto no tiene por qué ser así. Finlandia, por ejemplo, desmontó el rígido sistema de itinerarios y eliminó los exámenes estatales utilizados para este propósito. En su lugar se preocupó por contar con profesores muy preparados y un currículo y una evaluación basados en la resolución de problemas, en la creatividad, en el aprendizaje independiente y en el trabajo colaborativo en el aula.

Por desgracia, el actual Gobierno, en la Ley de Economía Sostenible, incurre en el mismo error con los itinerarios propuestos en cuarto de la ESO. Al alumnado se le ofrecerían tres opciones de entre las cuales habría de elegir tres materias. La primera de aquellas es la que posiblemente elegirían los alumnos que vayan a cursar en Bachillerato las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales o la de Artes. La segunda -dada la presencia de materias como "tecnología", "física y química" y "biología y geología"- está claramente concebida para los alumnos más aplicados: los que elegirían en Bachillerato la modalidad de Ciencias y Tecnología. Finalmente, la tercera -en la que ya no hay segunda lengua extranjera- conformará el itinerario de los alumnos de menor rendimiento a los cuales se orientará hacia una formación profesional crecientemente estigmatizada. En definitiva: unos ponen el fusil y otros cargan la bala.
En la propuesta de Aguirre se habla de crear grupos de excelencia en los centros convencionales. Molinas va más lejos y plantea una separación radical: los "buenos" alumnos -5.000 es la arbitraria cifra que propone, sin aducir ningún tipo de explicación- se educarán lejos del resto, de los hijos de lo que él llama "masas embrutecidas en las últimas décadas".

Según Molinas las élites españolas -de los últimos siglos dice como si España existiera desde la época del Imperio Romano- son conformistas y para acabar con tal molicie propone una secundaria superior de élite. La educación en España es un desastre y para demostrarlo no se apoya en los informes de referencia para la comunidad científica internacional -el PISA de la OCDE- sino que lo hace en el Informe de competitividad global, el cual nos sitúa a la cola del mundo. Tal informe, como ya señalara Vicenç Navarro, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins, se basa en una encuesta de opinión a personas o instituciones del ámbito empresarial y no es el resultado de una investigación con datos objetivos (La manipulación neoliberal de la imagen de España, en http://www.vnavarro.org/?p=4780).

De acuerdo con lo que se ve en los informes PISA, tenemos sin duda el problema de que es muy reducido el porcentaje de alumnos españoles que está en los niveles de rendimiento más alto y ello pese a que los hijos de la gente más acomodada acude a centros privados donde ya eluden a las clases bajas (a la masa embrutecida y embrutecedora). Sin embargo, nuestros alumnos procedentes de entornos socioeducativos bajos obtienen mejores resultados que la media de los que están en igual situación desfavorecida en los demás países. Es lo que José S. Martínez, uno de nuestros principales analistas de los informes PISA, sintetizaba diciendo que tenemos unos pijos tontos y unas clases populares listas (www.debatecallejero.com). No obstante, siempre y cuando queramos una economía competitiva, la solución consiste en elevar el nivel educativo de toda la población y no solo el de unos pocos.

Quizás Molinas haya sido catedrático de secundaria hace mucho tiempo y desconozca cómo se selecciona a los directores de nuestros centros sostenidos con fondos públicos. Decir que la gestión es "rotativa entre los profesores del centro, como si fuera una comunidad de vecinos" es engañar al lector. Los candidatos a directores han de haber obtenido una acreditación y son seleccionados por una comisión en la que hay representantes del centro al que se presenta el candidato y de la administración educativa correspondiente. Es cierto que se podría crear un cuerpo de directores profesionales, pero no ha sido esta la opción de la democracia española, le guste o no a Molinas.

Si de crear élites se trata, y parece mentira que se cite a Ortega, el lugar idóneo para formarlas sería la universidad y no la secundaria superior, nivel que debería alcanzar -bien sea en su rama académica o en la profesional- más del 85% de nuestros jóvenes si es que queremos que la nuestra sea una sociedad del conocimiento. En cualquier caso, no olvide el lector que ya existen centros con currículo adaptado para niños y niñas que destaquen en la música o en el deporte (ahora habrá quien proponga centros de infantil y primaria o, por qué no, vientres de excelencia). Y, de igual modo, contamos desde hace tiempo con el Bachillerato internacional.

Rafael Feito es profesor de Sociología en la UCM.
Fuente: El País

La cadena alimenticia está casi rota. ¿Quién volverá a forjar los eslabones de la confianza?

Nuestra fe en el moderno sistema alimentario es conmovedora. Cuando en una bolsa de hojas de ensalada se lee: "Lavada y lista para su consumo", la mayor parte de la gente devorará su contenido sin pensárselo dos veces. Damos por hecho que las hojas se cultivaron de modo seguro, se recogieron de modo higiénico, se arrancaron, lavaron, secaron y empaquetaron tan meticulosamente en una fábrica que no nos hace falta siquiera enjuagarlas bajo el grifo de la cocina.

¿Y por qué no íbamos a hacerlo? A primera vista, jamás nuestros alimentos han sido más seguros. Los cultivadores, agricultores y procesadores de alimentos de todo el mundo están metidos hasta el cuello en reglamentaciones y protocolos impuestos por organismos de seguridad alimentaria y un puñado de minoristas aun más poderosos y exigentes. La Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA, European Food Safety Authority) nos dice que está al quite del "campo al tenedor" y alardea de su sistema de "alerta rápida". En el Reino Unido, cuando algún temor alimentario llega a los titulares, un portavoz de la Food Standards Agency (Agencia de Calidad Alimentaria) aparecerá de modo fiable con palabras tranquilizadoras quitándole importancia al riesgo.

En esas extrañas ocasiones en que nuestra confianza normalmente relajada pudiera caer en el pánico, como ha sucedido con las ensaladas tras el nuevo brote de e.coli en Alemania, podemos quedarnos con la consoladora noción de que el estamento transnacional de salud pública se consagra a rastrear la fuente de un problema rebelde. Nuestro lustroso y limpio sistema de última generación no se pone en cuestión.

Y habría que ponerlo. El estamento de seguridad alimentaria con bata blanca, redecilla en la cabeza y lavado y restregado a conciencia habla en un lenguaje de "bioseguridad", "análisis de riesgo", y "puntos de control críticos”, pero lo cierto es que la industria alimentaria se autorregula en buena medida. La parafernalia de la seguridad alimentaria moderna guarda más relación con la conveniencia empresarial y el establecimiento de un rastro de papel que demuestre la "debida diligencia" en caso de problemas que con garantizar la seguridad pública. Abundan las listas de comprobación, el papeleo y las auditorias. Estos procesos burocráticos se basan en el cuestionable supuesto de que cuando la gente dice que hizo algo, como analizar la calidad microbiológica del agua con que se lavan regularmente las ensaladas o interrumpir el tratamiento de pesticidas dos semanas antes de la cosecha, es lo que de veras han hecho.

Ahora que los escándalos alimentarios están regularmente a la orden del día, nos hace falta entender que, por su misma naturaleza, nuestro sistema alimentario industrializado y globalizado engendra problemas de salud pública. Se orienta a producir enormes cantidades de alimentos y elevar la productividad pero al mínimo coste. De modo que los agricultores y cultivadores se ven empujados a ahorrar haciendo economías y adoptando prácticas intensivas, dejándonos expuestos a riesgos sin precedentes que son cada vez más graves: todo, desde las toxinas hasta los cultivos transgénicos que aparecen en la sangre fetal, de los terneros clonados y enfermizos que mueren al poco de nacer a la creación de supervirus más virulentos.

La aparición la semana pasado de una nueva cepa de MRSA (estafilococo aureus resistente a la meticilina)[1] en vacas británicas, resistente a grupos esenciales de antibióticos, es un caso pertinente. La causa de raíz es casi con seguridad el uso rutinario de antibióticos en las granjas lecheras intensivas. Se utilizan como “arreglo” de alta tecnología en un intento cada vez más desesperado de mantener a raya la mastitis, una de las enfermedades endémicas de la producción industrial de animales de granja. Pero cuando los supermercados pagan a los productores lecheros menos de lo que les cuesta producir, ¿qué otra cosa podemos esperar?

Las modernas unidades de producción alimentaria – ya se trate de los cebaderos de reses o los invernaderos o “hubs” con politúneles a la europea del tamaño de una pequeña ciudad– son de una escala tal que amplifica el impacto de todas las bombas de tiempo que nuestros sistemas alimentarios industriales están preparando. Si el agua contaminada con bacterias tóxicas en los alimentos potencialmente fatales como el e.coli llega a contaminar alguna vez la cosecha de pepinos, ya podemos rezar y esperar que suceda en alguna granja aislada, separada de las rutas comerciales globales, y no, por ejemplo, en los invernaderos holandeses que proporcionan un tercio del suministro mundial. Una pequeña unidad que produzca un producto contaminado afectará sólo a un número pequeño de personas, una gigantesca que haga otro tanto perjudicará a un gran número.

Se ha denunciado la prohibición rusa de importar frutas y verduras de la UE como algo desproporcionado y con motivaciones políticas. Pero la distribución y el comercio minorista globalizado de alimentos presentan problemas de salud pública de primer orden que traspasan las fronteras nacionales en cuestión de horas sin que podamos concertar un intervalo horario para su entrega en casa y antes de que la policía alimentaria caiga en la cuenta. A principios de año, se enviaron a Holanda huevos contaminados con dioxina para ser procesados, procedentes también de Alemania, se despacharon a dos empresas británicas que manufacturan alimentos procesados y se distribuyeron luego en el Reino Unido a través de grandes supermercados. Para cuando se determinaron cuáles eran los eslabones de una cadena que se extendía por tres países, la Food Standards Agency reconocía que la mayoría de los productos ya se habrían vendido y consumido. Puede que Rusia esté sacando partido de una situación comercialmente ventajosa, pero si fuéramos ciudadanos rusos que se han intoxicado con e-coli al comer ensaladas importadas de una región ya afectada, querríamos saber por qué nuestro gobierno no nos ha estado protegiendo.

El peor brote de e.coli en el Reino Unido hasta la fecha mató en 1996 a 21 personas en Lanarkshire. La fuente – una pequeña carnicería en la que contaminación se produjo al mezclarse la carne cruda con la ya preparada para su consumo– se identificó con bastante rapidez debido a que se localizaron los casos. Por contraposición, aunque el actual brote de e.coli parece afectar a gente del norte de Alemania o a quienes habían estado en la zona, la fuente del envenenamiento está envuelta en el misterio. La diferencia clave en este caso es que la gente de Lanarkshire había comido la carne del lugar. En Alemania pueden haber comido ensaladas que procedían de lugares a miles de kilómetros de distancia, lo que hace mucho más difícil ubicar con exactitud la fuente.

Ya se trate del e.coli o de alguna otra cosa, los repetidos escándalos alimentarios van a seguir estando a la orden del día hasta que aceptemos, como dice hoy Oxfam, que el sistema alimentario global está “deshecho” y resulta cada vez más disfuncional, y en el caso de la seguridad alimentaria, de modo peligroso. Los riesgos institucionalizados que se corren son endémicos. Las autoridades de seguridad alimentaria simplemente viven con ello. Un alarmante 75% de las aves de corral británicas, por ejemplo, está contaminada en el punto de venta con campylobacter, un virus tóxico para los alimentos que en el peor de los casos, puede matar. Se nos dice que debemos cocinar concienzudamente el pollo para eliminarlo, lavar las ensaladas (auque ahora sabemos que el e-coli no se elimina de modo fiable ni siquiera con agua clorada) y no inquietarnos por el MRSA que se incuba en las granjas, dado que pasteurización lo mata, de manera que toda va bien pues. Fin del pánico.

Pero si queremos que nuestros alimentos sean seguros, debemos reconocer que esto sólo puede lograrse con un modelo radicalmente diferente de alimentación y agricultura, que se base en el potencial en buena medida sin explotar de una producción y distribución de alimentos a pequeña escala, mucho más regional. Necesitamos un nuevo sistema que no concentre ya el poder y el control de la cadena alimenticia en manos de unas pocas corporaciones y grupos de interés globales, a expensas de todos los demás, que sitúe la diversidad en su centro y respete los límites del mundo natural, en lugar de tratar de anularlos. Hasta entonces podemos esperar más temores alimentarios. Es el negocio de costumbre.

Nota del t.: [1] El MRSA, siglas en inglés de "Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus" o estafilococo aureus resistente a la meticilina, es una infección bacteriana causada por el germen Staphylococcus aureus (comúnmente llamado "Staph"), que es resistente a un grupo de antibióticos, entre los que se cuentan la penicilina, la meticilina, la oxacilina, y la amoxicilina. La infección se inició por el uso inadecuado de antibióticos no tomados durante el periodo completo prescrito. Estas bacterias se encuentran habitualmente en entornos hospitalarios, así como en instalaciones deportivas y otros ambientes húmedos y cálidos. La mejor defensa contra ellos consiste en una buena higiene, en bañarse y lavarse las manos con frecuencia. La mayoría de los casos de MRSA aparecen como infecciones de la piel, con granos o lesiones.

Joanna Blythman, periodista de investigación y colaboradora de medios radiotelevisivos, está especializada en cuestiones de alimentación

Traducción para www.sinpermiso.info de Lucas Antón

Servicios Públicos. Pais Valenciano: : La gestora del hospital de Alzira acumula 26 millones de euros de beneficios desde 2003

Las cifras explican el interés que despierta entre los fondos de inversión la entrada en el negocio de las concesiones sanitarias - La UTE tiene el tope de ganancia en el 7 %, pero asegura de media el 2,2 %.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el departamento de salud de la Ribera, el primero de España de titularidad pública y administración privada, obtuvo unos beneficios superiores a los 26 millones de euros en los últimos siete años, concretamente desde que amplió su campo de actuación y asumió la gestión integral del departamento con la asistencia primaria y la especializada.

Los resultados de explotación de los últimos siete ejercicios y la cifra global los ha conocido Levante-EMV de la información que la UTE, de la que forman parte Adeslas (51%), Ribera Salud -integrada por la Bancaja (ahora Bankia) y la CAM- (45%), además de Lubasa y Dragados con el 2% cada una, ha puesto en conocimiento del comité de empresa.

En los tres últimos años, en que la crisis ha afectado a todos los sectores empresariales, los tres grupos accionariales que gestionan el departamento se han repartido unos beneficios de 10 millones de euros, casi tanto como en la época de bonanza cuando superaron los 16. Según los balances, el mejor año fue 2008 cuando la gestora cerró cuentas con 5,5 millones de beneficio.

La UTE tiene fijado por el contrato de concesión un tope máximo de ganancias del 7% de los ingresos y desde la dirección del departamento se asegura que la media del reparto entre los socios desde 2003 se sitúa en el 2,2%.

Sin embargo, vistas las cifras no resulta extraño que los inversores hayan puesto sus ojos en la sanidad y que se apresten a entrar de lleno en uno de los sectores que aún es capaz de ofrecer rentabilidad en medio del marasmo. Además, si algún hospital dispone de perspectiva suficiente para analizar las cifras que pueden reportar las concesiones sanitarias ese es el de Alzira, inaugurado en 1999, y que da nombre al modelo implantado después en Dénia, Torrevieja, Manises, Elx y diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.

Por ello, tampoco extraña a la vista de los números la puja que mantienen varios fondos de capital riesgo, ya sea el Santander o el de la familia Roig, propietaria de Mercadona, por entrar en Ribera Salud o adquirir el 51% de Adeslas.

Como también se entiende el acuerdo que contempla que Criteria (La Caixa) venda su participación en el 80% de hospitales bajo su control y que excluya el 51% del capital social que controla a través de Adeslas en la Ribera. Adeslas, que pasó el año pasado de manos de Aguas de Barcelona a lo que se denomina VidaCaixaAdeslas, tiene la mayor parte accionarial en la Ribera y por tanto la capacidad decisoria y ejecutoria.

Es una muestra de que el hospital de la Ribera es un bocado apetecible para los grupos inversores, que empiezan a tomar posiciones en el sector con la intención de expandir sus negocios al mundo de la sanidad y su desembarco en Ribera Salud aprovechando las dificultades de las cajas de ahorro.

Al hecho de que los grupos inversores tomen posiciones en el sector ayuda también que atisben un recrecimiento del modelo Alzira para los próximos años, sobre todo si el PP alcanza, como todo apunta que sucederá, el Gobierno de España ya sea en otoño o en primavera. Será entonces en plena época de recortes de gasto público, el momento idóneo para ampliar un modelo, el llamado Alzira, que la Conselleria de Sanidad defiende que es un 30% menos costoso para las cuentas públicas que el modelo público, que queda ya relegado a los hospitales menos rentables por población.

Aumenta a 619 euros el pago por cada uno de los 270.000 habitantes

La Generalitat tiene previsto abonar durante 2011 un total de 619,8 euros por cada uno de los 270.000 usuarios del sistema público de salud con los que cuenta el departamento de la Ribera. La multiplicación arroja una cifra de 167 millones de euros. Con ese dinero, la UTE gestiona los recursos humanos y las infraestructuras sanitarias para atender a los pacientes de la mayor parte de la comarca -algunos municipios dependen de Xàtiva y otros de Valencia- y de todo aquel usuario de fuera de la comarca que quiera o necesite ser atendido en el Departamento de Salud. Por ello, el portavoz del Sindicato Médico de Asistencia Pública (Simap), Pedro Durán, asegura que "el mensaje de austeridad que está dando en los últimos tiempos la UTE de puertas adentro choca con el balance de beneficios que presenta la empresa y no se justifican la falta de sustituciones, ni plantillas de médicos y facultativos insuficientes", remarca.

casmadrid (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública. Madrid)
junio 2011

Nuevo escalón en el retroceso social

El fenómeno de las subastas voluntarias de trabajadores en determinados rincones de nuestras ciudades era del todo esperable, pero no por ello es menos trágico. Cada vez más, cientos de desempleados buscan desesperadamente un trabajo a cambio de lo que sea para poder mantener a flote a su familia. Dispuestos a rebajar sus pretensiones económicas y las condiciones de su trabajo hasta límites insospechados, rivalizan a la baja con otras personas tan abatidas como ellos. Seguramente, para conseguir un trabajo de explotación en el que quizá tampoco cobren lo acordado bajo amenaza de no tenerlos en cuenta en futuras ocasiones.

La situación me recuerda el pequeño estudio Discurso de la servidumbre voluntaria, escrito en el siglo XVI por Étienne de La Boétie, donde se analizan los motivos de la sumisión voluntaria a la tiranía. El autor se interroga acerca de los mecanismos por los que un solo hombre puede llegar a imponer su voluntad sobre todo un colectivo. No es exagerado pensar que actualmente nos encontramos ante una nueva tiranía: la del mercado. Y la pregunta vuelve a ser pertinente: ¿por qué tantos hombres aceptan someterse al nuevo feudalismo laboral?

A la vista de lo que ocurre, quizá sea verdad que la historia no es un recorrido de soluciones a problemas, sino una sucesión de diferentes reordenamientos de los mismos problemas. Así, los conflictos de fondo permanecerían presentes en todo momento y únicamente se encontrarían soluciones que se aceptan durante un tiempo como provisionales. A partir de ese planteamiento, quizá puede entenderse mejor que el equilibrio pactado entre los intereses del capital y los derechos sociales solo ha sido un orden posible entre otros muchos, y que ahora nos vemos forzados a revisarlo.

En cualquier caso, es imprescindible tener claro un aspecto: la subasta de la propia fuerza de trabajo no es solo una cuestión de abuso por parte de ciertos empresarios, que también. No se trata de un problema que afecta a determinados colectivos, aunque los más frágiles sean los más expuestos a sufrirlo directamente. No es tampoco una situación puntual o transitoria, a pesar de que nos encontremos en un proceso de cambio. La situación de las personas que hoy se someten a esa tiranía, más allá del drama personal, es la expresión de un cambio más profundo. Un cambio que tiene que ver con una variación en las cuotas de equilibrio entre el mercado y la protección social. Se trata de un cambio en las reglas de juego. Un cambio que ha venido con la intención de quedarse.

Se están sentando las bases de un nuevo marco que apunta a un aumento de la actividad económica no vinculada necesariamente a la ocupación. Menos aún a los derechos sociales. Se trata de un cambio de paradigma.

Un cambio que va a provocar de manera progresiva que muchos trabajadores desempleados y desesperados estén dispuestos a dimitir de sus propios derechos para poder asegurarse un ingreso económico. Podemos seguir pensando que eso a nosotros no va a sucedernos. Pero esa no es la cuestión. Lo que debe preocuparnos es la posibilidad de que se estén forzando las condiciones para crear un clima social en el que puedan darse nuevas servidumbres voluntarias. Un ambiente de dimisión social. Ante ese riesgo, son importantes iniciativas como la declaración Ni un paso atrás!, impulsada por un conjunto de plataformas ciudadanas, en las que se apunta la necesidad de no permitir retrocesos que faciliten nuevos (des)equilibrios ligados a una mayor precariedad y vulnerabilidad de las personas.

Xavier Orteu
El Periódico

Propuestas para el debate sanitario. Una contribución a #15M #Spanishrevolution

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que tuvisteis la valentía y el coraje necesario para articular y propiciar este espacio para la libertad de expresión pública de las ideas, su reflexión individual y colectiva, la participación abierta en su debate y la presentación consensuada de propuestas encaminadas a mejorar nuestra sociedad.

Muchas gracias por aglutinar todos los hartazgos de quienes hemos percibido que nuestra democracia no va bien pero que andábamos perdidos en el mar de “lo políticamente correcto”, sumidos en un supuesto pragmatismo miope que nos obcecaba y nos recluía a pequeños “garitos marginales” en donde expresar nuestro descontento y rebeldía social y profesional con una escasa repercusión entre los ciudadanos.

Muchas gracias por el “aire fresco y limpio” que emana de esta nueva (y la vez la más vieja) de todas las formas de ejercer la democracia de los ciudadanos. Espero y deseo que esta “revolución de las ideas” y “de la participación social” impregne (con el esfuerzo de todos) un nuevo paradigma en la relación entre la política formal del estado y sus ciudadanos

Este movimiento le ha echado un órdago a las formas de hacer política, y obliga a los afiliados y gobernantes de los partidos a que vuelvan a discutir sobre valores e ideología y releguen al último escalón de su compromiso político la ostentación de cargo público o el nimio privilegio que se pueda derivar de la ocupación de un puesto de poder.

Espero y deseo que los partidos comprendan y asuman que (en poco más de semana) el movimiento 15-M ha generado más ideas y más propuestas que ellos en los últimos 10 años y, o entienden esto y lo integran, o están condenados a desaparecer en la obsolescencia.

Sé que algunos (o muchos) de sus gobernantes querrán menospreciarlas por considerarlas utópicas, pero ya es hora de reivindicar la utopía, aunque sólo sea porque hemos visto qué pasa cuando se vive y se hace política sin ella como ha ocurrido en los últimos 25 años.

Hemos de recuperar la utopía como meta, no para conseguirla mañana mismo, sino para que nos marque el camino, para que todas nuestras acciones tenga un sentido y no se diga hoy una cosa y, mañana, justo lo contrario.

La utopía, cuando es fruto del debate de las ideas de muchos, es el único antídoto capaz de reconducir la política de un estado. Para que el bienestar de los ciudadanos vuelva a ser la razón de ser de las políticas de estado, de nuestra comunidad y de nuestros ayuntamientos. Para que la soberanía de los ciudadanos no se doblegue ante los intereses de una especie de entelequia, que nadie sabe lo que es, que no tiene nombre, ni cara, ni principios reconocidos, y que se hace llamar los mercados financieros.

La política de nuestros gobernantes ha sucumbido a estos mercados, que dictan lo que se tiene que hacer sin más interés que el especulativo y el de los beneficios económicos, que no entienden ni les importa el bienestar de los ciudadanos ni atienden a otros principios democráticos que aquellos que les favorecen en sus negocios.

La razón principal por la que me he atrevido a participar en este “Ágora de las ideas” es porque creo que es absolutamente necesario el debate sobre la salud de los ciudadanos y las amenazas que penden sobre que nuestro sistema nacional de salud, porque creo que ambos están en grave peligro ante las políticas sanitarias que se están aplicando, mucho más marcadas por los intereses de los mercados financieros que por el beneficio en la salud de población.

La Salud de los ciudadanos

El principal problema de la salud de los ciudadanos entiendo que es la medicalización de la vida. Se han instaurado en nuestras vidas las políticas de gestos y nos desparramamos en la discusión sobre su valía o eficacia, nos ofuscamos en la periferia y nos agrupamos en partidarios o detractores de cada medida adoptada, encapsulando nuestra capacidad de abstracción. ¿Medicamentos genéricos o de marca?, ¿Sertralina o Paroxetina?, ¿Rosuvastatina o Simvastatina?, ¿a favor o en contra de la Ley del medicamento gallega? Estas y otras muchas preguntas corren por doquier marcando el debate de política sanitaria, pero entiendo que es necesario alzar el punto de mira de nuestras reflexiones y preguntarnos otra cosa bien distinta: ¿son siempre necesarios?, ¿está cuantificado objetivamente su beneficio-riesgo?, los estudios que avalan su uso, ¿están respaldados por la evidencia científica en todas sus indicaciones?

Considero que este es el principal problema porque, hay una relación inversa entre medicalización y salud poblacional, como lo demuestran los datos de mi Comunidad Autónoma: la Región de Murcia que es una de las comunidades más medicalizadas de España (según recetas/habitante/año y gasto farmacéutico), de las que tienen peores resultados en salud (morbimortalidad, más eventos cardiovasculares, etc.) y de las que presentan más factores de riesgo no asociados a medicación (obesidad, sedentarismo, tabaquismo) como recoge el Plan Regional de Salud 2010-2015[1].

Son muchos los factores que podrían ayudar a comprender este proceso de medicalización de la vida, pero me parece importante destacar:

· Situaciones fisiológicas, propias de un género o de la edad, se están transformando en enfermedades y ciudadanos sanos en pacientes consumidores de medicamentos o de productos de alimentación.

· Estados de ánimo propios como la pérdida de un ser querido o la timidez social o el estrés tras un acontecimiento vital grave (terremotos, huracánes, etc.) o la falta de energía previa a la menstruación de las mujeres, también se transforman en enfermedades que precisan medicamentos.

· Se transforman factores de riesgo (que son circunstancias a las que no se les ha encontrado una relación causal con una enfermedad) en enfermedades que precisan medicamentos

· Se emplean métodos diagnósticos validados para la enfermedad en personas sanas y sus hallazgos se interpretan como patológicos sin que esto se haya podido avalar científicamente. Y, a partir de ahí, se les extirpa algo, se les medica de por vida o, simplemente, se les dice que son enfermos

¿Qué hay detrás de todo esto? Pues los mercados, que precisan ampliar la venta de sus productos sin más cortapisa que los beneficios económicos. La salud es el primer mercado mundo, mucho más importante que el armamentístico. En él se identifican fundamentalmente cuatro tipos de empresas: La industria farmacéutica, la de tecnologías sanitarias, la de alimentación y la de los productos de parafarmacia no definidos como medicamentos y, por lo tanto, no sometidos a controles (medicina tradicional herboristería, homeopatía y similares)

Las dos primeras, que vienen con el aval histórico de la beneficencia y utilidad sanitaria, han sufrido como ninguna la penetración de los mercados en su ideario y finalidad social y, así, ahora dependen más de la bolsa y del mercado de valores que de sus valores como bien de servicio público:

· No se investiga para curar enfermedades, sino para cronificarlas y que los enfermos dependan siempre de los medicamentos.

· Dedican a la promoción del medicamento la tercera parte de sus beneficios (toda la industria de la cosmética apenas llega al15%), disminuyendo drásticamente sus inversiones en investigación

· Dominan a su antojo los mecanismos reguladores para la aprobación de sus nuevos productos creando un sistema global que les beneficia y en el que pueden doblegar a cada uno de sus elementos. Permitidme que lo explique aunque sólo sea “grosso modo”:

Hay casos en los que generan prestigio y elevan a la condición de experto a investigadores y médicos que aceptan sus condiciones.

Algunos de estos producen ensayos clínicos financiados por la propia industria y metodológicamente pensados para que les resulten comercialmente convenientes, pudiéndose dar el caso de que el producto sólo hubiera sido estudiado en unas 1.500 personas voluntarias y muy distintas a la población que luego lo vaya a consumir.

A veces, la publicación de los mismos aparece en revistas de gran prestigio científico pero sólo con los resultados que le convienen y ocultan los negativos o los publican en revistas falsas, o editadas por ellos “ad hoc” sin difusión pública alguna.

Con los resultados de sus ensayos clínicos acuden a las Agencias Reguladoras de los medicamentos y tecnologías sanitarias para que los aprueben para el consumo humano. Estas Agencias (tanto europeas como nacionales) viven y se financian de lo que pagan los mismos laboratorios farmacéuticos por las valoraciones que hacen de sus productos.

Una vez aprobados pasan a los estados que son los que admiten o no que el nuevo producto sea financiado por el sistema sanitario. Y creedme si os digo que los criterios que usan son desconocidos y muchas veces contradictorios (ej: Dutasterida vs Dutasterida/tamsulosina).

A partir de ese momento, la red de vendedores comerciales de cada laboratorio se encarga de la venta del producto a los profesionales sanitarios.

Y, por último, se cierra el chiringuito cuando los médicos prescribimos estos productos, científicamente avalados, con el beneplácito de las Agencias Reguladoras y el entusiasmo agradecido de los visitadores médicos y de sus laboratorios de referencia.

Este es el circuito y estos son los riesgos a los que se expone un paciente cuando consume medicamentos nuevos. Al cabo de unos 3 a 5 años, los sistemas de farmacovigilancia y los estudios de postcomercialización independientes son los que avalan los beneficios terapéuticos del medicamento o alertan sobre sus efectos adversos o su escasa utilidad terapéutica.

En cuanto a las otras dos, basta con observar a los medios de comunicación para estar preocupados no solo desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos sino, también, de los consumidores. Voy a pasar, casi de soslayo, pero no me resisto a aseguraros que:

Un yogurt es un yogurt y puede venirnos bien para una diarrea, pero no aumenta nuestras defensas y nos resfriaremos igual si lo tomamos o no.

La osteoporosis no es una enfermedad sino un factor de riesgo, lo que quiere decir que, si nos caemos, es más probable que se nos pueda romper una cadera conforme nos hagamos mayores, y los yogures ricos en calcio no han demostrado que nos prevengan de esto.

Que los ácidos Omega 3 tienen un reconocido efecto cardioprotector, pero sería necesario beberse 6 litros diarios de leche enriquecida para alcanzar las dosis necesarias. Que es mejor tomar una rodaja de 100 gr de salmón fresco.

Que las margarinas son grasas saturadas no saludables, lleven o no lleven vitamina D.

Que perder la memoria suele ser fruto de una situación de estrés o una depresión, pero cuando es síntoma de una enfermedad neurológica no hay pastillas para recuperarla.

Que los productos homeopáticos son aquellos que han diluido una sustancia 1/100 durante 36 veces, por lo que solo son capaces de producir un efecto placebo en nuestro organismo. Es por eso, por lo que sólo actúan en función de las creencias de quien los consume y, antes de comprarlos, os deberíais de preguntar cuánto dinero estáis dispuestos a pagar por una cápsula con azúcar liofilizado.

Y, por último, esto ya solo para los ingenuos, os garantizo que los aparatos que se venden para alargar el pene… no funcionan.

Y todo esto está así porque falta una política seria que defienda la salud de los ciudadanos por encima de los intereses de mercado. Política que creo que debemos exigir y que debe incorporarse a las propuestas que, desde este Ágora de las ideas, hemos de efectuar a los gobiernos y a los partidos políticos.

Las amenazas de nuestro Sistema Nacional de Salud

Creo que nuestro SNS está gravemente amenazado pero mi análisis difiere del que se oye desde los medios de comunicación. Entiendo que las dos amenazas fundamentales son las multinacionales de la prestación de servicios sanitarios y la supuesta insostenibilidad del sistema.

Las primeras ya están aquí, y han absorbido a la mayoría de las empresas de sanidad privada que existían hace años en nuestro país, pero han comprendido que aquí la sanidad privada tiene un rival demasiado potente y que es imposible doblegarlo en una competición directa..Así que optan por una estrategia de penetración lenta:

• Primero ofreciendo servicios concertados.
• Después asumiendo en mayor o menor medida los servicios sanitarios hospitalarios.
• Más tarde, absorbiendo a los centros de salud de un área sanitaria

¿Qué vendrá después?... Sea lo sea, lo que no podemos olvidar es que estas empresas son más mismas que boicotearon la descafeinada reforma sanitaria de Obama y que, por filosofía y valores, son contrarias a lo público y a que los ciudadanos reciban unos servicios sanitarios que intenten ser de calidad y sin ánimo de lucro.

Hablar de la supuesta insostenibilidad del SNS es un tema muy controvertido, con una alta carga ideológica, y gran contenido político.

Datos objetivos son que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, de libre acceso y gratuito para todos los ciudadanos y con una completa cartera de servicios tanto de promoción de salud como preventivos, curativos y rehabilitadores. Y con unos muy buenos resultados en la salud de los ciudadanos.

• Un sistema que asume la prestación farmacológica con un copago reducido solo para sus afiliados en situación activa y con enfermedades agudas pero que soporta el gasto en medicamentos de sus pensionistas y en pacientes con enfermedades crónicas.
• Un sistema con una alta cualificación entre sus profesionales y con un nivel de calidad científico-técnica similar al de los países más desarrollados de Europa.
• Un sistema más barato al erario público, en términos de gasto en PIB, que la mayoría del resto de países de la OCDE, a pesar de ofrecer más prestaciones.

Y, con estos datos, ¿cómo se puede considerar insostenible nuestro sistema? Antes de realizar tal afirmación, deberían de merecer este mismo calificativo el resto de sistemas sanitarios europeos que gastan más y ofrecen menos servicios.

¿Quiere decir entonces que todo va bien y que no hay que hacer cambios? Pues no, es absolutamente necesario introducir mejoras en las bolsas de ineficiencia económica que están enquistadas en nuestro sistema:

• La medicalización, como ya he dicho, es un problema de salud pública, pero también es un despilfarro económico que, sin producir más salud a los ciudadanos, solo sirve para engrosar los beneficios de la industria farmacéutica. Las políticas de abaratar los precios de los medicamentos son necesarias pero no suficientes. Hay que afrontar políticas integrales que intervengan sobre todos los elementos que actúan en el proceso, desde la concienciación ciudadana hasta los medios de comunicación, pasando por las industrias sanitarias, las oficinas de farmacia, los gestores y los propios médicos.
• Lo que diferencia al SNS del de resto de países es una atención primaria que es puerta de acceso al sistema y tiene una muy alta capacidad de resolución de problemas. Potenciarla no solo significa invertir más en recursos humanos y tecnología, sino convertir la zona de salud en la unidad básica de gestión y acabar con las gerencias únicas, que son justo el extremo opuesto.
• Hay que introducir modelos de competitividad en la atención hospitalaria y otras muchas reformas en la gestión de carácter técnico que optimicen y rentabilicen el dinero que todos los ciudadanos gastamos en sanidad. Tan solo una propuesta más:
• No tiene sentido que se concierten servicios con la sanidad privada cuando los de la pública no funcionan a máximo rendimiento las 24 horas el día. A veces, contratar más personal puede ser rentable.

Por último, quiero explicar, con la máxima brevedad posible, la situación financiera de nuestro Servicio Murciano de Salud

Efectivamente, la deuda acumulada en 2010 asciende a 845 millones de € y es consecuencia de tres razones principales:

· Una mala negociación de las transferencias sanitarias efectuada en el año 2002. La aportación que transfirió el gobierno central para gestionar la sanidad regional fue insuficiente desde el principio y así, ese mismo año, ya se generó unos deuda de unos 30 millones de € (os recuerdo que, por entonces, un mismo partido gobernaba España y la Región)

· Las tres deudas históricas entendidas como falta de inversión del gobierno central en nuestra Región comparada con la media nacional de inversiones. A saber:

o La del franquismo, que nadie quiere recordar y, al menos que yo sepa, no está evaluada.

o La del Insalud, desde 1978 hasta 2002. Cifrada en un promedio de 30 €/habitante/año, es decir, 720 millones de € durante todo el periodo (datos a precios corrientes).

o La del aumento poblacional desde 2002 hasta 2009, valorada e una media de 200 millones de €/año; es decir, 1.400 millones de €

Esta deuda supone mucha desinversión, muchos hospitales y centros de salud no construidos ni dotados de profesionales ni recursos tecnológicos.

· Y, en tercer lugar, una mala gestión presupuestaria. En la que destacaría que:

o Nunca se ha ajustado el presupuesto al gasto real. Los incrementos anuales presupuestarios se han producido sobre el presupuesto anterior y nunca sobre el gasto real. Esto ha producido un efecto de “bola de nieve” porque junto al déficit anual se añade el déficit acumulado que se paga con un interés del 10%

o En los tiempos de bonanza económica, se ha preferido la inyección presupuestaria puntual para no disparar demasiado el déficit que por el ajuste presupuestario. Hasta 2006 se inyectaron más de 350 millones de €

o Desde la crisis de 2007, la falta de superavit presupuestario impidió más inyecciones presupuestarias, por lo que se disparó el déficit.

o Una política permisiva, centrada en la mal llamada “paz social” que otros han llamado “compra del silencio sindical”, agravó aún más el déficit

o Por último, una absoluta falta de planificación de los recursos tecnológicos ha conducido a inversiones en los hospitales no justificadas y de escasa eficiencia

El Sistema Nacional de Salud, tal y como lo disfrutamos en la actualidad está en un punto crítico de grave peligro y, mucho me temo que, si no hay una gran pacto social con la participación activa de los ciudadanos, dentro de apenas cinco años, vamos a comprobar su desmantelamiento y desprestigio tal y como pasó en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido en los tiempos de Margaret Thatcher.

En fin, esto es lo que quería aportar para la reflexión de propuestas en materia sanitaria, he cumplido con los preceptos de la democracia participativa y estas son las ideas que elevo a vuestra consideración, creo en la reflexión y en el pensamiento crítico y espero que de los debates que hagáis o hagamos se obtengan nuevas propuestas capaces de producir cambios sociales

que mejoren el bienestar de todos los que formamos parte de este país y de los que puedan venir buscando una vida mejor.

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[1] http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/144954-informesituaccion.pdf

Pepe Martínez
Médico AP
http://reflexionsanitaria.blogspot.com

El copago sanitario. Caso práctico

Caso práctico

http://www.youtube.com/watch?v=VoKYg4mYGn4&feature=player_embedded#at=29


Los dueños de la Sanidad
http://www.youtube.com/watch?v=-p_R-cUSkD8&feature=player_embedded


Falla el sistema
http://www.youtube.com/watch?v=GNJoY9-xoZ0&feature=player_embedded#at=11

Fuente: CAS Madrid
(Coordinadora anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid)
http://www.casmadrid.org/

• La SANIDAD debe ser PÚBLICA, GRATUITA y de CALIDAD, y la atención por cualquier problema de salud debe ser independiente del nivel económico de cada ciudadano.

• La implantación de cualquier sistema de copago, tasas o tickets moderadores incrementará aun más las diferencias sociales limitando el acceso de los grupos de población más desfavorecidos, afectado negativamente a sus niveles de salud.

"No me hables de Oxford"

Por si fuera necesario, confieso de entrada mi admiración por universidades como las de Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, Berkeley, París y otras, y añado que no solamente no tengo (ni he conocido a nadie que tenga) reparo alguno en que las universidades españolas se parezcan a las de esa lista, sino que estaría encantado de que así fuera, como también me gustaría que España se pareciera en muchos otros indicadores a los países en donde residen esas instituciones.

Sin embargo, y por desgracia, a pesar de que el logro de este parecido fue una de las coartadas para su implantación, no tengo (ni he conocido a nadie que tenga) la impresión de que eso vaya a ocurrir con el Plan Bolonia -quien quiera darse un paseo por las universidades recién reformadas podrá ver que sus campus, incluso los nombrados "excelentes", siguen sin tener aún una atmósfera oxoniense, y que incluso son un poquito más cutres que antes y más parecidos a los patios de recreo de la ESO-; tampoco me parece que vaya a ser este el resultado de la aplicación de la burocracia delirante de las Agencias de Evaluación y del fascinante Estatuto del Profesorado que permitirá llegar a catedrático a base de ocupar puestos de gestión y con un cero en investigación (véase La universidad que viene: profesores por puntos, tribuna de J. A. de Azcárraga, en EL PAÍS del 3-3-2011). Finalmente, descreo también de que se vaya a alcanzar este objetivo practicando lo que el profesor José Montserrat, en una carta al director, llamaba acertadamente el "nacionalismo científico" defendido en estas mismas páginas por los profesores Ortín y Álvarez (No hay ciencia sin competición, EL PAÍS del 12-3-2011) y por todos los que nos marean con los famosos rankings de las mejores universidades del mundo.

Y no es que yo niegue la validez de estas clasificaciones: eso sería por mi parte tan estúpido como dudar de la eficacia del rating de la deuda por parte de las agencias de calificación del riesgo financiero, cuando veo la eficacia con la que disminuyen mi salario todos los meses. Pero así como los más de 3.000 firmantes del Manifiesto de economistas aterrados (Pasos Perdidos, Madrid, 2011) tienen dudas de que los mercados sean los mejores jueces de la solvencia de los Estados, yo también albergo algunas sobre la imparcialidad de esas clasificaciones, que guardan con la excelencia científica una relación parecida a la de la lista de Los 40 Principales con la calidad musical: nos dicen qué es lo que más se vende (y, en ese sentido, lo más competitivo), pero no siempre lo más vendido es lo mejor -espero que se me dispense de tener que argumentar exhaustivamente esta afirmación, acerca de la cual puede consultarse el instructivo Adiós a la Universidad, de Jordi Llovet (Galaxia Gutenberg, 2011).

Si nos llenan de admiración nombres como los de Oxford y Cambridge no es solo ni principalmente porque aparezcan en los primeros puestos de un hit parade del mercado del conocimiento que se publica desde hace cuatro días. Como señalaba Juan Rojo, para conocer la calidad de una universidad "no hace falta ningún formulario, ni el seguimiento del número de tutorías, ni el control del número de alumnos por clase. Ni siquiera hace falta usar la palabra Bolonia. Basta con atenerse a su prestigio científico reconocido". (El segundo principio de la termodinámica, EL PAÍS del 31-3-2011). Esa superioridad se debe, entre otras cosas, a la tradición que ha convertido a esas instituciones en lo que algunos llaman despectivamente "mausoleos de sabiduría", tradición que no hace reposar la excelencia solamente en llegar el primero a la meta (que no es precisamente el origen de la noción de "excelencia" que tan orgullosamente manejan hoy los partidarios del Espíritu Deportivo), sino ante todo en la autonomía del saber científico con respecto a los poderes económicos y políticos que siempre han tenido la tentación de controlar el conocimiento y de ponerlo a su servicio, siendo su independencia uno de los signos distintivos de las universidades desde que la ciencia se separó de la magia y de la teología.

Y este es uno de los motivos por los que me parecen preocupantes la confianza en la autorregulación del mercado del conocimiento mediante la libre competición -una creencia sobre la cual la actual situación económica mundial podría arrojar al menos algunas dudas- y la pretensión de sustituir las viejas universidades por nuevos "centros de producción de conocimiento". Pues, como señala acertadamente Simon Head en su comentario del último enero a El capitalismo académico y la nueva economía (Johns Hopkins U.P., 2011) en la revista de libros de The New York Times, lo que amenaza la calidad y la libertad académica de las universidades (incluidas Oxford y Cambridge) son los procedimientos de evaluación que hacen depender su continuidad y su sostenibilidad de parámetros fijados en términos extracientíficos, concretamente de la rentabilidad en la producción de conocimientos que tanto defienden los patrocinadores de los rankings universitarios, porque en este caso se corre el peligro de que -solo es un ejemplo- sean las empresas farmacéuticas las que decidan la orientación de la investigación en química orgánica o las Consejerías de las comunidades autónomas quienes determinen la dirección de los estudios de filología clásica. Por supuesto que puede uno defender, incluso por motivos patrióticos, ese modelo de producción competitiva para el mercado del conocimiento, pero quien lo haga debe admitir claramente que comporta la destrucción de las universidades ilustradas modernas tal y como las conocemos desde el siglo XVIII, del mismo modo que algunos dicen -basándose en clasificaciones completamente objetivas con respecto a la pujanza de los llamados "países emergentes"- que la democracia resulta poco competitiva en una economía globalizada.

En cuanto a las observaciones de psicología profunda y antropología fundamental sobre la esencia competitiva de la naturaleza humana con las que a veces se sazona esta polémica, su carácter puramente ideológico y vacío resalta claramente en el contraste entre la grandilocuencia de su retórica y la pobreza y confusión de sus argumentos (no se puede defender a la vez el carácter cooperativo y competitivo de la ciencia). Lejos de mí, en cualquier caso, la intención de minimizar el alcance del afán de gloria a lo largo de la historia de la humanidad: nunca faltaron guerras para atestiguar su inequívoca importancia. Pero si, a pesar de nuestros inveterados instintos bélico-deportivos, admitimos que no todo vale para ganar -pues el asesinato, la extorsión, el chantaje y la violencia son altamente competitivos y sin embargo los castigamos-, es que aceptamos que hay algo más importante que la competición misma, algo que es de otro orden que ella y a lo que ella debe someterse y que ha de limitarla, algo que los clásicos llamaban verdad, justicia y belleza (tres marías que, ay, tampoco van a salir en los rankings de la producción de conocimientos), algo que seguramente sigue pesando en el hecho de que, fueran cuales fueran los resortes psíquicos de los hombres que hicieron los descubrimientos correspondientes, todavía nos da un poquito de vergüenza decir que el teorema de Pitágoras, la ley de caída de los graves de Galileo o la teoría de la relatividad especial nos parecen admirables porque son muy competitivos.

Y es que la competitividad no deja de ser una relación entre los hombres. La ciencia, por el contrario, es primariamente una relación con las cosas que, por ser irreductible a las rivalidades humanas, puede a veces servir para hacer una paz digna entre mortales. Pero cuando la verdad acerca de las cosas se subordina a las ambiciones y rivalidades de los hombres, aunque ello suponga éxitos económicos o políticos a corto plazo, puede suceder que los puentes elevados bajo ese principio se derrumben al primer vendaval o que los edificios erigidos sobre esa base se vengan abajo dejando a la intemperie a sus habitantes, a pesar de haber ocupado en las clasificaciones mundiales un puesto tan glorioso como el de Lehman Brothers unos días antes de su quiebra, porque la naturaleza acaba sancionando -a menudo de forma poco diplomática- la miopía, la irresponsabilidad y la incompetencia de ese punto de vista tan deportivo.

José Luis Pardo es filósofo

Fuente: El País