miércoles, 13 de julio de 2011

Razones contra el copago sanitario

De forma recurrente –García Vargas (PSOE,1986), Celia Villalobos (PP, 1996), Maragall (PSC, 2004)–, y en relación directa con situaciones de precariedad económica, se anuncia como inevitable la implantación en los centros sanitarios de las “tasas disuasorias” o el “copago”. De nuevo emerge, y con los mismos argumentos, el debate sobre la necesidad de que el paciente aporte una cantidad adicional a lo que ya costea con sus impuestos para pagar parte de los servicios recibidos. En este debate se han multiplicado los artículos y editoriales a favor del copago, pero han sido escasas las propuestas en contra. Los partidarios del copago enfatizan en dos argumentos: el ciudadano abusa del sistema con patología banal (disuadámoslo, esto disminuirá la demanda y en consecuencia los costes, etc.) y el sistema es inviable, por lo que el paciente debe participar en los costes, evocando la medicina privada, ya que es el beneficiario del servicio recibido.

Recogiendo la invitación a participar en la discusión adelanto que, a mi entender, y con la autoridad que me dan 40 años de práctica clínica hospitalaria y experiencia en cargos directivos, la medida del copago me parece temeraria, injusta y poco realista. La implantación del copago es temeraria. En efecto, dicha iniciativa delegaría en el enfermo la interpretación de su síntoma y la valoración de la banalidad o no del mismo que, a fin de cuentas, decidiría la consulta o no de un profesional.

A este respecto es útil recordar algunos ejemplos empíricos. El infarto de miocardio (la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en nuestro país) se precede con mucha frecuencia de diversos síntomas que fueron interpretados banalmente por el enfermo y no se beneficiaron de una evaluación especializada. El hecho de que gran parte de las molestias precordiales no correspondan a una enfermedad coronaria no debe suponer una limitación para el numeroso subgrupo de pacientes en que el síntoma banal oculta un padecimiento grave.

O la jaqueca, otra enfermedad prevalente (14,2% de la población). Pues bien, las encuestas de población demuestran que sólo la mitad de los jaquecosos han consultado a un profesional por sus molestias, lo que hubiera supuesto beneficios para el alivio de sus dolores, evitado el costoso e insano abuso de medicación, y permitido el diagnóstico precoz, afortunadamente infrecuente, de patología grave subyacente al dolor de cabeza. Como vemos habría que introducir alguna vez fórmulas persuasorias.

El enfermo tiene perfecto derecho a equivocarse, pues desconoce la trascendencia de sus síntomas, pero un sistema público de salud debe evitar que un paciente con patología grave no disponga de todo el arsenal clínico que precise y al que tiene derecho, sólo porque sus dolencias son poco expresivas o porque una tasa le disuada de entrar en el sistema. Este análisis no pretende la medicalización del ciudadano, sino exponer los riesgos de esa disuasión.

La implantación del copago es injusta. La medida culpa a los pacientes de su situación patológica. Los contribuyentes más abatidos en su calidad de vida por una enfermedad recurrente banal o por una enfermedad crónica que exige consumo sanitario deberán copagar su infortunio como castigo a su dolencia. Ante este carácter de penalización que se desprende del argumentario a favor del copago, sería oportuno recordar una declaración de los grupos de base franceses que resaltan el carácter democrático de los objetivos sanitarios (incluso en enfermedades en que el paciente es culpable): “… También queremos buenos hospitales para que nos curen las borracheras”.

Y, lo que es peor, se culpabiliza al paciente de la insuficiencia en la atención. La sanidad no sería buena porque acuden demasiados enfermos a los centros, soslayándose de esta manera las causas principales como la deficiente gestión, la pasividad ante las exigencias de la industria farmacéutica o los presupuestos escasos (estamos muy por debajo de la media europea en inversión sanitaria). Con la compulsiva necesidad de reformas provocadas por la crisis económica se están introduciendo casi sin oposición muchas medidas injustas.

El adelanto de que los grupos más desfavorecidos no precisarán copago más parece un intento de lavar la mala conciencia, así como la generación de grupos más favorecidos y menos favorecidos, retrotrayendo la asistencia a los obsoletos tiempos de la beneficiencia.

La implantación del copago no es realista. Aunque de menor entidad que los razonamientos previos, conviene conocer, por ejemplo, las urgencias de los grandes hospitales y saber la dificultad de exigir la tasa a priori (¿se negaría la asistencia?) o a posteriori (¿se llegaría al embargo en caso de impago?), lo que exigiría una infraestructura administrativa de coste mayor de lo que se espera recaudar (que sería, por cierto, una cantidad relativamente exigua).

En definitiva, el anunciado copago es temerario, injusto y poco realista. Existen demasiados elementos disuasorios en la medicina pública actual (listas de espera, etc.) como para añadirle uno más al ciudadano.

Esteban García-Albea Ristol (Jefe de Neurología del Hospital Príncipe de Asturias y profesor de la Universidad de Alcalá)
Público


lunes, 11 de julio de 2011

INDIGNAD@S POR LA PRECARIEDAD URBANA | Doce razones para estar indignad@s por la ciudad

INDIGNAD@S POR LA PRECARIEDAD URBANA
Doce razones para estar indignad@s por la ciudad

http://indignadosciudad.blogspot.com/

Manifiesto

INDIGNADOS/AS POR LA PRECARIEDAD URBANA

Doce razones para estar indignados/as por la ciudad

Cada vez es más difícil vivir con una mínima dignidad en las ciudades españolas. Es casi imposible, especialmente para las personas jóvenes y para quienes no tienen un trabajo fijo y bien remunerado, acceder a una vivienda decente a un precio razonable y en un lugar que merezca el nombre de “ciudad”, y que tenga adecuados servicios públicos, transporte colectivo y comercio de barrio.

El crecimiento de la ciudad

1. Las ciudades se han extendido enormemente durante las últimas décadas mientras los barrios del centro se abandonaban a su degradación y la periferia se convertía en meras ciudades-dormitorio, de modo que se ha deteriorado la calidad de vida de la ciudadanía. Este crecimiento patológico ha sido resultado de una nefasta política urbanística basada en el negocio, que no resuelve los problemas de la mayoría de la población.

2. Los inconvenientes de este tipo de ciudad han recaído sobre la ciudadanía y el entorno. El crecimiento incontrolado, lejos de abaratar la vivienda como se predicaba, ha encarecido los precios del suelo y de la vivienda, segregando a las personas por su poder adquisitivo, ha aumentado las distancias a recorrer para acceder al trabajo y a los servicios, ha dificultado el disfrute de los servicios urbanos y del intercambio social, ha consumido valiosos e irreemplazables recursos territoriales, ha dañado la diversidad social y económica de la ciudad. Se destruye la ciudad como espacio colectivo primando el beneficio económico y el consumo.

La política urbanística

3. Los planes urbanísticos se han pervertido al utilizarse como instrumentos especulativos de puesta en el mercado de suelos de zonas aisladas y lejanas y amparar el desarrollo de grandes operaciones inmobiliarias, tanto en las periferias como en las zonas centrales de las ciudades. La ciudad se ha convertido en una trama fragmentada de espacios irregulares, sin continuidad, ni organización de conjunto.

4. La política pública de infraestructuras del transporte, sin una visión unitaria, al incrementar su capacidad y alcance ha favorecido la expansión de la urbanización, extendiendo la accesibilidad a extrarradios en los que no vivía casi nadie, favoreciendo la aparición dispersa de nuevas promociones inmobiliarias y la implantación de grandes superficies comerciales que sobrecargan las carreteras existentes y colaboran al declive del pequeño comercio. Las infraestructuras urbanas (agua, residuos, saneamiento y energía) se han visto obligadas a abastecer estas promociones sin contar con recursos propios suficientes para toda la gente.

5. La conversión de los barrios del centro en meros centros de consumo se ha traducido en el deterioro de estas zonas urbanas como lugares de diversidad cultural e intercambio social, favoreciendo el envejecimiento y la despoblación, atrayendo sólo a algunas personas privilegiadas. Esta comercialización del centro ha excluido a numerosos grupos sociales, expulsándolos y dañando así su valioso patrimonio cultural y social. Algunos barrios han sido abandonados por las políticas públicas a su deterioro a la espera de lanzar operaciones inmobiliarias especulativas justificadas en el propio deterioro.

6. Los grandes esfuerzos públicos se han concentrado en operaciones arquitectónicas de autor de gran efecto mediático que han intentado desplazar el debate ético sobre la ciudad (¿qué tipo de ciudad, para quién?) exclusivamente hacia los aspectos estéticos, obviando que esas grandes obras no atienden ni responden a las necesidades básicas de la población y detraen los recursos necesarios para resolverlas.

7. Estas costosas inversiones en infraestructuras y grandes obras arquitectónicas (tanto en su ejecución como en su mantenimiento) son la causa principal del grave endeudamiento público que ha provocado subidas de impuestos locales y la reducción de servicios sociales.

El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad

8. La Constitución española recoge el derecho a una vivienda digna, un derecho que, vistas las condiciones de la ciudad y los objetivos de las políticas que la gobiernan, es hoy ilusorio. Los alquileres de los pisos, con frecuencia, pequeños, insalubres y en mal estado, son elevados. Los precios de venta de las viviendas son prohibitivos. Se han arruinado las políticas de vivienda social en sus distintas formas (viviendas de protección pública, bien localizadas en venta o alquiler) que se han mantenido de forma meramente testimonial, cuando no se han dejado fracasar importantes iniciativas sociales con grave daño para las personas implicadas. Se ha obligado a muchas familias, perfectamente integradas en sus barrios de origen, a abandonarlos por nuevas urbanizaciones lejanas en los que además de los numerosos costes cotidianos (transporte, tiempos de desplazamiento, etc.) deben pagar abultadas hipotecas difíciles de afrontar en las actuales condiciones de precariedad del trabajo. Estas migraciones forzadas a la periferia significan además la pérdida del derecho fundamental al disfrute de la ciudad y la vida urbana, a cambio de los bien publicitados “nuevos estilos de vida” que tienen en el aislamiento, el consumismo y el uso intensivo del automóvil sus señas de identidad básicas.

Transportes, movilidad, espacio público

9. La principal ventaja de las ciudades es la de combinar multitud de oportunidades, de trabajo, de relación, de servicios, en espacios relativamente reducidos y próximos. En este tipo de ciudad, no es imprescindible usar el automóvil, un bien muy costoso que es el principal agente directo del deterioro del ambiente urbano. Desplazarse a pie, en medios no motorizados o en transporte colectivo, cuando es posible, hace que los espacios públicos sean lugares vitales, diversos y seguros. Nada de eso ocurre ni en las zonas degradadas del centro, ni en los nuevos barrios periféricos, origen y destino del traslado forzado de muchas familias obligadas por las lógicas del mercado libre de la vivienda. Poder disponer de una vivienda en propiedad (frecuentemente con grandes dificultades) obliga a un exilio al exterior que nos hace perder la experiencia social de la ciudad, contando a cambio con la visita regular, en automóvil, a las impersonales grandes superficies comerciales.

Cohesión social, diversidad, ciudadanía

10. La cohesión social es necesaria para estimular la solidaridad entre ciudadanos/as diferentes. Las ciudades favorecen la cercanía entre las personas a la vez que permiten su autonomía personal, les hacen más tolerantes con la diferencia, y más cosmopolitas sin necesidad de viajar. Respetando unas normas básicas comunes, la diversidad se convierte en uno de los mayores atractivos de la vida urbana. No ocurre así en una ciudad fragmentada y poco densa, formada por barrios escindidos en su perfil social y económico y con distancias insalvables entre las personas.

Gestión y participación

11. Los procedimientos administrativos utilizados entorpecen la incorporación de la ciudadanía al proceso de gestión de la ciudad, quedando sus intereses débilmente representados. Personas destacadas en el mundo profesional y responsables en el aspecto político de la gestión urbanística han trabajado decididamente para los intereses particulares de grupos económicos no representativos del amplio espectro ciudadano favoreciendo así un tipo de ciudad que no está pensada para la ciudadanía y que no responde a las necesidades públicas sino al servicio del negocio y de los intereses privados de una minoría, y cuyos valores colectivos esenciales se han comercializado. Se está construyendo una ciudad sin ciudadanos/as.

Discurso teórico y gestión real

12. La gestión real no ha sido coherente con los discursos planteados por los partidos políticos. Se ha pretendido avalar intervenciones que objetivamente incrementan el consumo de recursos no renovables, tienen una débil dimensión social y favorecen un modelo precario de ciudad en tantos sentidos apoyándose en un mal uso de conceptos como la sostenibilidad y en la probada ineficacia de los procedimientos de control ambiental y urbanístico. Partidos políticos de muy distinto signo han llevado a cabo políticas urbanas muy similares.

¡Otra ciudad es necesaria y posible!

domingo, 3 de julio de 2011

La educación de las élites

España, para competir mejor en el mundo global, ha de elevar el nivel educativo de toda la población y no solo el de unos cuantos. Separar a los alumnos mejores del resto no incrementa la eficacia de la enseñanza

Para el profesorado academicista nada hay más deseable que agrupar a los alumnos en función de su rendimiento. Como era de esperar, la propuesta de Esperanza Aguirre de crear centros de Bachillerato de excelencia cuenta con el apoyo de importantes sectores del profesorado de este nivel educativo. Prueba de ello es el artículo recientemente publicado en estas páginas por César Molinas, catedrático de Educación Secundaria. Su texto no va más allá del mero enunciado de prejuicios segregadores contrarios por completo a la evidencia empírica de que disponemos. Mal empezamos si queremos partir desde aquí para formar nada más y nada menos que a las élites adolescentes de este país.

Sin ningún género de dudas, la investigación más señera sobre el tema de la agrupación del alumnado en función de su nivel educativo es la de Jeannie Oakes titulada Keeping Track y en ella se advierte taxativamente contra sus múltiples inconvenientes. Se suele pensar que los alumnos aprenden mejor en grupos homogéneos y que se retrasará el aprendizaje de los estudiantes brillantes si se mezclan con los menos aplicados. Se supone, por otro lado, que los estudiantes más lentos desarrollan actitudes más positivas hacia sí mismos y hacia la escuela si no comparten aula con los alumnos brillantes. A ello se añade que se tiende a creer que la agrupación refleja los logros ya conseguidos y los futuros. Finalmente, y esta es la clave, los profesores consideran más fácil bregar con grupos homogéneos.

En lo que se refiere al pretendido beneficio de la segregación para los alumnos menos académicos, lo que en realidad sucede es que una vez que determinados estudiantes son situados en los grupos lentos son contemplados por sus compañeros y por el profesorado como torpes, lo que provoca el desarrollo de autopercepciones negativas. Oakes señala que el agrupamiento no iguala, no incrementa la eficacia de las escuelas. Muy al contrario, retrasa el aprendizaje de los menos avezados, promueve una baja autoestima y separa a los estudiantes a lo largo de líneas socioeconómicas. Oakes sustenta estas afirmaciones en un estudio dirigido por ella y realizado en 25 escuelas. Son muy llamativas las diferencias en las respuestas de los alumnos a ciertas cuestiones en función del itinerario al que perteneciera su grupo. Una de las preguntas era: ¿Qué es lo más importante que has aprendido en esta clase? Entre los estudiantes de los grupos avanzados se obtenían respuestas del siguiente tenor: "He aprendido a analizar historias que he leído", "estoy desarrollando una mentalidad abierta", "he aprendido a hacer experimentos". Entre los alumnos de los grupos menos aplicados las respuestas eran de este tipo: "Me he dedicado a inflar globos luminosos"; "no he aprendido nada, solo los números romanos"; "he aprendido que el inglés es aburrido".

Los alumnos situados en los itinerarios de bajo nivel reciben una educación de considerable peor calidad que la de los que están los grupos de mayor rendimiento. Es la profecía que se cumple a sí misma. Para los elegidos Molinas propone una educación en la que estos "deberían aprender a hacer preguntas y dudar de las respuestas que obtengan". ¿Por qué no se desea una educación de este tipo para todos? ¿Es que solo unos pocos tienen derecho a la autonomía intelectual? El mensaje es de un elitismo hiriente. Para Molinas es poco menos que imposible que los alumnos más aplicados den de sí todo lo que pueden si se juntan con los indolentes. Sin embargo, la realidad es tozuda y esto no tiene por qué ser así. Finlandia, por ejemplo, desmontó el rígido sistema de itinerarios y eliminó los exámenes estatales utilizados para este propósito. En su lugar se preocupó por contar con profesores muy preparados y un currículo y una evaluación basados en la resolución de problemas, en la creatividad, en el aprendizaje independiente y en el trabajo colaborativo en el aula.

Por desgracia, el actual Gobierno, en la Ley de Economía Sostenible, incurre en el mismo error con los itinerarios propuestos en cuarto de la ESO. Al alumnado se le ofrecerían tres opciones de entre las cuales habría de elegir tres materias. La primera de aquellas es la que posiblemente elegirían los alumnos que vayan a cursar en Bachillerato las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales o la de Artes. La segunda -dada la presencia de materias como "tecnología", "física y química" y "biología y geología"- está claramente concebida para los alumnos más aplicados: los que elegirían en Bachillerato la modalidad de Ciencias y Tecnología. Finalmente, la tercera -en la que ya no hay segunda lengua extranjera- conformará el itinerario de los alumnos de menor rendimiento a los cuales se orientará hacia una formación profesional crecientemente estigmatizada. En definitiva: unos ponen el fusil y otros cargan la bala.
En la propuesta de Aguirre se habla de crear grupos de excelencia en los centros convencionales. Molinas va más lejos y plantea una separación radical: los "buenos" alumnos -5.000 es la arbitraria cifra que propone, sin aducir ningún tipo de explicación- se educarán lejos del resto, de los hijos de lo que él llama "masas embrutecidas en las últimas décadas".

Según Molinas las élites españolas -de los últimos siglos dice como si España existiera desde la época del Imperio Romano- son conformistas y para acabar con tal molicie propone una secundaria superior de élite. La educación en España es un desastre y para demostrarlo no se apoya en los informes de referencia para la comunidad científica internacional -el PISA de la OCDE- sino que lo hace en el Informe de competitividad global, el cual nos sitúa a la cola del mundo. Tal informe, como ya señalara Vicenç Navarro, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins, se basa en una encuesta de opinión a personas o instituciones del ámbito empresarial y no es el resultado de una investigación con datos objetivos (La manipulación neoliberal de la imagen de España, en http://www.vnavarro.org/?p=4780).

De acuerdo con lo que se ve en los informes PISA, tenemos sin duda el problema de que es muy reducido el porcentaje de alumnos españoles que está en los niveles de rendimiento más alto y ello pese a que los hijos de la gente más acomodada acude a centros privados donde ya eluden a las clases bajas (a la masa embrutecida y embrutecedora). Sin embargo, nuestros alumnos procedentes de entornos socioeducativos bajos obtienen mejores resultados que la media de los que están en igual situación desfavorecida en los demás países. Es lo que José S. Martínez, uno de nuestros principales analistas de los informes PISA, sintetizaba diciendo que tenemos unos pijos tontos y unas clases populares listas (www.debatecallejero.com). No obstante, siempre y cuando queramos una economía competitiva, la solución consiste en elevar el nivel educativo de toda la población y no solo el de unos pocos.

Quizás Molinas haya sido catedrático de secundaria hace mucho tiempo y desconozca cómo se selecciona a los directores de nuestros centros sostenidos con fondos públicos. Decir que la gestión es "rotativa entre los profesores del centro, como si fuera una comunidad de vecinos" es engañar al lector. Los candidatos a directores han de haber obtenido una acreditación y son seleccionados por una comisión en la que hay representantes del centro al que se presenta el candidato y de la administración educativa correspondiente. Es cierto que se podría crear un cuerpo de directores profesionales, pero no ha sido esta la opción de la democracia española, le guste o no a Molinas.

Si de crear élites se trata, y parece mentira que se cite a Ortega, el lugar idóneo para formarlas sería la universidad y no la secundaria superior, nivel que debería alcanzar -bien sea en su rama académica o en la profesional- más del 85% de nuestros jóvenes si es que queremos que la nuestra sea una sociedad del conocimiento. En cualquier caso, no olvide el lector que ya existen centros con currículo adaptado para niños y niñas que destaquen en la música o en el deporte (ahora habrá quien proponga centros de infantil y primaria o, por qué no, vientres de excelencia). Y, de igual modo, contamos desde hace tiempo con el Bachillerato internacional.

Rafael Feito es profesor de Sociología en la UCM.
Fuente: El País

jueves, 23 de junio de 2011

La cadena alimenticia está casi rota. ¿Quién volverá a forjar los eslabones de la confianza?

Nuestra fe en el moderno sistema alimentario es conmovedora. Cuando en una bolsa de hojas de ensalada se lee: "Lavada y lista para su consumo", la mayor parte de la gente devorará su contenido sin pensárselo dos veces. Damos por hecho que las hojas se cultivaron de modo seguro, se recogieron de modo higiénico, se arrancaron, lavaron, secaron y empaquetaron tan meticulosamente en una fábrica que no nos hace falta siquiera enjuagarlas bajo el grifo de la cocina.

¿Y por qué no íbamos a hacerlo? A primera vista, jamás nuestros alimentos han sido más seguros. Los cultivadores, agricultores y procesadores de alimentos de todo el mundo están metidos hasta el cuello en reglamentaciones y protocolos impuestos por organismos de seguridad alimentaria y un puñado de minoristas aun más poderosos y exigentes. La Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA, European Food Safety Authority) nos dice que está al quite del "campo al tenedor" y alardea de su sistema de "alerta rápida". En el Reino Unido, cuando algún temor alimentario llega a los titulares, un portavoz de la Food Standards Agency (Agencia de Calidad Alimentaria) aparecerá de modo fiable con palabras tranquilizadoras quitándole importancia al riesgo.

En esas extrañas ocasiones en que nuestra confianza normalmente relajada pudiera caer en el pánico, como ha sucedido con las ensaladas tras el nuevo brote de e.coli en Alemania, podemos quedarnos con la consoladora noción de que el estamento transnacional de salud pública se consagra a rastrear la fuente de un problema rebelde. Nuestro lustroso y limpio sistema de última generación no se pone en cuestión.

Y habría que ponerlo. El estamento de seguridad alimentaria con bata blanca, redecilla en la cabeza y lavado y restregado a conciencia habla en un lenguaje de "bioseguridad", "análisis de riesgo", y "puntos de control críticos”, pero lo cierto es que la industria alimentaria se autorregula en buena medida. La parafernalia de la seguridad alimentaria moderna guarda más relación con la conveniencia empresarial y el establecimiento de un rastro de papel que demuestre la "debida diligencia" en caso de problemas que con garantizar la seguridad pública. Abundan las listas de comprobación, el papeleo y las auditorias. Estos procesos burocráticos se basan en el cuestionable supuesto de que cuando la gente dice que hizo algo, como analizar la calidad microbiológica del agua con que se lavan regularmente las ensaladas o interrumpir el tratamiento de pesticidas dos semanas antes de la cosecha, es lo que de veras han hecho.

Ahora que los escándalos alimentarios están regularmente a la orden del día, nos hace falta entender que, por su misma naturaleza, nuestro sistema alimentario industrializado y globalizado engendra problemas de salud pública. Se orienta a producir enormes cantidades de alimentos y elevar la productividad pero al mínimo coste. De modo que los agricultores y cultivadores se ven empujados a ahorrar haciendo economías y adoptando prácticas intensivas, dejándonos expuestos a riesgos sin precedentes que son cada vez más graves: todo, desde las toxinas hasta los cultivos transgénicos que aparecen en la sangre fetal, de los terneros clonados y enfermizos que mueren al poco de nacer a la creación de supervirus más virulentos.

La aparición la semana pasado de una nueva cepa de MRSA (estafilococo aureus resistente a la meticilina)[1] en vacas británicas, resistente a grupos esenciales de antibióticos, es un caso pertinente. La causa de raíz es casi con seguridad el uso rutinario de antibióticos en las granjas lecheras intensivas. Se utilizan como “arreglo” de alta tecnología en un intento cada vez más desesperado de mantener a raya la mastitis, una de las enfermedades endémicas de la producción industrial de animales de granja. Pero cuando los supermercados pagan a los productores lecheros menos de lo que les cuesta producir, ¿qué otra cosa podemos esperar?

Las modernas unidades de producción alimentaria – ya se trate de los cebaderos de reses o los invernaderos o “hubs” con politúneles a la europea del tamaño de una pequeña ciudad– son de una escala tal que amplifica el impacto de todas las bombas de tiempo que nuestros sistemas alimentarios industriales están preparando. Si el agua contaminada con bacterias tóxicas en los alimentos potencialmente fatales como el e.coli llega a contaminar alguna vez la cosecha de pepinos, ya podemos rezar y esperar que suceda en alguna granja aislada, separada de las rutas comerciales globales, y no, por ejemplo, en los invernaderos holandeses que proporcionan un tercio del suministro mundial. Una pequeña unidad que produzca un producto contaminado afectará sólo a un número pequeño de personas, una gigantesca que haga otro tanto perjudicará a un gran número.

Se ha denunciado la prohibición rusa de importar frutas y verduras de la UE como algo desproporcionado y con motivaciones políticas. Pero la distribución y el comercio minorista globalizado de alimentos presentan problemas de salud pública de primer orden que traspasan las fronteras nacionales en cuestión de horas sin que podamos concertar un intervalo horario para su entrega en casa y antes de que la policía alimentaria caiga en la cuenta. A principios de año, se enviaron a Holanda huevos contaminados con dioxina para ser procesados, procedentes también de Alemania, se despacharon a dos empresas británicas que manufacturan alimentos procesados y se distribuyeron luego en el Reino Unido a través de grandes supermercados. Para cuando se determinaron cuáles eran los eslabones de una cadena que se extendía por tres países, la Food Standards Agency reconocía que la mayoría de los productos ya se habrían vendido y consumido. Puede que Rusia esté sacando partido de una situación comercialmente ventajosa, pero si fuéramos ciudadanos rusos que se han intoxicado con e-coli al comer ensaladas importadas de una región ya afectada, querríamos saber por qué nuestro gobierno no nos ha estado protegiendo.

El peor brote de e.coli en el Reino Unido hasta la fecha mató en 1996 a 21 personas en Lanarkshire. La fuente – una pequeña carnicería en la que contaminación se produjo al mezclarse la carne cruda con la ya preparada para su consumo– se identificó con bastante rapidez debido a que se localizaron los casos. Por contraposición, aunque el actual brote de e.coli parece afectar a gente del norte de Alemania o a quienes habían estado en la zona, la fuente del envenenamiento está envuelta en el misterio. La diferencia clave en este caso es que la gente de Lanarkshire había comido la carne del lugar. En Alemania pueden haber comido ensaladas que procedían de lugares a miles de kilómetros de distancia, lo que hace mucho más difícil ubicar con exactitud la fuente.

Ya se trate del e.coli o de alguna otra cosa, los repetidos escándalos alimentarios van a seguir estando a la orden del día hasta que aceptemos, como dice hoy Oxfam, que el sistema alimentario global está “deshecho” y resulta cada vez más disfuncional, y en el caso de la seguridad alimentaria, de modo peligroso. Los riesgos institucionalizados que se corren son endémicos. Las autoridades de seguridad alimentaria simplemente viven con ello. Un alarmante 75% de las aves de corral británicas, por ejemplo, está contaminada en el punto de venta con campylobacter, un virus tóxico para los alimentos que en el peor de los casos, puede matar. Se nos dice que debemos cocinar concienzudamente el pollo para eliminarlo, lavar las ensaladas (auque ahora sabemos que el e-coli no se elimina de modo fiable ni siquiera con agua clorada) y no inquietarnos por el MRSA que se incuba en las granjas, dado que pasteurización lo mata, de manera que toda va bien pues. Fin del pánico.

Pero si queremos que nuestros alimentos sean seguros, debemos reconocer que esto sólo puede lograrse con un modelo radicalmente diferente de alimentación y agricultura, que se base en el potencial en buena medida sin explotar de una producción y distribución de alimentos a pequeña escala, mucho más regional. Necesitamos un nuevo sistema que no concentre ya el poder y el control de la cadena alimenticia en manos de unas pocas corporaciones y grupos de interés globales, a expensas de todos los demás, que sitúe la diversidad en su centro y respete los límites del mundo natural, en lugar de tratar de anularlos. Hasta entonces podemos esperar más temores alimentarios. Es el negocio de costumbre.

Nota del t.: [1] El MRSA, siglas en inglés de "Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus" o estafilococo aureus resistente a la meticilina, es una infección bacteriana causada por el germen Staphylococcus aureus (comúnmente llamado "Staph"), que es resistente a un grupo de antibióticos, entre los que se cuentan la penicilina, la meticilina, la oxacilina, y la amoxicilina. La infección se inició por el uso inadecuado de antibióticos no tomados durante el periodo completo prescrito. Estas bacterias se encuentran habitualmente en entornos hospitalarios, así como en instalaciones deportivas y otros ambientes húmedos y cálidos. La mejor defensa contra ellos consiste en una buena higiene, en bañarse y lavarse las manos con frecuencia. La mayoría de los casos de MRSA aparecen como infecciones de la piel, con granos o lesiones.

Joanna Blythman, periodista de investigación y colaboradora de medios radiotelevisivos, está especializada en cuestiones de alimentación

Traducción para www.sinpermiso.info de Lucas Antón

miércoles, 22 de junio de 2011

Servicios Públicos. Pais Valenciano: : La gestora del hospital de Alzira acumula 26 millones de euros de beneficios desde 2003

Las cifras explican el interés que despierta entre los fondos de inversión la entrada en el negocio de las concesiones sanitarias - La UTE tiene el tope de ganancia en el 7 %, pero asegura de media el 2,2 %.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el departamento de salud de la Ribera, el primero de España de titularidad pública y administración privada, obtuvo unos beneficios superiores a los 26 millones de euros en los últimos siete años, concretamente desde que amplió su campo de actuación y asumió la gestión integral del departamento con la asistencia primaria y la especializada.

Los resultados de explotación de los últimos siete ejercicios y la cifra global los ha conocido Levante-EMV de la información que la UTE, de la que forman parte Adeslas (51%), Ribera Salud -integrada por la Bancaja (ahora Bankia) y la CAM- (45%), además de Lubasa y Dragados con el 2% cada una, ha puesto en conocimiento del comité de empresa.

En los tres últimos años, en que la crisis ha afectado a todos los sectores empresariales, los tres grupos accionariales que gestionan el departamento se han repartido unos beneficios de 10 millones de euros, casi tanto como en la época de bonanza cuando superaron los 16. Según los balances, el mejor año fue 2008 cuando la gestora cerró cuentas con 5,5 millones de beneficio.

La UTE tiene fijado por el contrato de concesión un tope máximo de ganancias del 7% de los ingresos y desde la dirección del departamento se asegura que la media del reparto entre los socios desde 2003 se sitúa en el 2,2%.

Sin embargo, vistas las cifras no resulta extraño que los inversores hayan puesto sus ojos en la sanidad y que se apresten a entrar de lleno en uno de los sectores que aún es capaz de ofrecer rentabilidad en medio del marasmo. Además, si algún hospital dispone de perspectiva suficiente para analizar las cifras que pueden reportar las concesiones sanitarias ese es el de Alzira, inaugurado en 1999, y que da nombre al modelo implantado después en Dénia, Torrevieja, Manises, Elx y diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.

Por ello, tampoco extraña a la vista de los números la puja que mantienen varios fondos de capital riesgo, ya sea el Santander o el de la familia Roig, propietaria de Mercadona, por entrar en Ribera Salud o adquirir el 51% de Adeslas.

Como también se entiende el acuerdo que contempla que Criteria (La Caixa) venda su participación en el 80% de hospitales bajo su control y que excluya el 51% del capital social que controla a través de Adeslas en la Ribera. Adeslas, que pasó el año pasado de manos de Aguas de Barcelona a lo que se denomina VidaCaixaAdeslas, tiene la mayor parte accionarial en la Ribera y por tanto la capacidad decisoria y ejecutoria.

Es una muestra de que el hospital de la Ribera es un bocado apetecible para los grupos inversores, que empiezan a tomar posiciones en el sector con la intención de expandir sus negocios al mundo de la sanidad y su desembarco en Ribera Salud aprovechando las dificultades de las cajas de ahorro.

Al hecho de que los grupos inversores tomen posiciones en el sector ayuda también que atisben un recrecimiento del modelo Alzira para los próximos años, sobre todo si el PP alcanza, como todo apunta que sucederá, el Gobierno de España ya sea en otoño o en primavera. Será entonces en plena época de recortes de gasto público, el momento idóneo para ampliar un modelo, el llamado Alzira, que la Conselleria de Sanidad defiende que es un 30% menos costoso para las cuentas públicas que el modelo público, que queda ya relegado a los hospitales menos rentables por población.

Aumenta a 619 euros el pago por cada uno de los 270.000 habitantes

La Generalitat tiene previsto abonar durante 2011 un total de 619,8 euros por cada uno de los 270.000 usuarios del sistema público de salud con los que cuenta el departamento de la Ribera. La multiplicación arroja una cifra de 167 millones de euros. Con ese dinero, la UTE gestiona los recursos humanos y las infraestructuras sanitarias para atender a los pacientes de la mayor parte de la comarca -algunos municipios dependen de Xàtiva y otros de Valencia- y de todo aquel usuario de fuera de la comarca que quiera o necesite ser atendido en el Departamento de Salud. Por ello, el portavoz del Sindicato Médico de Asistencia Pública (Simap), Pedro Durán, asegura que "el mensaje de austeridad que está dando en los últimos tiempos la UTE de puertas adentro choca con el balance de beneficios que presenta la empresa y no se justifican la falta de sustituciones, ni plantillas de médicos y facultativos insuficientes", remarca.

casmadrid (Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública. Madrid)
junio 2011