La fase terminal del estado del bienestar

Con la nueva sucesión de recortes sociales que recorre Europa, el estado del bienestar ha entrado en fase terminal, lo que ha agudizado el conflicto entre trabajo y capital.

La consolidación de los sistemas democráticos occidentales se produjo a través de diversos factores de los cuales vamos a destacar la creación del llamado estado del bienestar, asentado en una relativa paz social, ya que se logró desactivar los movimientos sociales que iban más allá de las simples mejoras laborales y se encaminaban hacia posturas revolucionarias. Esta desactivación toma expresión con la moderación de los partidos socialistas al aceptar el juego parlamentario y el sistema numérico de votos, y que finalmente derivaron en lo que se ha convenido en llamar como social-democracia.

Ahora bien, ese estado del bienestar no hubiera sido sostenible de no ser por una disminución considerable de las tasas de paro, a lo que habría que añadir un alza en los salarios, lo cual dotó a la clase trabajadora de poder adquisitivo, ya no solo para la supervivencia, sino también para la compra de productos tecnológicos y de ocio, y con la tranquilidad de un sistema sanitario que le daba cobertura. Todo acompañado por condiciones laborales que, aunque lejos de ser ideales en numerosos casos, distaban mucho de las dadas en el siglo XIX.

Aunque el estado del bienestar pueda parecer el precio que la patronal y los Estados tuvieron que pagar para alcanzar cierta paz social y con ello volver a la productividad, no dejaron por ello de obtener beneficios considerables, ya que, mediante herencias de las prácticas colonialistas, reprodujeron el sistema de explotación y miseria en el tercer mundo, ahora mediante empresas privadas, de donde se abastecían de materias primas para que el trabajador del bienestar las modificara en las plantas industriales.

Asimismo la industria del ocio, impelida por el poder adquisitivo del trabajador, despuntó definitivamente, propiciando y propiciada por un desarrollo sin precedentes de los medios de comunicación, creando a su vez innumerables puestos de trabajo, que lentamente crearon el trasvase que va de la fábrica a la cafetería, es decir, de sociedades que trabajaban en el sector secundario o industrial al trabajo en el sector servicios.

Bajo este ambiente, el trabajador, cada vez más interesado por llenar las horas de ocio a cambio de ocho horas de trabajo, fue olvidándose de los movimientos reivindicatorios, ya que su salario y un sistema crediticio amable le permitían preocuparse más entre si comprarse un televisor de veintitrés o veinticinco pulgadas, además de elegir qué caja de refrescos llevarse al piso o a que discoteca ir a bailar y tomar cocaína.

Otro factor determinante que propició el olvido reivindicatorio era la aparición de la política cada cuatro años, dependiendo del sitio, y la ilusión de poder cambiar gobiernos, lo cual se estandarizó en el bipartidismo, en el que se cambiaba de gobierno precisamente para que no cambiara nada.

Asimismo, para todos aquellos que el sistema no había beneficiado, se contaban con recursos que ayudaban a paliar en la medida de lo posible sus carencias. Es también con el resto no asimilado como el sistema se justificaba a sí mismo, por una parte ayudando, aunque con más publicidad que efectividad, y por otra recordando y advirtiendo al trabajador del bienestar de su situación privilegiada, lo cual venía a reforzar el olvido reivindicatorio.

No hay que pensar que con el olvido reivindicatorio las movilizaciones desaparecieron. Antes bien, las movilizaciones se fragmentaron, de tal modo que se convirtieron en hechos sectoriales, aislados entre sí, donde una protesta en el sector minero, por ejemplo, no arrastraba al sector del metal, por ejemplo; lo cual significa que la solidaridad obrera como tal quedaba finiquitada por una solidaridad de tipo “gremial”. Además, en gran parte de los casos, cuando esas movilizaciones han superado la barrera de la fragmentación; éstas se han realizado como hechos defensivos, de tal modo que la reivindicación es para conservar, no para mejorar o cambiar; lo que significa que cuando se lucha por conservar es que se está a punto de perder.

Puede decirse que la construcción del estado de bienestar es lo máximo que puede permitirse el capital para que la rueda del dinero siga funcionando y no se vea cortocircuitada por las movilizaciones sociales, las cuales, en sus momentos álgidos amenazaban con la abolición de la propiedad privada; y siempre teniendo en cuenta que se produjo una deslocalización de los sistemas de explotación, dirigida al tercer mundo, que aliviaba los costes sociales occidentales, los cuales, además, debidamente orientados al consumo, también devolvían parte de lo que se les daba.

Asimismo, el desarrollo de los sistemas de ocio apartó de las miradas occidentales la miseria por el hermano del sur, al cual, una vez descolonizado, lo culpabilizaron de su situación, dejándose “engañar” en algunos casos por movimientos insurgentes sangrientos y terroristas. En ese sentido, y con la mirada apartada, se votaba a gobiernos que internamente implementaban el sistema del bienestar y que externamente permitían y favorecían el desarrollo de sistemas de explotación que suministraran a buen precio, principalmente, materias primas.

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Con las sociedades occidentales desmovilizadas, y alcanzado el máximo que el capital estaba dispuesto a dar, en sociedades basadas e impelidas al crecimiento constante, el viejo conflicto entre costes sociales y beneficios vuelve a entrar en escena.

El estado del bienestar empieza a ser un lastre para que el crecimiento continúe. Además, con el desmoronamiento del bloque soviético, el papel propagandístico y advertidor que jugaba deja de tener sentido. Hay que sumar, como consecuencia de dicha caída y la apertura global de los mercados (favorecida por la revolución digital), la emergencia de la mano de obra barata global, la cual, se suma a los sistemas de explotación ya consolidados o se incorpora en masa a los de nueva factura, basados en el sector secundario, fruto de la progresiva deslocalización de la industria occidental.

Asimismo, los flujos migratorios llegados de aquellas zonas en las que no se ha consolidado un sistema de explotación, pues no hay nada que explotar, primeramente bienvenidos para ocupar las vacantes que los estados de corte keynesiano no podían ocupar, fueron posteriormente bienvenidos por aquellos que no podían deslocalizar y precisaban de una reducción de costes laborales, lo cual insertaba la semilla del sistema de explotación definido en el tercer mundo (que alcanza niveles de esclavitud) en el estado de bienestar.

Pero antes de que la semilla pudiera brotar se hacía necesario desmembrar toda la legislación concerniente a los derechos de los trabajadores o al menos volverla inefectiva, ya sea mediante el trabajo “en negro”, ya sea aprovechado las necesidades del inmigrante recién llegado, ya sea coaccionando al trabajador nativo, al que se le dice que debe aceptar “pequeñas” renuncias si quiere mantener su televisor de cien pulgadas en pantalla plana, ya sea mediante masivos expedientes de regulación de empleo.

Después de un periodo que podríamos denominar como de recortes consentidos, caracterizados por negociaciones colectivas en los que los trabajadores renunciaban a derechos adquiridos a cambio de conservar otros de mayor relevancia, y que buscaban prolongar esa tregua de clases que podríamos situar bajo el amparo del olvido reivindicatorio; la nueva sucesión de recortes apunta directamente a los pilares básicos sobre los que se constituyeron los estados del bienestar: sanidad pública, educación pública, jubilación asegurada, subsidios por desempleo, sueldo digno, vivienda digna; lo cual ha avivado de sobremanera el nunca desaparecido conflicto (como nos quisieron hacer creer) entre trabajo y capital.

De este modo, si consideramos al estado de bienestar como un atenuante del conflicto, cuyo principal efecto fue una especie de tregua de clases; cuando éste entra en su fase terminal la lucha de clases vuelve a ponerse sobre el tapete, con las cartas descubiertas, ya que no es posible seguir ocultando el conflicto entre trabajo y capital, de manera que la reivindicación y los movimientos que trae consigo se suceden. Las protestas crecen, de diferentes maneras y colores, y ante ellas cabe la siguiente pregunta: ¿Es una nostalgia del estado del bienestar lo que las motiva o por el contrario hay una voluntad real de cambio, de revolución?

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Hay que tener en cuenta que el conflicto avivado entre trabajo y capital no nos vuelve a todos de golpe de izquierdas y revolucionarios, ya que otra de las posibles respuestas se encamina hacia los nacionalismos de tipo fascista, que agitan las banderas de la xenofobia, atacando al trabajo extranjero y aunque no lo digan defendiendo el capital nacional. Asimismo, no hay olvidar que los nada desdeñables hitos conseguidos por el estado del bienestar fueron posibles gracias a unos sistemas de explotación externos que lo hacían sostenible, con toda la carga de hipocresía que ello conlleva.

Llegados a este punto en que los sistemas de explotación florecen de nuevo en el mundo occidental; ahora que sabemos que los rostros de los niños somalís en las fotitos de navidad o el trabajo infantil en Vietnam son los rostros carne y hueso que hay detrás cada vez que compramos ropa de marca o un sofá de cuero; ahora que sabemos que la bajada de los salarios no se deben a que los extranjeros trabajan más barato sino a la avidez de empresarios que buscan aumentar sus márgenes de beneficios; ahora que lo sabemos todo y la catástrofe llama a las puertas de nuestras casas, no cabe otra salida que la renovación de la solidaridad como modo de construir la unidad internacional del trabajo, como modo de lucha y respuesta ética a un mundo que ya no existe.

Juan José Colomer Grau

http://tiemposdenadie.wordpress.com/

El agua, ¿de quién es?

Aunque el sentido común responde que es de todos, los hechos suelen contradecirlo: el calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva han convertido el agua en algo tanto o más codiciado que el petróleo y grandes empresas se están convirtiendo en dueñas de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de las Naciones Unidas, la organización creada para velar por los derechos de los habitantes del planeta entero. En este caso, y no sólo, parece inclinada a preservar más a los unos que a los otros. Con razón decía Bernard Shaw que el sentido común es el menos común de los sentidos.

Una de las primeras medidas que adoptó Ban Ki-moon, flamante secretario general de la ONU, fue el lanzamiento del CEO Water Mandate, “una iniciativa público-privada especial destinada a asistir a las empresas en el de-sarrollo, aplicación y difusión de políticas y prácticas sostenibles en la esfera del agua” (www.unglobalcompact.org). Un propósito loable, su trastienda no tanto. Megapolios como Marck&Co. o Siemens se acogen al Mandato para privatizar un bien común. Como sucede con otros proyectos importantes de la ONU, FMI, el Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales en general se encargan de manejarlos.

El Banco Mundial acaba de asumir el control del Fondo Verde de la Conferencia sobre el Cambio Climático, financiado con 100 mil millones de dólares. Es notoria la poca o ninguna transparencia del BM en lo que hace a proyectos similares, pero estas iniciativas se reiteran “no sólo porque los Estados miembros más poderosos de las Naciones Unidas las empujan”, señaló Maud Barlow, presidenta del Consejo Nacional de Canadienses (CNC): también porque la ONU carece de fondos suficientes y sus organismos y programas “recurren al patrocinio privado para funcionar”. Barlow es autora, entre otros libros, de Oro azul y El Pacto Azul: la crisis mundial del agua y la lucha por el derecho al agua.

La ecologista canadiense ha subrayado, en el prólogo de un estudio del CNC sobre la influencia del sector privado en las Naciones Unidas, que el planeta está en vísperas de una crisis de proporciones aterradoras en materia de abastecimiento de agua (//blueplanetproject.net). Observa que el FMI “fuerza a las naciones endeudadas a vender bienes públicos, incluyendo los acuíferos, como condición para otorgar una ayuda financiera. Todo el sistema (de la ONU) está regido por estas corporaciones”. Que sólo buscan ganancias, naturalmente.

El informe del CNC detalla ese dominio en varias organizaciones del sistema, incluso anteriores a 2007. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) concertó en el 2005 una asociación con la empresa Volvic, abastecedora de agua mineral, y llevó a cabo una campaña pública de proporciones en Alemania con el lema “1 litro por 10 litros”. La empresa se comprometió a contribuir monetariamente a un programa de Unicef en estos términos: por cada litro de agua Volvic que se vendiera en el país europeo, la empresa aportaría lo necesario para que los habitantes del distrito Amhara en Etiopía tuvieran acceso a 10 litros de agua potable. La iniciativa se repitió en otros mercados occidentales, lo que permitió que el programa se extendiera a zonas de Níger y Malí.

Volvic donó medio millón de dólares de sus ventas en EE.UU. y Canadá en el bienio 2008-2009 para financiar proyectos de Unicef (www.drink1give10.com). Bien, pero cabe señalar que las ventas de la sección Agua del grupo francés Danone, al que Volvic pertenece, ascendieron aproximadamente a 3700 millones de dólares sólo en el 2008 (www.danone.com, 24/6/10). El CNC manifiesta en el estudio que la vinculación explícita de Unicef con Volvic en grandes mercados consumidores como Francia, Japón, Canadá y EE.UU. es un valor agregado y estima que las ventas de los productos embotellados de Danone “bien pudieron haber excedido el valor (correspondiente) de la contribución de 500 mil dólares a Unicef”.

La Unidad de Inspección Conjunta de la ONU señaló en un informe del año pasado que esta clase de asociaciones carecen de “un sistema eficaz de supervisión para medir la implementación real de los principios (establecidos) por los participantes”, lo cual ha despertado las críticas de varios Estados miembros de Naciones Unidas y el riesgo de lastimar la reputación de la organización internacional (www.unjiu.org, septiembre de 2010). Sin embargo, aumenta su participación en estos emprendimientos “especiales”.

Un rasgo característico de estas tran-sacciones, reconocido por el Banco Mundial, es que las empresas se niegan a invertir en la infraestructura necesaria para mejorar el acceso a este recurso: sólo quieren recortar las operaciones para aumentar sus beneficios. Así, el precio del líquido aumenta y su calidad empeora. En Francia, considerado el impulsor más importante de la privatización del agua, hay marcha atrás: en junio, la alcaidía de París readquirió los servicios de agua manejados por las compañías Veolia y Suez. Pero no siempre la rapacidad encuentra freno.

Juan Gelman

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-171938-2011-07-10.html

Educación. "Todo menos llorar por los rincones"

Las elecciones del 22 de mayo y las perspectivas para las generales próximas significan un cambio de ciclo político para una buena temporada. Es evidente que la nueva situación puede reforzar la estrategia de privatización neoliberal de sectores fundamentales: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, expropiar lo común para beneficio de unos pocos. Privatización que David Harvey llama acumulación por desposesión y que no es otra cosa que el despojo de un patrimonio social creado durante generaciones (educación, sanidad, pensiones, transporte, espacios públicos, etc.), que se entrega al capital privado para su explotación. Que cuando se implanta es un fiasco: ni benefician al usuario-consumidor ni funcionan mejor ni mejora la gestión.

En educación, de momento, no venden las escuelas e institutos. Las cosas son más sutiles: deterioran los centros públicos con los recortes de profesorado y de medios, aumentan las ratios, desmantelan la atención a la diversidad… Los convierten en guetos y los vacían de alumnado que huye hacia la privada concertada. Desprestigiar primero al servicio público para privatizar después.

Eso es lo que viene sucediendo en la Comunidad de Madrid. El último atropello se ha producido una vez acabado el curso, cuando la consejería de educación de la Comunidad de Madrid ha hecho públicas las instrucciones para el comienzo del curso próximo y ha remitido el cupo de profesores a los centros. La principal novedad es: una elevación del horario al menos a 20 períodos lectivos, a 18 a los jefes de departamento y a 21 los profesores de formación profesional. Las horas de tutoría, las jefaturas de departamentos didácticos o extraescolares no tendrán consideración de horas lectivas. Tampoco tienen reducción horaria los responsables de las TIC. Pero, eso sí, se apunta al pago de las tutorías y alguna otra función, sin decirse cuánto (el rumor es de 25,40 euros al mes por las 12 horas que los tutores hemos venido dedicando a tutoría con alumnos, a su preparación y a atención a padres) y sin entender que lo que queremos es tiempo para hacer bien nuestra labor.

Esto supone un empeoramiento de las condiciones de trabajo, una destrucción de empleo, la desaparición de funciones educativas prestigiosas y un ataque sin precedentes a la enseñanza pública que reducirá la calidad educativa.

1. La jornada laboral lectiva sufrirá un aumento de 2 horas semanales mínimo por profesor y de tres horas para los tutores, que en su caso representa pasar de 16 horas a 20 en tan solo dos años por el recorte que ya hubo el año pasado. Es una modificación de condiciones de trabajo unilateral que va a disminuir la calidad de la tarea educativa y aumentar la penosidad de la función docente: más trabajo, menos tiempo de preparación y organización de las clases, más corrección de exámenes y más alumnado. Porque viene a equivaler a tener un grupo más de unos 30 alumnos por profesor, a añadir al centenar largo que se suele tener por cada profesor.

Para los jefes de departamento didácticos se convierten en horas complementarias las de dedicación al departamento, que siempre han sido consideradas lectivas (disponían de tres períodos lectivos a la semana, según la Orden del MEC de 29 de junio de 1994 –BOE del 5 de julio-, que regula el funcionamiento de los IES)

Hay que recordar que la jornada de los enseñantes de secundaria es, como la de todo funcionario, de 37,5 horas semanales, de las cuales 27 son presenciales y dentro de ellas entre 18 y 21 lectivas, compensándose a razón de dos horas complementarias por cada período lectivo mayor de 18. Hacer demagogia subliminal con la jornada del profesorado, como es el caso de la consejería de educación, es intolerable ya que no explica que detrás de cada clase hay mucho trabajo de preparación y organización de las mismas, corrección de exámenes, participación en proyectos, entrevistas con alumnos, labor tutorial, etc. Sería lo mismo que decir que el trabajo de un periodista es únicamente el tiempo en el que se tarda materialmente en escribir un artículo.

2. La consecuencia directa del aumento de jornada lectiva es la supresión masiva de puestos de trabajo, porque no se trata de aumentar la jornada con los mismos profesores del curso pasado para mejorar la calidad. La destrucción de empleo se ha reflejado en los cupos enviados por la administración educativa a los centros: recortes de entre el 10 y el 12% de las plantillas, lo que supone un volumen agregado de 2.500 a 3.000 docentes menos en secundaria. Una auténtica y brutal reestructuración de plantillas que afectará al funcionariado interino con el despido y a otros funcionarios de carrera que se verán desplazados de sus actuales destinos. Es un auténtico Expediente de Regulación de Empleo, con rescisiones de contratos, que no se ha negociado con nadie.

Los compañeros/as interinos ya han sufrido un recorte de empleo de un volumen similar el curso anterior y han pasado de tener vacantes anuales a cubrir sustituciones de semanas, de cobrar las vacaciones a no cobrarlas y de tener trabajo a muchos no tenerlo. La situación para ellos se agrava en el marco del cerrojazo que se va a producir los próximos años como consecuencia de la finalización de las jubilaciones LOE a los 60 años y de la inseguridad que se ha generado sobre la convocatoria o no de oposiciones, las limitaciones de la tasa de reposición y los cambios en el sistema de acceso.

3. Una de las medidas más grave es el proceso de degradación hasta hacer desaparecer la función tutorial. Primero quitaron las tutorías en bachillerato, el curso pasado redujeron una hora en la ESO y ahora las consideran no lectivas para el tutor, pero sí lectivas para el alumnado que en la hora de tutoría recibirán refuerzo de Lengua, Matemáticas e Inglés ¿por quién?. Es una medida disparatada e ilegal, que contraviene los principios de jerarquía normativa, que deja sin efecto los Planes de Acción Tutorial a pesar de su carácter prescriptivo y que cuestiona el papel de los departamentos de Orientación.

La desaparición práctica de la tutoría no es sólo por una visión tecnocrática, lo hacen también por razones ideológicas. Piensan que lo mejor es dedicar el tiempo de la tutoría a dar materia: instruir en vez de educar; no les gustan algunas de las actividades que se suelen realizar en las tutorías; saben que es una función que marca la diferencia con los privados y concertados en favor de la pública. Se niegan a entender que en la ESO se educa y no sólo se enseña, que es fundamental la tutoría para que crezcan como personas, que los resultados académicos dependen también del nivel de convivencia en el centro y ésta a su vez de los valores que se trabajan, mucho de ellos en las tutorías.

Olvidan que es básica para conocer al alumnado, integrarlo y atenderlo, desarrollar su participación, su motivación y su autoestima, generar dinámicas de grupo positivas, trabajar la convivencia y la resolución de conflictos, organizar la clase, relacionarse con las familias, realizar los viajes de fin de curso y las extraescolares, abrir la educación a la sociedad con la entrada de otros agentes y expertos educativos y, en definitiva, para mejora la calidad y hacer escuela pública.

Más ideología: suprimen las tutorías pero mantienen las horas de Medidas de Atención al Estudio, que son la alternativa obligada a la existencia de la religión católica en las escuelas públicas, sin que se puedan utilizar para ningún tipo de refuerzo curricular.

Otro ejemplo. En la Orden 2458-01/2011 (BOCM 24 de junio de 2011) que establece los módulos de financiación aplicables a los contratos de gestión de servicios públicos educativos en escuelas infantiles y casas de niños, se reducen los módulos económicos para el curso próximo y para ello se suprimen las actuaciones para las familias de los alumnos en horario de tarde. Más ideología firmada por la consejera Figar: parece que no les gusta la participación de los padres y unas casas de niños públicas más abiertas.

Es resumen, es una barbaridad dejar sin asistencia al alumnado de la ESO, desde 12 a 16 años, en lo que podríamos llamar el desfiladero de la adolescencia, que como bien saben las familias son años decisivos en la formación y crecimiento de los jóvenes y donde se juegan el fracaso escolar y su formación integral como personas. Llevo catorce años consecutivos siendo tutor en secundaria y sé de lo que hablo y, también, de lo positivamente que valoran las familias y los centros el buen trabajo tutorial. Espero que las asociaciones de AMPAS pongan el grito en el cielo y se movilicen contra esta medida.

4. Ataque a la calidad de la enseñanza pública, porque la escasez del cupo de profesores impedirá bajar la ratio de alumnos organizando desdobles y grupos flexibles en asignaturas instrumentales como Lengua y Matemáticas o en Inglés, tener apoyos, recuperación de pendientes, laboratorios en ciencias, etc.

Porque bajará la calidad del profesorado cuando para completar horarios se amplían las materias “afines” y tengan que dar otras materias no propias de su especialidad; por ejemplo clases de inglés los de filosofía, clases de tecnología los de plástica, clases de lengua los de francés y todos son situaciones reales que conozco directamente. Porque tendrán menos horas para preparar su clases, para corregir con prontitud, para atender a los alumnos y explicarles lo que no entienden, para entrevistas, control del absentismo, llamada las familias, etc. Porque seguirá golpeando a uno de los colectivos más afectado en los últimos años: los profesores de atención a la diversidad (compensatoria, trabajo social, orientación, etc.)

Pero sobre todo supone una estocada a la educación pública porque desmotiva e intenta desmoralizar al profesorado, que es un factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las medidas son propias de una mentalidad de contable neoliberal y son exactamente lo contrario al reconocimiento social de profesorado con el que se llenan la boca todos los partidos políticos en campaña electoral. Lo único cierto es que en Madrid se destruye empleo, aumenta su inseguridad, sube la jornada, se bajan las retribuciones y se selecciona negativamente el alumnado de la enseñanza pública al escolarizarse de forma desequilibrada los alumnos con necesidades de compensación educativa entre la doble red con financiación pública.

Lo curioso de la situación es que era la crónica de una agresión anunciada. Ya habían suprimido las tutorías con carácter lectivo en bachillerato, ya se habían perdido muchos empleos el curso pasado al elevarse la jornada en ciclos formativos y a 19 horas a bastantes profesores; apenas se había aplicado la reducción de jornada a los mayores de 55 años; se habían degradado las condiciones de trabajo y retributivas de los interinos; se redujeron los recursos para la atención a la diversidad.

Pero no hubo respuesta suficiente y toda agresión no contestada se considera debilidad e invita a nuevos ataques. Lo mismo que todo recorte de derechos sin movilización se consolida y se puede perder para siempre, con la excusa de la crisis, sin que se recuperen aunque algún día ésta se supere.

¿Qué hacer ante esta situación? Todo menos desmoralizarse, todo menos acabar instalados en la queja y en la impotencia en las salas de profesores. Que no nos quiten la motivación y el compromiso con la educación pública. Tampoco limitarnos al regateo (en el que nos quiere meter la consejería) sobre los flecos, de tal manera que en vez de recortar diez profesores en un centro al final solo sean 7 u 8 y parezca que encima ha sido un triunfo. Se trata de plantar cara a los recortes en vez de estar quejándonos todo el año.

Porque en la educación no se puede aplicar aquella máxima de nos engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo, dicha al tiempo de encender un cigarro y tomarse una larga pausa. Los alumnos son personas, no ladrillos ni papeles y tendremos que seguir haciendo bien, con profesionalidad, nuestra tarea. Nuestro malestar debe de volcarse hacia los responsables del mismo, nunca deben de pagarlo el alumnado ni sus familias. Pero sólo estaremos tranquilos con nosotros mismos si hemos hecho todo lo que está en nuestras manos por combatir las agresiones, por protestar el máximo posible, por animar a otros compañeros a hacerlo. Protesta y oficio, es nuestro derecho y nuestra obligación.

Han tomado las medidas con la alevosía propia de otros tiempos, cuando no hay capacidad de respuesta. La reunión de directores se quedó en el rechazo y en la exigencia a la administración de que revise las instrucciones y el cupo, pero muchos lo firmarán una semana después haciendo constar los planes y proyectos que no se pueden desarrollar por la escasez de medios. Los sindicatos (no todos) también han expresado su desacuerdo y han anunciado algunas medidas legales y ya veremos qué movilizaciones.

Creo que se debe de producir un movimiento de base en defensa de la escuela pública que responda a las agresiones. Algo así como el movimiento que pusimos en pie en Vallecas el curso pasado de Vallecas no se calla. Se puede demostrar que la educación pública, es mejor, con más calidad, con un profesorado más seleccionado y con más democracia en el funcionamiento de los centros que en la privada. Por eso y porque es de todos los ciudadanos hay que defenderla. No debe estar sometido a un régimen de control privado que tiene la búsqueda de beneficios económicos como algo consustancial a su carácter. Lo público debe de permitir centrarse en el bienestar social y en el caso de la educación en asegurar el acceso a ella de todas las personas y formar a ciudadanos preparados, críticos y participativos.

A la espera de la propuesta de movilización y de huelga que deberán realizar los sindicatos, creo que podrían desarrollarse acciones como las que siguen, la mayoría debatidas en mi instituto estos días y llevadas a la asamblea de educación del movimiento 15-M:

1. Negativa del profesorado a asumir las jefaturas de departamento y las tutorías por no poderse realizar en condiciones dignas al no disponer de tiempo específico para ejercerlas por no reconocerse su carácter lectivo: Estas decisiones individuales y colectivas deberían adoptarse en las reuniones de los departamentos que se celebrarán tras los claustros de principio de septiembre para distribuir los horarios.

2. Convocar a las familias de cada centro a asambleas para explicar la nueva situación, cómo les afectará a sus hijos y a ellos, y debatir iniciativas movilizadoras.

3. Constitución de los claustros en sesión permanente en los centros protestando por las medidas y su conversión en encierros con la participación de toda la comunidad educativa, que enlazaría con la siguiente propuesta:

4. Realizar una gran Jornada de Protesta contra los Recortes y en Defensa de la Escuela Pública el 14 de septiembre, día del comienzo de curso, para expresar que así no es posible comenzar un año lectivo con garantías de calidad y de éxito escolar. Con mucho color verde de las camisetas “Escuela Pública de tod@s y para todo@s”

5. Llenar la Puerta del Sol (donde se encuentra la sede del gobierno de Esperanza Aguirre, responsable primera de la agresión) de manifestantes el 15-S en defensa de la enseñanza pública y de todo lo público.

El profesorado, las familias y el alumnado, los sindicatos, la asociación de directores, las plataformas por la escuela pública y el movimiento 15-M. tienen el reto de levantar la bandera de la defensa de lo público y aplicar una estrategia de resistencia contra las políticas conservadoras. Hay que pelear por una educación pública digna y de calidad, porque hay que considerar la escuela como el lugar de encuentro de la comunidad educativa, con multitud de voces e intereses, lugar de plasmación de pensamientos, de ideas y de sueños. Desde abajo seguimos creyendo en lo que hacemos y seguimos trabajando para mejorar, pese a las dificultades. Es demasiado importante lo que está en juego para dedicarnos a llorar por los rincones.

Agustín Moreno. Profesor de Secundaria. Vallecas

Rebelión

Razones contra el copago sanitario

De forma recurrente –García Vargas (PSOE,1986), Celia Villalobos (PP, 1996), Maragall (PSC, 2004)–, y en relación directa con situaciones de precariedad económica, se anuncia como inevitable la implantación en los centros sanitarios de las “tasas disuasorias” o el “copago”. De nuevo emerge, y con los mismos argumentos, el debate sobre la necesidad de que el paciente aporte una cantidad adicional a lo que ya costea con sus impuestos para pagar parte de los servicios recibidos. En este debate se han multiplicado los artículos y editoriales a favor del copago, pero han sido escasas las propuestas en contra. Los partidarios del copago enfatizan en dos argumentos: el ciudadano abusa del sistema con patología banal (disuadámoslo, esto disminuirá la demanda y en consecuencia los costes, etc.) y el sistema es inviable, por lo que el paciente debe participar en los costes, evocando la medicina privada, ya que es el beneficiario del servicio recibido.

Recogiendo la invitación a participar en la discusión adelanto que, a mi entender, y con la autoridad que me dan 40 años de práctica clínica hospitalaria y experiencia en cargos directivos, la medida del copago me parece temeraria, injusta y poco realista. La implantación del copago es temeraria. En efecto, dicha iniciativa delegaría en el enfermo la interpretación de su síntoma y la valoración de la banalidad o no del mismo que, a fin de cuentas, decidiría la consulta o no de un profesional.

A este respecto es útil recordar algunos ejemplos empíricos. El infarto de miocardio (la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en nuestro país) se precede con mucha frecuencia de diversos síntomas que fueron interpretados banalmente por el enfermo y no se beneficiaron de una evaluación especializada. El hecho de que gran parte de las molestias precordiales no correspondan a una enfermedad coronaria no debe suponer una limitación para el numeroso subgrupo de pacientes en que el síntoma banal oculta un padecimiento grave.

O la jaqueca, otra enfermedad prevalente (14,2% de la población). Pues bien, las encuestas de población demuestran que sólo la mitad de los jaquecosos han consultado a un profesional por sus molestias, lo que hubiera supuesto beneficios para el alivio de sus dolores, evitado el costoso e insano abuso de medicación, y permitido el diagnóstico precoz, afortunadamente infrecuente, de patología grave subyacente al dolor de cabeza. Como vemos habría que introducir alguna vez fórmulas persuasorias.

El enfermo tiene perfecto derecho a equivocarse, pues desconoce la trascendencia de sus síntomas, pero un sistema público de salud debe evitar que un paciente con patología grave no disponga de todo el arsenal clínico que precise y al que tiene derecho, sólo porque sus dolencias son poco expresivas o porque una tasa le disuada de entrar en el sistema. Este análisis no pretende la medicalización del ciudadano, sino exponer los riesgos de esa disuasión.

La implantación del copago es injusta. La medida culpa a los pacientes de su situación patológica. Los contribuyentes más abatidos en su calidad de vida por una enfermedad recurrente banal o por una enfermedad crónica que exige consumo sanitario deberán copagar su infortunio como castigo a su dolencia. Ante este carácter de penalización que se desprende del argumentario a favor del copago, sería oportuno recordar una declaración de los grupos de base franceses que resaltan el carácter democrático de los objetivos sanitarios (incluso en enfermedades en que el paciente es culpable): “… También queremos buenos hospitales para que nos curen las borracheras”.

Y, lo que es peor, se culpabiliza al paciente de la insuficiencia en la atención. La sanidad no sería buena porque acuden demasiados enfermos a los centros, soslayándose de esta manera las causas principales como la deficiente gestión, la pasividad ante las exigencias de la industria farmacéutica o los presupuestos escasos (estamos muy por debajo de la media europea en inversión sanitaria). Con la compulsiva necesidad de reformas provocadas por la crisis económica se están introduciendo casi sin oposición muchas medidas injustas.

El adelanto de que los grupos más desfavorecidos no precisarán copago más parece un intento de lavar la mala conciencia, así como la generación de grupos más favorecidos y menos favorecidos, retrotrayendo la asistencia a los obsoletos tiempos de la beneficiencia.

La implantación del copago no es realista. Aunque de menor entidad que los razonamientos previos, conviene conocer, por ejemplo, las urgencias de los grandes hospitales y saber la dificultad de exigir la tasa a priori (¿se negaría la asistencia?) o a posteriori (¿se llegaría al embargo en caso de impago?), lo que exigiría una infraestructura administrativa de coste mayor de lo que se espera recaudar (que sería, por cierto, una cantidad relativamente exigua).

En definitiva, el anunciado copago es temerario, injusto y poco realista. Existen demasiados elementos disuasorios en la medicina pública actual (listas de espera, etc.) como para añadirle uno más al ciudadano.

Esteban García-Albea Ristol (Jefe de Neurología del Hospital Príncipe de Asturias y profesor de la Universidad de Alcalá)
Público

INDIGNAD@S POR LA PRECARIEDAD URBANA | Doce razones para estar indignad@s por la ciudad

INDIGNAD@S POR LA PRECARIEDAD URBANA
Doce razones para estar indignad@s por la ciudad

http://indignadosciudad.blogspot.com/

Manifiesto

INDIGNADOS/AS POR LA PRECARIEDAD URBANA

Doce razones para estar indignados/as por la ciudad

Cada vez es más difícil vivir con una mínima dignidad en las ciudades españolas. Es casi imposible, especialmente para las personas jóvenes y para quienes no tienen un trabajo fijo y bien remunerado, acceder a una vivienda decente a un precio razonable y en un lugar que merezca el nombre de “ciudad”, y que tenga adecuados servicios públicos, transporte colectivo y comercio de barrio.

El crecimiento de la ciudad

1. Las ciudades se han extendido enormemente durante las últimas décadas mientras los barrios del centro se abandonaban a su degradación y la periferia se convertía en meras ciudades-dormitorio, de modo que se ha deteriorado la calidad de vida de la ciudadanía. Este crecimiento patológico ha sido resultado de una nefasta política urbanística basada en el negocio, que no resuelve los problemas de la mayoría de la población.

2. Los inconvenientes de este tipo de ciudad han recaído sobre la ciudadanía y el entorno. El crecimiento incontrolado, lejos de abaratar la vivienda como se predicaba, ha encarecido los precios del suelo y de la vivienda, segregando a las personas por su poder adquisitivo, ha aumentado las distancias a recorrer para acceder al trabajo y a los servicios, ha dificultado el disfrute de los servicios urbanos y del intercambio social, ha consumido valiosos e irreemplazables recursos territoriales, ha dañado la diversidad social y económica de la ciudad. Se destruye la ciudad como espacio colectivo primando el beneficio económico y el consumo.

La política urbanística

3. Los planes urbanísticos se han pervertido al utilizarse como instrumentos especulativos de puesta en el mercado de suelos de zonas aisladas y lejanas y amparar el desarrollo de grandes operaciones inmobiliarias, tanto en las periferias como en las zonas centrales de las ciudades. La ciudad se ha convertido en una trama fragmentada de espacios irregulares, sin continuidad, ni organización de conjunto.

4. La política pública de infraestructuras del transporte, sin una visión unitaria, al incrementar su capacidad y alcance ha favorecido la expansión de la urbanización, extendiendo la accesibilidad a extrarradios en los que no vivía casi nadie, favoreciendo la aparición dispersa de nuevas promociones inmobiliarias y la implantación de grandes superficies comerciales que sobrecargan las carreteras existentes y colaboran al declive del pequeño comercio. Las infraestructuras urbanas (agua, residuos, saneamiento y energía) se han visto obligadas a abastecer estas promociones sin contar con recursos propios suficientes para toda la gente.

5. La conversión de los barrios del centro en meros centros de consumo se ha traducido en el deterioro de estas zonas urbanas como lugares de diversidad cultural e intercambio social, favoreciendo el envejecimiento y la despoblación, atrayendo sólo a algunas personas privilegiadas. Esta comercialización del centro ha excluido a numerosos grupos sociales, expulsándolos y dañando así su valioso patrimonio cultural y social. Algunos barrios han sido abandonados por las políticas públicas a su deterioro a la espera de lanzar operaciones inmobiliarias especulativas justificadas en el propio deterioro.

6. Los grandes esfuerzos públicos se han concentrado en operaciones arquitectónicas de autor de gran efecto mediático que han intentado desplazar el debate ético sobre la ciudad (¿qué tipo de ciudad, para quién?) exclusivamente hacia los aspectos estéticos, obviando que esas grandes obras no atienden ni responden a las necesidades básicas de la población y detraen los recursos necesarios para resolverlas.

7. Estas costosas inversiones en infraestructuras y grandes obras arquitectónicas (tanto en su ejecución como en su mantenimiento) son la causa principal del grave endeudamiento público que ha provocado subidas de impuestos locales y la reducción de servicios sociales.

El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad

8. La Constitución española recoge el derecho a una vivienda digna, un derecho que, vistas las condiciones de la ciudad y los objetivos de las políticas que la gobiernan, es hoy ilusorio. Los alquileres de los pisos, con frecuencia, pequeños, insalubres y en mal estado, son elevados. Los precios de venta de las viviendas son prohibitivos. Se han arruinado las políticas de vivienda social en sus distintas formas (viviendas de protección pública, bien localizadas en venta o alquiler) que se han mantenido de forma meramente testimonial, cuando no se han dejado fracasar importantes iniciativas sociales con grave daño para las personas implicadas. Se ha obligado a muchas familias, perfectamente integradas en sus barrios de origen, a abandonarlos por nuevas urbanizaciones lejanas en los que además de los numerosos costes cotidianos (transporte, tiempos de desplazamiento, etc.) deben pagar abultadas hipotecas difíciles de afrontar en las actuales condiciones de precariedad del trabajo. Estas migraciones forzadas a la periferia significan además la pérdida del derecho fundamental al disfrute de la ciudad y la vida urbana, a cambio de los bien publicitados “nuevos estilos de vida” que tienen en el aislamiento, el consumismo y el uso intensivo del automóvil sus señas de identidad básicas.

Transportes, movilidad, espacio público

9. La principal ventaja de las ciudades es la de combinar multitud de oportunidades, de trabajo, de relación, de servicios, en espacios relativamente reducidos y próximos. En este tipo de ciudad, no es imprescindible usar el automóvil, un bien muy costoso que es el principal agente directo del deterioro del ambiente urbano. Desplazarse a pie, en medios no motorizados o en transporte colectivo, cuando es posible, hace que los espacios públicos sean lugares vitales, diversos y seguros. Nada de eso ocurre ni en las zonas degradadas del centro, ni en los nuevos barrios periféricos, origen y destino del traslado forzado de muchas familias obligadas por las lógicas del mercado libre de la vivienda. Poder disponer de una vivienda en propiedad (frecuentemente con grandes dificultades) obliga a un exilio al exterior que nos hace perder la experiencia social de la ciudad, contando a cambio con la visita regular, en automóvil, a las impersonales grandes superficies comerciales.

Cohesión social, diversidad, ciudadanía

10. La cohesión social es necesaria para estimular la solidaridad entre ciudadanos/as diferentes. Las ciudades favorecen la cercanía entre las personas a la vez que permiten su autonomía personal, les hacen más tolerantes con la diferencia, y más cosmopolitas sin necesidad de viajar. Respetando unas normas básicas comunes, la diversidad se convierte en uno de los mayores atractivos de la vida urbana. No ocurre así en una ciudad fragmentada y poco densa, formada por barrios escindidos en su perfil social y económico y con distancias insalvables entre las personas.

Gestión y participación

11. Los procedimientos administrativos utilizados entorpecen la incorporación de la ciudadanía al proceso de gestión de la ciudad, quedando sus intereses débilmente representados. Personas destacadas en el mundo profesional y responsables en el aspecto político de la gestión urbanística han trabajado decididamente para los intereses particulares de grupos económicos no representativos del amplio espectro ciudadano favoreciendo así un tipo de ciudad que no está pensada para la ciudadanía y que no responde a las necesidades públicas sino al servicio del negocio y de los intereses privados de una minoría, y cuyos valores colectivos esenciales se han comercializado. Se está construyendo una ciudad sin ciudadanos/as.

Discurso teórico y gestión real

12. La gestión real no ha sido coherente con los discursos planteados por los partidos políticos. Se ha pretendido avalar intervenciones que objetivamente incrementan el consumo de recursos no renovables, tienen una débil dimensión social y favorecen un modelo precario de ciudad en tantos sentidos apoyándose en un mal uso de conceptos como la sostenibilidad y en la probada ineficacia de los procedimientos de control ambiental y urbanístico. Partidos políticos de muy distinto signo han llevado a cabo políticas urbanas muy similares.

¡Otra ciudad es necesaria y posible!