Servicios Públicos. "A cuestas con la Sanidad"

En España asistimos a una bochornosa situación, el recorte en los presupuestos generales del Estado destinados a sanidad. El problema se llama externalización, eufemismo para negar que asistimos a una privatización de recursos fiscales. Financiamiento público para lucro privado. Ese es el misterio. Hacerlo posible supuso crear una ley ex profeso, conocida como ley 15/1997, aprobada por el PSOE y el PP, y la complicidad de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Dicha ley autoriza la gestión y administración de la salud a cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho; ese es el quid de la cuestión, facilitar la provisión de servicios sanitarios a cualquier empresa privada. 

Cabría esperar vergüenza torera cuando el objetivo apunta a desmantelar la sanidad pública. Pero se regodean, siendo habitual escuchar a los dirigentes de los grandes partidos políticos declarar con la boca chica que la sanidad pública no está en peligro, mientras a espaldas de la ciudadanía abren las puertas a entidades financieras y empresas constructoras, que espantadas de la crisis prefieren invertir sobre seguro en el área de la salud.

Varias son las formas utilizadas para legitimar el desembarco de los especuladores en sanidad. La primera, una tríada, señalar el colapso, la ineficacia y la insostenibilidad del actual modelo de salud pública, obliga a una reforma en profundidad si se quiere gozar de un sistema eficiente y seguro. Una vez introducido el tridente argumentativo, se habla del despilfarro y el gasto compulsivo fruto de una mala gestión. Lo mejor es racionalizar los recursos. palabra mágica. Lo dicho justifica cerrar los centros menos rentables y vender las instalaciones para recaudar fondos y aminorar el déficit público. Edificios, centros de salud, laboratorios, incluso hospitales son rematados o alquilados. Sólo en Cataluña se han clausurado las urgencias nocturnas en más 40 centros de asistencia primaria, todos ellos en barrios populares.

Se despiden médicos, enfermeras y personal auxiliar o bien no se convocan nuevas plazas. Muchos galenos y enfermeras emigran. Alemania, Gran Bretaña y Suecia son destinos preferentes. El deterioro provocado de la Sanidad Pública se explica por la anteriormente citada ley 15/1997, que incorpora el concepto beneficios privados en la gestión y administración de la salud. La ecuación ya no tiene secretos. La incógnita se despeja fácilmente. Una sociedad enferma es rentable para los empresarios.

Un informe elaborado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) descubre qué empresas invierten en salud, y no son otras que Dragados-ACS, SACYR, Accciona, Begar-Plader, FCC-Madrid, Hispania y Apax-Partners. Antes de la crisis lo hacían en instalaciones deportivas, carreteras, torres de apartamentos, complejos turísticos, campos de golf; hoy sus ganancias provienen de la gestión y explotación de la sanidad pública. El negocio es redondo. Las cifras cantan. En Majadahonda, un pueblo de Madrid, el coste de construcción más equipamiento de un hospital con capacidad para 615 camas suma la cantidad de 221 millones de euros. La Comunidad de Madrid pagará durante 30 años a sus constructores, Dragados, un alquiler anual de 45 millones. Finalizado el periodo, Dragados se habrá embolsado la suma de mil 350 millones de euros, sin contar los beneficios por explotación de servicios complementarios, cafetería, aparcamiento, lavandería y otros. En siete años, los inversores recuperan costes y los otros 27 representan beneficios brutos. Pero nadie repara en la corrupción. El costo económico del proyecto ha superado en cuatro veces el valor real de haber sido construido por la comunidad. Y lo más grave, su puesta en funcionamiento, coincide con el cierre de otros servicios y camas en hospitales públicos aledaños, con lo cual no hay una mejora de atención para la ciudadanía y los pacientes.

La decisión política de privatizar se centra en una frase: no hay dinero público para obras de infraestructura sanitaria. Sin embargo, otro informe señala la falsedad del argumento. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, gastó 620 millones de euros en publicidad institucional entre 2008 y 2011. Cifra equivalente al costo global de los ocho hospitales que se han levantado durante su mandato, recurriendo a la iniciativa privada. En definitiva ha entregado la hacienda pública para ser esquilmada por constructores sedientos de dinero. En los hechos, el pueblo madrileño pagará cinco veces el valor real de las instalaciones.

Hacer de la salud un negocio ha llevado a introducir criterios perversos como el copago. Además de los impuestos que todo ciudadano paga en su declaración de la renta, se cobra una tasa cada vez que se acude al médico, sea general o especialista. Los verdaderos beneficiados de este sistema son las compañías privadas de seguros médicos. El argumento es pueril: es preferible pagar a una empresa privada y garantizarse la cobertura total y no depender de un sistema público colapsado e ineficiente. Para el capitalismo todo puede calcularse en términos de costes y beneficios. Si la salud da dividendos, debe ser privatizada. Por esta razón y no otra, altruista o de compromiso social, los dueños del dinero invierten en la construcción de hospitales, su gestión y administración.

En España, desde hace más de una década, se ha apoderado de la sanidad pública un grupo de 10 constructoras privadas. Saben dónde está el dinero y entran a saco. Años atrás su fuente de ingresos provenía de la construcción de autopistas de peaje, aeropuertos y viviendas de lujo. Hoy son megaproyectos y las inversiones en sanidad lo que les ofrece pingües beneficios. El resultado de privatizar la sanidad es nefasto. Las desigualdades se amplían, y la brecha entre ricos y pobres se profundiza. Así, pasamos de un Estado del bienestar con servicios de salud de amplia cobertura a un Estado de beneficencia con salud para ricos y pobres. Unos podrán pagar y acceder a mejores servicios y la mayoría de las clases populares deberán conformarse con una sanidad degrada por voluntad política. La sociedad será injusta, enferma y débil. Pero ese no es un problema para los coyotes de la sanidad, al contrario, es la solución perfecta para seguir ganando dinero, esta vez a costa de la salud.

Marcos Roitman Rosenmann

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2011/09/17/opinion/022a1mun

Argumentos para combatir el tópico de la insostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

El Observatorio Sanitario de Madrid (OSM), de la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Madrid, ha publicado un argumentario para combatir el tópico de la insostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En su web dicen lo siguiente:

“Desde hace meses arrecian los mensajes interesados en la construcción de un tópico: “La Sanidad Pública resulta tan costosa que no podemos sostenerla”. Recortes en las prestaciones, copagos y privatizaciones son las recetas propuestas por los corifeos de las empresas de seguros, de tecnologías sanitarias y por los partidos de derechas, que desearían poder repartir como beneficios parte de los miles de millones que mueve la financiación, contratación y provisión de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).”

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18-S. En defensa de los Servicios Públicos. Comunicado de Attac Murcia

 18-S.

En defensa de los Servicios Públicos.

Comunicado de Attac Murcia

Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para la especulación y el beneficio económico y no pueden regirse por criterios de rentabilidad sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos  alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales.

La provisión de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades sociales del ciudadano y no en su capacidad de pago, según las leyes del mercado. Por su propia naturaleza de bien público, no deben ser liberalizados ni privatizados.

El sector de los servicios (sanidad, educación, turismo, etcétera) es el mayor y de más rápido crecimiento de la economía mundial. Aporta el 60 por ciento del producto total y genera altos porcentajes de empleo.

En base a estos principios, defendiendo que los Servicios Públicos son un derecho y no un negocio, Attac Murcia se opone radicalmente a cualquier intento de recorte ó privatización y por  tanto al deterioro de la calidad y condiciones básicas de vida de la ciudadanía. Attac Murcia quiere manifestar públicamente su apoyo y adhesión a la movilización /manifestación en defensa de los Servicios Públicos que tendrá lugar el próximo domingo en Cartagena convocada por diferentes colectivos y organizaciones.

Attac Murcia

http://www.attacmurcia.blogspot.com/

attacmurcia@gmail.com

 

Manifestación 18 septiembre.
19h Alameda San Antón .Cartagena  
No a la privatización. Servicios públicos y de calidad.
Convocatoria 15-M Región de Murcia

El valor de la educación

Cada vez está más claro que nuestra riqueza nacional obtenida en los largos años dorados del boom inmobiliario no fue a parar a la educación. La educación, como podemos comprobar un día sí y otro también, no es una de nuestras glorias nacionales, a diferencia, por ejemplo, del fútbol o, hasta no hace mucho, de los toros. Y aunque los políticos suelen hablar de la educación, la mayoría de ellos no sienten ninguna devoción hacia ella y prefieren, por el contrario, estimular la ignorancia, la burricie y la estupidez.

Es un privilegio que no puede dejarse en manos de burócratas que desprecian a los profesores

La educación en España provoca mucho ruido y poco debate. En términos generales, nuestros políticos sienten atracción por el poder, la comunicación, es decir, salir mucho en los medios, y por sus votantes, aunque solo por los más fieles. Como para lograr todo eso no necesitan estudiar, sentir el amor por el conocimiento, la educación les trae sin cuidado. Hablan, eso sí, de formación, pero, en realidad, quieren decir preparación, adquirir crédito profesional a través de un título, ganar dinero fácil y con rapidez. La formación es otra cosa.

Como ocurre con casi todo en la vida, no hay una única y simple verdad sobre la educación, pero hay un acuerdo bastante básico entre los especialistas en señalar que la educación significa el desarrollo integral de los individuos más allá de la preparación profesional, algo que incluye necesariamente comprender la naturaleza de las cosas y el mundo que nos rodea. La educación es una guía imprescindible para captar los entresijos de la sociedad tan compleja que hemos creado. Conocimiento, respeto por las personas y ambición por ampliar los estrechos horizontes de la pequeña comunidad de vecinos, familia y amigos en la que cada uno habitamos. Esas son tres cualidades básicas de la educación.

Con el trasfondo de la cruda crisis económica y de las altas tasas de paro que padecemos, a muchos les gusta repetir hasta la saciedad que nunca ha habido una generación tan bien formada como los jóvenes en la actualidad, lo cual, vista la historia de España de la mayor parte del siglo XX, no significa gran cosa. Ese tópico, un lugar común bastante generalizado también en los medios de comunicación, en las tertulias y en la calle, es el resultado, por un lado, de la confusión entre preparación profesional, aunque sea chapucera, y formación; y por otro, de un desconocimiento agudo y preocupante de lo que significa la educación.

Una persona educada debe ser capaz de pensar y escribir con claridad, comunicar con precisión y pensar críticamente, algo que debería ser un requisito imprescindible para los estudiantes universitarios. No hace falta conocer mucho las universidades españolas ni ser un especialista en educación para comprobar lo lejos que estamos de esa primera y fundamental premisa.

Una buena educación, además, debe proporcionar una apreciación crítica de las formas en que obtenemos el conocimiento y la comprensión de la sociedad, conocimientos básicos de los métodos experimentales de las ciencias, de los logros sociales, artísticos y literarios del pasado, de las principales concepciones religiosas y filosóficas que han guiado la evolución de la humanidad. No se puede ser provinciano, solo del pueblo o ciudad donde uno ha nacido, sin aspirar a aprender de verdad otros idiomas, ignorando a las otras culturas o los hechos históricos que han contribuido a configurar el presente. La educación debería servir también, por supuesto, para adquirir especialización o formación profesional en algún campo de conocimiento. De una persona educada, en fin, se espera que tenga algún conocimiento sobre los problemas éticos y morales, en constante cambio, que pueda ayudarle a formarse un juicio sólido y elegir entre las diferentes opciones.

El salto de la mera preparación, de un conocimiento informado, a una apreciación crítica de las cosas, a la formación profunda, puede resultar una ambición inalcanzable, pero hay que perseguirla con ahínco a través del estudio continuo, del estímulo del hábito de la atención, del arte de la expresión y del pensamiento crítico. Desarrollar los poderes del razonamiento y del análisis no es algo que se estimule mucho entre nosotros, dominados como estamos por la mentalidad de los tecnócratas y de los corredores de Bolsa, que animan a obtener beneficios inmediatos, con un desconocimiento supino de lo que significa organizar la enseñanza a largo plazo.

La educación es un privilegio que no puede dejarse en manos de los burócratas, de los amantes de las estadísticas y del currículo, de quienes desprecian a los profesores y limitan su autoridad ante los alumnos, los padres y la sociedad en general. En los tiempos en que vivimos, rodeados de ordenadores y tecnología moderna, la información puede adquirirse sin demasiada dificultad. La educación necesita mucho más, aunque en España todavía no nos hayamos enterado.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

El País

http://www.elpais.com/articulo/opinion/valor/educacion/elpepuopi/20110915elpepiopi_5/Tes

Educación. "No somos delincuentes. ¿Y ellos?"

Soy profesora de Secundaria. Funcionaria. Y no me arrepiento de ello. Tampoco tengo sentimientos de culpa. Es más, no estoy escribiendo esta carta con la intención de justificarme ni de dar explicaciones acerca de mi jornada laboral, las tareas que realizo o el sueldo que gano. Quien esté interesado acerca de esos detalles, que consulte los boletines oficiales. Lo digo más que nada para ir ahorrando tiempo y que quien guste de seguir la moda imperante de condenar a la hoguera a todo aquel que se dedique a la enseñanza no pierda unos preciosos minutos buscando argumentos y contra argumentos en este escrito. 

Soy una trabajadora como otra cualquiera. Accedí al puesto que ocupo tras un considerable esfuerzo e inversión. A cambio, tengo un trabajo para toda la vida. No pido perdón por ello (siento decepcionarles de nuevo). Por el contrario, un trabajo estable es lo que considero que debería tener todo el mundo. También tengo exigencias y desventajas que no tienen otros trabajadores. Al respecto, he luchado desde que tengo uso de razón y seguiré luchando para que esas condiciones, así como las condiciones laborales de cualquier otro trabajador, mejoren. 

Como trabajadora, cumplo con mis funciones y recibo un salario a cambio. No quiero no dar más horas de clase, quiero dar menos. Quiero que en los centros de enseñanza públicos haya mucho personal, muchos recursos, grupos pequeños, profesores que no atiendan a más de 50 alumnos diferentes... Quiero que mi jornada laboral sea razonable, entendiendo por razonable no que se me exprima al máximo posible, sino que me permita, además de trabajar, atender adecuadamente a mi familia, cuidar y educar a mis hijos, estudiar, viajar, ser más culta, descansar... Quiero tener dos meses de vacaciones como mínimo, yo y todos los demás trabajadores. Y que todos podamos disponer de residencias de tiempo libre públicas, de centros de formación públicos, de bibliotecas y ludotecas públicas en las que ocupar nuestro tiempo y crecer como personas. Públicas, digo, no gratis. Pagadas por todos y para todos, como es lo público. 

No quiero que no me bajen el sueldo otra vez. Quiero que me lo suban. A mí y a todos los trabajadores. Quiero que se repartan el trabajo y la riqueza. Que los padres y las madres no exijan que los colegios abran de siete de la mañana a nueve de la noche para que sus niños estén recogidos mientras ellos agotan sus vidas en jornadas laborales interminables. Quiero que su exigencia y su derecho sean los de trabajar cinco horas diarias como máximo y poder ser ellos los que pasen con sus hijos el resto del día. 

Hay riqueza para todo eso. Es mentira que no la haya. La riqueza de un país es su gente, sus recursos, su capacidad de crear, de construir, de organizar, de decidir y de compartir. Pero no hay riqueza para repartir si el juego consiste en que todo esté en manos de unos pocos. Me da igual que los diputados hagan públicas sus inversiones millonarias. Lo importante no es que las publiquen, sino que las hagan. Porque nadie debería tener un millón de euros, de la misma manera que nadie debe vivir con menos de, pongamos, dos mil euros al mes. Y me trae sin cuidado igualmente lo que opinen los mercados, esos ante los cuales al parecer tenemos que seguir sacrificando víctimas sin descanso. El único mercado en el que creo es la plaza de abastos que debe existir en cada pueblo y en cada barrio. Que el dinero se multiplique a sí mismo es algo tan absurdo y perverso que en las facultades de economía deberían suspender a todo aquel que se lo acabe creyendo. 

Soy profesora de Secundaria. Es mi forma de ganarme la vida, simplemente. No soy la culpable de todos los males de la humanidad. Igual que no lo son los inmigrantes, ni los pensionistas, ni los controladores aéreos, ni los liberados sindicales... Los culpables son los que nos criminalizan para ser ellos cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres, los que se rinden a sus pies y los que les jalean cada vez que eligen un nuevo colectivo para el sacrificio. Si ahora nosotros estamos en el ojo del huracán es únicamente porque somos un escollo más para que ellos alcancen sus dos principales objetivos: eliminar cualquier rastro de servicio público de calidad como derecho universal y precarizar al máximo el trabajo asalariado. No hay más. El resto no es más que circo... porque pan, lo que es pan, cada vez nos van a dar menos. 

Julia Rodríguez Pérez

Rebelión

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135663&titular=no-somos-delincuentes.-%BFy-ellos?-

Análisis y propuestas alternativas para mejorar el sistema público de salud

El presupuesto de Salud de la Generalitat de Cataluña para 2011 es de 9.188,61 M€ que respecto al presupuesto inicial de 2010 (9.875,81 M€) significa una reducción del 6,96% (687,2 M€), esta es la cifra que presenta el Gobierno.

Pero, a esta cifra hay que sumar los 853,50 M€ de gasto desplazado del 2010, realizado y cuantificado por el Departamento de Salud. Por lo tanto, la reducción efectiva será de 1.540,7 M€, es decir, una reducción del 15,6%, esto significa un gasto público en salud per cápita de 1.094,86€ nivel inferior en términos nominales al de 2006.

Si analizamos la evolución de las cifras del gasto público en salud per cápita en euros constantes –descontando la evolución de la inflación- tenemos que los 1.094,86€ de 2011 son 965,48€ de 2006 (año base), el gasto per cápita correspondiente al año 2003 en euros constantes es 1.043,92€ por lo tanto nos situamos a niveles de finales del siglo pasado.

Por lo tanto, la realidad de los presupuestos es de un recorte en salud mucho más profundo de lo que se ha querido aparentar.

Los recortes presupuestarios, obviamente, tendrán importantes efectos sobre el modelo sanitario y la salud de los ciudadanos y ciudadanas:

Con respecto al personal, hemos calculado que si en los Centros concertados se aplica una disminución del presupuesto de personal similar en términos porcentuales (-7,41%) a la del ICS (Instituto Catalán de la Salud) estaríamos hablando en total de una reducción de unos 356 M€ (126 M€ ICS y 230 M€ XHUP - Red hospitalaria de utilización pública). Esto nos lleva a prever que este recorte tendrá unos efectos de reducción de la ocupación que afectará al equivalente de 7.000 profesionales y trabajadores de sanidad con dedicación a tiempo completo. Los efectos laborales, sociales y económicos son tremendamente relevantes.

El efecto de los recortes sobre la degradación de los servicios públicos de Salud es evidente y actúan por dos vías: la menor actividad realizada y el deterioro de la calidad de la atención. Se cierran plantas en los centros de atención hospitalaria, se reduce la utilización de quirófanos, se retrasan intervenciones no diferibles , se suprimen servicios como los de atención continuada en varios CAPs (centros de atención primaria), se reduce la prestación de los servicios de transporte sanitario ( SEM ), etc. no se trata pues, de medidas que generan una cierta incomodidad. No, algunas medidas adoptadas ya y otras en fase de adopción tienen sus efectos: reducción de las prestaciones y, por lo tanto, aumento de las listas de espera y el deterioro de la actividad sanitaria afectando en mayor medida a los enfermos crónicos y a la población más vulnerable.

Los recortes no sólo constituyen una involución en el nivel de prestación sino también en las mejoras de eficiencia en el modelo sanitario gestadas en los últimos años -primaria y atención hospitalaria son vasos comunicantes-; la reducción del gasto del 12% en atención primaria colapsará de nuevo los centros de urgencia de los hospitales, por lo que también se produce un retroceso en los niveles de eficiencia de la atención sanitaria. Una medida no adquiere la categoría de eficiente porque simplemente la enunciamos como tal, ni pronunciar la palabra reiteradamente –a modus de “ mantra ”- otorga su propiedad.

¿Estamos gastando demasiado en salud?

Una forma de evaluar la suficiencia del nivel de gasto es efectuar su comparación con los importes públicos que se dedican a salud en el resto de países adelantados.

Si se mide en términos de gasto respeto el PIB, de acuerdo con los datos de Eurostat , se comprueba que en España en el año 2009 el sector público dedicaba unos recursos a salud equivalentes al 6,7% del PIB, cuantía inferior al gasto público medio en salud de los 27 países europeos que fue del 7,4% del PIB Europeo, diferencia que se acentúa si la comparación se efectúa con países como Francia (8,3%), Bélgica (8%) y Reino Unido (8,5%), por ejemplo. En Cataluña, el gasto público en salud lo hemos cuantificado en el 5,86% del PIB para el año 2009, claramente inferior tanto a la media española –es el 82,46%- como a la europea que es del 79,18%.

Aun así, si el análisis se efectúa en términos de gasto per cápita los resultados para España y Cataluña son todavía más decepcionantes . Con los datos del ejercicio 2008, España con un gasto público per cápita en salud de 1.554€ -de acuerdo con los datos d’ *Eurostat - se encontraba en el lugar 21 del ranking de países de la OCDE clasificados por la cuantía de los recursos públicos per cápita destinados al área de salud, y Cataluña por debajo, el 94,6% de la correspondiente española. El gasto público en salud per cápita española es el 81,8% de la media europea estimada en 1900 euros.

Una posible matización a estos resultados es contrastarlos con los niveles de renta relativos, lo cual vendría a señalar si nuestro nivel de estado de bienestar con respecto a salud se corresponde con nuestro nivel de renta relativo. Pues bien, España presentaba un nivel de renta per cápita el año 2008 del 103% respeto a la media europea (UE-27) muy similar a la de Italia (104%) y de Francia (106%) y, en cambio, como ya se ha visto que la distancia respeto a los recursos públicos que se dedican en estos países a salud son extremadamente significativos: se dedica por persona en términos de paridad de poder adquisitivo un 32% menos que en Francia y un 23% menos que en Italia. El nivel de renta de Cataluña está situado en el 120% de la media europea.

Así que los datos muestran que nuestro nivel de gasto público en salud es inferior al que correspondería respeto a nuestra posición de renta relativa en el marco de los países de la Unión Europea. En otras palabras, tenemos un Estado del Bienestar en el área de salud inferior a nuestro nivel de riqueza relativa respecto a nuestro entorno europeo. ¿Qué debemos hacer?

Los ingresos tributarios, ésta es la cuestión

No se puede hablar de gasto sin hablar de recursos, es decir de ingresos. Precisamente ésta es la cuestión clave del Estado del Bienestar en España y Cataluña: su clara y grave insuficiencia. Los datos hablan por si solos. Para la media de los países de la Unión Europea, EU-16, el total de ingresos el año 2009 sumaban el 40,2 % del PIB, en España llegaba apenas al 32%, es decir, 8,2 puntos porcentuales inferiores. En la EU-27 se estaba 7,6 puntos porcentuales por debajo. Este es el grave problema de las finanzas públicas estatales y catalanas: la insuficiencia de recursos.

Los menores recursos actuales, obviamente, son resultado de los efectos de la crisis en términos de menor recaudación, influida en gran parte por el hecho que en algunas comunidades autónomas, Cataluña entre ellas, el sistema impositivo se fue configurando excesivamente dependiente de los ingresos generados por las actividades inmobiliarias con lo cual han caído paralelamente con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de la actividad en este sector. Esta sería el componente que ha afectado a todas las administraciones europeas, pero aquí tenemos elementos propios: la desfiscalización de las diversas figuras impositivas, la continúa introducción de privilegios que benefician profundamente a las rentas más elevadas hasta el punto que los ricos prácticamente no contribuyen o lo hacen en insuficiente medida al erario público y la permisividad con el elevado fraude fiscal que se ha calculado en niveles de más del 5 por ciento del PIB.

Reducir el gasto público en situación de grave crisis económica es una irresponsabilidad, disminuir el gasto público en salud es una injusticia social, recortar el gasto público en salud mientras se elimina parte del impuesto de sucesiones es inmoral.

La reducción de 150 millones de euros en el impuesto de sucesiones equivale a un tercio del presupuesto del Hospital Clínico de Barcelona, a la mitad del presupuesto del Consorci Mar Parc de Salut, a un 10% superior al presupuesto del Consorcio Sanitario de Terrassa. Los 150 millones dejados de recaudar del impuesto de sucesiones nos daría para gestionar el presupuesto de dos entidades y media como el Consorcio Sanitario de la comarca del Anoia o construir y equipar dos hospitales o comprar seis edificios a razón de 25M€ cada uno (cómo el 2 de Mayo).

Implantar mejoras de gestión y organización que generan ahorro de gasto

Obviamente, hay recorrido parar implantar mejoras de gestión y organización que generen ahorros de gasto.

Una de las fuentes que permitiría un mayor ahorro se encuentra en el campo de los medicamentos. En Cataluña, en el año 2010, el gasto en medicamentos de dispensación ambulatoria fue de 1.849 M€. Esta cifra supone un 20% del presupuesto del CatSalut . A esta cifra haría falta añadirle el gasto en medicación hospitalaria, que para el ICS supuso 222,25 M€, de forma que se puede suponer que el gasto de medicación hospitalaria con cargo al CatSalut fue entre 350 y 500 M€.

En España y en Cataluña el consumo de medicamentos supone entre un 25 y un 30% del gasto sanitario total, un porcentaje entre 5 y 15 puntos porcentuales más elevado que el de otros países de la UE15.

En los últimos 20 años el coste de los medicamentos para el sistema de salud ha crecido a tasas interanuales siempre más altas que el IPC, pese a las diferentes medidas aplicadas, incluidos los copagos.

Hay propuestas sobre la política de los medicamentos:

· Selección centralizada de los medicamentos más idóneos para el conjunto del sistema de salud, con negociación de sus precios. Introducción de sistemas de precios relacionados con el valor terapéutico de los medicamentos.

· Prohibición total de la promoción comercial a los centros de SNS , públicos y concertados.

· Sistemas de información sobre medicamentos y terapéutica independientes de la industria farmacéutica, propios del sistema de salud.

· Formación continuada organizada desde el mismo sistema de salud. Dejar de acreditar oficialmente los cursos organizados o patrocinados por compañías farmacéuticas.

· Creación de comisiones fármaco-terapéuticas en todas las áreas sanitarias, con la función de garantizar la participación profesional y la gestión clínica en terapéutica, seleccionar las recomendaciones terapéuticas y los medicamentos de elección, garantizar y acordar la continuidad asistencial entre hospitales, atención especializada y atención primaria, concretar la formación continuada, y hacer un seguimiento de las prácticas preventivas y terapéuticas y sus resultados.

· Establecimiento de sistemas de incentivos según indicadores de prescripción de medicamentos y uso de otras tecnologías sanitarias

· Potenciar la implicación de la ciudadanía y en especial de las personas usuarias.

Ha más temas en los que seguir trabajando (el Centro de Análisis y Programas Sanitarios está trabajando en un informe para otoño):

· Reducción, sinergias, fusiones entre proveedores. Optimizando ofertas de terciarismo, de compras, servicios comunes, innovación, etc .

· Potenciar la Primaria con más capacidad para ser más resolutiva y hacer el papel de coordinación de la atención sanitaria obteniendo ganancias de eficiencia

· Implicar a los profesionales y a la ciudadanía con instrumentos de participación real en el sistema.

Pero de todo esto no se habla a la hora de proponer los recortes. Está claro que recortando de forma lineal y generalizada no se aborda ni se atiende a ninguna posible fuente de ineficiencia.

No hemos visto ningún estudio, ningún análisis, ningún informe por parte del Departamento de Salud que guíe los recortes, dónde se hayan detectado las ineficiencias reales existentes, los problemas de desigualdad presentes y que proponga las soluciones adecuadas.

Pero quizás sí que no se trata de esto, quizás no se trata de ahorrar detectando ineficiencias, aprovechando la fuerza de la situación para afrontar la mejora de las prestaciones. Quizás se trata de otra cuestión, se trata del deterioro de la reputación del sistema público de salud.

¿Y por qué? Porque 9.000 millones de euros en salud son insuficientes para tener un Estado del Bienestar homologable a la media europea, pero paradójicamente son muchos millones para la codicia del capital financiero. Para obtener oportunidades de negocio y para adoptar soluciones dramáticas, primero debemos tener un problema gordo. ¿Lo teníamos? Quizás estamos en la fase en que intentan generar este problema. No lo debemos permitir.

NOTA: [ 1] Este texto de análisis de los recortes en Salud se basa en gran parte en el documento ”Análisis del presupuesto de Salud 2011 y propuestas alternativas para mejorar el sistema público de salud” elaborado por el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (www.caps. cat ).

Agustí Colom es profesor de la facultad de Economía y Empresa de la UB. Santiago Marimón es economista y m iembro del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (www.caps. cat ) . Toni Tuà es miembro de la Secretaría de Polítiques Socials de la CONC (CCOO de Catalunya) y miembro del Centro de Análisis y Programas Sanitarios.

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4354

La fase terminal del estado del bienestar

Con la nueva sucesión de recortes sociales que recorre Europa, el estado del bienestar ha entrado en fase terminal, lo que ha agudizado el conflicto entre trabajo y capital.

La consolidación de los sistemas democráticos occidentales se produjo a través de diversos factores de los cuales vamos a destacar la creación del llamado estado del bienestar, asentado en una relativa paz social, ya que se logró desactivar los movimientos sociales que iban más allá de las simples mejoras laborales y se encaminaban hacia posturas revolucionarias. Esta desactivación toma expresión con la moderación de los partidos socialistas al aceptar el juego parlamentario y el sistema numérico de votos, y que finalmente derivaron en lo que se ha convenido en llamar como social-democracia.

Ahora bien, ese estado del bienestar no hubiera sido sostenible de no ser por una disminución considerable de las tasas de paro, a lo que habría que añadir un alza en los salarios, lo cual dotó a la clase trabajadora de poder adquisitivo, ya no solo para la supervivencia, sino también para la compra de productos tecnológicos y de ocio, y con la tranquilidad de un sistema sanitario que le daba cobertura. Todo acompañado por condiciones laborales que, aunque lejos de ser ideales en numerosos casos, distaban mucho de las dadas en el siglo XIX.

Aunque el estado del bienestar pueda parecer el precio que la patronal y los Estados tuvieron que pagar para alcanzar cierta paz social y con ello volver a la productividad, no dejaron por ello de obtener beneficios considerables, ya que, mediante herencias de las prácticas colonialistas, reprodujeron el sistema de explotación y miseria en el tercer mundo, ahora mediante empresas privadas, de donde se abastecían de materias primas para que el trabajador del bienestar las modificara en las plantas industriales.

Asimismo la industria del ocio, impelida por el poder adquisitivo del trabajador, despuntó definitivamente, propiciando y propiciada por un desarrollo sin precedentes de los medios de comunicación, creando a su vez innumerables puestos de trabajo, que lentamente crearon el trasvase que va de la fábrica a la cafetería, es decir, de sociedades que trabajaban en el sector secundario o industrial al trabajo en el sector servicios.

Bajo este ambiente, el trabajador, cada vez más interesado por llenar las horas de ocio a cambio de ocho horas de trabajo, fue olvidándose de los movimientos reivindicatorios, ya que su salario y un sistema crediticio amable le permitían preocuparse más entre si comprarse un televisor de veintitrés o veinticinco pulgadas, además de elegir qué caja de refrescos llevarse al piso o a que discoteca ir a bailar y tomar cocaína.

Otro factor determinante que propició el olvido reivindicatorio era la aparición de la política cada cuatro años, dependiendo del sitio, y la ilusión de poder cambiar gobiernos, lo cual se estandarizó en el bipartidismo, en el que se cambiaba de gobierno precisamente para que no cambiara nada.

Asimismo, para todos aquellos que el sistema no había beneficiado, se contaban con recursos que ayudaban a paliar en la medida de lo posible sus carencias. Es también con el resto no asimilado como el sistema se justificaba a sí mismo, por una parte ayudando, aunque con más publicidad que efectividad, y por otra recordando y advirtiendo al trabajador del bienestar de su situación privilegiada, lo cual venía a reforzar el olvido reivindicatorio.

No hay que pensar que con el olvido reivindicatorio las movilizaciones desaparecieron. Antes bien, las movilizaciones se fragmentaron, de tal modo que se convirtieron en hechos sectoriales, aislados entre sí, donde una protesta en el sector minero, por ejemplo, no arrastraba al sector del metal, por ejemplo; lo cual significa que la solidaridad obrera como tal quedaba finiquitada por una solidaridad de tipo “gremial”. Además, en gran parte de los casos, cuando esas movilizaciones han superado la barrera de la fragmentación; éstas se han realizado como hechos defensivos, de tal modo que la reivindicación es para conservar, no para mejorar o cambiar; lo que significa que cuando se lucha por conservar es que se está a punto de perder.

Puede decirse que la construcción del estado de bienestar es lo máximo que puede permitirse el capital para que la rueda del dinero siga funcionando y no se vea cortocircuitada por las movilizaciones sociales, las cuales, en sus momentos álgidos amenazaban con la abolición de la propiedad privada; y siempre teniendo en cuenta que se produjo una deslocalización de los sistemas de explotación, dirigida al tercer mundo, que aliviaba los costes sociales occidentales, los cuales, además, debidamente orientados al consumo, también devolvían parte de lo que se les daba.

Asimismo, el desarrollo de los sistemas de ocio apartó de las miradas occidentales la miseria por el hermano del sur, al cual, una vez descolonizado, lo culpabilizaron de su situación, dejándose “engañar” en algunos casos por movimientos insurgentes sangrientos y terroristas. En ese sentido, y con la mirada apartada, se votaba a gobiernos que internamente implementaban el sistema del bienestar y que externamente permitían y favorecían el desarrollo de sistemas de explotación que suministraran a buen precio, principalmente, materias primas.

2

Con las sociedades occidentales desmovilizadas, y alcanzado el máximo que el capital estaba dispuesto a dar, en sociedades basadas e impelidas al crecimiento constante, el viejo conflicto entre costes sociales y beneficios vuelve a entrar en escena.

El estado del bienestar empieza a ser un lastre para que el crecimiento continúe. Además, con el desmoronamiento del bloque soviético, el papel propagandístico y advertidor que jugaba deja de tener sentido. Hay que sumar, como consecuencia de dicha caída y la apertura global de los mercados (favorecida por la revolución digital), la emergencia de la mano de obra barata global, la cual, se suma a los sistemas de explotación ya consolidados o se incorpora en masa a los de nueva factura, basados en el sector secundario, fruto de la progresiva deslocalización de la industria occidental.

Asimismo, los flujos migratorios llegados de aquellas zonas en las que no se ha consolidado un sistema de explotación, pues no hay nada que explotar, primeramente bienvenidos para ocupar las vacantes que los estados de corte keynesiano no podían ocupar, fueron posteriormente bienvenidos por aquellos que no podían deslocalizar y precisaban de una reducción de costes laborales, lo cual insertaba la semilla del sistema de explotación definido en el tercer mundo (que alcanza niveles de esclavitud) en el estado de bienestar.

Pero antes de que la semilla pudiera brotar se hacía necesario desmembrar toda la legislación concerniente a los derechos de los trabajadores o al menos volverla inefectiva, ya sea mediante el trabajo “en negro”, ya sea aprovechado las necesidades del inmigrante recién llegado, ya sea coaccionando al trabajador nativo, al que se le dice que debe aceptar “pequeñas” renuncias si quiere mantener su televisor de cien pulgadas en pantalla plana, ya sea mediante masivos expedientes de regulación de empleo.

Después de un periodo que podríamos denominar como de recortes consentidos, caracterizados por negociaciones colectivas en los que los trabajadores renunciaban a derechos adquiridos a cambio de conservar otros de mayor relevancia, y que buscaban prolongar esa tregua de clases que podríamos situar bajo el amparo del olvido reivindicatorio; la nueva sucesión de recortes apunta directamente a los pilares básicos sobre los que se constituyeron los estados del bienestar: sanidad pública, educación pública, jubilación asegurada, subsidios por desempleo, sueldo digno, vivienda digna; lo cual ha avivado de sobremanera el nunca desaparecido conflicto (como nos quisieron hacer creer) entre trabajo y capital.

De este modo, si consideramos al estado de bienestar como un atenuante del conflicto, cuyo principal efecto fue una especie de tregua de clases; cuando éste entra en su fase terminal la lucha de clases vuelve a ponerse sobre el tapete, con las cartas descubiertas, ya que no es posible seguir ocultando el conflicto entre trabajo y capital, de manera que la reivindicación y los movimientos que trae consigo se suceden. Las protestas crecen, de diferentes maneras y colores, y ante ellas cabe la siguiente pregunta: ¿Es una nostalgia del estado del bienestar lo que las motiva o por el contrario hay una voluntad real de cambio, de revolución?

3

Hay que tener en cuenta que el conflicto avivado entre trabajo y capital no nos vuelve a todos de golpe de izquierdas y revolucionarios, ya que otra de las posibles respuestas se encamina hacia los nacionalismos de tipo fascista, que agitan las banderas de la xenofobia, atacando al trabajo extranjero y aunque no lo digan defendiendo el capital nacional. Asimismo, no hay olvidar que los nada desdeñables hitos conseguidos por el estado del bienestar fueron posibles gracias a unos sistemas de explotación externos que lo hacían sostenible, con toda la carga de hipocresía que ello conlleva.

Llegados a este punto en que los sistemas de explotación florecen de nuevo en el mundo occidental; ahora que sabemos que los rostros de los niños somalís en las fotitos de navidad o el trabajo infantil en Vietnam son los rostros carne y hueso que hay detrás cada vez que compramos ropa de marca o un sofá de cuero; ahora que sabemos que la bajada de los salarios no se deben a que los extranjeros trabajan más barato sino a la avidez de empresarios que buscan aumentar sus márgenes de beneficios; ahora que lo sabemos todo y la catástrofe llama a las puertas de nuestras casas, no cabe otra salida que la renovación de la solidaridad como modo de construir la unidad internacional del trabajo, como modo de lucha y respuesta ética a un mundo que ya no existe.

Juan José Colomer Grau

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