miércoles, 5 de octubre de 2011

Privatizaciones: el monstruo se hace más fuerte

Uno de los atributos identitarios del neoliberalismo es la organización económica de tal forma que se encauza gran parte de la renta hacia las personas, familias y empresas más ricas de una sociedad.

Para ello, son muy importantes las reformas de las condiciones de trabajo, pues en las relaciones de trabajo se reparte una gran proporción de la riqueza que produce la sociedad. Aumentando el tiempo de trabajo, disminuyendo los salarios, abaratando la indemnización del despido, debilitando la posición del trabajador en la negociación con el empresario (debilitando la negociación colectiva), permitiendo mil forma de fraude en la contratación (la temporalidad, las becas, los falsos autónomos), las condiciones de trabajo (jornadas largas más allá de la ley, horas extraordinarias no retribuidas, vacaciones impedidas, sin seguridad o higiene, sin seguridad social) o el despido, … la renta absorbida por la gran empresa aumenta.

La tolerancia de la indefensión de proveedores con el oligopolio de la demanda (oligopsonio) o de consumidores con el oligopolio de la oferta, igualmente facilita que la cuenta de resultados crezca.

La reforma del sistema de impuestos es clave, pues los impuestos podrían recabar excedentes de renta de personas, familias y empresas que han obtenido volúmenes desproporcionados en los circuitos primarios de reparto: salarios de ejecutivos, intereses, dividendos, alquileres. La acción de igualación por la intervención social se completaría con la función redistributiva del gasto: como pensiones contributivas, ayudas o servicios públicos (educación, sanidad, atención social). Por eso, uno de los esmeros de la acción política del neoliberalismo es la reforma de los impuestos, reduciendo impuestos a los ricos, que consiguen otro plano de concentración de riqueza.

La gran excusa para transitar este sendero de regresividad fiscal es el miedo a las evasiones fiscal. Pese a los esfuerzo para que los dineros estén cómodos en cada país, con un trato deferente hacia las rentas del ahorro, los grandes dineros de deportistas (los mismos deportistas que son muy nacionales cuando se trata de recaudar aplausos por sus gestas), artistas, empresarios, rentistas, banqueros siguen escapando a paraísos fiscales o a residencias fiscales con menor presión fiscal o secreto bancario.

La aminoración de ingresos repercute en la reducción de los gastos y la inversión, más si machaconamente los mismos que han disminuido los ingresos nos meten en los oídos el raca-raca de que no podemos gastar más de lo que ingresamos. Con ello, vienen los recortes sociales en educación, sanidad, dependencia, que cada uno de los dos partidos del bipartidismo imperante, y consolidante de la tendencia viciosa, le atribuyen al otro en la estrategia del “Y tú más”.

A veces, este agujero se tapa con ingresos extraordinarios. Uno de esos ingresos extraordinarios llenó las arcas públicas mientras se inflaba la burbuja inmobiliaria. La gran actividad económica, sobre todo constructiva y especulativa con el precio de la vivienda, provocaba un pago de impuestos excepcional. Con esa cantidad coyuntural un país como España consiguió sostener su precario Estado del Bienestar, mejorarlo apenas, hacer más reformas tributarias a favor de las grandes rentas, rebajar la deuda pública y lograr superavit. El precio era un sobreendeudamiento privado y exterior, que provocó un colapso de la financiación de la construcción y compra de vivienda a precios en aumento y una crisis integral.

Otra forma de ingresos extraordinarios son las privatizaciones. El Estado no puede cubrir el déficit con impuestos y vende el patrimonio heredado por generaciones. En los últimos treinta años el patrimonio público, de todos, no ha tenido grandes incorporaciones, algunas líneas de tren de alta velocidad construídas seguramente con un criterio más centrado en el interés particular de constructores que en le interés general. Sin embargo, hemos visto como se ha vendido grandísimas empresas del sector público. Se consiguen así unos ingresos que no se obtienen de cobrar impuestos a quienes acumulan grandes riquezas y se venden grandes empresas con grandes beneficios posiblemente a quienes ya se han enriquecido con las reformas laborales y fiscales.

En el periodo 1984-2011 se han vendido empresas y grandes empresas por un valor de unos45.000 millones de euros. En el siguiente cuadro pueden ver las empresas que cotizan el IBEX-35.Verán como entre las primeras destacan empresas que fueron privatizadas.
Empresas del IBEX-35 por valor bursátil,en millones de euros. Fuente: EL ECONOMISTA. Elaboración propia.

Telefónica (1), parte del BBVA (Argentaria) (4), Repsol (6), Acerlor (Aceralia) (7), Endesa (8), INDRA, parte de Gas Natural. Además de grandes empresas que no cotizan en el IBEX35 como SEAT, vendida a Volkswagen, como IBERIA, como Marsans. El patrimonio vendido por 43.200 millones hoy, incluso en un momento de suelo bursátil por la crisis, casi se triplica. Por lo que se refiere a los beneficios, sólo Telefónica superó en 2010 los 10 mil millones; Endesa, los 4 mil; Repsol, los 4 mil quinientos. En total, más de 20 mil millones en años de crisis.

A juzgar por esos datos no parece que las privatizaciones hayan sido un buen negocio para el Estado: no reduce mucho la deuda (45 mil millones representan poco menos del 10% de toda la deuda), pierde unos ingresos patrimoniales nada desdeñables, se vende un patrimonio a un precio insuficiente a juzgar por la revalorización experimentada (el 20% de Telefónica se vendió en 1997 por 4 mil millones y ahora tiene un valor de 24 mil millones), se cede el control sobre sectores estratégico, se crean unas empresas tan grandes que luego presionan al Estado debilitado para que se comporte a su beneficio, se cae en el riesgo de que el capital inicialmente español caiga en el control de capitales nacionales (lo que suele doler a los responsables de las privatizaciones, como se ve en el caso de la alianza entre Sacyr y Pemex en Repsol).

Por lo tanto, lo que en principio se diseña como una estrategia para cubrir el déficit estructural provocado por la disminución de los ingresos procedentes de la clase social de rentas altas acaba potenciando el negocio de esa clase social. Un circulo virtuoso para ellas, en paralelo con un círculo vicioso para las clases trabajadoras y populares.

La propiedad pública de las empresas estratégicas era un elemento fundamental de la socialdemocracia, como la progresividad fiscal o el estado del bienestar. En la secuencia histórica de estos treinta años hemos visto como el PSOE ha cambiado esos principios por los del neoliberalismo. En medio de la burbuja, el gobierno de Zapatero no se vio obligado a hacer privatizaciones visibles, aunque vendiera pequeñas empresas y participaciones marginales de grandes empresas. Sin embargo, con la llegada de las vacas flojas el esquema financiero que han implantado el PP y el PSOE le ha obligado a privatizar Aeropuertos y Loterías. Con ello, continúa la tendencia de un sector público cada vez más debiliado, frente a un sector privado (en su mayor parte procedente de la inversión colectiva y comprado a precio de saldo) que cada vez se pavonea más de la fuerza acumulada. Su sed ilimitada de negocio intentará convertir en mercancia todo aquello que se les ponga por delante, educación, sanidad y pensiones incluídas. Sabemos que con los partidos del bipartidismo tendrán el camino allanado.

Invertir esta tendencia histórica que se ha acelerado en los años de la crisis-excusa no será fácil. Requerirá el nacimiento y crecimiento de un nuevo actor capaz de devolver la cordura y la generosidad a las sociedades.

Samuel García Arencibia, autor del blog sagara1977.wordpress.com
Fuente: Rebelión

jueves, 29 de septiembre de 2011

El uso perverso de las palabras

La escritura no nació ni para la poesía ni para la ciencia ni para las cartas de amor. Como decía el antropólogo Claude Lévi-Strauss, “la función principal de la escritura antigua era facilitar la esclavización de otros seres humanos”. Al igual que otras tecnologías, la bendita palabra escrita se inventó como una herramienta de dominación: como un instrumento al servicio de los reyes y sacerdotes sumerios, que usaban a sus escribas para cobrar impuestos, contar esclavos, sacos de trigo y cabras, y administrar un imperio en expansión.

El arte y el conocimiento llegaron a los libros mucho después. Pero los usos perversos del lenguaje como palanca para el control social aún siguen ahí, aunque ahora el más preocupante es otro: la propaganda. Cualquier manipulación empieza siempre en el diccionario. Por eso llaman “gasto” al dinero invertido en guarderías, o en salud, o en pensiones, pero califican como “inversión” a cualquier presupuesto empleado en infraestructuras, aunque sean tan inútiles como esos trenes AVE que hasta hace nada circulaban casi vacíos entre Toledo y Albacete.

La última de esas trampas en la lengua aún no está en el diccionario de la RAE, pero ya es de uso común: el “copago”. Nombran así a un modelo de sanidad pública como el que ahora estrenará Italia: 25 euros por cada visita a urgencias, otros 10 por cada cita con el especialista. Lo llaman copago y no lo es: la palabra correcta sería “repago” porque la sanidad ya la pagamos a través de los impuestos. El llamado copago consiste, para entendernos, en que paguen más por la sanidad los enfermos, y no los que más ganen. Es un impuesto indirecto que grava a la enfermedad y a la vejez.

Ignacio Escolar
Público
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martes, 27 de septiembre de 2011

Golpe de Estado también en los medios de comunicación

La confusa tormenta en torno a RTVE por el control sobre sus servicios informativos no se hubiera producido si el gobierno de Zapatero hubiera cumplido su promesa de constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), incluido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Es competencia del CEMA «garantizar la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio y televisión». Y la ley de la radio y de la televisión de titularidad estatal obliga a los miembros del Consejo de Administración de RTVE a «cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la autoridad audiovisual». Sin el CEMA, no hay supervisión de las decisiones del Consejo de Administración de RTVE como tampoco sobre las empresas comerciales de radio y de televisión porque también es competencia del CEMA «garantizar la transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual».

El gobierno de Zapatero anunció en junio que iba a iniciar los contactos con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para la elección inmediata del presidente, el vicepresidente y los siete consejeros del CEMA. El PSOE justifica la paralización de la formación del CEMA por la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP que quiere cambiar la ley para eliminar la autoridad audiovisual independiente. No es cierto. Para constituir el CEMA es necesaria una mayoría de tres quintos pero, para evitar el bloqueo, la ley establece que, pasados dos meses sin acuerdo, se puede formar por mayoría absoluta. El gobierno de Zapatero tenía esa mayoría en el Congreso.

El CEMA no existe porque Zapatero no quiso enfrentarse ni al PP ni a los empresarios de la radio y de la televisión que tampoco quieren una autoridad audiovisual independiente que supervise sus negocios.

Con la mayoría parlamentaria que se supone que conseguirá el 20 de noviembre, un gobierno del PP eliminaría la posibilidad del CEMA, institución con la que cuentan los países más importantes de la UE. El CEMA es (¿era?) lo único positivo de la Ley General Audiovisual, tal y como se está aplicando.

Impunidad de los negocios, reducción del servicio público y bloqueo de las iniciativas sociales
En 1949, Einstein denunciaba «una oligarquía del capital privado cuyo inmenso poder controla, de forma directa o indirecta, las principales fuentes de información, lo que hace tremendamente difícil para el ciudadano particular, y en muchos casos realmente imposible, llegar a conclusiones objetivas y usar inteligentemente sus derechos políticos». Así estamos ahora en España. La democratización de los medios de comunicación es el complemento imprescindible de la reforma de la legislación electoral para que cada voz y cada voto valgan lo mismo.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual no garantiza lo que anuncia y se convierte de hecho en un código comercial que ampara la impunidad empresarial e informativa del duopolio Tele 5 / Antena 3 que, bajo control financiero internacional, se está apropiando de las audiencias y de la publicidad.

La ley anuncia un reparto equitativo de las licencias entre los negocios audiovisuales, el servicio público y las iniciativas sociales, mal llamadas comunitarias. Pero impone una modificación fundamental: de la anterior definición de la radio y la televisión como «un servicio público esencial» pasa a su consideración como «un servicio de interés económico». Y su articulado favorece la ausencia de control sobre los negocios audiovisuales (¡impunidad absoluta si el PP elimina el CEMA!), la reducción del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales.

La ley limita lo público a un 30%, entrega el 70% de las licencias a los negocios y recluye en la dimensión municipal a las radios y a las televisiones de iniciativa social, con tremendas limitaciones además para su alcance y financiación. Además de que el PP quiere reducir en un 25% el presupuesto de RTVE, hay en la ley dos trampas contra el servicio público y las iniciativas sociales. Dos disposiciones transitorias. Una que permite con su eliminación (lo que hará el PP con mayoría parlamentaria) que los gobiernos de las comunidades autónomas puedan cerrar, privatizar o entregar a la gestión comercial sus canales de radio y de televisión. Y la segunda que permite imponer por decreto ley la regulación de las iniciativas comunitarias. Si se vuelve a reducir el tamaño y la capacidad de producción de RTVE, se elimina el carácter de servicio público de las autonómicas y se impide la creación de radios y televisiones de iniciativa social, el sistema de medios audiovisuales quedará definitivamente dominado por los negocios de Antena 3 y Telecinco.

Derecho de acceso
La eliminación del CEMA significa también el bloqueo definitivo del derecho de acceso que establece la Constitución y que obliga a todas las radios y televisiones de servicio público a repartir espacios de libre disposición entre los partidos más pequeños,los sindicatos y las organizaciones sociales.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga precisamente al CEMA que garantice la aplicación del derecho de acceso, bloqueado por el PSOE y el PP. Como ahora no hay CEMA, no se puede reclamar su amparo para conseguir ese derecho. Si el PP modifica la ley para eliminar el CEMA, nunca habrá derecho de acceso.

Sin derecho de acceso, con un servicio público de tamaño bonsái y bloqueadas las iniciativas sociales audiovisuales, la información quedará dominada por los negocios en complicidad con el bipartidismo. Una estrategia que forma parte del golpe de Estado contra la democracia para someter la voluntad popular y la soberanía nacional bajo los intereses de los bancos y de las grandes empresas.

J.M.Martín Medem
Crónica Popular

domingo, 25 de septiembre de 2011

Servicios Públicos. Enseñanza pública y democracia

En un artículo sobre la insensatez de unas políticas de austeridad que en lugar de remediar la crisis lo que hacen es perpetuarla, Paul Krugman señalaba que la parte fundamental de los recortes en gasto público recae sobre la educación, aunque “dejar sin trabajo a cientos de miles de maestros no parece el mejor modo de conquistar el futuro”.

Lo más grave es que estos recortes se nos presentan como una medida transitoria, como una consecuencia obligada de la crisis, superada la cual todo volverá a ser como antes, cuando en realidad hay motivos fundados para sospechar que de lo que se trata es de aprovechar la crisis para realizar una “reforma de la educación” en la que sólo se mantenga como gratuita una enseñanza destinada a formar peonaje, mientras la formación superior se reservará a quienes puedan costearse las elevadas tasas que habrán de exigir unas universidades que recibirán cada vez menos recursos públicos.

Esto se ha podido ver con claridad en el caso de Estados Unidos, donde el movimiento de “reforma” comenzó mucho antes de la crisis, con el objetivo declarado de reemplazar la educación pública por la concertada. Como ha declarado Teri Adams: “Nuestro objetivo final es cerrar las escuelas públicas y dejar tan solo escuelas privadas, devolviendo la responsabilidad por el pago a los padres y a organizaciones privadas de beneficencia”.

Estas “organizaciones privadas” son fundaciones “benéficas” como la Bill and Melinda Gates Foundation, que figura en primera línea en la lucha contra la escuela pública y a favor de escuelas gestionadas con criterios empresariales, donde los profesores, sometidos a unas condiciones de contratación precarias, están destinados a la tarea de comunicar unos contenidos previamente fijados, en una enseñanza que aspira tan solo a transmitir conocimientos puntuales, cuya adquisición pueda controlarse con exámenes y pruebas. Muchas de estas escuelas concertadas confían a empresas especializadas las tareas de contratar al profesorado, desarrollar los programas de estudio y mantener la disciplina.

Con programas semejantes actúan la Walton Family Foundation (de los propietarios de los almacenes Wal-Mart, la mayor empresa privada del mundo por el número de sus empleados, que se ha distinguido siempre por su oposición a los sindicatos), la Broad Foundation (ligada a AIG) o la Dick and Betsy DeVos Foundation (de los propietarios de Amway; Betsy DeVos es hermana de Erik Prince, el fundador de la empresa militar Blackwater, responsable de numerosos crímenes en Irak y Afganistán).

Que el propósito de la “reforma de la educación” sea desarrollar un sistema eficaz de adoctrinamiento de valores resulta todavía más visible en la universidad, donde la escasez creciente de los recursos públicos favorece la actuación de fundaciones empeñadas en realizar el programa, que la Universidad de Cervera defendía ya en 1827, de combatir contra “la peligrosa novedad de discurrir”.
En este terreno destaca la actuación de Charles Koch, propietario de una de las mayores fortunas de Estados Unidos, que rechazó la sugerencia de Warren Buffett de que los ricos pagasen más impuestos, porque prefiere emplear su dinero en actividades como las de financiar candidatos de derechas en las elecciones o influir en la enseñanza superior de la economía y en combatir desde la universidad los estudios acerca del cambio climático, para evitar que se implanten unos controles ambientales que perjudicarían a sus industrias, que figuran entre las más contaminantes de Estados Unidos.

Se ha dicho que controla en la práctica la George Mason University, donde el vicepresidente ejecutivo de Koch Industries, Richard Fink, enseña en la facultad de Economía, y se sabe que financia proyectos y becas en otras muchas. En Troy University, por ejemplo, participó en una donación de 3,6 millones de dólares destinada a crear un centro de economía dedicado a combatir la idea de que las crisis económicas se pueden evitar regulando los mercados.

En el caso de la Florida State University consta que la Fundación Charles Koch ofreció millones de dólares para el departamento de Economía, a condición de que los candidatos contratados para enseñar debían ser aprobados por un comité designado por la fundación (que rechazó a un 60% de los sugeridos por la universidad) y de que podría retirar los fondos si no estaba de acuerdo con los resultados alcanzados.

A lo que conduce una evolución semejante de la enseñanza se puede advertir en lo ocurrido en Chile, donde la privatización realizada por Pinochet, que los gobiernos de la Concertación dejaron sin enmienda, ha dado lugar a que lo que empezó como una protesta de los estudiantes, quejosos de una educación que “se sigue reduciendo al entrenamiento de habilidades funcionales para el mundo laboral y debilita la formación de personas que puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos y críticos”, ha acabado transformándose en un conflicto social de gran amplitud.

Que las cosas se están planeando entre nosotros con las mismas intenciones lo revelan las palabras de Esperanza Aguirre, que anuncian un futuro en que, con crisis o sin ella, “no toda la enseñanza” va a ser gratuita.

Defender hoy la causa de la enseñanza pública contra una reforma disfrazada de austeridad es una condición necesaria para preservar mañana la democracia.

Josep Fontana. Historiador.
Público
http://blogs.publico.es/dominiopublico/4037/ensenanza-publica-y-democracia/http://blogs.publico.es/dominiopublico/4037/ensenanza-publica-y-democracia/

sábado, 24 de septiembre de 2011

Educación. "La muerte de las universidades"

¿Están a punto de desaparecer las humanidades de nuestras universidades? La pregunta es absurda. Sería como preguntar si está a punto de desaparecer el alcohol de los pubs, o la egolatría de Hollywood. Igual que no puede haber un pub sin alcohol, tampoco puede existir una universidad sin humanidades. Si la historia, la filosofía y demás se desvanecen de la vida académica, lo que dejarán tras de sí serán instituciones de formación técnica o institutos de investigación empresarial. Pero no será una universidad en el sentido clásico del término, y sería engañoso denominarla así. 

Tampoco, empero, puede haber una universidad en el sentido pleno del término cuando las humanidades existen aisladamente de otras disciplinas. La manera más rápida de devaluar estas materias – aparte de deshacernos enteramente de ellas – estriba en reducirlas a un agradable complemento. Los hombres de verdad estudian Derecho e Ingeniería, mientras que las ideas y valores están para los mariquitas. Las humanidades deberían constituir el núcleo de cualquier universidad digna de ese nombre. El estudio de la historia y la filosofía, acompañado de cierto conocimiento del arte y la literatura, debería contar tanto para abogados e ingenieros como para quienes estudian en facultades de artes. Si las humanidades no se encuentran tan gravemente amenazadas en los Estados Unidos es, entre otras cosas, porque se contemplan como parte integral de la educación superior como tal.

Cuando surgieron en su actual configuración a finales del siglo XVIII, las llamadas disciplinas humanas tenían un papel social crucial, que consistía en nutrir y proteger la clase de valores para los que un orden social filisteo tenía poco de su precioso tiempo. Las humanidades modernas y el capitalismo industrial estuvieron más o menos emparejados al nacer. Para conservar un conjunto de valores e ideas asediados, hacían falta entre otras cosas instituciones conocidas como universidades, apartadas de algún modo de la vida social de todos los días. Ese apartamiento significaba que el estudio humano podía ser lamentablemente inútil. Pero permitía asimismo a las humanidades emprender la crítica del saber convencional.

De vez en cuando, como a finales de los años 60 y en estas últimas semanas en Gran Bretaña, esa crítica se lanza a la calle, y se dedica a confrontar cómo vivimos en realidad con como podríamos vivir.

De lo que hemos sido testigos en nuestro tiempo es de la muerte de las universidades como centros de crítica. Desde Margaret Thatcher, el papel de mundo académico ha consistido en servir al status quo, no en desafiarlo en nombre de la justicia, la tradición, la imaginación, el bienestar humano, el libre juego de la mente o las visiones alternativas de futuro. No cambiaremos esto simplemente con una mayor financiación de las humanidades por parte del Estado, por oposición a un recorte que las deje en nada. Lo cambiaremos insistiendo en que una reflexión crítica sobre los valores y principios debería ser central para cualquier cosa que acontezca en las universidades, y no sólo el estudio de Rembrandt o Rimbaud.

En última instancia, las humanidades sólo pueden defenderse poniendo de relieve cuán indispensables son; y esto significa insistir en su papel vital en el conjunto del aprendizaje académico, en lugar de protestar diciendo que, como a algún pariente pobre, cuesta poco alojarlas.

¿Cómo puede lograrse esto en la práctica? Financieramente hablando, no ha lugar. Los gobiernos están empeñados en reducir las humanidades, no en extenderlas.

¿Pudiera ser que invertir demasiado en enseñar a Shelley significase quedar rezagados respecto a nuestros competidores económicos? Pero no hay universidad sin indagación humana, lo que significa que las universidades y el capitalismo avanzado son fundamentalmente incompatibles. Y las implicaciones políticas que eso conlleva van bastante más allá de la cuestión de las tasas estudiantiles.

Terry Eagleton
http://www.guardian.co.uk // Rebelión

jueves, 22 de septiembre de 2011

La deuda asfixia a la educación europea

El acoso de los mercados y las crisis de la deuda han servido de pretexto para que numerosos Gobiernos europeos hayan decidido recortar la inversión en educación.


Las imposiciones de ajuste del déficit por parte del Banco Central Europeo se han cebado en los denominados por la prensa económica anglosajona PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España). Estos mandatos se han traducido en estos países, entre otras medidas, en dramáticas limitaciones de los presupuestos dedicados a la enseñanza.

Es la contradicción en la práctica con aquella idea de una economía europea basada en el conocimiento que entronizó el Tratado de Lisboa como factor diferencial para competir en el mercado mundial. Así, esta vez, no es sólo la educación superior la damnificada, como sucedió en las anteriores reformas.

Si en los últimos años se había acelerado el proceso de reconversión de los centros de educación superior en universidades-empresa, ahora se ha recortado la financiación en otros tramos de la educación. Las diferentes medidas han supuesto agresiones a la formación básica que van desde la disminución de docentes hasta la introducción, en Italia, de anuncios publicitarios en las aulas.

La tendencia a recortar en educación no es nueva, aunque se ha agudizado con la coyuntura actual. Tampoco es exclusiva de los denominados PIIGS, Lituania recortó en un 48% su presupuesto universitario en 2009 y otro 18% en 2010. Estonia, Irlanda, Croacia, la República Checa, Macedonia, Polonia, Serbia y Rumanía están haciendo ajustes severos de entre un 5% y un 10% en su inversión educativa, tal y como señala el informe publicado a principios de año por la Asociación de Universidades Europea (EUA).

Mientras que el Banco Central Europeo (BCE) imponía la austeridad, Androulla Vassiliou, comisaria de Educación de la UE, alertara en febrero de los peligros de recortar la inversión educativa. Estas advertencias, contradictorias con los imperativos del BCE de reducir la inversión social del Estado, no han impedido que en este 2011 se hagan recortes de 700 millones en la enseñanza secundaria italiana o casi 200 millones en la escuela portuguesa.

Italia e Irlanda, los pioneros
El caso de Italia es paradigmático por la rapidez con la que se ha producido el ajuste, y porque la enseñanza italiana ya había sufrido dos grandes recortes en los años anteriores. La primera Ley Gelmini , conocida así por ser impulsada por la ministra de Educación Maria Estella Gelmini, en 2008, supuso un recorte en los presupuestos educativos de 8.000 millones de euros y unos 130.000 despidos entre docentes y funcionarios universitarios. La segunda reforma Gelmini, aprobada en el otoño de 2010 , puso el acento del recorte en las becas a estudiantes y en profesores investigadores. Además, también supuso la introducción de un 40% de miembros de empresas privadas en el Consejo de Administración (máximo órgano de la universidad).

La dotación pública para la financiación de las becas disminuyó de 246 millones de euros a 25,7 millones, lo que supuso que el 80% de los estudiantes que tenían derecho a beca se quedará sin ella. Esta asignación en 2012 se rebajará hasta los 13 millones y las tasas en cinco años subirán más del 38%. La reforma rebaja en más del 20% los fondos destinados a la investigación académica en Italia. Afecta a los que llevan gran peso de la docencia, los investigadores: quienes después de seis años no hayan logrado un contrato abandonarán la universidad. Se va a reducir el número de profesores con el llamado turn over (de cada cinco personas que se jubilan, sólo se oferta una plaza).

En la enseñanza primaria, el esperpento llegó del consejo provincial de Barletyta, Andria y Trani (sur de Italia) que decidió abrir el melón de la financiación privada ofreciendo poner anuncios publicitarios en las aulas de las escuelas. Las empresas que paguen 69,80 euros más IVA pueden comprar una placa que se pondrá en bancos y sillas de los institutos.

Irlanda, otrora presentada como modelo, ha sido otra economía intervenida a instancias de la UE y el FMI. Nuevamente, los ajustes se han realizado sobre el sector público, incluyendo la educación. Así, entre otras medidas, el Gobierno irlandés recortó un 9,4% su presupuesto destinado a educación. Al mismo tiempo, las tasas universitarias se han llegado a multiplicar por cuatro, pasando de estar en una media de 500 euros anuales a rondar los 2.000.

Los ajustes de Grecia y Portugal
Grecia y Portugal, pioneros en el formato de rescates económicos auspiciados por la UE bajo control alemán, son buen ejemplo de cómo la inyección de liquidez en estas economías se hace a cambio de auténticos planes de choque sobre sus servicios públicos. A través de la coartada de la necesidad de controlar la deuda y el déficit público, la UE ha comprometido las “ayudas” a ambas economías a cambio de draconianos recortes en sus sistemas educativos.

En el caso de Portugal, la reducción de la inversión pública en educación se ha cifrado en 195 millones de euros, lo que ya significa una reducción del 8,5% del presupuesto estatal dedicado a educación. De éstos, 95 millones serán detraídos de los fondos destinados a la educación superior, lo que supone un 12,4% menos del presupuesto del año anterior.

Por otro lado, los recortes también están afectando a la contratación de personal. En el caso portugués, 37.000 profesores interinos quedarán fuera de sus plazas. De la misma manera, los recortes también van a afectar a las ayudas directas al alumnado en forma de reducción del programa de bolsas de estudio. Durante este curso, esta partida será recibida por 64.000 alumnos (12.000 menos que el curso anterior) y han sido rechazadas el 37,5% de las solicitudes (alrededor de 30.000).

En Grecia, sometida ya a un doble plan de rescate, el Gobierno del PASOK ha presentado a finales de julio un proyecto de reforma educativa en el marco del plan de austeridad más general destinado a cumplir con las obligaciones financieras impuestas por BCE, FMI y Comisión Europea. Este proyecto afecta a diferentes cuestiones del sistema educativo, especialmente del ámbito universitario. En su mayoría van dirigidas a tratar de “racionalizar” la estructura administrativa y de Gobierno de las universidades griegas (muy en línea con los planteamientos ministeriales en el Estado español recogidos en la Estrategia Universidad 2015).

Estas propuestas ya han sido criticadas por la Campaña Universidad Pública, que las considera destinadas a reemplazar los órganos académicos por “consejos de administración”. Pero el proyecto también viene a consolidar los recortes en los presupuestos para la universidad, que en 2010 descendieron en un 30% y en 2011 lo han hecho en otro 30%. Los recortes, además, afectarán de manera aguda al profesorado. Así, según denuncia también la Campaña Universidad Pública, “los nuevos nombramientos de personal docente seguirán a una ratio de uno por cada diez jubilaciones”. En cuanto a la financiación, el proyecto vuelve a introducir una cuestión central en la universidad griega, caballo de Troya en el pasado para el movimiento estudiantil: la financiación.

Así, el proyecto del Gobierno prevé introducir fórmulas de financiación privada y garantizar las matrículas gratis sólo los tres primeros años de universidad, abriendo las tasas a partir de ese año. Por último, la enseñanza obligatoria también se verá afectada por el tijeretazo. La reestructuración del sistema va a conducir a la fusión entre sí de casi 2.000 escuelas, lo que llevará al cierre de casi mil de ellas. Y, a su vez, se calcula que entre 3.500 y 4.000 profesores perderán su trabajo de forma directa por esta medida.

Los recortes en educación se propagan por los países europeos

Inglaterra sube sus tasas de forma espectacular
Hasta 9.000 libras (unos 10.500 euros) pueden llegar a pagar los estudiantes ingleses por un año de matrícula en las universidades públicas. La cuantía total de los recortes asciende a la espectacular cifra de 93.000 millones de euros. Miles de estudiantes tomaron al asalto la sede del partido conservador en la oleada de protestas por la reforma.

Letonia sufre el más draconiano de los recortes
En el 2009, las universidades públicas letonas tuvieron que hacer frente a una reducción del 48% de su presupuesto, a la que siguió, en 2010, otra reducción del 18%. Los profesores han visto reducidos los salarios, se han congelado las contrataciones y se han reducido las becas y servicios para estudiantes, también en los programas deportivos.

Estonia y Lituania se suben a la ola de tijeretazos
Los países bálticos han recibido recomendaciones de los organismos económicos internacionales para que disminuyan su inversión en educación. En Estonia la inversión cayó un 10% en 2010, continuación del 7% que ya había disminuido en 2009. En Lituania encadenan dos años consecutivos recortando el 8% de su presupuesto educativo.

Rumanía, Hungría y Bulgaria también recortan
En Rumanía, el recorte asciende a un 10% y se ha cebado principalmente con el salario de los profesores, que pasarán a cobrar 230 euros mensuales en lugar de 360. En Bulgaria, las tasas para los estudiantes universitarios han aumentado un 20%. En Hungría, se ha recortado la inversión prevista para las universidades en un 15%.

Los recortes balcánicos y la República Checa
La República Checa ha recortado un 5% de su presupuesto en 2011, pero en 2010 fue un 10%, esto se ha traducido en sueldos más bajos para los profesores y menos alumnos en las universidades. En los países balcánicos, los menos afectados, los porcentajes de ahorro oscilan en torno al 5%.

Joseba Fernández y Tomás Muñoz
Diagonal

martes, 20 de septiembre de 2011

En defensa de la Sanidad Pública. Manifiesto

Manifiesto en defensa de la Sanidad Pública
(FADSP. Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública)

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid o Valencia, por citar solo las más significativas.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.

La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.

Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.

 Para adherirse al manifiesto :http://fadsp.com/manifiesto.htm