No tomar la PROGRESIVIDAD en vano: 7 argumentos contra el co-REpago

El sarcasmo del ministro De Guindos -formado en Lehman Brothers- de que el copago en el que está pensando solo se aplicaría a las rentas superiores a los 100.000 euros anuales, ni siquiera merece ser tomado en consideración. No sólo por lo poco que frecuentan los privilegiados la sanidad publica, sino porque en tiempos de precariedad y Amnistías Fiscales deshonestas, es un insulto cualquier burla a la PROGRESIVIDAD fiscal. Este sano principio que es practica común en las sociedades democráticas supone que paguen sus impuestos -y a tipos superiores- quienes más tienen. En el caso de España, no pasa por desmembrar el CO-REpago de los presupuestos generales, sino por una reforma fiscal GLOBAL que consiga, de manera efectiva, que las rentas más altas, los grandes patrimonios, las transacciones financieras especuladoras, el consumo de lujo, el combate contra el fraude, los fondos ocultos en centros off-shore, etc., aporten financiación a los servicios públicos.

Este enfoque es completamente distinto, pero mucho más equitativo, que “cobrar” una parte, o un ticket, o una tasa, por medicamentos o por acto médico: Y sobre todo, no se burla ni de la PROGRESIVIDAD fiscal ni acata los deseos expresados por la patronal española antes de las ultimas elecciones… Entonces era el Sr. Rosell quien exigía al nuevo gobierno copagos generalizados. Desde Dempeus per la Salud Pública ya habíamos advertido mucho antes que:

1) Cualquier medida como el RE-PAGO que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, en tanto suponga un desembolso para poder acceder a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal –o pone trabas a su acceso– a las personas con las rentas menores o mínimas. El pago o copago por la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga económica, inasumible en muchos casos.Se trata de incrementar una desigualdad fundamental desde la perspectiva de la equidad y existe bibliografía seria y significativa que recoge los estrepitosos fracasos para la salud pública de este tipo de medidas.

2) Supone una discriminación adicional e injusta para las personas con mayores problemas de salud como son las ancianas, las que padecen enfermedades crónicas, y aquéllas que soportan cualquier tipo de discapacidades, las que están en espera de diagnóstico o tratamiento, o para las familias con más niños/as y gente mayor bajo su responsabilidad. Las menores rentas salariales de España, el bajo nivel de la mayoría de pensiones, las personas con paro de larga duración que no perciben ingresos de ningún tipo, etc., incrementan la inequidad del copago sin que esta medida, compleja y burocrática, resuelva el déficit de financiación.

3) La insuficiente recaudación fiscal en España en relación a los países de la U.E. y el deterioro de su progresividad de los últimos años no puede justificar una medida que va en el sentido de hacer pagar proporcionalmente más por los servicios públicos a quienes, de hecho, menos tienen. Sin duda perjudica a las capas medias, pero mucho más a quienes más desprotegidos y solos se encuentran frente a la enfermedad. Por ello es especialmente sangrante cualquier burla sobre una “progresividad” no sólo inexistente. sino indeseada por CiU y el PP, como han demostrado sobradamente.

4) Tal como se propone desde Dempeus per la salut pública, son unos ingresos fiscales suficientes los que deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo. Conviene una revisión a fondo de nuestra fiscalidad, mejorando su carácter redistributivo y aumentando la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que -por lo que a financiación del sistema y remuneración de sus profesionales se refiere- estamos muy por debajo de la media europea.

5) La propuesta de repago se complementa con la propaganda desde instancias públicas a que contratemos los servicios de mutuas privadas. Este es abiertamente el camino de la privatización y subsidiariedad servil del sector público al pivado, con el agravamente de que si se aprobaran desgravaciones fiscales por el hecho de contratar cualquier tipo de seguro sanitario privado individual, se produciría una desviación (por no ingreso) de dinero público a la sanidad privada, debilitando la sanidad pública y favoreciendo únicamente a los que pueden pagarse un seguro sanitario privado. Es la amenaza de volver a los tiempos oscuros de la beneficiencia sanitaria para la mayoría.

6) El copago puede reducir el uso de los servicios preventivos, especialmente entre los grupos más vulnerables, lo que a largo plazo conduce a unos mayores costes sanitarios y a un deterioro general del estado de salud de la población. Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.

7) Los argumentos de promoción del copago incluyen dos falacias, en la medida que responsabilizan (culpabilizan) a las personas y no a las autoridades políticas y sanitarias de las deficiencias existentes, exonerando por el contrario a los auténticos vividores y sanguijuelas de la sanidad pública, de los desvíos de fondos y corrupción demostradas… Las opacidades del sistema sanitario no las debe pagar la ciudadanía, y mucho menos si se mantienen para preservar, como ocurre de forma injustificada, determinados intereses económicos privados frente al bien común.

Angels M. Castells

Punts de Vista

http://puntsdevista.wordpress.com/2012/04/10/no-tomar-la-progresividad-en-vano-7-argumentos-contra-el-co-repago/

 

INFORME: El copago en el Sistema Nacional de Salud español. FADSP

Con la crisis económica se ha recrudecido la presión para introducir el copago en el sistema sanitario, presiones que provienen de las administraciones, grupos empresariales, grupos profesionales y el mundo académico.   

Entre los que se han mostrado favor del copago cabría destacar la Agrupación Catalana de Establecimientos Sanitarios (ACES), la Federación Catalana de Mutualidades, la CEOE y el Sindicato de Médicos de Cataluña o profesores universitarios que defienden el copago como solución a la deuda sanitaria. En contra se han manifestado el Colegio de Médicos de Madrid; la SEMFyC; el Consejo de Farmacéuticos de España; la Patronal de Oficinas de Farmacia;  la Federación Española de Farmacia (FEFE); y sindicatos de clase como CCOO, UGT o corporativos como el Sindicato de Enfermeras (SATSE).

 

La aprobación por el Parlament de Cataluña de introducir una tasa obligatoria para los medicamentos (con el voto a favor de CiU y la abstención del PP), que afectaría a pensionistas y no pensionistas ha recrudecido el debate en todo el Estado.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública hemos realizado numerosos análisis y propuestas sobre este tema,  que nos parece esencial para el mantenimiento del sistema sanitario en España cuyos pilares básicos son la universalidad, la equidad, la accesibilidad y su carácter redistributivo

Tres falsas premisas sobre el COPAGO 

1.- Es necesario el copago por que el sistema es insostenible como consecuencia de la gratuidad en el momento del uso, del incremento de pensionistas que no pagan las recetas y el consumismo sanitario de la población.

·        Una de los argumentos básicos utilizados por las administraciones y los impulsores del copago es la situación de bancarrota del sistema sanitario público obviando que en gran parte  es consecuencia del enorme endeudamiento en el que han incurrido por financiar y gestionar sus infraestructuras sanitarias recurriendo al sector privado (PFI), que ha multiplicado por siete el coste de los nuevos centros sanitarios y cuyos pagos anuales asfixian sus presupuestos asistenciales.

·        Otro determinante de esta situación es el enorme el uso farmacéutico (28-30% del gasto sanitario total, frente al 17% de los países de la UE), y el  excesivo uso de las tecnologías sanitarias (30% superior a la media europea), y la ausencia de rigor en la asignación de los recursos (tan solo el 30% se basan en criterios científicamente comprobados). 

·        Por último el hospitalocentrismo, la orientación curativa del sistema en detrimento de la promoción de salud y la medicalización de la vida , contribuyen también a que tengamos un gasto sanitario, cuanto menos mejorable.

·        No hay que olvidar que una parte importante de la responsabilidad de que los ciudadanos hagan uso del sistema  recae en los profesionales sanitarios que  son responsables del 70% de las decisiones relacionadas con el uso de los recursos sanitarios.  

2.- El copago resolvería el problema del déficit sanitario

·        Poner en marcha un sistema de copagos en relación con la cuantía de las pensiones obligaría a cambiar las tarjetas sanitarias de 8 millones de pensionistas, lo que supondría importante gasto,  sobre todo si se consideran variables como la renta, el patrimonio personal, el nivel de enfermedad, el grado de  discapacidad de los pacientes,  etc.

·        Existen otras medidas de control del gasto farmacéutico con mayor impacto como promover el uso racional de los medicamentos, la utilización de genéricos, la financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Si nuestro gasto farmacéutico per cápita fuera el del promedio de países de la OCDE se ahorrarían 5.000 millones € anuales.

·        Excepto en los casos de Francia y Portugal la recaudación por copagos es poco importante con relación al gasto total.

·        La reducción en el consumo de fármacos esenciales asociados a la introducción del copago tendría un elevado coste- oportunidad: Se ha comprobado un aumento del 78% en las visitas a urgencias relacionadas directamente con la reducción del consumo farmacéutico en la población con menores recursos económicos.

·        Existe evidencia de que el copago contribuye a incrementar el gasto sanitario total, en lugar de reducirlo [1][1]. La reducción del consumo de fármacos esenciales elevan los costes totales del sistema ya que las personas con menor renta realizan un 78% más de visitas a urgencias como consecuencia de la reducción del consumo farmacéutico.

3.- El copago permitiría controlar la demanda irracional y abusiva de servicios sanitarios

·        Los estudios realizados sobre el impacto del copago señalan que es incapaz de reducir la frecuentación innecesaria y que caso de ser significativo reduce tanto la demanda necesaria como la innecesaria[2][2] produciendo un deterioro de la salud de la población.

·        Los copagos tienen efecto sobre el consumo de las personas con pocos recursos y con mayores problemas de salud[3][3] que como consecuencia del cobro de los servicios abandonan o retrasan las demandas de atención sanitaria,  incluso cuando son necesarias. Por ello es un factor de inequidad, tal y como señala el último Informe sobre Salud en el Mundo (2010) de la Organización Mundial de la Salud

·        Los resultados del estudio de la Rand indican que los copagos además de regresivos pueden afectar negativamente el estado de salud de las personas de menor renta (Rice y Morrison, 1994). 

·        Existe evidencia de que los copagos farmacéuticos reducen la utilización de medicamentos esenciales[4][4] y de analgésicos, especialmente entre los jóvenes, las personas con peor estado de salud, y las de menor nivel educativo y renta. 

·        El establecimiento de mecanismos de copago relacionados con el nivel económico personal plantea además problemas de tipo operativo y administrativo como la determinación del nivel de renta para aquellas que rentas no proceden del trabajo; la inclusión de la riqueza como indicador de nivel socioeconómico;  o la estigmatización de las personas con pocos recursos que deberán aportar documentos acreditativos del derecho a exenciones o copagos reducidos, lo que supondrá volver a la beneficiencia y a la  medicina de pobres y ricos. 

·        Los  factores determinantes para acudir a consulta son la edad y la presencia de una enfermedad crónica, en ambos casos la influencia del copago es escasa o nula[5][5]. 

4.- Es injusto que los pensionistas no paguen los medicamentos, dado que muchos de ellos tienen unas pensiones muy superiores a la de una parte importante de los que no lo son

·        La financiación mediante impuestos directos (renta, patrimonio, etc.), garantiza la solidaridad y la cohesión social ya que los que más tienen contribuyen a financiar los servicios a los que tienen menos. Los impuestos indirectos que gravan el consumo no tienen en cuenta las condiciones económicas de quienes los pagan. Finalmente el copago es un impuesto  muy regresivo porque penaliza a quienes tienen más necesidad de utilizar el sistema sanitario, es decir, los más enfermos

·        Las pensiones son muy bajas en España. La media es de 767 €, el 8,51% de los pensionistas cobraba menos de 300€, el 54,02% menos de 650, el 74,32% menos de 1000 € y el 90,2% menos de 1.500.

·        Los pensionistas tienen más necesidades de salud, por padecer en mayor proporción enfermedades crónicas y situaciones de dependencia. El 73 por ciento de los mayores de 60 años necesita tomar varios fármacos a diario

El copago contribuirá a privatizar el sistema sanitario

·        Trasformando las relaciones entre usuarios y proveedores en transacciones mercantiles por el pago directo de parte de las mismas. 

·        Eliminando el carácter universal y redistributivo del sistema sanitario ,

·        Abriendo espacios a la sanidad privada

La autentica finalidad del copago

1.- Contribuir activamente a la contrarreforma fiscal que pretende una transferencia de rentas de las bajas a las altas,  invirtiendo así el carácter redistributivo de la misma. 

·        Bajar impuestos a los más ricos (eliminando los de sucesiones, patrimonio, sociedades o reduciendo los  tramos del IRPF para acabar con su carácter progresivo)

·        Incrementar la presión fiscal a los sectores con menor capacidad de influencia y respuesta política. El copago es impuesto que grava la enfermedad (tasa por asistencia sanitaria) que afectará especialmente a pensionistas, enfermos crónicos y discapacitados, que consumen tres veces más servicios sanitarios que la media de la población 

·        Reducir gasto social para desviarlo a sectores empresariales en forma de subvenciones, poniendo barreas económicas que limiten el acceso a la atención sanitaria de grupos sociales como los parados (25% de la población), los asalariados que cobran menos de 1.000 euros mensuales (10,8 millones de trabajadores que son el 57% del total) o los pensionistas (8.473.927 personas que cobran  una media de 747 euros mensuales. 

2.- Hacer de la salud un negocio para grupos empresariales privados, lo que exige:

·        El pago directo por servicios prestados

·        Reducir la oferta sanitaria pública

·        Potenciar las actividades curativas y el uso intensivo de las tecnología  en detrimento de la promoción y prevención de salud, que son actividades de difícil comercialización..

Copagos de medicamentos:

El Gobierno de Cataluña ha adoptado de manera unilateral la  decisión de iniciar el proceso de introducción del copago aplicando una tasa por  la prestación farmacéutica a toso los usuarios de la sanidad pública. Esta medida, además de injusta,  es ilegal dado que vulnera la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que establecen que el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del SNS,  son los que tienen competencias para regular el catálogo de prestaciones farmacéuticas. Ninguna comunidad autónoma tiene capacidad legal para establecer condiciones de acceso a las prestaciones farmacéuticas distintas a las que rigen en el conjunto del Estado

Conclusiones finales

1.-El copago es injusto y regresivo. La financiación mediante impuestos del Sistema Nacional de Salud contribuye a la cohesión social, mientras que el copago penaliza a quienes tienen más necesidad de utilizar el sistema sanitario. 

2.- El copago es inequitativo. En nuestro país los niveles de renta son bastante bajos, especialmente para los pensionistas.  Para estas personas, que viven en el límite de la subsistencia y tienen necesidad de recibir servicios sanitarios, la implantación de copagos puede ser una barrera insalvable para el acceso a las prestaciones asistenciales. 

3.- El copago es ineficaz. Entre el 80% y el 90% de las consultas del sistema público están indicadas por los profesionales sanitarios o son actos administrativos (revisiones, controles, consultas para recibir resultados, derivaciones a los especialistas, bajas laborales, etc.). Todos los  fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud tienen que ser prescritos por un médico, por lo que el copago sólo puede tener efectos recaudatorios  y/p disuasorios para que algunos enfermos puedan adquirir los fármacos que le han prescrito si son de elevado coste, con los consiguientes efectos negativos para su salud. 

4.- El copago es ineficiente. La recaudación de los copagos llevan asociados gastos administrativos que no han sido evaluados. Es probable que el resultado final sea negativo para el sistema sanitario salvo que se establezcan cantidades más importantes que afectaría de manera importante al acceso a los servicios.   

5.-Su legalidad es cuando menos dudosa: La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que son el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del SNS quienes tienen competencias para fijar el catálogo de prestaciones del mismo. 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

Abril de 2012

 www.fadsp.org

¿Hasta cuándo el engaño del recibo de la luz?

Una de las características más importantes de nuestra economía, y de la que no se suele hablar, es la gran influencia y poder político que los grandes grupos financieros y empresariales tienen sobre las instituciones. No es que eso sea algo propio solamente de nuestro país, pero sí es verdad que aquí está muy agudizado porque esos grupos se formaron en la dictadura y eso les dotó de una fuerza y de unos privilegios especialmente considerables.

 

Esos grupos extienden sus redes en toda la economía española pero tienen su asiento principal en los grandes sectores estratégicos, en la banca, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, entre otros, tejiendo así una compleja red de intereses que les permite controlar mucho más de lo que a simple vista parece y que penetra en las propias administraciones públicas e incluso en las más altas magistraturas e instituciones del Estado.

El caso del sector eléctrico es paradigmático y ahora se vuelve a poner de evidencia cuando el gobierno de Rajoy vuelve a subir el recibo de la luz.

En la anterior etapa de gobierno de Aznar se reconoció un llamado “déficit de tarifa” que ha ido creciendo año tras año y que está proporcionando a las compañías eléctricas grandes beneficios a costa de los consumidores de luz.

A la opinión pública se le está diciendo desde entonces que las eléctricas tienen unos costes muy elevados y que la tarifa que pagamos es insuficiente para compensarlos porque los gobiernos la mantienen demasiado baja por razones de interés social. Pero a la sociedad no se le informa que desde que Aznar (más tarde asesor externo de Endesa) lo reconoció, ese déficit está trucado. No es la diferencia entre la tarifa y los costes reales que soportan las empresas sino con los muy sobrevalorados que se inventan y que los sucesivos gobiernos (y los jueces que resuelven  las demandas de las eléctricas) aceptan sin problema.

Para lograr ese efecto las compañías recurren a diferentes procedimientos: asignar a la electricidad mucho más barata que producen centrales ya amortizadas los costes de otras más caras, aplicar el de la franja horaria de mayor precio, o registrar costes de inversiones realizadas o de otros gastos muy por encima de los realmente soportados.

Esa constante sobrevaloración es lo que permite hablar de déficit pero se trata, como acabo de señalar, de un déficit ficticio. Y que, además, no es la única circunstancia que vienen permitiendo a las compañías eléctricas obtener enormes beneficios en España, casi 29.000 millones de euros desde 2005.

Además de ello, facturan a los consumidores por tener derecho a conectar la potencia contratada (lo que no están en condiciones de asegurar porque la red es deficiente en muchos puntos) o los llamados costes de transición a la competencia, un invento de las propias compañías que les ha supuesto mas de 9.000 millones de ingresos extras, además de inflar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida, entre otros.

Y mientras las empresas eléctricas obtienen beneficios extraordinarios mediante estos procedimientos espurios, los consumidores de luz españoles hemos de pagar un recibo que es el tercero más caro de Europa, solo superado por el de Chipre y Malta.

Durante años, los gobiernos se vienen limitando a aceptar las condiciones que les ponen las grandes compañías eléctricas, en cuyas asesorías o consejos de administración entran y salen los mismos que antes o luego han de tomar decisiones sobre las tarifas y las condiciones de su negocio, como el mencionado Aznar, de Guindos, Elena Salgado o Felipe González, entre otros, en un vaivén vergonzoso e inmoral al que nadie pone coto.

Si en España hubiese una verdadera democracia las televisiones estarían explicando a la gente por qué suben tanto sus recibos de la luz y quién y por qué se lucra con ello. Y los gobiernos, en lugar de rendirle pleitesía, habrían disuelto ya el oligopolio eléctrico, nacionalizado las empresas y evitado el engaño. En lugar de eso, Rajoy vuelve a subir la luz y encima su gobierno afirma que está reduciendo los costes del sistema, , como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.

Juan Torres López - Comité Científico de ATTAC España

Público

http://blogs.publico.es/dominiopublico/5011/5011/

como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.

No son recortes, son podas

Desde hace tiempo la palabra “crisis” es como nuestra vecina de al lado. Si se identificara la palabra más utilizada por los españoles en los últimos años probablemente sería esta palabra la que ocupara el primer puesto, no sólo en el ámbito de lo verbal, sino también en el de las angustias y los desvelos que ocupan lugar privilegiado en nuestras mentes. Aunque probablemente, en los últimos meses, y con la derecha en el poder, esa palabra haya sido sustituida por otra en el imaginario colectivo de los españoles. Me refiero a la palabra “recortes”.

En los últimos meses de la legislatura de Zapatero esta nueva palabra empezaba a utilizarse referida a una hipotética posibilidad de futuro, que, con el gobierno socialista sólo se empezó a utilizar en la derogación de ayudas añadidas, que se habían vertebrado para que las clases desfavorecidas se vieran menos afectadas con el retroceso económico. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno del PP, los recortes dejaron de ser una posibilidad para convertirse en una realidad; una cruel y dantesca realidad que está asolando y destruyendo los derechos más básicos de los españoles.

De tal manera que las actuaciones del actual gobierno ultraconservador no se pueden definir como simples recortes, sino como una implacable y radical poda que se está llevando por medio los avances democráticos conseguidos desde el final de la dictadura. La reforma laboral es una vuelta a un pasado laboral propio de finales del franquismo. El desprecio a la igualdad efectiva de la mujer es, igualmente, el retroceso a un pasado misógino que encerraba a la mujer en el hogar como mero elemento ornamental y doméstico. El cierre de centros de rehabilitación, de ayuda a enfermos y discapacitados, o de ayuda a mujeres maltratadas nos retrotraen a tiempos de penurias sociales en que las personas en condiciones de este tipo se veían marginadas y estigmatizadas como elementos no válidos en el orden social.

La privatización de la sanidad es un robo a mano armada del sistema público por parte de políticos y empresarios que buscan hacer su agosto con los medios de todos pero con beneficios privados. El próximo copago en la sanidad, ya aprobado en Cataluña, será la bofetada final a los ciudadanos que son considerados como meras herramientas de hacer dinero. Habrá que pagar dos veces por el mismo servicio, porque en las retenciones de renta cada trabajador costea, de su salario, una cantidad de dinero destinado a esos efectos. Los de la derecha se creen, imagino, que los ciudadanos somos tontos de capirote para no entender esta pequeña ecuación de usura que significa, sin embargo, una verdad aplastante: el Estado no se ocupará de gestionar los fondos públicos para asegurar los derechos de las personas, sino que, al contrario, utilizará a las personas para exprimirlas al máximo y hacer dinero con ellas.

Al mismo tiempo, la pobreza en España crece de manera alarmante. El informe “Exclusión y desarrollo social. Análisis y Perspectivas 2012” , elaborado por Cáritas, demuestra que el 22 por ciento de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, situándose España entre los países más pobres de la Unión Europea. En la misma proporción ha crecido la desigualdad social, siendo, según este informe, cinco veces mayor que la media en el resto de Europa.

Y mientras la pobreza crece, los derechos educativos y sanitarios y las prestaciones sociales decrecen, dejando a la sociedad empobrecida y vulnerable ante la indefensión ciudadana que propugna el Estado neoliberal. Eso sí, la moral siendo marcada por el catolicismo más rancio y obsoleto, que se ha asegurado su botín público sin recorte alguno. Las grandes fortunas, de otro lado, han incrementado su patrimonio en un 25 por ciento en los últimos años. De eso se trata. Los recortes en lo público pasan a manos privadas. ¿Qué no hay dinero? Que se lo cuenten a las grandes fortunas y a la banca. Ese discurso preparado para cerrar y manipular las bocas de los desinformados está tan manido que, a estas alturas, carece de sentido. Así son las cosas a escasos cuatro meses de la llegada al poder de este gobierno duro y ultracatólico. ¿¿Qué esperábamos??.

Coral Bravo es Doctora en Filología

El Plural

http://www.elplural.com/2012/03/22/no-son-recortes-son-podas/

La más terrible arma de destrucción masiva

En 2007-08 los precios de los principales alimentos alcanzaron niveles récord, elevando el número de las personas que en el mundo padecen desnutrición crónica a 115 millones. El Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (NU), la Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económico coinciden en atribuir buena parte de la responsabilidad de esta crisis a los mercados financieros.

El arma de destrucción masiva en esta matanza mundial han sido los productos financieros derivados. Se trata de inversiones que, literalmente, ´apuestan´ sobre el precio futuro de un activo de referencia. Este activo puede ser una materia prima como arroz, maíz u otro cereal. Estas inversiones especulativas tienen dos efectos sobre el precio de los alimentos.

En primer lugar crean una gran volatilidad a corto plazo; los especuladores pueden mover millones de dólares en cuestión de segundos, y los precios de los ´activos de referencia´ los siguen. Esta volatilidad golpea a los más pobres: si los precios suben, no pueden comprar suficiente comida (un habitante del Sur Global gasta en promedio el 80% de sus ingresos en alimentos); cuando los precios bajan, los campesinos quiebran, ya que no tienen un colchón financiero que les permita superar la falta de liquidez.

Además, hay productos financieros que directamente apuestan a una subida de los precios a largo plazo. La misma rapidez de las transacciones financieras favorece el comportamiento gregario de los inversores (todo el mundo sigue las ´ondas alcistas´ sin pensar). Se estima, por ejemplo, que hoy entre el 30% y el 60% del precio del petróleo se debe a las ´apuestas´ del mercado financiero sobre el inicio de una próxima fase de desabastecimiento. Mientras que el porcentaje global de especuladores de alimentos ha aumentado del 12% al 65% entre 1996 y 2008, el precio de los alimentos se ha duplicado entre 1999 y 2011.

No debería sorprender a nadie que las grandes corporaciones financieras globales sigan cosechando ingresos fabulosos en plena crisis: Goldman Sachs ganó cinco billones (con ´b´) de dólares en 2009 a través de inversiones en productos derivados de materias primas; JP Morgan 1,2 billones, y Barclays Capital 340 millones en 2011.

Frente a todo esto, ATTAC pide la prohibición global de los productos derivados de materias primas, un impuesto global sobre las transacciones financieras y la gestión 100% pública de todos los servicios que garantizan derechos sociales.

Matteo Guranazzi

Attac Madrid. 

Coordinador Comisión de Servicios Públicos de ATTAC Epaña

La Opinión de Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/03/24/terrible-arma-destruccion-masiva/394180.html

Determinantes de Salud, Riqueza y Gasto Sanitario Público en las Comunidades Autónomas

Como ya he comentado en anteriores entradas, el Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador de la riqueza de una Comunidad y puede expresarse como valor monetario total (nominal) o distribuido entre los habitantes de la misma (per cápita). 

 

Si analizamos esa distribución de la riqueza entre las Comunidades Autónomas de nuestro país, sorprende las grandes diferencias que se presentan entre ellas, de los 30.683 euros que le corresponden a un ciudadano en el País Vasco a los 16.590 euros de otro en Extremadura, hay un abismo que representa el más absoluto fracaso de las políticas de igualdad de todos los gobiernos nacionales y autonómicos que han tenido la responsabilidad de hacer de España un país en el que todos podamos vivir mejor y de manera parecida. 

 

Fuente: INE

El informe de la Fundación FOESSA (2008) ya advertía el riesgo de desigualdad social como consecuencia de “la descentralización de algunos servicios básicos de bienestar social”. Pero, además, esa desigualdad social no solo se percibe en el nivel de riqueza de una Comunidad Autónoma, sino que, incluso dentro de ella, la redistribución de la riqueza puede ser muy cuestionada. El mismo informe indica que el 1% de los hogares acumula el 12% de la riqueza. En el extremo contrario, la reducción de la tasa de pobreza fue un logro de las políticas públicas durante la década de los 90, pero en la última década “España sigue encajada en un cluster  periférico dentro de la Unión Europea y es el único de los países que partiendo de altos niveles de pobreza, salvo Irlanda, no ha conseguido reducciones sustanciales de las tasas.” Si esto se publicaba en 2008, al poco de materializarse los primeros efectos de la crisis económica, asusta pensar qué puede estar pasando en este 2012 y lo que vendrá en los próximos años.

 

Situación socioeconómica y estado de salud van íntimamente unidos. La comisión de la OMS sobre los determinantes sociales de la salud afirmó en 2008: “Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes estructurales y las condiciones de vida que son causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país.  Se trata en particular de: la distribución del poder, los ingresos y los bienes y servicios; las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización y la educación; sus condiciones de trabajo y ocio; y el estado de su vivienda y entorno físico. La expresión «determinantes sociales» resume pues el conjunto de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de salud”.

 

Con esta premisa, puede inducir a error, analizar el Gasto Sanitario Público de cada Comunidad Autónoma si no se tienen en cuenta, entre otras cosas, su situación socioeconómica, la falta de inversión de Estado central en la mejora de sus recursos públicos (la deuda histórica) y la necesaria sobreinversión que los gobiernos de las comunidades más desfavorecidas han de aplicar para intentar mejorar  el nivel de salud de sus ciudadanos en un esfuerzo compensador.

Fuente: Indicadores Claves del SNS. Versión 2011

No obstante, la lógica del razonamiento anterior no parece corresponderse con esta distribución, Comunidades “ricas” como Baleares o Madrid dedican muy poco a sanidad mientras otras también con alto PIB priorizan el gasto sanitario entre sus ciudadanos como el es caso del País Vasco o Navarra. 

 

Es evidente que la priorización del gasto en la sanidad ha de entenderse como una decisión política que adquiere gran importancia cuando la financiación que distribuye el gobierno central dejó de ser finalista, es decir, los gobiernos autonómicos la pueden dedicar a grandes conciertos de rock o aeropuertos o, por el contrario, a la sanidad pública. Esta gráfica sitúa esa sensibilidad a la hora de priorizar las decisiones de gasto autonómico

Elaboración propia sobre INCLASNS. 2011

La mayoría de las Comunidades con menor riqueza (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias o Castilla y León) dedican más porcentaje de la misma a sanidad. No obstante entre estas hay grandes diferencias, desde el 10.22% de Extremadura o el 8.79% de Murcia al 6.67% de la Valenciana o el 6.55% de Castilla y León.

 

 Desde cuando Lalonde, presentó su  famoso informe A New Perspective on the Health of Canadians (1974)    hasta las tendencias más innovadoras de la epidemiología social es indiscutible que el acceso a los servicios sanitarios determina en parte el estado de salud de la población, aunque, eso sí, hasta un umbral de intervención a partir del cual, mayores inversiones en sanidad no se correlacionan con un mejor estado de salud. Esto, aunque en principio puede considerarse como un axioma universal, tiene, bajo mi punto de vista, una matización importante: depende en donde se realicen esas inversiones. No es lo mismo destinarlas a salud pública y atención primaria que a alta tecnología o medicalización de la vida; no es lo mismo gastarlo en screening poblacionales con poca evidencia científica y fármacos que prolongan la agonía de un enfermo en 12 horas o en promoción de la salud y atención domiciliaria

 

 El siguiente problema es valorar si ese esfuerzo inversor de las Comunidades Autónomas está siendo bien gestionado y produce resultados en salud que, al fin y al cabo, es el objetivo fundamental de tales políticas. 

 

Voy a iniciar una serie de entradas dedicadas a analizar estos resultados vinculando PIB, GSP y estado de salud de las CCAA.

 

José Martínez López

Apuntes para la reflexión sanitaria

http://reflexionsanitaria.blogspot.com.es/2012/03/determinantes-de-salud-riqueza-y-gasto.html

El copago no es la solución, es un problema

Quienes defienden el copago hacen gala de una falta de argumentos y de un fundamentalismo ideológico que es muy preocupante.

Uno. Se dice que el fundamento del copago está en que las personas usan indebidamente aquellos bienes o servicios que son gratuitos en el momento de su uso, y esto es cuando menos un acto de fe que frecuentemente puede constatarse como carente de fundamento. No hay mas que salir a la calle para observar como todas las personas no hacen esfuerzos continuos por almacenar el mayor numero posible de aire en sus pulmones ni incrementan de manera desmedida las respiraciones para  consumir lo mas posible un bien gratuito, el aire, o comprobar como los actos de culto, que son gratuitos tienen una asistencia mínima mientras los estadios de futbol o los conciertos de rock, aunque cobran entrada, tiene mucho mas publico,  y todos los ejemplos que usted prefiera buscar en la vida diaria que refutan esta supuesta ley universal.

Dos. Los usuarios no son quienes deciden la mayoría de la utilización inapropiada de los servicios sanitarios. Si nos centramos en España, descubriremos que solo una pequeña parte de las consultas las deciden los ciudadanos (mas o menos el 30%) y el resto son inducidas por el propio sistema (revisiones, derivaciones a los especialistas, etc), y que son los profesionales los que deciden el 100% de las pruebas diagnósticas y de las recetas que sufraga la Sanidad Pública. Si se pretende desincentivar la utilización inapropiada no tiene sentido dirigir la actuación sobre los que no deciden, sino en todo caso hacerlo sobre los que hacen las indicaciones.

Tres. El copago no tiene capacidad para discriminar entre las demandas adecuadas y las inadecuadas, sino que interviene por igual en todas ellas. Se pretende que la intención del copago es limitar las demandas innecesarias, pero estas son pocas como se ha señalado anteriormente, y además la mayoría de las que se producen son inducidas por el sistema, un ejemplo muy claro son los partes de baja por incapacidad transitoria que obligan a los ciudadanos a acudir semanalmente a sus médicos sin ningún motivo, establecer unos tiempos medios por cada enfermedad es fácil, así como dar una baja validad para este tiempo. Lo mismo sucede con la prescripción electrónica que evita que los pacientes crónicos tengan que visitar a sus médicos para obtener simplemente las recetas, en ambos casos es la administración la responsable y la que puede arbitrar medidas para solucionar el problema y en algunos sitios ya se ha hecho ¿Por qué tienen que pagar los ciudadanos la ineptitud de la administración?. Además si vemos las tasas de consultas médicas por 1.000 habitantes en Europa observamos que todos los países que están por encima de la media, salvo España, tienen copagos, y es mas, los 3 que tienen una mayor tasa tienen copagos muy importantes, o sea que en la teoría del fundamentalismo liberal puede ser que funcione, pero en el mundo real las cosas son muy diferentes.

Cuatro. El copago esta muy extendido, como la violencia, la guerra, el narcotráfico, los desastres de la economía y el hambre. El que algo sea muy frecuente no le incorpora ningún valor, en muchos casos se trata de una desgracia que hay que esforzarse en solucionar.

En España el copago en los medicamentos excluye a los pensionistas básicamente por dos motivos, los pensionistas son mayoritariamente personas con enfermedades crónicas que necesitan de forma habitual medicación, en muchos casos muchos medicamentos, y además sus ingresos son generalmente muy bajos, conviene recordar que la pensión media en España (antes de la subida del IRPF) era de 820 € (el 8,51% inferiores a 300 €, el 54,02% < 650 €, y el 74,32% < 1.000€).Si tuvieran que pagar las medicinas se abocaría a un numero significativamente elevado de pensionistas a optar entre comprar alimentos o medicinas, cualquier opción por muy avalada que estuviera  por la teoría económica neoliberal  sería desastrosa para su salud. Por otro lado las personas jóvenes raramente acuden al sistema sanitario, por cierto los niños pequeños acuden frecuentemente al médico (a veces sin necesidad como sucede con la mayoría de las revisiones del programa del niño sano inducidas por el sistema), pero consumen muy pocos medicamentos.

Quinto.  Los estudios realizados todos, sin excepción señalan sus serios problemas, así el Rand  Corporation (de 1979) si se lee con atención señala que la disminución de utilización esta relacionada de manera inversa con el nivel de renta. Informes posteriores señalan que: la eficacia en la contención del gasto sanitario es mínima o irrelevante; las cuotas de participación son un impedimento de importancia en el acceso a los servicios para los pobres y los ancianos que viven con bajos ingresos, que retrasan o impiden el uso de servicios sanitarios necesarios y que no se ha demostrado su capacidad para contener la demanda, que incluso, en algún caso se ha incrementado (Department of National Health Welfare ,Canada 1991;National Health Strategy Unit, Australia 1991;Escola de Saude Publica, Portugal 1990). Muchos de estos Informes señalan el problema de los copagos y los desaconsejan: “Hay que abolir las barreras a la asistencia medica, cualquier tasa por pequeña que sea tiene un efecto negativo sobre la salud de los sectores socialmente mas desfavorecidos” (Social determinants of Health, The Solid Facts WHO Europe 2003) o mas recientemente: “Los pagos directos tienen graves repercusiones en la salud. Tener que pagar en el momento en el que un paciente es atendido disuade a la gente de utilizar los servicios (en particular, la promoción y la prevención sanitaria) y hace que aplacen los controles sanitarios. Esto significa que no reciben un tratamiento temprano, cuando las expectativas de curación son mayores. Se ha estimado que un elevado porcentaje de los 1,3 mil millones de pobres que hay en el mundo no tiene acceso a los servicios sanitarios, simplemente porque no puede pagarlos en el momento en que los necesita”…“Para muchos hogares, los pagos relativamente pequeños también pueden producir una catástrofe financiera El efecto del flujo continuo de las tasas médicas, aunque pequeñas, puede llevar a la pobreza a las personas con, por ejemplo, enfermedades crónicas o una discapacidad.” 

 …“Estos desembolsos no sólo disuaden a la gente de usar los servicios sanitarios y generan estrés financiero; sino que también hacen que los recursos se utilicen de forma injusta e ineficiente. Se fomenta el uso excesivo en aquellas personas que pueden pagarlos y la infrautilización en quienes no lo pueden hacer “ (Informe sobre la salud en el mundo, OMS 2010)

Sexto. Asimismo numerosas publicaciones científicas señalan los serios problemas que presenta el copago, solo referir una muestra reciente: “Los copagos en los medicamentos reducen la utilización de los medicamentos esenciales y aumentan los efectos adversos y las visitas a urgencias (JAMA 2001). El efecto de los copagos en Alemania fue que “Los que tenían enfermedades crónicas, en el análisis multivariante, evitaron o retrasaron acudir a consulta 2,45 veces mas (IC 95% 1,90-3,15) que los que no las padecían” (BMC Health Research  2008). “El incremento del copago en las visitas de medico general (7$) y especialistas (9$) produjo una disminución del numero de visitas/año (20% menos) pero un aumento de los ingresos hospitalarios (11% mas). El aumento fue mayor en personas con bajos ingresos y patologías previas (HTA, diabetes, infarto de miocardio). El resultado fue un aumento de los costes en 24.000 $ /año por cada 100 personas incluidas)” (New England 2010). “La eliminación de los copagos en los medicamentos a los enfermos que habían tenido infartos de miocardio mejoro la adherencia al tratamiento y redujo los costes de asistencia” (New England 2011). O sea que todo lo contrario de un éxito en equidad y reducción de costes

Séptimo. El caso de Portugal es bastante interesante, no solo por la historia y por la cercanía geográfica, sino sobre todo porque podemos observar los efectos del copago sobre el gasto sanitario y la equidad. En 1990 se instauraron copagos sobre las consultas de Atención Primaria y especialista, así como sobre  pruebas diagnósticas y en 2007 además sobre ingresos hospitalarios. El gasto sanitario total paso de ser el 5,9% del PIB en 1990 al 10,6%  en 2011 (España paso en el mismo periodo del 6,5 al 9%), pero en 2011 el 6,4% de la población con ingresos menores  a la mediana declaro  en Portugal no haber recibido atención sanitaria que necesitaba por falta de dinero, mientras que en España era el 0,4% (Eurostat 2011). Por lo tanto el efecto no fue disminuir el gasto, que se incremento, y además dificulto el acceso al sistema sanitario a los mas pobres.

Resumiendo, el copago es injusto e insolidario, favorece la inequidad porque penaliza a las personas mas pobres y enfermas, tiene efectos negativos sobre la salud, no contiene el gasto sanitario ni la utilización inapropiada y es incomprensible que se proponga en un momento de grave crisis económica.

Marciano Sánchez Bayle
Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública  
Nueva Tribuna
http://www.nuevatribuna.es/opinion/marciano-sanchez-bayle/2012-03-09/el-copago-no-es-la-solucion-es-un-problema/2012030920414900934.html