Todo lo que querias saber sobre la privatizacion de la sanidad y nadie te ha contado hasta ahora
jueves, 14 de febrero de 2013
miércoles, 13 de febrero de 2013
Manifiesto en defensa de la Sanidad Pública y de apoyo a la sanidad madrileña
Como todos recordamos, el pasado 31 de octubre las autoridades políticas
que gobiernan la Comunidad Autónoma de Madrid, dieron a conocer su
intención de abrir definitivamente las puertas de la Sanidad Pública
madrileña a empresas con ánimo de lucro. Dicha intención, venía
camuflada bajo el nombre de Plan de Medidas de Garantía para la
Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público.
Desde ese momento, tanto los trabajadores como los usuarios de la
Sanidad Pública madrileña, iniciaron una campaña en defensa de la
sanidad pública bajo el lema de “La sanidad pública no se vende, se
defiende” que ha movilizado a miles de ciudadanos conformando el
movimiento “Marea Blanca”.
Sin embargo, desoyendo las masivas protestas ciudadanas y haciendo caso
omiso a las propuestas de los profesionales, el día 27 de Diciembre de
2012, el gobierno autonómico del Partido Popular aprobó la Ley de
Acompañamiento a los presupuestos de 2013 utilizando su legítima mayoría
absoluta, algo que no justifica el expolio sanitario que trae como
consecuencia.
La aprobación definitiva de estas medidas llevara al desmantelamiento de
la sanidad pública, y la dejara en una situación crítica que afectara
de manera directa a todos sus usuarios y profesionales. Todos los
centros sanitarios quedaran afectados.
En torno al 40% de los Hospitales de la CAM completaran el proceso de
privatización que iniciaron hace 5 años, incluyendo en esta ocasión a la
totalidad del personal sanitario. Se convertirán por tanto en centros
100% privados. El Gobierno de Madrid va a acabar con la sanidad publica
en dos fases, la primera privatizando los servicios “no sanitarios” y
la gestión, y la segunda privatizando el personal sanitario.
En lo que respecta a la atención primaria la privatización de los
centros de salud pretende aproximarse al modelo seguido en Cataluña, que
ha permitido la privatización del 95% de los centros que salieron a
concurso.
Frente a este desolador escenario, trabajadores de la sanidad pública,
organizados y unidos en una plataforma profesional, han hecho un
llamamiento a los ciudadanos y usuarios de la sanidad para exigir al
Gobierno: la retirada del plan de sostenibilidad para los presupuestos
del próximo año, propuesto de forma unilateral por la CAM. Y el
mantenimiento de la sanidad como derecho universal, no mercantilizando y
al servicio exclusivo de los ciudadanos
Las organizaciones adheridas a este manifiesto queremos expresar nuestro
apoyo a los ciudadanos de Madrid en su defensa de la Sanidad Pública y
exponer ante la opinión pública de nuestra Comunidad Autónoma nuestro
firme compromiso en defensa de un Servicio Murciano de Salud público que
atienda a todas las personas que viven en nuestra Región prestándoles
todos los servicios sanitarios que precisen en función de sus
necesidades, con calidad, eficiencia y buen trato humano y sin que sus
problemas de salud, pagados con el dinero de todos, sirvan de
enriquecimiento a empresas con ánimo de lucro que obtengan beneficios
económicos de la salud de todos los murcianos.
Por ello, defendemos que
1. El Sistema Nacional de Salud es un patrimonio de todos los ciudadanos
Desde 1974 y con la aprobación de la Ley General de la Seguridad Social
comenzó a funcionar la sanidad pública tal y como la conocemos ahora.
Posteriormente la Ley General de Sanidad de 1986 sentó las bases de
nuestro actual sistema sanitario.
El Sistema lo empezaron a financiar nuestros mayores con su trabajo,
aportando sus cuotas a la Seguridad Social, y lo hemos desarrollado
todos los ciudadanos con nuestros impuestos tanto directos (como el
Impuesto sobre la Renta) como indirectos (como el IVA). Por tanto, no es
lícito que un gobierno nos enajene de lo que es nuestro.
2. Nuestro Sistema Nacional de Salud no es el problema, sino la
solución. El porcentaje de la riqueza de nuestro país que los ciudadanos
gastamos en su financiación es sensiblemente inferior al que se dedica
en otros países occidentales que, además, no ofrecen servicios o
coberturas similares a los nuestros. Es más, cuanto más privatizado sea
un sistema sanitario, mayor es su gasto sanitario público
Por otra parte hay experiencias en varias comunidades autónomas de
nuestro país que demuestran que la privatización de la Sanidad es más
cara e ineficiente que una sanidad exclusivamente pública, produciendo
servicios sanitarios de menor calidad que no llegan a todos los
ciudadanos.
3. La sanidad pública debe mantener sus valores fundamentales de
solidaridad, universalidad y equidad. Todos los ciudadanos la
financiamos en función de nuestro nivel de riqueza para que quienes
necesiten de sus servicios puedan disponer de ellos independientemente
de su sexo, profesión, raza, religión, situación laboral o capacidad
económica.
Si se financia con el esfuerzo de todos, no puede ser un negocio y no
debe por tanto ajustarse a las leyes del mercado. La Sanidad no tiene
que ser rentable, no tiene que justificarse en el beneficio económico,
sino en la garantía de una salud para todos, basada en la eficiencia y
buen gobierno del dinero público.
4. Nuestro Servicio Murciano de Salud debe mejorar su eficiencia
manteniendo la gestión pública de los centros. No entendemos que
pacientes de nuestra sanidad pública sean derivados a centros sanitarios
privados concertados para la realización de pruebas diagnósticas o
intervenciones quirúrgicas mientras que haya aparatos e instrumentos en
los hospitales públicos, iguales o mejores que los privados, que
permanezcan apagados por falta de personal cualificado en los turnos de
tarde y noche.
Tampoco entendemos que permanezcan cerradas plantas o parte de ellas en
los hospitales públicos mientras se deriven intervenciones quirúrgicas a
hospitales concertados.
Ni entendemos que por no haber hecho los deberes a tiempo los
pensionistas sufran retrasos en recibir lo pagado de más por sus
medicamentos.
Ni entendemos que se hayan cerrado servicios de urgencias en zonas
rurales.
En todos los casos, es un problema de eficiencia que no solo supone un
despilfarro del dinero público sino, también, el traspaso de dinero
público a manos privadas con ánimo de lucro y, encima, sin los
suficientes controles de calidad de los servicios ni de seguridad de los
pacientes.
Somos conscientes de que la realidad de la Comunidad Autónoma de Murcia
no es similar a la de Madrid, que los mensajes de nuestros políticos y
gestores han sido de una apuesta explícita por una sanidad pública; por
ello, les recordamos su compromiso social con esta política sanitaria y
exigimos que esas manifestaciones públicas se materialicen de una
manera fehaciente y se resuelvan lo antes posible estas grandes bolsas
de ineficiencia.
#Mareablancamurcia
martes, 12 de febrero de 2013
“La contrarreforma sanitaria es un golpe de Estado contra la sanidad pública”
Entrevista a Joan Benach, director del grupo de investigación sobre desigualdades en salud GREDS-EMCONET
Brais Beníntez
La Marea
Joan Benach es profesor de salud pública y director del grupo de
investigación sobre desigualdades en salud GREDS-EMCONET de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este especialista en la relación
entre las condiciones de trabajo y la salud pública alerta de la
precarización de la sanidad pública derivada de los recortes, que define
como “estrategias político-legales-ideológicas”. Su último libro
publicado es La sanidad está en venta (Barcelona: Icaria, 2012).
¿Qué consecuencias tienen los recortes en la sanidad pública?
La
ingente reducción presupuestaria que se está realizando en la atención
sanitaria conlleva cerrar centros de atención primaria, cerrar urgencias
y quirófanos, aumentar listas de espera, hacer expedientes de
regulación de empleo en hospitales, reducir el número de profesionales
sanitarios y empeorar las condiciones de trabajo de quienes se quedan,
todo lo cual deteriora los servicios y prestaciones y aumenta el riesgo
de enfermar y morir prematuramente.
¿Estos ajustes ahondan en la desigualdad?
Muchos
estudios muestran como la atención sanitaria pública se asocia a un
riesgo menor de morir y a menores desigualdades en salud según la clase
social, el género, la etnia y la situación migratoria. La sanidad
mercantilizada es por tanto injusta, rompe el concepto de ciudadanía y
solidaridad social y abre paso al clasismo, la discriminación y la
desigualdad. Los llamados “ajustes”, que mejor cabría llamar
“estrategias político-legales-ideológicas” de mercantilización y
privatización de la sanidad, quieren llevarnos a una sanidad de tres
niveles, que profundizará enormemente las desigualdades en los servicios
sanitarios y la salud: una sanidad de pago para los ricos que puedan
pagarla, una sanidad para la clase trabajadora y una clase media
empobrecida con servicios mínimos y de baja calidad, y una sanidad de
beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.
¿Qué grupos sociales son los más afectados?
Aquí
llueve sobre mojado. Los colectivos que sufren más son aquellos que ya
de por sí padecen las peores condiciones sociales, laborales, y
económicas. Las personas pobres, los desempleados, las mujeres obreras
en situación de precariedad, los inmigrantes, las mujeres de la
limpieza, los enfermos crónicos, y también las personas discapacitadas
que deben desplazarse a los centros sanitarios. Claro está, la peor de
las situaciones la sufren quienes padecen al mismo tiempo estas
múltiples situaciones de desigualdad social. Pero, además, gran parte de
una clase media cada vez más empobrecida va a verse también afectada
por la reducción y calidad de las prestaciones y servicios.
¿Más allá del hecho en sí del ahorro, los recortes persiguen un cambio de modelo?
La
actual contrarreforma sanitaria es un verdadero golpe de estado contra
la sanidad pública. La sanidad pública y la privada son vasos
comunicantes. Si se deteriora la primera, se refuerza la segunda y al
revés. Los recortes, junto con las estrategias de parasitismo del
sistema público y los cambios político-legales que ayudan a implantar
servicios privados, quieren conducirnos a una situación insostenible que
nos lleva tres décadas atrás. Con ello se pretende conseguir un doble
objetivo. Por un lado, deteriorar la sanidad pública y abrir el mayor
campo posible para una atención sanitaria mercantil basada en el
beneficio de enormes conglomerados y grupos empresariales privados, que
hacen negocio vendiendo servicios y productos sanitarios a los
“clientes” que tienen el suficiente dinero para pagarlos.
El
segundo objetivo es aún más malicioso si cabe. Se trata de destruir la
imagen positiva que para muchos aún tiene “lo público”. Es un arma
ideológica que quiere erosionar la imagen de la atención sanitaria
pública y los derechos colectivos conseguidos a través de las luchas
sociales. Se quiere ganar esa batalla ideológica y se nos quiere hacer
creer que lo “privado”, lo mercantil, es intrínsecamente mejor, más
eficiente y con más calidad e incluso, a veces, en el colmo de la
perversión, se insinúa que es “más equitativo”. Afortunadamente, buena
parte de la población se está dando cuenta de esas estratagemas y
mentiras, y está reaccionando pasando del estado de shock a uno de mayor
conciencia, y de ésta a la movilización y la lucha para defender sus
derechos.
¿La sanidad pública tal como está configurada, o como lo estaba antes de que comenzaran los recortes, es sostenible?
La
sanidad pública del conjunto del Estado español es bastante eficiente y
barata. Aún gastando menos que la media de la Unión Europea, la calidad
general es buena. Eso no quita que el sistema sanitario público deba
mejorar. Por ejemplo, tiene que haber cobertura para toda la población,
hay que ampliar y mejorar los servicios socio-sanitarios relacionados
con la salud mental, la salud laboral o la salud ambiental, que son muy
incompletas y limitadas. También debemos gastar mucho más en atención
primaria y bastante menos en gasto farmacéutico, así como controlar
mucho mejor el gasto tecnológico, y reducir la excesiva
biomedicalización de la salud y la iatrogenia [los actos médicos que
perjudican en lugar de aliviar] que producen daños a la salud evitables.
Pero que se deba mejorar no puede servir de excusa para destruir la
sanidad pública y venderla a quienes se quieren lucrar con la salud y la
vida de la gente. Tener una sanidad de calidad y accesible para toda la
población es una prioridad ciudadana que la mayoría de la población
desea. La sanidad es sostenible pero hay que dedicarle muchos más
recursos, y eso conlleva aumentar la baja fiscalidad de las grandes
fortunas y empresas y controlar el enorme fraude fiscal existente.
¿Es más eficiente una gestión privada de la sanidad?
Los
indicadores sanitarios de la atención privada son peores en comparación
con los de la atención pública. De hecho, los únicos aspectos donde el
sector privado muestra ser mejor que el público radica en el confort y,
como parece lógico por su predisposición mercantil, en el tiempo de
espera. En todo lo demás, la diferencia de calidad entre ambos tipos de
atención es muy clara en favor de lo público, tanto en su eficiencia
como en su equidad. La supuesta mayor “eficiencia” del sector privado y
de su gestión se fundamenta en gran medida en ahorrar en personal y
ofrecer bajos salarios y malas condiciones de empleo, todo lo cual
afecta la salud de los propios trabajadores de la salud y daña la
calidad de la atención médica. Además, por no extenderme más, los
hospitales privados seleccionan a los pacientes, dan altas prematuras a
los pacientes, cobran por acto médico y realizan pruebas e
intervenciones innecesarias.
¿Qué influencia tienen en la
gestión del sistema de salud los posibles conflictos de intereses y
vínculos entre los gestores públicos y privados?
Hacer
negocio con la sanidad pública es uno de los principales objetivos del
capital privado en la situación actual de una crisis, que ha sido la
excusa perfecta para aplicar unas políticas de privatización que vienen
diseñándose y planificándose desde hace décadas. Los servicios públicos
están en el punto de mira del poder económico y político y son un enorme
pastel a repartir. La connivencia de las élites económicas privadas con
los gestores y el poder público son manifiestas, lo cual se refleja en
valores e intereses compartidos y en las prácticas de clientelismo y de
“puertas giratorias” a través de favores políticos, pagos y salarios
millonarios irregulares y adjudicaciones sin concurso.
Todo eso
se ve bien en el caso de Cataluña, tal y como han mostrado con claridad y
valentía las denuncias de los injustamente condenados periodistas Marta
Sibina y Albano Dante de la revista Cafèambllet, a quienes desde
aquí envío mi solidaridad y apoyo, de David Vidal, concejal de la CUP
en Reus, de Ramón Serna, del sindicato CATC-CTS, o los periodistas Oriol
Güell y Antía Castedo de El País Catalunya, con los casos Bagó,
Prat, Sant Pau, Manté o Crespo, entre otros. La atención sanitaria
pública, universal, equitativa, de calidad, y con un elevado nivel de
prestaciones es un derecho ciudadano de enorme importancia que ha
costado enormes esfuerzos y luchas sociales. Debemos luchar sin
desfallecer para evitar que la sanidad deje de ser un derecho y se
convierta en el privilegio de unos pocos que puedan pagarla.
miércoles, 6 de febrero de 2013
El gobierno contra el poder judicial. En una pendiente hacia el totalitarismo
Que el poder ejecutivo del Estado, en España, no quiere un poder
judicial independiente y fuerte es algo que viene de lejos, desde el
primer gobierno de Felipe González, cuando menos, e incluso de antes,
cuando durante la transición se quiso poner al día al poder judicial
simplemente mediante jubilaciones y, naturalmente, el cambio
legislativo. Los gobiernos jibarizaban el poder judicial, habitualmente,
escatimando medios de toda índole, desde los personales a los
materiales. Ahora, sin embargo, el gobierno del PP y su mayoría
parlamentaria han entrado en una fase distinta. Tratan de reducir
sensiblemente la relativa coraza que representa para los ciudadanos un
poder judicial independiente. Y van a cargarse esa independencia.
El asunto se plantea sobre todo en dos campos: en el judicial penal y en el judicial administrativo. En este mismo número de mientras tanto el lector puede encontrar un detallado trabajo de Carlos H. Preciado, publicado originalmente en Jueces para la Democracia. Información y Debate,
donde se despliega analíticamente la naturaleza del ataque al poder
judicial. Aquí se pretende solamente llamar la atención del lector sobre
este aspecto poco visible, oblicuo, indirecto, del ataque a las
libertades que está operando el actual poder ejecutivo, deslegitimado
por sus actos, en la babel de la crisis presente. Que la economía no nos
impida ver lo demás.
Conviene recordar al lector un par de hechos recientes. Los policías
que investigaron la trama Gürtel, ese escandaloso caso que afecta a las
actividades del PP, han sido destituidos y apartados del asunto (un
asunto que estuvo en manos del juez Garzón y que en definitiva ya fue
ocasión de la condena de éste). Por otro lado, los policías a las
órdenes del juez que investiga el caso Undargarín (no vamos a llamarlo
púdicamente caso Noos) también han sido apartados del caso. Con eso el
gobierno ha dado dos avisos a la policía: no ha de husmear en
direcciones inoportunas para él aunque lo manden los jueces.
Estos dos hechos nos dicen que, aunque la policía actua en funciones de policía judicial, de hecho no existe
una auténtica policía judicial, esto es, un cuerpo a las órdenes del
poder judicial, sino que en España la policía en funciones depende
administrativamente del poder ejecutivo. El gobierno puede utilizar y de
hecho hemos visto que utiliza esta dependencia para crear dificultades a
la jurisdicción penal cuando ésta resulta molesta. A los populares
no les interesa la verdad. Ya desde los atentados de Atocha vienen
tratando de desprestigiar a la policía cuando ésta actúa a las órdenes
de los jueces.
En una república bien ordenada la policía judicial no puede depender,
como la policía gubernativa, del ministerio del interior. Debe estar
funcional y administrativamente a las órdenes del poder judicial, como
garantía de la independencia de éste.
Otra anomalía del sistema español la constituye la Fiscalía, en el
ámbito de la jurisdicción penal. La fiscalía, pese a ciertas
disposiciones que aparentan lo contrario, depende del gobierno. Ello les
permite a los gobiernos de turno —y hay un largo historial de asuntos
en todos los gobiernos que se han sucedido bajo el sistema
constitucional— interferir en la acción judicial, deteniéndola,
conteniéndola o desorientándola.
En una república bien ordenada el estatuto de la fiscalía debe quedar
enteramente disociado del poder ejecutivo. La fiscalía debe formar
parte del poder judicial y por tanto estar segregada del ejecutivo.
Y por último hay que mencionar el sistema de la asfixia. El gobierno,
en el caso del poder judicial, no sólo recorta: asfixia. La falta de
medios personales (por no hablar de los materiales) que sobreimpone
ahora a las carencias que ya existían hará imposible al poder judicial
un funcionamiento mínimamente adecuado. Con los medios que van a
restarle va a ser muy fácil dificultar la investigación y el
enjuiciamiento penales del saco de corrupción que arrastra la clase
política... y la económica que se presta a ella. Así vamos.
La jurisdicción penal no es la única dañada por las disposiciones que
emanan del ministerio de Gallardón. La jurisdicción contenciosa —los
litigios con la administración— se halla también en el punto de mira del
gobierno. Pero de eso podemos ocuparnos en otra ocasión. Porque tal
como están las cosas la tendencia totalitaria que se manifiesta en la
asfixia del poder judicial —atenazado el poder judicial, todo el poder
estatal queda en el gobierno, con sus brazos de madera en el parlamento—
nos obligará a volver sobre el asunto.
Juan-Ramón Capella
Mientras Tanto
domingo, 20 de enero de 2013
El negocio de la Sanidad
Los profesionales de la sanidad de Madrid llevan ya más de dos meses
en pie de guerra. Después de cinco semanas de huelga indefinida,
encierros, manifestaciones y anuncio de dimisiones, el conflicto
continúa y el gobierno regional permanece impasible, enrocado y sin
ninguna muestra de ceder un ápice. Con un gran cinismo pasa de las
manifestaciones, y es que nada o poco pierde con ellas. Los huelguistas,
para defender lo que creen justo, han hecho un gran esfuerzo económico,
sacrificando el salario de muchas jornadas; a pesar de la
responsabilidad del personal sanitario para mantener los servicios
mínimos, los pacientes, como es lógico, han sufrido deterioro o retrasos
en la asistencia; el gobierno regional, nada de nada. Poca importancia
tiene todo eso comparado con los intereses económicos en juego, que
-como se puede apreciar en el caso Güemes- van a beneficiar en el futuro
a alguno de los que hoy componen dicho gobierno.
La solución del conflicto solo puede venir de la concienciación de
todos los madrileños, asumiendo que esto no es un problema corporativo,
tal como nos quiere hacer creer el consejero Fernández-Lasquetty, sino
que afecta a todos los ciudadanos de Madrid y me atrevería a decir que
de toda España, ya que el modelo puede extenderse, y de hecho se
extiende, a otras muchas regiones. Nos estamos jugando la sanidad
pública. Únicamente la manifestación masiva de toda la sociedad podría
obligar al gobierno a dar marcha atrás.
La idea que quiere transmitir Fernández-Lasquetty de que privatizando
la gestión de la sanidad se ahorran recursos no tiene ni pies ni
cabeza. Los datos y el sentido común dicen lo contrario. Los datos:
basta con dirigir la vista a EE UU, país en el que la gestión de toda la
sanidad es privada, incluso el 40% que costea el Estado mediante el
Medicare y el Medicaid. El gasto por habitante es tres veces el de
España y sin embargo el 15% de la población no tiene cobertura y el 40%,
muy deficiente. El sentido común: porque es indudable que algo tendrán
que ganar las empresas privadas cuando ambicionan con tanto empeño
hacerse con un trozo de pastel. En EE UU, tantos eran los intereses
económicos en juego que lo único que no pudo conseguir Obama en su
reforma de la sanidad fue la creación de un organismo público que
prestase la asistencia sanitaria, aun cuando fuese en concurrencia y en
igualdad de condiciones con las sociedades privadas.
El pastel ciertamente es muy grande porque si en algún ámbito es
peligroso introducir criterios de explotación y beneficio es en la
sanidad, en la que el paciente se encuentra totalmente indefenso y no
puede saber si se está haciendo todo lo posible para diagnosticar y
curar en su caso la enfermedad o aplicando tan solo las pruebas y las
terapias de menor coste y que pueden dejar más margen al hospital y a la
empresa. Los beneficios privados solo pueden tener dos orígenes. El
primero y más claro, la consecución de una reducción en los costes
deteriorando los servicios y la asistencia; pero, cuando se mezcla la
gestión pública con la privada, hay otro posible motivo de beneficio (el
segundo), que aparece de manera menos explícita pero no por eso es
menos eficaz, el derivar a los centros públicos aquellas patologías de
coste elevado y a los enfermos de mayor riesgo.
El capital descubrió Jauja hace ya tiempo. Está abandonando los
sectores económicos con riesgo y se dirige a aquellos que, por tratarse
de prestación de servicios y suministros públicos o estratégicos,
constituyen mercados cautivos y sin apenas competencia. Ha forzado en
todos los países la privatización de las grandes empresas públicas o la
concesión privada del servicio: gas, electricidad, hidrocarburos,
autopistas, agua, bancos, aeropuertos, ferrocarriles, etc. La demanda es
rígida y el beneficio está asegurado; además, si en algún caso se
produce un error de cálculo, el coste no lo paga el empresario sino el
erario público, ya que el Estado no puede permitir que algunos de estos
servicios queden sin cubrir. El ejemplo más reciente se encuentra en la
misma región de Madrid, donde las llamadas autopistas radiales,
construidas mediante concesión por empresas privadas, han sido un
auténtico fracaso porque el tráfico ha sido muy inferior al esperado y
el coste de las expropiaciones, más alto. De forma bastante artera y
casi sin divulgación a la opinión pública, los dos grandes partidos se
han puesto de acuerdo para que el erario público asuma el desaguisado.
La asistencia sanitaria parece ahora la pieza a cobrar. La concesión
de hospitales y centros de salud a la empresa privada se contempla como
una operación enormemente lucrativa. Por una parte, los beneficios
pueden ser cuantiosos mediante la depauperación paulatina de los
servicios o la externalización de los costes a los hospitales públicos;
pero, por otra, existe una ausencia total de riesgo para las empresas
privadas porque en el caso de que no resultase tan rentable como ahora
piensan se pactarían nuevas condiciones con la Administración, que no
podría oponerse a ellas ante la amenaza de dejar sin asistencia
sanitaria a la población.
¿Por qué ese empeño del gobierno regional de Madrid en privatizar la
gestión de la sanidad? La respuesta no es demasiado difícil si
consideramos algunos datos: el director general de Hospitales de Madrid
es Antonio Bargueño, que proviene del sector privado de la sanidad y es
el inventor del Modelo Alcira, fracasado en Valencia y que pretende
copiar la Comunidad de Madrid.
A su vez, los dos antecesores de Fernández-Lasquetty en la Consejería
de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, se han incorporado a
empresas de la sanidad privada. El maridaje entre cargos del sector
público y sector privado genera la sospecha acerca de dónde se
encuentran en realidad los intereses de nuestros políticos.
Pero el amancebamiento por desgracia no se limita al sector
sanitario. Se ha extendido a todas las áreas económicas, se generaliza
cada vez más y afecta a todos los partidos que han pasado por el
Gobierno: PP, PSOE, CiU, PNV,
etc. Los casos son innumerables, más bien la excepción es la contraria y
son contados los ministros, secretarios de Estado, consejeros de
Comunidad, etc., que cuando dejan su cargo retornan a su antiguo
trabajo, si es que alguna vez tuvieron alguno. Lo más decepcionante es
que tal comportamiento no provoca repulsa social alguna y los afectados
continúan contando con todo su prestigio. Bien es verdad que tal
condición la concede por lo general el poder económico y precisamente
es el poder económico el beneficiario también de tales tránsitos.
Juan Fco Martín Seco
República.com
lunes, 14 de enero de 2013
Bancos y grandes constructoras cambian el ladrillo por el agua
Cada vez más ayuntamientos optan por privatizar el suministro de agua
con la excusa de hacer frente a sus deudas. Dos compañías se reparten
cerca del 80% de este nuevo negocio: FCC y Agbar.
Según la ONU, hay 1.100 millones de personas en todo el mundo que no
tienen acceso al agua potable. Por este motivo, en 2009, la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció este acceso como un derecho
humano básico, un derecho que en España empieza a ser un negocio que
está pasando a manos privadas.
Hasta hace pocos años, la gestión del agua, es decir, quienes se
encargaban de hacer que este recurso natural de primera importancia
llegara a los ciudadanos, eran los ayuntamientos. A través de entidades
locales se aseguraba el suministro a los vecinos. Pero el descenso de
los ingresos municipales ha hecho que se multipliquen por todo el Estado
los procesos de privatización de este suministro. El procedimiento es
sencillo: el agua sigue siendo pública, pero la gestión se adjudica a un
agente privado que consigue la concesión del ciclo urbano del agua a
cambio de una cantidad de dinero. Es lo que se conoce como “canon
concesional”. Estos cánones son utilizados por los ayuntamientos para
aliviar su desastrosa situación financiera.
Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, ya ha bautizado este fenómeno
como “burbuja hídrica”. A su juicio, “se acabó el ladrillo y ahora hace
falta dinero, los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos,
inversiones y compromisos sin fondos, y la solución que proponen es
vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el
servicio del agua”.
La forma de privatizar es a través de un partenariado Público Privado
(PPP) mediante el cual se otorga una concesión durante 40 o 50 años a
una empresa privada. Así, las compañías se hacen con un mercado sin
competencia local, un auténtico monopolio, y con un usuario seguro y
permanente, dado que los recibos del agua tienen una garantía de cobro
de entre el 95% y el 97%.
Al calor del negocio del agua han acudido tanto empresas francesas
del sector como el lobby de las grandes constructoras. Solo la catalana
Agbar (filial de la francesa Suez), con 13 millones de usuarios, y FCC
(Fomento de Construcciones y Contratas), un grupo de construcción y
servicios, con sus más de 9 millones de abonados, controlan cerca del
80% del mercado privatizado. Todo un oligopolio al que se ha sumado
Acciona, que acaba de obtener la licencia de Aigües del Ter-Llobregat,
suministradora del agua a Barcelona y a Cáceres.
Pero para entrar en el negocio del agua hace falta capital, y ahí es
donde entra en juego la banca. Las grandes empresas que optan a los
concursos de privatización suelen tener detrás una entidad bancaria que
les va a financiar, aprovechando el dinero que el Banco Central Europeo
les ha prestado al 1% de interés, una medida excepcional para inyectar
liquidez en el sector financiero. Hay que recordar que, por imposición
europea, los ayuntamientos no pueden tener una línea directa de
financiación, un dinero que sí pueden recibir a través de los PPP, en
los que el socio privado hace de banquero.
Para el economista y miembro de Nueva Cultura del Agua Pedro Arrojo,
“privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana,
porque al día siguiente tendrás que alquilar los servicios privados y
deberás pagar lo que ellos han invertido, más lo que te quieran cobrar
de intereses”.
Un futuro oscuro
Según un estudio llevado a cabo por el Departamento de Economía
Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada, la entrada de la empresa privada en el sector
“no ha supuesto la esperada mejora en la eficiencia”. Los responsables
del estudio se preguntan si “hay otras razones que estén impulsando el
proceso privatizador experimentado por el sector”, en este caso en
Andalucía.
Los expertos señalan siempre los motivos económicos. De hecho,
Babiano solo encuentra inconvenientes, ya que “el modelo de gestión
pública-privada es costoso para el ciudadano que ve incrementada su
tarifa; oscuro porque no existen órganos reguladores, ni indicadores de
calidad de gestión y supone una pérdida del control por parte de las
administraciones”. A su juicio, de continuar con esta deriva
privatizadora, “dentro de 20 años tendremos los ratios de aumento
tarifario más caros de Europa, habrá una degradación de las
infraestructuras y unas condiciones medioambientales lamentables”.
El experto va más allá, y profetiza que el resultado de esta burbuja
hídrica supondrá “una ausencia de inversión en la gestión del ciclo
urbano del agua, lo que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su
posterior rescate público pagado por todos”. ¿Les suena de algo?.
«Privatizar es un acto de sabotaje social a la economía ciudadana», según el economista Pedro Arrojo
Toni Martínez
(Vía Attac Madrid) (http://www.attacmadrid.org/?p=8416)
¿Son las Mareas un nuevo Sindicalismo?
El pasado mes de Septiembre se ha cumplido un año del
nacimiento de la Marea Verde en defensa de la educación pública. Un año
después podemos afirmar que el fenómeno de las Mareas no es algo
aislado, sino que compone (ahí está la Marea Blanca como su mejor
expresión) una nueva realidad organizativa. Queremos identificar alguna
de sus particularidades para responder a la pregunta inicial:
¿Prefiguran las mareas un nuevo sindicalismo?
1.- De la defensa de lo público a las comunidades
La diferencia esencial del movimiento de
las Mareas con las concepciones tradicionales del sindicalismo es el
haber abandonado la defensa de los servicios públicos como conflictos
corporativos que se vinculan de forma exclusiva a las reclamaciones
salariales inmediatas de los y las profesionales. El éxito de las
movilizaciones de las Mareas Verde y Blanca se debe a que han sabido
abrir el problema de los recortes a toda la sociedad. Apelando a las
comunidades como defensa fundamental de los servicios públicos se
introduce la idea de que la salud o la educación son cuestiones comunes
que necesariamente deben ser defendidas por todo el mundo.
Al abrirse la problemática a la sociedad al
completo se empieza a romper la frontera entre usuarios de un servicio y
profesionales del mismo. Se establece la noción básica de que centros
de salud, colegios y hospitales son espacios de y para cualquiera. Así
se supera la idea de que un servicio público es competencia exclusiva de
la administración pública.
En los últimos años, el discurso neocon de
ataque a los funcionarios públicos se había sostenido precisamente sobre
una condición de privilegio de estos profesionales en relación al
resto, por unas mejores y más estables condiciones laborales “pagadas
por todos”; las Mareas han demostrado, como se decía, que no luchan solo
por mantener esos beneficios sociales y además han hecho visible lo
avanzada que está la precariedad en el empleo públicos (interinos,
laborales, subcontratas, externalizaciones). Los conservadores-liberales
también les acusaban de “vagos”, de “no hacer nada”, de “estar chupando
del bote”; las Mareas han demostrado que a muchos empleados públicos
les importa muchísimo lo que hacen y están dispuestos a renunciar a
salario (con las huelgas) y a méritos (con las dimisiones de cargos de
responsabilidad) para defender el servicio.
Esa apertura está llena, además, de
afectos, de complicidades y guiños constantes entre comunidades y
profesionales que reproducen un lazo social, un vínculo que favorece el
apoyo y que convierte a cada persona en co-participante de las
movilizaciones.
2.- Huelga intensiva, toma de la ciudad y comunicación.
En las últimas semanas hemos visto
intensificarse la campaña por “regular el derecho de huelga” por un
único motivo, las Mareas han colocado en el centro la idea de la huelga
intensiva, como uno de los mecanismos esenciales de conflicto.
Se entiende que para bloquear las
dinámicas de reproducción del propio servicio público es necesario
bloquearlo de manera más o menos constante. Esto, que fue un debate
intenso el inicio de la Marea Verde (huelga indefinida o huelga
puntual) En el caso de la Marea Blanca es la constante habitual y ha
sido capaz de sostenerse poque han incorporado dos elementos que pueden
ser fundamentales para comprender su éxito: un sistema de rotaciones que
distribuye las cargas económicas de la huelga y un especial celo en
mantener una excrupulosa cobertura de la atención sanitaria hacia
aquellas personas o situaciones que más lo necesitan.
Esta huelga intensiva no se limita a la
detención del servicio, sino que se acompaña con otra serie de
cuestiones que apuntan a la victoria en los conflictos abiertos con la
administración como una cuestión de democracia, gobernabilidad y dominio
del espacio urbano. Las Mareas toman la ciudad en grandes
movilizaciones que bloquean el tránsito y que atraviesan los medios de
comunicación demostrando la ingobernabilidad de la situación. Se trata
de producir desorden, de demostrar una anomalía.
Así, la huelga se acompaña con encierros,
acciones de desobediencia civil e incluso la presión directa a las
instituciones rodeando la asamblea de Madrid, las consejerías, etc.
Todo ello construido con una potencia
comunicativa independiente capaz e llegar a casi todos los públicos a
través de la comunicación vía redes sociales que conecta los distintos
centros y un impresionante depliegue en formatos tradicionales
(cartelería, pancartas, pegatinas, camisetas…). En relación al uso de
las redes sociales está siendo especialmente relevante en la Marea
Blanca, dónde en vez de haber una “cuenta de la Marea” hay cuentas
abiertas centro a centro y la idea de Marea es un logo abierto, común,
participable por cualquiera. Además la estrategia comunicativa se ha
apoyado en ambas mareas en una amplia producción de conocimiento
teórico-técnico para atacar uno a uno los argumentos utilizados por la
Comunidad de Madrid para justificar los recortes.
3.- Paradoja sindical y democracia organizativa
Se da la paradoja de que cuanto más
estructurada y potentes son las estructuras sindicales tradicionales en
los servicios públicos, más difícil es que estas dinámicas de las Mareas
se desarrollen por completo. Así, la Marea Blanca, que tendría a priori
menor potencia sindical clásica (a pesar de la presencia de los
colegios profesionales o los sindicatos de tipo corporativo) que
espacios como la educación pública, es capaz de generar una dinámica de
conflicto mayor.
Los servicios públicos de transporte o de
comunicación, con niveles más altos de sindicación tienen muchas
dificultades para desarrollar este tipo de prácticas y producir esa
alianza “profesionales-usuarios/as” que es clave para el desarrollo del
conflicto. En la última huelga de Metro en Madrid hemos visto cómo esas
diferencias remitían levemente porque las redes sociales han activado
esos afectos de mutuo reconocimiento, pero no se ha configurado como
Marea. No hay carteles hechos a mano en los túneles que expliquen el
conflicto, no nos invitan a movilizaciones imaginativas tipo “Yo no
pago” para potenciar la participación de las personas en el conflicto
como algo propio. personal en los vagones o en las salidas del metro
contando que se movilizan por la defensa de un servicio público, no solo
por mantener ciertas condiciones laborales. Algo similar sucede con las
movilizaciones de defensa de Telemadrid, con muchas dificultades para
construir como común una televisión que ha sido la punta de lanza de la
manipulación en la Comunidad de Madrid (Con la oposición, eso si, de los
y las profesionales de la misma)
La Marea Verde estuvo claramente atravesada
desde el principio por relación conflictiva que se viene produciendo en
diferentes ámbitos entre las institiuciones políticas tradicionales y
las nuevas formas de expresión política surgidas a partir del 15M.
Organizada de forma asamblearía en el marco de la explosión movilizadora
del 15M entre interinos, funcionariado y posteriormente una parte de la
comunidad educativa , se encontró con unos sindicatos educativos
mayoritarios que al tiempo que mantenían una posición de escucha y
facilitación de los espacios de encuentro querían mantenerse a toda
costa como cabeza visible e interlocución necesearia con con la
Comunidad de Madrid, pese a que ésta les ignoraba sistemáticamente. Los
sindicatos de concertación, que veían la propia Marea con interés (por
su potencia) y con recelo (porque esa potencia podía poner en crisis su
hegemonía) apostarón por limitar el alcance de la movilización por temor
a una posible derrota que los dejara en una peor posición.
4.- ¿Podemos soñar?
Imaginemos un desarrollo de estas dinámicas
de Mareas como instituciones socio-sindicales de nuevo tipo. ¿Podríamos
pensar estructuras sindicales en las que las comunidades
no-profesionales, los y las usuarios de los servicios tuvieran voz y
voto? ¿Es posible democratizar las instituciones sindicales para
ponerlas al servicio de una dinámica comunitaria? ¿Que tipo de
reivindicaciones de carácter ofensivo se podrían producir? ¿Podemos
pensar que un nuevo sindicalismo pasa no solo por la defensa de las
condiciones de vida de los profesionales, sino también por la defensa y
el desarrollo de los servicios públicos que ofrecen? ¿Qué poder pueden
tener ahí las comunidades? ¿Puede la propuesta de las Mareas extender a
sectores que no sean el empleo público? ¿Puede sobrevivir el
sindicalismo tal y como lo hemos conocido hasta ahora si no asume estas
posiciones?
Madrilonia.org
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