Los economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado
con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de
expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva
contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el
PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un
medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un
paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a
cabo.
En defensa del sistema público de pensiones
LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.
Pensamos que la manera de plantear un
problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público
de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en
otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado
como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido
enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en
realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se
pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de
pensiones depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable
importante es “cuánto se produce”.
Conscientes de que se trata de un
problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe
centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar
mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas
previamente tomadas.
Hace ya muchos años que todos
los servicios de estudios de las entidades financieras y similares,
apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a
emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de
pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su
sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas,
que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no
se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo,
allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios,
expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En
realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien
inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para
llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema
público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra
de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron
facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año
2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría
aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?,
¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año
2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron.
De hecho, se registró un superávit del 0,4%.
La argumentación de todos estos informes era similar: el
incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad
dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el
sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado
número de años se produciría la quiebra de la Seguridad Social. El
tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin
que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya
que no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la
incorporación de más mujeres al mercado laboral o el incremento en el
número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las proyecciones
demográficas y el hecho de considerar solo la población total no pueden
constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A
cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.
LA TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE
La incorporación de mayor
número de mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el
incremento sustancial de la tasa de actividad. Sin modificar la
población total, el número de los trabajadores potenciales ha aumentado
de forma considerable. España goza de un amplio margen para avanzar en
esta variable, dado que la tasa de actividad femenina es aún baja, en
cualquier caso menor que la de otros países. A su vez, las llegadas de
trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de actividad, pues
aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de
activos. Es una ironía contemplar a la “Europa fortaleza” preocupándose
por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población.
Si el problema radicara solo en estas variables, la solución sería
bastante sencilla: se trataría simplemente de abrir las fronteras a los
trabajadores inmigrantes.
Llegados a este punto, está
claro que sería un grave error considerar la población activa como
núcleo del problema. El factor más importante no es el número de
personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan hacerlo.
Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En
2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de
jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.
LA PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Pero ahondando más en la materia, al
plantear la cuestión de las pensiones hay que superar también la visión
estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar,
además, la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en
cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien
trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es
diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de
las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos
únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas
pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido
por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido con la
agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30% de la
población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo
hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen,
un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de
pensionistas.
CONSECUENCIAS DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión
sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema público de
pensiones en un laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la
consideración de las cotizaciones sociales como fuente exclusiva de
financiación de las pensiones, no encontrando entonces otra salida que
no sea la disminución de las prestaciones.
Se llama Pacto de Toledo al documento
aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6
de abril de 1995, titulado “Análisis de los problemas estructurales del
sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán
acometerse”. Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el
Congreso de una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se
creaba una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para
analizar los problemas estructurales de la Seguridad Social. Pero esta
iniciativa parlamentaria no descendió del cielo, sino que surgió de un
escenario formado por dos hechos que se complementan.
El primero es una ofensiva internacional
en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que
partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la
Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los
países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de
las fuerzas económicas y políticas.
El segundo hecho es nacional y reside en
las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios de
nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de
pensiones. El PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de
pagar a los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones
generales -como así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la
llegada de la derecha al poder suponía un grave riesgo para esta
prestación social. Al mismo tiempo, ante el déficit que en aquel momento
mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el Estado, en vez de
enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba mediante
préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al
presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado
y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una
situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para
acusar al Gobierno de ponerla en peligro.
La presencia de ocho millones de
pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ámbito de
preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena
medida a cómo afrontar económicamente los últimos días de su existencia,
es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen
el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son
percibidos como presa fácil de la demagogia política.
Esta similitud de comportamientos entre
los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la
sospecha de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas
como algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están
perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacen es
descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar
como posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al
Estado social que consagra la Constitución.
LA SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO
La auténtica amenaza sobre las pensiones
se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo
distinto y separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es
planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios
constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no
es algo accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que
sigue a su esencia. El Pacto de Toledo realizó una segregación entre
Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de fuentes de
financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no
contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse
con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito
de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es
cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en
lugar de “exclusivamente”, pero lo cierto es que, en la práctica, tal
matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las
pensiones únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su
financiación se hace en extremo vulnerable.
Anteriormente no había sido así. De
hecho, en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de
recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de
1989 estableció un cambio de modelo de financiación mediante el
compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas. Los
complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando
se introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios
entre cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de
hacerlo mediante transferencias, prueba palpable de la distinción que se
quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto
más grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización por
contingencias comunes.
La separación de fuentes se ha entendido
como algo estructural, no como un mero instrumento para la
transparencia y una administración racional de los recursos del Estado.
Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial del
sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a
que algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que
debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública.
Esta concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en
una situación de mayor riesgo, dificultando además toda mejora en las
prestaciones.
EL FONDO DE RESERVA
Este diseño de sistema cerrado
que se da a la Seguridad Social tiene su contrapartida en el
establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula
que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones sociales
exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a
financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo
al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones” lo que puede
ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que
detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su
poder económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que
durante todos los años de bonanza se haya ido incrementando y que los
distintos gobiernos de uno o de otro signo se hayan vanagloriado de
ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits en el sistema
para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de reducción de
las prestaciones.
LAS PENSIONES NO TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES
En un Estado definido como social por la
vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que
las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones
sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer
frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las
pensiones. La separación entre Seguridad Social y Estado es meramente
administrativa y contable pero no económica y, mucho menos, política; es
más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de prestaciones que antes
se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en los
presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se
trata de una separación convencional.
La Seguridad Social es parte integrante
del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y
el Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión
de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía
nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que
tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda
pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por
supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas
de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la
quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los
que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada
crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos
podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía
española, a no ser que cierto dogmatismo económico nos introduzca en
una coyuntura de difícil salida.
LAS PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar que son los
trabajadores y los salarios los únicos que han de mantener las pensiones
es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón para eximir del
gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50
de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos garantizarán,
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las
pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos
establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos
obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de
recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente
de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para
asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con
cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son suficientes para
financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el desfase ha
de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
El denominado “déficit del sistema”, más
allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido.
Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de
pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un
componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede
pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones
por el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a
los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.
Asimismo, vincular la viabilidad del
sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que
la caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política
económica adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de
ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los
ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos
en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de los
ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente
insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de
forma urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez
por todas, la caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede
afirmar que la viabilidad del sistema de pensiones puede estar siendo
“seriamente cuestionada” por la severidad de la crisis económica. Lo que
está en cuestión es la política económica seguida.
TAMBIÉN HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS
Es curioso que la cuestión se haya
planteado siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde
la óptica de los ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo
contrario, de vez en cuando surgen presiones para disminuir las
cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos actuales,
proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un factor
más de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de
las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del
Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las
cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que estas
constituyen un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser
sustituidas por impuestos indirectos.
El gasto, en relación al PIB, del
sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos
con el de la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no
parece que tenga mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en
cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la
Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y
aun cuando no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar
durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea
(que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes),
en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo
mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será
del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la
obligación por el lado del gasto.
Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report,
sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se
reduce rápidamente debido a que la presión demográfica de la llegada a
la edad de jubilación de las generaciones del baby boom es
sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la
más baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que
destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas
complicaciones países como Austria, Francia o Italia.
LA RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
Por otra parte, la esperanza de vida, la
pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son
las únicas variables que habría que tener en cuenta si se quiere
comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones,
sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta per
cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para
afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir
percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías
de las pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que
incrementarse por encima del coste de la vida.
El problema de las pensiones hay que
contemplarlo en términos de distribución y no de escasez de recursos. En
los últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes
casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una
evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay
recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que
haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los
políticos- de realizar una verdadera política redistributiva.
MÁS BIENES PÚBLICOS
Las transformaciones en las estructuras
sociales y económicas comportan también que las necesidades que deben
ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y
servicios que hay que producir. Es muy posible que la decisión que
adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo
que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su
composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en
el sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias
o, al menos, contingencias mucho más acusadas que en el mundo rural. La
incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la
esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por tanto la
necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.
John Kenneth Galbraith anunció ya hace
bastantes años que todos estos cambios exigían una redistribución de los
bienes y servicios que deben ser producidos y en consecuencia,
consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los
privados. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las
pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica
tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la
población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el
lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus
propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar
una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación
digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del
neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley:
más iniciativa privada y menos sector público.
El envejecimiento de la población de
ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de
pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a
financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los
servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por
una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos
condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población,
precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.
EL SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO
El tema de las pensiones lleva
ya muchos años acumulando tras de sí todo tipo de falacias y sofismas.
Una de las más importantes quizá sea la afirmación de la OCDE y de otros
organismos internacionales acerca de que las pensiones en España son
muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos
organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en
cualquiera de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para
sí los trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.
Esa versión alejada de la realidad de
las pensiones españolas proviene de unos planteamientos que no se
corresponden con los datos, Además, las comparaciones internacionales
resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente
pregunta: ¿qué pensión le correspondería en relación con su último
salario a un trabajador que hubiese cotizado el número mínimo de años
para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y se jubilase a
la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este porcentaje,
que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos
países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y
Grecia. Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos
de la Unión son los más generosos con sus jubilados.
En realidad, se trata de todo lo
contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que
pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la
penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo,
bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas,
sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de
ese porcentaje. En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos
los factores, no alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la
media de las nuevas pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros
mensuales, mientras que el salario medio bruto para el cuarto trimestre
de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y
la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de
pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación ascendió
a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos de
1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).
SE PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
Existen sospechas bien fundadas de que
las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la
viabilidad de las pensiones públicas tienen también como finalidad
potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las
reformas se plantee la necesidad de completar las pensiones públicas con
pensiones privadas. Lo primero a considerar es lo incorrecto y cómo
induce a engaño la denominación “pensiones” aplicadas a los fondos, al
menos tal como se instrumentan en España, donde las aportaciones las
realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única
alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona
de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían
falta tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es
que pretendan decirnos en qué inversiones tiene que materializarse
nuestro ahorro. ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en
vivienda o en obras de arte o en cualquier otro activo? Los fondos de
pensiones no son más que una forma de ahorrar y no precisamente de las
más ventajosas para el inversor. Habrá que cuestionarse el motivo de
incentivar un sistema de ahorro (los fondos de pensiones) en detrimento
de otros.
Supeditar la solución de la contingencia
de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido
acumular a lo largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su
ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido que el 60%
de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final de
mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces
insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.
Los mal llamados fondos de pensiones
solo benefician a las entidades financieras depositarias de las
inversiones y que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de
existir tan pronto como desapareciese la desgravación fiscal, tal como
se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se expandió el
rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es
entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación
fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el
participante carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia
de control de la inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero,
precisamente lo que son rémoras para el cliente, se convierten en
ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que manejan a
su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder
económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas
comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos
puedan generar.
CAPITALIZACIÓN O REPARTO
Los propagandistas de los fondos de
pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el
de reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el
público. En realidad, cuando se trata de un sistema público la
distinción entre capitalización y reparto es más teórica que real. Si
por una parte puede suponerse que las pensiones de los pasivos se
financian con las cotizaciones de los activos -estaríamos entonces en un
sistema de reparto- también puede suponerse, y esto sería más exacto,
que en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos,
incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos,
también los de Seguridad Social.
Si esto es así, el sistema actual, al
que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de capitalización.
Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones
serían un préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al
Estado y que este dedicará a financiar la inversión social y pública,
desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones,
tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se
devolverá junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de
pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se
pagan son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al
Estado) en el pasado. Que la distinción es más teórica que real se
percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de
pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando
al Estado. Lo que está en juego, por tanto, es la intermediación de las
entidades financieras.
La argumentación anterior hace que
carezca de sentido el reproche al sistema público de pensiones de que
genera una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las
generaciones futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las
cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho posible
mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc., que
la productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el
trabajo de los activos de ahora y del futuro produzca mucho más y que la
renta per cápita sea también mayor.
No obstante, todo lo hasta aquí afirmado
responde a la óptica macroeconómica, analizando los efectos globales o a
partir del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista
cambia cuando se trata de la conveniencia de un determinado particular,
entonces sí puede haber una distinción radical y fundamental entre el
sistema público y el privado. En el segundo, no se da ninguna
redistribución de rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada
prestación y la correspondiente cotización individual. Las diferencias
que se pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de
un sistema público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los
planes de pensiones son prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse
cargo el sector público en último término de las prestaciones.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El pacto de Toledo tuvo al menos un
efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso
de las distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se
actualizarían anualmente de acuerdo con el incremento del índice de
precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa porque así
lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación
también se incrementan y a veces más que proporcionalmente los ingresos
del Estado. Hay una afirmación que debería ser de común aceptación:
mientras que la renta por habitante de una población se mantenga
constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista,
funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su
situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones
conduce a que los jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El
planteamiento de los expertos del Gobierno consiste en utilizar la
inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para reducir
progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase
existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.
Si en un periodo determinado de tiempo
las pensiones suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la
renta per cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las
de capital o las empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es
decir, se modifica la redistribución de la renta en contra de los
pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando
se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos
del Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo
cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe
tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un
empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico
suponer que estas serán las de capital.
No es la pirámide de población, ni el
incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de
las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa
del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los
distintos gobiernos. El riesgo viene de una ideología liberal que
contempla con satisfacción que la presión fiscal de España sea la más
baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso a Grecia
(34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y de
diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de
unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados
antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que
ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a cabo.
ASEGURAR LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL
Asegurar pensiones públicas que permitan
mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima
importancia social y política. Los principios que deben regir la gestión
de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el
artículo 50 de la Constitución, que garantiza a todos los ciudadanos de
la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente. En
consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en épocas de
déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo de
los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser
ningún problema, si se aplicara el principio de progresividad,
establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si las principales
empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que en
justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de
confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus
equivalentes en otros países europeos -Estados social y democráticamente
más avanzados- sería suficiente.
Para todos los que luchamos por la
democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede
ser otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable
artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al
derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser
humano posee. Es más, el artículo 22 establece que “toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.
DERECHO CONSTITUCIONAL
En tanto en cuanto recibir una pensión
digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes,
economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y
sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva
reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un
nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y
aseguradoras:
- Denunciamos que esa reforma se hace
en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la
sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones.
Disminuir aún más el nivel de vida en
medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la
población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo
que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo
imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la
reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos
financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la
mayoría de la población.
- Denunciamos ante la opinión pública
que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en
peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que en los años próximos habrá
más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es
cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un
desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las
pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.
El equilibrio financiero depende no solo
del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las
pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se
propone rebajar las pensiones:
- Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
- De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene
sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e
ingresos para financiar las pensiones incluso con menos empleados.
- Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los
salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa
salarial habrá para financiar las pensiones.
- De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña
sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para
la Seguridad Social.
Por lo tanto, no es cierto que lo que
pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente,
aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la
especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco
productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez
menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene
ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han
aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de
la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que
se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los
bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente,
todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad
Si se logra aumentar el empleo, si
conseguimos que la productividad aumente en los próximos años
simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos
el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España
podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que
lógicamente se producirá en los próximos años.
- Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.
El engaño que llevan consigo las
predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es
patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea
sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en
pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje
excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la
actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o
16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa
misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar
sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios
españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años.
Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar
de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la
esperanza de vida.
- Denunciamos
que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro
de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas
anteriormente.
Ninguno de ellos acertó en ninguno de
sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del
sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual,
eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los
repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora
vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que
hacer para hacer frente a los problemas del futuro.
- Denunciamos
también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos
los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las
personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada
tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10
años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y
la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad
significa obligar a que las personas de renta más baja financien de
modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también
prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades
más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales,
como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia
inaceptable.
- Denunciamos
que el grupo “de sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el
Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco
independiente.
La inmensa mayoría de ellos ha tenido o
tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros
que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las
pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro
privados.
- Denunciamos
que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio
financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de
recortarlas para alcanzarlo.
Concretamente, el Gobierno no adopta las
decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras
políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino
otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas,
la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los
despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado,
revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se
encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes
máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.
- Denunciamos
que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son
necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.
Como ya ocurre en otros países, en casos
de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede
financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del
Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos
públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal
para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude
fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su
persecución.
- Denunciamos
que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones
públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad
Social.
Es evidente que difundir continuamente
informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles
sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una
consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y
trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es
el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la
población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo
suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo
son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre
enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan
resultarles un negocio suculento.
- Denunciamos la
complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un
debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las
pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las
políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el
empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.
Por todo ello, y a partir de nuestros
conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la
opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que
solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los
fondos que ahora maneja la Seguridad Social.
Somos plenamente conscientes de que
nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos
dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se
callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más
lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer
de más recursos, pero la solución “sabia” no puede ser reducir la
cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van
a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de
generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no
todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen
a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez
pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de
pobreza severa.
Llamamos, pues, a la denuncia de las
propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a
todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente
a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más
deuda y empobrecimiento.
