Construir la movilización contra la privatización de la sanidad es indispensable

Análisis de la experiencia de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización.

Los hechos

El 23 de septiembre, en la concentración frente al Hotel Ritz donde tenía lugar un acto dirigido a empresas privadas e instituciones financieras en el que la Consejería de Sanidad presentaba las oportunidades de negocio que les ofrece la sanidad pública, con una inversión inicial de 1000 millones de euros¹, se inauguraba una nueva forma de movilización y de lucha contra la privatización de la sanidad.

Una concentración de 8.000 personas, cifra calculada estrictamente en función del espacio ocupado por los asistentes, convocadas por la recién creada ² Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización y por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).

La novedad con respecto a movilizaciones anteriores es la aparición en escena de la citada Coordinadora, una nueva organización que surge ante el silencio clamoroso del autodenominado "sindicalismo de clase" y de la izquierda política, y la percepción de que se está produciendo un rapidísimo y demoledor proceso de liquidación de la sanidad pública.

En Madrid no se ha producido ningún tipo – no ya de movilización contra la privatización – sino de la información más elemental por parte de estas organizaciones, mientras entraban en funcionamiento los nuevos hospitales en condiciones penosas con falta de personal y de recursos con graves repercusiones para la salud y la vida de los usuarios. Las convocatorias a finales de mayo y mediados de junio por parte de CC.OO. y UGT de algunas manifestaciones en la calle, con un seguimiento mucho mayor al esperable en función de los escasos recursos destinados a la propaganda de las mismas por parte de estos sindicatos– se enviaban por fax a los centros el día anterior – se centraron en reivindicaciones económicas o laborales marginales. Las decenas miles de personas, trabajadores y usuarios,que se manifestaron, hicieron caso omiso de los objetivos de los convocantes, y en sus consignas ampliamente coreadas, se centraron en la denuncia de la avalancha privatizadora.

La Coordinadora de Trabajadores asume directamente el objetivo de organizar a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad desde la base y de construir la organización y el poder de movilización suficiente para, junto a las organizaciones sociales, parar la privatización, conseguir que se derogue la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión y las leyes regionales que amparan la privatización, y reconstruir una sanidad pública que excluya cualquier forma de negocio privado y tenga por objetivo satisfacer las necesidades de salud de toda la población. La Coordinadora se organiza mediante la creación de comisiones en cada centro de trabajo, adoptando la forma asamblearia para la toma de decisiones y publicando un Boletín Informativo quincenal muy sencillo y fácil de reproducir (un folio por las dos caras), que llega por correo electrónico a la totalidad de los centros y hospitales, con información rigurosa de las decisiones que la Consejería va adoptando y de sus repercusiones para trabjador@s y usuari@s – consciente de que la opacidad informativa es vital para extender la sensación de impotencia e impedir cualquier tipo de respuesta. Obvio es decir que los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial están hurtando la información que poseen tanto a sus afiliados como al resto de los trabajadores y a la población afectada.

Ante el riesgo que entraña una organización que no se subordina a los grandes poderes políticos y económicos decididos a degradar un servicio público esencial como la sanidad - tanto como exijan los objetivos de lucro de las empresas financiadas con dinero público - , que denuncia tanto al gobierno del PP que ejecuta la privatización, como al PSOE que gobierna el Estado y que votó a favor de la Ley 15/97 que permite la privatización, y que no se somete a la maraña de complicidades económicas y de pequeñas o grandes corruptelas que corroen a las burocracias sindicales, se han alertado todas las alarmas.

La última muestra ha sido que ante la receptividad de la convocatoria del día 23, decida en asamblea por la Coordinadora en el mes de julio, extendida sin medio económico alguno, pero reproducida por correo electrónico y difundida por los medios que cada mailto:trabajad@rtenía a su alcance a mailto:l@scompañer@s de trabajo y a usuarios y boicoteada por las organizaciones sindicales mayoritarias en la sanidad, el día antes de la concentración CC.OO. y UGT convocaron una rueda de prensa apropiándose de la convocatoria, sin mencionar a la Coordinadora ³ .

La "información" difundida en los grandes medios de comunicación fue que 1.500 personas se concentra ante el Hotel Ritz, convocadas por CC.OO y UGT. La Coordinadora emitió un comunicado de prensa ⁴ con video y fotos que, obviamente, no ha sido reproducido en los medios citados.

Los miles de personas que allí estuvieron, que comprobaron la fuerza, la combatividad e incluso la violencia contenida y el odio de algunas personas mayores que pretendían entrar como fuera a gritarles " carroñeros y ladrones" a los políticos y empresarios allí reunidos, y que coreaban consignas como: "Ley 15/97, derogación" y "El PP privatiza, el PSOE autoriza", comprobaron el papel de los medios de comunicación en un doble sentido: minimizar las movilizaciones que escapan a los objetivos del poder y atribuirlas a organizaciones controladas por el mismo.

El objetivo de este artículo es poner a disposición de compañer@s y colectivos una experiencia de organización y de lucha que les puede ser útil. mailto:L@smailto:trabajador@sde la sanidad, como mailto:l@sde cualquier otro sector, no somos gentes que pasivamente asistamos impasibles a lo que sucede con nuestras condiciones de trabajo. Percibimos – como trabajadores y usuarios – las dimensiones de la liquidación de un sector que trabaja directamente con algo tan trascendente como la salud y la enfermedad de la población. Eso es lo que nos quieren hacer creer organizaciones sindicales y políticas, supuestamente de izquierda, que para justificar su pasividad, dicen que " mailto:l@smailto:trabajador@spasan" y que la población asiste apática a la liquidación de sus derechos. La verdad es que esos argumentos apenas sirven para ocultar las vergüenzas de quienes han renunciado, en función de intereses personales y de complicidades injustificables, a cumplir la función de representación de mailto:l@smailto:trabajador@s

.

Es preciso reinventar formas de organización y de lucha. La experiencia de la Coordinadora de Madrid muestra que es posible organizar la movilización. La percepción de mailto:l@strabajadores y usuarios de las consecuencias concretas para el mantenimiento de sus puestos de trabajos, de sus condiciones laborales y, sobre todo, de su derecho a una sanidad pública y de calidad, son el terreno abonado para construir formas de organización y de lucha capaces de enfrentar la barbarie privatizadora.

La privatización de la sanidad es un proceso general, que viene de lejos

En todas las CC.AA del Estado se está produciendo un proceso, con velocidades e intensidad variables, de transferencia a las empresas privadas – constructoras, empresas financieras y aseguradoras privadas – de la gestión y la prestación de la asistencia sanitaria.

Es un asalto a un servicio público de primera necesidad por parte del capital privado que, en una situación de grave crisis económica, se refugia en la garantía que ofrece el dinero público y una clientela asegurada; cautiva, mas bien. El "riesgo y ventura" que el capitalismo aduce como justificación para la apropiación de beneficios se reduce aquí a cero.

Es la versión bis del escándalo de la transferencia de dinero público a bancos y aseguradoras en crisis que reedita a gran escala y con intensidad inédita el gran negocio del gran capital: privatización de beneficios y socialización de las pérdidas.

En el caso de la sanidad la obtención de beneficios privados a partir de la financiación pública ofrecida generosamente por los respectivos gobiernos regionales, independientemente de su composición política, se realiza de la única forma posible:

• Mediante la reducción de pruebas diagnósticas, de remisiones a especialistas, altas hospitalarias precoces, disminución del gasto farmaceútico, etc
• Reducciones de la cantidad y de la cualificación del personal sanitario
• Seleccionando pacientes, es decir, deshaciéndose como sea de los no rentables: enfermos crónicos, personas mayores con patologías múltiples y pobres en general, en los que las necesidades sociales y sanitarias se multiplican

El "modelo" privado, de atención individual a la demanda que se generaliza implica el abandono de todas las actividades preventivas y de salud pública, precisamente las más eficaces para intervenir sobre las principales causas de enfermedad y de muerte y justo aquéllas consideradas no rentables para la gran mafia de la industria farmacéutica y de las aseguradoras privadas. Hay que añadir que no existe estudio alguno que acredite – por que es imposible – que la privatización ahorre gasto, manteniendo la calidad. Más bien todo lo contrario. Valgan algunos ejemplos absolutamente contrastados en multitud de países:

• Los programas de actividades preventivas y de educación para la salud son capaces de intervenir disminuyendo significativamente la morbilidad y mortalidad por las principales patologías crónicas (infecciones. diabetes, hipertensión, cáncer, etc) y de reducir el consumo innecesario de medicamentos
• La sanidad privada o las diversas fórmulas de gestión sanitaria con ánimo de lucro, multiplican por cuatro las intervenciones quirúrgicas consideradas de "dudosa indicación"
• Las reducciones de personal y el alargamiento de jornadas tienen como consecuencias el aumento de la mortalidad, mayores índices de infecciones hospitalarias, más complicaciones, etc.

Pese a que todo ello es bien conocido por los políticos de turno y por la pléyade de gerentes y altos cargos de la sanidad , la privatización se generaliza. Los Ayuntamientos, independientemente del partido que les gobierne – el concepto de izquierda y derecha ha pasado a no significar absolutamente nada – ceden suelo público a empresas que se encargan de la construcción de nuevos hospitales y centros de salud y que os gestionan con evidente ánimo de lucro.

El modelo que se extiende es el de PFI (Iniciativa de Financiación Privada) mediante el cual las empresas que construyen nuevos hospitales – que no tienen otra justificación que detraer pacientes de hospitales públicos que se devalúan - reciben un canon calculado en función de la población atendida, financiado con dinero público durante 30 años, que supondrá recibir cuatro veces el gasto de la construcción, que se encargan de la gestión de toda la actividad "no sanitaria" - por ejemplo la esterilización se considera "no sanitaria" - que se subcontrata a otras empresas, y la explotación del espacio en el que se construyen aparcamientos, restaurantes, tiendas, etc.

A todo ello hay que añadir que no existe control de calidad que merezca tal nombre, ni por parte de las CC.AA, ni por el Ministerio de Sanidad, quien conserva las competencias de Alta Inspección y que , sobre todo, que si tuviera voluntad política, que no es el caso, debería intervenir para poner freno a tanta aberración

.

La pregunta es, ¿todo esto es legal, es constitucional?

Este interrogante se generaliza para trabajadores de la sanidad, que ven degradarse hasta límites insospechados sus condiciones de trabajo, las reducciones de plantilla vía despidos o no renovaciones de contrato a la gran cantidad de mailto:trabajdor@smailto:precari@sque existen en la sanidad y a mailto:usuari@sque asisten, uno a uno - cuando les toca – a la degradación de la calidad que viven con consecuencias dramáticas.

La respuesta es clara. La Constitución, que asegura el Derecho a la Propiedad Privada y a la Libre Empresa otorgando toda la protección del Estado y la posibilidad de reclamar esos derechos directamente ante los Tribunales de Justicia, establece que el Derecho a la Sanidad Pública, al igual que el Derecho al Trabajo , a la Vivienda, etc, son meros principios de política social y económica, interpretables por los gobiernos de turno. Es decir, papel mojado.

El proceso de preparación para la privatización, anterior a las transferencias a las CC.AA., fue ejecutado por el Gobierno PSOE. Tal y como planteaba el Informe Abril Martorell, se cambió la gestión económica y organizativa para identificar el coste por proceso – el gasto por cada actividad sanitaria - de forma que pudiera ser vendido a la empresa privada, la gestión por objetivos asistenciales no por resultados en salud, etc.. Los mecanismos de control de calidad nunca fueron aplicados.

La clave de bóveda de todo el proceso de privatización es la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y en la prestación de la asistencia sanitaria. Fue propuesta por el PP ante el Congreso de los Diputados en 1997, gobernando en minoría. La aprobación de esa Ley, piedra angular de la privatización sanitaria, requirió, y obtuvo, el voto del PSOE y de las derechas nacionalistas, con el único voto en contra de IU y el BNG.

Ante la presión popular creciente exigiendo la derogación de la Ley 15/97, que llevó a que militantes de PSOE plantearan enmiendas a los documentos de sus recientes Congresos, su dirección estatal ha elaborado un "argumentario" en el que intenta devaluar el alcance de esa Ley – y su responsabilidad directa en su aprobación - con el objetivo evidente de conseguir réditos electorales de la movilización ciudadana y señalando al PP como único responsable de la privatización ⁵.

¿Qué hacer?

Obvio es decir que nada de esto podría haberse llevado a cabo sin la complicidad de CC.OO, UGT (además del resto de sindicatos corporativos de la sanidad). Ambos sindicatos, que se llaman "de clase", si se hubieran comportado como tales deberían haber movilizado a los trabajadores de la sanidad, al conjunto de la clase obrera y al pueblo en general, ante un auténtico proceso de demolición de conquistas históricas del movimiento obrero y de las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad.

Nada se puede esperar de estas cúpulas sindicales. Las evidencias de sus vinculaciones económicas y corruptelas con los gobiernos de turno, sea cual sea su color, cada vez son más patentes. Ello no quiere decir que debamos prescindir de la experiencia, la conciencia de clase y la voluntad de trabajo de militantes honestos de estas organizaciones. Lo que es evidente es que el desprestigio ante la mayoría de mailto:l@smailto:trabjador@s, ganado a pulso de las burocracias sindicales exige construir formas nuevas, en las que – desde el principio – la democracia, la voluntad de lucha y la búsqueda de unidad desde la base, reconstruyan el poder real que tenemos, organizados y unidos, los trabajadores.

En cada CC.AA. las condiciones y las peculiaridades de los procesos de privatización son diferentes. En función de la experiencia vivida hay que afirmar que las transferencias sanitarias han sido otra enorme estafa y que, lejos de acercar la gestión a las necesidades de la ciudadanía, han servido para crear más burocracias al servicio de mafias locales vinculadas a los poderes políticos de turno y facilitar la desmembración de la sanidad y su privatización.

Frente a ellos, trabajadores y trabajadoras de la sanidad, la clase obrera en su conjunto y los usuarios, tenemos dos tareas complementarias:

1. A nivel de Comunidad Autónoma, provincia, pueblo, barrio y centro sanitario: crear organizaciones de base de mailto:l@smailto:trabaadr@sfrente a los despidos, a la precarización progresiva de la sanidad pública, a la degradación y la violencia profesional que supone supeditar la atención sanitaria a los objetivos de lucro privado, y de los usuarios que sufren directamente las consecuencias de la subordinación de la calidad y la seguridad de la asistencia al negocio de las empresas.
2. En el conjunto del Estado: sobre la base de la construcción de formas de organización y de lucha de mailto:trabajador@sy mailto:usuari@sen cada Comunidad Autónoma, articular una Plataforma Estatal contra la privatización, para exigir la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que ampara y legaliza todo el proceso de privatización y por la construcción de un sistema sanitario, y de salud pública, de financiación, gestión y provisión de servicios estrictamente público, con participación democrática de trabajadores y usuarios en la toma de decisiones, y que responda a las necesidades de salud de la población.

Madrid, 28 de septiembre de 2008

1http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/07/04/pdf-plan-de-infraestructuras-sanitarias--1

2Dicha Coordinadora se constituyó el 12 de junio de 2008 en una asamblea a la que asistieron 140 trabajadores y trabajadoras, sanitarios y no sanitarios, de la práctica totalidad de hospitales – grandes y pequeños de la Comunidad de Madrid, de numerosos centros de salud, de salud mental, de centros de la Consejería de Sanidad, etc. Los principios de funcionamiento y objetivos por los que la Coordinadora se constituye pueden consultarse en: http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/06/15/nace-en-madrid-la-coordinadora-de-trabaj-1

3El comunicado de prensa de la Coordinadora puede verse en: http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/09/23/comunicado-de-prensa-acerca-de-la-convoc#feedbacks

4http://misaludnoesunnegocio.net/blog7.php/2008/09/24/cronica-de-la-concentracion-del-23-de-se-1

5 Casmadrid ha elaborado recientemente un documento en el que se desmonta con claridad meridiana todo el "argumentario" del PSOE. Puede verse en http://www.casmadrid.org/ en la sección de documentos.

Ángeles Maestro, Rebelión

El AGCS y la crisis alimentaria

Mientras el mundo está todavía evaluando uno de los choques más violentos jamás sufridos por los mercados financieros internacionales y todavía no se han instrumentado las medidas para evitar futuras crisis financieras, los países en desarrollo tienen que ser precavidos frente a los peligros asociados a la ulterior liberalización de sus sectores financieros.

En la primavera de 2008, durante los esfuerzos para finalizar las negociaciones de la OMC sobre agricultura y el acceso de los mercados de bienes no agrícolas, la Unión Europea y los EEUU han insistido en que los compromisos de mayor liberalización del comercio de los servicios dentro del Acuerdo General para el Comercio y los Servicios (AGCS, en siglas en castellano y GATS, en inglés) Y la experiencia anterior de negociaciones al amparo del AGCS, incluyendo el proceso del "requerimiento colectivo", así como los acuerdos de libre comercio, han mostrado que la UE, los EEUU y Canadá, están muy interesados en lograr más compromisos sobre servicios financieros. Sin embargo, un acuerdo para más liberalización de los servicios financieros podría acentuar la probabilidad de futuras crisis, no solamente en los mercados financieros sino en los mercados de productos alimenticios.

El 12 Abril 2008, el Director General de la OMC argumentaba que en un período de creciente incertidumbre financiera en todo el mundo, "contar con la OMC y la conclusión de la Ronda de Doha es el mensaje más a mano para tranquilizar a los mercados financieros" (1) Esta declaración refleja que no está reconociendo el papel desempeñado en la crisis financiera por la liberalización de los servicios financieros y de las restricciones normativas bajo el ACGS y los acuerdos de libre comercio.

El impacto de los compromisos en el AGCS sobre servicios financieros en los propios mercados.

Los análisis de la turbulencia financiera actual han señalado como causa la conducta arriesgada de los operadores internacionales del sector de los servicios financieros con productos nuevos, complejos y sin testar. La competencia internacional en la industria financiera y la pulsión hacia mayores beneficios (no solamente hacia el incremento del valor para el accionista sino asimismo hacia una mayor expansión internacional) ha sido el principal impulsor de las conductas de riesgo que llevaron a la crisis financiera. Por ejemplo, la crisis asiática fue creada por los arriesgados préstamos de la industria financiera internacional a los mercados emergentes para conquistar tales mercados por encima de otros competidores. La liberalización de los servicios financieros por el AGCS promueve tal competición internacional; pero sin garantía alguna de que las reglamentaciones y la supervisión estatal afrontaran esas conductas de riesgo.

La crisis financiera actual revelaba las deficiencias en liquidez y en los mecanismos de gestión y evaluación de riesgos que fueron incapaces de evitar una crisis financiera internacional de alcance mundial. Y esta debilidad proviene de normas que permiten a la industria financiera la combinación de actividades tan diferentes como la banca, los seguros y el negocio bursátil; y también de su rápida expansión en muchos países, incluidos los países en vías de desarrollo. Las negociaciones del AGCS que implican compromisos para los servicios financieros promueven esas estrategias expansivas. No tienen en cuenta que la gran dimensión y complejidad de los conglomerados financieros les hacen incapaces de evitar las crisis financieras. El informe del Foro conjunto de conglomerados (2) especifica cuantos carecen aún de gestión de riesgos para todo el conglomerado de modo que eviten los problemas de liquidez y de riesgos debidos a la concentración en productos complejos.

La actual carencia de regulación y supervisión.

El principal asunto que emerge de la crisis financiera actual es la inadecuación de las reglamentaciones y de la supervisión. Esto ha permitido conductas arriesgadas de los operadores internacionales sin control suficiente o sin instrumentos para mitigar el riesgo. Las diez páginas de recomendaciones (3) propuestas por el Foro de Estabilidad Financiera (FSF, en siglas inglesas) demuestran que tienen aún que resolverse muchas cuestiones sobre la regulación. Recomienda que "los supervisores y los bancos centrales examinen el alcance de los pasos adicionales para promover un planteamiento más sólido sobre la liquidez de los bancos transnacionales, internacionalmente congruente" (4) Las recomendaciones del FSF (5) también indican la necesidad de reforzar la cooperación internacional entre los reguladores y los supervisores de los bancos y otros conglomerados financieros que operan internacionalmente. El problema es que no está todavía claro cómo se van a instrumentar las recomendaciones para la reforma de las reglamentaciones.

Los expertos, las organizaciones empresariales de la industria financiera y los gobiernos han manifestado con frecuencia que, para que resulte beneficiosa, hay que tener una regulación inadecuada antes de que se pueda emprender la liberalización. Dentro del contexto donde son claramente inadecuadas la regulación y la supervisión financieras, no son apropiados los esfuerzos de la presidencia de las negociaciones de servicios y del Director General de la OMC para garantizar más compromisos de liberalización con "la no exclusión a priori de cualquier sector de servicios o modo de suministro" (6) La continua presión en las negociaciones con países en desarrollo dentro del GATS, requiriéndoles que se vinculen a los actuales niveles de acceso a los mercados, ignoran los actuales riesgos de aumento de la inestabilidad financiera que resultaría de sus propuestas. Las exigencias de la UE y de los EEUU se basan en las apelaciones desde los lobbies de la industria financiera para crear accesos más permanentes a los mercados así como para la introducción de normas del AGCS que impidan la intervención de los gobiernos en sus estrategias para hacer ganancias. La industria financieras ha desarrollado una estrategia expansiva como el modo más importante de incrementar sus beneficios; y sus lobbies son muy influyentes en las negaciones sobre los servicios financieros. En el pasado esta "captura reguladora" también ha hecho reticentes a los reguladores financieros para introducir las reglamentaciones necesarias (7).

Los riesgos de inestabilidad debidos a la liberalización.

Con la adquisición de compromisos en materia de servicios financieros, es posible que los países en vías de desarrollo se estén comprometiendo en una liberalización rápida que plantea muchas amenazas para la estabilidad financiera y que seria contraria a las recomendaciones de los expertos para que la liberalización sea gradual y secuencial, sustentada por el establecimiento de autoridades financieras capaces. Un acuerdo en las negociaciones de Doha posiblemente empuje a los países en desarrollo hacia la liberalización de los servicios financieros sin haber establecido las pertinentes reglamentaciones. Por ejemplo, un grupo de países desarrollados encabezados por Canadá ha efectuado requerimientos individuales y colectivos a diferentes países en desarrollo para la apertura permanente de sus mercados a la comercialización de "productos derivados, incluidos futuros y opciones, aunque no limitada a estos". Sin embargo, durante todas las crisis financieras estos productos financieros se han revelado como contribuidores de la inestabilidad financiera. Asimismo pueden generar inestabilidad financiera otros servicios financieros negociados bajo el GATS como es el caso de "todos los servicios de transmisión de dinero", la banca de inversiones, la gestión de patrimonios y la gestión de fondos de pensiones, porque es probable que tales servicios utilicen operaciones transfronterizas e instrumentos especulativos. El caso más llamativo lo proporciona el requerimiento de la UE a algunos países como Brasil, Chile e India para que liberalicen conforme a los compromisos de largo alcance del Acuerdo de intenciones del AGCS (GATS Understanding) sobre compromisos en servicios financieros (8) y autoricen a los proveedores extranjeros para que introduzcan cualquier tipo de nuevo servicio financiero.

Una vez que los gobiernos han aceptado compromisos de acceso al mercado en un determinado sector de servicios al amparo del AGCS, la jurisprudencia del caso del juego en EEUU dejó claro que violaran sus obligaciones si revierten la liberalización y prohíben la prestación del cualquier aspecto de ese sector de servicios. En el sector de los servicios financieros, esta norma significa que los compromisos del AGCS impiden a los gobiernos la prohibición de cualesquiera actividades financieras que crean que están teniendo efectos negativos. Las intervenciones gubernamentales en los mercados financieros para controlar las actividades especulativas en momentos de precios elevados serían susceptibles de ser cuestionadas si ese gobierno hubiera sometido los servicios financieros bajo el GATS (9) Solo podrá prohibir servicios financieros perturbadores únicamente en el caso de que durante las negociaciones del AGCS los gobiernos establezcan revisiones para todos los problemas posibles y hagan exenciones para el acceso al mercado y para las normas del trato nacional.

Las negociaciones y las normas del AGCS cuestionan la regulación prudencial

Aunque el Anexo del acuerdo del AGCS sobre servicios financieros permite la regulación prudencial en el sector financiero, por ejemplo, para la protección de los depositantes, no se pueden aplicar esa regulación de manera que parezca que se socavan los compromisos de liberalización. La vaguedad de esta cláusula prudencial ha motivado requerimientos del AGCS a muchos países en desarrollo para que eliminaran las medidas reguladoras que habían establecido para prevenir o para remediar una crisis financiera. Por ejemplo, la UE ha requerido a muchos países que suprimieran las medidas que obligaban a los bancos extranjeros a que mantuvieran las reservas monetarias en el país anfitrión. Tales previsiones están destinadas a mantener la estabilidad financiera, evitando los problemas de liquidez en momentos de crisis. Por ejemplo, muchas de las propuestas de reformas reglamentarias que se han hecho por el Foro de Estabilidad Financiera (FSF) en 2008 exigen a los bancos que incrementen sus reservas de capital. Si las negociaciones del AGCS se hubieran concluido conforme a los planteamientos de la UE, algunos países podrían haberse convertido en más vulnerables a la crisis financiera, al mismo tiempo que los bancos no quieren que su capital permanezca retenido en diferentes países del mundo.

El actual borrador del texto del AGCS sobre la disciplina de la regulación nacional referida a los sectores liberalizados bajo el mismo Acuerdo General, indica que las reglamentaciones financieras podrían ser cuestionadas en el futuro con una variedad de argumentos, tales como no ser "objetivas", "pertinentes" o que actúan como restricciones al comercio disfrazadas. Como quiera que hasta la fecha los negociadores no han garantizado que estas disciplinas nacionales no se aplican a la regulación prudencial de los servicios financieros, es muy probable que se vayan restringiendo seriamente las medidas prudenciales. Los procedimientos de autorización de bancos, por ejemplo, tendrían que hacerse "tan simples como fuera posible" (10) Queda pues la incertidumbre de que las medidas establecidas para evitar una crisis financiera, incluso basándose en recomendaciones internacionales, no puedan considerarse por la industria financiera y sus países anfitriones como barreras al comercio.

Además, con compromisos sobre los servicios financieros, la aplicación de las normas del GATS incrementara la inestabilidad financiera. Por ejemplo, el art. XI.1. del AGCS no autoriza a los países para restringir los pagos por operaciones financieras corrientes y transferencias internacionales que estén relacionadas con los servicios en sectores que estuvieran liberalizados bajo las normas de los Acuerdos del AGCS que permiten restricciones sobre los flujos inestables de capital; y los servicios financieros se limitan por las muchas condiciones del art. XI.2, art. XII y Art. XII.2. Este restringe la capacidad de maniobra de los Bancos centrales, como en el caso del Banco central de Chile, que requiere autorización para que los dividendos puedan salir del país, y que es una política prohibida por el Art. XI.

El impacto sobre el desarrollo y en los mercados de alimentos

Muchos estudios, por ejemplo los del Banco Mundial (12) y del FMI (13), han mostrado que la apertura de los mercados de los países en desarrollo al establecimiento de bancos extranjeros conduce a menudo al debilitamiento del acceso al crédito para las industrias pequeñas y medianas, ahogando así el desarrollo de la economía nacional. En años pasados, la UE llegó incluso a solicitar del AGCS que algunos países en desarrollo suprimieran las exigencias de préstamos obligatorios a las pequeñas y medianas empresas (PYME)

La práctica muestra que los granjeros pobres y pequeños son también abandonados por las compañías de seguros y bancos extranjeros. Tales practicas están en contradicción con un amplio acuerdo en la comunidad internacional, de que el incremento de la producción agrícola en los países en desarrollo será un avance clave para abordar las causas originarias de la crisis alimentaria de 2008 (14) Una medida clave para hacer eso posible es la mejora del acceso de los agricultores al crédito. En momentos de crisis y de restricciones del crédito, los bancos tienden a prestar menos, especialmente a los granjeros pobres y "de mayor riesgo", por lo que se socava de ese modo la producción, agravando la crisis alimentaria. Asimismo, las normas del AGCS sobre el tratamiento nacional y de nación más favorecida prohíben ofrecer incentivos a esos bancos que están dispuestos a apoyar a los granjeros.

La promoción y la utilización por la industria financiera del comercio de futuros en productos agrícolas clave contribuye a los elevados precios que hacen que la alimentación resulte inasequible para los pobres. Durante el pasado año, la India ha prohibido el comercio de futuros en productos agrícolas clave preocupados porque ha generado aumentos agudos en los precios de productos alimenticios como las lentejas, trigo y arroz. Sin embargo, tal intervención en los mercados financieros para contener la especulación sobre los alimentos por parte de la India o de cualquier otro país que contrae compromisos sobre esos servicios financieros, podría ser cuestionada al amparo de las disposiciones del GATS sobre controversias. (15)
Conclusión

El argumento de que la industria financiera contribuirá a una mayor eficiencia y desarrollo en los países en desarrollo resultarán cuestionados por las muchas prácticas que conducen a la mala asignación de recursos (por ejemplo, en futuros sobre alimentos en lugar de producción agrícola) y a la inestabilidad financiera.

Los países en desarrollo deberían ser cautos frente a los peligros asociados con la continuación de la liberalización de sus sectores financieros, mientras el mundo está aún evaluando uno de los choques más violentos que jamás habían sufrido los mercados financieros internacionales, y aún no se han establecido las medidas que eviten crisis financieras futuras. Teniendo en cuenta las lecciones de la reciente crisis financiera y dada la situación reglamentaria en la mayoría de los países en desarrollo, sería imprudente en estos momentos comprometerse en una mayor liberalización de los servicios financieros al amparo del AGCS o en acuerdos de libre comercio. En su lugar, habría que dejar esa liberalización para los reguladores y supervisores financieros una vez que se hayan introducido reformas.

Traducción. Juan H. Vigueras.

Por Myriam Vander Stichele del Transnational Institute e investigadora senior en el Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Holanda.

South Centre Bulletin, 18 Junio 2008

Notas

(1) Lamy: Doha Round conclusion will reassure world financial markets, WTO News : Speeches [at IMF], 12 April 2008

(2) Cross-sectoral review of group-wide identification and management of risk concentrations, 25 Abril 2008, y comentado por A Cornford, Art. "Risk concentraiton in financial conglomerates", in SUNS, nr. 6480, 23 Mayo 2008 (distribuído por TWN Info Service on finance and development (8 Mayo 2008)

(3) Financial Stability Forum, Enhancing market and institutional resilience, April 2008, Annex A

(4) Ibidem: see recommendation II.11s.

(5) Ibidem; see recommendations V.5 to V.13.

(6) WTO Council for Trade in Services, "Report by the Chairman – Elements required for the completion of the services negotiations: Annex", WTO New Items, 26 May 2008.

(7) See: M. Vander Stichele, Critical issues in the financial industry, SOMO, April 2005.

(8) Understanding on commitments in financial services

(9) Como señala Ellen Gould en un análisis pendiente publicación del Canadian Centre for Policy Alternatives.

(10) Ibidem.

(11) Art. XI.1. " Excepto en las circunstancias consideradas en el Articulo XII, un Miembro no aplicará restricciones sobre los pagos y transferencias internacionales en las transacciones corrientes relativas a compromisos específicos."

(12) World Bank, Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, Washington, 2008: see pages 77-83.

(13) E. Detragiache, T. Tressel, and P. Gupta, "Foreign Banks in Poor Countries: Theory and Evidence", IMF Working Paper WP/06/18, January 2006.

(14) Véase como ejemplo UN Secretary General Ban Ki Moon's speech at CSD on May 14, 2008

(15) Como señala Ellen Gould en un análisis pendiente publicación del Canadian Centre for Policy Alternatives.

www.southcentre.org

Manifestación en Defensa de la Enseñanza Pública: 11 junio, 19 h., plaza Sto. Domingo de Murcia

MANIFESTACION POR UNA MÁS Y MEJOR ENSEÑANZA PÚBLICA

Red de plataformas en defensa de la escuela pública, Red de AMPAS solidarias, Federación Regional Juan González.

11 de JUNIO a las 19 horas. Desde la Plaza de Santo Domingo hasta San Esteban. Por una enseñanza pública de calidad en la Comunidad de Murcia.

Debemos dejar bien claro el mensaje de la comunidad educativa murciana:

Sí a una mejor Escuela Pública. No a la privatización.

POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA

1. Por la construcción de los centros públicos necesarios.
2. El suelo público para la escuela pública.
3. Por una normativa que garantice la escolarización equilibrada de inmigrantes y niños con necesidades educativas especiales.
4. Por el éxito educativo de todo el alumnado y la erradicación del
5. Fracaso escolar.
6. Dotar a los centros educativos de psicólogos, pedagogos y orientadores, entre otros profesionales.
7. La urgente necesidad de mejora de las infraestructuras educativas (siguen faltando gimnasios, comedores, colegios enteros, seguridad en los centros,…)

PARA QUE LOS NIÑOS PASEN UN RATO DIVERTIDO:

TEATRO DE CALLE Y ESPECTÁCULO INFANTIL

DIA: 11 de junio (miércoles).

LUGAR: Plaza de Santo Domingo de Murcia.

HORA: a las 19 horas.

ACUDAMOS TODOS A LA MANIFESTACIÓN POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA ESCUELA PÚBLICA

Convocan: Red de Plataformas por la Escuela Pública, FAPA Juan González, Red Solidaria de AMPAS, UGT, CCOO, CSIF, CSIF, Plataforma solidaria de AMPAS, STERM; PSOE, IU, Unión por el Progreso y la Democracia

La finalidad de esta convocatoria es llamar la atención sobre la creciente privatización de la educación en nuestra Comunidad Autónoma, que en lo que se refiere a la Educación Infantil, Primaria y Secundaria, está suponiendo un abandono progresivo de la enseñanza pública por parte del Gobierno Regional en beneficio de la privada concertada, y, en relación con la universidad, cierta permisividad y falta de control en la implantación y expansión de la universidad privada, como se desprende, por ejemplo, del borrador de decreto que va a regular la aprobación de nuevas titulaciones.

Salud: SABIAS QUE....

- La salud se entiende cada vez más como un artículo de consumo que se puede comprar, y la salud (un derecho básico establecido como tal en la Declaración Universal de los DDHH) ha entrado en la lógica del libre mercado, como cualquier objeto de consumo más, y los medicamentos son objeto de un marketing desenfrenado, como cualquier otro objeto de consumo más.

- La Industria Farmacéutica dedica el doble de recursos a marketing que a investigación y desarrollo, y en EEUU dedica a marketing una media de más de 10.000 euros al año por médico.

- El 90% de la producción mundial de medicamentos es consumido por el 10% de la población del mundo (el 10% más rico) y el 10% del resto de la producción mundial de medicamentos la consume el 90% restante de la población mundial.

- Sólo el 0,2 % de la investigación farmacéutica se dedica a enfermedades responsables del 25 % de las muertes en el mundo.

- El mercado se concentra en el norte (más del 80%) pese a que tiene apenas 20% de la población mundial.

- La Industria farmacéutica es la más rentable de todas las industrias lícitas ,por encima de la Banca, las telecomunicaciones y la informática.

- El volumen de ventas de muchas farmacéuticas supera el PNB de muchos países: En el año 2004 el volumen de ventas de Pfizer ascendió a 52.516 millones de dólares, por encima del PIB de Uruguay o Eslovenia ese mismo año.

-Únicamente el 1% de los fármacos comercializados se dirigen al tratamiento de las enfermedades de los países en vías de desarrollo, porque la investigación de estos fármacos no es rentable económicamente.

-Según el informe del PNUD del 2001, la Industria Farmacéutica es más lucrativa que la Banca, telecomunicaciones o informática.

-La medicalización de nuestra sociedad es un proceso por el que problemas no médicos se tratan como médicos, requiriendo medicamentos (Consumismo): calvice, el duelo, la disfunción eréctil, etc.

-La I.F crea necesidades que conlleven el consumo y beneficios. Invierte en marketing, más que cualquier otra industria y más que en I+D. La IF no invierte donde no hay negocio: no invierte I+D en enfermedades olvidadas y no comercializa en PVD.

-"La clave para la prosperidad económica consiste en la creación organizada de un sentimiento de insatisfacción" (F. Kettering, vicepresidente de General Motors, 1929)... Enfermedades inventadas.

- La Inversión en marketing mayor que en I+D : la industria farmacéutica dedica al marketing como media el 32% de sus ventas, el 14% a I+D y el 18% de sus ventas como media, se traduce en beneficios netos . Pfizer o Johnson and Johnson dedican a marketing más dinero que Coca Cola o Mc Donals.

-1998-2000: aprobaron 415 medicamentos nuevos en EEUU: Solo 58 eran moléculas diferentes: solo 7 en 2002.

-En EEUU sólo, entre 1996 y 2001 se pasó de 42.000 a 88.000 visitadores, los cuales dieron un total de 11.000 millones de dólares en muestras gratuitas (que es marketing). GlaxoSmithKline tiene 17.000 visitadores médicos (en EEUU y Europa.)

-La Industria Farmacéutica gasta en EEUU entre 8.000 y 13.000 euros año como media por médico en marketing. En España como media 2 millones de pesetas.

Sabias qué

- Marketing directo al paciente:

- En USA está permitida la propaganda directa al paciente de fármacos bajo receta.

- En Europa, la propaganda de realiza por campañas de "prevención" (densitometría calcáneo) y sobre asociaciones de pacientes o profesionales (propaganda indirecta.)

- Los "ADPIC" (Aspectos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio) fueron creados para proteger la propiedad intelectual de las invenciones y favorecer el intercambio tecnológico. Exige la protección mediante patente para todos los productos y procedimientos durante 20 años Pero permite a los países miembros de la OMC hacer uso de disposiciones legales o salvaguardas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales y proteger la salud publica.

- Se pueden producir o importar genéricos sin consentimiento del titular de la patente (Licencias obligatorias) Pueden emitirse por las autoridades publicas para el control de la salud publica o emergencias, están previstas en los acuerdos de comercio (ADPIC) y es una de las herramientas legales mas importantes para garantizar la competencia de genéricos.

- Se pueden importar productos patentados, sin la autorización del propietario de la patente (Importaciones paralelas) provenientes de otro estado donde el propietario los comercializa a menor precio.

- Los derechos de Propiedad Intelectual no estimulan la I+D de enfermedades que afectan a países en vías de desarrollo : es el mercado potencial lo que impulsa la I+D y no los niveles de protección de la Propiedad Intelectual.

- África supone el 1% del mercado mundial de medicamentos y no garantiza que aumente la I+D para las enfermedades mas olvidadas: Tripanosomiasis, Leishmaniasis, Enfermedad de Chagas, Oncocercosis, Lepra ,Malaria cloroquin-resistente, Esquistosomiasis.

- Abbot no comercializa en África el antirretroviral Kaletra, (no necesita refrigeración) De 1.393 medicamentos comercializados entre 1975 y 1999, sólo 13 (1%) son para tto de enfermedades tropicales (Enfermedades olvidadas ) Abbot: no saca al mercado Tailandés ningún medicamento nuevo como represalia por conceder licencias para la producción de genéricos antiretrovirales

- Genéricos en la India (2001): Han conseguido bajar de 10.000-16.000 $ año a 350 $ año el tto SIDA (han bajado el precio unas 50 veces). El 50% de la totalidad de la población que toma tto ART en los países en vías de desarrollo depende de la India (<1%>

- Novartis ha impugnado la legislación de patentes de India : en 1997 los 39 laboratorios farmacéuticos llevaron a Sudáfrica y Brasil a los tribunales de la OMC por aprobar leyes que permitieran producir medicamentos patentados. Demandas retiradas en 2001.

-El 75% de los trabajos de revistas de mayor prestigio (Annals of Internal Medicine, Jama, Lancet, New England Journal of Medicine y BMJ...) son financiados por la industria. Los estudios realizados por la Industria tienen una probabilidad cuatro veces mayor de obtener resultados favorables a la compañía que los financia que si la financiación tiene otras fuentes.

PLATAFORMA "NO GRACIAS": http://www.nogracias.eu/v_juventud/apartados/pl_entidades.asp?te=5015

Bolonia: Un análisis matemático de la privatización de la Universidad

Empezaré de un modo inhabitual: dando una buena noticia. Para darla, me pondré en el pellejo del currante de a pie, que se informa por lo que dice el telediario. Tendrá la imagen de una juventud que sólo se moviliza para hacer macrobotellones ("500 jóvenes se emborrachan en tal sitio…").

Pero yo voy a darles la buena noticia de que este mismo curso ha habido en Sevilla dos manifestaciones (12 de diciembre y 6 de marzo) en defensa de la educación pública con al menos dos mil estudiantes cada una.

Recurriendo a las matemáticas, los medios de comunicación tenían que haberle prestado a esta movilización de dos mil personas 4 veces más atención que al macrobotellón de quinientas. Pero le prestaron infinitamente menos: ocultaron el hecho, en una demostración más de lo que para ellos significa la libertad de expresión.

Este guiño a las matemáticas no ha sido en vano. Más allá de los habituales análisis impresionistas del Plan Bolonia, se impone la necesidad de un análisis riguroso, científico y que vaya a las fuentes legales.

Tal es el objetivo de este artículo.

¿Qué es el Plan Bolonia?

Su verdadero origen está en el Acuerdo General de Comercios y Servicios, firmado por la OMC en 1995. Así, 151 Estados acuerdan "liberalizar el comercio de servicios", ya que "la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados".

Después de varias reuniones, los ministros de educación europeos se citan en Bolonia (Italia) en 1999, emitiendo la famosa declaración. En ella, se habla de transformar radicalmente la educación universitaria a nivel europeo.

A partir de aquí, se inicia un proceso que en el Estado español se ejecuta a través de leyes y decretos. La odiada LOU de Aznar (la misma que Zapatero, desde la oposición, prometió derogar, mintiendo a todo el país) fue la estructura, que los sucesivos Reales Decretos del PP y del PSOE han ido llenando de contenido.

¿Qué significa en la práctica?

Significa una reestructuración radical que atañe a la estructura de las carreras, a los métodos de enseñanza, a los medios de financiación y al propio espíritu universitario.

a) Reestructuración de las carreras

El Real Decreto 13/93 de octubre de 2007 anunció que en 2010 se suprimirán definitivamente las Licenciaturas y Diplomaturas, creándose los Grados y Posgrados.

El Grado se define, en el Capítulo II, Artículo 9 como simple "formación general orientada al ejercicio de actividades de carácter profesional". Es decir, el Grado será una FP especial.

En el Artículo 12 de este capítulo se define la estructura del Grado: serán 4 años, y sólo 2 específicos de cada titulación: el resto, materias comunes de formación básica y prácticas en empresas, sin que se contemple remuneración.

Hay que aclarar que el Grado no sustituye a las licenciaturas, sino que se trata de algo diferente. De hecho, al perder especificidad pierde también atribuciones profesionales: con un Grado de Derecho no podrás ejercer de abogado, y con uno de Arquitectura no podrás firmar proyectos. Para trabajar, será preciso hacer (y costearse) un Posgrado.

El Posgrado, que será la especialización, se divide en Máster y Doctorado. Pero, como expondremos más adelante, los Posgrados tendrán precios prohibitivos y pocos estarán becados.

b) Reestructuración de los métodos de enseñanza

En el año 2000 un grupo de universidades privadas elaboran el Proyecto Tuning ("armonizando"). Este proyecto plantea reducir los conocimientos e incrementar las "competencias, habilidades y destrezas".

Los estudiantes deben aprender a aprender, buscando la información en Internet. Así, se diseña el nuevo crédito europeo (ECTS), según el cual sólo el 30% de los créditos corresponderán a clases magistrales. El resto, serán tutorías, seminarios, horas estimadas de estudio… Pero lógicamente pagaremos el 100% de los créditos, por lo que pagaremos por estudiar en casa.

En 2003, se emite un Real Decreto sobre el crédito europeo. Según este Decreto, "el venir a clase no será obligatorio o recomendable, será imprescindible para poder aprobar".

En consonancia, las universidades que aplican proyectos piloto de estos planes han establecido ya la asistencia obligatoria. Además, en el Artículo 4 se resalta la idea de un "estudiante a tiempo completo", que dedique 7 horas diarias a sus estudios. Esto es muy grave, puesto que hasta ahora muchas personas han hecho carreras compaginando estudios y trabajo, lo que pasará a ser imposible.

Este mismo Decreto, en su Artículo 5, establece que se marcará la distribución de las calificaciones sobre el total de la clase. Por ejemplo, el 10% mejor será de la categoría A, el 25% siguiente de la categoría B… Esto es fomentar la competitividad, y puede generar un clima insano e insolidario en las clases, un clima en el que cada cual se calle sus progresos para que no se entere el de al lado.

c) Reestructuración de los medios de financiación

En el Modelo de Financiación de Universidades Públicas de Andalucía del 2007 al 2011, publicado en el BOJA número 146, leemos que el objetivo para final del periodo es que la financiación privada haya llegado ya al 30% del presupuesto universitario.

El punto 4.2.3 de este documento atañe a la "Financiación vinculada a resultados" y establece determinados indicadores para financiar más a aquellas carreras cuyos titulados monten empresas propias en los 3 años siguientes a la graduación. Podemos imaginar lo que esta financiación competitiva y mercantilista significará para las todas las humanidades.

Las tasas suben: el Grado costará un 150% más que las actuales Licenciaturas (de 600 euros de media a 1500). Las becas disminuyen: en la Universidad de Sevilla, el curso 2001-2002 se concedieron 14.638 becas, y este curso han caído a 10.859, un 25% menos.

Como dijimos, el Posgrado va a tener por su parte precios prohibitivos. Esto se debe a que el Artículo 13 del Reglamento de enseñanzas propias de la Universidad de Sevilla establece el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos: las universidades tendrán que autofinanciarse (aumentando las tasas por ejemplo). La universidad pasa a ser una empresa y los estudiantes, clientes.

El CAP (curso necesario para hacer oposiciones a profesor) pasa a ser un Máster. De tener una duración de entre 10 y 30 créditos actuales (entre 100 y 300 horas por tanto) pasará a durar 60 créditos ECTS (entre 1500 y 1800 horas). De costar entre 150 y 200 euros, pasará a costar 1500 euros.

Además, la Universidad de Sevilla ya ha ofertado Másteres de 15.000 euros, y no se cree que ninguno baje de los 3500 euros. Dado que la mayoría de ellos no estarán becados, habrá que acudir a algo nuevo en el Estado español: las becas-préstamo, ofertadas en Sevilla por el Banco Santander, Banco Popular, Caja Duero y la Caja Rural.

Se trata de préstamos que, tras acabar la carrera, una vez que estés trabajando, tienes que devolver (en algunos casos con intereses). Sabemos que en Inglaterra las becas-préstamo arrinconaron a las becas a fondo perdido, haciéndolas incluso desaparecer totalmente durante algunos años. También sabemos que para un graduado inglés el resto de su vida consiste en pagar las deudas que ya ha contraído: casa, coche, estudios…

d) Reestructuración del propio espíritu universitario

La LOU está plagada de expresiones del tipo "la universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad", "la sociedad tiene que colaborar en la financiación de la universidad". Pero ¿qué quiere decir la LOU cuando habla de "sociedad"?

En el Artículo 14 de la LOU se establece que el Consejo Social es el órgano de "participación de la sociedad en la universidad". Pero la mayoría de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Sevilla son empresarios vinculados a empresas como Inés Rosales S.A., Auna, Caja Sur, Fundaciones Caetano S.A., etc.

Sólo hay 6 miembros de la comunidad universitaria (entre ellos el Rector). Sin embargo, el Consejo Social toma decisiones sobre los presupuestos de la universidad y sobre becas.

Por su parte, la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) fue también creada por la LOU de Aznar, y su Consejo Asesor está compuesto por "18 personalidades nacionales y extranjeras de reconocido prestigio del ámbito académico, profesional y empresarial" (http://www.aneca.es/quees/queesest_consejo.asp).

Según el Real Decreto 13/93 de Zapatero, Capítulo VI, Artículo 25, la ANECA "tendrá carácter preceptivo y determinante" sobre los planes de estudio. Sin un informe positivo de la ANECA, un título "causará baja" y "se considerará extinguido", opinen lo que opinen la comunidad autónoma y el Consejo de Universidades.

Esto no casa con la filosofía universitaria, como tampoco casan con ella los cierres de titulaciones. Al subordinar la financiación pública a la previa obtención de financiación privada, muchas carreras no rentables para el mercado van a desaparecer. En la Complutense de Madrid, van a cerrar todas aquellas carreras que tengan menos de 25 alumnos, por lo que desaparecerán todas las Filologías salvo la Inglesa.

En Sevilla, quisieron quitar Historia del Arte, pero una marea humana gritando bajo el rectorado los disuadió de esta idea. Esto nos lleva también a reflexionar sobre la posibilidad de luchar y vencer contra los Planes de Bolonia, de lo que hablaremos más adelante.

Un último apunte, muy ilustrativo. El nuevo gobierno del PSOE acaba de transferir las competencias de gestión de la universidad del MEC al recién creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Este ministerio está liderado por Cristina Garmendia, gran empresaria farmacéutica y miembro de la Junta Directiva de la CEOE (Conferencia Española de Organizaciones Empresariales).

La universidad está en manos de la patronal.

Conclusiones

Hasta aquí los datos (se piense lo que se piense de ellos, parezcan buenos o malos, todos estos datos son absolutamente verificables). Ahora tomemos partido, extraigamos conclusiones en función de los intereses de los estudiantes llanos de familia trabajadora (es decir, del 90% de los estudiantes).

Para la OMC y la patronal, hay demasiados licenciados (y sobrecualificados). Hace falta mano de obra adaptable para un mercado laboral precario. Por eso diseñan un Grado de "información general" y un Posgrado carísimo, asequible sólo a unos pocos.

Bolonia es, matemática y lógicamente, un círculo vicioso. Si no tienes dinero no podrás pagarte la carrera. Pero si no trabajas no tendrás dinero. Pero al haber asistencia obligatoria no podrás trabajar. Ergo estás jodido.

Si después de un añito de prácticas gratuitas consigues acabar el Grado, ¿quién va a contratarte? Tu puesto de trabajo será cubierto también al año siguiente por otro estudiante en prácticas. ¿Qué empresa va a contratarte si puede disponer de trabajadores gratuitos cada año?

La lucha sigue

Sin embargo, Bolonia no es invencible. Este año ha habido movilizaciones en Barcelona, Sevilla, Madrid, Vizcaya, Santiago, Tenerife, Granada, Córdoba, Cádiz…

Han surgido grupos de trabajo plurales, de estudiantes de a pie que se oponen al Espacio Europeo de Educación Superior. Estos grupos, a su vez, se han reunido en un encuentro estatal de estudiantes, convocando una jornada de lucha común para mediados de noviembre.

Estamos ante la privatización de la educación pública, y los estudiantes responden, aunque se enfrenten a un gigante de apariencia invencible. Como gritaba un cortejo estudiantil en Sevilla durante la manifestación del 1º de mayo, "el hijo del obrero, a la universidad."
Manuel Muñoz Navarrete.
Rebelion.

La saga de la Directiva Bolkestein: el TJE impone una discriminación salarial y social

Carlos Ruiz Escudero - Coordinador Comisión Servicios Públicos de ATTAC España

Uno de los puntos más polémicos del texto original de la denominada Directiva Bolkestein, y que provocó por ello una fuerte contestación social y sindical, era el “principio del país de origen”, mediante el cual serían de aplicación a los trabajadores desplazados a otro país las reglas y legislación laboral del país de que procedían, en lugar de las propias del país de acogida donde prestaban sus servicios.

Debido al riesgo obvio de que este principio se empleara para provocar una discriminación salarial y laboral (“dumping”, en término anglosajón) del personal desplazado con respecto a las condiciones vigentes para los trabajadores del país de acogida -aprovechando para ello las grandes diferencias existentes entre los países que integran la Unión, especialmente en los de reciente incorporación- se alcanzó un acuerdo de compromiso en el Parlamento Europeo. Se anulaba esta cláusula, que se sustituía por la de “libertad de establecimiento y de circulación de servicios”, sin llegar a establecerse explícitamente que prevalecería siempre la legislación y normas del país de acogida.

Se otorgaba asimismo al Tribunal de Justicia Europeo (TJE) un papel relevante a la hora de interpretar las muchas partes intencionalmente ambiguas de esta Directiva, lo que conllevaba que una cuota importante del poder de regulación pasara del Parlamento democráticamente elegido a un organismo técnico-jurídico supuestamente neutral, de hecho muy sensible a los intereses y a las presiones de las empresas

A pesar de estos riesgos inherentes, denunciados por numerosos movimientos sociales y partidos minoritarios europeos (como la Izquierda Unida / Izquierda Nórdica Europea, GUE/NGL), este acuerdo satisfizo, no obstante, a los principales partidos europeos, así como a la poderosa Confederación Europea de Sindicatos (CES), lo que llevó a la definitiva aprobación de la Directiva de Servicios en el mercado interior por parte del Parlamento y Consejo europeos a finales de 2006

Sin embargo, como era de temer, se han producido recientemente tres sentencias del TJE, los denominados casos Viking Line, Laval/Waxholm y Rüffert, que suponen de hecho la aplicación del supuestamente abolido “principio del país de origen” y la legitimación del temido dumping salarial, lo que representa una nueva grave deriva del derecho comunitario europeo :

- 11 diciembre 2007: el TJE condena una acción sindical llevada a cabo en Finlandia, que se oponía a que un armador finlandés, Viking Line, rematriculara un ferry en Estonia, para aplicar así a la tripulación las condiciones salariales y laborales estonias, claramente inferiores a las existentes en Finlandia

- 18 diciembre 2007: el TJE condena de nuevo a los sindicatos, esta vez en Suecia, por intentar bloquear los trabajos de una empresa letona, Laval, subcontratada por una empresa sueca en Vaxholm, que se negaba a aplicar las condiciones del convenio colectivo sueco del sector a los trabajadores letones

- 3 abril 2008: el TJE condena al Estado de Baja Sajonia, Alemania, por intentar imponer el salario mínimo vigente para las empresas encargadas de la ejecución de un contrato con la Administración Pública . El TJE daba así la razón a un subcontratista polaco, trabajando para la empresa alemana Rüffert, que pagaba a sus obreros salarios inferiores al 50% de lo estipulado por el Estado.

En los tres casos, la razón de fondo empleada por el TJE para justificar su decisión, que promueve de hecho el dumping salarial, ha sido la misma : el derecho comunitario prohíbe cualquier medida “susceptible de hacer menos atractivas” las condiciones aplicadas a una empresa de un Estado Miembro (EM) de la UE que presta sus servicios en otro Estado Miembro, dado que eso “constituiría una restricción a la libre prestación de servicios” o a “la libertad de establecimiento”, las cuales se consideran entre las “libertades fundamentales garantizadas por el Tratado de la Unión”. Este argumento es totalmente inaceptable, pues conduce a minusvalorar lo social en esta lógica neoliberal, ya que, obviamente, cualquier avance social en un país, torna, en cierto modo, el mercado “menos atractivo” para las empresas compitiendo en el mismo.

Tampoco ha sido de ninguna utilidad en estos casos la famosa Directiva 96/71 de la UE, que regula las condiciones laborales del personal desplazado de un EM a otro, dado que el TJE ha precisado que “esta Directiva tiene como objeto la libre prestación de servicios” y no, como a menudo se interpreta, la protección de los trabajadores afectados. Esto muestra la clara deriva neoliberal del TJE, puesto que la Directiva 96/71/CE no es una norma de desarrollo de la libertad de establecimiento comunitario. Todo lo contrario: es una norma de garantía de los trabajadores que intenta evitar, claramente, el “dumping social”, en relación al derecho de libre circulación de las personas. Así se indica en forma clara en su parte introductoria: “el fomento de la prestación transnacional de servicios requiere un clima de competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores”. Por tanto, los derechos de los trabajadores que se contemplan en la norma comunitaria no son una excepción a la libertad de establecimiento empresarial y a la libre contratación de empresas: son una garantía de los derechos de los asalariados a fin de evitar rebajas salariales generalizadas con el uso intensivo de la libre circulación.

En la sentencia recaída en el asunto Rüffert prácticamente no aparece ninguna referencia al interés general y a los derechos de los trabajadores como elemento justificador de la limitación del derecho a la libertad de establecimiento. Y es esa omisión –más allá de los argumentos jurídicos- lo que resulta altamente preocupante en el pronunciamiento. Después de los asuntos Viking Line y Laval parece claro que la libertad de establecimiento –que no es más que una concreción parcial del derecho de libertad de empresa a nivel comunitario- se sitúa un peldaño más arriba que los derechos sociales. Los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, por tanto, no pueden afectar a ese sacrosanto derecho comunitario.

Como dato adicional, el TJE ha basado su decisión en estos casos no solamente a la luz de las Directivas de Servicios y del personal desplazado, sino aplicando asimismo artículos concretos del tratado de la UE, el 43 en el caso Viking y el 49 en los otros dos casos.

Conviene resaltar que ambos artículos han sido incluidos en el Tratado de Lisboa, en curso de ratificación por los EM, lo que significa que no bastaría con enmendar una o varias Directivas para resolver el problema planteado por las sentencias en cuestión, sino la necesidad de revisar todos los tratados en vigor de la Unión (y muy en particular los artículos invocados por el TJE en justificación de sus decisiones), a fin de restablecer la primacía de los derechos sociales sobre la libertad de comercio.

Aunque esto sea difícil, se torna totalmente necesario para evitar una futura desaparición de lo que resta del modelo social y económico europeo, puesto que, en definitiva, se está intentando una reversión del pacto social del estado de bienestar, a fin de conseguir una redistribución negativa de rentas a favor de los más opulentos. Y no es una lógica nueva: el proyecto de Directiva Bolkestein o algunas afirmaciones del reciente Libro Verde para la Modernización del Derecho del Trabajo están poniendo en evidencia la tendencia de las instituciones europeas a desmontar las tutelas sociales comunitarias.

Pocos gobernantes hoy en cualquier país europeo (salvo, por supuesto, Berlusconi, al que cabe sumar algunas propuestas puntuales de Sarkozy o, en nuestra casa, algunas reflexiones de la lideresa liberal Esperanza Aguirre) tendrían los bemoles de argumentar que los derechos individuales de los empresarios deben prevalecer sobre los individuales y colectivos de los trabajadores. Si alguien se presentara ante el electorado diciendo que está bien que los asalariados procedentes de otros países de la Unión menos desarrollados económicamente que trabajan en el país de que se trate cobren menos que los nacionales o que no pueda hacerse huelga para impedirlo, quizás se suicidara electoralmente. Sin embargo, ése es el futuro que están diseñando determinadas altas instancias comunitarias, sin que esas políticas –ni esas instancias- sean refrendadas directamente por las urnas.

Quizás ha llegado el momento de dar el gran salto: de recordar –y plasmar en textos normativos- que Europa no es –o mejor dicho, no debe ser- un simple mercado, sino un espacio común de libertades.

(basado en la declaración de Francis Wurtz, Presidente de GUE/NGL en el Parlamento Europeo el 22/04/2008 y en el artículo de Miquel Falguera Baró, de la misma fecha, en el boletín digital COMFÍA de CCOO)