Sin duda, la Universidad necesita una importante reforma, dado su anquilosamiento burocrático, sus vicios internos y su pérdida de peso en la sociedad. Lo que ocurre es que la reestructuración emprendida basada en la Declaración de Bolonia ha ido en la dirección contraria. La Universidad debe seguir siendo un lugar de producción, transmisión, difusión y crítica del conocimiento, y no una mera fábrica de titulados con los perfiles que interesen al mercado. Es de esto, y también del nulo debate sobre el tema en las propias universidades, de lo que protestan muchos estudiantes y no pocos profesores.
En la histórica ciudad italiana de Bolonia, en 1999, los ministros de Educación de 29 países europeos firmaron una declaración en la que se comprometían a establecer un Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) con el objetivo de hacer más competitivas nuestras universidades. A tal fin, se marcaron varios objetivos para antes de 2010: adopción de un sistema comparable de títulos para “favorecer la empleabilidad de los ciudadanos europeos”; un sistema de enseñanza basado en dos ciclos, el primero de los cuales ya daría acceso al mercado laboral; promoción de la movilidad de los estudiantes, mediante un sistema unificado de créditos (el ECTS o Sistema Europeo de Transferencia de Créditos); colaboración en la garantía de calidad con vistas al diseño de criterios y metodologías comparables; y promoción de las dimensiones europeas en la enseñanza.
En principio, nada habría que objetar; la letra de Bolonia es asumible y bastaría, para conseguir dichos objetivos, con desburocratizar de forma razonable nuestras universidades. Pero ya en la propia Declaración existen aspectos no concretados que posibilitaban lo que habrían de ser las músicas que los Gobiernos irían imponiendo en el establecimiento de los dos ciclos y en el diseño de las “metodologías comparables” y los “criterios de calidad”. Imposiciones que significan una profunda reestructuración del sistema universitario y que han sido presentadas como si respondieran a la letra de la citada Declaración. Lo que es falso.
Conviene recordar que, en el caso español, el tiempo inmediato a los acuerdos de Bolonia estuvo ocupado por la confrontación en torno a la LOU (Ley Orgánica de Universidades) que impuso el Partido Popular (PP) a pesar de la oposición de la mayoría de los estudiantes, profesores e incluso de buena parte de los rectores, y también del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque luego éste, cuando llegó al Gobierno, no la anulara como había prometido.
Con la “batalla de la LOU” en primer plano, Bolonia apenas tuvo repercusión hasta que empezó a concretarse en documentos gubernamentales. Estos aparecieron en 2003, en la época de la ministra Pilar del Castillo (PP), y fueron lanzados como globos sonda para captar el grado de aceptación/resistencia a sus contenidos: una práctica recurrente en la política española que, para establecer diagnósticos, sustituye al debate social.
Objetivo principal: la sumisión
En un Documento-Marco, tras la consabida jaculatoria de que la formación del EEES constituye “un reto muy positivo para todos”, se mezclaban los objetivos de Bolonia con los objetivos y desarrollo de la LOU. En la exposición de motivos de ésta se incluía ya la necesidad de una nueva ordenación de la actividad universitaria; y, consecuentemente con ello, el Documento afirma que “se hace necesaria una nueva concepción de la formación académica”: una necesidad que en modo alguno estaba contenida en la letra de los acuerdos de Bolonia.
¿Cuál es esta nueva concepción de la formación académica, que ha sido el eje de la política de reestructuración universitaria que se está realizando y que se nos presenta como el desarrollo natural del “proceso de Bolonia”? En un artículo publicado en Diario de Sevilla, en octubre de 2003 (1), indicaba yo que estábamos ante la que sería “la más importante reforma de nuestras universidades desde la segunda mitad del siglo XIX: ponerlas al servicio directo del mercado, eliminando o reservando a selectas minorías su dimensión reflexiva y crítica”. Añadía que la implantación de los grados, con reducción de los estudios necesarios para el ejercicio profesional, “provocará un empobrecimiento de la formación y un énfasis en los aspectos instrumentales y practicistas -algo muy distinto a la necesaria combinación entre teoría reflexiva, métodos y técnicas para conducir adecuadamente la práctica profesional-, con lo que los estudios de grado serán una especie de FP-3; eso sí, con títulos más pomposos… Cuanto responda a las necesidades del mercado va a tener sitio, mientras desaparecerá, o quedará como adorno de lujo, aquello que no tenga una directa ubicación en aquél”.
A pesar de lo que se nos venía encima, la mayoría tanto de profesores como de estudiantes continuaron sin apenas reacción y, sobre todo, sin exigir un debate dentro de la comunidad universitaria sobre la situación de ésta y la dirección que, sin consulta alguna, estaban imponiendo los políticos primero del PP y luego del PSOE -que en este, como en otros temas, se muestran como franquicias diferentes de una misma empresa ideológico-política.
El énfasis en los dos ciclos -el grado y los ahora llamados máster- refleja el objetivo de sumisión de la estructura y funcionamiento de la Universidad a las demandas del mercado. La enseñanza universitaria queda fracturada; y la dualización de ciclos responde a la nueva dualización de los mercados de trabajo: el grado -más corto que las actuales licenciaturas- tiene como objetivo producir el tipo de profesional que interesa hoy a las empresas: con conocimientos muy generales, sobre todo instrumentales, y con habilidades y actitudes que encajen en la flexibilización, polivalencia y competitividad de los empleos.
No interesan profesionales con capacidad crítica sino que se adapten con facilidad a las necesidades de las empresas. No se precisa -en contra de lo que suele afirmarse- un buen nivel de cualificación sino unos conocimientos mínimos y lo más polivalentes posible, junto a un máximo de pensamiento domesticado. De aquí los problemas que han tenido, o continúan teniendo, para su conversión en grados las actuales licenciaturas de baja aplicabilidad directa (Historia del Arte, algunas Filologías) o con un núcleo de reflexión crítica (Antropología).
De aquí, también, la insistencia en el cambio de la metodología docente, consistente en enfatizar no la calidad y los contenidos de la enseñanza (con la consiguiente necesidad de que existan maestros) sino las técnicas de aprendizaje. Como se establece en la normativa que ha ido produciéndose en los últimos años, “las titulaciones deberán diseñarse en función de los perfiles profesionales”. Y estos perfiles, serán determinados por “el mercado”, es decir por las grandes corporaciones empresariales. Todo ello, con el fin de “incrementar la empleabilidad de los titulados”, como se dice en el real decreto 1393/2007.
Por otra parte, para obtener los profesionales de más alta cualificación que también seguirá demandando el mercado, aunque en proporciones cada vez más pequeñas, se establecen los máster. Estos irán destinados a “orientar hacia una mayor profundización intelectual, hacia la investigación o la formación profesional avanzada”. Habrá, sin duda, máster públicos, sin una subida desmesurada de tasas respecto al actual tercer ciclo, pero los que serán realmente valiosos -en el doble sentido de más caros y de vía para acceder a empleos de más elevado rango- serán los patrocinados, y subvencionados, por grandes empresas. Máster “para ricos” que se ofrecerán sólo en determinadas universidades y para cuyo contenido será aún más determinante que para los grados la opinión -los intereses- de las instituciones patrocinadoras.
Afirmar esto no equivale a imaginar fantasmas. Lo prueban numerosos hechos y declaraciones de responsables políticos y académicos. Así, la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla -una ingeniera con experiencia previa en varias empresas multinacionales- declaró en 2006, que “se procedería a adoptar medidas para adaptar la oferta académica al tejido productivo y a las demandas de la sociedad” (2). Más recientemente, la presidenta del Consejo de Rectores de las Universidades Andaluzas, Adelaida de la Calle, al presentar junto con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía el “foro de debate permanente” creado por ambas organizaciones, no dudó en afirmar que “los planes de estudio los diseñan las universidades, pero esto debe hacerse atendiendo las peticiones del sector empresarial” (3).
Más clara aún fue Montserrat Casas, rectora de la Universidad de las Islas Baleares: “La universidad, lo que tiene que hacer es dar la estructura mental adecuada para que la persona se pueda adaptar a diferentes tipos de trabajo que le pueda ofrecer la sociedad… No tiene sentido mantener la enseñanza de una materia cuando la sociedad necesita otro ámbito” (4). Es evidente que, en estos y otros muchos casos, cuando se habla de “la sociedad” hay que leer el Mercado. También Justo Nieto, cuando en agosto de 2004 fue nombrado conseller valenciano de Empresa, Universidad y Ciencia, previamente rector de la Politécnica de Valencia, fue muy transparente en la explicación del motivo de creación de su Conselleria (5), que tiene equivalentes en Andalucía, otras Comunidades Autónomas y en el propio Ministerio (6): se trata de que “la Universidad, la Empresa y la Ciencia sean un solo elemento, cada uno de ellos impregnado de la filosofía del resto” (7). Y podríamos añadir una serie de ejemplos.
Si de los nuevos planes de estudio y las “nuevas metodologías” pasáramos a la investigación, comprobaríamos que la lógica que la preside, cada día con más fuerza, es la misma: la “eficiencia”, medida en términos de aplicabilidad inmediata por las empresas.
Sin embargo, se insiste en descalificar a quienes se oponen al contenido real del proceso de Bolonia; y se afirma que es una falsedad que la Universidad esté siendo privatizada. Conviene, a este respecto, aclarar un malentendido que está lejos de ser inocente. Si por privatizar se entiende únicamente cambiar la titularidad de las universidades, es claro que, al menos por ahora, la mayoría seguirán siendo públicas, porque hacerse cargo de ellas no es rentable a las grandes corporaciones financieras y empresariales. A éstas no les interesa asumir la titularidad de las instituciones universitarias sino que estas respondan, en la enseñanza, en la investigación y en su funcionamiento general, a sus intereses privados y no a los intereses colectivos.
Les interesa que las universidades produzcan mentes acríticas, de pensamiento cero o cuando más de pensamiento único, en lugar de buenos profesionales críticos respecto a los saberes y los poderes establecidos. Que, en lugar de una comunidad de profesores-investigadores que hagan avanzar el conocimiento y lo transmitan a los estudiantes y al conjunto de la sociedad, las universidades funcionen como academias de formación técnico-laboral para clientes sólo preocupados por conseguir cualquier empleo, y como laboratorios para investigaciones inmediatamente aplicables por las empresas.
Nada de esto debería sorprendernos. Durante siglos, el avance del conocimiento en las universidades fue resultado de la lucha por la libertad de pensamiento, primero contra el control inquisitorial de quienes ponían barreras a ésta en nombre de la verdad religiosa; y luego contra el poder político, que también veía como un peligro para el orden sociopolítico la libertad de cátedra y el espíritu rebelde de los estudiantes.
Ahora, el dogma del Libre Mercado y los guardianes de su ortodoxia intentan imponer su lógica en las universidades en nombre de los principios sacralizados de la competitividad, la productividad y la eficiencia, definidas en términos exclusivos de rentabilidad económica. Un intento que cuenta con la colaboración activa de aquellos académicos que han abrazado la nueva Fe transmitida desde el poder, y con la colaboración pasiva de los que piensan que pueden salir beneficiados personalmente o continúan confundidos en cuanto a la verdadera naturaleza del choque entre lógicas incompatibles al que estamos asistiendo.
A estos últimos, es necesario mostrar cuál es el eje real del proceso que llaman “de Bolonia”, por más que desde el Gobierno, el conjunto de los partidos políticos y muchas instancias académicas se siga insistiendo retóricamente en las bondades del mismo, en base a focalizar sólo algunos de sus efectos secundarios. La lógica profunda “de Bolonia” es que, a una Economía de Mercado y una Sociedad de Mercado les corresponde una Universidad plenamente mercantilizada.
Notas:
(1) Diario de Sevilla, 6 de octubre de 2003
(2) Diario de Sevilla, 15 de febrero de 2006.
(3) El País, Andalucía, 8 de abril de 2008.
(4) Diario de Mallorca, 8 de abril de 2008.
(5) En junio de 2007 hubo reestructuración y las competencias de Universidad volvieron a Educación.
(6) En Andalucía - que funciona como laboratorio político del PSOE - hace ya varios años que fue creada la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para “transformar la orientación de la Universidad” y hacer que la investigación que se realiza en ella sea “más eficiente”, según declaraciones del consejero Francisco Vallejo (El País, 8 de mayo de 2004). Algo similar ha sucedido en otras Comunidades Autónomas.
(7) El Mundo, Madrid, 1 de noviembre de 2006.
Isidoro Moreno -
Le Monde Diplomatique
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