Bolonia o el capitalismo académico

El proceso de convergencia europea, que se presenta como una forma de armonizar los diferentes sistemas universitarios europeos, tiene un espíritu que casi todo el mundo podría compartir: equiparar las titulaciones; desarrollar un aprendizaje más centrado en el estudiante, reduciendo el peso de las clases magistrales, o potenciar la docencia tutorizada y de tipo seminario. El problema del Plan Bolonia es el marco global en el que se inscribe y la filosofía que orienta esta reforma.

Porque un aprendizaje más centrado en el estudiante y más tutorizado implica grupos de estudiantes más pequeños y, por tanto, más profesorado, cambios en las instalaciones, etc.; es decir, más financiación. Al igual que la movilidad por Europa.
Pero la aplicación del Plan Bolonia busca que la financiación corra, cada vez más, a cargo del bolsillo de los estudiantes y de las propias universidades, haciendo sus productos más atractivos para su aplicación
empresarial.

El bolsillo de los estudiantes se resentirá. Quienes quieran acceder a los títulos de posgrado, los másteres (aquellos que ofrecen una formación científica especializada y que serán los que realmente cuenten para acceder a los puestos mejor remunerados del mercado laboral), tendrán que pagarlos a un alto precio. Lo que antes equivalía a ser licenciado en una carrera de cinco años –pagando los créditos todos por igual a lo largo de esos cinco años–, ahora se divide en dos partes (grado y posgrado) y, si se quiere llegar a esa especialización de cinco años, se tienen que pagar el posgrado a precio de oro.

Para eso se ha creado la figura de los préstamos-renta. Es decir, pasamos de las becas a los préstamos bancarios (es fácil imaginar quiénes son los más interesados), con lo que, a partir de ahora, los estudiantes estarán endeudados antes incluso de intentar buscar una vivienda. Pero lo crucial es el cambio que suponen: se pasa de considerar la educación superior como un derecho accesible a toda la ciudadanía, a entenderla como una prerrogativa que se financia a quienes puedan devolver esa inversión.

La financiación de las universidades públicas también se resentirá. Las inversiones y los planes de estudio están siendo pensados de acuerdo con las exigencias del mercado y como preparación al mercado de trabajo. Mientras, se recorta el presupuesto para proyectos improductivos de orientación humanística y/o crítica. Porque la profesionalización ya no es una finalidad entre otras de la Educación superior, sino que tiende a convertirse en la principal línea directriz de todas las reformas educativas. Con el argumento de que la Educación superior debe atender a las demandas sociales, se hace una interpretación claramente reduccionista de qué es la sociedad, como si esta se redujera únicamente a los intereses de las grandes empresas.

Es obvio que hoy en día toda persona necesita aptitudes y competencias adecuadas para moverse en el mundo laboral; pero sorprende que la actitud de las universidades sea reducir la enseñanza universitaria a las competencias útiles para la gran empresa, obedeciendo a un utilitarismo que impide a los jóvenes interesarse mínimamente en lo que parece no ser vendible en el mercado de trabajo. Otras capacidades que podrían promover una sociedad más justa y mejor van quedando obsoletas y se las obvia progresivamente.

Incluso la financiación pública se subordina a la previa obtención de fuentes de financiación externa; es decir, privada. Donantes que imponen su logotipo en las paredes, vuelven a bautizar los edificios y promueven cátedras a cambio de una denominación que revela el origen de los fondos. La investigación que proviene de estas cátedras responde a los intereses de quienes las patrocinan, no sólo porque son quienes las financian y ante quienes hay que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados tangibles y que produzcan beneficios, sino también porque recortan y definen los temas e intereses de las investigaciones, así como las prioridades de las mismas.

La prioridad para la investigación de temáticas de interés para las empresas y la industria siempre será así mucho mayor que la financiación disponible para la investigación de cuestiones locales de interés para la gente empobrecida, las minorías y las mujeres de clase trabajadora, por ejemplo.
Es el denominado capitalismo académico: universidades cuyo personal sigue siendo retribuido en una gran parte por el Estado, pero cada vez más comprometidas en una competencia de tipo comercial, en busca de fuentes de financiación complementarias.
Resulta difícil pensar que esta universidad va a poder preocuparse por la interculturalidad, por la diversidad, por la filosofía o por el pensamiento crítico en este contexto de competitividad por resultados y por figurar en el ranking de la excelencia académica.

Es necesario defender una universidad que se comprometa con la sociedad, que sea motor de transformación social. Pero el Plan Bolonia no pretende cambiar la sociedad desde la universidad para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más comprensiva, sino adaptar la universidad al mercado, a una parte muy concreta de la sociedad, cuyas finalidades no se orientan precisamente hacia la Justicia, la comprensividad o la equidad, como a la vista está. Por ello, necesitamos repensar los auténticos problemas de la universidad, para que otro proceso de convergencia sea posible. Una reforma de la Educación superior desde una óptica auténticamente social y al servicio de la sociedad y no exclusivamente del mercado.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es Profesor de la facultad de Educación de la Universidad de León.

Fuente: Público

¿De qué plan Bolonia hablamos?

Que en estos últimos días el Ministerio de Ciencia e Innovación esté insertando en todos los periódicos una página entera de publicidad para cantar las excelencias del Proceso de Bolonia es ya síntoma de que algo no va bien. Lo que está pasando aquí es que primero las autoridades deciden, luego proclaman la evidencia de lo decidido y finalmente buscan la argumentación ideológica para justificar lo que previamente han decidido que hay que hacer. Pero el procedimiento, no por conocido, es menos perverso. Viene esto a cuento de la respuesta a la última pregunta del catecismo ministerial: no hay que promover ningún referéndum al respecto porque el Proceso de Bolonia ha sido aprobado por las Cortes con amplio consenso. La argumentación en esto es circular y es perversa.

Es circular, porque ya en la respuesta a la primera pregunta que se hace a sí mismo, como si se la hiciera a los estudiantes, el catecismo ministerial da por supuesta la bondad del Proceso: promover la movilidad de estudiantes y profesores y lograr una universidad europea de calidad. Nadie conoce a nadie en la universidad que haya objetado tan buenos propósitos. Y me imagino que, planteada así la cosa, tampoco había motivos para objetar en las Cortes. Movilidad y calidad: estupendo. Por consiguiente, Fulano Presidente, que se decía por estos pagos no hace mucho. Y por consiguiente tampoco en este caso hará falta referéndum sobre algo acerca de lo cual parece existir un acuerdo universal.

Pero además de circular, el argumento ministerial es perverso, porque son ya muchos los presuntos implicados, o sea, los estudiantes universitarios, que dicen que la mejor manera de resolver el conflicto es precisamente el referéndum. Y no sólo lo dicen sino que, encima, en los casos en que tal referéndum se hace, lo están ganando por abrumadora mayoría. Se ha aducido al respecto que son pocos los estudiantes que votan. Y es verdad. Lo que no se dice, pero es igual de verdad, es que los estudiantes universitarios que han votado a las autoridades que ahora les niegan el referéndum son aún menos.

Se puede estar en contra de que haya que resolver el actual conflicto universitario por la vía del referéndum aduciendo razones prácticas o de oportunidad, pero siempre a condición de dar voz a los críticos que, con razón, no se sienten representados en los actuales órganos de gobierno de la Universidad. Eso no es romper las reglas del juego democrático. Es mejorarlas.

Lo peor que puede pasar ahora es que las autoridades se enroquen en su castillo considerando que los críticos, estudiantes y profesores, están desinformados o simplemente tienen ganas de armar lío. Pues esto genera la conocida espiral que lleva directamente al callejón sin salida. Es lo que se está viendo ya en la Universidad Pompeu Fabra, donde las autoridades han hecho entrar cuatro veces a la fuerza pública en dos semanas para desalojar a los protestantes, que, me consta, son en su mayoría personas adultas, informadas, dialogantes y con un sentido del humor que otros quisieran para sí.

Otro pésimo síntoma de este enrocarse es que, ante la brutal intervención de la policía en la universidad de Barcelona y en las calles el día 18, las autoridades académicas (y con ellas los dirigentes políticos) parecen estar dando más crédito a las acusaciones de los responsables de la violencia que a las quejas de los representantes de las asambleas estudiantiles, de los estudiantes agredidos y de los profesores que hemos sido testigos directos de esta brutalidad.

Me temo que hay al menos cuatro cosas que las autoridades universitarias no quieren ver:

La defensa que están haciendo de la autonomía de las universidades resulta poco creíble cuando, por una parte, se refuerza de hecho el vínculo mercantil de dependencia respecto de las empresas (sin discutir pormenorizadamente la relación) y, por otra, se solicita de la autoridad política la presencia en los campus de las fuerzas del orden para cortar de raíz toda manifestación crítica. Eso va contra una ley no escrita pero consuetudinaria. Y sólo puede traer malestar.

No se puede empezar diciendo que el Proceso de Bolonia tiene que hacerse a coste cero y luego gastar el dinero que se está gastando en publicidad. Un cambio estructural y metodológico, que implica más y mejor formación pedagógica del profesorado y más dedicación, no puede hacerse sin coste. Esto lo saben estudiantes, profesores y personal de la administración.

Cuando se inició el Proceso de Bolonia, hace diez años, vivíamos en plena euforia neoliberal. Ahora vivimos en plena crisis económica. La palabra competición, tan querida de los ideólogos del neoliberalismo, ha dejado de tener el efluvio adormecedor que tuvo. Ignorar que hemos entrado en una fase histórica distinta, con tasas de desempleo abrumadoras, y que esto está teniendo ya efectos en las expectativas de los estudiantes universitarios es de una irresponsabilidad manifiesta.

Decir a los estudiantes que, como consecuencia del Proceso de Bolonia, las universidades van a diseñar diferentes vías para compaginar estudio y trabajo es, en las actuales circunstancias, como decir misa. El porcentaje de estudiantes universitarios que tiene que compaginar ya estudio y trabajo no ha hecho más que crecer en los últimos años. Y con completa independencia del Proceso de Bolonia. La articulación del Proceso no hace más que agudizar un problema ya existente. Y la mayoría de los estudiantes de las universidades en que el Proceso está en marcha no ven flexibilidad por ninguna parte. Lo viven como un agobio. Y buena parte del profesorado, también.

Francisco Fernández Buey es Catedrático de Filosofía Política en la Universidad Pompeu Fabra

Fuente: Público

Agua: Falta gestión y sobran campañas electoralistas

Ecologistas en Acción Región Murciana pide a los principales partidos políticos de la Región de Murcia que actúen con responsabilidad y dejen de utilizar el agua con meros fines electorales. Además, exigen que dejen de enfrentar a las gentes de diferentes regiones utilizando argumentos simplistas sin sentido ni ninguna base, llegando a la hipócrita situación actual en que un mismo partido político defiende una postura en una región y otra en la región vecina.

Ecologistas destaca varios puntos clave sobre el trasvase Tajo-Segura, que normalmente se omiten para no contradecir la propaganda populista asociada a la “Campaña del Agua”:

1º. La Ley del Trasvase Tajo Segura, de 1971, sólo otorga derechos de “agua excedentaria”. Esa cantidad de “agua excedentaria” en la cuenca del Tajo depende de la cantidad de agua que hay (cuando haya sequía “sobrará” poco o nada) y del gasto de agua en la propia cuenca del Tajo, que aumentará con el crecimiento de la población y desarrollo socioeconómico. Esto nos augura un futuro con pocas “excedencias” de agua en la cuenca del Tajo. Además, cuando hay sequía, la sufren las dos cuencas al mismo tiempo, la del Tajo y la del Segura, por lo que cuando más “falta” agua en la Región de Murcia es cuando menos “sobra” en la Cuenca del Tajo.

2º. En realidad, la caducidad del trasvase probablemente se impondrá por sí misma a largo plazo, marcada por dos fenómenos incontrolables: la dinámica natural (cambio climático) y la social (aumento de las demandas en la cuenca del Tajo y aumento de la conflictividad social). Discutir sobre la caducidad del trasvase en el ámbito de los Estatutos de Autonomía genera réditos electoralistas a corto plazo, pero no tiene ningún sentido por que el agua ha de planificarse en los Planes de Cuenca, de ámbito muy diferente al de las Comunidades Autónomas, planes que justamente ahora se hallan en elaboración, tanto en la cuenca del Tajo como en la cuenca del Segura.

3º. Mientras perdemos el tiempo con luchas territoriales electoralistas, estamos perdiendo la oportunidad de ADELANTARNOS Y ADAPTARNOS a un posible futuro con recursos hídricos cada vez más escasos tanto en el Segura como en el Tajo, y con un trasvase cada vez más virtual o marginal que real, por el cambio climático y por las propias demandas internas de la cuenca del Tajo. Para evitar que la Región de Murcia sea cada vez más vulnerable frente a procesos que no puede controlar, debemos replantearnos nuestro propio modelo interno de gestión del agua y de desarrollo socioeconómico, y optar por medidas de gestión de la demanda. Hay que replantear la gestión del agua en la Región de Murcia para ir optando por actividades socieconómicas menos intensivas en agua pero que generan alto valor añadido, reducir el regadío murciano y concentrarlo en calidad, en los que tengan mayores beneficios ambientales y sociales, y por supuesto hacer una profunda auditoría del regadío para excluir los perímetros ilegales y sin derechos de riego. Todo esto acompañado de toda una batería de medidas de gestión de la demanda, que hay que discutir y aprobar en el nuevo plan de la Demarcación del Segura.

4º. En vez de promover enfrentamientos sin sentido entre Comunidades Autónomas, es necesario generar un espacio nuevo de discusión, análisis de la realidad y elaboración de una senda hacia una mayor sostenibilidad en el uso del agua tanto en el Tajo como en el Segura, espacio que no es el de las arengas electorales de unos y otros. Este espacio ya existe y es el de la elaboración de los planes de la Demarcación del Tajo y la Demarcación del Segura. Se debe crear una Comisión Mixta, donde se integren y coordinen la elaboración de ambos planes, y donde participemos TODOS, incluyendo grupos ecologistas, colectivos ciudadanos, científicos... de forma que se puedan presentar propuestas para el trasvase Tajo-Segura que sean socialmente asumibles en ambas cuencas, ambientalmente deseables y económicamente viables, lo que además requerirá plantear medidas a corto, medio y largo plazo, y teniendo en cuenta cual es la situación actual.

En resumen, ni Castilla La Mancha puede ponerle caducidad al trasvase, ni la Región de Murcia puede blindar el mismo en sus respectivos estatutos de autonomía. Los ciudadanos estamos hartos de ver cómo se usa este tema con fines puramente electoralistas, haciendo propaganda simplista y populista y enfrentando a las regiones de una manera irresponsable. Mientras tanto, la gestión del agua es bastante precaria en una región que dice tener sed, mientras no cesa de proyectar usos del agua tan insostenibles como los campos de golf asociados a complejos residenciales.

Ecologistas en Acción Región Murciana exige por lo tanto que se busque la vía de la planificación y gestión sostenible de este recurso en ambas cuencas, y ello por la vía del diálogo y el encuentro, con la máxima participación pública, y que se deje de potenciar un enfrentamiento irresponsable entre territorios, que sólo beneficia a las urnas.

Ecologistas en Acción Región Murciana

Ante el 5º Foro Mundial del Agua en Turquía El agua como bien público y no como negocio de las transnacionales

La falta de acceso al agua genera en casi todas las regiones del planeta diferentes tipos de confrontaciones. Las guerras del futuro serán cada vez más por el control del agua. Tesis ampliamente desarrollada durante el simposio “El agua: fuente de conflictos”, realizado el primer viernes de marzo en Berna, Suiza.

El mismo fue convocado por la Coordinación Suiza “El agua como bien público” y organizado por la Alianza Sur -plataforma que reúne a seis de las más importantes ONG helvéticas de cooperación con el Sur.

Dicho simposio intentó relanzar la reflexión de la opinión pública nacional a sólo cuatro días de la apertura en Estambul, Turquía, del 5to Foro Mundial del Agua titulado “Conciliar las Divisiones por el Agua”.


El “drama” del agua

“La conflictividad en el planeta a causa del agua tiende a agravarse con los actuales cambios climáticos”, subraya Rosemarie Bär, una de las responsables de la Coordinación y representante de la misma al evento turco.

Bär anticipa señales alarmantes. El África subsahariana sufrirá una disminución del 20 % de su disponibilidad de agua de aquí al fin del siglo. Y a nivel planetario cerca de 70 importantes ríos están amenazados de secarse por los cambios climáticos y el exceso de consumo

Con esta perspectiva, los conflictos violentos en torno a este recurso vital seguirán aumentando.

En un escenario ya dramático donde 1.200 millones de personas en el planeta no cuentan hoy con agua potable y 4000 niños menores de 5 años mueren diariamente a causa de dicha situación.

Y donde el modelo predominante produce víctimas y cifras escalofriantes. La producción de 1 litro de bio-etanol (combustible vehicular) necesita cerca de 5000 litros de agua. Un tomate de Marruecos que será luego exportado necesita 13 litros virtuales de agua. Mientras que la producción de un vaso de jugo de naranja demanda 170 litros de agua, y una camiseta de algodón necesita 20 mil litros.

Al mismo tiempo, cada habitante suizo utiliza por día (cocina, higiene etc.) 160 litros de agua. Cifra que llega a 4000 litros por día si se calcula el agua empleada en los alimentos, productos y vestidos importados al país.


Agua, derecho humano fundamental

“El acceso al agua es un derecho humano fundamental. De su aplicación dependen prácticamente todos los otros derechos humanos esenciales”, señala Bruno Riesen, responsable de campañas de Amnistía Internacional (AI) en Suiza.

Y si bien hoy se tiende a hablar constantemente de la crisis financiera, de la inestabilidad bancaria, de los graves problemas climáticos, “muchos olvidan que una parte esencial de los grandes problemas de futuro está ligada al agua”, enfatiza.

En caso de persistir la actual tendencia, subraya el representante de AI, las previsiones son terribles. “Dos tercios de la población mundial, es decir más de 3.5 millones de personas, no contará con agua potable en el 2025”.

La lógica predominante en la actualidad, explica Riesen, implica el desperdicio del vital líquido; el crecimiento desmedido del consumo de una parte pequeña de la población planetaria –en detrimento de la mayoría-; así como una producción agropecuaria que acapara el 70 % del consumo del agua a nivel planetario.

“Con el agravante que dicha producción está encaminada, por ejemplo, a los agro carburantes. Es decir a irrigar plantíos destinados luego a abastecer de combustible los vehículos de la población del norte”, denuncia.


La responsabilidad de la ONU

Concepto marco con el que coincide la abogada portuguesa Catarina de Albuquerque, experta independiente sobre el agua potable del Consejo de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

El no respeto a ese derecho fundamental, “implícitamente reconocido por las Naciones Unidas cuando reconoce el derecho a mejorar las condiciones de vida”, anticipa el riesgo de nuevos y mayores conflictos, señala Albuquerque.

Confrontaciones que “buscan controlar las fuentes de agua; o que conciben a éstas como instrumentos o blancos militares; en tanto que objetivos terroristas o incluso como medio de presión y chantaje entre naciones”, explica.

De ahí que la resolución de los problemas del agua, “está ligada a una verdadera voluntad política de los diferentes actores y Estados”, enfatiza Albuquerque .

Y de allí también, la responsabilidad y la importancia del sistema de “las Naciones Unidas, que con su diversidad de Estados miembros, de propuestas y actores, de preocupaciones en la diversidad, constituyen un verdadero milagro” y un marco esencial para resolver los problemas mundiales, entre ellos, el del agua, concluye.


El de Turquía, un Foro de las transnacionales

“En la propuesta de su Declaración final del 5to Foro, que deberá ser discutida y aprobada en Estambul, no encontré referencias explícitas al agua como derecho humano fundamental”, analiza Albuquerque, quien informa que no será presente en el mismo.

“Somos bastante escépticos de lo que pueda resultar de ese Foro controlado por las transnacionales del agua”, enfatiza por su parte el pastor Alberto Rieger, responsable de la Organización OEME (Ecumenismo, Misión, Cooperación al desarrollo), de las iglesias cristianas helvéticas.

En esos foros, “la sociedad civil internacional no es tenida realmente en cuenta”, y las reivindicaciones de los movimientos sociales, son subestimadas, enfatiza Rieger.

Por eso, importante redes internacionales que luchan por el agua como bien público y que participaron en el Foro Social Mundial de Belém de Pará -fin de enero pasado- , “han definido una estrategia de presión y enviarán representantes a Estambul para hacer escuchar su voz”.

Exigimos, tal como se definió en la Declaración del Agua de Belém, “que cualquier ser humano tenga acceso y derecho al agua de buena calidad y en cantidad suficiente para la higiene y la alimentación”, explica el coordinador de OEME, presente en el simposio de Berna.

Y que la gestión del agua “permanezca en el ámbito público y comunitario, con participación, equidad, control social, sin fin de lucro, sin generar violencia a los territorios, preservando el ciclo del agua”, concluye.

- Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza. Colaboración E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria

*Documento relacionado:

Declaración de la Asamblea del Agua tras el Foro Social Mundial de Belém (http://alainet.org/active/29281)

La cara oculta de los supermercados

La gran distribución comercial (supermercados, hipermercados, cadenas de descuento) ha experimentado en los últimos años un fuerte proceso de expansión, crecimiento y concentración industrial. Las principales compañías de venta al detalle han entrado a formar parte del ranking de las mayores multinacionales del planeta y se han convertido en uno de los actores más significativos del proceso de globalización capitalista.

Su aparición y desarrollo ha cambiado radicalmente nuestra manera de alimentarnos y de consumir, supeditando estas necesidades básicas a una lógica mercantil y a los intereses económicos de las grandes corporaciones del sector. Se produce, se distribuye y se come aquello que se considera más rentable, obviando la calidad de nuestra alimentación. Aditivos, colorantes y conservantes se han convertido en algo cotidiano en la elaboración de lo que comemos. En Estados Unidos, por ejemplo, debido a la generalización de la comida rápida, se calcula que cada ciudadano toma anualmente 52 kilos de aditivos, lo que genera crecientes dosis de intolerancia y alergias. Lo publicitado como “natural” no tiene nada de ecológico y es resultado de procesos de transformación química. Nuestra alimentación, lejos de lo que producen los ciclos de cultivo tradicionales en el campo, acaba desembocando en una alimentación “desnaturalizada” y de laboratorio. ¿Sus consecuencias? Obesidad, desequilibrios alimentarios, colesterol, hipertensión… y los costes acaban siendo socializados y asumidos por la sanidad pública.

Los alimentos “viajeros” son otra cara del actual modelo de alimentación. La mayor parte de lo que comemos viaja entre 2.500 y 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, con el consiguiente impacto medioambiental, cuando, paradójicamente, estos mismos productos son elaborados a nivel local. La energía utilizada para mandar unas lechugas de Almería a Holanda, por ejemplo, acaba siendo tres veces superior a la utilizada para cultivarlas. Nos encontramos ante un modelo productivo que induce a la uniformización y a la estandarización alimentaria, abandonando el cultivo de variedades autóctonas en favor de aquellas que tienen una mayor demanda por parte de la gran distribución, por sus características de color, tamaño, etc. Se trata de abaratar los costes de producción, aumentar el precio final del producto y conseguir el máximo beneficio económico.

No en vano, según el sindicato agrario COAG, los precios en origen de los alimentos han llegado a multiplicarse hasta por 11 en destino, existiendo una diferencia media de 390% entre el precio en origen y el final. Se calcula que más del 60% del beneficio del precio del producto va a parar a la gran distribución. La situación de monopolio en el sector es total: cinco grandes cadenas de supermercados controlan la distribución de más de la mitad de los alimentos que se compran en el Estado español acaparando un total del 55% de la cuota de mercado. Si a estas les sumamos la distribución realizada por las dos principales centrales de compra mayoristas, llegamos a la conclusión de que sólo 7 empresas controlan el 75% de la distribución de alimentos. Esta misma dinámica se observa en muchos otros países de Europa. En Suecia, tres cadenas de supermercados tienen el 95,1% de la cuota de mercado; en Dinamarca tres compañías controlan el 63,8%; y en Bélgica, Austria y Francia unas pocas empresas dominan más del 50%.

Una tendencia que se prevé aún mayor en los próximos años y que se visualiza muy claramente a partir de lo que se ha venido en llamar la “teoría del embudo”: millones de consumidores por un lado, miles de campesinos por el otro y tan sólo unas pocas empresas controlan la cadena de distribución de alimentos. En Europa, se contabilizan unos 160 millones de consumidores en un extremo de la cadena, unos tres millones de productores en el otro y, en medio, unas 110 centrales y grupos de compra controlan el sector. Este monopolio tiene graves consecuencias no sólo en el agricultor y en el consumidor, sino también en el empleo, en el medio ambiente, en el comercio local, en el modelo de consumo.

Pero existen alternativas. En un planeta con recursos naturales finitos es imprescindible llevar a cabo un consumo responsable y consumir en función de lo que realmente necesitamos, es decir, combatir un consumismo excesivo, antiecológico y superfluo. En lo práctico, podemos abastecernos través de los circuitos cortos y de proximidad, en mercados locales y participar, en la medida de lo posible, en cooperativas de consumidores de productos agroecológicos, cada vez más numerosas en todo el Estado, que funcionan a nivel barrial y que, a partir de un trabajo autogestionado, establecen relaciones de compra directa con los campesinos y productores de su entorno.

Así mismo es necesario actuar colectivamente para establecer alianzas entre distintos sectores sociales afectados por este modelo de distribución comercial y por el impacto de la globalización capitalista: campesinos, trabajadores, consumidores, mujeres, inmigrantes, jóvenes… Un cambio de paradigma en la producción, la distribución y el consumo de alimentos sólo será posible en un marco más amplio de transformación política, económica y social, y para conseguirlo es fundamental el impulso de espacios de resistencia, transformación y movilización social.

Esther Vivas es Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) Universitat Pompeu Fabra

Fuente: Público

El desmantelamiento de la banca pública

Nuestro país tuvo una potente banca pública de la que hoy no queda vestigio. Murió tras el tozudo empeño privatizador desarrollado durante los gobiernos socialistas presididos por Felipe González y los posteriores gobiernos del PP. Ahora se sufren las consecuencias de haber saldado tan alegremente un instrumento cuya utilidad evidencian las tribulaciones del actual Gobierno en sus fallidos intentos de promover el crédito.

La banca pública existía desde antiguo en nuestro país y tenía un peso importante. En la década de los ochenta otorgaba más del 20% de los créditos, mientras que el resto correspondía a la banca privada y a las cajas de ahorros. A principios de los noventa la banca pública concedía todavía el 15% de los créditos cuando el Gobierno del PSOE decidió unificarla en el grupo llamado Argentaria para facilitar su privatización en bloque. Tras la pérdida de las elecciones por el PSOE, este proceso se remató durante el Gobierno del PP con la integración de Argentaria en el grupo privado BBV –dando lugar al actual BBVA–,con lo que el Estado se desprendió finalmente de su participación minoritaria. La estrategia privatizadora alcanzó extremos surrealistas en su afán de liquidar cualquier traza de banca pública, como fue la segregación de las sucursales que tenía la antigua Caja Postal en las estafetas de Correos, para ofrecérselas al Deutsche Bank, cuya presencia aparece hoy insólitamente vinculada a las 2.000 oficinas de Correos que pueblan la geografía nacional.

Los bancos públicos habían surgido para asegurar que los antiguos servicios de crédito del Estado pudieran ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin depender de las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. Pero en España, tras haber desmantelado la banca pública, el Estado perdió esas funciones, por lo que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) tuvo que recurrir a la banca privada para colocar sus préstamos. Resulta penoso observar cómo la banca privada no sólo ha hecho caso omiso de las reiteradas demandas del presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la concesión de créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y garantías para conceder los préstamos del ICO, a la vez que hacía gala de sus millonarios beneficios. Es decir, que la banca privada, además de negarse a modificar los criterios en la concesión de créditos, saca la máxima tajada posible por el mero hecho de tramitar los del ICO, dejando por completo fuera de lugar las ingenuas sugerencias del presidente Zapatero.

El desmantelamiento de la banca pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se plantea el Estado con motivo de la crisis. Tras tanto adelgazar al Estado y engordar los negocios privados, el volumen y los riesgos de estos crecen a un ritmo muy superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el importe de los créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007 lo quintuplica, con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. En este caso, sería razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo para reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y paliar así los excesos privatizadores del pasado.

José Manuel Naredo es Economista y estadístico. Público

La crisis, Bolonia y la UCAM

Estamos sufriendo la primera crisis económica de la era global, pero sus efectos están siendo muy diferentes en cada país y región, en función de las políticas adoptadas por los responsables públicos en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Por eso conviene distinguir las diferentes escalas geográficas de la crisis, para exigir a cada cual las responsabilidades que le corresponden y para determinar las medidas que es posible adoptar en cada nivel de decisión.

En España, los efectos están siendo más graves que en otros países europeos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a la que habían contribuido las entidades financieras, los empresarios del sector y los poderes públicos locales, regionales y centrales. Desde el tardofranquismo, la economía española se basó en la construcción, la emigración y el turismo. Desde 1986, dependió también de los fondos europeos. Este modelo se intensificó con la Ley del Suelo de 1998 y la llegada masiva de inmigrantes. España comenzó a crecer por encima de la media europea, pero tenía los pies de barro.

El gobierno de Zapatero frenó la especulación inmobiliaria y aumentó la inversión en educación e investigación, pero estas medidas han sido tardías e insuficientes. España sigue por debajo de la media europea en educación e investigación, y de esto son responsables el gobierno central (el actual y los precedentes), los gobiernos autónomos (que tienen competencias en esas materias) y las empresas (que no invierten en investigación ni valoran el trabajo cualificado).

Un ejemplo del desfase español: la Declaración de Bolonia creó en 1999 el Espacio Europeo de Educación Superior, para que a partir de 2010 todo el sistema universitario europeo esté homologado y facilite la movilidad de estudiantes y profesionales. Pues bien, en España hubo que esperar a 2007 para que se iniciara el proceso de reforma. Además, se inició sin contar con la financiación correspondiente. De ahí que la reforma, aunque en principio sea positiva, se esté realizando en este país de una forma tan traumática, con tantas resistencias e incertidumbres.

En la Región de Murcia, la situación es todavía peor. La crisis está golpeando aquí con más fuerza, porque aquí se adoptó el monocultivo del ladrillo como la gran panacea. El PP murciano estuvo presumiendo de que el PIB regional crecía por encima de la media nacional, y despreció las voces críticas que desde diversas instancias alertábamos del inminente batacazo y denunciábamos las perniciosas secuelas de este modelo: descapitalización de la industria y la agricultura, empleo precario y no cualificado, destrucción del patrimonio natural e histórico, corrupción política, etc. Ahora, el gobierno de Valcárcel no puede culpar a otros ni puede seguir recurriendo a la eterna cantinela del agua y del AVE, sino que ha de afrontar las responsabilidades que le corresponden.

Tras 14 años de gobierno popular, esta región sigue a la cola de España en los indicadores educativos y culturales. Casi un tercio de nuestros adolescentes no termina la ESO. La UE acordó en Lisboa que el 85% de los jóvenes tuviera en 2010 un título de Educación Secundaria Superior. Pues bien, el 49% de los murcianos de entre 20 y 24 años no tenía en 2008 ningún título de Secundaria Superior. Y también han disminuido los matriculados en las universidades murcianas.
En estas condiciones, la inversión en educación, universidades e investigación debería ser una prioridad estratégica del gobierno regional. En lugar de eso, este gobierno ha estado descuidando la red de centros públicos y promoviendo los centros privado-concertados. Y lo mismo ha hecho en el nivel universitario: en lugar de potenciar las dos universidades públicas (UMU y UPCT), se ha dedicado a apoyar el negocio privado de la UCAM, concediéndole toda clase de privilegios, como ha venido denunciando la Plataforma por la Democracia Universitaria.

El último regalo de Valcárcel a la UCAM ha sido el convenio suscrito por el Servicio Murciano de Salud, en virtud del cual varios hospitales públicos de la región, incluido su personal médico, son puestos a disposición de una universidad privada de dudosa calidad, cuya titularidad se dirime en los tribunales y cuyo propietario está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Una vez más, el presidente Valcárcel ha puesto el patrimonio público al servicio de intereses privados. Cuando se le llena la boca proclamando su apoyo al I+D+i, está claro que no tiene ni idea de lo que está diciendo, o tal vez cree que puede seguir engañando impunemente a la ciudadanía e hipotecando todavía más el presente y el futuro de esta región.

* Antonio Campillo es catedrático de Filosofía de la UMU y miembro del Foro Ciudadano.