Las compañías de seguros sanitarios en EE.UU.

Una propuesta que economistas y políticos liberales promueven en España es la privatización de la sanidad pública española mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado, facilitando así, la sustitución del Servicio Nacional de Salud por un sistema de Aseguramiento Sanitario Privado. Tanto el Partido Popular, como Convergencia i Unió han propuesto incrementar la desgravación de las pólizas de aseguramiento privado, tanto las colectivas (realizadas por empresas u otros colectivos, que ofrecen cobertura sanitaria a sus empleados), como las individuales. Las primeras –las colectivas- ya se desgravan en España. Y lo que proponen ambas opciones políticas liberales es que tal desgravación se extienda a las segundas. Propuestas parecidas están siendo promovidas por algunas voces de centro izquierda, que argumentan que la extensión del aseguramiento privado diluiría la presión asistencial que existe en la sanidad pública como consecuencia de la escasez de recursos.

En otro artículo, publicado en el semanario Sistema Digital (31.07.09), he descrito los enormes problemas que el aseguramiento privado de la sanidad conlleva y cuyo mejor ejemplo es EEUU, el país del mundo en que este aseguramiento privado de la sanidad ha alcanzado mayores dimensiones (ver Navarro, V. “El Modelo Liberal Sanitario: EEUU” en Sistema. Ver también sección EEUU en www.vnavarro.org). En EEUU, la mayoría de la ciudadanía paga una póliza a las compañías de seguros (bien directamente, o bien a través de la empresa donde trabaja), la cual contrata médicos y hospitales para la provisión de servicios. Además de la póliza, el ciudadano paga también parte de la factura médica (en sistemas de copagos que pueden alcanzar cifras elevadas), en el momento de utilización de aquellos servicios. Más del 40% de personas que están muriéndose, como consecuencia de tener una enfermedad terminal, dicen estar preocupadas sobre como ellos o sus familias pagarán las facturas médicas. Y ello a pesar de que, la mayoría de ellos, tienen un aseguramiento privado.

Las compañías de seguro (que, aún cuando existen 1.500 de ellas, en realidad las 10 más importantes controlan casi el 70% de todo el mercado) son las que centran la financiación y gestión del sistema sanitario estadounidense. Tal sistema privado de la sanidad es enormemente rentable para las compañías de seguros. Las diez aseguradoras sanitarias más importantes están entre las empresas con mayores beneficios en aquel país. Así de 2000 a 2007 sus beneficios crecieron enormemente, pasando de 2.400 millones de dólares a 12.900 millones. Y sus directores están entre los mejor pagados en EEUU (un promedio de 12 millones de dólares al año). El que fue en su día director de CIGNA, una de las mayores compañías de seguros sanitarios en EEUU, el Sr. Wendell Potter (que se ha convertido en uno de sus mayores críticos), ha mostrado en una serie de informes que se han difundido ampliamente en EEUU, como tales compañías consiguen estos altos beneficios. Éstos se basan en 1) seleccionar a los pacientes, rechazando a aquellos pacientes que tienen mayores necesidades (como enfermos crónicos); 2) eliminar de sus listas a aquellas personas aseguradas que desarrollan condiciones crónicas o requieren cuidados costosos; 3) reducir la cobertura sanitaria (la extensión de los beneficios a los que los asegurados tienen derecho), así como aumentar los copagos. Como consecuencia de estas y otras políticas, el número de personas en EEUU que no tuvo ninguna cobertura sanitaria, durante el periodo 2000-2007, ascendió de 38 a 45 millones al año.

Tal sistema de aseguramiento privado es enormemente costoso e ineficiente. EEUU es el país que gasta más en sanidad (17% del PIB), teniendo a la vez el porcentaje mayor de la ciudadanía deseosa de un cambio profundo en el sistema. Sólo un 21% de ciudadanos estadounidenses están satisfechos con tal sistema. Ello explica que el tema sanitario se haya convertido en el tema doméstico más importante de EEUU, después de la crisis económica. La Administración Obama está proponiendo cambios que podrían reducir el protagonismo de las compañías de aseguramiento privado en la gestión de la sanidad estadounidense. De ahí que tales compañías se hayan movilizado para parar cualquier intento de reforma.

El poder político y mediático de tales grupos de presión

El poder de tales compañías de seguros es enorme y se materializa a través de sus aportaciones a las campañas electorales de los políticos que toman decisiones en el Congreso de EEUU que afectan a sus intereses. Tal sistema de financiación de las campañas electorales (que en la mayoría de países europeos sería ilegal y sería considerado corrupción) explica que los presidentes de los comités que afectan a tales compañías de seguros estén claramente influenciados por tales fondos. Un ejemplo, entre muchos, es el senador demócrata Max Baucus, el Presidente del Comité de Finanzas del Senado Estadounidense, un comité clave en la aprobación de cualquier legislación que afecte a las compañías de seguro. Tal senador ha recibido más de 5 millones de dólares de industrias sanitarias – incluyendo compañías de seguros privadas-, lo cual explica su resistencia a intervenir y regular tales compañías. En general, estos fondos van tanto a políticos republicanos como a políticos demócratas, aún cuando, históricamente, han apoyado más frecuentemente al Partido Republicano que al Partido Demócrata. Hoy, el Partido Republicano se ha convertido en su mayor portavoz. Tal Partido está hoy hegemonizado por la ultraderecha estadounidense, radicalizada por las derrotas que ha sufrido en las últimas elecciones, adoptando posturas que, en Europa, encajarían con la ultraderecha. Fraga Iribarne, por ejemplo, estaría más a la izquierda que la mayoría de los miembros dirigentes de tal Partido. Su chauvinismo de carácter racial, nacionalismo extremo y fundamentalismo religioso han adquirido dimensiones amenazantes para la democracia estadounidense. Uno de los lobbies económicos que están financiando tales movimientos en la órbita del Partido Republicano es, precisamente, la industria aseguradora sanitaria.

Otra expresión del poder de las compañías de seguros son los medios de información a los cuales tienen acceso (entre los que destaca la compañía televisiva de ultraderecha, FOX) y en los que promueven sus puntos de vista. Uno de sus presentadores es Glen Beck, que en un programa reciente indicó que le gustaría envenenar a la Presidenta demócrata del Congreso, la Sra. Nancy Pelossi, que es dirigente del movimiento a favor de incluir un aseguramiento público en las propuestas al Congreso.

Tales compañías promueven también sus opiniones a través de los grandes canales de televisión, mediante la compra de largos espacios televisivos que están a su disposición, previo pago de grandes cantidades de dinero. Estos anuncios televisivos no se presentan como financiados por tales compañías de seguros. La gran impopularidad de tales compañías de seguros explica que utilicen otras organizaciones (que ellas mismas crean), que aparecen como organizaciones espontáneas en defensa del paciente, organizaciones que promueven los puntos de vista de tal industria. Tales organizaciones, la mayoría relacionadas con el Partido Republicano, están ahora altamente movilizadas en contra de los proyectos de Reforma Sanitaria de la Administración Obama. Como ya he mencionado, tales organizaciones actúan con gran agresividad, interrumpiendo reuniones de asociaciones vecinales, convocadas por los miembros demócratas del Congreso, para presentar sus propuestas de reforma, con el objetivo de que no se realicen tales reuniones. Sus anuncios televisivos distribuyen falsedades obvias como, por ejemplo, indicar que la reforma Obama negará la atención médica a los que tengan ciertas condiciones crónicas, con el fin de que se mueran antes. Su manipulación no conoce límites.

Esta situación debiera conocerse ampliamente en España, no sólo por lo que respecta a las enormes insuficiencias de la democracia estadounidense (idealizada en muchos medios españoles), sino también para percatarse de las consecuencias de copiar el modelo liberal de aseguramiento privado de la sanidad, el cual ha conducido a EEUU a una situación enormemente insuficiente, injusta, y escasamente democrática.

Artículo publicado en El Plural.
www.vnavarro.es

¿ Sanidad pública o privada?

La revista médica británica British Medical Journal acaba de publicar un estudio (Quality of care for profit and not for profit nursing homes, 2009, vol. 339) que incide de lleno en el debate que se está desarrollando en España y otros países sobre quién ofrece mejores servicios médicos a la población: la sanidad privada o la sanidad pública. La credibilidad del estudio viene asegurada no sólo por el prestigio de la revista (una de las más respetadas en la comunidad científica internacional), sino también por la enorme credibilidad del autor principal del estudio, el Dr. Gordon Guyatt, catedrático de Medicina de la McMaster University de Hamilton, en Canadá. El Dr. Guyatt es el fundador de Evidence-Based Medicine (medicina basada en la evidencia científica), la corriente científica en medicina que exige que cualquier cambio en la práctica médica se base en criterios médicos de probada eficacia. Su bien merecida reputación añade gran valor a su estudio. Este consiste en el análisis de 82 estudios de investigación que han analizado en EEUU la calidad de la asistencia sanitaria proveída en centros sanitarios estadounidenses de atención a enfermedades crónicas, personas con discapacidades graves y pacientes convalecientes (en inglés, nursing homes). La mayoría de la población atendida en estas instituciones son ancianos. En EEUU hay 1,5 millones de personas en las 16.000 nursing homes, con la posibilidad de que, cada año, más de tres millones pasen algún tiempo en estos centros. La mayoría (las dos terceras partes) de estos centros son privados, con afán de lucro. Los restantes son públicos (término que en EEUU se define como de financiación pública o privados sin afán de lucro).

Las conclusiones de este análisis son claras y contundentes. En general, la calidad de los servicios médicos proveídos por las instituciones con afán de lucro es menor que la proveída por las instituciones sin afán de lucro. Entre otros muchos indicadores de calidad estudiados se incluían: 1) las cualificaciones del personal de las instituciones; 2) el número de complicaciones en el tratamiento clínico; 3) utilización de medidas que restringían la movilidad de los pacientes (como sobredosis de calmantes) que disminuyesen sus exigencias de atención; y 4) violaciones de las normativas gubernamentales para garantizar la calidad de los servicios. En cada uno de estos indicadores de calidad, las instituciones con afán de lucro estaban muy por detrás de las instituciones públicas. La evidencia existente de la diferencia en la calidad entre ambas instituciones es también abrumadora en otros estudios que han analizado la atención hospitalaria y otros servicios, como los servicios de diálisis externos. La mortalidad (para el mismo tipo de pacientes) es mayor en las instituciones con afán de lucro que en las que no tienen tal afán.

La importancia de estos estudios recae en que refuerzan la evidencia acumulada en la literatura científica, que el afán de lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios. La supuesta mayor eficiencia del sector privado comercial se basa en medidas como el ahorro en personal cualificado (tienen menos personal cualificado, como enfermeras, y tienen más personal con menor cualificación), hecho que claramente daña la calidad de la atención médica. Tal como indica el Dr. Guyatt, “las empresas con afán de lucro, en los servicios sanitarios, tienen que ahorrar fondos en áreas que afectan a la calidad de los servicios, a fin de conseguir el dinero que necesitan para pagar a sus accionistas y a sus gestores”. El afán de lucro no encaja con unos servicios cuyo objetivo debiera ser siempre servir a los pacientes, anteponiendo este objetivo al de optimizar los ingresos para conseguir mayores dividendos a los accionistas o para pagar mejor a los gestores. Estos últimos, por cierto, tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas.

No se han realizado estudios semejantes en España. Pero existe una percepción generalizada entre la mayoría de los expertos de que la calidad de la atención sanitaria pública es mejor que la privada, de manera que, si usted está enfermo de verdad, le aconsejo que vaya a la pública. Existe una dimensión, sin embargo, en la que, en general, la privada es mejor que la pública. El aspecto hotelero y de confort es, en general, mejor en la privada que en la pública. Y los tiempos de espera son menores en la privada que en la pública. Ello explica su expansión. La mayor causa de estas deficiencias del sector público está en la enorme escasez del gasto público sanitario, el más bajo (y por mucho) de la Unión Europea a quince. Mientras que el PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la

UE-15, el gasto público sanitario es sólo el 65% del promedio de la UE. Y ahí está el mayor problema de la sanidad española, problema del cual el establishment político y mediático del país (que pertenece al 30% de renta superior de la población) no es plenamente consciente, pues utiliza los servicios de la sanidad privada o recibe trato preferencial (en el caso de las élites políticas) cuando van a la pública. Debiera dictarse una norma en el sistema político español que indicara que, para que una persona pudiera optar a representar a la población, se comprometiese a utilizar los mismos servicios sanitarios que la mayoría de sus electores, que son mayoritariamente de clases populares y que utilizan la sanidad pública sin haber recibido trato preferencial. Esto contribuiría a que se redujera la excesiva distancia, que existe en España entre representantes y representados y ayudaría a los primeros a sensibilizarse de los problemas de los segundos.

Artículo publicado en Diario Público.
www.vnavarro.es

Observatorio sobre la privatización de la Salud en Europa

OBSERVATORIO SOBRE LA PRIVATIZACION DE LA SALUD EN EUROPA

http://www.privatizationhealthobservatory.eu/html/inicio.htm

La globalización neoliberal esta produciendo serias transformaciones en los sistemas sanitarios de todo el mundo.

En Europa estas transformaciones se centran en la privatización de los sistemas sanitarios públicos y en el incremento de las aportaciones de los usuarios en el momento del uso de las prestaciones asistenciales

Conscientes de que nos encontramos ante una ofensiva generalizada que ofrece características similares en todos los países, un grupo de profesionales y estudiosos de la salud del Reino Unido y España ponemos en marcha este Observatorio, cuyos objetivos son:

• Permitir a los profesionales y los activistas de los países que luchan para defender sistemas públicos de la salud enterarse y aprender de las experiencias de otros países (inicialmente Reino Unido y España).
• Permitir a los que luchan en otros países traducir y propagar la información y las ideas en los artículos, informes y documentos que pueden ayudarlos a realizar campañas contra la privatización de los servicios sanitarios.
• Favorecer la creación de mas vínculos entre los defensores de la Sanidad Pública en distintos países.
• A largo plazo y si se quiere, establecer vínculos y formas de colaboración mas profundas entre los defensores de los sistemas públicos de salud.

Esta iniciativa se concretara inicialmente en la confección de una pagina web que contenga informes, documentos y artículos que revelen y analicen las políticas sanitarias en los países europeos (sobre todo el Reino Unido y España) que conducen a los sistemas de salud hacia la privatización y el mercado.

DR Sally Ruane
Health Policy Research Unit, Health and Life Sciences
De Montfort University, Hawthorn Building, The Gateway
Leicester
United Kingdon

Dr Marciano Sánchez Bayle
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
Madrid
España

Televisiones públicas y privadas

Quien difundió las imágenes de las presiones gubernamentales fue el propio medio público, Televisión Española, lo que, en mi opinión constituye la mejor prueba de que no aceptaron la presión y así la denunciaron.

El 30 de julio se produjo una curiosa anécdota televisiva. Ese día fue noticia la amenaza del responsable de prensa del Ministerio de Trabajo español a un periodista de TVE. Tras una rueda de prensa del ministro, el funcionario de prensa, indignado con un redactor de Televisión Española que insistía en preguntar al ministro, le espetó: “Voy a quejarme porque lo has hecho muy mal. Es más, voy a pedir [sic] quién eres para evitar que vengas a este ministerio en la medida de lo posible.” Muchas críticas señalaron que lo sucedido era una prueba del “partidismo de los medios públicos a favor del gobierno”, una vez más se demostraba que la televisión pública y, por extensión, los medios del Estado están bajo el control del gobierno de turno que se podía permitir vetar a un periodista porque no era de su gusto. Quienes así acusan olvidan que quien difundió las imágenes de las presiones gubernamentales fue el propio medio público, Televisión Española, lo que, en mi opinión constituye la mejor prueba de que no aceptaron la presión y así la denunciaron. Supongamos una situación parecida que tenga como protagonista al dueño de una televisión privada y a un periodista de esa televisión. Seguro que no nos imaginamos la difusión en Cuatro de una presión similar de la familia Polanco a un periodista de esa cadena, o en Antena 3 una presión de la familia Lara.

El caso italiano puede ser un buen objeto de estudio. En ese país, el primer ministro, Silvio Berlusconi, es propietario del Grupo Fininvest, el cual controla la empresa Mediaset, dueña de las cadenas televisivas Rete Quattro, Italia Uno y Canale Cinque. Si bien esta última se intenta presentar con una cierta independencia en su línea informativa, la realidad es que las tres se caracterizan por su apoyo incondicional al dueño, es decir, a Berlusconi. Al mismo tiempo el Estado italiano es propietario de las cadenas RAI1, RAI2 y RAI3. Aunque la calidad de estas televisiones ha bajado mucho durante los gobiernos de Berlusconi con el objetivo de conseguir que las audiencias emigren a los canales del primer ministro, su nivel de incondicionalidad política al gobierno es menor que en las privadas de Berlusconi. Incluso RAI3 mantiene un mayor perfil de izquierdas, en virtud de un acuerdo histórico de reparto de líneas editoriales entre los tres canales públicos. Ello es posible porque existe una comisión de vigilancia parlamentaria que nombra a siete consejeros de los nueve que integran el consejo de la corporación de la televisión pública italiana. Por tanto en Italia el objetivo no es lograr televisiones públicas al servicio de un gobierno, sino intentar jibarizarlas para que sean las privadas las que tengan el poder y cumplan la función de lealtad gubernamental.

En España también se intenta un control plural y democrático de RTVE. Según la legislación, las Cortes Generales elegirán los doce miembros que integran el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, dos de ellos serán a propuesta de los dos sindicatos más representativos de la corporación. Otro elemento de participación pública de nuestra televisión pública es la existencia del denominado “derecho de acceso”, consagrado en la Constitución y que establece que los medios públicos deben reservar parte de sus programación para contenidos propuestos por partidos políticos, movimientos sociales o sindicatos. Es verdad que no se está poniendo suficientemente en práctica, algo que debemos denunciar, pero donde nunca se hará porque no existe ninguna garantía legal que lo establezca es en los medios privados.

Tampoco negaremos que, a pesar de todo, las televisiones públicas no cuentan con los mecanismos de participación democrática que todos desearíamos, y que el poder de los gobiernos en muchas ocasiones es excesivo. Lo que es indiscutible es que los profesionales de las televisiones privadas nunca podrán denunciar y mostrar en pantalla los intentos de presión por parte de sus propietarios. De modo que la verdadera independencia y pluralidad, o viene de los medios de comunicación públicos o no vendrá nunca.

Pascual Serrano acaba de publicar “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo” . Junio 2009. Editorial Península .

http://www.pascualserrano.net/

Fuente: Rebelión

El modelo liberal sanitario: EE.UU.

Existe en España una presión, que procede primordialmente (pero no exclusivamente) de las derechas, de privatizar la sanidad y expandir el aseguramiento sanitario privado a base de ofrecer desgravaciones (es decir, subsidios públicos) a las pólizas de aseguramiento privado sanitario. Sería deseable que tales proponentes visitaran y conocieran el sistema sanitario estadounidense, que está financiado (en su mayoría) de forma privada, a base de pólizas a las compañías de seguro sanitario privado, las cuales gestionan el sistema. Se darían cuenta, rápidamente, de que tal sistema de financiación y gestión de la sanidad es la causa de que la sanidad estadounidense se haya convertido en el problema doméstico número 1 en aquel país. Ni que decir tiene que EEUU dispone de centros sanitarios excelentes y la formación del personal sanitario es de elevadísima calidad. Pero, como ya bien dijo el filósofo Hegel en el siglo XIX, la totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Los componentes del sistema pueden ser excelentes y, en cambio, la totalidad puede ser enormemente deficiente. Y esto es lo que ocurre precisamente con la sanidad de aquel país.

Pero veamos primero las características del sistema de financiación sanitaria de aquel país. Tal sistema se estableció inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Las izquierdas, (los sindicatos y los movimientos sociales) querían establecer un sistema de financiación pública, propuesta que contaba con el apoyo del Presidente Truman. Las derechas (el mundo empresarial y el capital financiero –banca y compañías de seguro-) se oponían a aquella propuesta, apoyando en su lugar la ley Taft-Harley Act, aprobada por dos terceras partes del Congreso de EEUU (dominado por el Partido Republicano y por los congresistas del Partido Demócrata procedentes del Sur, la región mas conservadora de aquel país). Esta mayoría permitió aprobar la ley, a pesar del veto del Presidente Truman. Esta ley estableció que la cobertura sanitaria se debe negociar en los altamente descentralizados convenios colectivos (empresa por empresa), y tiene que ser financiada con las pólizas de aseguramiento sanitario privado, pagadas conjuntamente por empresarios y trabajadores de cada empresa. Las compañías de seguros privados acuerdan, a su vez, con los proveedores de servicios (tales como médicos y hospitales) la provisión de la atención médica.

El 65% de la población estadounidense tiene su cobertura sanitaria relacionada con su lugar de trabajo. Como consecuencia de este tipo de financiación, aquellos trabajadores que tengan sindicatos fuertes en su lugar de trabajo, es probable que consigan una cobertura extensa (aunque nunca tan extensa como la existente en los países de la UE-15). Pero donde los sindicatos sean débiles o no existan, la cobertura sanitaria de los trabajadores es muy insuficiente o, incluso, pueden no tenerla. De ahí la enorme variabilidad en el grado de cobertura sanitaria que la ciudadanía tenga. Las personas que no trabajan o las que trabajan en centros de trabajo donde los empresarios no quieran (no es mandatario que lo hagan) o no puedan pagar la póliza de aseguramiento sanitario, pueden asegurarse con pólizas individuales, muy caras en caso de tener una enfermedad crónica.

Este sistema fue resultado de la alianza política entre las grandes empresas de EEUU y las compañías de seguro. Las primeras querían controlar a la fuerza del trabajo pues, cuando el trabajador pierde su puesto de trabajo pierde, no sólo su salario, sino también su cobertura sanitaria y la de su familia. El impacto disciplinario de tal sistema es enorme. El trabajador se lo piensa dos veces antes de enfrentarse con el empresario. Ésta es la causa de que EEUU sea el país de la OCDE que tenga menos días de huelga al año. Ello explica que los sindicatos siempre hayan intentado desligar la cobertura sanitaria de la situación laboral del trabajador, promoviendo la universalización de la cobertura sanitaria (tal como propuso el grupo de trabajo de la Casa Blanca, presidido por la Sra. Clinton, del cual yo era miembro). Esto significaría que todo ciudadano o residente tuviera derecho de acceso a los servicios, derecho al que se oponía, hasta hace poco, el gran mundo empresarial, que prefiere que la cobertura sanitaria se haga a través de las empresas, para controlar mejor a los trabajadores. Esta oposición empresarial, sin embargo, comienza a diluirse, puesto que el enorme encarecimiento de las pólizas de seguro sanitario hace que General Motors, por ejemplo, gaste en aseguramiento sanitario para sus empleados más que en cualquier otro input de la producción en automóviles (sea éste acero, neumáticos, o lo que sea). Por cada coche fabricado, General Motors destina 1.600 $ a tal capítulo, mientras que Toyota en Japón destina sólo 74 $ (en impuestos) como su contribución a cubrir la sanidad de los ciudadanos (que son sus empleados). De ahí que algunos empresarios comiencen a tener dudas de los beneficios de tal sistema, pues afecta negativamente su competitividad internacional.

El otro grupo de presión que se beneficia de tal sistema son las compañías de seguro sanitario privadas que, después de las farmacéuticas, son las que tienen los beneficios más elevados de EEUU (12.000 millones de $ en 2007). La persona mejor pagada en EEUU es William McGuire, presidente de la Compañía de seguros sanitarios privados United Health Group, que recibe 37 millones de dólares al año, más 1.776 millones en acciones de tal compañía. Los dirigentes de tales compañías son, según el The New York Times (09.04.05), los ejecutivos con los ingresos más exuberantes.

Este maridaje de intereses ha forjado un sistema que se caracteriza por:

1. Ser enormemente caro. El gasto sanitario representa el 17% del PIB. El gasto público sanitario per cápita de EEUU es el más alto del mundo, 6.397 dólares (en dólares estandarizados para comparar la capacidad adquisitiva del dólar en varios países), mucho más alto que el francés (el más alto de la UE: 3.306 $), el alemán (3.251 $), el británico (2.580 $), el japonés (2.474 $) y el español (2.260 $). Y este gasto público se invierte en cubrir el 51% de los gastos de asistencia sanitaria a los ancianos (Medicare), el 12% de los pobres llamados indigentes medios (Medicaid) y a las Fuerzas Armadas.

2. Ser muy insuficiente, pues a pesar de los enormes costes, 48 millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria, y 93 millones tienen una cobertura insuficiente, es decir, que su seguro sanitario privado es muy limitado, teniéndose que gastar más del 10% de su ingreso familiar para pagar directamente sus facturas médicas.

3. Alcanzar niveles de crueldad. El 40% de las personas que se están muriendo manifiestan que están preocupadas por como ellos o sus familiares pagarán sus facturas médicas.

4. Ser muy impopular, pues sólo el 21% de la población está satisfecha con su sistema sanitario (comparado con el 64% de Francia).

La pregunta que uno se hace es “¿Por qué no se cambia el sistema de financiación sanitaria?”, y la respuesta radica en la privatización del proceso electoral en EEUU. Las campañas electorales de los candidatos las financian los grandes grupos económicos y financieros, incluyendo las compañías de seguros. Estas últimas, por ejemplo, aportaron 525.188 dólares a la candidatura Clinton, 414.853 al candidato Obama, y 277.724 a McCain (que recibió menos porque tal industria creía que no tenía muchas posibilidades de ganar). De ahí se deriva que la clase política sea muy reticente a enfrentarse a las compañías de seguro, que son las que financian sus campañas. De ahí la gran frustración de la población hacia Washington, que representa el maridaje entre los grupos empresariales y financieros y la clase política. ¿Es éste el modelo liberal que las derechas (y algunas voces de centroizquierda) desean para España?

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Sistema Digital

Libertad de enseñanza y servicio público

El reconocimiento de los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza en el texto constitucional protagonizó las discusiones más acaloradas durante los debates constituyentes, y fue el resultado del consenso entre una derecha partidaria de un sistema educativo de gestión privada pero financiado por el Estado, y una izquierda que propuso que el principal protagonista de la educación fueran los centros públicos. Este debate ha sido resucitado recientemente como consecuencia de la campaña emprendida por los centros concertados que segregan en la escolarización de su alumnado por razón de sexo, ante el temor fundado a perder las subvenciones públicas que perciben; así como por los gobernantes de algunas comunidades autónomas, y en especial por los de la Comunidad de Madrid, que han decidido abanderar la defensa de la libertad de enseñanza en detrimento del derecho a la educación en condiciones de igualdad.

Los defensores de la libertad de enseñanza argumentan que esta satisface el derecho de los padres a elegir colegio conforme a sus convicciones morales y religiosas, y que la obligación del Estado es financiar dicha elección. Lo que no parece lógico es que esta posición la esgriman los propios responsables de que el sistema escolar público cuente con los recursos económicos necesarios para la consecución de sus objetivos de servicio público. Cuando se defiende la libertad de enseñanza y al mismo tiempo se devalúa el nivel de la escuela pública se está abogando por la privatización de la educación y por el retorno a épocas felizmente superadas, en las cuales la educación de calidad era un bien escaso monopolizado en nuestro país por la Iglesia católica, y del que disfrutaban exclusivamente determinadas clases sociales.

Es curioso que los actores referidos reclamen que la escuela privada tenga mayor protagonismo en el sistema educativo, cuando precisamente España es uno de los países de la Unión Europea que dedica mayor porcentaje de su PIB a subvencionar la educación privada. Asimismo, hay que tener en cuenta que las escuelas públicas cumplen con una función social que las escuelas privadas no están dispuestas a asumir, tal y como se deduce de las estadísticas que indican que el grueso de los alumnos de origen inmigrante se escolarizan en las escuelas públicas, y que a las escuelas privadas concertadas –y por lo tanto financiadas por el Estado– asisten los alumnos con mayores niveles de renta.
La educación entendida como servicio público esencial debe servir para remover las desigualdades socioeconómicas, no para fomentarlas. La escuela pública gratuita y competitiva es uno de los pilares sobre los que se asientan los modelos sociales más avanzados, en la medida en la que permite que todo niño, con independencia de su origen social y económico, pueda llegar a donde su talento le lleve sin ninguna traba. En este proceso, los poderes públicos deben apostar decididamente por un modelo de escuela pública laica y de calidad, ya que esta es la mejor garantía para que el principio de igualdad de oportunidades que inspira el sistema educativo no sea una utopía.

Oscar Celador. Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Fuente: Público

Las cotizaciones sociales

El proceso de diálogo social que se está llevando a cabo ha vuelto a poner en el centro del debate a las cotizaciones sociales pero, una vez más, se hace de forma bastante desenfocada y por eso creo que es más importante que nunca tener algunas ideas claras al respecto.

La patronal reivindica constantemente su rebaja y los economistas más cercanos a las tesis liberales tratan de demostrar que las cotizaciones sociales son un factor negativo para el empleo y, en general, para la actividad económica.

No es fácil poder demostrar taxativamente la relación entre cotizaciones sociales y niveles de empleo (salvo quizá en el caso de segmentos específicos del mercado de trabajo) porque en la determinación de los niveles de empleo y paro siempre influyen un conjunto de factores adicionales que no es fácil conjugar en los modelos lineales y elaborados sobre postulados bastante rígidos que se emplean en el análisis económico.

Pero tampoco hace falta utilizar modelos muy sofisticados para demostrar lo evidente: cuanto más caro sea el factor trabajo, más retardatarias serán a la hora de emplearlo las empresas que solo puedan competir mediante costes reducidos. Lo contrario de lo que ocurre con las empresas innovadoras y que se pueden permitir soportar costes más elevados porque son capaces de competir a través de vías distintas a la de utilizar factores baratos y poco productivos para tratar de vender lo que producen a precio más bajo.

La conclusión, por tanto, será elemental: a las empresas españolas que apuestan por esta última estrategia para penetrar en los mercados (o para obtener beneficios extraordinarios), es cierto que las cotizaciones elevadas le supondrán rémoras importantes. Como las suponen también costes más elevados de energía, de transporte o de cualquier otro tipo. Si a las empresas que no tienen capacidad de competir innovando, mejorando su calidad u ofreciendo productos más atractivos a la demanda, le suben las cotizaciones, tendrán más dificultades y si se las bajan, más ventajas para conseguir beneficios. Es elemental.

Pero la pregunta es si lo que necesita la economía española es incentivar ese tipo de comportamiento empresarial o si, por el contrario, lo que hay que hacer es crear condiciones que incentiven un uso diferente de los recursos, y entre ellos el del trabajo, que no esté dirigido solo a ahorrarse costes sino a ganar mercados de otra forma, a ser más productivos y a obtener beneficios sin tener que empobrecer a los propietarios de esos recursos productivos. Sobre todo, cuando la retribución de uno de ellos, el factor trabajo, es a la postre la que garantiza que se pueda vender una gran parte de lo que se produce.

Como no se hace este último planteamiento, se sigue hablando en España de las cotizaciones sociales como un impuesto sobre el trabajo que pagan las empresas, como un simple coste que hay que reducir para que la carpetovetónica forma de competir que predomina en las empresas españolas salga adelante.

Y, puestos a considerarlo como un impuesto, la cuestión se traduce entonces en determinar si es el mejor tipo impositivo o si debe ser sustituido por otro. Es ahí cuando aparece otro de los juegos de manos que utilizan quienes defienden estas posiciones: como en España las cotizaciones son muy elevadas y nuestro IVA está aún por debajo de la media europea, lo que debemos hacer es reducir las cotizaciones y subir si acaso un poco el IVA, para que así no se resientan del todo los ingresos del Estado.

¡Menuda trampa! Veamos. Las cotizaciones sociales no son un impuesto: ¡son salario! No un salario directo como el que a final de mes reciben los trabajadores pero sí una renta que les proporciona ingresos diferidos (cuando se destinan a financiar las pensiones) o indirectos (si financian la sanidad, el desempleo, etc.).

Por tanto, lo que hay que tener claro cuando la patronal reclama reducir las cotizaciones sociales es que lo que pide es sencillamente reducir los salarios de los trabajadores para obtener más beneficios. No digo que no sea lógico o legítimo sino que es eso lo que significa su demanda.

Y cuando se dice que lo que se debe hacer es reducir las cotizaciones compensando con subidas del IVA la pérdida de ingresos públicos, lo que se está proponiendo es, primero, que los trabajadores ganen menos y, segundo, que además sean ellos en su gran mayoría los que asuman la compensación en los ingresos a través del impuesto indirecto vinculado al consumo que realizan. Por así decirlo, que ganen doblemente menos.

Otro juego de manos consiste en comparar las cotizaciones sociales y el IVA españoles con los europeos y no tener en cuenta el nivel general de imposición o el gasto público y social que no solo condicionan el bienestar de los ciudadanos directamente sino también indirectamente en la medida en que son los factores que pueden contribuir a crear una dotación de capital social que permita innovar y competir de otro modo.

¿Por qué se fijan sólo en que las cotizaciones sociales españolas son muy altas y no hablan de que el impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha convertido en uno sobre el trabajo por cuenta ajena, de la imposición sobre el patrimonio, de la inversión en I+D+i, en educación o en cualquiera de los demás componentes del gasto social?

La razón es fácil. Las grandes empresas españolas, y sobre todo las que controlan las organizaciones patronales, están contentas con la situación actual en la que pueden disponer o desprenderse fácilmente de trabajo barato y poco cualificado (el 70% del total), generar altísimos niveles de costes externos sin tener que hacerse cargo de ellos y disfrutar cada vez de mejores condiciones para negociar y moverse en los mercados. Tienen márgenes elevadísimos gracias a ello y al poder de mercado que les proporciona una administración demasiadas veces cómplice o pasiva, y tributan menos que en otros lugares. Se conforman con ello pero están imponiendo al conjunto de las empresas y a la economía y la sociedad en general un modelo productivo insostenible.

Así que aquí lo que hay que hacer es hablar claro. ¿Creemos que lo que hoy conviene a la economía española es que los trabajadores ganen menos y los propietarios del capital más?

La patronal debería hablar claro y tratar de convencernos de que lo mejor es que el modo en que ha crecido nuestra economía siga así siempre y, por supuesto, que nos demuestre que eso es posible sin producir daños ambientales irreversibles, conflictos sociales e incluso la quiebra de millones de pequeñas y medianas empresas que lo que en realidad necesitan es demanda efectiva que no puede venir, en su mayor proporción, más que de salarios directos, indirectos y diferidos suficientes.

La patronal está haciendo un ejercicio de irresponsabilidad histórica al actuar con tanta ceguera o con tanta falta de escrúpulos. Limitarse a tratar de ahorrarse salarios mediante la reducción de las cotizaciones sociales no es solamente algo que perjudique a los trabajadores. Es una estrategia suicida para la inmensa mayoría de las empresas porque solo conviene a las que tienen un poder de mercado que no estará nunca al alcance de todas. Además, están defendiendo una demanda que debilita a la seguridad social, que es lo que busca el lobby bancario para favorecer así el negocio privado, incluso por la vía radical del establecimiento de un sistema de capitalización privado. Así la patronal le hace también el peor de los favores a millones de pequeños y medios empresarios.

La patronal no solo se pone enfrente de los sindicatos, o del gobierno como quieren hacer creer. Se está situando enfrente de toda las sociedad manteniendo una postura ciega y radical que lo único que busca es aumentar los privilegios de los más ricos para ganar más y para quitarse de encima los impuestos que contribuyen al sostenimiento de la sociedad, una estrategia que en ningún otro país ha dado resultados que no sean los de empobrecer a todos y frenar la modernización de la economía.

Juan Torres – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Sistema Digital.