Investigación científica con fines de lucro

La incontenible privatización de todas las actividades que pueden generar ganancias hace surgir nuevos dilemas éticos y riesgos para los ciudadanos. La investigación científica se está incorporando velozmente al capital y con ello surge en una contradicción básica. Se supone que la comunidad científica busca nuevos conocimientos y comparte sus descubrimientos. La ciencia y sus resultados serían así un bien público a disposición de la humanidad para resolver problemas de la colectividad.

El propósito de la empresa privada, en contraste, es generar la máxima ganancia. Si invierte en investigación científica es para lucrar con sus resultados y para ello se protege patentando los descubrimientos. La defensa de la privatización de la investigación es que no hay dinero público que alcance y es justo que las empresas puedan recuperar su inversión en investigación y desarrollo de productos por medio de la propiedad intelectual.

El problema está en que el fin de lucro altera la investigación científica y subvierte su esencia. Cuando está implicada la ganancia surgen el financiamiento interesado y los conflictos de interés que afectan el bienestar y seguridad de la población.

La industria farmacéutica transnacional –la gran farma– es icono de esta problemática. Varias revisiones sistemáticas demuestran que los estudios que financia tienen, con más frecuecia, sesgos en su diseño, resultados favorables al fármaco investigado y ocultamiento de efectos adversos graves. La gran farma invierte dos veces más en comercialización y administración, 33 por ciento de sus costos, que en investigación y desarrollo, 17 por ciento. Los frutos de sus investigaciones son decrecientes; sólo nueve de las 22 moléculas y biológicos nuevos, registrados en 2006, habían sido desarrollados por estas compañías. Incluso 90 por ciento de sus ganancias provienen de fármacos que han estado en el mercado durante más de cinco años, según PriceWaterHouse.

Las patentes de muchos productos están por expirar y tendrán que competir con los fármacos genéricos con la habitual caída de precios o erosión por genéricos. Y tiene razón en preocuparse. Cuando Brasil e India ignoraron la patente del antirretroviral combinado para tratar el VIH/sida, el precio del tratamiento anual cayó de 11 mil a 295 dólares. Esto ilustra cómo la big pharma condena a muerte a los que no pueden pagar y daña los sistemas de salud con sus precios monopólicos. Su estrategia de cabildeo con los gobiernos y los legisladores se enfoca actualmente a modificar la legislación sobre patentes para prolongarlas y a impedir que se adopten protocolos de atención con el uso racional de fármacos o que se facilite la venta de éstos sin receta.

Otra actuación con daños a las personas está relacionada con la manipulación de los resultados de los ensayos clínicos de sus medicamentos, sea por ocultamiento de efectos secundarios o por proponer usos del medicamento no investigados.

En la actualidad se debaten varios casos muy célebres. Uno es Avandia de GSK, antidiabético que tiene ventas por 2.2 mil millones de dólares. En 2007 se descubrió que este medicamento estaba asociado al incremento en cerca de 50 por ciento de ataques cardiacos. La empresa lo sabía, pero no lo había advertido en la caja. Este hecho llevó al Senado de Estados Unidos a formar un comité de investigación cuyos resultados, presentados en febrero de 2010, confirman este hecho y en julio se determinará si se retira del mercado. Circula en México donde sólo alerta contra su uso en personas con insuficiencia cardiaca, pero no sobre el aumento del riesgo de infarto.

Otro caso es el medicamento Seroquel, de Astra Zeneca, cuyo uso aprobado es en el tratamiento de esquizofrenia. Posteriormente, la empresa lo promovió como tratar el trastorno bipolar, sin haber hecho nuevos ensayos clínicos. O sea, no está probado su efecto y la falta de tratamiento eficaz puede llevar el paciente al suicidio. Con esta ampliación sus ventas llegaron a 4.9 mil millones de dólares en 2009. Recientemente la empresa fue multada con 520 millones de dólares por este fraude contra el sistema de salud. Las autoridades mexicanas no han tomado ninguna medida.

La revisión de las investigaciones sobre Tamiflu que publicó el British Medical Journal en 2009 demostró el mismo comportamiento engañoso de Roche con información parcial, estudios de efectos adversos ocultados, etcétera, que llegó a concluir que no se puede garantizar que tenga utilidad ni que sea inocuo. Y, sin embargo, la Ssa hizo una compra de este medicamento por 325 millones en febrero, 2010. ¿Dónde está la autoridad sanitaria que debe proteger nuestra salud y el dinero destinado a ello?

La incontenible privatización de todas las actividades que pueden generar ganancias hace surgir nuevos dilemas éticos y riesgos para los ciudadanos. La investigación científica se está incorporando velozmente al capital y con ello surge en una contradicción básica. Se supone que la comunidad científica busca nuevos conocimientos y comparte sus descubrimientos. La ciencia y sus resultados serían así un bien público a disposición de la humanidad para resolver problemas de la colectividad.

El propósito de la empresa privada, en contraste, es generar la máxima ganancia. Si invierte en investigación científica es para lucrar con sus resultados y para ello se protege patentando los descubrimientos. La defensa de la privatización de la investigación es que no hay dinero público que alcance y es justo que las empresas puedan recuperar su inversión en investigación y desarrollo de productos por medio de la propiedad intelectual.

El problema está en que el fin de lucro altera la investigación científica y subvierte su esencia. Cuando está implicada la ganancia surgen el financiamiento interesado y los conflictos de interés que afectan el bienestar y seguridad de la población.

La industria farmacéutica transnacional –la gran farma– es icono de esta problemática. Varias revisiones sistemáticas demuestran que los estudios que financia tienen, con más frecuecia, sesgos en su diseño, resultados favorables al fármaco investigado y ocultamiento de efectos adversos graves. La gran farma invierte dos veces más en comercialización y administración, 33 por ciento de sus costos, que en investigación y desarrollo, 17 por ciento. Los frutos de sus investigaciones son decrecientes; sólo nueve de las 22 moléculas y biológicos nuevos, registrados en 2006, habían sido desarrollados por estas compañías. Incluso 90 por ciento de sus ganancias provienen de fármacos que han estado en el mercado durante más de cinco años, según PriceWaterHouse.

Las patentes de muchos productos están por expirar y tendrán que competir con los fármacos genéricos con la habitual caída de precios o erosión por genéricos. Y tiene razón en preocuparse. Cuando Brasil e India ignoraron la patente del antirretroviral combinado para tratar el VIH/sida, el precio del tratamiento anual cayó de 11 mil a 295 dólares. Esto ilustra cómo la big pharma condena a muerte a los que no pueden pagar y daña los sistemas de salud con sus precios monopólicos. Su estrategia de cabildeo con los gobiernos y los legisladores se enfoca actualmente a modificar la legislación sobre patentes para prolongarlas y a impedir que se adopten protocolos de atención con el uso racional de fármacos o que se facilite la venta de éstos sin receta.

Otra actuación con daños a las personas está relacionada con la manipulación de los resultados de los ensayos clínicos de sus medicamentos, sea por ocultamiento de efectos secundarios o por proponer usos del medicamento no investigados.

En la actualidad se debaten varios casos muy célebres. Uno es Avandia de GSK, antidiabético que tiene ventas por 2.2 mil millones de dólares. En 2007 se descubrió que este medicamento estaba asociado al incremento en cerca de 50 por ciento de ataques cardiacos. La empresa lo sabía, pero no lo había advertido en la caja. Este hecho llevó al Senado de Estados Unidos a formar un comité de investigación cuyos resultados, presentados en febrero de 2010, confirman este hecho y en julio se determinará si se retira del mercado. Circula en México donde sólo alerta contra su uso en personas con insuficiencia cardiaca, pero no sobre el aumento del riesgo de infarto.

Otro caso es el medicamento Seroquel, de Astra Zeneca, cuyo uso aprobado es en el tratamiento de esquizofrenia. Posteriormente, la empresa lo promovió como tratar el trastorno bipolar, sin haber hecho nuevos ensayos clínicos. O sea, no está probado su efecto y la falta de tratamiento eficaz puede llevar el paciente al suicidio. Con esta ampliación sus ventas llegaron a 4.9 mil millones de dólares en 2009. Recientemente la empresa fue multada con 520 millones de dólares por este fraude contra el sistema de salud. Las autoridades mexicanas no han tomado ninguna medida.

La revisión de las investigaciones sobre Tamiflu que publicó el British Medical Journal en 2009 demostró el mismo comportamiento engañoso de Roche con información parcial, estudios de efectos adversos ocultados, etcétera, que llegó a concluir que no se puede garantizar que tenga utilidad ni que sea inocuo. Y, sin embargo, la Ssa hizo una compra de este medicamento por 325 millones en febrero, 2010. ¿Dónde está la autoridad sanitaria que debe proteger nuestra salud y el dinero destinado a ello?

Asa Cristina Laurell

Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2010/06/04/index.php?section=opinion&article=a03a1cie

España social a la cola de la UE

Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Es decir, nuestro Estado del bienestar (que incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencias, vivienda pública y otros) es el que, junto con Grecia y Portugal, está menos financiado entre los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países con un nivel de desarrollo económico más próximo al nuestro.

Si miramos el gasto público social, vemos que tal gasto representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que tiene un gasto más bajo de la UE-15. Y si nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la UE-15, cuyo promedio es del 15%. No es cierta la aseveración promovida por autores liberales (que tienen enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) de que hay demasiados empleados públicos. Es precisamente al revés: nuestro país, junto con Portugal, es el país que tiene el sector público –incluido el empleo público en el Estado del bienestar– más bajo de la UE-15.

Tales datos muestran la gran falsedad del mensaje que están transmitiendo las derechas (y algunas voces confusas de las izquierdas): que España está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay que ajustarse el cinturón. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No es, pues, que no haya recursos en el país. Los hay. Lo que ocurre es que el Estado (tanto a nivel central como autonómico y municipal) no los recoge.

¿Por qué estamos a la cola de la Europa social? Una de las causas es el enorme dominio que las derechas han tenido sobre la vida política de España y que se tradujo en una dictadura de 40 años que careció de sensibilidad social. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía (junto con Grecia y Portugal, que tuvieron regímenes totalitarios semejantes) el gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15 (14%, comparado con el 22% de promedio de los países que más tarde constituyeron la UE-15).

Ahora bien, 32 años después de haber terminado la dictadura, no puede considerarse que esta haya sido la única causa de que España esté a la cola de la Europa social. Para explicar este retraso tenemos que entender cómo se realizó la integración de España a la UE y al euro. En realidad, el enorme déficit de gasto público social se fue reduciendo de una manera muy significativa durante el periodo 1978-1993, de manera que, al terminar este periodo, la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Tal reducción tomó lugar predominantemente en los últimos años de la década de los años ochenta y principios de los noventa (consecuencia, en gran parte, de la presión popular, y muy en especial de las huelgas generales, que forzaron un notable incremento del gasto público social).

En 1993, el PSOE perdió la mayoría parlamentaria y se alió con la derecha catalana (CiU), tomando decisiones encaminadas a integrar a España en la eurozona. Entre ellas estaba la necesidad de reducir el déficit público del Estado (siguiendo el mandato de Maastricht) para alcanzar la mágica cifra de 3% del PIB. Tal reducción del déficit se hizo a base de la mayor reducción del gasto público (incluyendo el social) conocida en cualquier país de la UE. El gasto público social por habitante bajó del 3.039 euros estandarizados en 1993 a 2.904 en 1995, lo que afectó de una manera muy notable a las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar, una de las causas de la derrota del PSOE en las elecciones de 1996.

Tales políticas de austeridad continuaron durante el periodo 1995-2004, con lo cual la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 se disparó, pasando de 1.812 euros estandarizados a 2.242. Lo que esto quiere decir es que España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, y ello debido a que los ingresos al Estado, que entre 1978 y 1993 se habían destinado a reducir el déficit de gasto público social que tenía España en relación con la UE-15, fueron, a partir de 1993, a cubrir el déficit del presupuesto del Estado. De esa manera, cuando en 2003 el Gobierno de Aznar mostró, lleno de orgullo, que España estaba ya alcanzando el equilibro de las cuentas del Estado, más de un dirigente europeo le recordó que lo había conseguido a base de empobrecer el sufrido y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de empobrecer a la España social, siendo las clases populares –las que utilizan más el Estado del bienestar– las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona.

A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 bajó como consecuencia de la mayor sensibilidad social del Gobierno socialista, presionado por los partidos a su izquierda. Pasó, entre 2004 y 2007 (último año que Eurostat publica datos comparables a nivel de la UE), de 2.242 euros estandarizados a 1.938, cifra todavía más elevada de déficit que el existente en 1993 (1.789). Y la situación empeorará más con los recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España continuará a la cola de la Europa social.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

Fuente; Público

La financiación de las pensiones

Desde hace más de 20 años, periódicamente se alzan voces pronosticando la quiebra de la Seguridad Social, y otras tantas veces llega la fecha en que se había anunciado el cataclismo sin que este se produzca. Tal discurso parte de una premisa errónea: la de considerar la Seguridad Social como algo distinto al Estado. Es esa concepción liberal, promovida por las entidades financieras y las organizaciones empresariales, y transmitida por algunos expertos y políticos, la que se coló de rondón en el Pacto de Toledo. La separación de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administración, sino como algo sustancial, de forma que se considera la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, con lo que queda en una situación de mayor riesgo y complica cualquier mejora en las prestaciones.

En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra sólo es concebible dentro de la quiebra del Estado, y el Estado no puede quebrar; todo lo más, acercarse a la suspensión de pagos, pero tan sólo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen más riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la actual crisis bursátil.

Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que el dogmatismo liberal nos introduzca en una coyuntura parecida a la de Argentina. Desde hace 30 años, la economía de nuestro país ha venido creciendo, abstrayendo de movimientos cíclicos, a una tasa media anual superior al 2,5% mientras que la población en todo el periodo sólo se ha incrementado en un 25%, con lo que la renta per cápita a precios constantes ha aumentado cerca del 100%. Somos casi el doble de ricos que en los últimos años del franquismo. Y no hay razón para pensar que, al margen de oscilaciones cíclicas, la evolución en los próximos 30 años no sea similar. La pregunta no es cuántos van a producir, como pretenden los agoreros de las proyecciones demográficas, sino cuánto se va a producir y si la respuesta es que lo producido en el año 2040 va a ser el doble que en la actualidad, ¿por qué razón las pensiones habrían de estar en peligro?

Previsiblemente, el problema que se plantea de cara al futuro no va ser el de la falta de recursos sino el de su distribución, entre activos y pasivos, entre rentas del trabajo y del capital y entre bienes públicos y privados. Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también cambios en las necesidades que hay que satisfacer y, por ende, en los bienes que se deben producir. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen, consecuentemente, la dotación de nuevos servicios.

Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribución de los bienes que hay que producir a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados. El pronosticado envejecimiento de la población de ninguna manera hace insostenible el sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo al gasto en pensiones, sino también a la sanidad y a los servicios de atención a los ancianos. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.

Que es perfectamente factible lo indica el hecho de que sea España, en estos momentos, el país de la UE (de los 15) que dedica menor parte de su renta a pagar las pensiones (8,8%). Por el contrario, Alemania, Holanda, Francia, Austria e Italia gastan todos ellos en pensiones más del 12% del PIB. Existe por tanto margen suficiente para incrementar el gasto en pensiones. El reducido importe a que ascienden las prestaciones sociales en nuestro país tiene su contrapartida en los siete puntos de diferencia con la media europea (de los 15) que presenta la presión fiscal en España.

La verdadera amenaza para el sistema público de pensiones se encuentra en una concepción neoliberal de la economía que ha criminalizado los impuestos, de manera que ninguna formación política se atreve a proponer una política fiscal más agresiva. Las continuas rebajas fiscales como es lógico perfectamente dirigidas a beneficiar especialmente a las rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes de ingresos altos están vaciando de contenido el sistema tributario, minorando su progresividad y limitándolo a la imposición indirecta y a gravámenes sobre las rentas de trabajo, al tiempo que reducen su futuro potencial recaudatorio. El colmo de la esquizofrenia, pero una esquizofrenia muy rentable para algunos consiste en proponer hace unos meses la bajada de varios puntos de las cotizaciones y afirmar ahora que se precisa una reforma para que el sistema sea viable.

Juan Francisco Martín Seco es economista

Fuente: Público

Davos y las pensiones

Fue precisamente en Davos, hace más de una década, cuando Tietmeyer, entonces gobernador del poderoso Bundesbank, decretó el fin de la soberanía popular. “Los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”, dijo. Era el grito de guerra de un nuevo capitalismo triunfante que, fundamentado en la libre circulación de capitales, se postulaba sin límites ni barreras y que exigía que todo se rindiese a la lógica del mercado.

Se ha visto a dónde nos ha conducido tal sistema: al borde del abismo. El año pasado, en febrero, las fuerzas económicas y sus satélites acudieron también a Davos, aunque en esta ocasión fueron humildemente, recubiertos todos ellos con el sayal de penitente y dispuestos a implorar al sector público que los protegiese del caos. Pero ha bastado un año, sólo un año, para que vuelvan a las andadas y, una vez salvados, sin importarles un ápice los cadáveres que dejan atrás, han regresado desafiantes a la ciudad de los Alpes dispuestos a plantar cara a los gobiernos, a imponerlos sus condiciones y a impedir cualquier regulación.

Como manifestación de su poder, han sentado en el banquillo de los acusados a tres países, no del Tercer Mundo sino de la Unión Europea –España, Grecia y Lituania–, escogiendo como fiscal al presidente del Banco Central Europeo y como jueces, a las agencias de calificación, las mismas que contribuyeron a la crisis dando la máxima valoración al papel basura que infectó la economía internacional. Y lo peor es que, al menos en el caso España, su estrategia ha tenido éxito, porque el Gobierno –tras caer inocentemente en la trampa de comparecer en tal foro– se ha apresurado a dar un giro a la derecha y a asumir las tesis de las fuerzas más conservadoras.

El Gobierno presenta un plan para realizar fuertes recortes del gasto en un presupuesto que apenas lleva un mes en vigor. Poco importa que la economía española se encuentre aún lejos de salir de la crisis y que estas medidas contradigan los planes de estímulo y obstaculicen la recuperación. De nada vale que el stock de deuda pública sea de los más bajos de la Unión Europea y que nuestras dificultades provengan del endeudamiento privado y no del público. No cuenta que nuestro déficit se haya originado fundamentalmente por la contracción de la recaudación, causada en parte por la baja actividad y en parte por una política fiscal que durante estos últimos 12 años ha desarmado los tributos progresivos. Qué más da que la congelación de la oferta pública de empleo lo único que consiga sea incrementar el enorme paro existente. Es igual, los mercados han hablado y hay que obedecer.

El Gobierno ha asumido la tesis de la derecha de que el sistema público de pensiones es inviable y hay que reducir, por tanto, las prestaciones. Resulta lo mismo que las proyecciones demográficas sean todas cuestionables. De nada vale afirmar que en ninguna parte esté dicho que sean únicamente los trabajadores los que tengan que sostener con sus cotizaciones las pensiones, como si los otros impuestos no contasen, principalmente los que se giran sobre las sociedades y las rentas de capital. Es igual, los mercados se han manifestado y hay que inclinarse ante ellos.

Juan Francisco Martín Seco. Público

El sistema educativo arrodillado ante el mercado

Poderosas leyes las del mercado, engranajes de milimétrica precisión que mueven las ruedas del beneficio ajeno, aquellas que esmagan diariamente a 25.000 miserables almas decretando la muerte en masa, ésas que dejan ciega a una persona cada cuatro minutos por falta de vitamina A, las mismas que matan a un niño cada cinco segundos por inanición. Por desgracia, son hoy en día estas leyes los diez mandamientos que la nueva deidad, el mercado, entrega a instituciones “filantrópicas” (FMI, BM, OMC…) para que regularicen el robo, institucionalicen el crimen al amparo del Derecho Internacional y suman a la madre tierra en una crisis ambiental que heredarán los futuros creyentes de esta fatídica religión.

En primer término, existe un proceso de privatización a escala mundial que está abriendo las puertas de la educación al mercado (recortando la asignación de recursos públicos o privatizando). En España, el gasto educativo en tanto por ciento del PIB cayó del 4,9% en 1993 al 4,4% en 2004 (siendo superado por 21 de los 25 países de la UE). Para el curso 2008-2009 se llegó al 4,54% del PIB, muy lejos del 6% pactado en los Acuerdos de Lisboa (2000). Además, el Barómetro 2007 de la Internacional de la Educación (IE) destaca la elevada tasa de matriculación en la enseñanza privada en España: un 25% en preescolar; un 33% en primaria, un 29% en secundaria (ESO) y un 13% en la universidad.

Las políticas neoliberales están estrechamente vinculadas al crecimiento exponencial de la escuela “pública” concertada; en la Comunidad de Madrid, bajo el mandato del PP, las aulas concertadas pasaron de 8.041 en el curso 1999/00 a 11.028 en el curso 2004/05, lo que supone un aumento del 37% en 5 años; además, la CAM es la región donde más creció en el curso 2004/05 el alumnado de los colegios privados, con 10.824 alumnos más, es decir un incremento del 125% (Burgos Tejero, 2006). Otro dato revelador es que la inversión en investigación militar supera en 300 veces el presupuesto destinado a la investigación educativa (Toribio Barba, 2008).

Para el sector privado la educación es un gran negocio, por lo tanto, actúa coaccionando a los “competidores desleales” que son los Estados que ofrecen gratuitamente el “servicio educativo”. Las administraciones gubernamentales, sobre todo las de los países esclavizados por los TLC, oprimidas por los organismos de crédito internacional tienden a reducir la inversión educativa, generando así el deterioro que los promotores del negocio educativo adjudican rápidamente a falta de competitividad, eficiencia y eficacia de la gestión pública.

El Darwinismo Social de Herbert Spencer parece ser el nuevo modelo político-social al que aspiran los apóstoles del neoliberalismo mediante la imposición del “Imperio del Mercado”. El Estado pasa a ser un mero garante de los intereses económicos minoritarios mediante la desregulación de los servicios públicos y la adopción de una posición autoritaria que inhiba cualquier reacción social en contra del sistema (un ejemplo reciente son los altercados acaecidos en Grecia en diciembre de 2008). En este sistema, la educación es un objetivo primordial para garantizar los beneficios de las clases sociales más altas mediante la creación de un “currículo donde formar una élite empresarial así como mano de obra disciplinada y competente que garantice su tasa de ganancia o bien clientes satisfechos en mercados diferenciados de conocimiento, unos para ricos, otros para pobres”. (Imen, 2005).

En general, la legislación educativa europea está llena de un nuevo lenguaje íntimamente ligado al terreno empresarial: calidad, competitividad, eficiencia, eficacia, competencias, empleabilidad, gestión, etc. Estos conceptos están marcadamente asociados a la selección, competitividad y rentabilidad; “términos importados del mundo empresarial y aplicados a la gestión de la educación. Se prima así la evaluación de los centros como control, auditoría y rendimiento de cuentas, enfoques que surgen vinculados a la empresa y poco coherentes con el discurso pedagógico” (Fueyo, 2005).

En este sentido, es preciso hacer referencia a un nuevo término incluido en la Ley Orgánica de Educación (LOE) por el MEC: “Competencias Básicas”, recogiendo las orientaciones de la OCDE a través del proyecto DeSeCo (Definición y selección de competencias). Pero, ¿cuál es la intencionalidad de estas competencias en el currículo?, ¿cuáles son sus efectos en la sociedad? Sin duda, engendrar el espíritu crítico y transformador que ponga en tela de juicio las desigualdades de la sociedad vigente no es una prioridad para este sistema de competencias. En la LOE no se menciona como educable el desarrollo crítico de la persona, a excepción de terrenos restringidos a lo personal: “El alumnado [...] debe tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico”, pero al mismo tiempo también figura la necesidad de que “el alumnado tenga conciencia de las convenciones sociales [...] y de los hábitos de trabajo y disciplina antes del estudio”. Como se puede observar, las dos oraciones entrecomilladas pueden resultar contradictorias si no se ahonda en los conceptos de disciplina, por una parte, y de espíritu crítico por la otra. Como indica Concejo Educativo (2007) “si el término espíritu crítico siempre se refiere a esta situación, no difiere mucho de la formulación empresarial. La empresa nunca dejará que se ponga en duda la esencia de la misma en la acción de sus trabajadores/as. En todo caso, incorporará mejoras que éstos propongan a partir de las críticas a condiciones específicas, para conservar lo esencial”.

Autores como Barnett (2001) van más allá, haciendo referencia a la necesidad que tiene la patronal de especificar de antemano la naturaleza de los recursos con los que contará, incluyendo la fuerza de trabajo. En consecuencia, “las competencias pre-identificadas por el mercado de trabajo están dominando la reconfiguración del currículo de la educación al servicio de una mayor competitividad económica. Otras capacidades que podrían promover una sociedad más justa y mejor van quedando «obsoletas» y se obvian progresivamente”.

El tinte empresarial del que está impregnado este modelo educativo se refleja claramente realizando una mera observación a las ocho competencias clave definidas por la UE y en las que se fundamentan las aplicadas en la Ley Orgánica de Educación:

1.Comunicación en la lengua.
2.Comunicación en lenguas.
3.Competencia matemática.
4.Competencia digital.
5.Aprender a aprender.
6.Competencias interpersonales.
7.Espíritu de empresa.
8. Expresión cultural.

Las grandes corporaciones mundiales pasan a tener un papel central en la planificación educativa, son sus necesidades las que marcan el ritmo de las reformas legislativas ya que precisan de trabajadores/as competentes en unos aprendizajes mínimos para desempeñar con eficiencia y eficacia su futura profesión. Valga como ejemplo el informe sobre la enseñanza de febrero de 1995, de la ERT (Mesa Redonda europea de los empresarios) donde se afirmaba que “la educación debe ser considerada como un servicio prestado al mundo económico”. Otra prueba que refuerza lo argumentado es que con el pretexto de la construcción de la e-Europa, se llegó incluso a que las mismas empresas elaboren los programas escolares y universitarios que son precisos para la ampliación de su propio mercado. El consorcio Career Space, que agrupa a: Microsoft, IBM, Intel, Philips, Siemens, etc., redactó, en una publicación oficial de las Comunidades Europeas, una “Guía para el Desarrollo de Programas de Formación” (Career Space, 2006) que se proponía definir los “nuevos estudios universitarios de formación en las TIC para el siglo XXI” que tienen que poner en marcha las universidades europeas. “Parece que una formación en tecnología de la información dispensada por Microsoft tiene actualmente más valor que una licenciatura científica obtenida en una Universidad cotizada”, Díez Gutierrez (2007).

La gestión de los centros escolares es una proyección de la estructura jerárquica empresarial en la que el director tiene unas competencias similares a las de un dirigente de cualquier corporación multinacional. El artículo 132 del Capítulo IV de la LOE refleja el papel preponderante de la figura directiva del centro, eliminando de raíz la gestión democrática de los centros escolares. Por otra parte, el modelo de incentivación y promoción profesional, tan propio del mundo corporativo, se extrapola al cuerpo docente, que será retribuido en función de los resultados académicos conseguidos. Como se puede observar “se introduce de lleno la lógica del mercado, con una gestión jerárquica y empresarial que desvirtúa el carácter público y modifica las actuales condiciones laborales del profesorado”, Díez Gutierrez (2007).

La tasa de analfabetismo mundial fue de unos 800 millones de adultos en el año 2002, es decir, el 18% de la población adulta mundial. Concentrándose el 70% de los analfabetos adultos en nueve países, en cabeza de los cuales se sitúan la India (33%), China (11%), Bangladesh (7%) y Paquistán (6%) (Informe Mundial de la Unesco, 2005). Ante esta situación, los Organismos Internacionales hacen promesas con la misma facilidad con la que las incumplen.

La Conferencia Mundial de Educación celebrada en Jomtien, Tailandia, en 1990, faltó a su promesa de proporcionar educación para todos los niños antes de 2000, y la fecha límite de establecer la igualdad de género en la educación antes de 2005 quedó a medio camino. En la conferencia de Dakar, Senegal, de 2000, se asumió un nuevo compromiso de “educación para todos” antes de 2015. Estamos en 2009 y, como puede verse en el Barómetro 2007 de la Internacional de la Educación (IE), hará falta un esfuerzo monumental para conseguir el objetivo de 2015.

La brecha de oportunidades educativas es enorme, y la educación para todos sigue lejos de ser una realidad. Aun hay 115 millones de niños en todo el mundo sin ninguna posibilidad de acceder a la educación. La media de escolarización en algunos países es de 4 años, mientras que en países ricos es de 15 o 16 años. En algunos países mejoró ligeramente la tasa de matrícula en primaria, pero cada vez es mayor la diferencia entre países ricos y pobres en cuanto a la media de años de escolarización. El acceso a la educación superior sigue siendo más un privilegio que un derecho, y está al alcance sobre todo de las personas que viven en países desarrollados. Mientras, algunos gobiernos continúan negando la educación a la mayor parte de sus ciudadanos y otros privan de este derecho a determinados grupos étnicos, imponiendo una única interpretación de la realidad.

Con este panorama, ¿debemos regirnos moralmente por políticas educativas que estimulan la competencia, se construyen sobre la desigualdad social y domestican el pensamiento? Yo, como docente, no.

Bibliografía:
Barnett, Ronald. (2001): Los límites de la competencia: el conocimiento, la educación superior y la sociedad . Barcelona: Gedisa.
Bindé, J. (2005): Hacia las sociedades del conocimiento: Informe Mundial de la UNESCO. Paris: Unesco.
Díez Gutiérrez, Enrique. (2007): Globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Barcelona: El Roure.
Fueyo, A. (2005): “¿Convergencia europea o reconversión universitaria?”. En: Trabajadores/as de la Enseñanza (T.E.), 261, pp. 30-31.
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Toribio Barba, José. (2008): El escándalo del gasto militar.

Santiago Quiroga García – Rebelión

De nuevo, las privatizaciones

Hay quien pretende arrimar el ascua a su sardina, aprovechar la crisis en su beneficio. La CEOE, alguna que otra institución y también bastantes creadores de opinión, utilizando la excusa del volumen ingente de paro que está generando la crisis, reclaman insistentemente el abaratamiento del despido. El Banco de España, por su parte y en la misma línea, saca a colación la inviabilidad del sistema público de pensiones y su necesidad de reforma, reforma que, como siempre, se orienta a reducir la prestación media. Últimamente ha surgido otro tema muy querido por las fuerzas económicas, el de las privatizaciones. Valiéndose del hecho de que como consecuencia de la crisis todos los países están incurriendo en cuantiosos déficits públicos, se alude a las privatizaciones como medio para paliar el desequilibrio presupuestario.

Lo cierto es que en España queda poco por privatizar. Primero el PSOE y más tarde el PP han reducido al mínimo el sector público empresarial, haciendo que todas las grandes empresas públicas pasen a manos privadas. Independientemente de ello, es erróneo afirmar que las privatizaciones puedan ser un medio para reducir el déficit público. Constituyen una venta de activos financieros y, como tales, no afectan a la cuantía del déficit, sólo a su financiación. Lo único que reducen es el volumen de deuda pública que es necesario emitir. Es más, a menudo el resultado es un incremento de los déficits sucesivos. Esto es lo que ha ocurrido con la venta de las grandes empresas públicas. El Tesoro ha dejado de recibir los cuantiosos beneficios que generaban, muy superiores a lo que hubiesen sido los gastos financieros de la deuda pública que se ha dejado de emitir.

Al vender empresas públicas tampoco se incrementa la solvencia de un país. Ésta no sólo depende de lo que se debe, sino también de los activos que se poseen. Las privatizaciones reducen, sí, el endeudamiento público, pero también el patrimonio del Estado, esto es, la posesión de importantes compañías, muchas de las cuales, como se ha podido comprobar, muy codiciadas por el dinero privado. Por otra parte, conviene tener en cuenta que los recursos que se orientan a la compra de las sociedades estatales muy rentables y sin apenas riesgo no se dirigen a ninguna otra inversión en la que el riesgo tenga que ser mayor. ¿No radicará aquí, en parte, la incapacidad de nuestra clase empresarial para invertir en sectores tecnológicos de futuro, refugiándose en los mercados cautivos de los servicios y en el sector de la construcción?

Además, no parece que lo que en estos momentos se necesite precisamente sea una política contractiva de austeridad y de reducción del déficit público. A pesar del generalizado voluntarismo de anunciar el final de la crisis, la crisis está lejos de terminar. Es desde luego prematuro y puede resultar enormemente contraproducente retirar los planes de estímulo económico. Nunca se repetirá bastante que en los momentos actuales la mejor forma de reducir el déficit a medio plazo es incrementarlo a corto para que la actividad económica se recupere, única manera de lograr el equilibrio presupuestario.

Juan Francisco Martín Seco

Fuente: Sistema Digital

El Estado del Bienestar no es un problema: es la solución

Existe un consenso casi generalizado por parte de las instituciones internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la Comisión Europea, de que es necesario continuar el estímulo económico, pues la economía mundial está todavía en baja forma. El punto de discusión no es, entonces, estímulo o no, sino el tipo de estímulo.

Las dos alternativas que se han propuesto son bajar los impuestos o aumentar el gasto público, aún cuando ambas alternativas signifiquen mantener o aumentar el déficit del estado. Durante este periodo de gran recesión, ha habido también consenso (con excepciones, como es el caso del Partido Popular en España) en que deben flexibilizarse las reglas del Pacto de Estabilidad, para poder aumentar el déficit público, el cual ha crecido en todos los países de la OCDE (el club de países ricos). La razón de que haya consenso en que la recuperación económica requiera un incremento del déficit público se debe al entendimiento de que, en un momento de debilidad del consumo privado, es necesario aumentar el consumo público, incluso a costa de aumentar el déficit público.

Menos consenso hay en cuanto al porcentaje del déficit público sobre el PIB que debiera permitirse y la rapidez de reducción del mismo una vez aparezcan los síntomas de recuperación. Y la otra área donde tampoco hay consenso es en si el efecto estimulante de la economía es mayor cuando se bajan los impuestos (como creen los conservadores y liberales) o cuando se aumenta la inversión pública. En la UE se ha hecho mayor hincapié en la reducción de impuestos; y en EEUU se ha dado prioridad al aumento del gasto público.

La evidencia muestra que mientras las dos alternativas activan la economía, la reducción de impuestos tiene, por lo general, menor impacto estimulante, y ello como consecuencia de que las familias están tan endeudadas que utilizan los fondos obtenidos a base de la reducción fiscal para pagar sus deudas, más que para consumir y estimular la demanda. En realidad, la subida del ahorro, que se ha considerado erróneamente como un signo de recuperación, no es más que el deseo de acumular fondos para poder pagar sus deudas en un momento de grave crisis y endeudamiento. En EEUU se sabe que dos terceras partes de los fondos originados por los recortes fiscales del Presidente Bush fueron a pagar las deudas. La evidencia existente apunta, pues, hacia el incremento del gasto público como la mejor manera de estimular la economía.

Ahora bien, dentro del gasto público, la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿qué tipo de gasto público es el más estimulante? Y la respuesta a esta pregunta la conocemos ya, pues la evidencia acumulada en EEUU y también en España es que, en un momento de gran recesión y elevado desempleo, la mejor manera de estimular la economía es creando empleo. ¿Pero dónde crear empleo? La respuesta en EEUU, que da el equipo económico encargado del estímulo económico de la Administración Obama, dirigido por el Vicepresidente Biden, es crearlo donde se necesita más y donde pueda crearse empleo más rápidamente. Y ahí el estado del bienestar juega un papel clave, pues es la dimensión del estado donde debiera crearse más empleo. Esta observación es particularmente relevante para España, donde el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancias, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social y otros), es el más bajo de la UE-15 (ver sección Estado del Bienestar, en mi blog www.vnavarro.org). Pero esta inversión en los servicios del estado del bienestar es tan importante, no sólo para crear empleo, sino también para aumentar la productividad del país.

En España, cuando se habla del estado del bienestar como inversión (y no sólo como consumo), se piensa inmediatamente en educación e investigación y desarrollo. Este entendimiento ha alcanzado un nivel de dogma. Pero es enormemente reduccionista. Hay otras dimensiones del estado del bienestar, además de educación, que son inversiones, incluyendo la protección social. De ahí que, en EEUU, la administración Obama, (que ha enfatizado la vía de gasto público -con un crecimiento de tal gasto equivalente al 5% del PIB-, como manera de estimular la economía) se ha centrado en la creación de empleo en las áreas sociales (y también en las nuevas energías verdes). Esta estrategia traduce también una visión de los servicios del estado del bienestar como inversión y no sólo como consumo.

En España, el estímulo económico ha sido menor, alcanzando un 2% del PIB, un porcentaje bajo (aunque en el resto de la UE ha sido incluso menor). Pero más preocupante que el bajo porcentaje del estímulo es que sólo una parte pequeña de este estímulo se ha dedicado directamente a crear empleo. Los 8.000 millones de euros destinados a las administraciones locales han sido una inversión en la creación de empleo (se han creado directa e indirectamente 421.000 puestos de trabajo), lo cual es positivo, pero insuficiente. Se deberían gastar unos porcentajes mucho mayores del PIB en este tipo de inversiones, incluso a costa de incrementar el déficit. Se está dando excesiva importancia al objetivo de reducir el déficit. Tal reducción retrasará enormemente la recuperación económica. Intentar que los déficits se reduzcan al 3% del PIB en tres o cuatro años es una receta de suicidio económico. En este momento de enorme crisis hay que aumentar el gasto público en crear empleo y corregir el enorme déficit social de España, invirtiendo en su protección social, incluyendo servicios públicos al estado del bienestar.

La famosa flexiguridad de los países nórdicos (de clara tradición socialdemócrata) se basa precisamente en una extensa protección social -transferencias y servicios públicos- que da seguridad al trabajador. El promedio de gasto en protección social en aquellos países es un 32% del PIB. En España es sólo un 20% del PIB. La flexibilidad laboral necesaria para la eficiencia económica no se conseguirá, como la patronal y la banca (incluyendo el gobernador del Banco de España) están reclamando mediante la desregulación de los mercados de trabajo que se caracterizan por su escasa protección social. Inseguridad no crea flexibilidad. Crea miedo y resistencia. De ahí que, para conseguir flexibilidad, se requiera una mayor inversión en protección social, alternativa no considerada por aquellos agentes e instituciones. Se está ignorando, en los círculos económicos del país, que la productividad en un país y su eficiencia económica dependen en gran manera de su cohesión social. Incluso el informe Davos (el Vaticano del pensamiento liberal) sobre la competitividad señala a los países nórdicos como unos de los países más eficientes y competitivos en Europa, pero sus seguidores en España parecen todavía no entenderlo. Considero sorprendente que en la reciente reunión de los ex Ministros de Economía y Hacienda, para discutir como salir de la crisis, ninguno de ellos acentuó este aspecto clave, viendo el gasto social más como un consumo que como lo que es, una inversión.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Fuente: El Plural