18 propuestas para la mejora de los servicios públicos de salud La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP), ante las próximas elecciones autonómicas y municipales creemos obligado hacer varias reflexiones.

La primera es que tras la finalización del proceso de transferencias en 2001, la Sanidad es una competencia casi exclusivamente autonómica, a lo que hay que sumar la falta de sistemas eficaces de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por ello este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las CCAA.

La segunda es que existen grandes diferencias interautonómicas en el estado de salud de la población y en el funcionamiento de los sistemas sanitarios regionales, tal y como se ha detectado los 7 Informes sobre la situación de los servicios sanitarios de las CCAA, elaborados por la FADSP desde 2004, y en las informaciones del portal estadístico del Ministerio de Sanidad, en los que cabe resaltar:

1. Se han detectado diferencias muy importantes entre las CCAA en cuanto al estado de salud de la población, destacando las siguientes diferencias entre las situaciones mas extremas:

- 2,6 años en la esperanza de vida

- 5,7 años en esperanza de vida libre de incapacidad

- 3,6/1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil

- 5,9 /100.000 en la tasa de mortalidad por tumor de mama

- 21,4% en la valoración del estado de salud como bueno o muy bueno.

Diferencias tan acusadas no parecen justificables, menos aún cuando no existe información disponible sobre las que hay dentro de cada autonomía, y suponen una importante fuente de desigualdad que habría que tratar de eliminar y/o disminuir de una manera significativa.

Tampoco conviene olvidar que estas diferencias, en vez de disminuir, se han incrementado desde las transferencias de la Sanidad a las CCAA.

2. Estas importantes diferencias se objetivan también entre los servicios sanitarios, siendo las más destacables (igualmente entre los valores extremos):

- En la puntuación obtenida en el grado de satisfacción con los servicios sanitarios: 1,30

- En el promedio de personas que habiendo utilizado los servicios sanitarios los consideran como buenos o muy buenos: 17,97%

- En el porcentaje de los que opinan que los servicios sanitarios de su autonomía han mejorado desde las transferencias: 16,33%

- En el presupuesto sanitario público per capita: 556,71 €

- En el numero de camas: 1,81 /1.000 habitantes

- En el numero de TAC: 4,77 /millón de habitantes

- En las tarjetas sanitarias por médico general: 746 tarjetas

- En el gasto farmacéutico per capita: 122,46 €

- En el crecimiento del gasto farmacéutico: 9,71%

- En el porcentaje de gasto farmacéutico en medicamentos genéricos: 10,64%

- En la mortalidad por tumor de colon: 6 /100.000 habitantes

- En la mortalidad por efectos adversos: 0,5 /100.000 habitantes

En el análisis de las puntuaciones asignadas, en el informe realizado por la FADSP en 2010, se obtiene una diferencia de 59 puntos (rango de 19 a 78, media de 44,05 y ratio entre las puntuaciones extremas de 2,15). Como sucede con lo referente a la situación de salud las diferencia se han incrementado y parecen también excesivas (ver informe CCAA 2010. http://www.fadsp.org/pdf/INFORME.ccaa2010.doc)

3. El sistema de financiación de las CCAA es una parte del problema. Primero porque se parte de una insuficiencia general que ha sido reconocida por el propio Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Segundo porque esta basado en la capacidad de las CCAA para generar recursos, a pesar de que la riqueza, medida en PIB per capita, (según datos del INE publicados en 2010), tenia un rango en 2007 entre 16.164 € (Extremadura) y 30.562 € (Madrid) lo que supone una gran diferencia a la hora de la recaudación tributaria; y tercero porque el actual sistema de financiación deja al libre criterio de cada una de las CCAA la decisión de su gasto sanitario.

Cuarto, porque la transferencia de fondos a cada comunidad como conjunto y las partidas extras (como las procedentes de los fondos de cohesión o del céntimo sanitario) no son finalistas y cada Comunidad puede destinar finalmente esos dineros a donde electoral o coyunturalmente mas le interese, independientemente de la necesidades reales de salud o servicios sanitarios de su población.

4. Se ha detectado la falta de una política de personal homogénea del SNS con gran heterogeneidad de las mismas en las distintas CCAA. Ello supone importantes discrepancias en aspectos esenciales de la misma que van desde las retribuciones, la existencia o no de dedicación exclusiva, los modelos de carrera profesional, y sobre todo en la capacidad de generar empleo. Es una evidencia que la mayor privatización de los servicios sanitarios influye en un empeoramiento general de las condiciones laborales y profesionales (mayor carga de trabajo, menores recursos humanos, etc.) sin aumentar la eficiencia de los servicios prestados o incluso empeorando estos.

5. Se ha producido un proceso generalizado de privatización de los servicios sanitarios, proceso que abarca a la introducción de mecanismos de mercado (separación entre financiación y provisión), el aumento de los fenómenos de concertación y externalizaciones, la creación de una multiplicidad de los llamados "nuevos modelos de gestión" que introducen la lógica de la gestión mercantil en el sistema sanitario público, y las concesiones administrativas (bien totales, bien las PFI). Este proceso tiene mayor intensidad en algunas CCAA (Valencia, Madrid) que tienen gobiernos del PP, pero esta presente en la mayoría de las CCAA ,y solo 3 parecen apostar claramente en sentido contrario, es decir el refuerzo del sistema sanitario público ( Cantabria, Castilla - La Mancha y Extremadura).

En ningún caso, la evidencia existente en España como en otras partes donde se han aplicado estos modelos privatizadores y de mercado, ha demostrado que hayan supuesto aumentos de la calidad o de la eficiencia de los servicios prestados que incluso han empeorando (Informes Reino Unido, OMS, etc) pues en ellos prima la rentabilidad económica y el ánimo de lucro sobre la rentabilidad en salud o sociosanitaria.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA SANIDAD

En este contexto, entendemos que los programas de las fuerzas políticas que concurren a este proceso electoral deberían de proponer los siguientes objetivos:

1) Poner en funcionamiento sistemas de Información sanitaria que aporten datos homogéneos para todas las CCAA que permitan realizar evaluaciones, lo que precisa el establecimiento de estándares comunes para la recolección y tratamiento de la información sanitaria en todo el SNS. Esta debería ser una tarea prioritaria del Consejo Interterritorial de Salud.

2) Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a los datos actualizados referentes a la situación de salud y al funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es imprescindible garantizar la publicidad actualizada de todos los indicadores. La transparencia es un requisito imprescindible en un servicio público.

3) Debe asegurarse una financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud. Esta suficiencia exige un incremento de la financiación en razón de las necesidades de salud y debe suponer, aproximadamente, entre 1 y 1,5 puntos de porcentaje sobre el PIB de incremento y asignar este incremento con criterio finalista. Asimismo hay que rechazar la implantación de copagos.

4) Es imprescindible el desarrollo del Plan Integrado de Salud, tanto para fijar los objetivos de salud del SNS, como para adecuar la financiación a la consecución de estos objetivos.

5) Los Fondos de Cohesión deberían de incrementarse sustancialmente, incluyendo en ellos toda la financiación adicional y asegurando su reparto entre las CCAA en razón de los objetivos del Plan Integrado de Salud.

6) También es necesaria la elaboración de Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Seria conveniente que este Plan de Salud fuera aprobado por el parlamento autonómico.

7) Deben de establecerse estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios: camas, profesionales médicos y de enfermería (de atención primaria y especializada) /1.000 habitantes (siendo lo deseable que pudieran ponderarse en relación con otras variables como estructura etaria de la población, dispersión, etc.), para garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos acercando nuestra situación a la de la media del contexto europeo.

8) Hay que reforzar la provisión sanitaria pública, favoreciendo una mayor integración de los recursos en las áreas de salud y la interconexión entre los niveles asistenciales.

9) Hay que potenciar la Atención Primaria de Salud con el desarrollo de la estrategia de AP-21, asegurándole una dotación económica y el desarrollo de las funciones de promoción y prevención.

10) Hay que paralizar el proceso privatizador de la Sanidad y propiciar la integración en la red sanitaria pública de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de gestión empresariales cambiando este carácter por el de entidades publicas en todos sus aspectos.

11) Es preciso poner en funcionamiento una red sociosanitaria pública coordinada con la atención sanitaria y sin que esto suponga una nueva privatización de otra parcela los servicios públicos

12) Hay que articular centros de referencia supracomunitarios (bien a nivel estatal o para varias CCAA) porque es evidente que el tamaño de todas las CCAA no es compatible con el mantenimiento de todos los servicios sanitarios con una calidad adecuada. EL Consejo Interterritorial (para los centros estatales) y los acuerdos entre CCAA serian los mecanismos adecuados para asegurar esta colaboración en el ámbito del SNS.

13) Hay que realizar una evaluación de las desigualdades en salud, tanto en el conjunto del SNS como dentro de las CCAA, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.

14) Deben desarrollarse mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos.

15) Hay que apoyar el mantenimiento y mejora de las Áreas Sanitarias como espacio para la planificación sanitaria equitativa y racional en base a las necesidades reales de los ciudadanos.

16) Garantizar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico (nuevas tecnologías de imagen, informatización y megabases de datos…).

17) Garantizar la confidencialidad de la información de salud de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o semiprivadas y persiguiendo de oficio cualquier violación de ello.

18) En el ámbito municipal hay que considerar además:

· Desarrollar y fortalecer las actuaciones municipales en materia de seguridad vial, prevención de accidentes, aire saludable, depuración integral de aguas residuales, tratamiento adecuado y sostenible de residuos urbanos, control de riesgos alimentarios y creación de espacios y equipamientos urbanos necesarios para ejercicio físico y ocio saludable.

· Crear redes municipales de promoción de la salud en colaboración con organizaciones vecinales y de usuarios.

· No colaboración con los procesos de privatización del sistema sanitario a través de la financiación privada de los nuevos centros y de las concesiones administrativas, adoptando medidas legales en contra de las privatizaciones.

Pensamos que todos estos objetivos son fundamentales para mejorar la Sanidad Pública. Estamos viviendo un momento crítico de desmantelamiento de la Sanidad Pública, por lo que es precisa una actuación decidida para frenar este proceso y para fortalecer el mejor sistema sanitario que ha tenido nuestro país.

Desde la FADSP apoyaremos a todas las organizaciones que asuman este compromiso con la Sanidad Pública y la salud de los ciudadanos.

Federación de Asociaciones para la

Defensa de la Sanidad Publica

Marzo de 2011

Attac-tv en Murcia‏: Movilizaciones contra la Ley de Medidas Extraordinarias

Movilizaciones contra la Ley de Medidas Extraordinarias

http://vimeo.com/20206493

En este reportaje realizado por AttacTV Murcia, nos hacemos eco de las movilizaciones que se están desarrollando en la Región de Murcia contra la Ley de Medidas Extraordinarias que suponen un ataque contra los servicios públicos de esta comunidad.
Colabora en el mismo Carlos Martínez, que analiza la situación en esta Comunidad y la contextualiza en el marco político europeo que, actualmente, se inclina por este tipo de medidas económicas.
Realización: Attac-TV. Attac Murcia

La sabiduría convencional sobre las pensiones

Es parte de la sabiduría convencional sobre las pensiones que el crecimiento de los pensionistas, doblando su número en cuarenta años, hace inviable el sistema de pensiones públicas, a no ser que se reduzcan los beneficios de los pensionistas, mediante medidas como la de retrasar la edad de jubilación dos años. Se indica, una y otra vez, que de no tomar estas medidas, el gasto público en pensiones alcanzará el 15% del PIB (ahora es del 8%) en el año 2050 lo cual es inviable.

Es importante señalar, que la evidencia científica no avala tal tesis. Veamos los datos, y para que no se me acuse de sesgarlos a mi favor, voy a utilizar los propios datos del gobierno, presentados en el informe La reforma de las pensiones. ¿Cómo va a beneficiar a la sociedad española? (febrero 2011), publicado por la Fundación Ideas, el think tank informal del gobierno. En tal documento se señala que en los próximos cuarenta años el crecimiento de la productividad en España será como promedio un 2,5% por año. Si ello es así, es fácil de calcular el tamaño del PIB de España durante tal periodo. Permítanme un pequeño ejercicio de econometría. Elevando el 2,5% a la cuarenta potencia resulta que en 2050 el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. Es decir, que si ahora el PIB de España fuera 100, en 2050 sería 268. Ni que decir tiene que debido a la inflación el PIB medido en monedas corrientes sería muchas veces mayor que 268. Pero estamos utilizando valores monetarios constantes, es decir con la misma capacidad de compra en 2050 que en 2010. Estamos, pues, comparando manzanas con manzanas y no con peras.

Dicho esto veamos qué significa esto para las pensiones. En 2010, nos gastamos 8% del PIB en pensionistas y 92% en no pensionistas. Es decir que si en 2010 el PIB era 100, 8 unidades iban a pensionistas y 92 a no pensionistas. Pues bien, se nos dice que en el año 2050, en caso de que no haya cambios el 15% del PIB se gastará en pensiones, lo cual se considera un porcentaje muy elevado pues, supuestamente, restaría de los recursos existentes para los no pensionistas. Pero, ello no es cierto y es fácil de verlo. El 15% de 268 (el PIB de 2050) es 40 unidades, que serán las asignadas a los pensionistas, una cantidad más de 4 veces mayor que la actual, con lo cual habrá dinero para cubrirá más del doble de pensionistas de ahora, pagando más pensiones y mejores que ahora. Y para los no pensionistas quedarán 268-40=228 que es también una cantidad mucho mayor que la existente en 2010 es decir, 92. Por lo tanto, los pensionistas y los no pensionistas tendrán muchos más recursos y ello como consecuencia de que el PIB será 2,68 veces mayor que ahora. El número de pensionistas se habrá doblado, pero el PIB habrá crecido incluso más. ¿Dónde está pues el problema? En realidad, hace cincuenta años, nos gastábamos menos de la mitad de lo que nos gastamos ahora en pensiones. Es decir, ahora nos gastamos más del doble de lo que nos gastamos en 1960, y ni el sistema de pensiones, ni el PIB han colapsado, porque el PIB ha crecido incluso más. En realidad, aún en el caso de que el crecimiento de la productividad fuera menor a lo estimado por el gobierno (2% en lugar de 2.5%), el PIB sería más del doble del actual.

Estos datos no están siendo considerados en la argumentación que sostiene la inviabilidad del sistema de pensiones públicas a no ser que se retrase la edad de jubilación dos años. Los que sostienen tales tesis asumen que las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores y empresarios no serán suficientes para sostener las pensiones públicas lo cual es un cálculo de escaso valor pues ignora no solo el incremento de tales cotizaciones, resultado del incremento de la productividad y de los salarios, sino también el crecimiento del PIB, es decir, de la tarta de la cual, pensionistas y no pensionistas, vivirán. No hay nada escrito en la Biblia religiosa o en las muchas Biblias económicas que las pensiones tengan que financiarse exclusivamente o primordialmente a base de las cotizaciones sociales.

La Seguridad Social es el sistema de provisión social más popular en España (y en cualquier país). Es impensable que la ciudadanía dentro de cuarenta años cambie de opinión y deje de dar prioridad al sistema de aseguramiento público de las pensiones. Y en una democracia, es la ciudadanía la que debiera establecer prioridades y tomar decisiones, lo cual, por cierto, no está ocurriendo ahora, puesto que es probable que en los próximos días se apruebe el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años por una gran mayoría de las Cortes, en contra del deseo y parecer de nada menos el 78% de la población española que no aprueba tal medida. Parece que esta mayoría de la ciudadanía no está convencida que la viabilidad de las pensiones futuras depende de que tenga que trabajar dos años más. Y los datos que he mostrado en este artículo muestran que lleva razón.

Vicenç Navarro.
http://www.vnavarro.org/

¿Qué pasó con la mediática gripe A?

La gripe A generó el año pasado una enorme alarma social y repercusión mediática, con un impacto económico para los sistemas sanitarios públicos no relacionado con el número de casos y su mortalidad. Los servicios de epidemiología de México, donde se inició la epidemia, cometieron un error inicial sobre la mortandad de la gripe y éste fue aceptado sin más por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se equiparó entonces esta nueva gripe a la llamada gripe aviar, para la que se tomaron medidas excepcionales (vacunaciones masivas, fabricación de costosos medicamentos antivirales, aislamiento de poblaciones, dotación de recursos asistenciales, etc.).

La OMS declaró la situación de pandemia mundial, lo que puso en alerta máxima a los servicios sanitarios de casi todos los países del mundo, sobre todo del “desarrollado”. Sin embargo, cuando descubrieron que en realidad se trataba de una epidemia tipo 3 (muy contagiosa y de baja gravedad) con una mortalidad incluso menor que la de la gripe estacional (con dos fallecidos por cada 10.000 infectados), en lugar de asumir públicamente el fallo, la OMS negó la verdad manteniendo la alerta y cambiando incluso el concepto de pandemia internacional. La presión de la poderosa industria farmacéutica, que vio en la gripe A una enorme posibilidad de negocio, la incompetencia de los servicios sanitarios y el temor de las autoridades gubernamentales a retirar la alerta de manera unilateral, contribuyeron a que las excepcionales medidas, que consumieron ingentes cantidades de esfuerzos organizativos, económicos y sanitarios, se mantuvieran artificialmente durante muchos meses.

No obstante, la mayoría de los profesionales sanitarios fueron conscientes, desde casi el principio, de que todo era un enorme montaje mediático y económico y se negaron a colaborar activamente en el desarrollo de medidas como la vacunación masiva o la prescripción de los antivirales acumulados, que además de ineficaces podían causar daños colaterales en forma de efectos secundarios. En España esta actitud se tradujo en que la vacunación fue baja, al igual que el consumo del tamiflú.

Este año la gripe A, desprovista de la alarma del pasado año, ha llegado más tarde, con mayores molestias, y ha afectado sobre todo a los más jóvenes. El año pasado a estas alturas la gripe se batía en retirada, después de haber dejado un sonado y mediático reguero de afectados. La epidemia esta vez ha colapsado los servicios de urgencias y las camas de agudos, poniendo una vez más de manifiesto las deficiencias de nuestros servicios sanitarios, con una atención primaria masificada y una ausencia clamorosa de camas para enfermos crónicos para proporcionar cuidados hospitalarios de baja intensidad a estos pacientes con bajas defensas. Esta situación de colapso reiterado y previsible es resultado de la falta de inversión de los gobiernos central y autonómicos en servicios sanitarios, sometidos a severos recortes presupuestarios por la crisis.

Se pueden sacar conclusiones de esta situación de cara al futuro, pero es previsible que sean desconocidas por quienes nos gobiernan a nivel europeo y español. En primer lugar, las autoridades sanitarias, con la OMS a la cabeza, no han estado a la altura de sus obligaciones. Por otra parte, la gran presión mediática que magnificó la gripe respondió a intereses económicos de las grandes multinacionales de la farmacia y al afán de protagonismo de algunos periodistas para ganar audiencia recurriendo al catastrofismo. Multinacionales y gobiernos afines trataron de mantener a la opinión pública atemorizada, lo que favoreció su desmovilización y desplazó de la actualidad la corrupción, el fracaso económico de las políticas neoliberales, etc. La consecuencia es que se han despilfarrado miles de millones de euros que podrían haber servido en hospitales, centros y programas de salud pública, algo inaceptable, más todavía en tiempos de crisis.

Finalmente ha quedado en evidencia la connivencia entre la OMS y las multinacionales farmacéuticas. Desde hace tiempo la OMS fomenta lo que llama colaboración público-privada; esta crisis delata que en realidad se trata de poner a los organismos internacionales en manos de los intereses económicos privados. La desconfianza hacia los responsables de la salud pública puede ser muy peligrosa cuando de verdad se produzca una pandemia de una enfermedad de alta gravedad.

Manuel Martín García / Médico y secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Diagonal

Y sin embargo seguimos perdiendo derechos

Estas últimas semanas, a la vez que se multiplicaban los gestos de solidaridad hacia los levantamientos populares en países del norte de África contra regímenes opresores de derechos individuales y sociales, en España nos colaban uno de los ataques más serios de las últimas décadas en materia de empleo y pensiones. Curiosa paradoja. Se despierta la conciencia popular y el apoyo a un pueblo extranjero por el que hace apenas dos semanas no nos inquietábamos, y al mismo tiempo no encontramos en nuestro país una respuesta social contra un retroceso brutal programado por la Patronal y grandes grupos financieros, ejecutado por el Gobierno y defendido por los dos grandes sindicatos estatales.

Desde que se vieron los primeros síntomas de la crisis económica en 2007-2008 ya sabíamos que se avecinaban unos años de acoso del capital y consentimiento por parte del gobierno y que a la clase trabajadora, a los jóvenes y viejos desempleados, a las amas de casa, inmigrantes… sólo nos quedaba resistir. De la conciencia y la respuesta social dependía salir de ahí más o menos indemnes. Esta contestación social debía ser transmitida con fuerza (entre otros) por los grandes sindicatos, CCOO y UGT. Sin embargo, y lejos de contestar, estos dos enormes aparatos burocráticos han tratado de contentar a todas las partes, cerrando nariz y ojos cuando se anunciaban nuevos recortes sociales y saliendo a la calle ocasional y tímidamente para recuperar el apoyo popular. Cuando, por ejemplo, el año pasado, la mayoría de países de ‘la vieja Europa’ paraba las máquinas y se manifestaba contra las políticas de ajuste, nuestros dos grandes representantes frente al Gobierno y Patronal quedaron inmóviles ante los primeros recortes de prestaciones sociales y el anuncio de inminentes reformas en las cuentas públicas. La única amenaza leve fue la huelga general presentada sin mucho convencimiento y con el verano de por medio. No obstante, por muy criticable que fuera esa forma de convocar a la movilización masiva, todos sabíamos que la huelga era una oportunidad única para avivar la llama de la rabia social. Sin embargo, salvo en alguna advertencia verbal poco creíble o para realizar alguna movilización sectorial, CCOO y UGT no sólo han adoptado una actitud de pasividad total, sino lo que es peor, han acabado legitimando el discurso neoliberal patrocinado desde los diferentes bunkers mediáticos, patronales y financieros.

La última gran noticia que tienen los trabajadores y trabajadoras de sus supuestos portavoces es una foto en la primera plana de todos los periódicos, donde Mendez y Touxo, como peces en el agua, se dan la mano afablemente con los representantes de patronales y Gobierno tras la reforma de las pensiones. La firma de un documento tan regresivo sólo se explicaría si se comulga con el discurso oficial, que vuelve irremediables y urgentes los recortes en nombre del equilibrio macroeconómico y la satisfacción de ‘los mercados’.

El acuerdo, entre otros aspectos, supondría una penalización media para los trabajadores, cifrada por algunos expertos en materia fiscal, en torno al 20%. Los recortes giran básicamente en torno a tres puntos: el primero es el aumento de la edad máxima de jubilación de 65 a 67 años; el segundo punto es el aumento de la vida laboral completa para acceder a la totalidad de la pensión, pasando de 35 a 37 años (38’5 años si se tienen 65 años). La otra variable a la que han recurrido para profundizar el recorte es el número de años para realizar el cómputo de las pensiones, que pasará de 15 a 25 años.

Algún defensor de tal acuerdo no ha dudado en resaltar que tiene una importancia sólo comparable a los conocidos Pactos de la Moncloa de 1977. Es posible. Porque aquellos acuerdos, firmados en medio de una fuerte crispación social y mala evolución económica (inflación, endeudamiento exterior…), también supusieron un sacrificio mayúsculo de la clase trabajadora en su época. De hecho, a este nuevo pacto, como a los realizados en la Transición, no han dudado en catalogarlo como fruto de un gran Pacto Social. Como si los y las currantes, parados y demás precarios pudiéramos sentirnos representados en el mismo por alguno de los agentes firmantes.

Con una tasa de desempleo que mes a mes va batiendo nuevos récords, con millones de jóvenes que saltan semanalmente de empleo precario al paro y viceversa, con un sistema fiscal impositivo que, comparado con nuestros vecinos europeos, es de los que menos recauda, de los más regresivos e impotentes contra el fraude, con una política de inmigración fuertemente restrictiva que ralla el racismo la arbitrariedad y el maltrato… decir que no hay alternativa a la reforma es o bien un acto de traición, o bien un ejercicio de ineptitud intelectual y discursiva.

¿Hasta cuándo estar contentando a ‘los mercados’? Ahora que se han llevado parte del botín de las pensiones ¿nos dejarán los fondos privados en paz? ¿Está ahora satisfecha la oligarquía financiera con esta última reforma? ¿o por el contrario volverán a la carga próximamente en busca de nuevos tesoros (educación, sanidad, política energética…)?

Como todo parece indicar que ésta no es la última ‘medida de ajuste’, conviene formar parte activa en la resistencia y encontrar actores sociales válidos y verdaderos representantes que defiendan y refuercen, en las tensiones con el Gobierno y otros representantes de la patronal, el estatus y los derechos de los que hemos sufrido cada uno de sus recortes. El apoyo de los grandes sindicatos y el silencio de algunas organizaciones políticas y sociales al ‘pensionazo’ debe ser la gota que colme el vaso de los abusos del capital y el silencio de los que se alzan como nuestros representantes, políticos y sindicales.

Por eso, en medio de la crisis y con más reformas al horizonte, la reorganización social es básica para resistir los próximos envites. Y para ir recuperando, en el medio plazo, espacios perdidos en estos últimos años, en las últimas décadas: educación pública, sanidad de calidad y gratuita, reducción progresiva del tiempo de trabajo, mejora de las pensiones… Así, quizás algún día recuperaremos el verdadero sentido etimológico y social de la jubilación: el júbilo, el goce.

Editorial Economía Crítica y Crítica de la Economía

Fuente: http://www.economiacritica.net/?p=170

Un gran error de UGT y Comisiones Obreras

Desde hace meses vengo colaborando codo con codo con todos los sindicatos de nuestro país que me han pedido apoyo porque creo que siempre, pero mucho más en estos momentos, son una pieza fundamental para defender los derechos de las clases trabajadoras. Cualquier diferencia que hubiera podido tener con sus posiciones y propuestas la he aparcado porque estaba y estoy convencido, como he escrito en varios artículos, que aprovechar la crisis para tratar de acabar con ellos es una de las estrategias que se han propuesto llevar a cabo los grandes poderes financieros y los políticos que están a su servicio. Y, sobre todo, los he apoyado porque he tenido la íntima convicción de que las diferencias entre quienes aspiramos a conseguir una sociedad más justa se deben resolver fraternalmente y no tratando de acabar unos con otros, como tantas veces ha ocurrido en el seno de las izquierdas.

Ahora, sin embargo, debo manifestar que Comisiones Obreras y UGT han cometido, en mi modesta opinión, un gran error que van a pagar caro no solo las clases trabajadoras sino esos mismos sindicatos. Aunque, al mismo tiempo, quiero también advertir del gravísimo peligro de responder al error con otro semejante que busca desde hace tiempo la derecha y el poder económico: demonizarlos y hacer caer sobre ellos toda la responsabilidad de lo que ha pasado.

Un error múltiple

A mi juicio, tanto UGT como Comisiones Obreras se han equivocado pactando con el gobierno la reforma de las pensiones públicas por varias razones:

En primer lugar, porque esta reforma significa sencillamente un recorte de derechos de los trabajadores y tendrá como efecto que, en los próximos años, muchos millones de ellos no puedan percibir una pensión pública digna al jubilarse, si es que alguna vez llegan a hacerlo, lo que para su inmensa mayoría significará no poder tenerla porque sus niveles de renta no les van a a permitir disponer de ahorro privado suficiente.

El pacto significa, sin ninguna duda, que a partir de ahora el sistema de pensiones públicas español será más injusto (porque hace recaer en mayor medida su mayor insuficiencia sobre las clases de renta más baja) y de menor alcance (porque proporcionará menos pensiones y más precarias).

En segundo lugar, creo que se han equivocado también porque han entrado en el juego del doble razonamiento falso que se viene utilizando para justificar el sistema. Uno, el de su insostenibilidad a largo plazo, que nadie ha podido demostrar rigurosamente como hemos expuesto en multitud de ocasiones los economistas críticos. Y otro, en el de aceptar que para hacer frente al desequilibrio financiero que pueda provocar esa pretendida insostenibilidad lo que hay que hacer es solo actuar por la vía de reducir el gasto, y no aumentando los ingresos, es decir, mejorando la distribución de la renta para que así haya más salarios y más cotizaciones, el empleo decente, sobre todo el femenino, la productividad y, en última instancia, los ingresos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, poniendo en marcha políticas justamente contrarias a las que se están aplicando y que han provocado la crisis y luego, como en Irlanda, que se vuelva a recaer en ella

Para haber defendido de verdad el sistema público de pensiones, UGT y Comisiones Obreras deberían haberse cerrado en banda y haber propuesto, en todo caso, un pacto social sobre el horizonte de estos otros factores de los que también depende su equilibrio financiero a largo plazo. Al no hacerlo, simplemente han aceptado que la pauta de distribución de la renta siga siendo tan desigual como hasta ahora y que eso impida financiar mejor al sistema.

En tercer lugar, me parece que se están equivocando igualmente en explicar el pacto diciendo que se trata de una solución positiva a la crisis de las pensiones e incluso a la situación económica general. Les pasará lo mismo que le ocurre al gobierno: nadie los va a creer porque han aceptado lo contrario de lo que decían y simplemente se pensará que son un instrumento inútil para conseguir lo que dicen que quieren lograr.

Se podría aceptar que argumentasen que no ha habido otra opción, que no se ha dispuesto de más fuerza para torcer la imposición de un gobierno esclavo de los poderes financieros, que se ha conseguido lo más que se pudo conseguir… pero empeñarse en presentar este pacto como positivo es algo que nunca van a entender los trabajadores que sean mínimamente conscientes de que con él, como es evidente, van a tener menos pensiones y menos cuantiosas.

En cuarto lugar, creo que se han equivocado aceptando esta reforma, que contradice lo que venían diciendo en los últimos meses, porque al hacerlo muestran que es posible extorsionarlos y todo el mundo sabe que quien acepta un chantaje termina por aceptar, como le está pasando al gobierno, todos los que vengan detrás y eso, lejos de fortalecerlos, los va a debilitar aún más. Dentro de unas semanas, cuando de nuevo se amenace con la intervención inminente de la economía si no se firma, como ha estado haciendo el gobierno durante toda la negociación, se pondrá en la mesa la reforma de la negociación colectiva, luego la de los servicios públicos y así hasta que la definitiva sea la que se quite de en medio a los propios sindicatos que ahora se mostraron sumisos.

En quinto lugar, también creo que ha sido un error ceder al gobierno sin haber intentado ni siquiera hacerle frente, tal y como se había anunciado, con nuevas movilizaciones porque eso ha frustrado a sus propias bases y a los trabajadores que confiaban en ellos para no perder más derechos.

Pero un error que no es culpa solo de los sindicatos

Dicho todo lo anterior, que me parece que es grave y que va a traer consecuencias bastante negativas para todos, creo que al mismo tiempo hay que poner sobre la mesa otras cuestiones que a mí me parecen posiblemente tan relevantes y decisivas como el propio gran error de los sindicatos.

En primer lugar, que el principal responsable de lo que está ocurriendo es el partido socialista y sus militantes que no frenan la deriva neoliberal del gobierno ni su discurso falso que presenta las medidas que están imponiendo la banca y las grandes empresas como si en realidad beneficiasen al conjunto de los ciudadanos.

En segundo lugar, que es cierto que si no se hubiera producido ese pacto el gobierno hubiera tomado una medida aún más dañina para el sistema de pensiones y para el conjunto de los trabajadores. Lo que significa que los sindicatos han cumplido en cierta medida su función que es la de defender a los trabajadores hasta donde efectivamente puedan hacerlo

En tercer lugar, que si se ha llegado a esta situación en la que el gobierno ha podido hacer ceder a los sindicatos ha sido porque la ciudadanía no ha sido capaz o no ha estado dispuesta a darle a los sindicatos la fuerza necesaria para que éstos hubieran podido hacer frente con más decisión al gobierno. Si los sindicatos llaman a las movilizaciones y éstas son insuficientes, minoritarias o a veces incluso simplemente anecdóticas, no podemos hacer recaer luego la responsabilidad de los fracasos únicamente en los sindicatos.

Esto tiene que ver, en gran medida, con la baja afiliación sindical que existe en España. Si no participamos en sus discusiones, si no hacemos nada por cambiar la correlación de fuerzas que pueda haber en su seno, si no les damos mucha más fuerza con nuestra presencia ¿con qué derecho podemos decir después que los sindicatos son simplemente unos traidores?

Pero lo ocurrido creo que no tiene que ver solo con la baja afiliación sindical.

En cuarto lugar, me parece que lo que acaba de suceder tiene relación con el hecho de que en los últimos tiempos los sindicatos han venido desempeñando un papel que en realidad no es a ellos a quien le corresponde.

El partido socialista, que según su declaración de intenciones ante la ciudadanía se supone que debería ser la organización mayoritaria que se enfrentase a la derecha y a los poderes económicos, simplemente ha desaparecido sin apenas combatir y el gobierno de sus secretario general se limita a aplicar las recetas que le dictan, actuando como un partido más de la derecha económica, mientras la inmensa mayoría de sus militantes guarda un silencio cómplice y que ya empieza a producir, además de terribles consecuencias, incluso vergonzoso porque no son capaces de decir en público ni en sus agrupaciones lo que dicen en privado.

Y, más allá del PSOE, simplemente existe una izquierda debilitada durante años por sus rencillas internas, por la presencia de mucho discurso caduco, fragmentada y detrás de la cual hay una minoría muy militante pero un ejército de personas cansadas, frustradas, desmovilizadas y que, a lo sumo, se limitan a pontificar frente a las pantallas de su ordenador pero que a la hora de la verdad ni siquiera votan a quienes podrían ser la expresión de su radicalidad y descontento.

Quiero decir con esto que se le está pidiendo a los sindicatos que asuman el papel de referentes de la izquierda política y que actúen como tales enfrentándose constantemente al gobierno, que resuelvan desde la lucha sindical lo que debería resolver la izquierda política, y eso es sencillamente imposible.

Por ello, yo creo que en estos momentos hay que hacerle ver a los sindicatos que se han equivocado pero siempre que al mismo tiempo nos hagamos ver a nosotros mismos que también erramos cuando nos dejamos llevar por la pasividad, por el sectarismo o por un radicalismo que nada tiene que ver con la realidad en la que estamos.

Y eso significa actuar en varios frentes, y no solo en el de la crítica a CCOO y a UGT.

Significa movilizarse para explicar a la gente lo que de verdad ocurre con la crisis y las pensiones.

Significa afiliarse en mayor medida a los sindicatos para poder influir de verdad en las decisiones que tomen las dos grandes centrales.

Significa no dedicar ni un minuto a reproducir el discurso antisindical de las derechas y combatirlo en cualquier sitio para evitar que su omnipresencia termine por asumirse generalizadamente.

Significa pedirle a los sindicatos que rectifiquen pero hacerlo fraternalmente y no produciéndoles un mayor debilitamiento.

En definitiva, esta a mi juicio errónea cesión de los sindicatos es una muestra más de que la crisis que estamos viviendo, en lugar de hacer que el capitalismo se hunda, como muchos creían que iba a suceder, está reforzando el poder de quienes lo mantienen.

Por eso me gustaría terminar esta reflexión con unos párrafos de mi último libro La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, en el que precisamente trato de explicar por qué está ocurriendo todo esto.

Hacer frente a la crisis desde posiciones alternativas no consiste solo en ofrecer propuestas diferentes a las de los poderosos (…) Es necesario disponer de ellas pero además, y quizá de forma prioritaria, hay que hacer frente a este fracaso de interlocución entre las izquierdas y la gente, para lo cual hay que llevar a cabo en primer lugar un gran proyecto de convergencia muy sincero y fraternal, con gran lucidez y, sobre todo, sin un ápice de sectarismo sino anteponiendo a cualquier otra cosa los elementos transversales que permitan hacer mallas y construir redes para religar y coordinar lo local y lo disperso y para traducir a una única lengua los diferentes voces y discursos de la transformación social.
Por eso, quizá si la izquierda y los movimientos alternativos en general comenzaran a trabajar para poner en marcha prácticas políticas de este otro signo, fraternales, de emociones y afectos, de reunión, de deliberación y debate para fomentar el conocimiento, la indignación, la rebeldía y el sabotaje pacífico en lugar de dedicarse simplemente a gestionar o simplemente a radicalizar sobre el papel sus programas, las salida a la crisis que vivimos y a las que vendrán serían diferentes y conseguiríamos hundir para siempre en los vertederos de la historia las prácticas sociales que crean tanta frustración y dolor innecesarios.

Es el momento de criticar pero también el de unir, no el de autodestruirse. Y, sobre todo, es el momento de avanzar hacia el fortalecimiento político. Si queremos que los sindicatos no vuelvan a dejarnos tirados, como ahora, hagamos todo lo posible para que en España exista una alternativa política de izquierdas fuerte y unitaria que les de fuerza a los sindicalistas honestos, que tengo la seguridad de que son la inmensa mayoría, e incluso a tantos socialistas que también sienten la frustración de ver cómo su partido se suicida haciendo la política de la derecha.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC

Pensiones: dos décadas de asedio contra los sistemas públicos

"El primer paso es reformar el pilar público [del sistema de pensiones] retrasando la edad de jubilación y recortando el nivel de prestaciones, empezando por los casos en que son demasiado generosas. El segundo paso es crear el pilar privado". Y para ayudar a crearlo, hay que "empequeñecer el pilar público de forma gradual".

Así lo escribió el Banco Mundial en 1994 en uno de los informes más importantes que ha producido nunca, Adverting the old age crisis [Evitando la crisis de la vejez]. Desde entonces, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las patronales bancarias y de fondos de pensiones han presionado a gobiernos de todo el mundo con el mantra expuesto en este trabajo de 1994: exigen un sistema "multipilar" en el que los fondos privados sean siempre el eje central. Y, para lograrlo, sugieren "empequeñecer" el sistema público.

El informe Evitando la crisis de la vejez' marca la pauta desde 1994

El Banco Mundial tiene incluso un documento marco para extender el "modelo multipilar" nacido del extenso informe de 1994 y que resume en ocho páginas las 436 del documento base. La propuesta tiene tres patas principales: una pública, pequeña y dirigida sobre todo a pobres y excluidos; otra privada, obligatoria, que exige la cotización de todos los trabajadores, y, finalmente, una última, privada y optativa para el que quiera mejorar su pensión.

Banca de inversión

En 17 de los últimos 19 años, el Banco Mundial ha tenido como director a un ex alto ejecutivo de la banca de inversión estadounidense, el principal lobby en favor de la extensión de las pensiones privadas: Lewis Thompson (1991-1995), que pasó 40 años en JP Morgan; James Wolfensohn(1995-2005), ex ejecutivo de Solomon Brothers, y desde 2007, Robert Zoellick, ex directivo de Goldman Sachs.

El patrimonio de los fondos privados es 12 veces superior al PIB español

Pese a ello, su "modelo multipilar" ha sido asumido como propio también por la OCDE, el FMI, y, en parte, la misma UE. "Los planes privados de jubilación son el gran sueño de la banca, porque logran que los trabajadores les transfieran parte de su salario durante toda su vida, lo que supone gestionar muchísimo dinero durante muchos años con un altísimo margen de maniobra", opina Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada y autora de Qué pensiones, qué futuro (Icaria).

Estos capitales son parte de los mercados que presionan en favor de los recortes de los sistemas públicos. En total, suman 12,7 billones de euros, más de 12 veces el PIB español(1,067 billones) y gigantes todavía mayores en comparación con algunos de los países de la UE ahora más asediados: el PIB portugués es de apenas 0,17 billones, y el griego, de 0,24 billones.

Según el último informe de la OCDE sobre pensiones y mercados, del pasado julio, los planes privados invierten cada vez más en los agresivos hedge funds. Pero en la mayoría de los casos que analiza, la principal inversión se destina a deuda pública, en un porcentaje que en algún caso llega al 90%.

Los planes privados no despegarán sin recortes públicos, admite la patronal

España, Grecia y Portugal se cuentan precisamente entre los países donde menos éxito ha tenido la fórmula "multipilar" lanzada por el Banco Mundial en 1994. La penetración de los planes privados en estos países ahora asediados es sensiblemente menor que la media de la OCDE: en Grecia son irrelevantes, en España suponen el 8,1% del PIB, y en Portugal, el 13,4%, cuando la media en la OCDE se sitúa en el 35,5%, y algunos países, como Holanda y Finlandia, superan el 110%.

La patronal del sector en España (Inverco) y la OCDE redactaron el año pasado sendos informes que coinciden en la causa del retraso de las pensiones privadas en España: concluyeron que la generosidad del modelo público impide que crezca el privado.

"A pesar del tratamiento fiscal que reciben las aportaciones a los planes de pensiones, la extensión de estos formatos de previsión depende crucialmente del espacio que las pensiones públicas dejen para ello", concluye El impacto de la crisis económica y financiera en la inversión colectiva y en el ahorro-previsión, editado en junio por Inverco. Y termina: "El que las pensiones públicas sustituyan en porcentajes muy elevados a los salarios previos a la jubilación, como es el caso de España, con una tasa de sustitución de las mayores de la OCDE, implica que hay poco margen para la expansión de las pensiones privadas".

A la misma conclusión llegó la OCDE. En un estudio de 2007 (Reduciendo la brecha de las pensiones: el papel de las pensiones privadas) lamentaba que la "vía tradicional" para alentar los planes privados las desgravaciones fiscales era "ineficiente" y sugería explorar nuevas fórmulas.

Exigencia de recortes

En el último informe sobre España, en diciembre de 2010, la OCDE ya evitó los rodeos: "El bajo nivel de contribuciones a las pensiones privadas podría ser una consecuencia de las generosas dotaciones que ofrece el sistema público". La receta que exigía hace apenas un mes iba en esta dirección: recortes en el modelo público, como el retraso en la edad de jubilación, aumento del periodo de cálculo y otras medidas que bajen la prestación.

Entre las fórmulas que la OCDE sugería ya en el documento de 2007 destacaba "lanzar campañas nacionales de concienciación" sobre los peligros del envejecimiento, para las que la propia organización ha elaborado un documento de líneas maestras.

La sugerencia de "empe-queñecer" el sistema público y lanzar campañas ya estaba en el documento del Banco Mundial de 1994: "Los pagos [del sistema público] no deben ser demasiado generosos y la reforma requiere empequeñecer el pilar público". ¿Y cómo convencer a la opinión pública? "En Chile, altos cargos del Gobierno dirigieron una intensiva campaña en los medios para convencer a la gente de la quiebra del viejo sistema", subrayaba el Banco Mundial.

Inmediatamente después de publicarse este informe, en muchos países empezaron a aparecer estudios augurando la inminente quiebra del sistema público. Los impulsaron sobre todo fundaciones del sector financiero o la patronal. En España empezaron a difundirse el mismo año 1994 con El futuro de las pensiones públicas, lanzado por BBV, pero en apenas dos años editaron estudios parecidos el Círculo de Empresarios redactado por José Piñera, el ex ministro de Pinochet que dirigió la privatización en Chile, La Caixa y los que coordinó el catedrático José Barea, entre otros.

Todos auguraban la quiebra del sistema público y en algún caso estimaban que su deuda acumulada en 2010 supondría el 10,7% del PIB. La realidad es que tiene un superávit acumulado superior al 6% del PIB. Pero en 1995 los fondos privados apenas tenían en España un patrimonio de 13.000 millones y el pasado septiembre sumaban 84.000.

Fuente . http://www.publico.es/internacional/358837/dos-decadas-de-asedio-contra-los-sistemas-publicos