martes, 31 de mayo de 2011

Nuevo escalón en el retroceso social

El fenómeno de las subastas voluntarias de trabajadores en determinados rincones de nuestras ciudades era del todo esperable, pero no por ello es menos trágico. Cada vez más, cientos de desempleados buscan desesperadamente un trabajo a cambio de lo que sea para poder mantener a flote a su familia. Dispuestos a rebajar sus pretensiones económicas y las condiciones de su trabajo hasta límites insospechados, rivalizan a la baja con otras personas tan abatidas como ellos. Seguramente, para conseguir un trabajo de explotación en el que quizá tampoco cobren lo acordado bajo amenaza de no tenerlos en cuenta en futuras ocasiones.

La situación me recuerda el pequeño estudio Discurso de la servidumbre voluntaria, escrito en el siglo XVI por Étienne de La Boétie, donde se analizan los motivos de la sumisión voluntaria a la tiranía. El autor se interroga acerca de los mecanismos por los que un solo hombre puede llegar a imponer su voluntad sobre todo un colectivo. No es exagerado pensar que actualmente nos encontramos ante una nueva tiranía: la del mercado. Y la pregunta vuelve a ser pertinente: ¿por qué tantos hombres aceptan someterse al nuevo feudalismo laboral?


A la vista de lo que ocurre, quizá sea verdad que la historia no es un recorrido de soluciones a problemas, sino una sucesión de diferentes reordenamientos de los mismos problemas. Así, los conflictos de fondo permanecerían presentes en todo momento y únicamente se encontrarían soluciones que se aceptan durante un tiempo como provisionales. A partir de ese planteamiento, quizá puede entenderse mejor que el equilibrio pactado entre los intereses del capital y los derechos sociales solo ha sido un orden posible entre otros muchos, y que ahora nos vemos forzados a revisarlo.


En cualquier caso, es imprescindible tener claro un aspecto: la subasta de la propia fuerza de trabajo no es solo una cuestión de abuso por parte de ciertos empresarios, que también. No se trata de un problema que afecta a determinados colectivos, aunque los más frágiles sean los más expuestos a sufrirlo directamente. No es tampoco una situación puntual o transitoria, a pesar de que nos encontremos en un proceso de cambio. La situación de las personas que hoy se someten a esa tiranía, más allá del drama personal, es la expresión de un cambio más profundo. Un cambio que tiene que ver con una variación en las cuotas de equilibrio entre el mercado y la protección social. Se trata de un cambio en las reglas de juego. Un cambio que ha venido con la intención de quedarse.


Se están sentando las bases de un nuevo marco que apunta a un aumento de la actividad económica no vinculada necesariamente a la ocupación. Menos aún a los derechos sociales. Se trata de un cambio de paradigma.


Un cambio que va a provocar de manera progresiva que muchos trabajadores desempleados y desesperados estén dispuestos a dimitir de sus propios derechos para poder asegurarse un ingreso económico. Podemos seguir pensando que eso a nosotros no va a sucedernos. Pero esa no es la cuestión. Lo que debe preocuparnos es la posibilidad de que se estén forzando las condiciones para crear un clima social en el que puedan darse nuevas servidumbres voluntarias. Un ambiente de dimisión social. Ante ese riesgo, son importantes iniciativas como la declaración Ni un paso atrás!, impulsada por un conjunto de plataformas ciudadanas, en las que se apunta la necesidad de no permitir retrocesos que faciliten nuevos (des)equilibrios ligados a una mayor precariedad y vulnerabilidad de las personas.

Xavier Orteu
El Periódico

domingo, 29 de mayo de 2011

Propuestas para el debate sanitario. Una contribución a #15M #Spanishrevolution

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que tuvisteis la valentía y el coraje necesario para articular y propiciar este espacio para la libertad de expresión pública de las ideas, su reflexión individual y colectiva, la participación abierta en su debate y la presentación consensuada de propuestas encaminadas a mejorar nuestra sociedad.

Muchas gracias por aglutinar todos los hartazgos de quienes hemos percibido que nuestra democracia no va bien pero que andábamos perdidos en el mar de “lo políticamente correcto”, sumidos en un supuesto pragmatismo miope que nos obcecaba y nos recluía a pequeños “garitos marginales” en donde expresar nuestro descontento y rebeldía social y profesional con una escasa repercusión entre los ciudadanos.

Muchas gracias por el “aire fresco y limpio” que emana de esta nueva (y la vez la más vieja) de todas las formas de ejercer la democracia de los ciudadanos. Espero y deseo que esta “revolución de las ideas” y “de la participación social” impregne (con el esfuerzo de todos) un nuevo paradigma en la relación entre la política formal del estado y sus ciudadanos
Este movimiento le ha echado un órdago a las formas de hacer política, y obliga a los afiliados y gobernantes de los partidos a que vuelvan a discutir sobre valores e ideología y releguen al último escalón de su compromiso político la ostentación de cargo público o el nimio privilegio que se pueda derivar de la ocupación de un puesto de poder.

Espero y deseo que los partidos comprendan y asuman que (en poco más de semana) el movimiento 15-M ha generado más ideas y más propuestas que ellos en los últimos 10 años y, o entienden esto y lo integran, o están condenados a desaparecer en la obsolescencia.

Sé que algunos (o muchos) de sus gobernantes querrán menospreciarlas por considerarlas utópicas, pero ya es hora de reivindicar la utopía, aunque sólo sea porque hemos visto qué pasa cuando se vive y se hace política sin ella como ha ocurrido en los últimos 25 años.

Hemos de recuperar la utopía como meta, no para conseguirla mañana mismo, sino para que nos marque el camino, para que todas nuestras acciones tenga un sentido y no se diga hoy una cosa y, mañana, justo lo contrario.

La utopía, cuando es fruto del debate de las ideas de muchos, es el único antídoto capaz de reconducir la política de un estado. Para que el bienestar de los ciudadanos vuelva a ser la razón de ser de las políticas de estado, de nuestra comunidad y de nuestros ayuntamientos. Para que la soberanía de los ciudadanos no se doblegue ante los intereses de una especie de entelequia, que nadie sabe lo que es, que no tiene nombre, ni cara, ni principios reconocidos, y que se hace llamar los mercados financieros.

La política de nuestros gobernantes ha sucumbido a estos mercados, que dictan lo que se tiene que hacer sin más interés que el especulativo y el de los beneficios económicos, que no entienden ni les importa el bienestar de los ciudadanos ni atienden a otros principios democráticos que aquellos que les favorecen en sus negocios.

La razón principal por la que me he atrevido a participar en este “Ágora de las ideas” es porque creo que es absolutamente necesario el debate sobre la salud de los ciudadanos y las amenazas que penden sobre que nuestro sistema nacional de salud, porque creo que ambos están en grave peligro ante las políticas sanitarias que se están aplicando, mucho más marcadas por los intereses de los mercados financieros que por el beneficio en la salud de población.

La Salud de los ciudadanos
El principal problema de la salud de los ciudadanos entiendo que es la medicalización de la vida. Se han instaurado en nuestras vidas las políticas de gestos y nos desparramamos en la discusión sobre su valía o eficacia, nos ofuscamos en la periferia y nos agrupamos en partidarios o detractores de cada medida adoptada, encapsulando nuestra capacidad de abstracción. ¿Medicamentos genéricos o de marca?, ¿Sertralina o Paroxetina?, ¿Rosuvastatina o Simvastatina?, ¿a favor o en contra de la Ley del medicamento gallega? Estas y otras muchas preguntas corren por doquier marcando el debate de política sanitaria, pero entiendo que es necesario alzar el punto de mira de nuestras reflexiones y preguntarnos otra cosa bien distinta: ¿son siempre necesarios?, ¿está cuantificado objetivamente su beneficio-riesgo?, los estudios que avalan su uso, ¿están respaldados por la evidencia científica en todas sus indicaciones?
Considero que este es el principal problema porque, hay una relación inversa entre medicalización y salud poblacional, como lo demuestran los datos de mi Comunidad Autónoma: la Región de Murcia que es una de las comunidades más medicalizadas de España (según recetas/habitante/año y gasto farmacéutico), de las que tienen peores resultados en salud (morbimortalidad, más eventos cardiovasculares, etc.) y de las que presentan más factores de riesgo no asociados a medicación (obesidad, sedentarismo, tabaquismo) como recoge el Plan Regional de Salud 2010-2015[1].

Son muchos los factores que podrían ayudar a comprender este proceso de medicalización de la vida, pero me parece importante destacar:
· Situaciones fisiológicas, propias de un género o de la edad, se están transformando en enfermedades y ciudadanos sanos en pacientes consumidores de medicamentos o de productos de alimentación.
· Estados de ánimo propios como la pérdida de un ser querido o la timidez social o el estrés tras un acontecimiento vital grave (terremotos, huracánes, etc.) o la falta de energía previa a la menstruación de las mujeres, también se transforman en enfermedades que precisan medicamentos.
· Se transforman factores de riesgo (que son circunstancias a las que no se les ha encontrado una relación causal con una enfermedad) en enfermedades que precisan medicamentos
· Se emplean métodos diagnósticos validados para la enfermedad en personas sanas y sus hallazgos se interpretan como patológicos sin que esto se haya podido avalar científicamente. Y, a partir de ahí, se les extirpa algo, se les medica de por vida o, simplemente, se les dice que son enfermos

¿Qué hay detrás de todo esto? Pues los mercados, que precisan ampliar la venta de sus productos sin más cortapisa que los beneficios económicos. La salud es el primer mercado mundo, mucho más importante que el armamentístico. En él se identifican fundamentalmente cuatro tipos de empresas: La industria farmacéutica, la de tecnologías sanitarias, la de alimentación y la de los productos de parafarmacia no definidos como medicamentos y, por lo tanto, no sometidos a controles (medicina tradicional herboristería, homeopatía y similares)
Las dos primeras, que vienen con el aval histórico de la beneficencia y utilidad sanitaria, han sufrido como ninguna la penetración de los mercados en su ideario y finalidad social y, así, ahora dependen más de la bolsa y del mercado de valores que de sus valores como bien de servicio público:
· No se investiga para curar enfermedades, sino para cronificarlas y que los enfermos dependan siempre de los medicamentos.
· Dedican a la promoción del medicamento la tercera parte de sus beneficios (toda la industria de la cosmética apenas llega al15%), disminuyendo drásticamente sus inversiones en investigación
· Dominan a su antojo los mecanismos reguladores para la aprobación de sus nuevos productos creando un sistema global que les beneficia y en el que pueden doblegar a cada uno de sus elementos. Permitidme que lo explique aunque sólo sea “grosso modo”:

Hay casos en los que generan prestigio y elevan a la condición de experto a investigadores y médicos que aceptan sus condiciones.
Algunos de estos producen ensayos clínicos financiados por la propia industria y metodológicamente pensados para que les resulten comercialmente convenientes, pudiéndose dar el caso de que el producto sólo hubiera sido estudiado en unas 1.500 personas voluntarias y muy distintas a la población que luego lo vaya a consumir.
A veces, la publicación de los mismos aparece en revistas de gran prestigio científico pero sólo con los resultados que le convienen y ocultan los negativos o los publican en revistas falsas, o editadas por ellos “ad hoc” sin difusión pública alguna.
Con los resultados de sus ensayos clínicos acuden a las Agencias Reguladoras de los medicamentos y tecnologías sanitarias para que los aprueben para el consumo humano. Estas Agencias (tanto europeas como nacionales) viven y se financian de lo que pagan los mismos laboratorios farmacéuticos por las valoraciones que hacen de sus productos.
Una vez aprobados pasan a los estados que son los que admiten o no que el nuevo producto sea financiado por el sistema sanitario. Y creedme si os digo que los criterios que usan son desconocidos y muchas veces contradictorios (ej: Dutasterida vs Dutasterida/tamsulosina).
A partir de ese momento, la red de vendedores comerciales de cada laboratorio se encarga de la venta del producto a los profesionales sanitarios.
Y, por último, se cierra el chiringuito cuando los médicos prescribimos estos productos, científicamente avalados, con el beneplácito de las Agencias Reguladoras y el entusiasmo agradecido de los visitadores médicos y de sus laboratorios de referencia.
Este es el circuito y estos son los riesgos a los que se expone un paciente cuando consume medicamentos nuevos. Al cabo de unos 3 a 5 años, los sistemas de farmacovigilancia y los estudios de postcomercialización independientes son los que avalan los beneficios terapéuticos del medicamento o alertan sobre sus efectos adversos o su escasa utilidad terapéutica.

En cuanto a las otras dos, basta con observar a los medios de comunicación para estar preocupados no solo desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos sino, también, de los consumidores. Voy a pasar, casi de soslayo, pero no me resisto a aseguraros que:
Un yogurt es un yogurt y puede venirnos bien para una diarrea, pero no aumenta nuestras defensas y nos resfriaremos igual si lo tomamos o no.
La osteoporosis no es una enfermedad sino un factor de riesgo, lo que quiere decir que, si nos caemos, es más probable que se nos pueda romper una cadera conforme nos hagamos mayores, y los yogures ricos en calcio no han demostrado que nos prevengan de esto.
Que los ácidos Omega 3 tienen un reconocido efecto cardioprotector, pero sería necesario beberse 6 litros diarios de leche enriquecida para alcanzar las dosis necesarias. Que es mejor tomar una rodaja de 100 gr de salmón fresco.
Que las margarinas son grasas saturadas no saludables, lleven o no lleven vitamina D.
Que perder la memoria suele ser fruto de una situación de estrés o una depresión, pero cuando es síntoma de una enfermedad neurológica no hay pastillas para recuperarla.
Que los productos homeopáticos son aquellos que han diluido una sustancia 1/100 durante 36 veces, por lo que solo son capaces de producir un efecto placebo en nuestro organismo. Es por eso, por lo que sólo actúan en función de las creencias de quien los consume y, antes de comprarlos, os deberíais de preguntar cuánto dinero estáis dispuestos a pagar por una cápsula con azúcar liofilizado.
Y, por último, esto ya solo para los ingenuos, os garantizo que los aparatos que se venden para alargar el pene… no funcionan.

Y todo esto está así porque falta una política seria que defienda la salud de los ciudadanos por encima de los intereses de mercado. Política que creo que debemos exigir y que debe incorporarse a las propuestas que, desde este Ágora de las ideas, hemos de efectuar a los gobiernos y a los partidos políticos.

Las amenazas de nuestro Sistema Nacional de Salud
Creo que nuestro SNS está gravemente amenazado pero mi análisis difiere del que se oye desde los medios de comunicación. Entiendo que las dos amenazas fundamentales son las multinacionales de la prestación de servicios sanitarios y la supuesta insostenibilidad del sistema.

Las primeras ya están aquí, y han absorbido a la mayoría de las empresas de sanidad privada que existían hace años en nuestro país, pero han comprendido que aquí la sanidad privada tiene un rival demasiado potente y que es imposible doblegarlo en una competición directa..Así que optan por una estrategia de penetración lenta:
  • Primero ofreciendo servicios concertados.
  • Después asumiendo en mayor o menor medida los servicios sanitarios hospitalarios.
  • Más tarde, absorbiendo a los centros de salud de un área sanitaria
¿Qué vendrá después?... Sea lo sea, lo que no podemos olvidar es que estas empresas son más mismas que boicotearon la descafeinada reforma sanitaria de Obama y que, por filosofía y valores, son contrarias a lo público y a que los ciudadanos reciban unos servicios sanitarios que intenten ser de calidad y sin ánimo de lucro.

Hablar de la supuesta insostenibilidad del SNS es un tema muy controvertido, con una alta carga ideológica, y gran contenido político.

Datos objetivos son que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, de libre acceso y gratuito para todos los ciudadanos y con una completa cartera de servicios tanto de promoción de salud como preventivos, curativos y rehabilitadores. Y con unos muy buenos resultados en la salud de los ciudadanos.
  • Un sistema que asume la prestación farmacológica con un copago reducido solo para sus afiliados en situación activa y con enfermedades agudas pero que soporta el gasto en medicamentos de sus pensionistas y en pacientes con enfermedades crónicas.
  • Un sistema con una alta cualificación entre sus profesionales y con un nivel de calidad científico-técnica similar al de los países más desarrollados de Europa.
  • Un sistema más barato al erario público, en términos de gasto en PIB, que la mayoría del resto de países de la OCDE, a pesar de ofrecer más prestaciones.
Y, con estos datos, ¿cómo se puede considerar insostenible nuestro sistema? Antes de realizar tal afirmación, deberían de merecer este mismo calificativo el resto de sistemas sanitarios europeos que gastan más y ofrecen menos servicios.

¿Quiere decir entonces que todo va bien y que no hay que hacer cambios? Pues no, es absolutamente necesario introducir mejoras en las bolsas de ineficiencia económica que están enquistadas en nuestro sistema:
  • La medicalización, como ya he dicho, es un problema de salud pública, pero también es un despilfarro económico que, sin producir más salud a los ciudadanos, solo sirve para engrosar los beneficios de la industria farmacéutica. Las políticas de abaratar los precios de los medicamentos son necesarias pero no suficientes. Hay que afrontar políticas integrales que intervengan sobre todos los elementos que actúan en el proceso, desde la concienciación ciudadana hasta los medios de comunicación, pasando por las industrias sanitarias, las oficinas de farmacia, los gestores y los propios médicos.
  • Lo que diferencia al SNS del de resto de países es una atención primaria que es puerta de acceso al sistema y tiene una muy alta capacidad de resolución de problemas. Potenciarla no solo significa invertir más en recursos humanos y tecnología, sino convertir la zona de salud en la unidad básica de gestión y acabar con las gerencias únicas, que son justo el extremo opuesto.
  • Hay que introducir modelos de competitividad en la atención hospitalaria y otras muchas reformas en la gestión de carácter técnico que optimicen y rentabilicen el dinero que todos los ciudadanos gastamos en sanidad. Tan solo una propuesta más:
  • No tiene sentido que se concierten servicios con la sanidad privada cuando los de la pública no funcionan a máximo rendimiento las 24 horas el día. A veces, contratar más personal puede ser rentable.
Por último, quiero explicar, con la máxima brevedad posible, la situación financiera de nuestro Servicio Murciano de Salud

Efectivamente, la deuda acumulada en 2010 asciende a 845 millones de € y es consecuencia de tres razones principales:
· Una mala negociación de las transferencias sanitarias efectuada en el año 2002. La aportación que transfirió el gobierno central para gestionar la sanidad regional fue insuficiente desde el principio y así, ese mismo año, ya se generó unos deuda de unos 30 millones de € (os recuerdo que, por entonces, un mismo partido gobernaba España y la Región)
· Las tres deudas históricas entendidas como falta de inversión del gobierno central en nuestra Región comparada con la media nacional de inversiones. A saber:
o La del franquismo, que nadie quiere recordar y, al menos que yo sepa, no está evaluada.
o La del Insalud, desde 1978 hasta 2002. Cifrada en un promedio de 30 €/habitante/año, es decir, 720 millones de € durante todo el periodo (datos a precios corrientes).
o La del aumento poblacional desde 2002 hasta 2009, valorada e una media de 200 millones de €/año; es decir, 1.400 millones de €
Esta deuda supone mucha desinversión, muchos hospitales y centros de salud no construidos ni dotados de profesionales ni recursos tecnológicos.
· Y, en tercer lugar, una mala gestión presupuestaria. En la que destacaría que:
o Nunca se ha ajustado el presupuesto al gasto real. Los incrementos anuales presupuestarios se han producido sobre el presupuesto anterior y nunca sobre el gasto real. Esto ha producido un efecto de “bola de nieve” porque junto al déficit anual se añade el déficit acumulado que se paga con un interés del 10%
o En los tiempos de bonanza económica, se ha preferido la inyección presupuestaria puntual para no disparar demasiado el déficit que por el ajuste presupuestario. Hasta 2006 se inyectaron más de 350 millones de €
o Desde la crisis de 2007, la falta de superavit presupuestario impidió más inyecciones presupuestarias, por lo que se disparó el déficit.
o Una política permisiva, centrada en la mal llamada “paz social” que otros han llamado “compra del silencio sindical”, agravó aún más el déficit
o Por último, una absoluta falta de planificación de los recursos tecnológicos ha conducido a inversiones en los hospitales no justificadas y de escasa eficiencia

El Sistema Nacional de Salud, tal y como lo disfrutamos en la actualidad está en un punto crítico de grave peligro y, mucho me temo que, si no hay una gran pacto social con la participación activa de los ciudadanos, dentro de apenas cinco años, vamos a comprobar su desmantelamiento y desprestigio tal y como pasó en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido en los tiempos de Margaret Thatcher.

En fin, esto es lo que quería aportar para la reflexión de propuestas en materia sanitaria, he cumplido con los preceptos de la democracia participativa y estas son las ideas que elevo a vuestra consideración, creo en la reflexión y en el pensamiento crítico y espero que de los debates que hagáis o hagamos se obtengan nuevas propuestas capaces de producir cambios sociales
que mejoren el bienestar de todos los que formamos parte de este país y de los que puedan venir buscando una vida mejor.

miércoles, 4 de mayo de 2011

El copago sanitario. Caso práctico



Caso práctico
http://www.youtube.com/watch?v=VoKYg4mYGn4&feature=player_embedded#at=29


Los dueños de la Sanidad
http://www.youtube.com/watch?v=-p_R-cUSkD8&feature=player_embedded


Falla el sistema
http://www.youtube.com/watch?v=GNJoY9-xoZ0&feature=player_embedded#at=11

Fuente: CAS Madrid
(Coordinadora anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid)
http://www.casmadrid.org/


• La SANIDAD debe ser PÚBLICA, GRATUITA y de CALIDAD, y la atención por cualquier problema de salud debe ser independiente del nivel económico de cada ciudadano.

• La implantación de cualquier sistema de copago, tasas o tickets moderadores incrementará aun más las diferencias sociales limitando el acceso de los grupos de población más desfavorecidos, afectado negativamente a sus niveles de salud.


domingo, 1 de mayo de 2011

"No me hables de Oxford"

Por si fuera necesario, confieso de entrada mi admiración por universidades como las de Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, Berkeley, París y otras, y añado que no solamente no tengo (ni he conocido a nadie que tenga) reparo alguno en que las universidades españolas se parezcan a las de esa lista, sino que estaría encantado de que así fuera, como también me gustaría que España se pareciera en muchos otros indicadores a los países en donde residen esas instituciones.

Sin embargo, y por desgracia, a pesar de que el logro de este parecido fue una de las coartadas para su implantación, no tengo (ni he conocido a nadie que tenga) la impresión de que eso vaya a ocurrir con el Plan Bolonia -quien quiera darse un paseo por las universidades recién reformadas podrá ver que sus campus, incluso los nombrados "excelentes", siguen sin tener aún una atmósfera oxoniense, y que incluso son un poquito más cutres que antes y más parecidos a los patios de recreo de la ESO-; tampoco me parece que vaya a ser este el resultado de la aplicación de la burocracia delirante de las Agencias de Evaluación y del fascinante Estatuto del Profesorado que permitirá llegar a catedrático a base de ocupar puestos de gestión y con un cero en investigación (véase La universidad que viene: profesores por puntos, tribuna de J. A. de Azcárraga, en EL PAÍS del 3-3-2011). Finalmente, descreo también de que se vaya a alcanzar este objetivo practicando lo que el profesor José Montserrat, en una carta al director, llamaba acertadamente el "nacionalismo científico" defendido en estas mismas páginas por los profesores Ortín y Álvarez (No hay ciencia sin competición, EL PAÍS del 12-3-2011) y por todos los que nos marean con los famosos rankings de las mejores universidades del mundo.

Y no es que yo niegue la validez de estas clasificaciones: eso sería por mi parte tan estúpido como dudar de la eficacia del rating de la deuda por parte de las agencias de calificación del riesgo financiero, cuando veo la eficacia con la que disminuyen mi salario todos los meses. Pero así como los más de 3.000 firmantes del Manifiesto de economistas aterrados (Pasos Perdidos, Madrid, 2011) tienen dudas de que los mercados sean los mejores jueces de la solvencia de los Estados, yo también albergo algunas sobre la imparcialidad de esas clasificaciones, que guardan con la excelencia científica una relación parecida a la de la lista de Los 40 Principales con la calidad musical: nos dicen qué es lo que más se vende (y, en ese sentido, lo más competitivo), pero no siempre lo más vendido es lo mejor -espero que se me dispense de tener que argumentar exhaustivamente esta afirmación, acerca de la cual puede consultarse el instructivo Adiós a la Universidad, de Jordi Llovet (Galaxia Gutenberg, 2011).

Si nos llenan de admiración nombres como los de Oxford y Cambridge no es solo ni principalmente porque aparezcan en los primeros puestos de un hit parade del mercado del conocimiento que se publica desde hace cuatro días. Como señalaba Juan Rojo, para conocer la calidad de una universidad "no hace falta ningún formulario, ni el seguimiento del número de tutorías, ni el control del número de alumnos por clase. Ni siquiera hace falta usar la palabra Bolonia. Basta con atenerse a su prestigio científico reconocido". (El segundo principio de la termodinámica, EL PAÍS del 31-3-2011). Esa superioridad se debe, entre otras cosas, a la tradición que ha convertido a esas instituciones en lo que algunos llaman despectivamente "mausoleos de sabiduría", tradición que no hace reposar la excelencia solamente en llegar el primero a la meta (que no es precisamente el origen de la noción de "excelencia" que tan orgullosamente manejan hoy los partidarios del Espíritu Deportivo), sino ante todo en la autonomía del saber científico con respecto a los poderes económicos y políticos que siempre han tenido la tentación de controlar el conocimiento y de ponerlo a su servicio, siendo su independencia uno de los signos distintivos de las universidades desde que la ciencia se separó de la magia y de la teología.

Y este es uno de los motivos por los que me parecen preocupantes la confianza en la autorregulación del mercado del conocimiento mediante la libre competición -una creencia sobre la cual la actual situación económica mundial podría arrojar al menos algunas dudas- y la pretensión de sustituir las viejas universidades por nuevos "centros de producción de conocimiento". Pues, como señala acertadamente Simon Head en su comentario del último enero a El capitalismo académico y la nueva economía (Johns Hopkins U.P., 2011) en la revista de libros de The New York Times, lo que amenaza la calidad y la libertad académica de las universidades (incluidas Oxford y Cambridge) son los procedimientos de evaluación que hacen depender su continuidad y su sostenibilidad de parámetros fijados en términos extracientíficos, concretamente de la rentabilidad en la producción de conocimientos que tanto defienden los patrocinadores de los rankings universitarios, porque en este caso se corre el peligro de que -solo es un ejemplo- sean las empresas farmacéuticas las que decidan la orientación de la investigación en química orgánica o las Consejerías de las comunidades autónomas quienes determinen la dirección de los estudios de filología clásica. Por supuesto que puede uno defender, incluso por motivos patrióticos, ese modelo de producción competitiva para el mercado del conocimiento, pero quien lo haga debe admitir claramente que comporta la destrucción de las universidades ilustradas modernas tal y como las conocemos desde el siglo XVIII, del mismo modo que algunos dicen -basándose en clasificaciones completamente objetivas con respecto a la pujanza de los llamados "países emergentes"- que la democracia resulta poco competitiva en una economía globalizada.

En cuanto a las observaciones de psicología profunda y antropología fundamental sobre la esencia competitiva de la naturaleza humana con las que a veces se sazona esta polémica, su carácter puramente ideológico y vacío resalta claramente en el contraste entre la grandilocuencia de su retórica y la pobreza y confusión de sus argumentos (no se puede defender a la vez el carácter cooperativo y competitivo de la ciencia). Lejos de mí, en cualquier caso, la intención de minimizar el alcance del afán de gloria a lo largo de la historia de la humanidad: nunca faltaron guerras para atestiguar su inequívoca importancia. Pero si, a pesar de nuestros inveterados instintos bélico-deportivos, admitimos que no todo vale para ganar -pues el asesinato, la extorsión, el chantaje y la violencia son altamente competitivos y sin embargo los castigamos-, es que aceptamos que hay algo más importante que la competición misma, algo que es de otro orden que ella y a lo que ella debe someterse y que ha de limitarla, algo que los clásicos llamaban verdad, justicia y belleza (tres marías que, ay, tampoco van a salir en los rankings de la producción de conocimientos), algo que seguramente sigue pesando en el hecho de que, fueran cuales fueran los resortes psíquicos de los hombres que hicieron los descubrimientos correspondientes, todavía nos da un poquito de vergüenza decir que el teorema de Pitágoras, la ley de caída de los graves de Galileo o la teoría de la relatividad especial nos parecen admirables porque son muy competitivos.

Y es que la competitividad no deja de ser una relación entre los hombres. La ciencia, por el contrario, es primariamente una relación con las cosas que, por ser irreductible a las rivalidades humanas, puede a veces servir para hacer una paz digna entre mortales. Pero cuando la verdad acerca de las cosas se subordina a las ambiciones y rivalidades de los hombres, aunque ello suponga éxitos económicos o políticos a corto plazo, puede suceder que los puentes elevados bajo ese principio se derrumben al primer vendaval o que los edificios erigidos sobre esa base se vengan abajo dejando a la intemperie a sus habitantes, a pesar de haber ocupado en las clasificaciones mundiales un puesto tan glorioso como el de Lehman Brothers unos días antes de su quiebra, porque la naturaleza acaba sancionando -a menudo de forma poco diplomática- la miopía, la irresponsabilidad y la incompetencia de ese punto de vista tan deportivo.

José Luis Pardo es filósofo

Fuente: El País


miércoles, 27 de abril de 2011

De Telefónica y otras desfachateces

Telefónica acaba de anunciar en Londres, tras obtener en 2010 unos beneficios récord, que prescindirá del 20 por ciento de su plantilla en España (6.000 trabajadores). El recorte se inserta en un proceso continuo de eliminación de puestos de trabajo, cuyo último episodio, por ahora, fue el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado en 2003 por el entonces ministro de trabajo Eduardo Zaplana, para reducir en cinco años, hasta 2008, un tercio de la plantilla (15.000 trabajadores) y que, a su vez, vino precedido de otro ERE en 1999, que afectó a 10.849 trabajadores, aplicado por Juan Villalonga, presidente a la sazón de la compañía y a quien más tarde sucedería el actual, Alierta.

El ajuste de plantilla no sólo se encuadra en el hecho de que Telefónica haya obtenido en 2010 -peor año de la crisis-, unos ingentes beneficios, sino en el anuncio de que va a distribuir 7.300 millones de euros en dividendos y primará a sus directivos con gratificaciones por importe de 450 millones. Dicen que el ministro de Trabajo mostró su malestar afirmando que no era un buen momento para el recorte. Sería interesante conocer qué momento considera bueno para despedir personal, ¿quizá después de las elecciones? En cualquier caso, no debe preocuparse porque es muy posible que dentro de unos años, cuando él cese, con un poco de suerte, Telefónica le ofrezca un buen puesto como ya hizo con su antecesor Zaplana, nombrado por Alierta en 2008 asesor y delegado de la compañía en Bruselas.

Rubalcaba ha afirmado que no está de acuerdo con la medida y que más claro no puede ser. Digo yo que más claro sí podría haber sido tanto él como todo el Gobierno mediante el procedimiento de no aprobar una reforma laboral que propicia decisiones como ésta de permitir que empresas con fabulosos beneficios puedan sin ningún tipo de traba aprobar un ERE. Lo grave del asunto es que se intentan justificar las reformas del mercado de trabajo como medidas necesarias para crear empleo, cuando en realidad lo único que se consigue es abaratar los despidos y, por lo tanto, destruir puestos de trabajo. ¿Nos puede extrañar que la crisis haya destruido en España más empleo que en ningún otro país de la Unión Europea?

Los sucesivos ERE dejan al descubierto un proceso de externalizaciones, mediante el que se logra que muchos trabajadores presten sus servicios en Telefónica sin ser empleados de la compañía. Es un fenómeno generalizado en las grandes sociedades. Deberíamos tomar conciencia de este hecho insólito, lo extraordinariamente difícil que resulta para el consumidor entrar en contacto con un trabajador que tenga una relación laboral con la compañía con la que se contrata un determinado servicio. Ni quienes nos atienden para darnos información, ni quienes nos hacen el contrato, ni quienes reciben nuestras reclamaciones, ni los operarios que realizan la instalación o que reparan las averías son empleados de la sociedad prestadora del servicio. Todos ellos son personal de contratas externas y, en algunos casos, subcontratas de subcontratas.

Varias son las consecuencias de esta situación. La primera, la progresiva precariedad de las relaciones laborales: los trabajadores son contratados en condiciones bastante peores que los de la compañía original, a menudo en calidad de autónomos ficticios y con retribuciones variables y mínimas. En segundo lugar, en momentos de crisis, el despido es mucho más sencillo aun cuando la sociedad esté obteniendo pingues beneficios, ya que la relación laboral es con empresas secundarias, muchas de ellas sin capital y fáciles de cerrar en caso de necesidad. En tercer lugar, y como resultado de las anteriores, la cualificación profesional es mucho peor y la asistencia que reciben los consumidores, por ello, más deficiente.

En Telefónica concurre además otra circunstancia que deja al descubierto la verdadera condición de nuestro sistema económico y político. Telefónica ha sido privatizada y a través de ella se puede conocer en qué ha consistido el proceso de privatizaciones. Se ha producido una simbiosis perfecta entre poder político y económico. El primero ha entregado a manos privadas las grandes empresas públicas que, además de prestar servicios a todos los ciudadanos, aportaban a la Hacienda Pública elevados beneficios. Se ha provocado así un expolio. Los políticos han colocado al frente de las empresas privatizadas a sus amigos, sin mayor título ni mérito, y éstos en justa correspondencia les reservan para cuando abandonen la actividad pública un importante puesto o el sillón de un consejo. En este mundo económico empresarial no existen ni el mérito ni la capacidad, todo se reduce al chalaneo, a la recomendación, al tráfico de influencias. Se genera de este modo una elite ficticia, cuyos componentes se autodenominan grandes especialistas y se autopremian con retribuciones de escándalo, utilizando la pueril excusa de que de lo contrario, habría fuga de cerebros. Lo peor de todo es que terminan creyéndoselo. ¿Adónde van a fugarse que estén mejor? Por otra parte, al tratarse de mercados cautivos los mayores o menores beneficios de las empresas no guardan relación con la gestión sino con la calidad del servicio y con las tarifas que se imponen abusivamente.

Lo único que han originado las privatizaciones es un incremento del desempleo, peores condiciones laborales, retribuciones de escándalo para los ejecutivos -que no representan a nada ni a nadie excepto a los amiguetes que los han nombrado o contratado-, un empeoramiento de los servicios públicos y la indefensión del consumidor carente de todo poder frente a las grandes empresas.

El colmo de la desfachatez consiste en afirmar, tal como ha hecho Esperanza Aguirre a propósito del Canal de Isabel II que su privatización significa devolver la propiedad a los madrileños; y el colmo de la estulticia, la del presidente de Loterías declarando que si este organismo se privatiza es para que sea más eficaz, con lo que está reconociendo que su gestión ha sido un desastre. El desenlace no debería ser privatizar la entidad sino cesarle.

Juan Fco. Martín Seco
República.

domingo, 17 de abril de 2011

En defensa de la Sanidad Pública





No a los recortes ni a la privatización de la Sanidad Pública
La Salud es un derecho no un negocio




http://www.casmadrid.org/includes/firmas_ley_1597.html


Comunicado de los médicos del Hospital de Bellvitge dirigido a la opinión pública sobre los recortes en el presupuesto de Sanidad. (16/4/2011)

Los responsables políticos han manifestado que los recortes en el presupuesto de sanidad que se están aplicando comportarán ciertas molestias derivadas de la centralización de algunos servicios y un alargamiento de los tiempos de espera para diagnósticos y para intervenciones quirúrgicas en patologías sin riesgo vital. Han dicho también que se trata de salvar el sistema sanitario. Esto es probablemente cierto, pero está lejos de ser toda la verdad. La población tendría que saber que un recorte de la envergadura de la que se está haciendo tendrá otras consecuencias más graves: Los servicios de cuidados intensivos y otros dispositivos para enfermos críticos quedarán reducidos a la mínima expresión durante muchos meses, algunos quizás indefinidamente. Se reducirá drásticamente la presencia de anestesistas, cirujanos y otros especialistas a los servicios de urgencias y a los cuerpos de guardia de los hospitales. Estas dotaciones quedarán muy por debajo del que hasta ahora se ha considerado razonable y adecuado, con el consecuente riesgo vital que puede significar por los pacientes con patologías más graves.

Por otro lado, miles de enfermos crónicos verán empeorar su calidad de vida. Los controles periódicos se espaciarán. Se restringirá mucho la dispensación de algunos fármacos, ciertamente caros, pero que han demostrado ser más eficaces que las alternativas más baratas que se proponen. El mismo puede pasar con algunos tratamientos del cáncer.

La reducción de plantillas comportará que se pueda dedicar menos tiempo a cada paciente. Se retrasarán diagnósticos y, por lo tanto, tratamientos. En algunos casos, este retraso empeorará el pronóstico de la enfermedad. Se producirán más errores, imprecisiones y confusiones debidos a la sobrecarga de trabajo del personal y al debilitamiento de los sistemas de aseguramiento y mejora de la calidad.

Seguir manteniendo, a estas alturas, que la calidad de la asistencia no se verá afectada es un insulto a la inteligencia de cualquier persona mínimamente informada. Muchos profesionales creemos que los daños que esta actuación provocará sobre el sistema sanitario público serán irreversibles. El sistema sanitario que se salvará será diferente y notoriamente peor que el que tenemos ahora.

El actual sistema sanitario público de Cataluña, que persigue la excelencia en la atención a toda la población, es reconocido como uno de los mejores del mundo. Se ha conseguido con el consenso y el esfuerzo continuado de toda la sociedad durante muchos años. El grado de satisfacción de sus usuarios es alto. El coste, en términos de porcentaje del PIB, es moderado si se compara con los sistemas otros países desarrollados que, además, obtienen resultados peores.

La ciudadanía tendría que conocer y ser muy consciente del alcance real y las consecuencias del recorte de presupuesto que se está aplicando a la sanidad.

El que se está haciendo es, de manera *subreptícia, sustituir el actual modelo por otro con características mucho más básicas y limitadas, desproveído de sus mejores calidades.

Sería bueno hacer difusión del grado de eficiencia de los diferentes proveedores del sistema sanitario. Tildar la medicina pública de ineficiente es fácil, pero es faltar a la verdad. Ya hace años que se aplican, con éxito, medidas de racionalización y control del gasto. Habría que definir mejor qué papel se quiere que, en la provisión de servicios sanitarios, jueguen las organizaciones de titularidad pública, las entidades concertadas y las empresas privadas con ánimo de lucro. Conocemos los problemas financieros y las urgencias de tesorería que condicionan la actuación del gobierno. No nos corresponde discutir qué cuota de responsabilidad es atribuible a gobiernos anteriores. No tendríamos que permitir, pero, que estos problemas sirvan de argumento para desguazar irreversiblemente el que probablemente es el mejor de los elementos de nuestro sistema de protección social.

Fuente: Coordinadora anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid. CAS-Madrid

http://www.casmadrid.org/index.php

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viernes, 15 de abril de 2011

ATTAC España propone nacionalizar Telefónica

Comunicado de ATTAC España

Ante el anuncio realizado por la compañía Telefónica de despedir al 20% de su plantilla en España después de haber ganado 10.167 millones de euros en 2010, ATTAC España propone al Gobierno y al Parlamento españoles lo siguiente:

1. Que procedan inmediatamente a tomar las medidas necesarias dirigidas a nacionalizar a esta compañía hasta hace poco propiedad de toda la ciudadania del Estado Español, para salvaguardar los intereses públicos y el bien general evitando que el dinero y el esfuerzo acumulado durante muchos años por millones de nuestros conciudadanos y conciudadanas se sigan dedicando a lucrar a una minoría de propietarios y directivos escándalosamente bien pagados, mientras que se deterioran continuamente los servicios que presta dicha empresa y para colmo se plantean destruir 6000 empleos.

2. Que se cree una comisión independiente de investigación para poner de relieve con total transparencia las condiciones en que se llevó a cabo el proceso de privatización de las empresas españolas de propiedad estatal que han ido a parar a manos privadas.

3. Que dicha comisión estudie y proponga a los poderes públicos las fórmulas posibles para devolver a la propiedad nacional a las grandes empresas de valor estratégico que fueron privatizadas con el fin de que el Estado vuelva a ser dueño de los resortes esenciales de los que depende que nuestra economía y nuestra sociedad recobren la actividad y el empleo.

Al mismo tiempo, ATTAC España denuncia la irresponsabilidad del Presidente Rodríguez Zapatero y de su gobierno que para tratar de hacer frente a la crisis se reunió hace unas semanas con los propietarios de empresas y bancos que, como Telefónica, son en realidad las causantes de la crisis y de las mayores pérdidas de empleo que se han producido en nuestra economía.

Finalmente, ATTAC España llama a todas las personas, partidos, organizaciones, movimientos o grupos sociales de cualquier tipo interesados en salvar los intereses generales y en que la crisis la paguen quienes la han provocado que apoyen esta iniciativa, enviando su adhesión a ATTAC España.

ATTAC España iniciará diversas campañas, frente a esta actuación y denunciará según sus posibilidades las nuevas privatizaciones previstas, llamando a la ciudadanía en general a posicionarse frente a ellas y las pérdida de patrimonio que nos pertenece a todas y todos y no a sus gestores temporales.