Sanidad Pública: Propuestas que no van a debatirse en el circo electoral

• La salud no depende solamente de los factores que conocemos como sanitarios, depende en mucha mayor medida de factores sociales, económicos, laborales y/o medioambientales, sobre los que se puede actuar  con medidas socio-políticas.

Cerca de 2/3 de las enfermedades están determinadas por dichos factores, mientras que el actual sistema sanitario, totalmente dependiente de las multinacionales farmacéuticas y de la tecnología sanitaria, está centrado en un modelo curativo, hospital centrista y de medicalización de todos los aspectos de la vida.

Es imprescindible un cambio paulatino hacia un modelo de promoción de la salud que actúe realmente sobre los factores que influyen en su mejora, contra los “productores de enfermedad”, y que permita a la población asumir el control de todo aquello que determine sus niveles de salud.

 

• Fuera el negocio de la sanidad y de los servicios socio-sanitarios. Derogación de la Ley 15/97, de las normas autonómicas que la desarrollan y de todas aquellas leyes que introducen el ánimo de lucro en la sanidad.
  

• Puesta en marcha de un plan de rescate de todos los centros privatizados, en base al deficiente funcionamiento de dichos centros, a la selección de riesgos que se está produciendo en ellos, al lastre económico que suponen para las arcas públicas, y por tanto, al interés general.
  

• Reorganización y aumento de plantillas e implantación de un segundo turno en aquellas especialidades necesarias para optimizar al máximo los centros y recursos públicos. Prohibición de peonadas y horas extras. Supresión paralela de los conciertos privados. Establecimiento de un sistema real de incompatibilidades.
  

• Incremento del gasto sanitario público para garantizar una atención adecuada a la población.
  

• No a la parasitación del sistema público: facturación de todos los servicios prestados por el Sistema Nacional de Salud a mutuas laborales y de accidentes tráfico; prohibición de la utilización de centros públicos para la formación de alumnxs de universidades privadas, etc.
  

• Establecimiento de mecanismos de control real y autogestión del sistema sanitario por parte de trabajadores y pacientes: “Si nosotrxs lo pagamos, nosotrxs lo gestionamos”.
  

• Contra la parcialización del SNS en 17 servicios de salud y por la supresión de la nueva casta de burócratas autonómicos: supresión de las transferencias sanitarias que no han supuesto ningún acercamiento del sistema a la población, ni mucho menos la participación real de la población en su control o gestión. Cartera de servicios y prestaciones iguales para todo el territorio.
  

• Desarrollo de una industria farmacéutica pública básica. Central de compras para farmacia y resto de materiales. Distribución de los medicamentos más prescritos desde los propios centros sanitarios. Potenciación de la investigación y formación continuada dentro del sector público y no mediante multinacionales y farmacéuticas.
  

• Integración de aquellas medicinas alternativas, que hayan demostrado su eficacia, en la cartera de servicios del SNS.
  

• Transparencia: Acceso en todo momento y para cualquier ciudadano, de toda la información sobre gasto, indicadores de calidad, etc. 

CAS Madrid. Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=75&titulo=COMUNICADOS

Los determinantes reales de la salud

Frente a las declaraciones recientes del consejero de salud de la Generalitat de Cataluña, aparecidas en varios medios de comunicación diciendo que: "la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado", y que la salud depende sólo de la genética, los antecedentes familiares y los hábitos personales, queremos recordar, precisamente para hacer pedagogía, cuáles son los factores reales que determinan la salud individual y colectiva. Los profesionales de la salud y la ciudadanía en general deben conocer cuáles son estos factores, llamados "determinantes sociales de la salud", y que han sido recogidos en las definiciones e informes de diversas instituciones, organizaciones y constituciones estatales, entre ellas la Constitución española.

Contrariamente a lo que sostiene el consejero Boi Ruiz, hoy sabemos que las enfermedades de origen exclusivamente genético representan sólo una proporción muy pequeña de los problemas de salud pública.

En el Informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud se indica que: “la acumulación tóxica de factores sociales injustos y evitables, como la desigualdad económica, la precariedad laboral, la contaminación ambiental, la inseguridad alimentaria, el no tener una vivienda digna, o la falta de participación y de democracia dañan la salud y crea inequidades.” La Comisión llama a estos y otros determinantes como son las pensiones, el nivel educativo, las desigualdades entre hombres y mujeres (el trabajo reproductivo y en especial la violencia contra las mujeres) y la participación social y política, las "causas de las causas" de la salud y la inequidad en salud.

Es por estas razones que la Organización Mundial de la Salud señala: "El derecho a la salud obliga a los estados, (y, en el caso de Cataluña, a las autonomías ya que tenemos transferidas todas las competencias) a generar las condiciones en las que toda la ciudadanía pueda vivir de la manera más saludable posible.” Por su parte, la Constitución española en su artículo 43 dice: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Corresponde a los poderes públicos, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios...”. "Igualmente, también el Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene varios artículos sobre el mismo derecho y las funciones del Gobierno, así como también la Ley General de Sanidad y la recientemente aprobada (en septiembre de 2011) Ley de Salud Pública regulan las obligaciones del Estado y de las Autonomías en la vigilancia, control y prevención de los factores no personales sino sociales que pueden afectar la salud, haciendo énfasis en la necesidad de tener en cuenta la salud en todas las políticas.”

Por todo ello, denunciamos la gravedad de las declaraciones del Consejero al afirmar que la salud es un bien privado que no depende del estado y que "no hay un derecho a la salud". Estas afirmaciones o bien reflejan un estado de ignorancia o bien son simplemente una manifestación de la política privatizadora de la sanidad que actualmente lleva a cabo la Generalitat de Cataluña, amenazando con copagos, la desgravación fiscal de los seguros privados y realizando recortes indiscriminados de la sanidad pública, las razones de las cuales no han sido explicadas en ningún documento.

El próximo paso del consejero quizá sea, si la salud es un asunto privado, decirnos: "Sea cuidadoso con sus hábitos personales y si enferma utilice los servicios privados, porque el estado (en este caso el gobierno de la Generalitat) no tiene ninguna responsabilidad sobre su salud". Si así fuera, esto tendría consecuencias muy graves para la salud de los catalanes y muy especialmente de las personas más desfavorecidas.

Josep Martí-Valls pertenece al Grup de Polítiques de Salut del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Joan Benach es miembro del Grup de Recerca de les Desigualtats en Salut, Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET), y Carme Borrell es del Grup de Polítiques de Salut del CAPS.

Sin Permiso

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4529

Traducción para www.sinpermiso.info: Maria Tallaferro

El ataque a la salud, en los umbrales del delito

La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna "asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto, estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.

Así lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".

Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes.

Si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.

Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico a la dignidad humana.

Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.

La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que "impidan" a los ciudadanos "el ejercicio de derechos cívicos", en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.

El País

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/ataque/salud/umbrales/delito/elpepiespcat/20111017elpcat_5/Tes

De la limosna a los derechos, tu escoges. Está en tu mano, porque SOMOS MÁS!

Leo en O Militante un artículo titulado “O Estado assistencialista ou a esmola como política oficial” (El Estado asistencialista o la limosna como política oficial) de José Augusto Esteves. Y curiosamente, mientras tanto oigo en la radio un spot de la campaña electoral del PP en el que se propugna para Catalunya que la política cultural sea financiada por patrocinadores privados. La coincidencia me produce escalofríos, no sólo por el progresivo abandono de las funciones del Estado tanto en temas sociales como en los culturales que significan la configuración en alzado, creación, valores, solidez, identidad y libertad de un colectivo, sino porque cuando miro a Grecia y a Portugal me siento visitada por los fantasmas de las navidades futuras en el probable caso de que el próximo 20-N sea el PP quien arrase en las urnas. Y opino entonces que hay demasiada gente quieta, callada, que no se deja ver, que no está defendiéndose de la realidad que nos amenaza (con o sin campañas electorales, todo hay que decirlo), ni ocupando las calles y las plazas… Y que incluso los partidos que se reclaman de la izquierda se pronuncian de manera demasiado plana. Porque no se trata solamente de no callar. Se trata de denunciar, con todas las alarmas en funcionamiento, de que los programas liberales que amenazan con ganar las elecciones también en España, suponen la conversión de los derechos sociales (y de la cultura en Catalunya) en beneficencia pública y privada. Y esta apuesta por la humanidad, la rebeldía y los hombres y mujeres en pie (dempeus) no caduca el 20-N, ni mucho menos.

Tomo de Esteves la afirmación de que “el Estado como garante y protector de los derechos sociales universales - como expresión institucional de los logros más importantes de la lucha del movimiento obrero y reflejo en la historia de una sociedad alternativa al capitalismo – ha sido sometido durante mucho tiempo al fuego cerrado de los que aspiran a volver a un pasado de explotación laboral sin límites y sin restricciones. Esta ofensiva, provocada por los grandes centros del capitalismo internacional, se articula con el proceso de contra-revolución que están llevando a cabo las fuerzas de la troika unidas en el pacto de la agresión e intervención del FMI y la Unión Europea.” En Portugal el programa de Passos Coelho (el Mariano Rajoy luso) está vendiendo los servicios públicos y promueve su creciente comercialización con soluciones de colaboración público-privada (¿les suena?) mientras limita el acceso a los derechos y beneficios sociales con una regulación restrictiva orientada hacia el desmantelamiento de un Estado con responsabilidades que están recogidas no sólo en los Derechos Humanos, sino en la Constitución. Y eso mismo está pasando ya en España, incluso se votó hace pocos días en el Parlamento como reforma constitucional “obligada” por “los mercados” ¿verdad que sí les suena?

Pero veamos que más puede seguir… Por ejemplo, en Portugal, una parte significativa de la población ocupada, con bajos ingresos, comenzó a ser excluida de servicios como el subsidio familiar, la ayuda escolar, el complemento social de las personas mayores, del subsidio de desempleo, las rentas de integración social, el reembolso de medicamentos, el transporte no urgente de pacientes, los descuentos en transportes de personas mayores, etc…

Por lo que a la evolución del sector de la salud portugués se refiere, con el creciente papel desempeñado por las grandes empresas y otros intereses privados entre los que se incluye la gestión de las unidades del Servicio Nacional de Salud, la enfermedad se está convirtiendo en un negocio altamente rentable ya que el acceso universal deja paso a seguros contratados con mútuas (¿les sigue sonando la musiquita?) con un progresivo vaciamiento de las responsabilidades del Estado en el sector sanitario. En el caso de Portugal, para las personas que carecen de medios, se ha puesto en marcha un programa que pervierte el concepto de política social en caridad: se trata del Programa de Emergencia, que muestra con transparencia cristalina las concepciones ideológicas de sus promotores en relación a la pobreza. Su visión nos recuerda no sólo la cruda realidad del fascismo, pero que nos devuelve a los crudos tiempos de la revolución industrial en Inglaterra, replicando las respuestas e ideas de las clases dominantes sobre las las condiciones de pobreza dramática de las clases trabajadoras con las famosas Leyes de Pobres, sus medidas de castigo y la aplicación de la norma de asistencia por el trabajo como condición para tener derecho a la ayuda de la parroquia.

También se oyen amenazas de este estilo en la campaña electoral que vivimos en España. Se coquetea torpemente con la idea de condicionar la prestación por desempleo a una especie de prestación de trabajo gratuita… sin ni siquiera cuestionar el origen del derecho al subsidio de desempleo se encuentra en un sistema en el que los beneficiarios son solidariamente responsables con sus propias contribuciones y lo garantizan, o, dicho de otra manera, se trata de un derecho financiado por los que trabajaron e hicieron deducciones de seguridad social… y no es un regalo de nadie, y menos de las alas más ultraliberales de los populares europeos en versión portuguesa o española… o inglesa, porque también David Cameron está hablando en Inglaterra de la “Big Society”, una operación de engaño que también aspira a más voluntariado, más caridad y menos Estado, liberando con ello de responsabilidad al Estado en el desempeño de las funciones sociales y transformando, también en Gran Bretaña, los derechos sociales en limosna.

Si este asalto al progreso humano y a la democracia, si este retroceso de siglos en los avances de civilización se avalan en las urnas el 20-N ¿nos estamos dando cuenta de verdad de qué vida nos espera, de cómo no sólo estamos sacrificando nuestra dignidad sino nuestra inteligencia, de que estamos minando cualquier perspectiva de futuro para nosotros mismos y quienes están por venir si no nos rebelamos… si no nos damos cuenta de que SOMOS MÁS?

 

Angels M. Castell

Punts de Vista

http://puntsdevista.wordpress.com/2011/11/06/de-la-limosna-a-los-derechos-tu-escoges-esta-en-tu-mano-porque-somos-mas/

Paro, fracaso y PISA

El pasado día salieron los datos de la Encuesta de Población Activa que nos dejaban al borde de los cinco millones de parados o, dicho de otra manera, un 21,5% de las personas que quiere trabajar no encuentra quien lo contrate. Es una burrada sin parangón en el mundo al que queremos pertenecer, tanto en evolución como en números brutos. Algo estamos haciendo muy mal para estar así, pero como no sé demasiado del tema, me abstendré de comentarlo.

Lo que sí sé es que, tal y como se puede ver en esta tabla, la edad y el nivel de estudios son dos factores importantes de protección frente al paro.

Paro por edad y nivel de estudios (2011T3)
	Bajos	Medios	Altos	Total
Todos	23,4	15,3	11,8	21,5
De 16 a 19 años	57,3	17,7	--	56,0
De 20 a 24 años	41,2	33,8	37,2	39,6
De 25 A 29 años	26,8	19,4	21,4	24,2
De 30 a 34 años	24,7	14,7	12,8	19,4
De 35 a 39 años	22,5	13,1	11,1	17,6
De 40 a 44 años	21,4	12,9	8,8	16,7
De 45 a 49 años	18,4	12,3	6,5	14,6
De 50 a 54 años	15,8	10,9	6,3	12,7
De 55 a 59 años	14,8	11,2	7,1	12,3
De 60 a 64 años	15,3	12,8	4,6	11,4
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la EPA (2011T3).

Según avanzamos en edad el paro disminuye, muy rápidamente al principio, poco a poco más tarde. Probablemente no es la edad/experiencia la protectora, sino la duración del contrato y la indemnización aneja. Pero el nivel de estudios es evidente: a los 30-34 años el paro es el doble entre los que tienen estudios bajos (sin Secundaria superior, es decir, Bachillerato y FP media) que entre los que tienen estudios medios (Secundaria superior) o altos (universitarios o FP Superior); a los 40-45 años, los que tienen estudios medios tienen el doble de paro que los que tienen un nivel alto de estudios, y los que tienen estudios bajos tienen el triple de paro que estos últimos.

En general, uno de cada cuatro personas con nivel bajo de estudios está en paro, frente a una de cada siete con estudios medios y una de cada nueve con estudios altos. No es difícil ver que con una proporción menor de población con Secundaria superior no tendríamos el paro que tenemos.

Con los jóvenes (por debajo de los 30) el nivel de estudios no está funcionando tan bien. Aunque antes de los 25 hay una población de estudiantes que altera los resultados (el paro se calcula sobre población activa, y los estudiantes se consideran en general inactivos), en el tramo 25-29 apenas hay diferencias entre unos y otros. Puede ser porque no hay trabajo para ninguno de los que empiezan o por una perversión de los contratos temporales, no lo sé.

Quizás sea ilustrativo recordar cómo estábamos hace cinco años, cuando había quienes decían que estudiar en España no compensaba:

Paro por edad y nivel de estudios (2006T3)
	Bajos	Medios	Altos	Todos
Todos	10,0	7,7	5,8	8,1
De 16 a 19 años	26,4	19,7	--	24,9
De 20 a 24 años	14,4	14,4	14,8	14,5
De 25 a 29 años	11,3	8,3	8,9	9,5
De 30 a 34 años	10,9	6,9	5,7	7,8
De 35 a 39 años	8,8	6,6	5,1	7,0
De 40 a 44 años	8,7	5,8	4,0	6,5
De 45 a 49 años	7,8	4,0	2,9	5,6
De 50 a 54 años	7,5	5,9	2,4	5,9
De 55 a 59 años	7,1	5,2	3,1	5,9
De 60 a 64 años	5,5	4,5	2,4	4,8
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la EPA (2006T3).

Para los que tienen cierta edad, el paro se ha duplicado para los que tienen un nivel alto de estudios, pero se ha multiplicado por 2,5 o por tres para los que tienen un nivel bajo de estudios. Uno de los datos evidentes de la comparación entre ambas tablas es que cada vez menos gente está protegida por contratos largos, especialmente entre los que tienen un bajo nivel de estudios. No sé si los sindicatos habrán tomado nota de esto.

Como el fracaso escolar en España es el responsable del nivel bajo de estudios de los jóvenes, me puse a cruzar datos de paro y fracaso por comunidades autónomas. Para empezar, una tabla de correlaciones:

Correlaciones entre los valores medios de las 17 CCAA (sin Ceuta y Melilla)
	Paro	Paro joven (16-24 años)	Fracaso escolar	Matemáticas (PISA 2009)	Media años estudio
Paro	1,000	0,805	0,719	-0,821	-0,745
Paro joven (16-24 años)	0,805	1,000	0,702	-0,537	-0,481
Fracaso escolar	0,719	0,702	1,000	-0,694	-0,588
Matemáticas (PISA 2009)	-0,821	-0,537	-0,694	1,000	0,607
Media años estudio	-0,745	-0,481	-0.588	0,607	1,000
FUENTE: Elaboración propia sobre la EPA (2011T3) y PISA 2009.
Notas: El paro está calculado sobre la población activa, pero el paro juvenil sobre la población total. El fracaso es la media de los diez últimos años. La media de años de estudio está calculado sobre la población entre 25 y 64 años.

[Para el que no lo sepa, una correlación es un número entre -1 y 1 que indica el grado de asociación entre dos variables: si se acerca a cero, no están relacionadas; si se acerca a uno, están relacionadas de manera que a medida que crece una, crece la otra; y si se acerca a -1 están también relacionadas, pero de manera que si crece una la otra decrece].

Comencemos con una serie de notas técnicas para saber qué significa cada denominación. Para empezar, se han correlacionado los valores medios de cada variable en cada una de las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla, no tanto por su tamaño como por los valores extremos que suelen tener (lo que distorsiona no poco las correlaciones), y sin ponderación de ninguna clase. El paro es el porcentaje de población activa que no tiene trabajo, la definición habitual, pero para el paro juvenil se ha empleado el porcentaje de parados sobre la población general, ya que entre los 16 y los 24 la definición anterior deja fuera a los estudiantes, lo que baja todas las correlaciones y puede confundir. El fracaso escolar es la tasa bruta de población que no ha obtenido el título de ESO en los diez últimos años disponibles (2000-2009). Matemáticas es la puntuación media de las comunidades en PISA 2009 en la escala de Matemáticas: la utilizo porque es la más fiable y estable (por cierto, está la puntuación de las 17, aunque en las tres que se presentaron sin muestra ampliada la media es menos fiable). Por fin, la media de años de estudio es un indicador del nivel de estudios de la población adulta (30-64 años), y se ha calculado tras otorgar a cada nivel de estudios unos años estimados de escolarización (como aquí) y calculando posteriormente la media.

Pero vamos con la tabla. Lo primero que sorprende es que la correlación más alta (0,821) se de entre dos variables que no pueden estar relacionadas directamente: el paro de toda la población y los resultados de PISA en Matemáticas (que se miden en chavales que hoy tienen 17 años). La segunda se da entre el paro general y el paro juvenil (0,805, esperable, conociendo España) y la tercera entre la media de años de estudio (que es el nivel educativo medio de la población mayor de 30 años) y el paro (-0,745, también esperable, pues hemos visto en la primera tabla que a menor nivel de estudios, más paro) y a continuación una serie de correlaciones muy parecidas, entorno a 0,7, que son las del fracaso escolar con el paro, el paro joven y Matemáticas en PISA.

Vamos a analizar con cuidado la primera correlación (resultados en PISA, tasa de paro). En el siguiente gráfico se puede ver cómo se relacionan ambas variables por CCAA (no se incluyen en los cálculos Ceuta y Melilla, aunque sí están representadas en un color más claro):

Lo que el gráfico nos estaría diciendo es que el 67% de la tasa de paro podría explicarse por el nivel en PISA de sus jóvenes. Como tal explicación es un absurdo, habría que colegir que hay es una variable latente que explicaría ambas cosas: nivel de estudios de los jóvenes y tasa de paro. Una candidata podría ser el nivel de estudios general de la población en las CCAA, pero ya la incluimos en la tabla de correlaciones, y no parece dar la talla. Por tanto, habría otra variable latente, que probablemente incluría el nivel de estudios, el poder adquisitivo, valoración de la cultura, inclinación hacia el progreso a través del estudio, y un largo etcétera.

Probablemente algo de esto haya, lo que la gente tiene en la cabeza explica mucho de lo que pasa (porque está detrás de las decisiones que toma), y lo que la gente tiene en la cabeza tiene detrás una larga tradición histórica, a veces de siglos (creo que, en este sentido, hay una entidad geográfica, la comarca, que se desprecia sistemáticamente). Pero ¿tanto?

Evidentemente, aquí hay gato encerrado. Demasiadas veces los analistas nos quedamos en el nivel de análisis que nos dice lo que buscamos, y demasiadas veces los que estudian la educación desde una perspectiva sociológica se quedan aquí y no profundizan más porque han llegado donde esperaban. Unas veces puede estar justificado, otras no. Veamos el siguiente gráfico, una versión corregida del anterior:

Lo que hemos hecho ha sido dividir las comunidades españolas en dos, norte y sur, para ver cómo funciona el análisis. Lo que ocurre es que las CCAA del norte de España lo hacen mejor en PISA y tienen menos paro (en este caso, junto con Baleares: allí el verano sí ha funcionado, pero en el cuarto trimestre la cosa cambiará), y las del sur tienen más paro y lo hacen peor en PISA. En el círculo naranja están agrupadas las del norte de España, muy juntitas, y en ese grupo el nivel explicativo apenas supera el 20% y deja de ser significativo. Más sueltas están las del sur de España, cuya recta tiene una pendiente similar, pero su correlación es ridícula. Esto pasa con todas las variables educativas expuestas anteriormente. 

Por tanto, lo que tenemos son dos españas que explican un porcentaje muy alto de la correlación. Este fenómenos es muy habitual en las correlaciones de grupos: cuando separas varones y mujeres, escuela pública y privada, u otras tantas dualidades la supuesta relación entre variables se debilita o llega a desaparecer. En el caso analizado, si se introduce la variable norte-sur en la ecuación, la influencia de los datos de PISA se queda en la mitad y deja de ser significativa.

Por supuesto, en la diferencia entre las dos españas influye esa variable latente en la que incluimos todos los factores que citábamos antes, es algo que ya sabemos. Pero al incluirlo en una regresión podemos achacar a las comunidades lo que es un efecto que actúa a un nivel superior (y justificar con una regresión con muchos puntos lo que en realidad es básicamente una diferencia entre dos puntos, que se trata técnicamente de otra forma).

Nos encontramos otra vez con algo de lo que he hablado muy a menudo y que en el libro repito continuamente: muchas de las creencias que sostenemos en educación son fruto de análisis insuficientes, cuando no análisis de medio pelo o interesados. He visto papers íntegros basados en este fenómeno, donde se incluyen 15 o 20 regresiones de este tipo (que, como hemos visto, hablan siempre de lo mismo) y se permiten sacar conclusiones. El mismo Instituto de Evaluación cae continuamente en este tipo de análisis.

Nos queda el problema norte-sur, algo persistente en España, aunque se ha reducido mucho en las últimas décadas (eso es algo que se tiende a olvidar: aunque sigue habiendo diferencias, la magnitud de éstas no tiene nada que ver). Diferencias que no son fáciles de reducir por medio de políticas públicas (aunque sí de ampliar, que también se olvida), y que yo sepa la mejora se ha basado en una escuela fuerte (que ya no tenemos) y en la redistribución del gasto público.

Nota de disculpa: Entiendo que mucha gente no acabe de entender las regresiones (por favor, que alguien las incluya en el currículo común del Bachillerato), pero muchos de los argumentos y justificaciones que uno oye todos los días tienen a esta técnica detrás, aunque no de forma transparente. Es decir, es algo que nos afecta, lo queramos o no, en nuestra vida diaria, y es una carencia importante (y no soy el único que la nota) bastante generalizada en España, incluso entre los que tienen poder de decisión. Pero es que hay cosas que no se pueden explicar de otra forma.

José Manuel Lacasa 

ifie (Instituto F de Investigación Educativa)

http://blogdelifie.blogspot.com/2011/11/paro-fracaso-y-pisa.html