Si en la anterior entrada he
cuestionado el miedo injustificado en las cuentas públicas de nuestro país, ahora
trato de avanzar en las causas que pueden estar implicadas en esta “crisis de confianza”. En
realidad los problemas son de otro tipo:
1. Por un lado, la deuda privada de familias y empresas,
que en España llega ya al 294% de nuestro PIB (2010) pero que también es
exagerada en países como Suecia (302% -externa de 340% y pública de 37,3%) o
Bélgica (252%) por poner algunos ejemplos, y que tiene un claro culpable en el comportamiento
irresponsable y especulativo de la Banca[1]
(a la que curiosamente debemos sanear entre todos). Esta tabla, obtenida del
PBI[2]
representa la deuda externa (pública y privada) en 2010 y pone en evidencia que
el problema es principalmente la deuda privada (restar los datos de la deuda
pública expuestos en la anterior entrada y obtendréis los de la privada)
Esta deuda privada tiene un
hecho incuestionable, muchos pequeños empresarios y ciudadanos en general lo
están pasando muy mal; han perdido sus negocios, su trabajo, sus casas, su
calidad de vida y sus expectativas vitales han descendido al punto de una
simple lucha por la supervivencia, con
deudas que no podrán nunca pagar o con las que no podrán nunca progresar. Y en
estas circunstancias, los estados han de procurarles un colchón de ayuda porque
vivimos en la Europa
del estado del bienestar que, entre otras muchas cosas, quiere decir que, si te
van mal las cosas, el estado al que pagas impuestos te va a garantizar unos
mínimos. Así nos lo han asegurado y así nos lo hemos creído cuando pagamos
impuestos. Pero, además, así ha ocurrido en los años de la crisis, todos los
países de la UE-27
han aumentado su gasto público en estos años, la media de la UE-27 ha pasado del 45,6%
del PIB (2007) al 50,9% en 2009; pero hay países en donde el incremento ha sido
mayor, Noruega del 41,1 al 47,3, Finlandia del 47,2 al 55,6, Alemania del 43,6
al 48, Dinamarca del 50,8 al 58 o el Reino Unido del 44,0 al 51,5. Me gustaría
saber con qué cara puede explicar el gobierno catalán al trabajador parado o al abuelo que se encuentra ahora soportando
con su pensión a sus hijos, nueras, yernos y nietos que se han quedado sin nada
y no han tenido más remedio que cobijarse en la casa de los abuelos, que, para
resolver la crisis, han de pagar 1 € por cada receta que necesiten por su
problema de salud (el que la legalidad le haya impedido adoptar esta medida, dice mucho de CIU)
2. Por otro, las presiones de los grupos internacionales
de negocios que se ceban en Europa para desmantelar sus servicios públicos
(estado del bienestar) como única vía para poder ampliar su mercado ya que por
calidad y precios no pueden competir con los estados a la hora de proporcionar
a sus ciudadanos los servicios que nos identifican como país y como región
geopolítica. Una Europa políticamente inoperante, con unos dirigentes miopes que
defienden sus intereses locales y que entienden la UE solo como un mercado de
influencia de sus intereses mercantiles nacionales, es un magnífico caldo de
cultivo para los mencionados grupos de especulación financiera.
Y, si esto fuera así, cabría
preguntarse por qué los mercados financieros atacan a España y no a otros
países con mayor estado de bienestar fruto de su gasto público, pues la
respuesta más verosímil es porque no pueden; y no pueden por que su deuda
pública es mínima y encima tienen superávit presupuestario como es el caso de
Suecia o Noruega. Si no tienen que financiar deuda o esta es poco importante,
no tiene donde “rascar” la especulación financiera.
Pero, sea como sea, tenemos
un problema y es que nuestra economía es vulnerable y se encuentra excesivamente
expuesta a los intereses del mercado especulativo que, según la hipótesis que
estoy defendiendo, van más allá de su característica avidez por el dinero y
pretende atacar directamente a nuestro estado del bienestar cercenando los
servicios públicos. Lo cierto es que, hoy por hoy, no se puede mantener nuestra
administración pública sin recurrir a la financiación exterior y esta está a la
merced de los mercados financieros en ausencia de un Banco Central Europeo que
fuera capaz de asumirla a un coste razonable y justo. Desde este punto de vista
cambia la perspectiva, España no tiene que sucumbir ante los intereses
especulativos, pero sí tiene que conseguir una reducción significativa de su
déficit público.
La reducción del déficit,
desde una óptica puramente racional puede emprenderse bajo dos posibles líneas
de actuación que no han de ser antagónicas sino complementarias:
Por una parte, aumentando los ingresos públicos, esto
es, que el estado disponga de más dinero para mantener los servicios que presta
a sus ciudadanos mediante el aumento de la presión fiscal a través de los
impuestos, la disminución del fraude fiscal mejorando la recaudación o añadiendo
una recaudación extra por ciertos servicios que ofrece (copago)
Analizando la presión fiscal que se produce en la UE, es evidente que hay un
amplio margen de maniobra; la española llega al 32,9% del PIB (2010) mientras
que la de la EU-27
es del 39,6, la de la Zona Euro
(UE-17) es del 40,2% o, por poner la de los países con un alto nivel de estado
del bienestar, el Reino Unido 37.4,
Alemania 39.5, Francia 44.5, Suecia 46.3 o Dinamarca 48.5[3].
No obstante, una cosa es aumentar la presión fiscal y otra bien distinta es
cómo se estratifica entre los diferentes niveles socioeconómicos de la sociedad
en función de su poder adquisitivo y que no dependa tanto de la clase media
(asalariados) como sucede en España[4]
La subida de un solo punto
porcentual en el porcentaje del PIB español equivaldría a 11.176,24 millones de
€ (1% de nuestro PIB nominal en cifras de 2010: 1.117.624 millones de €[5]).
Por extensión, si la presión fiscal española se igualara a la de la zona euro,
el estado podría llegar a recaudar 74.880,808 millones de € más, cifra a todas
luces capaz de responder a las peores previsiones del déficit español de 2011[6].
Pero una cosa es la presión
fiscal de un estado y otra es el problema del fraude fiscal[7].
Durante 2011 se recaudaron 10.400 millones de € en actuaciones de inspección dirigidas a descubrir
y combatir bolsas de fraude fiscal (10% más que en 2010)[8]
aunque se supone que no se detecta el 88,4% del total[9].
España ocupa el tercer lugar de los países con mayor fraude fiscal de Europa
(UE-15). Hay dos vertientes distintas de fraude pero que producen los mismos
efectos: la economía sumergida (cuya tasa se ha cuadriplicado entre 1998 y
2008) y la evasión de impuestos a paraísos fiscales. En cuanto a la primera, el
estudio de la FUNCAS
la sitúa en el 24% del PIB[10]
(recuerdo que el déficit público de 2011 alcanza solo el 8-8,2% del PIB). En cuanto
a la segunda, se calcula que la inversión de las empresas españolas en el
exterior sin apenas pagar impuestos o con opacidad contable alcanzó los 1.000
millones de € en 2009 y esto sin
contabilizar la evasión de capitales personales. El 72% del fraude lo realizan
las grandes empresas y las grandes fortunas y supone una cifra cercana a los
90.000 millones de € anuales[11].
La tercera medida recaudatoria
sería el copago de servicios
específicos. Esto supone una doble vía de financiación, la fiscal (a través de
los impuestos generales) y la directa a través de los usuarios del servicio en
cuestión.
El copago o, en su versión
más políticamente correcta, el ticket moderador puede reducir la pérdida de
bienestar social[12]
y entiendo que sólo estaría justificado si la única decisión posible sería la
de perder servicios públicos en equidad y calidad o introducir un copago; pero,
para que se llegara a esa situación, se tendrían que haber agotado las medidas
previas de presión y fraude fiscal y, como paso a explicar a continuación,
haber acabado con las bolsas de ineficiencia en la gestión pública. No
obstante, como esta forma recaudatoria se expresa fundamentalmente referida a
la sanidad, entraré en ella cuando analice nuestro Sistema Sanitario en
sucesivas entradas.
La segunda línea de
actuación para reducir el déficit público sería la de disminuir los gastos mediante la mejora de la gestión (optimización
de recursos y solucionar bolsas de ineficiencia), la externalización de
servicios y el recorte de servicios o prestaciones.
De todas las medidas que he
presentado hasta ahora, la mejora de la
gestión es, sin lugar a dudas, la que debería ser el punto de partida de
cualquier acción de gobierno por su incuestionable valor moralmente irreprochable.
Hubiera déficit o no, la buena gestión de los dineros públicos es “conditio sine
qua non” para la administración en todos los niveles, tanto estatal como
autonómico y local. Emplear bien los recursos públicos obliga a modernizar la
organización y la legislación de la administración pública, a anteponer el bien
colectivo a intereses privados y políticos de personas o empresas, a ajustar
bien los presupuestos con el gasto real de los servicios y no al revés (porque
si se infrapresupuesta luego hay que pagar intereses), a enfrentarse con
lobbies de intereses privados o a decisiones políticas caprichosas,
derrochadoras e ineficaces, a incentivar el trabajo bien hecho por los
empleados públicos, a profesionalizar la gestión y a rendir regularmente
cuentas públicas a los ciudadanos.
Externalizar un servicio público consiste en que la administración pública delega su
prestación a una organización o empresa privada. ¿Por qué el sector público
difiere actividades que le son propias al sector privado? [13]
Durante años, la justificación política ha sido que las organizaciones privadas
son más eficaces (prestan servicios de mayor calidad) y más eficientes
(resultan más económicas) que las organizaciones públicas. Esto, si bien
pudiera ser cierto en algunas circunstancias, no resulta tan evidente en la
mayoría. Al
menos en el sector sanitario, no hay estudios independientes que avalen
esta afirmación y lo que sí está ampliamente documentado es que los
países con mayor sector sanitario privado, gastan mucho más ofreciendo
peores prestaciones. La externalización implica en sí misma el más absoluto fracaso de la
gestión pública; un gestor que la valore como necesidad organizacional, expresa
su profunda incapacidad y el reconocimiento de que una organización privada con
ánimo de lucro, puede gestionarlo mejor. Para que una prestación delegada
produzca beneficios económicos, o se ofrece con menor calidad (actividades y/o
recursos humanos), o cuesta más cara o estaba muy mal gestionada. Por lo tanto,
no se debe externalizar un servicio sin un estricto control administrativo (es
la gran diferencia entre externalización y privatización) ya que sin control no
hay garantías de calidad y se pueden perder las supuestas ventajas económicas
En las últimas décadas se han
externalizado servicios por razones no siempre admisibles desde la gestión,
algunas han sido ideológico-religiosas (concierto de centros educativos
privados) para que la clase alta gozara de una enseñanza financiada con fondos
públicos pero ajustada a sus deseos de élite socioeconómica y/o religiosa; y
otras político-estratégicas (cambiar inversión pública por conciertos para favorecer
intereses privados) o, simplemente como vía para incorporar a la administración
pública a acólitos y premiados por su actividad política o vinculación
familiar.
Si la externalización es el
fracaso de la gestión, el recorte de
servicios o de prestaciones públicas es el fracaso de la política ya que
cuestiona su razón de ser: mejorar la vida de los ciudadanos. Por ello, resulta
especialmente preocupante que esta haya sido la primera medida emprendida por
los nuevos gobiernos surgidos de las últimas elecciones autonómicas cuyos
máximos exponentes han sido Cataluña[14]
y Castilla-La Mancha[15].
En cuanto al nuevo gobierno surgido de la elecciones generales sus medidas[16]
(409 millones menos para sanidad) y las
próximas que va a tomar[17]
orientan hacia la contracción de los servicios públicos, pérdida de empleos
públicos e, inexorablemente, reducción de prestaciones.
Educación y sanidad son la
diana del recorte público y esto ha de ser analizado en profundidad. ¿Es la
sanidad pública el problema o, por el contrario, forma parte de la solución?
[1] La deuda
pública. ¿Qué ha estado ocurriendo en nuestras finanzas?http://www.vnavarro.org/?p=5721
[12] Vicente
Ortún http://www.econ.upf.edu/~ortun/publicacions/RAE95.pdf
[13] Carles
Ramió Matas http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0038532.pdf
