¿Quiénes se benefician del Re-copago?

Los españoles llevan cofinanciado la sanidad desde mucho antes de que se implantara el Sistema Nacional de Salud e incluso antes de la creación del INSALUD (1978). En términos de economía de la salud, llevamos sufriendo tres formas de copago: la económica, la no prestación de ciertos servicios sanitarios y la de las listas de espera.

 

La primera es por todos conocida, el 40% del valor del medicamento en las recetas de activos de la Seguridad Social (y del 30% en activos y pensionistas de MUFACE); en la segunda destacan, por poner algunos ejemplos, la ausencia de una atención odontológica pública de calidad o las lentes para los problemas de agudeza visual y, la tercera, es una interpretación de la “teoría de colas”, el tiempo que un paciente permanece en espera para recibir una asistencia sanitaria tiene una traducción económica en términos de disminución de su producción o consumo. Un claro ejemplo de esto, es el paciente en Incapacidad Laboral que espera una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica. Permanecer en una lista de espera traduce una inversión insuficiente  en recursos humanos o infraestructura o, también puede ser, una mala gestión.

 

Pero, volviendo al Copago económico, como bien dice Juan Simó en su blog, “la parte sufragada directamente por el usuario  ("porcentaje efectivo" de copago) fue de 790,90 millones, lo que significó un porcentaje de aportación sobre el total en PVP del 5,69%” [2010] que es muy inferior a la media de copago europea.

 

El problema está en los escenarios en los que nos movemos para estar de acuerdo o no con la medida. Si el Re-copago (aumento de la cofinanciación) fuera una medida excepcional  y se hubiera tomado para mantener las prestaciones de nuestra sanidad pública una vez que se hubieran aplicado todas las medidas correctoras de las bolsas de ineficiencia actuales, tendría mucha mayor aceptación entre la población. Pero se está tomando en una realidad bien distinta, en una crisis económica de la que no son responsables los servicios públicos, con un sistema sanitario de los más eficientes en términos económicos (7 % PIB), un re-copago unido a toda una batería de recortes sanitarios en prestaciones a los ciudadanos y sin presentar una sola medida que afecte a los beneficios empresariales del denominado mercado de la salud, esto es, industria farmacéutica, industria de tecnología sanitaria y sanidad privada. 

 

¿Cuales sería serían esas medidas que cabría esperar y que no se adoptan?, Pues un profunda reforma de la política del medicamento, dejando de financiar a aquellos que no aportan mejoras en la salud de los ciudadanos y son mucho más caros o la creación de una agencia estatal que aunara esfuerzos de agencias de evaluación farmacoterapética como Bulletí groc, BIT Navarra y otras más repartidas por las diferentes Comunidades Autónomas y que tuviera decisión previa a la comercialización de los nuevos medicamentos, algo parecido a NICE. También seguimos esperado medidas de control de los conciertos con la sanidad pública, limitando su presencia exclusivamente en aquellos casos en los que, una vez optimizados los recursos de la sanidad pública, las listas de espera fueran excesivas.

 

Pero si no se aplican estas medidas antes de implantar un Re-copago, cabe preguntarse a dónde va a ir a parar el dinero recaudado por el mismo.

Tal vez con estos dos silogismos se explique la ruta que va a seguir el dinero que se obtenga del Re-copago  

 

A)

- Gasto Sanitario Público = Presupuesto dedicado a sanidad + Déficit obtenido,

- Déficit = Infrafinanciación (Presupuesto + Copago) + Ineficiencia en la gestión

 

Luego, el Re-Copago puede disminuir la infrafinanciación sin modificar la ineficiencia.

¿Dónde están las grandes bolsas de ineficiencia? En el Gasto Farmacéutico injustificado (sobre todo hospitalario), en la compra de Alta Tecnología sanitaria sin criterio racional y en el Gasto en Conciertos con la sanidad privada sin optimizar los recursos propios.

B)

- Ineficiencia en la gestión = beneficios empresariales privados con ánimo de lucro

- Re-Copago no mejora la ineficiencia

 

Luego, usted pensionista, con lo que va a pagar con las recetas, va a aumentar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica, de las compañías de alta tecnología sanitaria y de la sanidad privada.

José Martínez López
Apuntes para la reflexión sanitaria
 http://reflexionsanitaria.blogspot.com.es/2012/04/quienes-se-benefician-del-re-copago.html

Análisis de las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad de 18 de abril de 2012. FADSP

La reunión del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) realizada el día 18 de abril de 2012 ha acabado con la aprobación, con la oposición de Andalucía, País Vasco y Canarias, de una serie de medidas que se han vendido ante la opinión pública como “un ajuste necesario para sostener la Sanidad Pública” y que merece la pena comentar.

1.      Copago de los medicamentos

Se introduce el copago en los medicamentos según niveles de renta en activos y pensionistas, esta medida tiene serios inconvenientes bien conocidos:

• Tenemos unos pensionistas con unas pensiones muy bajas (el 8,51% cobra menos de 300€ y el 54,02% menos de 650€) lo que les colocara en la tesitura de optar entre pagar los medicamentos y comprar alimentos, cualquier decisión que tomen será muy negativa para su salud. 
• Establecer copagos distintos según tramos de renta tiene algunas dificultades y costes que no se consideran. Entre las dificultades el hecho de que la renta es variable (mas aún en un momento de crisis económica en que el desempleo y la disminución de ingresos amenaza continuamente a la mayoría de la población) y que en España el fraude fiscal es muy elevado y de difícil control con lo que los defraudadores seguirán muy probablemente sin pagar y se penalizara a las personas que viven de un salario, una pensión o la prestación por desempleo. Además poder discriminar entre niveles de renta conlleva la necesidad de un cambio de las tarjetas sanitarias de toda la población (47 millones de personas), dependiendo de la complejidad que se quiera incorporar a las mismas la estimación de coste significa entre 470 y 900 millones €, es decir el gasto de gestión será superior a los ingresos previstos, al menos durante el primer año, y además tardar un tiempo en poder ponerse en marcha (el Ministerio dice que 3 meses, pero habrá suerte si se ha facilitado la nueva tarjeta a la mayoría de la población antes de fin de año. Por fin la devolución de dinero a los pensionistas que superen los topes mensuales es de gestión complicada y el plazo previsible de la misma seguramente se prolongara mucho tiempo (hay demoras en el pago a proveedores que supera el año).
•  Toda la experiencia internacional señala que los copagos en medicamentos favorecen el no cumplimiento de los tratamientos, una mayor utilización de urgencias y mayores tasas de hospitalización, por lo que además de producir problemas de salud habrá que contar con este aumento de los costes.
• Por otro lado hay que tener en cuenta que el copago en modo alguno reducirá la utilización innecesaria de medicamentos porque todos los medicamentos que financia el SNS han sido prescritos por un médico que piensa que los usuarios los precisa. Si la prescripción es inadecuada la única manera de mejorarla es intervenir sobre los prescriptores.

2.      Cartera de servicios. Se habla de realizar una diferenciación en 3 carteras (básica, suplementaria y accesoria). Aunque no se especifica mas es de temer que se avance en la línea del recorte de prestaciones por parte del SNS, porque las prestaciones que se han mencionado no producen un gasto significativo y entran en el terreno del marketing  demagógico.

3.      Plataforma centralizada de compras. Este es un acuerdo recurrente del CISNS en los últimos 10 años sin que hasta ahora se haya conseguido avances concretos significativos, esperemos que esta vez haya mas suerte aunque caben dudas mas que razonables.

4.      Control del “turismo sanitario”. Hay un serio problema no de normativa como de recogida de datos y control por parte de los centros sanitarios y las administraciones autonómicas. El ahorro que se calcula es sumamente improbable.

En suma, El Consejo Interterritorial acaba de aprobar una serie de medidas para disminuir el gasto sanitario que rechazamos totalmente porque son muy regresivas y que van a penalizar a los mas enfermos y los mas pobres, generando desigualdades intolerables a la hora del acceso a las prestaciones sanitarias.

Estas medidas van a tener una efectividad muy limitada y muy inferior a la prevista por el Ministerio. Desde la FADSP hemos propuesto una serie de medidas que sin suponer copagos ni exclusión de prestaciones lograrían un ahorro de casi 10.000 millones €, mejorando la racionalidad y la eficiencia del sistema sanitario público, que puede consultarse en el siguiente enlace (http://www.fadsp.org/pdf/Comparacion%20entre%20racionalidad%20y%20copago%20SNS.doc) .

Desgraciadamente se ha optado por penalizar a los más enfermos y los mas pobres. El Gobierno ha optado por usar la “valentía” de la que presume con las  personas mas débiles y desprotegidas y su “cobardía” a la hora de tocar los intereses económicos  de las multinacionales.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA

19 de abril de 2012

No tomar la PROGRESIVIDAD en vano: 7 argumentos contra el co-REpago

El sarcasmo del ministro De Guindos -formado en Lehman Brothers- de que el copago en el que está pensando solo se aplicaría a las rentas superiores a los 100.000 euros anuales, ni siquiera merece ser tomado en consideración. No sólo por lo poco que frecuentan los privilegiados la sanidad publica, sino porque en tiempos de precariedad y Amnistías Fiscales deshonestas, es un insulto cualquier burla a la PROGRESIVIDAD fiscal. Este sano principio que es practica común en las sociedades democráticas supone que paguen sus impuestos -y a tipos superiores- quienes más tienen. En el caso de España, no pasa por desmembrar el CO-REpago de los presupuestos generales, sino por una reforma fiscal GLOBAL que consiga, de manera efectiva, que las rentas más altas, los grandes patrimonios, las transacciones financieras especuladoras, el consumo de lujo, el combate contra el fraude, los fondos ocultos en centros off-shore, etc., aporten financiación a los servicios públicos.

Este enfoque es completamente distinto, pero mucho más equitativo, que “cobrar” una parte, o un ticket, o una tasa, por medicamentos o por acto médico: Y sobre todo, no se burla ni de la PROGRESIVIDAD fiscal ni acata los deseos expresados por la patronal española antes de las ultimas elecciones… Entonces era el Sr. Rosell quien exigía al nuevo gobierno copagos generalizados. Desde Dempeus per la Salud Pública ya habíamos advertido mucho antes que:

1) Cualquier medida como el RE-PAGO que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, en tanto suponga un desembolso para poder acceder a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal –o pone trabas a su acceso– a las personas con las rentas menores o mínimas. El pago o copago por la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga económica, inasumible en muchos casos.Se trata de incrementar una desigualdad fundamental desde la perspectiva de la equidad y existe bibliografía seria y significativa que recoge los estrepitosos fracasos para la salud pública de este tipo de medidas.

2) Supone una discriminación adicional e injusta para las personas con mayores problemas de salud como son las ancianas, las que padecen enfermedades crónicas, y aquéllas que soportan cualquier tipo de discapacidades, las que están en espera de diagnóstico o tratamiento, o para las familias con más niños/as y gente mayor bajo su responsabilidad. Las menores rentas salariales de España, el bajo nivel de la mayoría de pensiones, las personas con paro de larga duración que no perciben ingresos de ningún tipo, etc., incrementan la inequidad del copago sin que esta medida, compleja y burocrática, resuelva el déficit de financiación.

3) La insuficiente recaudación fiscal en España en relación a los países de la U.E. y el deterioro de su progresividad de los últimos años no puede justificar una medida que va en el sentido de hacer pagar proporcionalmente más por los servicios públicos a quienes, de hecho, menos tienen. Sin duda perjudica a las capas medias, pero mucho más a quienes más desprotegidos y solos se encuentran frente a la enfermedad. Por ello es especialmente sangrante cualquier burla sobre una “progresividad” no sólo inexistente. sino indeseada por CiU y el PP, como han demostrado sobradamente.

4) Tal como se propone desde Dempeus per la salut pública, son unos ingresos fiscales suficientes los que deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo. Conviene una revisión a fondo de nuestra fiscalidad, mejorando su carácter redistributivo y aumentando la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que -por lo que a financiación del sistema y remuneración de sus profesionales se refiere- estamos muy por debajo de la media europea.

5) La propuesta de repago se complementa con la propaganda desde instancias públicas a que contratemos los servicios de mutuas privadas. Este es abiertamente el camino de la privatización y subsidiariedad servil del sector público al pivado, con el agravamente de que si se aprobaran desgravaciones fiscales por el hecho de contratar cualquier tipo de seguro sanitario privado individual, se produciría una desviación (por no ingreso) de dinero público a la sanidad privada, debilitando la sanidad pública y favoreciendo únicamente a los que pueden pagarse un seguro sanitario privado. Es la amenaza de volver a los tiempos oscuros de la beneficiencia sanitaria para la mayoría.

6) El copago puede reducir el uso de los servicios preventivos, especialmente entre los grupos más vulnerables, lo que a largo plazo conduce a unos mayores costes sanitarios y a un deterioro general del estado de salud de la población. Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.

7) Los argumentos de promoción del copago incluyen dos falacias, en la medida que responsabilizan (culpabilizan) a las personas y no a las autoridades políticas y sanitarias de las deficiencias existentes, exonerando por el contrario a los auténticos vividores y sanguijuelas de la sanidad pública, de los desvíos de fondos y corrupción demostradas… Las opacidades del sistema sanitario no las debe pagar la ciudadanía, y mucho menos si se mantienen para preservar, como ocurre de forma injustificada, determinados intereses económicos privados frente al bien común.

Angels M. Castells

Punts de Vista

http://puntsdevista.wordpress.com/2012/04/10/no-tomar-la-progresividad-en-vano-7-argumentos-contra-el-co-repago/

 

INFORME: El copago en el Sistema Nacional de Salud español. FADSP

Con la crisis económica se ha recrudecido la presión para introducir el copago en el sistema sanitario, presiones que provienen de las administraciones, grupos empresariales, grupos profesionales y el mundo académico.   

Entre los que se han mostrado favor del copago cabría destacar la Agrupación Catalana de Establecimientos Sanitarios (ACES), la Federación Catalana de Mutualidades, la CEOE y el Sindicato de Médicos de Cataluña o profesores universitarios que defienden el copago como solución a la deuda sanitaria. En contra se han manifestado el Colegio de Médicos de Madrid; la SEMFyC; el Consejo de Farmacéuticos de España; la Patronal de Oficinas de Farmacia;  la Federación Española de Farmacia (FEFE); y sindicatos de clase como CCOO, UGT o corporativos como el Sindicato de Enfermeras (SATSE).

 

La aprobación por el Parlament de Cataluña de introducir una tasa obligatoria para los medicamentos (con el voto a favor de CiU y la abstención del PP), que afectaría a pensionistas y no pensionistas ha recrudecido el debate en todo el Estado.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública hemos realizado numerosos análisis y propuestas sobre este tema,  que nos parece esencial para el mantenimiento del sistema sanitario en España cuyos pilares básicos son la universalidad, la equidad, la accesibilidad y su carácter redistributivo

Tres falsas premisas sobre el COPAGO 

1.- Es necesario el copago por que el sistema es insostenible como consecuencia de la gratuidad en el momento del uso, del incremento de pensionistas que no pagan las recetas y el consumismo sanitario de la población.

·        Una de los argumentos básicos utilizados por las administraciones y los impulsores del copago es la situación de bancarrota del sistema sanitario público obviando que en gran parte  es consecuencia del enorme endeudamiento en el que han incurrido por financiar y gestionar sus infraestructuras sanitarias recurriendo al sector privado (PFI), que ha multiplicado por siete el coste de los nuevos centros sanitarios y cuyos pagos anuales asfixian sus presupuestos asistenciales.

·        Otro determinante de esta situación es el enorme el uso farmacéutico (28-30% del gasto sanitario total, frente al 17% de los países de la UE), y el  excesivo uso de las tecnologías sanitarias (30% superior a la media europea), y la ausencia de rigor en la asignación de los recursos (tan solo el 30% se basan en criterios científicamente comprobados). 

·        Por último el hospitalocentrismo, la orientación curativa del sistema en detrimento de la promoción de salud y la medicalización de la vida , contribuyen también a que tengamos un gasto sanitario, cuanto menos mejorable.

·        No hay que olvidar que una parte importante de la responsabilidad de que los ciudadanos hagan uso del sistema  recae en los profesionales sanitarios que  son responsables del 70% de las decisiones relacionadas con el uso de los recursos sanitarios.  

2.- El copago resolvería el problema del déficit sanitario

·        Poner en marcha un sistema de copagos en relación con la cuantía de las pensiones obligaría a cambiar las tarjetas sanitarias de 8 millones de pensionistas, lo que supondría importante gasto,  sobre todo si se consideran variables como la renta, el patrimonio personal, el nivel de enfermedad, el grado de  discapacidad de los pacientes,  etc.

·        Existen otras medidas de control del gasto farmacéutico con mayor impacto como promover el uso racional de los medicamentos, la utilización de genéricos, la financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc. Si nuestro gasto farmacéutico per cápita fuera el del promedio de países de la OCDE se ahorrarían 5.000 millones € anuales.

·        Excepto en los casos de Francia y Portugal la recaudación por copagos es poco importante con relación al gasto total.

·        La reducción en el consumo de fármacos esenciales asociados a la introducción del copago tendría un elevado coste- oportunidad: Se ha comprobado un aumento del 78% en las visitas a urgencias relacionadas directamente con la reducción del consumo farmacéutico en la población con menores recursos económicos.

·        Existe evidencia de que el copago contribuye a incrementar el gasto sanitario total, en lugar de reducirlo [1][1]. La reducción del consumo de fármacos esenciales elevan los costes totales del sistema ya que las personas con menor renta realizan un 78% más de visitas a urgencias como consecuencia de la reducción del consumo farmacéutico.

3.- El copago permitiría controlar la demanda irracional y abusiva de servicios sanitarios

·        Los estudios realizados sobre el impacto del copago señalan que es incapaz de reducir la frecuentación innecesaria y que caso de ser significativo reduce tanto la demanda necesaria como la innecesaria[2][2] produciendo un deterioro de la salud de la población.

·        Los copagos tienen efecto sobre el consumo de las personas con pocos recursos y con mayores problemas de salud[3][3] que como consecuencia del cobro de los servicios abandonan o retrasan las demandas de atención sanitaria,  incluso cuando son necesarias. Por ello es un factor de inequidad, tal y como señala el último Informe sobre Salud en el Mundo (2010) de la Organización Mundial de la Salud

·        Los resultados del estudio de la Rand indican que los copagos además de regresivos pueden afectar negativamente el estado de salud de las personas de menor renta (Rice y Morrison, 1994). 

·        Existe evidencia de que los copagos farmacéuticos reducen la utilización de medicamentos esenciales[4][4] y de analgésicos, especialmente entre los jóvenes, las personas con peor estado de salud, y las de menor nivel educativo y renta. 

·        El establecimiento de mecanismos de copago relacionados con el nivel económico personal plantea además problemas de tipo operativo y administrativo como la determinación del nivel de renta para aquellas que rentas no proceden del trabajo; la inclusión de la riqueza como indicador de nivel socioeconómico;  o la estigmatización de las personas con pocos recursos que deberán aportar documentos acreditativos del derecho a exenciones o copagos reducidos, lo que supondrá volver a la beneficiencia y a la  medicina de pobres y ricos. 

·        Los  factores determinantes para acudir a consulta son la edad y la presencia de una enfermedad crónica, en ambos casos la influencia del copago es escasa o nula[5][5]. 

4.- Es injusto que los pensionistas no paguen los medicamentos, dado que muchos de ellos tienen unas pensiones muy superiores a la de una parte importante de los que no lo son

·        La financiación mediante impuestos directos (renta, patrimonio, etc.), garantiza la solidaridad y la cohesión social ya que los que más tienen contribuyen a financiar los servicios a los que tienen menos. Los impuestos indirectos que gravan el consumo no tienen en cuenta las condiciones económicas de quienes los pagan. Finalmente el copago es un impuesto  muy regresivo porque penaliza a quienes tienen más necesidad de utilizar el sistema sanitario, es decir, los más enfermos

·        Las pensiones son muy bajas en España. La media es de 767 €, el 8,51% de los pensionistas cobraba menos de 300€, el 54,02% menos de 650, el 74,32% menos de 1000 € y el 90,2% menos de 1.500.

·        Los pensionistas tienen más necesidades de salud, por padecer en mayor proporción enfermedades crónicas y situaciones de dependencia. El 73 por ciento de los mayores de 60 años necesita tomar varios fármacos a diario

El copago contribuirá a privatizar el sistema sanitario

·        Trasformando las relaciones entre usuarios y proveedores en transacciones mercantiles por el pago directo de parte de las mismas. 

·        Eliminando el carácter universal y redistributivo del sistema sanitario ,

·        Abriendo espacios a la sanidad privada

La autentica finalidad del copago

1.- Contribuir activamente a la contrarreforma fiscal que pretende una transferencia de rentas de las bajas a las altas,  invirtiendo así el carácter redistributivo de la misma. 

·        Bajar impuestos a los más ricos (eliminando los de sucesiones, patrimonio, sociedades o reduciendo los  tramos del IRPF para acabar con su carácter progresivo)

·        Incrementar la presión fiscal a los sectores con menor capacidad de influencia y respuesta política. El copago es impuesto que grava la enfermedad (tasa por asistencia sanitaria) que afectará especialmente a pensionistas, enfermos crónicos y discapacitados, que consumen tres veces más servicios sanitarios que la media de la población 

·        Reducir gasto social para desviarlo a sectores empresariales en forma de subvenciones, poniendo barreas económicas que limiten el acceso a la atención sanitaria de grupos sociales como los parados (25% de la población), los asalariados que cobran menos de 1.000 euros mensuales (10,8 millones de trabajadores que son el 57% del total) o los pensionistas (8.473.927 personas que cobran  una media de 747 euros mensuales. 

2.- Hacer de la salud un negocio para grupos empresariales privados, lo que exige:

·        El pago directo por servicios prestados

·        Reducir la oferta sanitaria pública

·        Potenciar las actividades curativas y el uso intensivo de las tecnología  en detrimento de la promoción y prevención de salud, que son actividades de difícil comercialización..

Copagos de medicamentos:

El Gobierno de Cataluña ha adoptado de manera unilateral la  decisión de iniciar el proceso de introducción del copago aplicando una tasa por  la prestación farmacéutica a toso los usuarios de la sanidad pública. Esta medida, además de injusta,  es ilegal dado que vulnera la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que establecen que el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del SNS,  son los que tienen competencias para regular el catálogo de prestaciones farmacéuticas. Ninguna comunidad autónoma tiene capacidad legal para establecer condiciones de acceso a las prestaciones farmacéuticas distintas a las que rigen en el conjunto del Estado

Conclusiones finales

1.-El copago es injusto y regresivo. La financiación mediante impuestos del Sistema Nacional de Salud contribuye a la cohesión social, mientras que el copago penaliza a quienes tienen más necesidad de utilizar el sistema sanitario. 

2.- El copago es inequitativo. En nuestro país los niveles de renta son bastante bajos, especialmente para los pensionistas.  Para estas personas, que viven en el límite de la subsistencia y tienen necesidad de recibir servicios sanitarios, la implantación de copagos puede ser una barrera insalvable para el acceso a las prestaciones asistenciales. 

3.- El copago es ineficaz. Entre el 80% y el 90% de las consultas del sistema público están indicadas por los profesionales sanitarios o son actos administrativos (revisiones, controles, consultas para recibir resultados, derivaciones a los especialistas, bajas laborales, etc.). Todos los  fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud tienen que ser prescritos por un médico, por lo que el copago sólo puede tener efectos recaudatorios  y/p disuasorios para que algunos enfermos puedan adquirir los fármacos que le han prescrito si son de elevado coste, con los consiguientes efectos negativos para su salud. 

4.- El copago es ineficiente. La recaudación de los copagos llevan asociados gastos administrativos que no han sido evaluados. Es probable que el resultado final sea negativo para el sistema sanitario salvo que se establezcan cantidades más importantes que afectaría de manera importante al acceso a los servicios.   

5.-Su legalidad es cuando menos dudosa: La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que son el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del SNS quienes tienen competencias para fijar el catálogo de prestaciones del mismo. 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

Abril de 2012

 www.fadsp.org

¿Hasta cuándo el engaño del recibo de la luz?

Una de las características más importantes de nuestra economía, y de la que no se suele hablar, es la gran influencia y poder político que los grandes grupos financieros y empresariales tienen sobre las instituciones. No es que eso sea algo propio solamente de nuestro país, pero sí es verdad que aquí está muy agudizado porque esos grupos se formaron en la dictadura y eso les dotó de una fuerza y de unos privilegios especialmente considerables.

 

Esos grupos extienden sus redes en toda la economía española pero tienen su asiento principal en los grandes sectores estratégicos, en la banca, la energía, las telecomunicaciones o los medios de comunicación, entre otros, tejiendo así una compleja red de intereses que les permite controlar mucho más de lo que a simple vista parece y que penetra en las propias administraciones públicas e incluso en las más altas magistraturas e instituciones del Estado.

El caso del sector eléctrico es paradigmático y ahora se vuelve a poner de evidencia cuando el gobierno de Rajoy vuelve a subir el recibo de la luz.

En la anterior etapa de gobierno de Aznar se reconoció un llamado “déficit de tarifa” que ha ido creciendo año tras año y que está proporcionando a las compañías eléctricas grandes beneficios a costa de los consumidores de luz.

A la opinión pública se le está diciendo desde entonces que las eléctricas tienen unos costes muy elevados y que la tarifa que pagamos es insuficiente para compensarlos porque los gobiernos la mantienen demasiado baja por razones de interés social. Pero a la sociedad no se le informa que desde que Aznar (más tarde asesor externo de Endesa) lo reconoció, ese déficit está trucado. No es la diferencia entre la tarifa y los costes reales que soportan las empresas sino con los muy sobrevalorados que se inventan y que los sucesivos gobiernos (y los jueces que resuelven  las demandas de las eléctricas) aceptan sin problema.

Para lograr ese efecto las compañías recurren a diferentes procedimientos: asignar a la electricidad mucho más barata que producen centrales ya amortizadas los costes de otras más caras, aplicar el de la franja horaria de mayor precio, o registrar costes de inversiones realizadas o de otros gastos muy por encima de los realmente soportados.

Esa constante sobrevaloración es lo que permite hablar de déficit pero se trata, como acabo de señalar, de un déficit ficticio. Y que, además, no es la única circunstancia que vienen permitiendo a las compañías eléctricas obtener enormes beneficios en España, casi 29.000 millones de euros desde 2005.

Además de ello, facturan a los consumidores por tener derecho a conectar la potencia contratada (lo que no están en condiciones de asegurar porque la red es deficiente en muchos puntos) o los llamados costes de transición a la competencia, un invento de las propias compañías que les ha supuesto mas de 9.000 millones de ingresos extras, además de inflar el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida, entre otros.

Y mientras las empresas eléctricas obtienen beneficios extraordinarios mediante estos procedimientos espurios, los consumidores de luz españoles hemos de pagar un recibo que es el tercero más caro de Europa, solo superado por el de Chipre y Malta.

Durante años, los gobiernos se vienen limitando a aceptar las condiciones que les ponen las grandes compañías eléctricas, en cuyas asesorías o consejos de administración entran y salen los mismos que antes o luego han de tomar decisiones sobre las tarifas y las condiciones de su negocio, como el mencionado Aznar, de Guindos, Elena Salgado o Felipe González, entre otros, en un vaivén vergonzoso e inmoral al que nadie pone coto.

Si en España hubiese una verdadera democracia las televisiones estarían explicando a la gente por qué suben tanto sus recibos de la luz y quién y por qué se lucra con ello. Y los gobiernos, en lugar de rendirle pleitesía, habrían disuelto ya el oligopolio eléctrico, nacionalizado las empresas y evitado el engaño. En lugar de eso, Rajoy vuelve a subir la luz y encima su gobierno afirma que está reduciendo los costes del sistema, , como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.

Juan Torres López - Comité Científico de ATTAC España

Público

http://blogs.publico.es/dominiopublico/5011/5011/

como si hubiera tomado alguna medida encaminada a evitar su sobrevaloración artificial.

No son recortes, son podas

Desde hace tiempo la palabra “crisis” es como nuestra vecina de al lado. Si se identificara la palabra más utilizada por los españoles en los últimos años probablemente sería esta palabra la que ocupara el primer puesto, no sólo en el ámbito de lo verbal, sino también en el de las angustias y los desvelos que ocupan lugar privilegiado en nuestras mentes. Aunque probablemente, en los últimos meses, y con la derecha en el poder, esa palabra haya sido sustituida por otra en el imaginario colectivo de los españoles. Me refiero a la palabra “recortes”.

En los últimos meses de la legislatura de Zapatero esta nueva palabra empezaba a utilizarse referida a una hipotética posibilidad de futuro, que, con el gobierno socialista sólo se empezó a utilizar en la derogación de ayudas añadidas, que se habían vertebrado para que las clases desfavorecidas se vieran menos afectadas con el retroceso económico. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno del PP, los recortes dejaron de ser una posibilidad para convertirse en una realidad; una cruel y dantesca realidad que está asolando y destruyendo los derechos más básicos de los españoles.

De tal manera que las actuaciones del actual gobierno ultraconservador no se pueden definir como simples recortes, sino como una implacable y radical poda que se está llevando por medio los avances democráticos conseguidos desde el final de la dictadura. La reforma laboral es una vuelta a un pasado laboral propio de finales del franquismo. El desprecio a la igualdad efectiva de la mujer es, igualmente, el retroceso a un pasado misógino que encerraba a la mujer en el hogar como mero elemento ornamental y doméstico. El cierre de centros de rehabilitación, de ayuda a enfermos y discapacitados, o de ayuda a mujeres maltratadas nos retrotraen a tiempos de penurias sociales en que las personas en condiciones de este tipo se veían marginadas y estigmatizadas como elementos no válidos en el orden social.

La privatización de la sanidad es un robo a mano armada del sistema público por parte de políticos y empresarios que buscan hacer su agosto con los medios de todos pero con beneficios privados. El próximo copago en la sanidad, ya aprobado en Cataluña, será la bofetada final a los ciudadanos que son considerados como meras herramientas de hacer dinero. Habrá que pagar dos veces por el mismo servicio, porque en las retenciones de renta cada trabajador costea, de su salario, una cantidad de dinero destinado a esos efectos. Los de la derecha se creen, imagino, que los ciudadanos somos tontos de capirote para no entender esta pequeña ecuación de usura que significa, sin embargo, una verdad aplastante: el Estado no se ocupará de gestionar los fondos públicos para asegurar los derechos de las personas, sino que, al contrario, utilizará a las personas para exprimirlas al máximo y hacer dinero con ellas.

Al mismo tiempo, la pobreza en España crece de manera alarmante. El informe “Exclusión y desarrollo social. Análisis y Perspectivas 2012” , elaborado por Cáritas, demuestra que el 22 por ciento de los españoles vive por debajo del umbral de la pobreza, situándose España entre los países más pobres de la Unión Europea. En la misma proporción ha crecido la desigualdad social, siendo, según este informe, cinco veces mayor que la media en el resto de Europa.

Y mientras la pobreza crece, los derechos educativos y sanitarios y las prestaciones sociales decrecen, dejando a la sociedad empobrecida y vulnerable ante la indefensión ciudadana que propugna el Estado neoliberal. Eso sí, la moral siendo marcada por el catolicismo más rancio y obsoleto, que se ha asegurado su botín público sin recorte alguno. Las grandes fortunas, de otro lado, han incrementado su patrimonio en un 25 por ciento en los últimos años. De eso se trata. Los recortes en lo público pasan a manos privadas. ¿Qué no hay dinero? Que se lo cuenten a las grandes fortunas y a la banca. Ese discurso preparado para cerrar y manipular las bocas de los desinformados está tan manido que, a estas alturas, carece de sentido. Así son las cosas a escasos cuatro meses de la llegada al poder de este gobierno duro y ultracatólico. ¿¿Qué esperábamos??.

Coral Bravo es Doctora en Filología

El Plural

http://www.elplural.com/2012/03/22/no-son-recortes-son-podas/

La más terrible arma de destrucción masiva

En 2007-08 los precios de los principales alimentos alcanzaron niveles récord, elevando el número de las personas que en el mundo padecen desnutrición crónica a 115 millones. El Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (NU), la Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económico coinciden en atribuir buena parte de la responsabilidad de esta crisis a los mercados financieros.

El arma de destrucción masiva en esta matanza mundial han sido los productos financieros derivados. Se trata de inversiones que, literalmente, ´apuestan´ sobre el precio futuro de un activo de referencia. Este activo puede ser una materia prima como arroz, maíz u otro cereal. Estas inversiones especulativas tienen dos efectos sobre el precio de los alimentos.

En primer lugar crean una gran volatilidad a corto plazo; los especuladores pueden mover millones de dólares en cuestión de segundos, y los precios de los ´activos de referencia´ los siguen. Esta volatilidad golpea a los más pobres: si los precios suben, no pueden comprar suficiente comida (un habitante del Sur Global gasta en promedio el 80% de sus ingresos en alimentos); cuando los precios bajan, los campesinos quiebran, ya que no tienen un colchón financiero que les permita superar la falta de liquidez.

Además, hay productos financieros que directamente apuestan a una subida de los precios a largo plazo. La misma rapidez de las transacciones financieras favorece el comportamiento gregario de los inversores (todo el mundo sigue las ´ondas alcistas´ sin pensar). Se estima, por ejemplo, que hoy entre el 30% y el 60% del precio del petróleo se debe a las ´apuestas´ del mercado financiero sobre el inicio de una próxima fase de desabastecimiento. Mientras que el porcentaje global de especuladores de alimentos ha aumentado del 12% al 65% entre 1996 y 2008, el precio de los alimentos se ha duplicado entre 1999 y 2011.

No debería sorprender a nadie que las grandes corporaciones financieras globales sigan cosechando ingresos fabulosos en plena crisis: Goldman Sachs ganó cinco billones (con ´b´) de dólares en 2009 a través de inversiones en productos derivados de materias primas; JP Morgan 1,2 billones, y Barclays Capital 340 millones en 2011.

Frente a todo esto, ATTAC pide la prohibición global de los productos derivados de materias primas, un impuesto global sobre las transacciones financieras y la gestión 100% pública de todos los servicios que garantizan derechos sociales.

Matteo Guranazzi

Attac Madrid. 

Coordinador Comisión de Servicios Públicos de ATTAC Epaña

La Opinión de Murcia

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2012/03/24/terrible-arma-destruccion-masiva/394180.html