Ocaso de la sanidad pública

La Unión Monetaria y las políticas fiscales aplicadas tanto por los gobiernos del PP como por los del PSOE han formado una enorme tenaza que está desarticulando poco a poco todos los elementos que configuran el Estado social. Conviene recordar ahora las paparruchas que se dijeron acerca de cómo las bajadas de impuestos no reducían sino que incluso aumentaban la recaudación, pura basura publicitaria para justificar los beneficios fiscales obtenidos por las rentas más elevadas. Era evidente, como así ha ocurrido, que los ingresos se resentirían en cuanto la burbuja especulativa desapareciese.

La reacción, por parte tanto de los gobiernos de Zapatero como por el de Rajoy, no ha consistido -tal como sería lógico pensar- en una reforma fiscal que devolviese la capacidad recaudatoria al sistema tributario, sino en ir laminando progresivamente las prestaciones sociales y los servicios públicos. En esta ofensiva, la sanidad se encuentra en primera línea. Es atacada desde dos frentes. El primero, reduciendo las prestaciones públicas o instaurando el copago en muchas de ellas. El segundo, privatizando la gestión, con lo que se precariza la asistencia sanitaria, al tiempo que se ofrece un suculento bocado a las empresas privadas.

Se aduce como justificación de dicha agresión la tendencia creciente que experimenta esta partida presupuestaria, y las dificultades que puede presentar en el futuro su financiación. Es un hecho incuestionable que en los últimos treinta años el gasto en sanidad ha crecido notablemente en todos los países desarrollados. Pero ello es algo lógico. La sanidad es lo que se llama en Economía un bien superior. Su consumo aumenta con la renta más que proporcionalmente, por lo que parece coherente que en los distintos países, a medida que se incrementa el PIB, se dedique una mayor proporción de este a gastos de salud.

Entre la disparidad de bienes que componen el consumo no parece que sean los gastos de sanidad los que haya que limitar y, por lo tanto, no debe preocuparnos que incrementen su participación en el PIB. Los gastos sanitarios son generadores de economías externas. Aun desde una óptica estrictamente económica, contribuyen al crecimiento de la productividad a través del perfeccionamiento del capital humano.

Se ha extendido el mito de que el gasto en sanidad no es sostenible, lo que constituye un claro sofisma porque, de una u de otra forma, las sociedades tendrán que detraer del PIB una parte cada vez mayor destinada a cubrir este tipo de necesidades. La única diferencia radica en saber si la provisión va a ser privada o pública, es decir, si se va a financiar mediante impuestos o a través del precio total o parcialmente.
En el segundo supuesto la cobertura no será la adecuada, excluyendo a muchos ciudadanos de su consumo. El hecho de que la sanidad sea privada en ningún caso implica que la proporción del PIB destinada a ella tenga que ser menor.

En modo alguno está demostrado que, a igualdad de calidad en las prestaciones, la gestión privada haya sido en la práctica más eficaz que la pública. El ejemplo más evidente es el de Estados Unidos, donde hasta ahora toda la gestión de la sanidad ha sido privada (incluso el 40% financiado por el presupuesto) y el gasto sanitario por habitante es tres veces superior al de nuestro país, a pesar de que una parte importante de la población no disfruta de la cobertura necesaria (el 16,5 % carece por completo de protección y el 56 % dispone de ella con cobertura limitada).

Cuando los defensores de la gestión privada realizan comparaciones olvidan casi siempre que en los mercados sanitarios público-privados se producen inevitables transferencias de recursos del sector público al privado, ya que este se dedica a las prestaciones rentables mientras que el sector público se ve en la obligación de especializarse en las más costosas y de asegurar la cobertura territorial.

Pero es que, además, se tambalea su fundamentación teórica: la competencia. En la asistencia sanitaria, el mercado, lejos de introducir elementos positivos, genera únicamente distorsiones y toda clase de ineficacias. La concurrencia está viciada desde el inicio por la radical inferioridad en la que se encuentra el paciente frente al médico o a la sociedad encargada de prestar el servicio, aunque únicamente sea por las dificultades lógicas del conocimiento de la materia y, por lo tanto, de la escasa información de la que dispondrá el enfermo y que le incapacitará en gran medida para poder elegir de manera fundada.

En pocos servicios como en la sanidad será tan imprescindible la existencia de una relación de confianza, relación que tiene todas las posibilidades de quebrarse en cuanto entra en juego la rentabilidad económica. En la mayoría de las prestaciones, no es el enfermo el que determina la demanda sino los facultativos y, en el caso de que estos tengan intereses monetarios, el paciente no estará nunca seguro de si las prescripciones obedecen a motivos objetivos o exclusivamente a razones crematísticas. Ello conduce como es lógico, a un aumento de la conflictividad y de los procesos contenciosos. Los litigios en los tribunales serán frecuentes, con el consiguiente incremento del gasto en justicia. Desde luego, la solución no será fácil. O bien el enfermo se encontrará totalmente inerme ante las posibles prácticas fraudulentas de los facultativos y de los servicios sanitarios, o bien, por el contrario, si los tribunales actúan protegiendo a los pacientes, los médicos estarán sometidos a un alto riesgo y se verán obligados a suscribir gravosos seguros que terminarán traduciéndose en un mayor coste de las prestaciones sanitarias.

Por otro lado, al ser pública la financiación, el Estado tendrá que mantener mecanismos de control sobre los organismos y servicios privados para garantizar la calidad y el coste, tanto o más complejos y onerosos que los que debe mantener sobre los servicios públicos.

La postura de algunos gobernantes, como la del actual presidente de la Comunidad de Madrid, resulta totalmente ridícula e inexplicable cuando pretende justificar la privatización de la gestión de la sanidad con el argumento de que la administración privada es más eficiente que la pública. Se desacreditan a sí mismos, ya que confiesan abiertamente su inutilidad como responsables de la administración pública. Ellos, en todo caso, serían los culpables de su mal funcionamiento. Si reconocen que no lo saben hacer, deberían dimitir y dejar su puesto a otros.
www.telefonica.net/web2/martin-seco

Juan Fco Martín Seco
República.com
http://www.republica.com/2012/11/08/ocaso-de-la-sanidad-publica_573719/

Narciso y la crisis

La economía se presenta como una disciplina económica respetable. Es la única de las ciencias sociales que tiene un Premio Nobel. La sofisticación matemática de los modelos económicos, su elegancia formal, la dotan de un aura de seriedad innegable. El crecimiento económico experimentado en los dos últimos siglos le confieren legitimidad social, ya que en gran medida la historia del capitalismo industrial coincide en el tiempo con el desarrollo de la disciplina. Las instituciones económicas supranacionales son presentadas como centros de aplicación de los avances científicos a escala planetaria. Las recetas económicas se consideran parecidas a las recetas médicas, pensadas para curar a las sociedades enfermas y vigorizar al resto.

Una mirada en profundidad percibe que bajo esta fastuosa representación existen muchos puntos de fractura. El análisis económico dominante (lo que en la profesión llamamos “economía neoclásica”) es objeto de numerosas y acertadas críticas por las diversas corrientes heterodoxas (marxistas, sraffianos, institucionalistas, poskeynesianos, feministas, ecologistas políticos...) y por científicos de otras disciplinas (como los psicólogos cognitivos, los ecólogos, etc.). El crecimiento económico no ha garantizado el bienestar material básico al conjunto de la humanidad, y resulta cada vez más evidente que se ha sustentado en una depredación a corto plazo de un conjunto de bienes naturales irreemplazables. Las instituciones económicas como el FMI o la OCDE no solo han fallado repetidamente en sus previsiones, sino que a menudo han propiciado la aplicación de políticas que han generado mayores males que los que pretendían paliar. Pero todas estas críticas y fracasos no parecen haber afectado ni al pensamiento económico dominante, ni a las políticas que se practican ni al discurso de las élites. Los economistas, sus instituciones y los políticos que los apoyan son como Narciso, tan admiradores de sus propias ideas y modelos que parecen incapaces de llevar a cabo una revisión crítica de las mismas. Narciso acabó ahogado por su incapacidad para mirar otra cosa que no fuera su imagen reflejada en el agua. Por desgracia, el comportamiento de estos narcisos recae en millones de personas que no tienen la culpa de su egolatría, su incompetencia y su falta de sentido colectivo.

Los últimos sucesos son relevantes. El Fondo Monetario Internacional anuncia un importante cambio en sus previsiones económicas para el próximo año. Donde antes había estancamiento ahora se anuncia recesión. Se reconoce que las políticas de ajuste, que ellos mismos recomiendan, son las causantes de este cambio de previsiones, pero nadie asume ni el error anterior ni plantea en serio la revisión de sus políticas. Lo mismo ocurre en la Unión Europea, donde la troika sigue proponiendo “ajuste, ajuste, ajuste” sin importarle los costes sociales que provocan ni tomar nota de los efectos que dichas políticas están provocando en la dinámica económica. Siguen defendiendo el mantra de aligerar el Estado como vía para recuperar la economía, cuando la evidencia empírica existente muestra que los países con mayor peso de lo público están capeando mejor la crisis que aquellos donde este es más débil. Recientemente el ETUI (el Instituto de los Sindicatos Europeos, con sede en Bruselas) ha publicado un estudio sobe Letonia, el primer país al que se aplicó una política de ajuste diseñada por el FMI y la troika [1]. Un plan de ajuste basado en un fuerte recorte del gasto público y de los salarios privados, justificado para que mejorara la competitividad externa del país y las exportaciones tiraran de la economía; más o menos lo que ha constituido el modelo de ajuste que la ortodoxia económica lleva años propugnando. A pesar de que la economía letona está especialmente conectada con alguna de las economías que menos han padecido la crisis (los países escandinavos y Polonia), no hay evidencia alguna de que haya obtenido una mejora sustancial de la competitividad ni de que haya conseguido aumentar sustancialmente su cuota de mercado exterior. Lo único que parece haber mejorado la economía ha sido la emigración del 10% de su fuerza de trabajo y su traducción en remesas monetarias. Algo que también ha ocurrido en países como El Salvador o Ecuador. Ni el modelo ha cumplido sus previsiones ni parece posible que la economía europea fuera a ser capaz de absorber la emigración del 10% de la fuerza de trabajo de los países del Sur de Europa. El caso letón, aunque limitado, es significativo porque constituye un ejemplo de libro de un país que “hizo los deberes” sin calcular el coste social. Es lo mismo que constatamos día a día en Grecia, Portugal, España.

No comparto la visión de los que piensan que la crisis ha sido una mera conspiración para derribar al Estado del bienestar. Las crisis son consustanciales a la historia del capitalismo. Cuarenta años de neoliberalismo habían generado tal cantidad de problemas irresueltos y de estructuras inadecuadas que hacían bastante probable que la crisis tuviera lugar. Lo que resulta evidente es que, una vez iniciada, la combinación de intereses de las élites dominantes y de doctrinarismo intelectual está conduciendo a una regresión social sin precedentes. Las élites están cegadas por la bondad de su modelo y por las ganancias a corto plazo que el ajuste les proporciona. Pero el final de la historia no está escrito. Como Narciso, corren el peligro de ahogarse en su propio sueño. Aunque el principio de precaución nos obliga a no esperar sentados, a activar el proceso mediante acciones diversas —culturales, reivindicativas, políticas, propositivas— para acelerar el cambio. Y empezar por mostrar la evidencia de la distancia que media entre sus propuestas y su plasmación real constituye un elemento básico para construir la crítica.

Política del saqueo: postal de Catalunya

Es un hecho conocido que las políticas de ajuste contienen casi siempre una política de privatizaciones que beneficia a grupos privados. En teoría, la venta de bienes públicos se justifica no solo por la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, sino también porque se supone que la gestión privada mejorará la eficiencia del sistema. Es otro de los “mantras” de la ideología neocapitalista que en muchos casos está lejos de probar su veracidad. En la práctica, más bien parece que estas “desamortizaciones” a lo que sí han contribuido es a enriquecer a unos pocos. Casi siempre, los gobiernos en dificultades malvenden sus activos y entregan “monopolios naturales” (empresas que desempeñan actividades económicas donde es difícil que pueda funcionar un mercado competitivo) que garantizan rentas abundantes y seguras. Los planes de privatización y ajuste iniciados en la década de los ochenta y la liquidación de la economía burocrática de Europa del Este son prolijos en experiencias nefastas.

En España también sabemos bastante de esta historia. Las privatizaciones del sector eléctrico, de Telefónica o de la banca pública, lejos de propiciar una mejora sustancial de la calidad de vida de la gente han sido fuente de grandes negocios para unos pocos. La crisis actual propicia un escenario novedoso favorable a una nueva oleada de privatizaciones que suponen otro saqueo de bienes públicos en favor de unos pocos.

Catalunya, con un gobierno que es más papista que el papa en materia de neoliberalismo, presenta una nueva colección de ejemplos de lo que significa la privatización. Algo que no debería sorprender de un Govern cuyo conseller de Economia i Universitats es el principal promotor de una escuela privada de economía —la Barcelona Graduate School of Economics— que desarrolla sus cursos en centros públicos y que ha obtenido una generosa financiación estatal. La política de privatizaciones sigue, además, una línea de promoción de los intereses privados a partir de instituciones públicas construido por los gobiernos de CiU, especialmente en la sanidad pública.

La gestión del agua [2]

Hasta ahora, donde la situación está más avanzada es en la gestión del agua. El agua en Catalunya ha sido un negocio desde hace años. No es casualidad que el mayor grupo privado de gestión del agua en España, Agbar, tenga su origen en la Sociedad General de Aguas de Barcelona, que gestiona el servicio en la capital catalana desde 1889. Ahora asistimos a una vuelta de tuerca en dos frentes. En primer lugar, la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa pública encargada del suministro del agua en alta, desde los pantanos donde se toma el agua hasta las zonas metropolitanas. La justificación es la deuda que mantiene ATLL, una deuda provocada fundamentalmente porque la compañía se vio forzada a realizar importantes inversiones a cuenta de la Generalitat y esta no aportó los fondos a los que estaba obligada. Ahora la deuda es la coartada para la privatización. Para hacerla atractiva, la Generalitat ha ido rebajando el precio de licitación, asumiendo la deuda, facilitando los plazos de pago y garantizando un importante aumento de tarifas que garanticen el beneficio. Según los cálculos de la propia Generalitat, el ganador pagará unos 300 millones de euros y tiene garantizado un beneficio de 1.800 millones. Si todo ello ya era de por sí escandaloso, esta semana se ha sabido que la empresa que resultaba mejor puntuada para quedarse con ATLL era el grupo Acciona (de la familia Entrecanales), pero un sector del propio Govern trata de alterar el resultado y dar por ganador al grupo Agbar.

Pero si esto ya es de por sí escandaloso, es peccata minuta frente a la segunda operación, la creación de una empresa metropolitana en el área de Barcelona para la gestión de agua en baja (suministro a hogares y negocios) y del saneamiento.

La historia de este segundo caso es enrevesada. Hace años, El País publicó una información según la cual Agbar gestionaba el agua de Barcelona sin tener contrato. En 2010, en un pleito privado el juez sentenció que la empresa no tenía derecho a su demanda porque operaba en una situación de irregularidad legal. Potencialmente esto abría una situación peligrosa para Agbar, pues corría el peligro de perder el contrato sin indemnización alguna (por ejemplo, abría la posibilidad a una remunicipalización). La respuesta de la empresa se dio en una doble vía: por una parte sobre el propio Consejo General del Poder Judicial, con el que acordó promover una fundación para tratar los problemas jurídicos de la gestión del agua, y, por otra, activando su densa red de conexiones con los políticos locales para llegar a una solución que le garantizara seguridad jurídica. Esta política en la sombra ha resultado a la postre rentable. Finalmente, la Corporación Metropolitana de Barcelona ha acordado crear una empresa conjunta con Agbar (de la que esta controlará el 80%) para la gestión en toda el área. Nada más y nada menos que un regalo a Agbar que de un plumazo le resuelve todos sus problemas legales, realizado con total discreción, sin ni siquiera convocar un concurso al que se pudieran presentar potenciales competidores. El apagón informativo ha sido total. Se llegó a silenciar una rueda de prensa de ICV-EUiA donde se denunciaba la operación. Cuando, desde la junta de la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona preguntamos a altos dirigentes socialistas por el tema, nos dijeron no saber nada (faltaba una semana para la aprobación inicial). La opacidad informativa ha sido básica para tapar lo que en cualquier lugar es un escándalo.

Ambas operaciones presagian un fuerte incremento del precio del agua que pagarán los particulares y la pérdida total de control público en la gestión de un elemento tan esencial como el agua.

Aunque ninguna de las dos operaciones está cerrada y existe una cierta respuesta no solo de activistas sino también de alcaldes que las ven como un ataque a sus intereses (algunos ayuntamientos cuentan con empresas públicas de gestión del agua, algunas mucho más eficientes que las gestionadas por Agbar, y la mayoría han aportado patrimonio que ahora pasará a manos de las empresas beneficiarias), es bastante probable que ambas operaciones acaben por fructificar. Y, según cómo acabe el concurso de ATLL, puede que toda la gestión del agua quede en manos de un monopolio privado, bajo control del grupo francés Suez Environment (y una participación minoritaria del privatizado CaixaBank).

La sanidad en venta

La sanidad siempre ha sido un negocio privado o, como está ahora de moda decir, un “partenariado público-privado”. La obsesión convergente por la sanidad privada ya supuso en el pasado una aportación millonaria de las arcas públicas a procesos fallidos o fraudulentos, como el del Hospital General de Catalunya o la Aliança.

Solo recientemente se ha podido sacar a la luz el saqueo a que ha sido sometida parte de la sanidad pública catalana por parte de sus gestores y las empresas concesionarias de servicios o constructoras de nuevos centros. La mayoría de estas irregularidades fueron descubiertas por la Sindicatura de Comptes hace unos años, pero, como se trata de un órgano colegiado, los pactos entre CiU y PSC impidieron que salieran a la luz. Ahora sabemos que se ha producido un sistemático drenaje de fondos, y están imputados varios de los principales directivos de la sanidad público-privada.

Lo que ahora se prepara es un paso más en esta estrategia de saqueo. Esta vez la información proviene de fuentes de segunda línea, y lo que dicen estas fuentes es que se está preparando una operación de privatización directa del Hospital Clínic de Barcelona, el antiguo hospital universitario de la ciudad. El Clínic lleva largo tiempo con problemas económicos y ha acumulado una deuda importante [3]. También ha sido pionero de una privatización a la carta, pues cuenta con un área de atención especial para enfermos de pago. Allí, por ejemplo, fueron atendidos el rey Juan Carlos y la multimillonaria Alicia Koplowitz; por lo que se ve, las listas de espera flexibles forman parte de esta atención especial. Ahora lo que se está preparando es una operación de privatización pura y dura en que la Generalitat asumiría la deuda y cedería a bajo precio el hospital. Entre las personas que parecen impulsar el proceso se encuentran el propio director del hospital y empresarios locales ligados al sector de la asistencia geriátrica (Raventós Negra, parte de la familia propietaria de Codorniu). Se habla incluso de capital catarí, en los últimos tiempos muy activo en la ciudad. De hecho, hace tiempo que entre los grandes proyectos estratégicos de las élites locales figura el de convertir la ciudad en un centro sanitario para los ricos del mundo, y el Clínic constituiría un centro de prestigio para vertebrar esta política. El déficit y la necesidad de apuntalar la sanidad pública con ingresos adicionales pueden ser la coartada para justificar esta política de regalo de patrimonio público al sector privado. Se trata de una acción impopular que de momento parece haber retrasado la operación hasta pasadas las elecciones (también en esto la derecha local se parece a la de Madrid), pero el peligro, para el Clínic y para otros centros, está ahí desde que la aprobación el año pasado de la llamada “ley ómnibus” autoriza al Gobierno catalán a vender o alquilar parte de los centros sanitarios públicos a operadores privados. Aparte de un negocio redondo, esto permitiría a las empresas privadas ofrecer unos servicios de calidad que hasta ahora todo el mundo sabía que estaban en la sanidad pública.

A la crisis llegamos con políticas corruptas en materia urbanística y de gestión de servicios públicos. La crisis es ahora la coartada para transferir a precio de saldo el poco patrimonio público que quedaba. Hace años Marx teorizó el concepto de “acumulación primitiva de capital” para mostrar que el despegue del capitalismo se había producido por un proceso de concentración de riqueza por medios políticos (en las colonias y en las metrópolis), por un cambio en las reglas del juego que, por ejemplo, había permitido pasar a manos privadas los terrenos comunales. Ciento cincuenta años después, resulta evidente que este tipo de procesos no son solo la prehistoria del capitalismo, sino que forman parte sustancial del modelo de acumulación de la era neoliberal. En este sentido, las políticas de amiguitos del Govern de Mas son rabiosamente modernas.

Notas

[1] R. Janssen, “Does austerity work after all?”, ETUI Policy Brief 9/2012.

[2] Toda la información correspondiente a este proceso puede consultarse en la página web de la Plataforma Aigua és Vida. La plataforma agrupa a una serie de organizaciones cívicas y ecologistas de Catalunya opuestas al actual proceso de privatización.

[3] La información solo la ha publicado el periódico digital eldiari.cat y firma la información el periodista Alfons Quintà.

Alberto Recio Andreu

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-107/notas/cuaderno-de-depresion-14

Sanguijuelas en los presupuestos

Austeridad, crisis, recesión, recortes… Llevamos ya unos años inmersas en estas palabrotas, y los presupuestos proyectados para 2013 no van a introducir ningún cambio. Ya se ha comentado mucho sobre lo austeros que son, y sobre la gravedad de las consecuencias de los recortes que incluyen, por lo que no se comentaran aquí.

Básicamente, los Presupuestos Generales para 2013 se adaptan a una previsible disminución de los ingresos del Estado a través de una disminución de los gastos que el gobierno estima menos importantes. Estos gastos son la sanidad, la educación, las prestaciones de jubilación y desempleo, la cooperación (lista no exhaustiva) de los cuales la mayoría de la población depende para su bien estar. Mucho se ha comentado sobre la cuantía de estos gastos, pero el tema de la financiación del Estado ha quedado olvidado. No es de extrañar, ya que el apartado correspondiente a los presupuestos esta relegado al final de éstos, sin ninguna tabla recapitulativa. No obstante, su análisis es muy instructivo.

(Todas las cifras están en millones de euros – algunas partidas, como sanidad, educación, etc. no aparecen ya que su presupuesto es muy bajo en relación al total)

En otro artículo [1], hemos detallado los mecanismos de endeudamiento del Estado, por lo que aquí solo trataremos de sus consecuencias. Para hacer frente a los vencimientos de deuda de 2013, se estima que el gobierno necesitará emitir deuda por un valor de 159 mil millones de euros. Es una suma comparable al total de los gastos del Estado (primera columna de la gráfica). Por lo tanto, a lo largo del año 2013, el gobierno subastará a través del Tesoro Público un 20% del Producto Interior Bruto (una vez incluidos el déficit y las aportaciones al Mecanismo Europeo de Estabilidad). O sea, durante todo 2013, los poderes financieros decidirán si acceden a prestar dinero al Estado, o si les es más rentable hundirlo en la miseria, dependiendo de las medidas que tome el gobierno.

Si añadimos al presupuesto de gastos los vencimientos de deuda para 2013, como hacen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para todos los países en los que han intervenido, el servicio de la deuda (pago de intereses más reembolso del capital vencido) supera ligeramente los 60% del presupuesto. Si, ¡el 60% del presupuesto estatal irá directamente a los bancos! Es decir, tenemos a un enfermo, el Estado, que sufre una crisis económica tremenda, al cual se le intenta curar aplicándole unas sanguijuelas, que le extraen la sangre (el dinero), para entregarlo a los bancos. Si bien la sangría se abandonó como cura en el siglo XVIII, ya se demostró hace 80 años que su equivalente en economía tampoco servía para superar una crisis, aunque los economistas oficiales siguen elogiando su aplicación.

La gráfica anterior también permite visualizar otro fenómeno interesante. Si repudiamos la deuda del Estado [2], nos libramos de casi todas las necesidades de financiamiento, ya que no pagaríamos los vencimientos de deuda (“vencimientos” en la tercera columna), y tampoco los intereses de la deuda (“deuda” en la primera columna), que equivalen más o menos al déficit previsto para el año 2013. Es decir, ¡si repudiásemos la deuda, el presupuesto de 2013 estaría equilibrado! Obviamente, estos presupuestos incluyen recortes inaceptables, por lo que habría que tomar medidas adicionales para financiar los incrementos en sanidad, educación, prestaciones sociales que la ciudadanía necesita urgentemente. Estas medidas adicionales podrían ser la lucha contra el fraude fiscal, la erradicación de los paraísos fiscales, el aumento de la fiscalidad a los más ricos o a las grandes empresas [3].

Estas medidas son solo unas reformas que permitirían alejar la presión de los mercados financieros, con vistas a cambiar a medio plazo todo el modelo productivo y social de esta sociedad capitalista, que ha fracasado desde todos los puntos de vista (humano, ecológico y económico). ¡Juntas podemos!

Yves JULIEN
Patas Arriba – Plataforma para una Auditoria Ciudadana de la Deuda (Valencia)
patasarribavlc@gmail.com - auditoriavalencia@gmail.com
http://patasarribavlc.blogspot.com.es/

[1] http://patasarribavlc.blogspot.com.es/2012/02/presupuestos-del-estado-espanol-y-deuda.html
[2] para detalles y ejemplos de cómo repudiar la deuda mediante auditoria, ver http://patasarribavlc.blogspot.com.es/ y http://www.cadtm.org/
[3] para más información sobre estas medidas, ver http://www.attac.es/

http://patasarribavlc.blogspot.com.es/2012/10/sanguijuelas-en-los-presupuestos.html#more

Los servicios sociales: el desconocido sistema de protección social

Estamos asistiendo a una gran movilización por parte de la ciudadanía en general y de los empleados públicos en particular en defensa de los servicios públicos, ante el gravísimo ataque que están sufriendo por los recortes presupuestarios que imponen las administraciones estatal, autonómica y local.

 

Entre los servicios públicos, se citan expresamente a los servicios de seguridad, justicia, cultura, etc. y aquellos de “carácter social” como son la sanidad, la educación y las pensiones, olvidando a los servicios sociales. 

Por qué este olvido, por qué el Sistema Público de Servicios Sociales es el gran desconocido de los sistemas de protección social, el invisible, el difuso, el que se asocia a la atención exclusiva a l@s ciudadan@s en situación de exclusión social, pobreza, marginación, etc. Por este desconocimiento, se trata del sistema de bienestar social más vulnerable ante la precarización y el desmantelamiento de los servicios públicos, incluso con riesgo de producirse un retroceso hacia la España preconstitucional al vincular sus prestaciones a la beneficiencia, que fue el sistema de acción social anterior a la democracia en nuestro país.

Es por ello que nos proponemos en este texto ofrecer información que permita acercar a la ciudadanía al más joven de los sistemas de protección social en España y posteriormente reflexionar sobre el impacto que las medidas de recorte económico tienen sobre la vida de los ciudadanos en general y de forma especial en los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.

Esta propuesta de información se realizará a través de distintos textos, dada la amplitud de la misma, comenzando por abordar las razones para la confusión y el desconocimiento de los servicios sociales públicos:

En este país, nadie tiene dudas sobre lo que es la Sanidad, la Educación o el sistema de Pensiones. Cualquier persona, por escasa formación que tenga, tiene una idea de cuál es el contenido de los sistemas de protección social anteriores, incluso, es probable que sepa que todos ellos son parte de lo que llamamos Estado del Bienestar.  Sin embargo, eso no ocurre con los Servicios Sociales, un sistema de corto recorrido histórico en España y al que le faltaron determinadas condiciones para identificarlo, visibilizarlo y consolidarlo, lo que hace que, al día de hoy, no sólo la ciudadanía identifica mal lo que son los Servicios Sociales, es que ni siquiera los políticos hacen un buen uso del término, lo que en esta época de crisis económica, pone en riesgo de mayor vulnerabilidad a este sistema.

Entre las razones que han hecho de los Servicios Sociales un sistema desdibujado y confuso para la ciudadanía, para los propios profesionales del ámbito y para la clase política (es mayor la ignorancia o confusión cuanto mayor es su lejanía del ámbito local), podemos encontrar las siguientes:

El concepto y sus diversas denominaciones.

En una primera acepción, se entiende por Servicios Sociales, las actuaciones de la política social que se desarrollan en el denominado Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Vivienda, Empleo, etc. En una segunda acepción son: el conjunto de medios técnicos, humanos, materiales y económicos que se ponen al servicio de la ciudadanía para, utilizando métodos de trabajo social, contribuir a su bienestar y adaptación a su entorno social. Podemos decir que el sistema público de Servicios Sociales está constituido por el conjunto integrado y  coordinado de programas, recursos, prestaciones, actividades y equipamientos destinados a la atención social de la población y gestionados por las Administraciones Autonómica y Local.

En los diferentes territorios, las Consejerías y las Concejalías han utilizado el término “Servicios Sociales” de modos muy diversos y en muchas ocasiones,  su contenido ha quedado oculto  tras un nombre que abarca más servicios  (por ejemplo: Consejería de Acción Social, Servicios de Atención a la Ciudadanía y Empleo, etc.). Tampoco existe una única denominación para hablar de los servicios sociales prestados por las entidades locales, ya que a éstos se les conoce como  servicios sociales generales, básicos, comunitarios o de atención primaria.

Al día de hoy, muchas personas no tienen una idea clara de lo que son los Servicios Sociales. El problema es que tampoco los políticos se atreven a nombrarlos, lo que supone, en un contexto de grave crisis económica  y la aplicación de políticas tan neoliberales,  un riesgo para su invisibilización y posterior  desmantelamiento, a pesar de ser ahora especialmente necesarios y  de que el gasto que conllevan se encuentra muy por debajo de la media europea.

Su contenido abstracto y genérico.

Si recogemos la finalidad de los servicios sociales que señala,  por ejemplo, la Ley 11/2003 de la Comunidad de Madrid, ésta es la promoción del bienestar de las personas, la prevención de las situaciones de riesgo y la compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales. Dentro de la misma ley, se señala como su objetivo  el de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales.

Esta pretensión tan abarcadora del bienestar ciudadano no ayuda a comprender lo que son estos servicios. Cualquier persona puede identificar y recordar mejor aquello que tiene relación con su vida personal; en ese sentido, hubiera sido importante que la ciudadanía al menos conociera con claridad cuáles son los servicios y prestaciones que se  ofrecen y gestionan en los Centros de Servicios Sociales de todo el territorio nacional:  ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día o el salario social (con sus diversas denominaciones, según la Comunidad Autónoma), del que ahora no se habla pero que ofrece un mínimo de subsistencia a las familias sin ningún ingreso económico, por citar algunos de ellos.

Ausencia de una ley marco estatal que garantice derechos básicos en todo el territorio nacional.

El derecho a los Servicios Sociales no aparece reflejado en la Constitución de forma explícita.  Promulgada ésta, no se llegó a elaborar una ley-marco de Servicios Sociales que fuera el referente para las posteriores leyes autonómicas. La Constitución declara que la asistencia social es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y han sido éstas, en virtud de dicha competencia legislativa de “Asistencia Social” atribuida por la Constitución y contemplada en sus respectivos Estatutos de Autonomía, las que han ido aprobando leyes de Servicios Sociales o de Acción Social, según sus propias denominaciones. Entre 1982 y 1993 todos los gobiernos autonómicos desarrollaron, mediante leyes, sus respectivos sistemas de servicios sociales en todas las Comunidades Autónomas. Entre los años 1990 y 2000 se fueron desarrollando los Servicios Sociales y comenzaron a aprobarse leyes autonómicas de segunda generación e incluso tercera (en dos de las Comunidades Autónomas). 

Aunque ha habido un avance de reconocimiento de derechos en las últimas leyes autonómicas, los servicios, prestaciones o recursos no se han garantizado como derechos subjetivos. La ciudadanía tiene derecho a recibir atención social pero eso no significa que se conceda una prestación concreta, ya que en la práctica, esos derechos son discrecionales, asociados a partidas consignadas en los presupuestos. 

Las Corporaciones Locales, teniendo en cuenta el  principio de descentralización territorial así como el de autonomía municipal que le otorga la Constitución, han asumido actuaciones de Servicios Sociales de acuerdo con el mandato de dar respuesta a las necesidades sociales en el contexto más cercano a la ciudadanía. La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (actualmente en proceso de reforma por el gobierno actual), estableció la competencia municipal en la prestación de Servicios Sociales, con carácter obligatorio para los municipios mayores de 20.000 habitantes.

A falta de la ley estatal, en 1988, el gobierno socialista implantó un instrumento básico de cooperación económica y técnica entre los tres niveles de la administración pública: El PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS. Este Plan nació para  apoyar el establecimiento de una Red Pública Municipal de Servicios Sociales mínimos. El objeto del Plan Concertado era articular la cooperación económica y técnica entre las tres Administraciones  que permitiera garantizar unas prestaciones básicas a las personas en situación de necesidad. El Estado otorga a las CCAA, mediante la firma de los respectivos convenios-programa, una serie de recursos económicos que deben ser destinados a los servicios sociales gestionados por las Corporaciones Locales con la finalidad de impulsar el desarrollo de una red pública de servicios sociales.  Las prestaciones que el Plan señala como básicas son: 1) Información y orientación; 2) Ayuda a domicilio y otros apoyos a la Unidad de Convivencia; 3) Alojamientos Alternativos; 4) Prevención e Inserción social y 5) Cooperación social y Fomento de la Solidaridad.

El Plan podía haber contribuido a reducir las desigualdades en el territorio español. Sin embargo, ha ido perdiendo fuerza progresivamente, disminuyendo también la financiación hasta el punto de destinar en los Presupuestos generales del Estado  del 2012  un 42,4% menos  a dicho Plan Concertado que el año anterior. La corresponsabilidad financiera no ha sido muy rigurosa y han sido las administraciones locales quienes han tenido el mayor peso de la financiación de servicios y prestaciones sociales, al menos en los grandes municipios. Dependiendo de la sensibilidad social del equipo de gobierno, de los recursos económicos del ayuntamiento en cuestión (no olvidemos su capacidad de generar ingresos a través de la calificación de terrenos y su contribución a la burbuja inmobiliaria) o del interés por la modernización de la administración y su expansión pero sin preocuparse por la deuda acumulada, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid,  los Servicios Sociales se han estado prestando en todos los municipios del país, pero generándose también grandes desigualdades en los distintos territorios a la hora de acceder a las prestaciones y recursos.

El sistema de Atención a la Dependencia.

El expresidente Rodríguez Zapatero, presionado por Europa, el pacto de Toledo o las organizaciones de Mayores y Discapacitados y, seguramente por su tendencia a pretender ser el pionero e impulsor de las políticas sociales más llamativas y mediáticas, aprobó la  Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, con lo cual, terminó de contribuir a crear una mayor invisibilización y confusión sobre el sistema de Servicios Sociales. En vez de articular ambos sistemas para convertirlos en el verdadero 4º pilar del Estado de Bienestar, creó otro sistema paralelo que sí otorgaba derechos subjetivos a las personas dependientes (fundamentalmente, las personas mayores y los discapacitados), que ya estaban siendo atendidos desde los Servicios Sociales de Atención Primaria (municipales) y los Especializados (de ámbito municipal y autonómico), perdiendo con ello la oportunidad de integrar la Dependencia en los Servicios Sociales y fortalecerlos, dotándolos de un nuevo valor y dejando clara a la ciudadanía sus derechos y las prestaciones asociadas, equiparándolo al resto de sistemas de protección social.

Desde el principio, el nuevo sistema protector presentó problemas institucionales, financieros y de gestión, y varias Comunidades Autónomas boicotearon su aplicación y/o se resistieron a dar protagonismo a los Servicios Sociales municipales evitando que fueran ellos quienes realizaran la valoración y concesión de los derechos por situación de Dependencia (ese es el caso de algunas Comunidades Autónomas, como  la de Madrid, enemistada su Presidenta con el Alcalde de la capital en los años anteriores). Además, dado que también el desarrollo y aplicación de la ley estaba en el terreno autonómico, se ha potenciado la desigualdad entre Comunidades Autónomas, ya que se ha prestado con distintos niveles de desarrollo y contenido.

Todo esto hace que, actualmente,  los políticos  hablen más de la Dependencia que de los Servicios Sociales, pero sin saber muy bien qué ofrecen ambos sistemas. Actualmente, ambos sistemas están afectados por la brutal política de recortes del gobierno.

Tal vez  todas estas razones sean la causa por la que técnicos y políticos han cuestionado tanto el sistema de Servicios Sociales impulsando continuas propuestas de mejora. También los/as trabajadores/as sociales, profesionales de referencia del sistema, se muestran muy a menudo insatisfechos por la sensación de falta de prestigio y apoyo institucional. 

Tras exponer las razones de la confusión e invisibilidad del sistema, podemos intentar describir sus características, al objeto de aclarar a la ciudadanía a qué se dedican los servicios sociales y las prestaciones que ofrecen, y que en estos momentos se encuentran en riesgo de reducirse gravemente e incluso desaparecer:

• Se dirigen a personas y al ámbito familiar y social, su enfoque es comunitario y preventivo y sus funciones polivalentes; dan respuesta en el ámbito de la convivencia y la relación, con intervenciones de carácter preventivo, de atención integral a personas y familias.
• Detectan y atienden necesidades sociales, mediante la provisión de  servicios tales como Información y Orientación sobre Servicios Sociales y otros sistemas de protección social,  Asesoramiento social, Atención a situaciones de desprotección social de menores, mayores y discapacitados.
• Desarrollan programas, y promueven y gestionan, en su ámbito territorial, centros orientados a colectivos con problemáticas específicas.
• Son prestados por equipos multiprofesionales, en los que se integran las unidades de trabajo social que prestan atención directa en todos los territorios, son profesionales de referencia y se ubican en centros de servicios sociales.
• Gestionan ayudas y prestaciones sociales a Individuos, Familias, Grupos y Comunidades.
• Se actúa en las áreas de necesidad de la Convivencia Familiar, la Relación con el Entorno, los Ingresos Económicos, el Empleo, la Vivienda, y la Salud, a través del Acompañamiento Social y las Prestaciones de carácter personal.
• Proximidad, accesibilidad, transversalidad, coordinación, calidad y calidez, son valores inherentes a los servicios sociales.

Por todo ello, proponemos y exigimos la necesidad de continuidad del sistema público de servicios sociales, que en las últimas tres décadas ha contribuido a lograr una mayor cohesión social y que aporta en gran medida el ejercicio del derecho de todos los seres humanos a la igualdad de oportunidades y a la dignidad sin discriminación. 

El impacto de la crisis económica está proporcionando argumentos a quienes, movidos por una ideología neoliberal y conservadora, pretenden debilitar y en algunos casos eliminar el papel protector de la Administración Pública, del que es una manifestación significativa el Sistema Público de Servicios Sociales, mediante el recorte presupuestario, las llamadas “competencias impropias” de los municipios, etc.

Estos recortes presupuestarios producen un grave deterioro en las personas atendidas en la actualidad desde el sistema, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo social, desprotección social (menores y mayores), familias desestructuradas y exclusión social extrema, a las que los servicios sociales, antes de los recortes, ofrecían garantías de derechos y cobertura de prestaciones para una mayor autonomía y calidad de vida.

Bibliografía

ALIANZA PARA LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES (2.011) Documento de referencia.

BREZMES, Mª JESÚS (2.009) Hacia un nuevo modelo de los Servicios Sociales Municipales. Documento elaborado para la Federación de municipios y provincias. Yntegra Consultores.

NAVARRO, V /TORRES LÓPEZ, J. / GARZÓN ESPINOSA, A. (2.011) Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España. Sequitur.

RODRIGUEZ CABRERO, G. (2.009) La nueva frontera del Estado de Bienestar. Diario EL PAIS ( 25 febrero  2.009).

ROLDÁN GARCÍA, E. / GARCIA GIRÁLDEZ, T. (2.006) Políticas de Servicios Sociales. Madrid. Edit. Síntesis.

SUBIRATS HUMET, JOAN y otros.( 2.007) Los Servicios Sociales de atención primaria ante el cambio social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Pilar Martín y María Flores

EconoNuestra

http://econonuestra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=328:los-servicios-sociales-el-desconocido-sistema-de-proteccion-social&catid=50:a-fondo&Itemid=78

 

El pago por transporte sanitario, injusto e irracional

El Gobierno de Mariano Rajoy, fiel seguidor de los postulados políticos  neoliberales, pretende aplicar a la sanidad pública española la estrategia diseñada por el Banco Mundial, en los años 80 del pasado siglo, de desmantelar el Estado del Bienestar en los países desarrollados. Hace unos 20 años, este poderoso organismo internacional, dominado por las multinacionales de la salud y por países como Estados Unidos o Reino Unido, estableció, para hacer frente al crecimiento del gasto sanitario, que los usuarios de los sistemas de salud pagaran los servicios asistenciales en el momento del uso. Así pretendía reducir el consumo sanitario, potenciar los seguros privados  y reducir el gasto público.

Hasta ahora ningún gobierno se había atrevido a aplicar esta propuesta en España, por los costes políticos que podría tener, pero la crisis económica y la presión de la Unión Europea de obligar a los países a reducir gasto público para controlar el déficit,  están siendo utilizados como coartada por el Gobierno del Partido Popular para ponerla en marcha. Como consecuencia, el Real Decreto Ley 16/2012 establece – entre otras medidas, como el copago o la potenciación del aseguramiento- que el trasporte no urgente en ambulancias sea pagado por los usuarios del mismo. Este servicio permite que las personas con limitaciones físicas o enfermedades graves puedan acudir a los centros sanitarios para recibir quimioterapia para el cáncer, diálisis para la insuficiencia renal,  rehabilitación o consultas de especialistas.

Entre las razones que el Ministerio de Sanidad aduce como excusas para ponerla en práctica están la necesidad de combatir el fraude, el consumo irracional de recursos costosos o la insostenibilidad de la gratuidad del sistema (en el momento del uso). Sin embargo, estos argumentos no se corresponden con la realidad y  su aplicación puede tener una gran repercusión sobre la salud de un colectivo de personas muy necesitadas de atención sanitaria. Esta medida puede, paradójicamente, contribuir a  incrementar el gasto sanitario, la desigualdad social y la irracionalidad en el uso de los recursos.

En primer lugar, habría que recordar que la sanidad pública española es una de las menos costosas de los países desarrollados y que, en este país, la presión fiscal (que sirve para financiarla) está diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea. En segundo lugar, las decisiones sobre los traslados son adoptadas por los médicos del sistema, por lo que, si existe abuso de las mismas, habría que actuar sobre ellos en lugar de sobre los pacientes que se limitan a aceptar las decisiones profesionales. Los usuarios del transporte no urgente en ambulancias son personas con graves discapacidades y con problemas físicos que les imposibilitan utilizar los transportes convencionales, tanto particulares como colectivos. Estos son, en su gran mayoría, pensionistas por edad o por enfermedad, y es de sobra conocido que las pensiones es este país son muy bajas (en torno a los 800 euros al mes de media), por lo que el pago de estos servicios puede suponer una carga económica insoportable para quienes los necesitan. Ello obligaría a muchos de ellos a renunciar a este transporte y a unos tratamientos necesarios para su supervivencia, para combatir el dolor, para mejorar su estado funcional o para evitar el agravamiento de sus problemas.

También hay que tener en cuenta a las personas que viven en el medio rural, que están más alejadas de los centros sanitarios, especialmente, en comunidades autónomas como Galicia, las dos Castillas o Extremadura, que tienen una gran parte de su población en estas zonas, muy dispersa y envejecida. Una parte importante de la ciudadanía tendría que hacer frente, por tanto, a grandes gastos en traslados a los centros especializados y estarían soportando una discriminación inaceptable. Además, existen numerosos estudios que muestran que los habitantes del medio rural, que no han tomado parte en las decisiones del Ministerio, tienen menos ingresos económicos y que más de la mitad de los hogares carecen de automóvil.  Por todo ello, esta medida es, además de injusta, irracional, y limitará el acceso de personas con mala salud y escasos recursos a tratamientos que necesitan.

Resulta inaceptable introducir barreras que limiten el acceso a los servicios a unos colectivos de personas con grandes necesidades asistenciales y que deberían, por ello, tener prioridad en la atención y los cuidados. Mientras se destinan miles de millones de euros a financiar  los errores y malas prácticas de los bancos, se derrocha el dinero en medicamentos innecesarios y costosos, o se abusan de los recursos tecnológicos (España presenta el mayor gasto en medicamentos y ocupa uno de los primeros lugares del mundo en consumo tecnológico, como consecuencia de la presión e influencia de la industria farmacéutica y de la electro-medicina sobre las administraciones sanitarias y los prescriptores), se pretende hacer pagar a quienes tienen menos recursos económicos y más necesidades de atención sanitaria.

Manuel Martín García
Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
Público.es
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/380/el-pago-por-transporte-sanitario-injusto-e-irracional/

Sin cobertura sanitaria gratuita. “Es un decreto inmoral e inconstitucional”

El 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, que expulsa de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Esta reforma se anunció como: “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Ante este decreto se ha puesto en marcha la campaña denominada Yo Sí Sanidad Universal, integrada por profesionales de la sanidad y usuarios. Su objetivo es la desobediencia civil y mantener la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Más de 2.000 médicos han objetado ya a través de los formularios de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

“Dejar de atender supone un riesgo de enfermedad y un riesgo de muerte. No estamos hablando de regular cosas, sino de personas y salud”, dice Nacho Revuelta, integrante de la campaña Yo Sí Sanidad Universal. Este médico de familia subraya que el texto no sólo afecta a los inmigrantes, “nos afecta a todos, es un cambio de modelo sanitario”. Y recuerda que, cuando se anunció el proyecto en abril y los médicos manifestaron públicamente su rechazo, el Ministerio modificó el primer proyecto de ley, que incluía también a ciudadanos nativos que estuviesen en paro y no estuvieran cotizando.

El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, intervino el 4 de septiembre en una rueda de prensa en la que dijo que se debe facturar la atención “donde corresponda”. Sin embargo, los médicos objetores se declaran en desacuerdo con esa postura. “Eso es como si un concesionario de coches dijera ‘nosotros garantizamos un coche para cada ciudadano, cuando usted vaya tendrá que pagarlo’. Es absurdo”, dice Revuelta en referencia a las palabras de Rodríguez Sendín sobre el pago de la atención sanitaria. “No podemos decir que se garantiza la atención si tiene un coste que afecta a las personas que menos tienen”, argumenta.

Administrativos, no médicos

Las primeras que se están enfrentando con esta situación son las administrativas y administrativos. “Cuando nos llegaron las primeras instrucciones para que no se diera cita médica algunas nos echamos a llorar”, dice a DIAGONAL Esther, auxiliar administrativo de un centro de salud de Madrid. “Un auxiliar administrativo nunca puede valorar la urgencia de una persona, ni siquiera debe preguntar qué le pasa a una persona; si esa persona quiere ver al médico nuestra obligación es pasarle con el médico. Nosotros no pertenecemos a la Seguridad Social, tampoco tenemos formación sanitaria”, explica Ester, que hará objeción de conciencia contra el decreto del Ministerio. Dice que el compromiso de pago que firma el paciente tras ser atendido deben enviarlo al departamento de Facturación a Terceros del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Hasta ahora las autonomías estaban ensayando una fórmula parecida, aunque no exigían el pago: se entregaban a los pacientes una factura informativa con el coste de la atención hospitalaria a los pacientes.

“Un auxiliar administrativo nunca puede valorar la urgencia de una persona. Nuestra misión es darle cita con el médico”

La traductora y activista Marta Malo, también dentro de la campaña, invita a crear brigadas de acompañamiento a inmigrantes que necesiten atención médica y denunciar en la web las situaciones en las que los inmigrantes no reciban atención sanitaria. “Desobedecer va ser a costa de nuestro esfuerzo, a través de vericuetos que no son legales, lo que el Gobierno intenta transmitir es que sólo afecta a un puñado de inmigrantes y que ya los van a atender”, explica. Y asegura que no basta con la desobediencia de los médicos, “es un cambio de modelo sanitario, nos afecta a todos en el momento que la salud deja de ser un derecho y se convierte en un servicio”.

Desde la llegada del PP al Gobierno, Sanidad ha acometido reformas que eran impensables, como que los pensionistas paguen parte de las recetas. Cinco días después de la entrada en vigor del RDL 16/2012, la Cadena Ser anunció que el Ministerio iba a crear en septiembre cinco grupos de expertos para estudiar el recorte de pruebas como la selección genética, la rehabilitación u otras preventivas como las mamografías.

Para el médico de familia Juan Luis Ruiz Jiménez, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, “con este decreto el Gobierno arrebata a los ciudadanos un sistema único, universal y establece otro mucho más injusto basado en el aseguramiento, que sienta las bases para la pérdida de protección futura de otros colectivos sociales. Es ilegitimo e inmoral. Vamos a luchar contra el decreto con todas nuestras fuerzas”, añade.

Ruiz Jiménez indica que el Gobierno trata de ‘vender’ el RDL 16/2012 diciendo que la Seguridad Social es insostenible: “El presupuesto sanitario está alrededor del 6,3% del Producto Interior Bruto, comparativamente es el 65% del promedio de lo que gastan los países de la UE, menos de la mitad de lo que se gasta Alemania. Y no sale de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino de los Presupuestos Generales del Estado. Hay que recordar que la banca ha recibido en los últimos años una cuantía de 166.000 millones de euros”.

“A nuestro vecino ya no le extienden la receta para su dolor de estómago, sino que se la apuntan en un papel”

A la espera de cómo se aplique el RDL en cada autonomía, Roberto, voluntario de Apoyo, una asociación del barrio madrileño de Moratalaz, relata su primera incidencia tras el 1 de septiembre: a un vecino del barrio que se encuentra en situación irregular ya no le extienden la receta para su dolencia estomacal, sino que “se la apuntan en un papel”. En este caso, tener papeles tampoco le serviría de mucho: su medicación, el omeprazol, está en la lista de fármacos que Sanidad retiró en junio de la cobertura del Sistema Nacional de Salud.

 

¿Expulsiones con la sanidad?

El impacto económico de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares es dudoso: apenas 240 millones de euros si se da por buena la extrapolación de los 1.600 euros anuales de gasto sanitario por habitante a los cerca de 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia. Pero dos portavoces distintos del Partido Popular, Rafael Hernando (en la foto) y Alfonso Alonso, han hecho declaraciones que apuntan a otros objetivos además del ahorro. Hernando declaró en agosto, cuando se conoció que el Gobierno quiere hacer firmar un convenio sanitario a los sin papeles con una cuota anual de 710 euros, que el objetivo de la medida era que “España deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal”. Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso, abundó en esta idea el 9 de septiembre: “Naturalmente aquellos extranjeros que están en situación irregular en nuestro país y no tienen capacidad de regularizar su situación no pueden permanecer aquí”, declaró para justificar la decisión de excluir a los irregulares de la atención sanitaria pública. Desde la campaña Yo sí Sanidad Universal se ha denunciado el hecho de que el Gobierno puede estar haciendo política de extranjería con la sanidad.

Información relacionada:

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Mª José Esteso Poves y Diego Sanz Paratcha

Redacción. Diagonal

http://www.diagonalperiodico.net/Es-un-decreto-inmoral-e.html

Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía

El real decreto de abril del Gobierno del PP es una contrarreforma que nos lleva tres décadas atrás. Quieren seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto.

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia. 

En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público. 

En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera). 

A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora). 

En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados. 

En Cataluña se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada ley Ómnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes. 

A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres. 

Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en shock por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud. 

Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que puedan pagarla.  

Joan Benach es profesor de Salud Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es La sanidad está en venta (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.

El País 

http://elpais.com/elpais/2012/07/06/opinion/1341595001_910539.html