Austeridad y control del conocimiento

Ya he explicado en otros artículos y en el libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero que escribí con Vicenç Navarro, que los recortes de gasto que llevan consigo las políticas de austeridad son un auténtico engaño. Se justifican diciendo que solo con ellos se puede recortar la deuda para que a continuación vuelva a generarse crecimiento y empleo, pero lo que demuestran los estudios empíricos es lo contrario. Al recortar el gasto en etapas de recesión (ya de por sí de gasto insuficiente) lo que sucede es que disminuye la actividad, el empleo y los ingresos y que, por tanto, finalmente aumenta aún más la deuda.

Además, cuando estas políticas de recortes se presentan como de ‘austeridad’ tienen también otro efecto no menos importante a la hora de garantizar el sometimiento de la población. Cuando lo que se reclama es la austeridad -algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo- se está sugiriendo que es imprescindible una terapia frente a un despilfarro anterior. O, como suele decirse, para pagar el pecado de haber vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Su imposición genera en la gente un sentimiento de culpa que atemoriza, confunde y paraliza.

Pero, con independencia de ello, los recortes de gasto público social también llevan consigo otras consecuencias muy peligrosas de los que se habla aún menos. Por ejemplo, un mayor control político del conocimiento.

Con la excusa de que hay que recortar gastos se ha reducido la financiación a la universidad pública y se están aprovechando los recortes para concederle un papel mucho más determinante aún en toda la actividad universitaria a la evaluación de la actividad investigadora del personal universitario, que en España se realiza desde hace años mediante los llamados sexenios (unos complementos salariales que nacieron para retribuir la productividad investigadora y que se han convertido en medida de su “calidad”) y los procedimientos de acreditación que llevan a cabo las agencias de evaluación nacional o autonómicas.

Yo soy totalmente partidario de que se evalúe la actividad docente e investigadora de los universitarios. Y de hecho, cuando fui vicerrector de ordenación académica y profesorado de la universidad de Málaga entre 1987 y 1990, puse en marcha uno de los primeros procedimientos de evaluación que se realizaron en España, tanto en los dos primeros ciclos como en el doctorado.

Pero lo que ahora se está produciendo es un verdadero control político del conocimiento cuando se empiezan a establecer las nuevas obligaciones docentes (horas de clase) o cuando se hace depender la participación en comisiones de selección, la dirección de tesis doctorales o la promoción a las diferentes categorías contractuales o del funcionariado, entre otras cosas, en función de los sexenios o de la acreditación conseguidos en procesos de evaluación que, sobre todo en algunas áreas del conocimiento, son claramente arbitrarios y muy sesgados ideológicamente.

En España, como en otros países, estos procesos se basan originalmente en criterios puramente cuantitativos que simplifican al extremo la valoración de la producción científica, reduciendo o eliminando por completo cualquier atisbo de debate o controversia sobre su calidad efectiva, mediante la aplicación de índices que solo pueden tener en cuenta (en el mejor de los casos) el número de publicaciones más o menos ponderado por rangos no menos discutibles referentes a las revistas donde aparecen, y el número de citas.

Los efectos de este tipo de evaluaciones son claros. Los investigadores, en lugar de tener como objetivo de su actividad científica el descubrir nuevos conocimientos, han de orientarla necesariamente a obtener el mayor número de publicaciones consideradas como valiosas por dichos indicadores. Así ha de ser, pues de ello va a depender su financiación, su promoción profesional, su capacidad de decisión y su incardinación en la academia o incluso las horas de clase que van a tener que impartir.

Ese incentivo perverso tiene multitud de efectos negativos. Así, se promueve la firma colectiva como práctica oportunista para lograr más y más rápidas aportaciones susceptibles de ser valoradas positivamente aunque en la mayoría de las ocasiones eso no responda ni a la realidad de la actividad realizada por cada investigador, ni a necesidades de división del trabajo científico que se realiza.

Además, la exigencia de multiplicar al máximo la publicaciones lleva a que resulte más rentable a los investigadores el dedicarse a ‘versionar’ sin descanso un trabajo, descubrimiento o planteamiento o modelo original a base de introducir muy pequeñas variaciones posteriores que se dirigen a diferentes revistas, sin que ninguna de ellas suponga alguna novedad importante o un incremento efectivo del conocimiento.

Un estudio realizado en Francia al respecto ha mostrado claramente que aunque el número de publicaciones en el área de economía se ha triplicado desde la mitad de los años 90 del siglo pasado no puede decirse que haya mejorado sustancialmente su calidad (Bosquet, C., Combes, P-Ph., y Linnemer, L., “La publicationd’articles de recherche en économie en France en 2008. Disparitésactuelles et évolutionsdepuis 1998″. Rapportpour la Directiongénérale de la recherche et de l’innovation, DGRI, 2010).

Cualquier investigador que se comporte con un mínimo de racionalidad en este régimen de evaluación debe consagrar mucho más tiempo y esfuerzo a multiplicar las publicaciones preparando diversas versiones y a estar presente allí donde se puede conseguir influencia o redes que faciliten la publicación, que a investigar. Y así resulta que estos métodos de evaluación, aparentemente encaminados a medir la productividad y la calidad académica, incentivan comportamientos que limitan ésta última y que se basan en un sentido claramente distorsionado de la primera. No reflejan la productividad como una mayor capacidad de aportar conocimiento efectivo sino como la de colocar menores dosis de él en mayor número de publicaciones. Se promueve la productividad “publicacional”, si vale el barbarismo, que no tiene mucho que ver en estas condiciones con la productividad científica.

La evaluación cuantitativa de los resultados del conocimiento tiene otro efecto no menos negativo. Para poder llevarla a cabo es por lo que se ha ido limitando a tomar en consideración los artículos publicados en revistas, que pueden ser jerarquizados y catalogados en función de dónde se publiquen, en detrimento del conocimiento publicado en libros o cualquier otro tipo de monografías, que hoy día no tienen prácticamente valor alguno, o muy escaso, a la hora de acreditarse o de ser evaluado para recibir sexenios.

Las consecuencias de esto último son variadas. Una es que los investigadores que quieran ser evaluados positivamente solo deben abordar temas que se puedan exponer en el espacio reducido y en la forma convencional que se suele establecer en las revistas. Tienen que renunciar así a exponer pasos intermedios, derivaciones de sus análisis, matices y, sobre todo, las dudas y preguntas y las cuestiones transversales y sintéticas que cada vez son más necesarias para poder conocer la realidad, pero que es casi imposible trasladar a los espacios muy especializados y por definición más cerrados, en todos los sentidos del término, de las revistas.

La generalización de la publicación en revistas ha estandarizado la expresión del conocimiento y el conocimiento mismo al establecer no solo el encuadre formal de los textos sino los contenidos, los enfoques, e incluso los postulados e hipótesis de partida “convenientes” en cada una de ellas, de modo que salirse de ese saber establecido conduce de modo prácticamente inevitable al ostracismo y a la imposibilidad de ser evaluado positivamente, pues es seguro que no se podrá publicar en las revistas que sirven de referencia como de mayor calidad e impacto.

Es por eso que el poder de evaluación efectivo recae en última instancia en los equipos que mantienen y evalúan las publicaciones en las revistas que encabezan los ranking de las más destacadas: las que están formadas por miembros de los departamentos y grupos de investigación más destacados, que son aquellos cuyos miembros publican en las revistas más destacadas. Así se crea un círculo vicioso de conformismo y de redes de autentico clientelismo en donde es muy difícil que penetre la luz de enfoques novedosos, alternativos o contrarios a lo que habitualmente se publica en esas revistas por los autores solo de aquello que sus evaluadores consideran que es publicable, y que lógicamente nunca podrá ser diferente de lo que sostienen o defienden. ¿Cómo tratar de publicar en una revista si el autor o autores no se ajustan a los criterios de publicación o enfoques normalizados que mantiene?

En definitiva, el predominio de este tipo de evaluación ahoga la disidencia, la duda, la innovación, la ruptura con el saber establecido…, es decir, justo los factores que sabemos perfectamente que han sido siempre los que han promovido realmente el conocimiento y los que han hecho que de verdad avance la ciencia.

Lógicamente, no puede ser muy ajeno a todo ello el hecho de que la gestión de los trabajos que se incluyen en el ‘Journal Citation Reports’ (JCR en la jerga de los investigadores) que sirve como base de referencia sacrosanta de la evaluación cuantitativa esté controlado por una sola y poderosa multinacional, Thompson Reuters, o que estos métodos de evaluación se hayan comenzado a aplicar con especial disciplina en ciencias sociales, y muy especialmente en economía, justo en los años en que se vienen imponiendo las políticas neoliberales. No es casualidad que éstas se justifiquen con el paradigma neoclásico que predomina en las publicaciones de las revistas mejor consideradas y lo cierto es que pueden aplicarse más cómodamente en la medida en que eludan más ampliamente la crítica social. Lo que puede conseguirse cuando el pensamiento económico y social en general se hiperespecializa y pierde el contacto con la realidad al desarrollar un tipo de conocimiento encerrado en sí mismo, abstracto y completamente ajeno a la complejidad e interconectividad que tienen los fenómenos económicos y sociales.

Ahora bien, si en casi todo el mundo viene ocurriendo todo esto, en España la situación es mucho más grave porque los procesos de evaluación son opacos y ni siquiera los criterios cuantitativos se aplican objetivamente sino a nuestra carpetovetónica manera clientelar y corrupta.

Aquí predomina una arbitrariedad constante que da lugar a decisiones contradictorias, a resoluciones caprichosas y sin fundamento alguno, que muchas veces no pueden disimular que se toman ad hoc o incluso ex post de haber decidido el resultado. En el caso particular de la economía, que mejor conozco, se han hecho fuertes grupos de poder de clara significación ideológica o al menos, por decirlo más sutilmente, de evidente connivencia paradigmática, que aplicando este tipo de criterios van consolidando una forma de investigar conservadora y uniformada que poco a poco va dejando fuera del juego académico a quienes optan por generar cualquier otro tipo de conocimiento o por difundirlo a través de otras publicaciones, cuyo impacto, por cierto, suele mucho mayor, la mayoría de las veces, que el de las revistas convencionales.

Al igual que pasa fuera de España, la producción bibliográfica mejor valorada en economía presenta, eso sí, una gran variedad de temáticas, pero una extraordinaria homogeneidad que se traduce en un gran irrealismo y abstracción, en una gran coincidencia en las perspectivas de análisis y en la asunción de conclusiones que terminan justificando un mismo tipo de políticas.

Es por eso que puede afirmarse que la imposición de este tipo sesgado de evaluación, en todos los campos del saber científico pero sobre todo en los que tienen más que ver con juicios de valor y con las diferentes preferencias sociales, como la economía, es un claro intento de control (político) del conocimiento que se acelera en estos momentos gracias a la oportunidad que proporcionan los recortes asociados a las políticas de austeridad.

Los resultados de son tan paradójicos y significativos como el que mencionaba recientemente el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, Holm-DetlevKöhler: la investigadora Saskia Sassen que acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, “una de las científicas más importantes de nuestra época, no ha conseguido ningún sexenio, ninguna acreditación, frente a los criterios de nuestras agencias de evaluación, que anteponen siempre el mismo criterio: tres publicaciones JCR (Journal Citation Reports) en los últimos cinco años. Sassen no tiene ni una, sino que ha publicado libros e informes, fruto de proyectos de investigación de verdad y referencias fundamentales para académicos comprometidos, ha publicado numerosos artículos en medios de gran difusión, etc., pero se ha resistido a la práctica de inflar su currículum con artículos estandarizados sin interés ni lectores, más allá de círculos de amigos de citación mutua”.

Juan Torres López
Ganas de Escribir
http://juantorreslopez.com/impertinencias/austeridad-y-control-del-conocimiento/

Ya he explicado en otros artículos y en el libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero que escribí con Vicenç Navarro, que los recortes de gasto que llevan consigo las políticas de austeridad son un auténtico engaño. Se justifican diciendo que solo con ellos se puede recortar la deuda para que a continuación vuelva a generarse crecimiento y empleo, pero lo que demuestran los estudios empíricos es lo contrario. Al recortar el gasto en etapas de recesión (ya de por sí de gasto insuficiente) lo que sucede es que disminuye la actividad, el empleo y los ingresos y que, por tanto, finalmente aumenta aún más la deuda.
Además, cuando estas políticas de recortes se presentan como de ‘austeridad’ tienen también otro efecto no menos importante a la hora de garantizar el sometimiento de la población. Cuando lo que se reclama es la austeridad -algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo- se está sugiriendo que es imprescindible una terapia frente a un despilfarro anterior. O, como suele decirse, para pagar el pecado de haber vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Su imposición genera en la gente un sentimiento de culpa que atemoriza, confunde y paraliza.
Pero, con independencia de ello, los recortes de gasto público social también llevan consigo otras consecuencias muy peligrosas de los que se habla aún menos. Por ejemplo, un mayor control político del conocimiento.
Con la excusa de que hay que recortar gastos se ha reducido la financiación a la universidad pública y se están aprovechando los recortes para concederle un papel mucho más determinante aún en toda la actividad universitaria a la evaluación de la actividad investigadora del personal universitario, que en España se realiza desde hace años mediante los llamados sexenios (unos complementos salariales que nacieron para retribuir la productividad investigadora y que se han convertido en medida de su “calidad”) y los procedimientos de acreditación que llevan a cabo las agencias de evaluación nacional o autonómicas.
Yo soy totalmente partidario de que se evalúe la actividad docente e investigadora de los universitarios. Y de hecho, cuando fui vicerrector de ordenación académica y profesorado de la universidad de Málaga entre 1987 y 1990, puse en marcha uno de los primeros procedimientos de evaluación que se realizaron en España, tanto en los dos primeros ciclos como en el doctorado.
Pero lo que ahora se está produciendo es un verdadero control político del conocimiento cuando se empiezan a establecer las nuevas obligaciones docentes (horas de clase) o cuando se hace depender la participación en comisiones de selección, la dirección de tesis doctorales o la promoción a las diferentes categorías contractuales o del funcionariado, entre otras cosas, en función de los sexenios o de la acreditación conseguidos en procesos de evaluación que, sobre todo en algunas áreas del conocimiento, son claramente arbitrarios y muy sesgados ideológicamente.
En España, como en otros países, estos procesos se basan originalmente en criterios puramente cuantitativos que simplifican al extremo la valoración de la producción científica, reduciendo o eliminando por completo cualquier atisbo de debate o controversia sobre su calidad efectiva, mediante la aplicación de índices que solo pueden tener en cuenta (en el mejor de los casos) el número de publicaciones más o menos ponderado por rangos no menos discutibles referentes a las revistas donde aparecen, y el número de citas.
Los efectos de este tipo de evaluaciones son claros. Los investigadores, en lugar de tener como objetivo de su actividad científica el descubrir nuevos conocimientos, han de orientarla necesariamente a obtener el mayor número de publicaciones consideradas como valiosas por dichos indicadores. Así ha de ser, pues de ello va a depender su financiación, su promoción profesional, su capacidad de decisión y su incardinación en la academia o incluso las horas de clase que van a tener que impartir.
Ese incentivo perverso tiene multitud de efectos negativos. Así, se promueve la firma colectiva como práctica oportunista para lograr más y más rápidas aportaciones susceptibles de ser valoradas positivamente aunque en la mayoría de las ocasiones eso no responda ni a la realidad de la actividad realizada por cada investigador, ni a necesidades de división del trabajo científico que se realiza.
Además, la exigencia de multiplicar al máximo la publicaciones lleva a que resulte más rentable a los investigadores el dedicarse a ‘versionar’ sin descanso un trabajo, descubrimiento o planteamiento o modelo original a base de introducir muy pequeñas variaciones posteriores que se dirigen a diferentes revistas, sin que ninguna de ellas suponga alguna novedad importante o un incremento efectivo del conocimiento.
Un estudio realizado en Francia al respecto ha mostrado claramente que aunque el número de publicaciones en el área de economía se ha triplicado desde la mitad de los años 90 del siglo pasado no puede decirse que haya mejorado sustancialmente su calidad (Bosquet, C., Combes, P-Ph., y Linnemer, L., “La publicationd’articles de recherche en économie en France en 2008. Disparitésactuelles et évolutionsdepuis 1998″. Rapportpour la Directiongénérale de la recherche et de l’innovation, DGRI, 2010).
Cualquier investigador que se comporte con un mínimo de racionalidad en este régimen de evaluación debe consagrar mucho más tiempo y esfuerzo a multiplicar las publicaciones preparando diversas versiones y a estar presente allí donde se puede conseguir influencia o redes que faciliten la publicación, que a investigar. Y así resulta que estos métodos de evaluación, aparentemente encaminados a medir la productividad y la calidad académica, incentivan comportamientos que limitan ésta última y que se basan en un sentido claramente distorsionado de la primera. No reflejan la productividad como una mayor capacidad de aportar conocimiento efectivo sino como la de colocar menores dosis de él en mayor número de publicaciones. Se promueve la productividad “publicacional”, si vale el barbarismo, que no tiene mucho que ver en estas condiciones con la productividad científica.
La evaluación cuantitativa de los resultados del conocimiento tiene otro efecto no menos negativo. Para poder llevarla a cabo es por lo que se ha ido limitando a tomar en consideración los artículos publicados en revistas, que pueden ser jerarquizados y catalogados en función de dónde se publiquen, en detrimento del conocimiento publicado en libros o cualquier otro tipo de monografías, que hoy día no tienen prácticamente valor alguno, o muy escaso, a la hora de acreditarse o de ser evaluado para recibir sexenios.
Las consecuencias de esto último son variadas. Una es que los investigadores que quieran ser evaluados positivamente solo deben abordar temas que se puedan exponer en el espacio reducido y en la forma convencional que se suele establecer en las revistas. Tienen que renunciar así a exponer pasos intermedios, derivaciones de sus análisis, matices y, sobre todo, las dudas y preguntas y las cuestiones transversales y sintéticas que cada vez son más necesarias para poder conocer la realidad, pero que es casi imposible trasladar a los espacios muy especializados y por definición más cerrados, en todos los sentidos del término, de las revistas.
La generalización de la publicación en revistas ha estandarizado la expresión del conocimiento y el conocimiento mismo al establecer no solo el encuadre formal de los textos sino los contenidos, los enfoques, e incluso los postulados e hipótesis de partida “convenientes” en cada una de ellas, de modo que salirse de ese saber establecido conduce de modo prácticamente inevitable al ostracismo y a la imposibilidad de ser evaluado positivamente, pues es seguro que no se podrá publicar en las revistas que sirven de referencia como de mayor calidad e impacto.
Es por eso que el poder de evaluación efectivo recae en última instancia en los equipos que mantienen y evalúan las publicaciones en las revistas que encabezan los ranking de las más destacadas: las que están formadas por miembros de los departamentos y grupos de investigación más destacados, que son aquellos cuyos miembros publican en las revistas más destacadas. Así se crea un círculo vicioso de conformismo y de redes de autentico clientelismo en donde es muy difícil que penetre la luz de enfoques novedosos, alternativos o contrarios a lo que habitualmente se publica en esas revistas por los autores solo de aquello que sus evaluadores consideran que es publicable, y que lógicamente nunca podrá ser diferente de lo que sostienen o defienden. ¿Cómo tratar de publicar en una revista si el autor o autores no se ajustan a los criterios de publicación o enfoques normalizados que mantiene?
En definitiva, el predominio de este tipo de evaluación ahoga la disidencia, la duda, la innovación, la ruptura con el saber establecido…, es decir, justo los factores que sabemos perfectamente que han sido siempre los que han promovido realmente el conocimiento y los que han hecho que de verdad avance la ciencia.
Lógicamente, no puede ser muy ajeno a todo ello el hecho de que la gestión de los trabajos que se incluyen en el ‘Journal Citation Reports’ (JCR en la jerga de los investigadores) que sirve como base de referencia sacrosanta de la evaluación cuantitativa esté controlado por una sola y poderosa multinacional, Thompson Reuters, o que estos métodos de evaluación se hayan comenzado a aplicar con especial disciplina en ciencias sociales, y muy especialmente en economía, justo en los años en que se vienen imponiendo las políticas neoliberales. No es casualidad que éstas se justifiquen con el paradigma neoclásico que predomina en las publicaciones de las revistas mejor consideradas y lo cierto es que pueden aplicarse más cómodamente en la medida en que eludan más ampliamente la crítica social. Lo que puede conseguirse cuando el pensamiento económico y social en general se hiperespecializa y pierde el contacto con la realidad al desarrollar un tipo de conocimiento encerrado en sí mismo, abstracto y completamente ajeno a la complejidad e interconectividad que tienen los fenómenos económicos y sociales.
Ahora bien, si en casi todo el mundo viene ocurriendo todo esto, en España la situación es mucho más grave porque los procesos de evaluación son opacos y ni siquiera los criterios cuantitativos se aplican objetivamente sino a nuestra carpetovetónica manera clientelar y corrupta.
Aquí predomina una arbitrariedad constante que da lugar a decisiones contradictorias, a resoluciones caprichosas y sin fundamento alguno, que muchas veces no pueden disimular que se toman ad hoc o incluso ex post de haber decidido el resultado. En el caso particular de la economía, que mejor conozco, se han hecho fuertes grupos de poder de clara significación ideológica o al menos, por decirlo más sutilmente, de evidente connivencia paradigmática, que aplicando este tipo de criterios van consolidando una forma de investigar conservadora y uniformada que poco a poco va dejando fuera del juego académico a quienes optan por generar cualquier otro tipo de conocimiento o por difundirlo a través de otras publicaciones, cuyo impacto, por cierto, suele mucho mayor, la mayoría de las veces, que el de las revistas convencionales.
Al igual que pasa fuera de España, la producción bibliográfica mejor valorada en economía presenta, eso sí, una gran variedad de temáticas, pero una extraordinaria homogeneidad que se traduce en un gran irrealismo y abstracción, en una gran coincidencia en las perspectivas de análisis y en la asunción de conclusiones que terminan justificando un mismo tipo de políticas.
Es por eso que puede afirmarse que la imposición de este tipo sesgado de evaluación, en todos los campos del saber científico pero sobre todo en los que tienen más que ver con juicios de valor y con las diferentes preferencias sociales, como la economía, es un claro intento de control (político) del conocimiento que se acelera en estos momentos gracias a la oportunidad que proporcionan los recortes asociados a las políticas de austeridad.
Los resultados de son tan paradójicos y significativos como el que mencionaba recientemente el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, Holm-DetlevKöhler: la investigadora Saskia Sassen que acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, “una de las científicas más importantes de nuestra época, no ha conseguido ningún sexenio, ninguna acreditación, frente a los criterios de nuestras agencias de evaluación, que anteponen siempre el mismo criterio: tres publicaciones JCR (Journal Citation Reports) en los últimos cinco años. Sassen no tiene ni una, sino que ha publicado libros e informes, fruto de proyectos de investigación de verdad y referencias fundamentales para académicos comprometidos, ha publicado numerosos artículos en medios de gran difusión, etc., pero se ha resistido a la práctica de inflar su currículum con artículos estandarizados sin interés ni lectores, más allá de círculos de amigos de citación mutua”.
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La precarización de los salarios de funcionarios municipales

Actualmente, está en marcha el Anteproyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una buena coartada con la que el Gobierno pretende debilitar el ámbito que acercaba a la ciudadanía los servicios públicos.

Hemos llegado a un punto con los políticos en que hay que interpretar lo que dicen con unas claves que desenmascaren las trampas con las que se puede encubrir la verdad a través de las palabras. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que defendernos de estas agresiones identificando lo que se esconde y oculta tras los discursos normalizadores, naturalizadores y simplificadores. Apelar a la racionalización, a la sostenibilidad o a la eficiencia de los servicios municipales nos lleva a interpretar y tratar de traducir la verdadera motivación que se esconde tras el uso de estos términos: la privatización y venta de todo lo que pueda ofrecerse a los intereses del mercado. Este es el caso de los Servicios Sociales, más necesarios que nunca en un contexto de crisis como éste pero, actualmente, amenazados de traspaso a las Comunidades Autónomas sin financiación, lo que los puede dejar en una gran situación de vulnerabilidad. Esta situación la aprovecharán las grandes empresas dispuestas a hacer negocio con las necesidades sociales y las organizaciones benéfico-asistenciales ligadas a la Iglesia, una institución cada vez más protegida por los Gobiernos del Partido Popular.

Con esta reforma se pretende aprovechar también la ocasión para precarizar los salarios de los empleados municipales, recortando su complemento específico. Ya se ha anunciado en los medios de comunicación que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Madrid, lo que afectará a 29.000 empleados públicos de la capital.

Hay muchas diferencias en el diseño, orientación y gestión de las políticas entre Comunidades Autónomas, no sólo en los complementos específicos de sus empleados públicos municipales. Los referidos complementos no se pueden homologar, teniendo en cuenta que están relacionados con la dificultad, dedicación, especialización o peligrosidad de cada puesto. Este concepto salarial, además, es con el único con el que han podido negociar los sindicatos para defender unos salarios dignos de estos empleados a lo largo del tiempo. Disminuirlos ahora más, cuando ya han sido recortados en estos últimos años, supone un atentado a su dignidad.

Desde la economía crítica se ha señalado muchas veces los bajos salarios que arrastra este país y el estancamiento que sufren los salarios reales desde hace muchos años como consecuencia de su punto de partida y del aumento del coste de la vida. Una vez más, la medida que ahora se pretende está cargada de ideología, ya que forma parte de la estrategia del poder político para debilitar el ámbito municipal; en este caso, hostigando y debilitando a los empleados municipales. Todo ello supondrá un pequeño ahorro en el gasto público, pero sobre todo es un paso más en el adelgazamiento de todo lo público. Con ello, se quiere debilitar también la capacidad de respuesta política tanto de los empleados, que cada vez están más en el punto de mira del gobierno, como de los ciudadanos, que tendrán mucha más dificultad para participar en la vida pública y para exigir sus derechos.

El verdadero ahorro se conseguiría si se pusieran los medios para reducir las plantillas municipales creadas artificialmente con puestos de confianza (no con empleados públicos) por algunos alcaldes megalómanos, tal como hizo Alberto Ruiz Gallardón en el año 2.004, cuando decidió aumentar exponencialmente la estructura municipal madrileña para que fuera un nicho de colocación de sus amigos de la Comunidad de Madrid (en el origen de su mandato al frente del Ayuntamiento de la capital) y ahora, de cualquier miembro del Partido Popular. Son muchos los puestos que se han conseguido a través del procedimiento de “libre designación”, un modo opaco que evita la valoración objetiva de méritos. Ahí es donde se encuentra el verdadero “agujero” económico de los gastos de personal, ya que precisamente estos cargos tienen la masa salarial más alta en el escalafón de los salarios municipales públicos.

Se pueden establecer medidas homogeneizadoras con ciertos criterios de cara al futuro, pero aprovechar la actual coyuntura de crisis económica para atacar a los funcionarios y otros empleados públicos con la justificación de buscar una mayor equidad entre los empleados de las distintas Comunidades Autónomas igualando a la baja dichos salarios, supone un verdadero ataque a los derechos de quienes están sirviendo a la administración municipal. Primero se les criminaliza tachándoles de vagos e ineficaces, y ahora se justifica su precarización salarial, transmitiendo que muchos de ellos ganan demasiado dinero.

No olvidemos, en fin, que disminuyendo los salarios se está apoyando la pérdida de poder adquisitivo en las futuras pensiones, lo que pondrá en riesgo a este colectivo de servidores públicos pero beneficiará —sin duda— a las grandes compañías aseguradoras de pensiones.

Pilar Martín y María Flores

EconoNuestra.

Público.es

http://blogs.publico.es/econonuestra/2013/05/22/la-precarizacion-de-los-salarios-de-funcionarios-municipales/

Agua: "Del grifo al maletín "

El río que nos lleva hacia la privatización

Las denuncias por las concesiones de agua por parte de las administraciones llegan a los grandes del sector, Suez y FCC.

Una subida del 30% en Huelva; del 75% en La Unión (Murcia) y del 70% en Avilés (Asturias) en el último año. De norte a sur, la factura del agua se dispara, especialmente unos meses antes de la adjudicación del servicio o de parte de éste a empresas privadas, o en los años siguientes a la adjudicación. En Barcelona el agua subió tres veces en 2012.En Madrid, donde opera el aún público Canal de Isabel II, la subida en la factura en 2012 llegó en algunos casos hasta el 30%.

La falta de transparencia explica sólo a medias la disparidad en el acceso a este recurso común en las principales ciudades del Estado. Así, mientras en municipios como Lugo o Palma de Mallorca la cuota fija por el suministro de agua es de 9,4 euros cada tres meses y 9,2 euros cada dos y el primer tramo de consumo no llega a los dos céntimos por metro cúbico en el primer caso, en Almería, donde opera la empresa Aqualia, la cuota de servicio asciende a los 17 euros cada 60 días, y en Alicante, donde el servicio depende de la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, la factura del agua contempla una cuota fija mensual de 7,21 euros.

Charcos de ‘knowhow’

Desde 1996 hasta 2006, el porcentaje de población abastecida por sistemas de gestión privada de servicios de agua ha pasado del 37 al 53%, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que calcula que a finales de este año el 57% de la población española dependerá del sector privado para abastecerse de agua.

Mientras el modelo de Chile, primer lugar de ensayo del modelo de privatización del agua, suponía la venta a grandes empresas de los acuíferos del país y el de Reino Unido, con Margaret Thatcher, ponía en manos privadas las infraestructuras relativas al servicio del agua, en España se ha generalizado un tercer modelo de privatización, también implantado en sanidad: el partenariado público privado (PPP), que supone la privatización de la gestión del servicio por medio de concesiones administrativas a cambio de una determinada cantidad de dinero, el llamado canon concesional. “Es un modelo mucho más sofisticado políticamente. Permite entrar levantando un mínimo de sospecha o reacción social, y buena parte de la izquierda, por ignorancia, incluso lo ha terminado impulsando”, detalla a DIAGONAL Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza.

En la mayoría de los casos la concesión del servicio del agua se realiza a través de la creación de una empresa mixta en la que la estructura existente, municipal, metropolitana, o regional mantiene el 51% de las acciones frente al 49% que se apropia el capital privado. No obstante, es este último el que ejerce un control efectivo sobre la empresa mixta, explica Arrojo: “Siempre hay una cláusula en la que se argumenta –en nombre del know-how y el savoir faire, es decir, de la complejidad tecnológica-, que la responsabilidad gestora de la empresa mixta va a ser del socio minoritario, de manera que éste, el privado, pasa a tener un control efectivo, no por la mayoría accionarial, sino por el control de la información”, expone Arrojo. Este mando efectivo deriva en el control de las compras y adjudicaciones relacionadas con este servicio, que terminan recayendo de forma automática en filiales del mismo grupo privado. Esto, explica este portavoz de la Red Agua Pública, genera una espiral de beneficios que quedan encubiertos entre los costes de la empresa y que se ve reforzada por una tercera clave en este tipo de negocios, el largo periodo de concesión del servicio, que suele oscilar entre los 20 y 40 años. La rescisión del contrato puede suponer un coste hasta 15 veces mayor al canon pagado al Ayuntamiento por parte de la empresa y, en ciudades como Girona, la empresa privada ha puesto en marcha infraestructuras cuando terminaba la concesión para que se produjese su renovación automática. “Es como vender barata tu primera residencia para después alquilarla cara”, define Arrojo.

Suez, La Caixa y FCC

En la gestión del agua, sea ésta pública o privada, hay un “monopolio natural”, ya que dicha gestión se produce a través de un único operador. Casos como el del Canal de Isabel II, que en 2011 obtuvo 135 millones de beneficio, demuestran la rentabilidad del control del acceso al agua. Quien abre el grifo se convierte en cliente cautivo –no puede elegir quién le presta el servicio y ese monopolio natural da paso a una competencia en la que el pez grande se come al chico. A nivel global, dos grandes grupos controlan la porción creciente de servicios privatizados de agua. Veolia, antes grupo Vivendi, y Suez Environment copan dos tercios del mercado mundial, en el que aún es mayoritaria la gestión pública o comunal del recurso. En el Estado español, Aqualia, propiedad del grupo constructor FCC, gestiona más de 850 concesiones y recientemente ha obtenido licencias por valor de 1.100millones de euros. Entre los últimos contratos de FCC destacan la gestión integral del ciclo del agua en Jerez de la Frontera y la prórroga de la concesión en Girona.

En segundo lugar por volumen de negocio en la península aparece Aguas de Barcelona (Agbar), en la que el grupo Suez y La Caixa se reparten las acciones en una proporción 75-25%. Este grupo opera por medio de Aquagest, que a su vez está dentro del grupo Aquology, que participa en mercados como el de la seguridad, los campos de golf, la energía, la química o el papel. Tanto Suez como FCC, que mantiene una alianza en Latinoamérica con Veolia, continúan su expansión internacional, aunque el mercado europeo supone más de la mitad de su negocio.

La llamada guerra del agua en Catalunya, que ha abierto una brecha en CiU, es una muestra de la competencia por el territorio. Esa guerra tiene dos batallas. La primera es la que se libra en torno a la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat a Acciona, impugnada por Agbar-Aquagest. El segundo frente está abierto en el área metropolitana –el primero en tamaño de Catalunya– desde que un usuario con el agua cortada, a quien Agbar reclamaba un pago de 6.000 euros, denunciara a esta empresa centenaria. El juez Eduardo Paricio, quien posteriormente ha participado en distintas actividades de la Fundación Agbar y ha intervenido decisivamente en el caso Ter-Llobregat, dictaminó que no existía relación contractual entre el área metropolitana de Barcelona y Agbar para la prestación de este servicio. Tras el escándalo derivado de este pacto no escrito –y de larga duración – la empresa opera desde una empresa mixta, Aguas de Barcelona Empresa del Ciclo Integral del Agua. La organización Ingeniería Sin Fronteras ha presentado un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que se denuncian indicios de prevaricación y apropiación indebida, como explica a este periódico uno de sus portavoces, Eloy Badía. En los juzgados se encontrará con más de media docena de contenciosos relacionados con ese caso.

Agbar ha anunciado que va a abrir otro frente contra la Generalitat por daños y perjuicios tras la adjudicación a Acciona del servicio en Aigües Ter-Llobregat; a su vez, el Gobierno catalán ha presentado un recurso contra el órgano administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, formado por un solo ejecutivo dependiente de la Generalitat, después de que éste impugnase la adjudicación al grupo de Entrecanales, lo que deja en suspenso el concurso. Si no hay pacto entre los actores implicados, los  tribunales determinarán en los próximos años si es legal una adjudicación que permitió a Andreu Mas-Colell, responsable de Economía de la Generalitat, “suavizar” la cifra de déficit en 2012, ya que contabilizó como ingresos los 995 millones que Acciona prometió en concepto de inversiones.

La gestión de las empresas del grupo Agbar también ha salido a la palestra tras las revelaciones en torno a dos tramas de corrupción en la cornisa cantábrica, los casos Pokemon y Manga. La justicia investiga las concesiones en Llanes (Asturias) y Ourense. Eloy Badía resume la cadena de acontecimientos que rodean los procesos de privatización: “Un municipio con las arcas vacías ve que puede vender o que puede especular, y el agua pasa a convertirse en un activo financiero. Se produce una privatización por un precio de entre 30 y 50 millones. Se suben las tarifas unos meses antes de cambiar de manos el servicio y a cambio se produce la entrega de un maletín. El resto se va dando a lo largo de la concesión”. El recurso al dinero fácil del agua está prohibido por la directiva marco del agua vigente en Europa, ya que el beneficio obtenido por las administraciones locales debe reinvertirse en el llamado ciclo del agua, que contempla factores de sostenibilidad medioambiental. 

En 2011, 39 ciudades españolas de más de diez mil habitantes fueron denunciadas por no depurar sus aguas residuales urbanas en zonas acondicionadas. Además, de este a oeste se suceden las denuncias por la falta de declaraciones de impacto ambiental en decenas de infraestructuras para el transporte del oro azul. Sin embargo, el beneficio empresarial baja por otro río: “Hasta hace unos años se consideraba que uno no se ganaba la vida con este recurso, ahora están llegando a unos volúmenes de 300 millones de beneficios anuales, y sólo la matriz, sin contar las filiales”, explica Badía. “Es un negocio de alta rentabilidad – explica PilarDiego, de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda – entre otras cosas porque no tiene apenas morosidad”. En este municipio de Ávila de 5.000 habitantes, que recibe el agua directamente de la sierra de Gredos, la concesión del servicio ha sido impugnada porque uno de los tres ingenieros que resolvieron el concurso de adjudicación había trabajado en la empresa que se llevó el gato al agua, Aqualia, que opera también en la capital de provincia. El caso está en los juzgados y la plataforma contra la privatización también anuncia acciones legales tras realizar diversos actos informativos y una manifestación a la que acudieron más de un millar de personas. Como explica Pilar Diego, una vez se entra en la trampa, los municipios comienzan a generar deuda con la concesionaria. “Aquí se pagan 17 euros cada seis meses. La empresa va a pasar a cobrar trimestralmente y espera recaudar como mínimo el doble”. Diego considera que en la gestión pública hay cosas que mejorar, pero hay vías que se pueden poner: “El objetivo no es el beneficio económico, sino el beneficio de la ciudadanía”, concluye.

Remunicipalización

Casos como el de Candeleda muestran la aceleración de una tendencia que se no se traslada a otros territorios, donde la gestión sigue siendo pública, a través de consorcios, o mancomunada. La expansión de la Directiva de Servicios Europeos y la ley de Administración Local está generando un efecto de concentración en torno a las entidades administrativas más grandes. En abril se ha sabido que el Canal de Isabel II ha hecho una oferta para obtener la concesión del servicio de aguas de Lanzarote durante 30 años. El Ejecutivo de Ignacio González asumirá el 60% de la inversión (63 millones de euros) y el resto (42 millones de euros) vendrá por créditos bancarios. La Plataforma por la Defensa del Canal de Isabel II de Madrid critica la “aventura empresarial” del Ejecutivo regional, que “pueden pagar caro los ciudadanos madrileños si fracasara la operación” e incrementará la tarifa en Lanzarote un 1% más que el IPC a partir de 2016, después de que el Consorcio del Agua aumentara hasta un 40% las facturas en 2012.

En paralelo a este proceso de concentración y privatización del servicio del agua, otra tendencia está ganando peso. “Se está dando un fuerte proceso de remunicipalizacion”, explica Luis Babiano, de Aeopas, que señala cómo Francia, la cuna del modelo PPP, comenzó en 2010 el camino de vuelta al modelo público. En el Estado español más de 20municipios de Andalucía y Catalunya han abandonado el capital privado para volver a la gestión pública.

Plataforma Aiguaesvida

http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/2013/04/19/reportatge-del-grifo-al-maletin/

Ley Wert: Iglesia, empresa y democracia

Podría parecer que salir, actualmente, en defensa de la Escuela Pública resulta manida y hasta obsoleta tal actitud. Pero, no. Es decir, repetir que una escuela pública, laica y de calidad para todas y todos, además de gratuita, democrática, participativa, integradora, e igualitaria y que solo con ella y así, se conseguiría tener una garantía de integración y cohesión social, no solo no está desactualizada, sino que es urgente volver a decirlo alto y claro.

El Proyecto de Ley, la LOMCE, que el gobierno del PP, de la mano del inefable Wert, quiere convertir en el futuro modelo por el que se regirá la enseñanza pública en España, hace que se tenga que volver a recordar y a defender los principios básicos expuestos.

En mi opinión, dos son, entre otros, los aspectos que hacen vislumbrar una educación pública puesta al servicio no precisamente de todas las personas con derecho a una educación pública de calidad. Me refiero: 

a) la enseñanza de la religión en la escuela pública y b) la función integradora y democrática que debe de tener.

La regulación de la enseñanza de la religión en la escuela ha suscitado en España controversias y no pocos enfrentamientos a lo largo de los últimos años. 

Como cabía esperar, la mayoría absoluta del PP, y la anterior dejación de las otras mayorías que hubo (PSOE) y la buena vecindad de los gobiernos de Zapatero con la Iglesia Católica, ha vuelto a reabrir un nacionalcatolicismo que, en mi opinión, no había desaparecido, pero que ahora, en buen lógica de la derecha, se recrudece. La polémica gira, como siempre, en torno a la cuestión sobre qué lugar debe ocupar la religión en los centros de educación pública. ¿Debe formar parte del currículo escolar la enseñanza de la religión? Y, si formase parte, con qué carácter ¿confesional o aconfesional? A mi juicio, el debate es falso. Lo único que cabe decir es que en el marco de una Estado aconfesional la religión como asignatura (voluntaria o no) sobra en el currículo de la Escuela Pública y por añadidura, con ella, el profesorado que mediante el único “mérito” de ser señalado por el obispo de turno se introduce como enseñante en la educación pública. Sería, de una vez y por todas, la hora de una escuela libre, democrática, laica y justa. De otra manera, el Estado abandona sus competencias educativas para dejarlas en manos de la iglesia católica en todo lo relativo a determinación del currículo, aprobación de libros de texto. Etcétera.

Para avanzar hacia el Estado laico y, así, respetar la libertad de conciencia de alumnos y alumnas, y por extensión, de todos los ciudadanos, se necesita, sin lugar a dudas, una reforma de la Constitución que dictamine el carácter laico del Estado; una revisión total de la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980; y tal vez, lo primero de todo, la anulación de los Acuerdos entre el Vaticano y el Estado español. Mientras se continúe como ahora, se seguirá retrasando el momento de tener un estado moderno y europeo. 

El anteproyecto de la LOMCE elimina, de facto, los derechos efectivos a la libertad de conciencia y libre elección de todos los ciudadanos. 

En lo referente a la conexión educación-empresa el preámbulo de la LOMCE, que modifica la LOE, considera a la educación como una actividad orientada principalmente a incidir en el sistema productivo desde dos perspectivas que, reflejadas con claridad posteriormente, son: espíritu “emprendedor” y formación para el empleo; es decir, en ningún caso considera la educación como un bien público, un derecho universal que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos. En Román Paladino y para entenderse: formar, instruir para ser buenos actores sumisos en el sistema de producción capitalista y de consumo. Un ejemplo que corroboraría lo dicho es la supresión de materias que no son susceptibles de “producir”, pero que sí serían educadoras de sentido crítico y sensible, me refiero a la Filosofía o a la Educación para la Ciudadanía. Así, ese querer formar “emprendedores”, digamos empresarios, hace peguntarse si todo el alumnado tendrá las mismas oportunidades, al margen de su estatus social o de sus capacidades. 

No es pesimismo pensar, insistiendo en la función integradora que la enseñanza pública debe tener, que la disminución de un año del itinerario común y el adelantamiento de la opción por el Bachillerato o la Formación Profesional sean un filtro clasista. Que esto pueda ser así, lo hace prever que la FP se vaya a desarrollar no tanto en centros educativos como en grandes empresas, que tendrán de este modo una abundante, barata y precaria mano de obra. 

En lo relacionado con el funcionamiento democrático de los centros, la LOMCE modifica la LOE en lo relativo a los Consejos Escolares, que si ya tenían poco que decir ahora nada dirán ya que se introducen cambios sustanciales en las competencias de los mismos en el sentido de convertirlos en órganos consultivos en lugar de órganos de gobierno, hurtando la ya poca incidencia que la llamada comunidad escolar (profesorado, padres/madres y alumnado) tenían en lo que afecta a la vida y funcionamiento de los centros educativos. En el mismo sentido van los cambios orientados a reforzar el poder del Director del centro en general, y especialmente en la selección del profesorado.

Es fácil, pues, entender que "la mejora educativa” que el tal Wert quiere introducir en la educación española es una congruente apuesta por las élites sociales y económicas; es decir al resto: las clases trabajadoras, los inmigrantes, las personas sin recursos, que sus aspiraciones tienen un límite, que todos no somos iguales. Es una ley que entra de lleno en el debate político e ideológico, no tanto en el técnico ni en el exclusivamente pedagógico.

José Manuel Barreal San Martín

Mientras Tanto

http://www.mientrastanto.org/boletin-113/notas/ley-wert-iglesia-empresa-y-democracia

Las causas reales de los recortes

Uno de los argumentos que se dan con mayor insistencia para justificar las políticas públicas de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, es que los Estados se están gastando mucho más de lo que pueden hacerlo. Desde esta postura se argumenta que los gastos en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en escuelas de infancia y una larga lista de transferencias y políticas públicas del Estado del Bienestar han  alcanzado dimensiones que no son sostenibles para las arcas del Estado, sean éstas del gobierno central o de las Comunidades Autónomas (CCAA). De acuerdo con tal teoría, el gobierno español ha tomado la decisión de recortar nada menos que 39.000 millones de euros en 2013 que van a afectar muy negativamente a los componentes citados del Estado del Bienestar de España y de sus Comunidades Autónomas, incluyendo Catalunya. Los recortes impuestos por el gobierno central a las CCAA -que son las que gestionan la mayoría de los servicios públicos de tal Estado del Bienestar- representan un ataque frontal (y no hay otra manera de describirlo) a estos servicios públicos, que ya están entre los menos financiados de la UE-15, el grupo de países de nivel de desarrollo semejante al español, incluyendo el catalán. El gasto social (predominantemente público) por habitante en España y en Catalunya está entre los más bajos en tal comunidad. La media de la UE-17 (que es la UE-15 más Eslovaquia y Estonia) fue de 8.030 unidades de poder de compra en 2010, mientras que en España fue de 6.284 y en Catalunya de 6.563. Es decir, que tanto España en su conjunto como Catalunya gastan en protección social aproximadamente una quinta parte menos de lo que gastan los países con semejante nivel de desarrollo.

El argumento de que nos hemos estado gastando más de lo que podemos gastarnos carece pues de credibilidad científica. Mientras que el nivel de riqueza de España y Catalunya fue el 91% y el 110% del PIB del promedio de la UE-15 respectivamente, el gasto social por habitante fue sólo del 78% y del 82% del promedio de tal comunidad incluyendo también Estonia y Eslovaquia. Tanto España como Catalunya son lo suficientemente ricas como para gastar muchos más recursos de los que gastan en su Estado del Bienestar. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Los ingresos al Estado y a la Generalitat de Catalunya son más bajos de lo que les correspondería por el nivel de riqueza que tales países tienen. Mírese como se mire, el hecho es que los recortes no pueden justificarse porque nos gastemos demasiado.

La causa de tales recortes hay que buscarla en otro lugar. Y éste es, precisamente, en el enorme poder que las entidades financieras tienen, tanto en Catalunya y en España, como en la Eurozona, donde recae la responsabilidad por tales recortes. Veamos los datos. A la vez que el gobierno español quiere recortar 39.000 millones de euros, el mismo gobierno tiene pensado gastarse 38.589 millones de euros sólo en pagar los intereses de la deuda pública, intereses que han sido artificialmente elevados como resultado del diseño del sistema financiero de la Eurozona. Si el Banco Central Europeo (BCE), y antes el Banco de España, hubieran prestado desde 1989 al Estado español dinero a los mismos intereses a los que el BCE lo ha prestado a la banca privada, la deuda pública española sería hoy un 14% del PIB, en lugar del 90%. El Banco Central Europeo no es un Banco Central sino un enorme lobby de los intereses financieros. De ahí que preste dinero a un 1% a la banca privada y que sea ésta la que con este dinero compre bonos del Estado español a unos intereses del 6% y del 7%. Un negocio redondo y que la población paga a base de recortes y recortes del gasto público, incluyendo el social. Ésta es la razón de que haya tantos recortes. Y todo un tinglado ideológico se ha construido y promovido por los medios de mayor difusión a fin de justificar tal realidad. Así de claro.

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Público.es

http://blogs.publico.es/dominiopublico/6618/las-causas-reales-de-los-recortes/

 

Privatización y liberalización es igual a corrupción e ineficacia

A poco que se analice la cuestión, será fácil concluir que en España nunca han existido empresas públicas. Me dirán que sí, que Renfe, Telefónica, Campsa, Altos Hornos… Pero la realidad demuestra lo contrario. Veamos. Durante muchos años los gobiernos monárquicos gastaron enormes cantidades de dinero en montar una red ferroviaria radial e ineficiente. Fueron empresas francesas quienes las construyeron y explotaron en un primer momento, pero de sobra sabían que si la red no se completaba con otra concéntrica el negocio no sería rentable. Al poco tiempo, ante la huida de los inversores extranjeros, que ya habían hecho su agosto con la construcción, el Estado se tuvo que hacer cargo de las líneas, primero de las menos rentables, después de todas porque ninguna lo era. Así nació RENFE, y así nacerían la mayoría de las grandes empresas de titularidad estatal a lo largo del siglo XX, no para prestar un servicio público decente, sino para salvar a las oligarquías creando un monopolio en el que colocar durante décadas a sus hijos, nietos, cuñados, suegros, consuegros y primos en quinto grado de afinidad. Dato, Romanones, Allende-Salazar, Maura, Silvela o Villaverde dejaban la Presidencia del Consejo de Ministros y, de inmediato, tenían un lugar privilegiado en las empresas que luego se llamarían Campsa, Renfe, Telefónica o Minas de Rif para matar el aburrimiento, enriquecerse, colocar a los allegados y esperar la nueva llamada del rey para volver al Gobierno. A eso se le llamaba turno pacífico en el poder, un eufemismo para nombrar a un régimen esencialmente corrupto en el que toda la riqueza del país estaba supeditada al interés de unos pocos.

Al llegar la democracia, el Estado era dueño de un gran número de monopolios en cuyas altas esferas pululaban y mamaban miembros de las mismas familias que los habían constituido con el dinero de todos más los arribistas añadido por el glorioso alzamiento nacional. De modo que el “nuevo régimen” no heredó empresas públicas para prestar un servicio magnífico a los ciudadanos, sino empresas monopolísticas de titularidad estatal regidas por particulares para su propio beneficio. Una parte mayoritaria de las grandes fortunas españolas se fraguaron al calor de esos monopolios, al calor del sufrimiento de millones de españoles que soportaron pésimas condiciones laborales y un servicio nefasto. A nadie se le puede olvidar como funcionaba Renfe, Telefónica o Campsa en 1975, una verdadera calamidad nacional.

El “nuevo Estado” debió acometer la conversión de esos monopolios en manos de la oligarquía en verdaderas empresas públicas al servicio de los ciudadanos, y en cierto modo se hizo. La modernización y la mejora de los servicios fue visible en pocos años, hasta el extremo de que, salvo Renfe, lastrada por el pésimo diseño de la red y el fomento del automóvil, todas fueron privatizadas porque a los inversores privados les resultaba enormemente goloso quedarse con el monopolio del teléfono, la luz o los combustibles fósiles. También desapareció la banca pública –recordemos Argentaria, uno de los bancos más rentables del país- y a finales de los noventa se inició el proceso de privatización de la Sanidad y la Educación en comunidades como Madrid, Catalunya o Valencia, pero en estos casos una privatización muy particular porque todos los costes seguían figurando en los presupuestos del Estado, mientras los beneficios sólo en las cuentas corrientes, normalmente opacas al Fisco, de los beneficiados con tan pingüe chollo.

La privatización de Telefónica –sirva como ejemplo de la eficacia y pureza de las leyes del mercado- fue acompañada de la “liberalización” del sector de las telecomunicaciones, permitiéndose que otras compañías pudiesen prestar los servicios que hasta entonces estaban reservados a la compañía de titularidad estatal. Ahora tenemos un montón de operadoras, no sé cuantas ni me importan, pero no tenemos un sitio físico dónde reclamar, no recibimos, como parte del Estado que somos en tanto ciudadanos y contribuyentes, los beneficios extraordinarios que genera el negocio, el servicio es cada día peor y la indefensión del usuario mayor. Si a eso añadimos que, como en los viejos tiempos, en su cuadro directivo siempre hay un lugar reservado para los desahuciados de la actividad política, hemos hecho un pan con unas hostias. Igual se puede decir de Endesa, Repsol, Gas Natural, Argentaria –hoy BBVA-, Red Eléctrica, Iberia y los cientos de empresas que sin llegar a ser públicas de verdad han pasado al sector privado. Favor con favor se paga. Sin embargo, la única empresa que ha mejorado sus servicios de forma extraordinaria ha sido la que hasta ahora no ha podido ser privatizada por los problemas de origen antes explicados: Renfe. Pensar hace unos años que un tren prestase un buen servicio y llegase puntual en España era tan utópico como pensar hoy que Rajoy sepa algún día el significado de la palabra democracia.

Y es que se privatiza muy bien cuando detrás de la privatización están los presupuestos del Estado si la cosa no es demasiado rentable, o sí es rentable, la decisión de un gobierno cuyos miembros saben serán recompensados después con todos los manjares que dios creó para los privilegiados en esta tierra maravillosa. De modo que, visto el éxito personal de las privatizaciones de las empresas de titularidad pública, deciden atacar con toda la tropa y acometer la entrega al lucro privado –con los presupuestos del Estado detrás- de la Sanidad, la Educación y la Vejez. ¿Por qué? ¿Es malo nuestro Servicio Nacional de Salud? Excelente hasta hace unos días, uno de los mejores del planeta. ¿Funciona mal la Educación Pública? Tiene a los mejores profesionales y cuando se le dan medios es infinitamente mejor, más libre, más justa y menos segregadora que la concertada que vive del presupuesto, es confesional y excluyente. ¿Y el sistema de pensiones, está mal gestionado por los funcionarios públicos? En absoluto, a día de hoy todavía tiene 60.000 millones ahorrados, aunque en cualquier momento pueden volar sin previo aviso por decisión de sus enemigos depredadores. ¿Entonces? Bien sencillo, por qué va usted, o yo, a tener derecho a ser asistido, educado o pensionado igual que un hijo de Rajoy o de Botín, por qué hay que mantener una esperanza de vida media que está entre las más altas del mundo, por qué vamos a privar a la oligarquía de la enorme alegría pecuniaria de recibir ese magnífico botín? Lo gestionarán mejor. Sí exactamente igual que Endesa, Telefónica, Repsol y demás, ya lo ve usted día a día.

Los procesos de privatización iniciados en España cuando por primera vez las empresas de titularidad estatal comenzaban a ser verdaderas empresas públicas eficaces al servicio de la ciudadanía, están en el origen de todas las corrupciones que hoy nos asolan porque cuanto se vende algo que es de todos sin que exista motivo alguno para ello, ya que da beneficios sociales y económicos, se hace porque sectores privados quieren apropiarse de la cosa para lucrarse de forma desmesurada y segura, y es en ese momento cuando el dinero fluye en cantidades inmensas hacia los centros de poder, llámense municipios, comunidades o Estado. La liberalización o desregulación es el marco “legal” abonado para que esas prácticas mafiosas puedan ocurrir y multiplicarse de modo exponencial. Es por ello que privatizaciones, externalizaciones, concesiones y demás chanchullos putrefactos y antisociales deberían estar prohibidos por la Constitución. Tendríamos entonces unos servicios públicos excelentes, perfectamente asumibles y los corruptos se verían abocados a buscar otra cloaca.

Pedro L. Angosto

Nueva Tribuna

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/privatizacion-y-liberalizacion-es-igual-a-corrupcion-e-ineficacia/20130221090748088594.html

¿Quiénes y cómo quieren vender la sanidad a costa de nuestra salud?

El actual proceso de contrarreforma neoliberal de la sanidad representa una involución radical en nuestro modelo sanitario, un verdadero golpe de estado contra la sanidad pública. Muchas son las preguntas a hacernos: ¿Es mejor la sanidad privada que la pública?, ¿cuáles serán las consecuencias de la privatización?, ¿quiénes son los mercaderes y “vendedores” de nuestra sanidad?, ¿qué objetivos y estrategias están utilizando?, ¿cómo defender la sanidad pública?

Tal y como muestran gran número de estudios, la sanidad privada es más desigual, menos eficiente y tiene peores resultados que la pública. Por ejemplo, un estudio comparativo de hospitales privados con y sin afán de lucro en 26.000 hospitales y 38 millones de pacientes concluyó que la mortalidad fue mayor en los hospitales que se lucraban. Sabemos que los hospitales privados seleccionan a los pacientes, cobran por acto médico, realizan pruebas e intervenciones innecesarias y dan altas prematuras. La gestión privada no sólo es más cara sino que sus ganancias se basan, sobre todo, en ahorrar en recursos y personal, ofreciendo bajos salarios y condiciones de empleo precarias, lo cual afecta la salud de los trabajadores de la salud y daña la calidad de la atención sanitaria. La privatización de la sanidad rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social y abre paso al clasismo y la discriminación produciendo desigualdades injustificables. Todo ello producirá un modelo de sanidad “trifásico”, a tres niveles: una sanidad de pago para los ricos y la clase media que pueda pagarla, una sanidad pública con servicios mínimos y baja calidad para la clase trabajadora y una clase media empobrecida, y una sanidad de beneficencia para las personas en situación de pobreza y marginación.

Los principales mercaderes de la sanidad son el poder económico representado por las grandes empresas aseguradoras y los oligopolios de una industria farmacéutica-biomédica-tecnológica sanitaria que trabaja sin descanso para ampliar un modelo sanitario cuyo potencial de negocio es enorme. Empresas como Capio Sanidad, el Grupo Ribera Salud, USP, Sanitas, HM Hospitales, entre otras, invierten y compiten por consolidar sus intereses privados y ampliar sus beneficios económicos. El pastel a repartir al mejor postor es de miles de millones de euros. Junto a las empresas, otros “presuntos” implicados en el proceso son las elites políticas y gestores de partidos como el PP, CiU e incluso del PSOE, que velan por sus intereses personales y de clase inmediatos, siendo dependientes financiera, ideológica y psicológicamente de los poderes económicos. La connivencia se refleja en valores e intereses compartidos y en prácticas de clientelismo y “puertas giratorias” con favores políticos, pagos y salarios irregulares, y adjudicaciones sin concurso. Un ejemplo es el de la Generalitat de Catalunya, donde Boi Ruiz, Conseller de Salut desde finales de 2010, ha sido director y presidente desde 1994 de Unió Catalana d’Hospitals, la patronal sanitaria que agrupa a más de 100 entidades. Un ejemplo de su lealtad para promover la entrada de capital privado en la sanidad pública se refleja en el informe de principios de 2011 realizado por la consultora PwC para la Generalitat de Catalunya. En él se detalla la propuesta de privatizar y mercantilizar la sanidad: ambulancias, laboratorios clínicos, emergencias médicas, institutos tecnológicos, hospitales, centros de atención primaria… Se puede decir más fuerte pero no más claro. Por último, otros beneficiarios del proceso privatizador son los “vendedores”, los cuales incluyen ideólogos y consultoras o “voces de su amo”, y analistas o correas de transmisión de las bondades del negocio sanitario: gestores tecnócratas que manejan “clientes” en vez de pacientes, tertulianos “sabelotodo” que claman lo indefendible y, también, expertos, analistas e investigadores, malabaristas del coste-beneficio, disfrazados de científicos.

Como una mercancía más, la sanidad pública ha sido puesta en venta al mejor postor para lograr el máximo beneficio económico. Las estrategias para mercantilizar son variadas. Una de ellas es “culpar a las víctimas” de sus enfermedades y señalar su responsabilidad personal (“repagos”) diluyendo el papel de las políticas y los determinantes sociales. Una segunda, es destruir la buena imagen y la capacidad de “lo público”. Se intenta hacer creer que la entrada del sector privado es “racional” y cubre una “función social” y, con la excusa de la “austeridad”, los brutales recortes presupuestarios están desangrando la sanidad pública. Y una tercera estrategia fundamental es la progresiva realización de cambios “político-legales” para parasitar a lo público, facilitar la gestión privada, crear fundaciones y consorcios para ocultar la realidad, segmentar la sanidad pública para ayudar a su venta, y promover el aseguramiento privado.

Tener una atención sanitaria de calidad no puede ser una mercancía sino un derecho regulado democráticamente y sufragado públicamente. Contra lo que apuntan los mercaderes y vendedores que se lucran con la salud y la vida de la gente, la sanidad pública es “la solución” y no “el problema”. La historia enseña que los procesos de movilización y lucha social, y la consiguiente generación de pérdidas y miedo en la clase dominante, son cruciales para defender nuestros derechos y conseguir otros nuevos. La salud no se vende, se defiende. Nuestra salud está en juego.

Joan Benach y Carles Muntaner
Profesores de salud pública de la Universitat Pompeu Fabra y la University of Toronto respectivamente; ambos son miembros del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET, UPF), y coautores junto con Gemma Tarafa y Clara Valverde del libro La Sanidad está en Venta (Barcelona: Icaria, 2012).

Público.es

http://blogs.publico.es/dominiopublico/6570/quienes-y-como-quieren-vender-la-sanidad-a-costa-de-nuestra-salud/