Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico, y no pueden regirse por criterios de rentabilidad, sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadania a lo largo de la historia y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales.
La provisión de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades sociales del ciudadano y no en su capacidad de pago, según las leyes del mercado. Por su propia naturaleza de bien público, no deben ser liberalizados ni privatizados. DESCARGAR DOCUMENTO COMPLETO
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