Davos y las pensiones

Fue precisamente en Davos, hace más de una década, cuando Tietmeyer, entonces gobernador del poderoso Bundesbank, decretó el fin de la soberanía popular. “Los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”, dijo. Era el grito de guerra de un nuevo capitalismo triunfante que, fundamentado en la libre circulación de capitales, se postulaba sin límites ni barreras y que exigía que todo se rindiese a la lógica del mercado.

Se ha visto a dónde nos ha conducido tal sistema: al borde del abismo. El año pasado, en febrero, las fuerzas económicas y sus satélites acudieron también a Davos, aunque en esta ocasión fueron humildemente, recubiertos todos ellos con el sayal de penitente y dispuestos a implorar al sector público que los protegiese del caos. Pero ha bastado un año, sólo un año, para que vuelvan a las andadas y, una vez salvados, sin importarles un ápice los cadáveres que dejan atrás, han regresado desafiantes a la ciudad de los Alpes dispuestos a plantar cara a los gobiernos, a imponerlos sus condiciones y a impedir cualquier regulación.

Como manifestación de su poder, han sentado en el banquillo de los acusados a tres países, no del Tercer Mundo sino de la Unión Europea –España, Grecia y Lituania–, escogiendo como fiscal al presidente del Banco Central Europeo y como jueces, a las agencias de calificación, las mismas que contribuyeron a la crisis dando la máxima valoración al papel basura que infectó la economía internacional. Y lo peor es que, al menos en el caso España, su estrategia ha tenido éxito, porque el Gobierno –tras caer inocentemente en la trampa de comparecer en tal foro– se ha apresurado a dar un giro a la derecha y a asumir las tesis de las fuerzas más conservadoras.

El Gobierno presenta un plan para realizar fuertes recortes del gasto en un presupuesto que apenas lleva un mes en vigor. Poco importa que la economía española se encuentre aún lejos de salir de la crisis y que estas medidas contradigan los planes de estímulo y obstaculicen la recuperación. De nada vale que el stock de deuda pública sea de los más bajos de la Unión Europea y que nuestras dificultades provengan del endeudamiento privado y no del público. No cuenta que nuestro déficit se haya originado fundamentalmente por la contracción de la recaudación, causada en parte por la baja actividad y en parte por una política fiscal que durante estos últimos 12 años ha desarmado los tributos progresivos. Qué más da que la congelación de la oferta pública de empleo lo único que consiga sea incrementar el enorme paro existente. Es igual, los mercados han hablado y hay que obedecer.

El Gobierno ha asumido la tesis de la derecha de que el sistema público de pensiones es inviable y hay que reducir, por tanto, las prestaciones. Resulta lo mismo que las proyecciones demográficas sean todas cuestionables. De nada vale afirmar que en ninguna parte esté dicho que sean únicamente los trabajadores los que tengan que sostener con sus cotizaciones las pensiones, como si los otros impuestos no contasen, principalmente los que se giran sobre las sociedades y las rentas de capital. Es igual, los mercados se han manifestado y hay que inclinarse ante ellos.

Juan Francisco Martín Seco. Público

El sistema educativo arrodillado ante el mercado

Poderosas leyes las del mercado, engranajes de milimétrica precisión que mueven las ruedas del beneficio ajeno, aquellas que esmagan diariamente a 25.000 miserables almas decretando la muerte en masa, ésas que dejan ciega a una persona cada cuatro minutos por falta de vitamina A, las mismas que matan a un niño cada cinco segundos por inanición. Por desgracia, son hoy en día estas leyes los diez mandamientos que la nueva deidad, el mercado, entrega a instituciones “filantrópicas” (FMI, BM, OMC…) para que regularicen el robo, institucionalicen el crimen al amparo del Derecho Internacional y suman a la madre tierra en una crisis ambiental que heredarán los futuros creyentes de esta fatídica religión.

En primer término, existe un proceso de privatización a escala mundial que está abriendo las puertas de la educación al mercado (recortando la asignación de recursos públicos o privatizando). En España, el gasto educativo en tanto por ciento del PIB cayó del 4,9% en 1993 al 4,4% en 2004 (siendo superado por 21 de los 25 países de la UE). Para el curso 2008-2009 se llegó al 4,54% del PIB, muy lejos del 6% pactado en los Acuerdos de Lisboa (2000). Además, el Barómetro 2007 de la Internacional de la Educación (IE) destaca la elevada tasa de matriculación en la enseñanza privada en España: un 25% en preescolar; un 33% en primaria, un 29% en secundaria (ESO) y un 13% en la universidad.

Las políticas neoliberales están estrechamente vinculadas al crecimiento exponencial de la escuela “pública” concertada; en la Comunidad de Madrid, bajo el mandato del PP, las aulas concertadas pasaron de 8.041 en el curso 1999/00 a 11.028 en el curso 2004/05, lo que supone un aumento del 37% en 5 años; además, la CAM es la región donde más creció en el curso 2004/05 el alumnado de los colegios privados, con 10.824 alumnos más, es decir un incremento del 125% (Burgos Tejero, 2006). Otro dato revelador es que la inversión en investigación militar supera en 300 veces el presupuesto destinado a la investigación educativa (Toribio Barba, 2008).

Para el sector privado la educación es un gran negocio, por lo tanto, actúa coaccionando a los “competidores desleales” que son los Estados que ofrecen gratuitamente el “servicio educativo”. Las administraciones gubernamentales, sobre todo las de los países esclavizados por los TLC, oprimidas por los organismos de crédito internacional tienden a reducir la inversión educativa, generando así el deterioro que los promotores del negocio educativo adjudican rápidamente a falta de competitividad, eficiencia y eficacia de la gestión pública.

El Darwinismo Social de Herbert Spencer parece ser el nuevo modelo político-social al que aspiran los apóstoles del neoliberalismo mediante la imposición del “Imperio del Mercado”. El Estado pasa a ser un mero garante de los intereses económicos minoritarios mediante la desregulación de los servicios públicos y la adopción de una posición autoritaria que inhiba cualquier reacción social en contra del sistema (un ejemplo reciente son los altercados acaecidos en Grecia en diciembre de 2008). En este sistema, la educación es un objetivo primordial para garantizar los beneficios de las clases sociales más altas mediante la creación de un “currículo donde formar una élite empresarial así como mano de obra disciplinada y competente que garantice su tasa de ganancia o bien clientes satisfechos en mercados diferenciados de conocimiento, unos para ricos, otros para pobres”. (Imen, 2005).

En general, la legislación educativa europea está llena de un nuevo lenguaje íntimamente ligado al terreno empresarial: calidad, competitividad, eficiencia, eficacia, competencias, empleabilidad, gestión, etc. Estos conceptos están marcadamente asociados a la selección, competitividad y rentabilidad; “términos importados del mundo empresarial y aplicados a la gestión de la educación. Se prima así la evaluación de los centros como control, auditoría y rendimiento de cuentas, enfoques que surgen vinculados a la empresa y poco coherentes con el discurso pedagógico” (Fueyo, 2005).

En este sentido, es preciso hacer referencia a un nuevo término incluido en la Ley Orgánica de Educación (LOE) por el MEC: “Competencias Básicas”, recogiendo las orientaciones de la OCDE a través del proyecto DeSeCo (Definición y selección de competencias). Pero, ¿cuál es la intencionalidad de estas competencias en el currículo?, ¿cuáles son sus efectos en la sociedad? Sin duda, engendrar el espíritu crítico y transformador que ponga en tela de juicio las desigualdades de la sociedad vigente no es una prioridad para este sistema de competencias. En la LOE no se menciona como educable el desarrollo crítico de la persona, a excepción de terrenos restringidos a lo personal: “El alumnado [...] debe tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico”, pero al mismo tiempo también figura la necesidad de que “el alumnado tenga conciencia de las convenciones sociales [...] y de los hábitos de trabajo y disciplina antes del estudio”. Como se puede observar, las dos oraciones entrecomilladas pueden resultar contradictorias si no se ahonda en los conceptos de disciplina, por una parte, y de espíritu crítico por la otra. Como indica Concejo Educativo (2007) “si el término espíritu crítico siempre se refiere a esta situación, no difiere mucho de la formulación empresarial. La empresa nunca dejará que se ponga en duda la esencia de la misma en la acción de sus trabajadores/as. En todo caso, incorporará mejoras que éstos propongan a partir de las críticas a condiciones específicas, para conservar lo esencial”.

Autores como Barnett (2001) van más allá, haciendo referencia a la necesidad que tiene la patronal de especificar de antemano la naturaleza de los recursos con los que contará, incluyendo la fuerza de trabajo. En consecuencia, “las competencias pre-identificadas por el mercado de trabajo están dominando la reconfiguración del currículo de la educación al servicio de una mayor competitividad económica. Otras capacidades que podrían promover una sociedad más justa y mejor van quedando «obsoletas» y se obvian progresivamente”.

El tinte empresarial del que está impregnado este modelo educativo se refleja claramente realizando una mera observación a las ocho competencias clave definidas por la UE y en las que se fundamentan las aplicadas en la Ley Orgánica de Educación:

1.Comunicación en la lengua.
2.Comunicación en lenguas.
3.Competencia matemática.
4.Competencia digital.
5.Aprender a aprender.
6.Competencias interpersonales.
7.Espíritu de empresa.
8. Expresión cultural.

Las grandes corporaciones mundiales pasan a tener un papel central en la planificación educativa, son sus necesidades las que marcan el ritmo de las reformas legislativas ya que precisan de trabajadores/as competentes en unos aprendizajes mínimos para desempeñar con eficiencia y eficacia su futura profesión. Valga como ejemplo el informe sobre la enseñanza de febrero de 1995, de la ERT (Mesa Redonda europea de los empresarios) donde se afirmaba que “la educación debe ser considerada como un servicio prestado al mundo económico”. Otra prueba que refuerza lo argumentado es que con el pretexto de la construcción de la e-Europa, se llegó incluso a que las mismas empresas elaboren los programas escolares y universitarios que son precisos para la ampliación de su propio mercado. El consorcio Career Space, que agrupa a: Microsoft, IBM, Intel, Philips, Siemens, etc., redactó, en una publicación oficial de las Comunidades Europeas, una “Guía para el Desarrollo de Programas de Formación” (Career Space, 2006) que se proponía definir los “nuevos estudios universitarios de formación en las TIC para el siglo XXI” que tienen que poner en marcha las universidades europeas. “Parece que una formación en tecnología de la información dispensada por Microsoft tiene actualmente más valor que una licenciatura científica obtenida en una Universidad cotizada”, Díez Gutierrez (2007).

La gestión de los centros escolares es una proyección de la estructura jerárquica empresarial en la que el director tiene unas competencias similares a las de un dirigente de cualquier corporación multinacional. El artículo 132 del Capítulo IV de la LOE refleja el papel preponderante de la figura directiva del centro, eliminando de raíz la gestión democrática de los centros escolares. Por otra parte, el modelo de incentivación y promoción profesional, tan propio del mundo corporativo, se extrapola al cuerpo docente, que será retribuido en función de los resultados académicos conseguidos. Como se puede observar “se introduce de lleno la lógica del mercado, con una gestión jerárquica y empresarial que desvirtúa el carácter público y modifica las actuales condiciones laborales del profesorado”, Díez Gutierrez (2007).

La tasa de analfabetismo mundial fue de unos 800 millones de adultos en el año 2002, es decir, el 18% de la población adulta mundial. Concentrándose el 70% de los analfabetos adultos en nueve países, en cabeza de los cuales se sitúan la India (33%), China (11%), Bangladesh (7%) y Paquistán (6%) (Informe Mundial de la Unesco, 2005). Ante esta situación, los Organismos Internacionales hacen promesas con la misma facilidad con la que las incumplen.

La Conferencia Mundial de Educación celebrada en Jomtien, Tailandia, en 1990, faltó a su promesa de proporcionar educación para todos los niños antes de 2000, y la fecha límite de establecer la igualdad de género en la educación antes de 2005 quedó a medio camino. En la conferencia de Dakar, Senegal, de 2000, se asumió un nuevo compromiso de “educación para todos” antes de 2015. Estamos en 2009 y, como puede verse en el Barómetro 2007 de la Internacional de la Educación (IE), hará falta un esfuerzo monumental para conseguir el objetivo de 2015.

La brecha de oportunidades educativas es enorme, y la educación para todos sigue lejos de ser una realidad. Aun hay 115 millones de niños en todo el mundo sin ninguna posibilidad de acceder a la educación. La media de escolarización en algunos países es de 4 años, mientras que en países ricos es de 15 o 16 años. En algunos países mejoró ligeramente la tasa de matrícula en primaria, pero cada vez es mayor la diferencia entre países ricos y pobres en cuanto a la media de años de escolarización. El acceso a la educación superior sigue siendo más un privilegio que un derecho, y está al alcance sobre todo de las personas que viven en países desarrollados. Mientras, algunos gobiernos continúan negando la educación a la mayor parte de sus ciudadanos y otros privan de este derecho a determinados grupos étnicos, imponiendo una única interpretación de la realidad.

Con este panorama, ¿debemos regirnos moralmente por políticas educativas que estimulan la competencia, se construyen sobre la desigualdad social y domestican el pensamiento? Yo, como docente, no.

Bibliografía:
Barnett, Ronald. (2001): Los límites de la competencia: el conocimiento, la educación superior y la sociedad . Barcelona: Gedisa.
Bindé, J. (2005): Hacia las sociedades del conocimiento: Informe Mundial de la UNESCO. Paris: Unesco.
Díez Gutiérrez, Enrique. (2007): Globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Barcelona: El Roure.
Fueyo, A. (2005): “¿Convergencia europea o reconversión universitaria?”. En: Trabajadores/as de la Enseñanza (T.E.), 261, pp. 30-31.
Imen, Pablo. (2005): La escuela pública sitiada. Crítica de la transformación educativa. Buenos Aires: Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini.
Burgos Tejero, Javier. (2005): La educación Pública en Madrid.
Career Space (2001): Future Skills for Tomorrow’s World.
Concejo Educativo (2007): Las competencias básicas en el currículo oficial: ¿interés, peligro… o irrelevancia?
Internacional de la Educación (2007): Barómetro sobre los Derechos Humanos y Sindicatos en la Educación.
Toribio Barba, José. (2008): El escándalo del gasto militar.

Santiago Quiroga García – Rebelión

De nuevo, las privatizaciones

Hay quien pretende arrimar el ascua a su sardina, aprovechar la crisis en su beneficio. La CEOE, alguna que otra institución y también bastantes creadores de opinión, utilizando la excusa del volumen ingente de paro que está generando la crisis, reclaman insistentemente el abaratamiento del despido. El Banco de España, por su parte y en la misma línea, saca a colación la inviabilidad del sistema público de pensiones y su necesidad de reforma, reforma que, como siempre, se orienta a reducir la prestación media. Últimamente ha surgido otro tema muy querido por las fuerzas económicas, el de las privatizaciones. Valiéndose del hecho de que como consecuencia de la crisis todos los países están incurriendo en cuantiosos déficits públicos, se alude a las privatizaciones como medio para paliar el desequilibrio presupuestario.

Lo cierto es que en España queda poco por privatizar. Primero el PSOE y más tarde el PP han reducido al mínimo el sector público empresarial, haciendo que todas las grandes empresas públicas pasen a manos privadas. Independientemente de ello, es erróneo afirmar que las privatizaciones puedan ser un medio para reducir el déficit público. Constituyen una venta de activos financieros y, como tales, no afectan a la cuantía del déficit, sólo a su financiación. Lo único que reducen es el volumen de deuda pública que es necesario emitir. Es más, a menudo el resultado es un incremento de los déficits sucesivos. Esto es lo que ha ocurrido con la venta de las grandes empresas públicas. El Tesoro ha dejado de recibir los cuantiosos beneficios que generaban, muy superiores a lo que hubiesen sido los gastos financieros de la deuda pública que se ha dejado de emitir.

Al vender empresas públicas tampoco se incrementa la solvencia de un país. Ésta no sólo depende de lo que se debe, sino también de los activos que se poseen. Las privatizaciones reducen, sí, el endeudamiento público, pero también el patrimonio del Estado, esto es, la posesión de importantes compañías, muchas de las cuales, como se ha podido comprobar, muy codiciadas por el dinero privado. Por otra parte, conviene tener en cuenta que los recursos que se orientan a la compra de las sociedades estatales muy rentables y sin apenas riesgo no se dirigen a ninguna otra inversión en la que el riesgo tenga que ser mayor. ¿No radicará aquí, en parte, la incapacidad de nuestra clase empresarial para invertir en sectores tecnológicos de futuro, refugiándose en los mercados cautivos de los servicios y en el sector de la construcción?

Además, no parece que lo que en estos momentos se necesite precisamente sea una política contractiva de austeridad y de reducción del déficit público. A pesar del generalizado voluntarismo de anunciar el final de la crisis, la crisis está lejos de terminar. Es desde luego prematuro y puede resultar enormemente contraproducente retirar los planes de estímulo económico. Nunca se repetirá bastante que en los momentos actuales la mejor forma de reducir el déficit a medio plazo es incrementarlo a corto para que la actividad económica se recupere, única manera de lograr el equilibrio presupuestario.

Juan Francisco Martín Seco

Fuente: Sistema Digital

El Estado del Bienestar no es un problema: es la solución

Existe un consenso casi generalizado por parte de las instituciones internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la Comisión Europea, de que es necesario continuar el estímulo económico, pues la economía mundial está todavía en baja forma. El punto de discusión no es, entonces, estímulo o no, sino el tipo de estímulo.

Las dos alternativas que se han propuesto son bajar los impuestos o aumentar el gasto público, aún cuando ambas alternativas signifiquen mantener o aumentar el déficit del estado. Durante este periodo de gran recesión, ha habido también consenso (con excepciones, como es el caso del Partido Popular en España) en que deben flexibilizarse las reglas del Pacto de Estabilidad, para poder aumentar el déficit público, el cual ha crecido en todos los países de la OCDE (el club de países ricos). La razón de que haya consenso en que la recuperación económica requiera un incremento del déficit público se debe al entendimiento de que, en un momento de debilidad del consumo privado, es necesario aumentar el consumo público, incluso a costa de aumentar el déficit público.

Menos consenso hay en cuanto al porcentaje del déficit público sobre el PIB que debiera permitirse y la rapidez de reducción del mismo una vez aparezcan los síntomas de recuperación. Y la otra área donde tampoco hay consenso es en si el efecto estimulante de la economía es mayor cuando se bajan los impuestos (como creen los conservadores y liberales) o cuando se aumenta la inversión pública. En la UE se ha hecho mayor hincapié en la reducción de impuestos; y en EEUU se ha dado prioridad al aumento del gasto público.

La evidencia muestra que mientras las dos alternativas activan la economía, la reducción de impuestos tiene, por lo general, menor impacto estimulante, y ello como consecuencia de que las familias están tan endeudadas que utilizan los fondos obtenidos a base de la reducción fiscal para pagar sus deudas, más que para consumir y estimular la demanda. En realidad, la subida del ahorro, que se ha considerado erróneamente como un signo de recuperación, no es más que el deseo de acumular fondos para poder pagar sus deudas en un momento de grave crisis y endeudamiento. En EEUU se sabe que dos terceras partes de los fondos originados por los recortes fiscales del Presidente Bush fueron a pagar las deudas. La evidencia existente apunta, pues, hacia el incremento del gasto público como la mejor manera de estimular la economía.

Ahora bien, dentro del gasto público, la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿qué tipo de gasto público es el más estimulante? Y la respuesta a esta pregunta la conocemos ya, pues la evidencia acumulada en EEUU y también en España es que, en un momento de gran recesión y elevado desempleo, la mejor manera de estimular la economía es creando empleo. ¿Pero dónde crear empleo? La respuesta en EEUU, que da el equipo económico encargado del estímulo económico de la Administración Obama, dirigido por el Vicepresidente Biden, es crearlo donde se necesita más y donde pueda crearse empleo más rápidamente. Y ahí el estado del bienestar juega un papel clave, pues es la dimensión del estado donde debiera crearse más empleo. Esta observación es particularmente relevante para España, donde el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancias, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social y otros), es el más bajo de la UE-15 (ver sección Estado del Bienestar, en mi blog www.vnavarro.org). Pero esta inversión en los servicios del estado del bienestar es tan importante, no sólo para crear empleo, sino también para aumentar la productividad del país.

En España, cuando se habla del estado del bienestar como inversión (y no sólo como consumo), se piensa inmediatamente en educación e investigación y desarrollo. Este entendimiento ha alcanzado un nivel de dogma. Pero es enormemente reduccionista. Hay otras dimensiones del estado del bienestar, además de educación, que son inversiones, incluyendo la protección social. De ahí que, en EEUU, la administración Obama, (que ha enfatizado la vía de gasto público -con un crecimiento de tal gasto equivalente al 5% del PIB-, como manera de estimular la economía) se ha centrado en la creación de empleo en las áreas sociales (y también en las nuevas energías verdes). Esta estrategia traduce también una visión de los servicios del estado del bienestar como inversión y no sólo como consumo.

En España, el estímulo económico ha sido menor, alcanzando un 2% del PIB, un porcentaje bajo (aunque en el resto de la UE ha sido incluso menor). Pero más preocupante que el bajo porcentaje del estímulo es que sólo una parte pequeña de este estímulo se ha dedicado directamente a crear empleo. Los 8.000 millones de euros destinados a las administraciones locales han sido una inversión en la creación de empleo (se han creado directa e indirectamente 421.000 puestos de trabajo), lo cual es positivo, pero insuficiente. Se deberían gastar unos porcentajes mucho mayores del PIB en este tipo de inversiones, incluso a costa de incrementar el déficit. Se está dando excesiva importancia al objetivo de reducir el déficit. Tal reducción retrasará enormemente la recuperación económica. Intentar que los déficits se reduzcan al 3% del PIB en tres o cuatro años es una receta de suicidio económico. En este momento de enorme crisis hay que aumentar el gasto público en crear empleo y corregir el enorme déficit social de España, invirtiendo en su protección social, incluyendo servicios públicos al estado del bienestar.

La famosa flexiguridad de los países nórdicos (de clara tradición socialdemócrata) se basa precisamente en una extensa protección social -transferencias y servicios públicos- que da seguridad al trabajador. El promedio de gasto en protección social en aquellos países es un 32% del PIB. En España es sólo un 20% del PIB. La flexibilidad laboral necesaria para la eficiencia económica no se conseguirá, como la patronal y la banca (incluyendo el gobernador del Banco de España) están reclamando mediante la desregulación de los mercados de trabajo que se caracterizan por su escasa protección social. Inseguridad no crea flexibilidad. Crea miedo y resistencia. De ahí que, para conseguir flexibilidad, se requiera una mayor inversión en protección social, alternativa no considerada por aquellos agentes e instituciones. Se está ignorando, en los círculos económicos del país, que la productividad en un país y su eficiencia económica dependen en gran manera de su cohesión social. Incluso el informe Davos (el Vaticano del pensamiento liberal) sobre la competitividad señala a los países nórdicos como unos de los países más eficientes y competitivos en Europa, pero sus seguidores en España parecen todavía no entenderlo. Considero sorprendente que en la reciente reunión de los ex Ministros de Economía y Hacienda, para discutir como salir de la crisis, ninguno de ellos acentuó este aspecto clave, viendo el gasto social más como un consumo que como lo que es, una inversión.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

Fuente: El Plural

El gran encubrimiento de la gripe porcina

Se ha considerado a México laboratorio de la globalización desde que inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en 1994. En abril de 2009 germinó un virus mortal en ese laboratorio y encontró las condiciones ideales para convertirse rápidamente en una pandemia global.

Los primeros brotes del virus H1N1 o "gripe porcina" aparecieron lugar en una pequeña ciudad del estado de Veracruz. Granjas Carroll, las enormes instalaciones de producción animal en granjas industriales, propiedad conjunta de Smithfield Foods y AHMSA de México, se encuentran cerca de La Gloria, en el municipio de Perote. Un muchacho de la localidad, Edgar Hernández, tuvo la dudosa distinción de convertirse en el primer caso confirmado. Después de semanas de negar conexión alguna entre la granja y la enfermedad, el gobernador del estado acabó por convocar una investigación independiente sobre los posibles vínculos. Dicha investigación no se ha hecho pública o no se ha llevado siquiera a cabo, por lo que hasta ahora se sabe.

El anuncio del gobernador sucedía a un rosario de negativas referentes al papel de la granja porcina -o granjas porcinas en general- en el brote del virus A/H1N1 en México. A principios de marzo comenzaron a aparecer enfermedades respiratorias insólitas en las comunidades que rodeaban los cebaderos industriales, con algunas indicaciones de que se remontaban a enero. Las autoridades sanitarias locales atribuyeron el brote a los estanques de estiércol y residuos biológicos a cielo abierto que rodeaban las granjas.

El 5 de abril, las autoridades declararon un cordón sanitario en la zona pero sin llegar a efectuar pruebas para determinar un diagnostico exacto de la extraña enfermedad que aparecía en los habitantes de la localidad. Descubrieron que el 60% de las 3.000 personas que componían la población informaban de una enfermedad respiratoria sin diagnosticar. Mientras tanto, el Centro de Control de Enfermedades (CCE) norteamericano, determinó el 17 de abril que dos muestras de pacientes de San Diego constituían un nuevo virus H1N. El 12 de abril el CCE envió un parte a su Boletín Semanal de Morbilidad y Mortalidad para avisar del descubrimiento. Los casos de San Diego se relacionaron entonces con los casos sospechosos que brotaban en México y surgió la alerta acerca de una posible pandemia.

Las medidas de emergencia no se declararon en México hasta el 23 de abril. El 25 de abril, el director general de la OMS declaró el brote Emergencia de Salud Pública de Incumbencia Internacional. El 27 de abril, mientras la epidemia se extendía rápidamente a lo largo y ancho del país, y la prensa y la población presionaban para conseguir información precisa, el gobierno mexicano anunciaba que el pequeño Edgar Hernández era el primer caso confirmado de una nueva gripa porcina transmitida a y entre humanos.

El 11 de junio, la OMS declaró pandemia el virus. El último informe de la OMS muestra 162.380 casos confirmados en todo el mundo y 1.154 muertes a fecha de 31 de julio. El continente americano, en el que se originó el virus, es el más duramente golpeado con 1.008 fallecimientos, concentrados en los Estados Unidos, México y Argentina.

Defender la granja de producción masiva

Los expertos llevan mucho tiempo avisando de que "la producción animal de granjas industriales (PAGI) acaba por tener repercusiones potencialmente graves sobre la salud humana. Un estudio trágicamente profético realizado por la Comisión Pew sobre la Producción Animal de Granjas Industriales en 2008 concluye que "...una de las consecuencias no deseadas más graves de la producción animal de alimentos a escala industrial es la que supone la creciente amenaza a la salud pública de este tipo de instalaciones. Además de lo que contribuye la PAGI a la importante amenaza de la resistencia microbiana, las instalaciones de PAGI pueden resultar nocivas para los trabajadores, vecinos, y hasta para quienes viven lejos de las instalaciones, por medio de la contaminación del aire y el agua, así como de la extensión de la enfermedad.

Continúa el estudio afirmando que "Los trabajadores y vecinos de las instalaciones de PAGI sufren una elevada incidencia de problemas respiratorios, entre los que no falta el asma. Asimismo, los trabajadores pueden servir de población puente, transmitiendo enfermedades de las que son portadores los animales a una población más amplia".

Mientras los habitantes de La Gloria protestaban por el hedor y apuntaban a la granja de cerdos como origen de sus males, las autoridades mexicanas se desentendían para desviar las sospechas de que las Granjas Carroll de Smithfield tuvieran algo que ver con las inhabituales enfermedades de las que se informaba. Aunque los funcionarios de salud del estado rociaron el pueblo de La Gloria para acabar con los enjambres de moscas que procedían de los estanques de purines a cielo abierto, las explicaciones arrojaron luz sobre todo menos sobre la granja porcina.

Un representante de Granjas Carroll consideró el hecho de que el primer caso de gripe porcina se localizase a pocos kilómetros de la granja porcina como "una desgraciada coincidencia". Según se comenta, Granjas Carroll envió muestras de su cabaña porcina para someterla a pruebas en algún momento posterior a la localización del brote y tanto la empresa como el gobierno mexicano absolvieron a los cerdos de Smithfield de cualquier responsabilidad en la epidemia.

Para reforzar la tesis de la "coincidencia", las autoridades sanitarias internacionales comenzaron un esfuerzo concertado para hacer salir de escena al cerdo. Lo cierto es que no se pone en discusión en las evidencias científicas que el virus iniciara su andadura en una granja porcina.

Citando al Centro de Control de Enfermedades norteamericano, Scientific American señala un punto de partida que los políticos prefirieron ignorar: "Lo que queda claro gracias a la dura labor de los virólogos es que esta cepa de gripe tuvo su inicio genético en las granjas porcinas norteamericanas allá por los años 90".

Ruben Donis, jefe de la sección de virología molecular y vacunas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos declaró en una entrevista con la revista Science:

"Sabemos que es bastante similar a los virus que circulaban y aún circulan por los Estados Unidos, y que se autolimitan, y que se encuentran habitualmente en los estados del Medio Oeste en los que existen granjas porcinas". Preguntado si el virus tenía orígenes porcinos, contestó "Desde luego que sí. Es casi equidistante de los virus porcinos de los Estados Unidos y Eurasia. Y ahí muestra una rama aislada, sin parientes cercanos".

"Desde hace años los científicos saben que los cerdos incuban y hacen mutar virus y son muchos los que han advertido de que las "granjas factoría" en las que se mantiene a gran número en espacios cerrados crean el perfecto caldo de cultivo para la rápida evolución de la enfermedad. El uso masivo de antibióticos supone que los virus buscan mutaciones resistentes a los medicamentos. Anteriormente se informaba de pocos casos de gripe porcina, pero se sabía desde hace mucho que es posible. Este virus planteaba un riesgo especial debido a su virulenta capacidad para el contagio entre humanos".

Desde los primeros días del brote se han acumulado las pruebas sobre el origen porcino de la enfermedad. Coautor de un informe clave en Nature, el biólogo Michael Worobey afirmaba que "la actual cepa se extendió evidentemente durante diez años sin que nadie se enterase", refiriéndose a su extensión entre las poblaciones porcinas. Science News le cita, concluyente: "De un extremo a otro del genoma, se trata de algo que viene de los cerdos...Tenemos que dedicar más energías para ver qué es lo que hay en los cerdos".

Hay consenso en que el virus H1N1 es una forma mutante de la gripe porcina, la gripe humana estacional y la gripe aviar. En si misma no es mortal, pero lleva a complicaciones de "neumonía atípica". La neumonía es atípica porque se produce fuera de estación y porque sus víctimas tienden a concentrarse en la franja media de edad: al contrario que la neumonía habitual que se centra en los muy jóvenes y los muy mayores, las muertes causadas por este virus tienden a situarse en la franja de entre 20 y 40 años.

A medida que las organizaciones sanitarias se aprestan a luchar contra la pandemia, los expertos en salud animal apelan a un mayor compromiso de la parte porcina. Pérez hace notar que "podemos llevar a cabo toda la vigilancia que queramos en los humanos, pero si de veras queremos prevenir la pandemia de gripe...se ha de realizar un cambio fundamental en los esfuerzos por parte de la salud animal." Tan sabio consejo, repetido en muchos frentes, ha sido en buena medida ignorado. El editorial de Nature del 17 de junio apunta una de las muchas razones:

"…los especialistas en salud animal tienden a trabajar en organismos gubernamentales, cuya misión primera es promover y proteger el ganado y el comercio de carne nacionales e internacionales. Este enfoque centrado en el comercio puede llevar a veces a conflictos de interés, así como a posturas políticas que bordean la negación".

Proteger al cerdo

La Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) es el organismo internacional más destacado a la hora de negarlo todo. A pesar del consenso científico antes descrito, difundió un memorándum el 9 de junio haciendo notar que la "OIE se oponía contundentemente a denominar en principio el nuevo virus como "gripe porcina". Ese término entrañaba erróneamente que había cerdos implicados y puede haber conducido a la imposición de mayores barreras comerciales sin justificación contra varios países que han tenido casos entre humanos. Hasta la fecha no hay evidencias científicas como para sugerir que existiera circulación en curso de este virus entre los cerdos..."

Este informe apareció bastante después de que se descubriera el H1N1 en una piara de cerdos de Alberta, en Canadá, infectada con el virus, e ignora los componentes genéticos porcinos demostrados. Al moverse de acá para allá en las barreras entre especies, el riesgo de que este virus se recombine genéticamente en una versión más mortal es muy alto, de acuerdo con los investigadores sanitarios.

Pudiera ser que la conexión entre la fiebre porcina y las Granjas Carroll nunca se demostrara de manera científica. Parece un caso típico de la mastodóntica FAO, la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura. Los informes de que la FAO iba a enviar un equipo a Veracruz aparecieron en la prensa a principios de mayo. Pero no se ha publicado el informe. La FAO dispone de muy poca información de la pandemia posterior a mayo y casi todos sus comunicados de prensa desde el brote se centran en "proteger al sector porcino".

Su primer comunicado de prensa, fechado el 27 de abril, se hacía eco del objetivo de la industria de "proteger al sector porcino del nuevo virus H1N1 confirmando que no existe un vínculo directo con los cerdos", en lugar de adoptar el método científico de reunir evidencias primero y llegar a conclusiones después.

El siguiente comunicado de prensa redoblaba los esfuerzos por proteger a la industria porcina global, anunciando oficialmente un cambio de lenguaje, obedientemente adoptado por la mayoría de los medios de comunicación del mundo, y destinado a desligar la epidemia de lo que la FAO consideraba la actuación erróneamente difamada del sector porcino:

"… no hay actualmente evidencias que sugieran que el nuevo virus H1N1 de la gripe transmitido entre humanos esté circulando entre los cerdos ni en México ni en ninguna parte del mundo", confirmó el Jefe del Departamento de Veterinaria de la FAO, Joseph Domenech. "Por esta razón es por lo que la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) acordaron no referirse más a la "gripe porcina" sino, por el contrario, a la "gripe A/H1N1"".

La Organización Mundial de la Salud, la OIE y la FAO han hecho más por rechazar la reducción del consumo de cerdo o las sanciones comerciales que por llegar al fondo de la pandemia. Cuando el brote porcino canadiense destruyó el argumento de que la enfermedad no circulaba entre los cerdos, la FAO emitió un comunicado el 4 de mayo en el que apelaba a una mayor vigilancia.

El comunicado de prensa de la FAO declara que "se recomienda que se informe de inmediato de todos los casos de enfermedades respiratorias porcinas" y "también se recomienda informar a la OIE y a la FAO." Como se comprueba por su redacción, el problema estriba en que en la mayoría de los países la vigilancia e información sobre enfermedades animales son voluntarias y los criadores de ganado en granjas industriales ni siquiera están sujetos a la obligación de informar sobre brotes de virus en los que se sepa de la posibilidad de contagio a la población humana. Ni México ni los Estados Unidos disponen de leyes que exijan informar de la gripe porcina. Los Estados Unidos utilizan en la actualidad un sistema totalmente voluntario de detección de animales (NAIS). Canadá sí que exige informar de brotes de enfermedades en animales de granja, lo que probablemente explica por qué fue este país el primero en el que el virus A/H1N1 se detectó en cerdos.

Una de las razones por las que el descuido es de tal laxitud en las granjas de producción masiva es que existe una nítida diferenciación entre agencias y organismos reguladores responsables de la salud humana y animal. Da la impresión de que aunque el virus salte barreras con mortal facilidad, las burocracias no pueden hacer lo mismo. Cuando se le preguntó por qué la FAO asumía que la fuente del contagio de la granja canadiense era un trabajador que volvía de México, antes que los cerdos que hubieran contagiado al trabajador, el portavoz de la FAO, Northoff, respondió que el organismo no podía efectuar una investigación para confirmar el vínculo de humano a animal, dado que la FAO "se ocupa sólo de cuestiones de salud animal".

La salud animal se considera por lo general de acuerdo con las regulaciones agrícolas, más que con las sanitarias. A despecho de los riesgos sanitarios conocidos para las poblaciones humanas, las regulaciones siguen siendo voluntarias y se muestran deplorablemente atrasadas para estos tiempos. El estudio de Pew concluye con la recomendación de que "deberían entrar en vigor obligaciones como el registro animal individual o en grupo para 2009, instaurando para 2010 la posibilidad real de detectar el origen del animal". Parece que hay pocos progresos respecto a esta recomendación, incluso después del brote del H1N1.

El TLC y la globalización de la enfermedad

El TLCAN disparó la extensión de granjas industriales de ganado en México al crear incentivos de inversión para que las compañías transnacionales reubicaran allí sus operaciones. La "carrera hacia abajo" en la que las empresas desplazan la producción a zonas en las que las restricciones y aplicación de normas medioambientales y sanitarias es reducida, queda ejemplificada por la cría de ganado.

Smithfield tenía más problemas legales de los habituales derivados de sus operaciones en los Estados Unidos antes de liar los bártulos y desplazar parte de sus operaciones a México. Muy recientemente anunció su decisión de rechazar un acuerdo de 75 millones de dólares en una reclamación presentada por habitantes del estado de Misuri que se quejaban del hedor. El 8 de agosto de 1997, un juez del tribunal federal de Virginia impuso una multa de 12,6 millones de dólares a a Smithfield Foods por violación de la Ley de Limpieza de Aguas (Clean Water Act). En septiembre de 1999 una apelación confirmó la sentencia.

En 1994, el año en que entró en vigor el TLC, Smithfield inició su funcionamiento en Perote con la empresa mexicana de "agribusiness" AMSA (Agroindustrias Unidas de México S.A. de C.V.). En 1999 compró la empresa norteamericana Carroll's Foods por 500 millones de dólares y comenzó una rápida expansión de sus operaciones en Perote.

Las instalaciones cerca de La Gloria mantienen los estanques de purines a cielo abierto para tratamiento de residuos porque resulta más barato que taparlos. Estos presentan riesgos no sólo sanitarios sino también un considerable perjuicio medioambiental. La periodista Tali Nauman informa de que "la FAO ha estado inspeccionando los corrales porcinos mexicanos por lo menos desde el año 2000, cuando sus expertos lanzaron un proyecto porcino en el centro de México para estudiar los efectos de las Operaciones Concentradas de Alimentación Animal (OCAA) sobre el medio ambiente". Se instituyó un programa para cubrir los estanques a cambio de créditos de emisión de gases de invernadero. La Comisión de Cooperación Medioambiental del TLC, organismo encargado de analizar las relaciones entre el TLC y sus repercusiones ambientales, hizo público un estudio sobre granjas porcinas en el que concluía que "la adecuada gestión de esta enorme cantidad de residuos animales de las OCAAs resulta crucial para proteger la salud humana y el medio ambiente".

Las Granjas Carroll de Smithfield no entraron en el programa. Nauman informa de que al cubrir los estanques se esperaba que los proyectos originales de reducción del carbono 14 registrados en el país redujeran las emisiones anuales de metano en un equivalente de 621.513 toneladas de dióxido de carbono. Quienes critican el programa señalan que la medida no resuelve muchas de las amenazas sanitarias, medioambientales y sociales que plantea el modelo de producción de ganado a gran escala.

¿Gestión integrada de riesgos o riesgos integrados?

Resulta irónico e inexcusable que en la región más integrada del mundo se dé tan escasa respuesta a la reciente epidemia. Uno de las razones principales a la hora de publicitar la ampliación del TLC a la Sociedad de Seguridad y prosperidad (ASP) fue que un grupo de trabajo preparaba una respuesta integrada a la epidemia que daría mayor seguridad a todos los habitantes de América del Norte. De hecho, fue una de las pocas actividades anunciadas públicamente de los reservados grupos de trabajo que dedican primordialmente sus energías a facilitar a empresas como Smithfield y Tyson que puedan hacer negocios por todo el continente.

El Plan de la ASP para América del Norte declara que proporciona un marco para acometer lo que sigue:

- Detectar, contener y controlar el brote de gripe aviar y prevenir su transmisión a humanos;

- Prevenir o ralentizar la entrada de una nueva cepa de gripe humana en América del Norte;

- Minimizar la enfermedad y las muertes; y

- Sostener la infraestructura y aliviar el impacto en la economía y el funcionamiento de la sociedad.

El plan establecía supuestamente mecanismos para coordinar acciones, controlar brotes y supervisar granjas animales.

México, pese a ser un país pobre con mayor riesgo de enfermedad, no había recibido la tecnología necesaria para analizar inmediatamente las cepas de la gripe, y hubo por tanto de enviar muestras para su análisis al Ministerio de Sanidad de Canadá y al Centro de Control de Enfermedades (CCE) de Atlanta. Se perdió cerca de una semana en ese proceso.

¿Dónde estaba este plan cuando se informó de la enfermedad y epidemia local desde Perote el pasado marzo? ¿Ha llevado a cabo este grupo una investigación rigurosa sobre los riesgos de la producción industrial de ganado ¿Por qué tardo el CCE casi una semana en responder a las informaciones sobre la epidemia mexicana?

Las respuestas a todo esto se encuentran en lo que Mike Davis denomina "influencia política global" de las transnacionales de ganado. Se puede encontrar otra pista en esta frase del anuncio de la ASP: "Resulta central para el plan que el enfoque desde América del Norte lleve a adoptar medidas para mantener el flujo de personas, servicios y mercancías por las fronteras en el curso de una epidemia grave, mientras se esfuerza por proteger a nuestros clientes".

Como sucede con todo lo relativo al TLC, la prioridad esencial consiste en afirmar que todo va como de costumbre. Aunque la respuesta no consiste en cerrar las fronteras, una investigación sobre las causas de raíz de la epidemia debe llevar a rendir plenamente cuentas de los riesgos de la globalización y las granjas de producción industrial. La rápida difusión global de la enfermedad se puede atribuir también a un sistema en el que las personas y sus alimentos cruzan fronteras constantemente. Los países pobres de sanidad deficiente son los que corren mayores riesgos, no obstante lo cual el sistema los desestima de plano y les dedica escasos recursos.

El resultado neto del TLC en México ha consistido en la integración de riesgos antes que en la integración de la prevención de riesgos. La inapropiada prioridad dada a los beneficios por encima de la salud humana en el contexto de un mundo globalizado condujo a esta pandemia y ha paralizado los esfuerzos por impedir otra epidemia de mayor mortandad en el futuro.

Un movimiento popular por la bioseguridad

El sistema en su conjunto debe ser cuidadosamente analizado y transformado para detener la globalización de la enfermedad e impedir otro brote mortal de gripe. Los esfuerzos deben empezar por la investigación y regulación de las grandes granjas de ganado, dejando abierta la posibilidad de que este modelo se deseche por completo. Ahora que se conoce el origen del virus, las granjas de producción a gran escala deben convertirse en centros de investigación.

La experiencia de México como epicentro de la pandemia de gripe porcina ha proporcionado la oportunidad de poner en evidencia un sistema que no funcionaba. Sin entrar en detalle, he aquí una lista para un análisis colectivo más profundo:

- Autoseguimiento de la industria y de las disposiciones globalizadoras que permitan que las industrias contaminantes se ubiquen allí donde las leyes y su aplicación sean laxas, alienten prácticas que amenacen la salud y el medio ambiente, como estanques de residuos a cielo abierto, omisión de informaciones sobre enfermedades animales, encubrimientos, y otros factores que han contribuido a la epidemia de gripe porcina.

- El carácter central de la inversión extranjera en la economía mexicana crea un clima en el que las corporaciones transnacionales con grandes inversiones pueden ejercer un poder coactivo sobre organismos oficiales en todos los niveles.

El TLC no consiguió promover una transferencia tecnológica de importancia estrategia a México en el campo sanitario y otros, y se ha demostrado que ha desincentivado la investigación y el desarrollo nacionales.

Todos los análisis deben incluir una perspectiva de género. Las mujeres supusieron el 56% de las muertes de la gripe porcina en México y las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de gravedad y muerte a causa de la enfermedad. Puesto que la gripe H1N1 ataca a gente en una franja de edad media, esto plantea un serio desafío. Asimismo los comprometidos sistemas inmunológicos de muchos mexicanos que viven sin una salud y nutrición adecuadas -situación que incluye a un número desproporcionado de mujeres- contribuye a las tasas de mortalidad de la gripe.

GRAIN informa de que "comunidades como la de La Gloria están en primera línea de resistencia a la pandemia, pero se encuentran totalmente excluidas de respuestas o estrategias oficiales...El vínculo entre las granjas de producción a gran escala y la creciente amenaza de enfermedades pandémicas en los humanos resulta innegable y, aunque los gobiernos y organismos internacionales sigan doblegándose ante la línea de conducta empresarial, las luchas locales contra las granjas de producción a gran escala han asumido su legítimo lugar en el centro de la respuesta global a las enfermedades emergentes".

A medida que estos movimientos populares se extienden por todo el mundo, es esperable que se produzcan mayores presiones de parte de los propietarios de granjas empresariales. Las redes ciudadanas han de organizarse para efectuar y dar publicidad a estudios independientes, redactar propuestas de actuación nacionales e internacionales, llevar a cabo campañas de educación popular sobre el riesgo de las granjas de producción masiva y organizarse para ejercer mayor presión a la hora de cambiar las peligrosas condiciones que estas granjas representan para todo el mundo.

Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas (www.americaspolicy.org) del Center for International Policy de Ciudad de México.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

La educación la resuelvo yo en dos patadas

Una mampara, eso es lo que necesita la escuela pública, una mampara como la de los taxis entre los alumnos y el profesor. Y que los docentes estén adscritos a Interior, no a Educación. Que se reconozca la función social que les hemos encomendado de tapadillo: reducir la delincuencia juvenil, impedir que los zánganos de 16 años sin interés por la escuela se dediquen a dar hostias por la calle. Habrá que implantar la medida (y la mampara) en la universidad en cuanto agredan a un catedrático. Aunque en el caso de la universidad es más probable que la paliza venga antes de un colega que de un alumno.

Fuera de bromas: no tengo muchas esperanzas puestas en ese pacto por la Educación con el que se juega su futuro político el ministro Gabilondo, un lobo con piel de dialogante corderito, como saben bien quienes sufrieron su mandato de rector en la Autónoma de Madrid. Estupendo que PSOE y PP acuerden no modificar cada dos por tres la ley de educación, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio por ejemplo de no cuestionar nunca más la catequesis católica? Además el problema no está en la escuela. Es cierto que se necesitan más medios y mejor preparación del profesorado. Pero el problema de la instrucción, con ser acuciante, no es el problema. El problema es la mala educación general del país. Y eso no es competencia de un ministerio que debería llamarse de Instrucción para no confundir. La buena educación hay que llevarla de casa. Basta con ver la tele a ciertas horas, ciertos debates, ciertas sesiones parlamentarias, leer los comentarios de la gente en ciertos blogs, para comprender de dónde sale el niño que pega al maestro y el animal de su padre.

Antonio Orejudo.
Fuente: Público

Protección social: entre la precariedad y la hipocresía

Todos los grupos parlamentarios han acusado al Gobierno de improvisación a la hora de establecer esta paga con la que los desempleados podrán subsistir a duras penas, comprando los artículos de primera necesidad mentados en el comentario precedente. En efecto, el equipo gubernamental ha sufrido vacilaciones a la hora de establecer la amplitud del colectivo de personas a las que ofrecerá esa cobertura de ese paraguas que protege algo de las intemperies del desempleo. Finalmente, bajo la presión sindical y de los partidos de izquierda, el Ejecutivo aceptó extender la ayuda de 420 euros mensuales a los parados que agotaron la prestación de desempleo a partir del 1 de enero, y no del 1 de agosto, como quería el gobierno. Como si perder el empleo en enero no tuviera la misma gravedad que perderlo en agosto.

No se debería esperar a que sobrevenga una crisis económica para conceder este tipo de ayudas. La Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el sentido común, recogen la obligación de los Estados de atender a las personas en caso de desempleo.

Regular legalmente esta obligación política y moral debería hacerse en tiempos de bonanza, ya que en épocas de crisis siempre habrá quien esgrima el argumento de que no hay dinero para atender esta necesidad. Argumento que usa la derecha, cuyo partido más popular, considerando la impopularidad que le supondría oponerse frontalmente a la ayuda, pone en duda, en boca de su portavoz Dolores de Cospedal, la capacidad gubernamental para implementarla.

Es absolutamente necesario establecer un criterio claro y universal para el funcionamiento del sistema de protección de las personas en situación de desempleo. Un sistema que debería entrar en funcionamiento de manera automática cuando se produjera la contingencia. Sin ningún tipo de ambigüedades, para que todo el mundo entienda que es un derecho exactamente igual que las pensiones de jubilación.

Hace tiempo que se ha conseguido que el hecho de que una persona perciba una pensión vitalicia al término de su etapa laboral ya no sea criticado. Salvo por el mentado argumento de viabilidad económica. Por lo demás, el Artículo 41 de nuestra Constitución señala que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo”.

Por lo tanto, se debe regular esta obligación de forma que se sustancie ese derecho del ciudadano desempleado a recibir una ayuda sin menoscabo de su dignidad. Eliminando de la misma la vergonzante calificación de subsidio, que convierte en sospechoso de holgazanería a todo receptor de ayudas al desempleo, dando pie a críticas generadas en los foros de la cutredad ideológica. Por ejemplo, esa estupidez que afirma “Me parece bien que quieran ayudar a la gente necesitada, pero lo mínimo que podían hacer es ganar ese dinero con trabajos sociales, o haciendo carreteras”.

Comentarios de ese tipo, que se pueden leer en las ediciones digitales de los periódicos, provienen de gente a la que seguramente le horrorizaría que la enviasen a trabajar construyendo carreteras por 420 euros al mes, sin pagas extras, que es en lo que consiste ese precario subsidio.

La imagen de obreros o presidiarios condenados a trabajos forzados cavando con pico y pala bajo la intemperie forma parte del imaginario represivo. En la realidad, las carreteras se construyen empleando maquinaria cuyo manejo precisa de operarios expertos. Si enviásemos a estos “cuatrocientosveinteuristas” a trabajar como forzados de Dragut, seguramente protestaría ese relevante sector del capitalismo que son las constructoras. Dirían que el Estado les hace la competencia. Porque, para ellas, el libre mercado consiste en que los gobiernos consignen en sus presupuestos cuantiosas partidas de dinero del contribuyente destinadas a la ejecución de obras públicas. Que naturalmente llevan a cabo dichas grandes empresas gracias a un sistema de licitación que no deja fuera del tajo a ninguna de ellas.

Las críticas a la protección social son habituales en cualquier latitud. Hace no mucho, la oposición brasileña atacó con intensidad el programa Bolsa Familia al conocer que el gobierno presidido por Lula da Silva destinará un plus de 250 millones de dólares para aumentar esa modesta ayuda. La oposición puso el grito en el cielo acusándolo de que “sólo crea una situación viciosa en la que los beneficiarios supuestamente dejan de buscar empleo porque tiene ese ingreso asegurado”.

“Para quienes tenemos la suerte de conocer en la intimidad al presidente de Brasil, no deja de ser llamativa la dureza de sus términos en un hombre que se caracteriza por su tolerancia frente a los embates de la oposición y sus modales mesurados en el debate político”, señala el ex presidente argentino Eduardo Duhalde, en su artículo La renta básica y la indignación de Lula, en el que se refiere a este episodio.

“Hay gente tan imbécil e ignorante que todavía dice que la Bolsa Familia convierte en vagos a quienes la reciben porque ya no quieren trabajar”, dijo Lula. Y explicó el porqué de sus terminantes calificaciones: “La ignorancia es de tal magnitud que esas personas piensan que una familia va a preferir vivir con 85 reales mensuales antes que ganar un salario digno de 616 reales. Quienes hablan así son los mismos que creen que la gente vive en las favelas porque quiere; que son pobres porque no les gusta trabajar ni estudiar (…); es una forma simplista de ver las cosas que no contempla que el país está dividido entre personas que tuvieron oportunidades y personas que no las tuvieron”.

José A. Pérez – ATTAC Madrid

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