El agua ¿es un bien público o un nuevo producto financiero? Es muy
sugerente el debate que se está generando a nuestro alrededor con
productos como el agua, el gas o la electricidad, en las condiciones que
provoca la crisis económica.
El pasado fin de semana, los ciudadanos de Berlín votaron por la
remunicipalización de la red eléctrica de la ciudad, en manos de una
multinacional. Los que votaron (menos del quórum exigido) lo hicieron a
favor de que la electricidad volviera a manos públicas locales. Hace
unos meses, Hamburgo lo consiguió y ahora se plantea repetir la votación
con el gas. Desde hace aproximadamente cinco o seis años, decenas de
municipios alemanes (alrededor de 170) han recuperado el control para
sus Ayuntamientos de sectores como el agua, el gas y la electricidad.
Lo cual da lugar a un curioso fenómeno: mientras la UE (y la troika)
recomienda la privatización de estos servicios, los ciudadanos afectados
se oponen a la misma. Como informa la revista Alternativas Económicas,
la postura de la UE choca frontalmente con la legislación comunitaria,
que establece que “los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen
de propiedad en los Estados miembros”.
Las instituciones favorecen la privatización de servicios básicos, a
los ciudadanos mayoritariamente no les gusta, y muchos Ayuntamientos
entran en la operación por sus deudas (o por otros motivos): esperan
reducir gastos y obtener réditos. Antes de Alemania fueron los italianos
los que se resistieron a la política privatizadora de servicios
esenciales de Berlusconi, y en 2010, París remunicipalizó el servicio
del agua y se lo arrebató a gigantes como Veolia y Suez. Mientras unos
países tienen asegurado constitucionalmente el carácter público del
suministro de agua, en otros (por ejemplo, Reino Unido) es casi
enteramente privado. En el borrador de acuerdo que negocian en este
momento democristianos y socialdemócratas en Alemania para formar una
gran coalición se califica a estos servicios como “responsabilidad
genuina del Estado”.
La gestión del suministro de agua está en manos públicas en el 85% de
EE UU, en el 100% en Japón y en la mayoría de las ciudades europeas;
por el contrario, en España, el 57% de la población está abastecido por
empresas privadas, según Alternativas Económicas. Dada la
habitual falta de transparencia de los procesos privatizadores, conviene
seguir con atención lo que está sucediendo en grandes ciudades como
Barcelona y Madrid. Mientras en la capital catalana está sometido a
tensiones jurídicas el proceso y adjudicación del abastecimiento a cinco
millones de personas, en Madrid esá detenida de momento la
privatización del 49% de la propiedad del Canal de Isabel II, la
operación que tanto gusta al presidente de la Comunidad, Ignacio
González. Mientras tanto, esta empresa trata de aglutinar a su alrededor
al mayor número de municipios, que pueden ver en el futuro cómo su agua
deviene en un producto financiero más.
Joaquín Estefanía
El País
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