martes, 29 de abril de 2008

La saga de la Directiva Bolkestein: el TJE impone una discriminación salarial y social

Carlos Ruiz Escudero - Coordinador Comisión Servicios Públicos de ATTAC España
Uno de los puntos más polémicos del texto original de la denominada Directiva Bolkestein, y que provocó por ello una fuerte contestación social y sindical, era el “principio del país de origen”, mediante el cual serían de aplicación a los trabajadores desplazados a otro país las reglas y legislación laboral del país de que procedían, en lugar de las propias del país de acogida donde prestaban sus servicios.

Debido al riesgo obvio de que este principio se empleara para provocar una discriminación salarial y laboral (“dumping”, en término anglosajón) del personal desplazado con respecto a las condiciones vigentes para los trabajadores del país de acogida -aprovechando para ello las grandes diferencias existentes entre los países que integran la Unión, especialmente en los de reciente incorporación- se alcanzó un acuerdo de compromiso en el Parlamento Europeo. Se anulaba esta cláusula, que se sustituía por la de “libertad de establecimiento y de circulación de servicios”, sin llegar a establecerse explícitamente que prevalecería siempre la legislación y normas del país de acogida.

Se otorgaba asimismo al Tribunal de Justicia Europeo (TJE) un papel relevante a la hora de interpretar las muchas partes intencionalmente ambiguas de esta Directiva, lo que conllevaba que una cuota importante del poder de regulación pasara del Parlamento democráticamente elegido a un organismo técnico-jurídico supuestamente neutral, de hecho muy sensible a los intereses y a las presiones de las empresas

A pesar de estos riesgos inherentes, denunciados por numerosos movimientos sociales y partidos minoritarios europeos (como la Izquierda Unida / Izquierda Nórdica Europea, GUE/NGL), este acuerdo satisfizo, no obstante, a los principales partidos europeos, así como a la poderosa Confederación Europea de Sindicatos (CES), lo que llevó a la definitiva aprobación de la Directiva de Servicios en el mercado interior por parte del Parlamento y Consejo europeos a finales de 2006

Sin embargo, como era de temer, se han producido recientemente tres sentencias del TJE, los denominados casos Viking Line, Laval/Waxholm y Rüffert, que suponen de hecho la aplicación del supuestamente abolido “principio del país de origen” y la legitimación del temido dumping salarial, lo que representa una nueva grave deriva del derecho comunitario europeo :

- 11 diciembre 2007: el TJE condena una acción sindical llevada a cabo en Finlandia, que se oponía a que un armador finlandés, Viking Line, rematriculara un ferry en Estonia, para aplicar así a la tripulación las condiciones salariales y laborales estonias, claramente inferiores a las existentes en Finlandia

- 18 diciembre 2007: el TJE condena de nuevo a los sindicatos, esta vez en Suecia, por intentar bloquear los trabajos de una empresa letona, Laval, subcontratada por una empresa sueca en Vaxholm, que se negaba a aplicar las condiciones del convenio colectivo sueco del sector a los trabajadores letones

- 3 abril 2008: el TJE condena al Estado de Baja Sajonia, Alemania, por intentar imponer el salario mínimo vigente para las empresas encargadas de la ejecución de un contrato con la Administración Pública . El TJE daba así la razón a un subcontratista polaco, trabajando para la empresa alemana Rüffert, que pagaba a sus obreros salarios inferiores al 50% de lo estipulado por el Estado.

En los tres casos, la razón de fondo empleada por el TJE para justificar su decisión, que promueve de hecho el dumping salarial, ha sido la misma : el derecho comunitario prohíbe cualquier medida “susceptible de hacer menos atractivas” las condiciones aplicadas a una empresa de un Estado Miembro (EM) de la UE que presta sus servicios en otro Estado Miembro, dado que eso “constituiría una restricción a la libre prestación de servicios” o a “la libertad de establecimiento”, las cuales se consideran entre las “libertades fundamentales garantizadas por el Tratado de la Unión”. Este argumento es totalmente inaceptable, pues conduce a minusvalorar lo social en esta lógica neoliberal, ya que, obviamente, cualquier avance social en un país, torna, en cierto modo, el mercado “menos atractivo” para las empresas compitiendo en el mismo.

Tampoco ha sido de ninguna utilidad en estos casos la famosa Directiva 96/71 de la UE, que regula las condiciones laborales del personal desplazado de un EM a otro, dado que el TJE ha precisado que “esta Directiva tiene como objeto la libre prestación de servicios” y no, como a menudo se interpreta, la protección de los trabajadores afectados. Esto muestra la clara deriva neoliberal del TJE, puesto que la Directiva 96/71/CE no es una norma de desarrollo de la libertad de establecimiento comunitario. Todo lo contrario: es una norma de garantía de los trabajadores que intenta evitar, claramente, el “dumping social”, en relación al derecho de libre circulación de las personas. Así se indica en forma clara en su parte introductoria: “el fomento de la prestación transnacional de servicios requiere un clima de competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores”. Por tanto, los derechos de los trabajadores que se contemplan en la norma comunitaria no son una excepción a la libertad de establecimiento empresarial y a la libre contratación de empresas: son una garantía de los derechos de los asalariados a fin de evitar rebajas salariales generalizadas con el uso intensivo de la libre circulación.

En la sentencia recaída en el asunto Rüffert prácticamente no aparece ninguna referencia al interés general y a los derechos de los trabajadores como elemento justificador de la limitación del derecho a la libertad de establecimiento. Y es esa omisión –más allá de los argumentos jurídicos- lo que resulta altamente preocupante en el pronunciamiento. Después de los asuntos Viking Line y Laval parece claro que la libertad de establecimiento –que no es más que una concreción parcial del derecho de libertad de empresa a nivel comunitario- se sitúa un peldaño más arriba que los derechos sociales. Los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, por tanto, no pueden afectar a ese sacrosanto derecho comunitario.

Como dato adicional, el TJE ha basado su decisión en estos casos no solamente a la luz de las Directivas de Servicios y del personal desplazado, sino aplicando asimismo artículos concretos del tratado de la UE, el 43 en el caso Viking y el 49 en los otros dos casos.

Conviene resaltar que ambos artículos han sido incluidos en el Tratado de Lisboa, en curso de ratificación por los EM, lo que significa que no bastaría con enmendar una o varias Directivas para resolver el problema planteado por las sentencias en cuestión, sino la necesidad de revisar todos los tratados en vigor de la Unión (y muy en particular los artículos invocados por el TJE en justificación de sus decisiones), a fin de restablecer la primacía de los derechos sociales sobre la libertad de comercio.

Aunque esto sea difícil, se torna totalmente necesario para evitar una futura desaparición de lo que resta del modelo social y económico europeo, puesto que, en definitiva, se está intentando una reversión del pacto social del estado de bienestar, a fin de conseguir una redistribución negativa de rentas a favor de los más opulentos. Y no es una lógica nueva: el proyecto de Directiva Bolkestein o algunas afirmaciones del reciente Libro Verde para la Modernización del Derecho del Trabajo están poniendo en evidencia la tendencia de las instituciones europeas a desmontar las tutelas sociales comunitarias.

Pocos gobernantes hoy en cualquier país europeo (salvo, por supuesto, Berlusconi, al que cabe sumar algunas propuestas puntuales de Sarkozy o, en nuestra casa, algunas reflexiones de la lideresa liberal Esperanza Aguirre) tendrían los bemoles de argumentar que los derechos individuales de los empresarios deben prevalecer sobre los individuales y colectivos de los trabajadores. Si alguien se presentara ante el electorado diciendo que está bien que los asalariados procedentes de otros países de la Unión menos desarrollados económicamente que trabajan en el país de que se trate cobren menos que los nacionales o que no pueda hacerse huelga para impedirlo, quizás se suicidara electoralmente. Sin embargo, ése es el futuro que están diseñando determinadas altas instancias comunitarias, sin que esas políticas –ni esas instancias- sean refrendadas directamente por las urnas.

Quizás ha llegado el momento de dar el gran salto: de recordar –y plasmar en textos normativos- que Europa no es –o mejor dicho, no debe ser- un simple mercado, sino un espacio común de libertades.

(basado en la declaración de Francis Wurtz, Presidente de GUE/NGL en el Parlamento Europeo el 22/04/2008 y en el artículo de Miquel Falguera Baró, de la misma fecha, en el boletín digital COMFÍA de CCOO)

sábado, 26 de abril de 2008

ATTAC propone a los sindicatos denunciar conjuntamente las políticas económicas neoliberales


El 17 de abril ATTAC España presentó en las sedes federales de los sindicatos UGT y CC.OO. sendas cartas y documentación anexa dirigidas a emplazar a estos agentes sociales a iniciar un nuevo proceso de diálogo social, una vez concluidas las elecciones generales y constituido el nuevo gobierno del PSOE, que permita establecer posiciones conjuntas de denuncia del desmantelamiento del modelo social europeo, promovido por las actuales políticas económicas neoliberales que se llevan a cabo en el seno de la Unión Europea, y que también se producen en nuestro estado.

El escrito fue elaborado conjuntamente por las comisiones estatales de Justicia Fiscal Global y Servicios Públicos, y llevaba la rúbrica del Coordinador de ATTAC España, Carlos Martinez. En nombre de ATTAC España, entregaron el documento Carlos Ruiz, coordinador de la Comisión de Servicios Públicos, y Ricardo Zaldívar, portavoz del Consejo Científico de ATTAC España.


CARTA DIRIGIDA A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL ESTADO ESPAÑOL POR PARTE DE ATTAC ESPAÑA ANTE EL NUEVO PROCESO DE DIÁLOGO SOCIAL QUE SE HA DE ABRIR EN ESPAÑA TRAS LAS ELECCIONES GENERALES DEL PASADO 9 DE MARZO DE 2008

Estimado/a Secretario/a General:

Tras las elecciones generales celebradas recientemente, consideramos sumamente oportuno el iniciar con todos los agentes sociales un proceso de diálogo social que permita alcanzar los correspondientes acuerdos necesarios para llevar a cabo una mejora de aquellos aspectos de nuestro entramado social que resultan de especial incidencia para amplios sectores de la ciudadanía, sobretodo para los de menor poder adquisitivo.

Destacan, en este aspecto, los servicios públicos y, en general, la infraestructura de protección social, que deberían proporcionar a la ciudadanía una mayor calidad de vida al garantizar un mejor y más amplio acceso a servicios básicos como la salud, la educación, las pensiones, la ayuda a las familias y la atención a las personas dependientes.

Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio económico y no pueden regirse por criterios de rentabilidad sino de interés social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía a lo largo de la historia y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales. La provisión de los servicios públicos se desarrolla atendiendo a las necesidades sociales del ciudadano y no a su capacidad de pago, según las leyes del mercado. Por su propia naturaleza de bien público no deben ser liberalizados ni privatizados: servicios 100x100 públicos

La crítica constante al funcionamiento de los servicios públicos ha conseguido que una parte importante de la sociedad acepte la falacia de que éstos serían mucho más “eficaces” si se entregaran a la competencia del mercado. No dudamos que haya que perfeccionar la eficacia de los servicios públicos. Para ello es ineludible ampliar su financiación y mejorar la calidad y el acceso de todos en condiciones de igualdad. En este sentido es urgente aumentar los impuestos a las rentas del capital y ampliar los recursos necesarios para estas mejoras, al mismo tiempo que reforzar su carácter público. No podemos permitir que el deterioro actual de los servicios públicos sea utilizado como argumento para permitir que se los apropien las transnacionales.

Pensamos que el primer paso en la dirección de mejorar nuestros servicios públicos es avanzar hacia un sistema fiscal justo y progresivo que cumpla funciones redistributivas y proporcione ingresos fiscales públicos suficientes para financiar las inversiones y el gasto corriente que demandan la prestación de los mismos. Los documentos adjuntos de ATTAC, que se mencionan a continuación, inciden de manera detallada en este sentido:
• Comunicado contra las rebajas impositivas (anexo 1)
• La falacia de las rebajas de impuestos (anexo 2)

No obstante, se hace asimismo necesario y urgente el oponerse frontalmente a las medidas intencionadas, adoptadas por diversas administraciones públicas, de progresivo deterioro de estos servicios esenciales para la cohesión social, con el propósito declarado de privatización de los mismos, lo que supondría un claro retroceso en el proceso de consolidación del estado de bienestar y de protección social.

Conscientes del papel primordial que han de desempeñar las organizaciones sindicales en esta tarea, y conocedores de los logros positivos alcanzados por las movilizaciones ciudadanas conjuntas con motivo de las negociaciones de la Directiva de Servicios en el mercado interior de la UE (Directiva Bolkenstein), Attac España, se dirige a vosotros de nuevo con objeto de daros a conocer nuestras posiciones y propuestas encaminadas a revertir las actuales políticas neoliberales seguidas por la UE y sus Estados Miembro que buscan el desmantelamiento del modelo social europeo.

Este ataque sistemático a los servicios públicos, provocando su deterioro para justificar su posterior privatización, reviste un alcance prácticamente mundial, contando para ello con la inestimable colaboración de instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la OCDE, el G-7, la UE, etc. España no escapa a esta situación, con especial incidencia en las comunidades gobernadas por el PP, especialmente en los sectores de Sanidad (caso severo Ochoa, nuevos hospitales de Madrid, listas de espera, masificación...)- donde se hace necesario mencionar la ley 15/1997 de 25 de abril sobre la "Habilitación de nuevas formas de gestión del sistema nacional de salud" y que sirve como base para avanzar en la privatización del sistema sanitario y a la cual deberíamos de oponernos- , Educación (cesión de suelo público a colegios privados, concertaciones de enseñanza no obligatoria, reducción exigencias de calidad en enseñanza primaria, masificación, creación de “ghettos”,..), Administración Pública (externalización de servicios, introducción gestión empresarial, …), Vivienda, Transporte, Energía, etc.

Llamamos la atención de las organizaciones de los trabajadores acerca de la progresiva eliminación de los derechos laborales y sociales que la Unión Europea está llevando a cabo, lo que se ve agravado por el hecho de que los nuevos Estados miembro, cuya legislación social, medioambiental y laboral está menos desarrollada y que tienen salarios inferiores, sean el objetivo a imitar para el resto, en lugar de evolucionar hacia las legislaciones más avanzadas y con mas derechos adquiridos de los Estados de la Unión que cuentan con más antigüedad.

Como movimiento ciudadano y de educación popular, ATTAC ESPAÑA no renuncia a seguir trabajando en la denuncia y la información acerca de los efectos negativos de las políticas neoliberales que la Unión Europea está aplicando, con una lógica puramente economicista y favorecedora de los intereses de las grandes corporaciones empresariales, sin atender nunca al bien social. Esto debe llevarnos una reflexión seria acerca de lo que está ocurriendo y reemprender una amplia movilización en defensa de los derechos sociales, del sector público, de las conquistas laborales y por la instauración de una legislación social europea avanzada y comprometida, como mínimo, con los parámetros del Estado del Bienestar.

Obviamente, Attac desea no solo una lectura conjunta de la situación, sino que, a ser posible, comencemos entre todos y todas a invertir el actual contexto de desregulación, liberalización y privatización de los elementos propios del Estado Social Europeo. Para ello solicitamos vuestra colaboración, y ofrecemos la nuestra, para concretar nuestras aspiraciones en un programa de campañas y acciones de mutuo interés, entre las que podríamos mencionar:

  • Campaña para” blindar” los servicios públicos esenciales, declarándolos Servicios no económicos de Interés General (SIG), en el proceso de transposición de la Directiva Bolkenstein a la legislación española (se adjunta documento descriptivo, Anexo 3)
  • Campaña por la Defensa de la Sanidad Pública, principal objeto de deterioro y planes de privatización (se adjunta Manifiesto para recogida de firmas, Anexo 4)
  • Campaña para la paralización de la negociación de los llamados eufemistícamente Acuerdos de Cooperación Económica (EPAs), por parte de la UE con países del tercer mundo, principalmente, y que pretenden la instauración de las reglas del libre comercio en beneficio exclusivo de las transnacionales europeas (se adjunta Manifiesto para recogida de firmas, Anexo 5)
  • Campaña por una enseñanza 100 por 100 publica y laica: se debe reclamar que se detenga el proceso de deterioro de la enseñanza pública y que no se financien con dinero o suelo publico centros concertados o privados
  • Campaña para ampliar en España la Convención Internacional de Corporaciones Locales: Intentar, junto con los representantes de los partidos de izquierda en las corporaciones locales y regionales que tanto estas corporaciones locales como cargos electos, sindicatos y personalidades públicas, se incorporen a esta importante iniciativa de defensa de los SSPP y rechazo del AGCS (se adjunta Manifiesto de la Convención celebrada en Ginebra a ese respecto, Anexo 5)

Otro aspecto que cada vez se está mostrando de manera más clara y amenazadora en nuestras economías sociales de mercado es el de la creciente financiarización que lleva al extremo los postulados neoliberales de la maximización del beneficio privado de las grandes transnacionales, aún a costa de ahondar en la pobreza y la marginación de la gran mayoría de la población mundial. Los fenómenos de los paraísos fiscales y la delincuencia financiera socavan por sus cimientos principios como la responsabilidad fiscal de las ganancias obtenidas por personas físicas y jurídicas respecto a los Estados, además de ser elementos claves en materias como el tráfico de personas, de drogas y de armas, que tanto sufrimiento imprimen a lo largo y ancho de nuestro mundo.

A este respecto se adjuntan los siguientes documentos de ATTAC:
• Manifiesto por la Justicia Fiscal Global (Anexo 6)
• Declaración de la Red de Justicia Fiscal (Anexo 7)
• Carta recientemente enviada al Secretario de Estado de Economía (Anexo 8)

Esperamos que los temas aquí señalados entren en la agenda del proceso de diálogo social que está por venir, por ser todos ellos básicos para una economía al servicio de las personas, que desplace su punto de mira desde el beneficio privado apropiado por los más poderosos hacia el beneficio social que ayude a dignificar la vida y a poner en primer plano a todas las víctimas que el neoliberalismo salvaje deja en las cunetas.

Atentamente:

Carlos Martínez
Coordinador de ATTAC ESPAÑA