jueves, 16 de agosto de 2012

Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía

El real decreto de abril del Gobierno del PP es una contrarreforma que nos lleva tres décadas atrás. Quieren seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto.

La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia. 

En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público. 

En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera). 

A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora). 

En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados. 

En Cataluña se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada ley Ómnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes. 

A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres. 

Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población en shock por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud. 

Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que puedan pagarla.  

Joan Benach es profesor de Salud Pública y miembro de GREDS-EMCONET (UPF). Su último libro publicado es La sanidad está en venta (Icaria). Firman también este artículo Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde.

El País 

http://elpais.com/elpais/2012/07/06/opinion/1341595001_910539.html

lunes, 13 de agosto de 2012

8 mitos (y mentiras) sobre #inmigración y #Sanidad

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular y de UPN la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Entre las muchas y controvertidas medidas que incluía la reforma hay una que ha concitado un rechazo generalizado, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria (excepto urgencias y atención a mujeres embarazadas y menores de 18 años).

Colectivos médicos, ONG y Comunidades Autónomas rechazan una reforma vía decreto, la consideran injusta, aseguran que no va a suponer un ahorro de costes al incrementar el uso de los servicios de urgencias y es contraria a una política de salud pública.

Para justificar la exclusión de un colectivo altamente vulnerable se han difundido durante años mitos y falsas leyendas entorno a la población inmigrante y el sistema sanitario. Aquí van alguna de estos lugares comunes (y erróneos):

Las personas inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria. Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, pero sólo suponían el 5% de los  pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente al 12,7% de la población inmigrante. Uno de los estudios más exhaustivos fue el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. En él se analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los españoles.

Los inmigrantes = turistas sanitarios. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria y mucho menos son turistas. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país. En todo caso, el debate sobre la existencia del “turismo sanitario” está referido a otro perfil de población extranjera procedente de la propia Unión Europea. La vinculación entre ambas circunstancias no es equiparable, tampoco en términos de renta (normalmente altas en aquellos que provienen en su mayoría de Europa y usuarios del llamado “turismo sanitario” y habitualmente bajas en el caso de los inmigrantes).

El sistema sanitario se financia con las cuotas de la Seguridad Social. Esta reforma ha vuelto poner de manifiesto la confusión y desconocimiento entre políticos, medios de comunicación y ciudadanía de la forma en la que se financia el sistema nacional. El Barómetro Sanitario de 2009, un estudio de opinión que realiza cada año el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 46,2% de los de las personas que respondieron a esta pregunta creían que la sanidad pública en España se financiaba con las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las personas que trabajan. Tan sólo el 27,2% manifestaron que se financia mediante los impuestos que pagan toda que paga toda la ciudadanía. Un 15,8% contestaron que se financiaba  por ambas vías, por los impuestos y por las cuotas a la Seguridad Social y el 10,3% no sabía cómo se hacía.

Desde el 1 de enero de 1999, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.

Es, a partir de dicha fecha que culmina la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de la ciudadanía en las más variadas e indistintas formas impositivas con que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los servicios que ha de prestar (IVA, IRPF, Impuestos Especiales, etc.).

Las personas inmigrantes irregulares no contribuyen al sostenimiento de la Sanidad. Relacionado con el punto anterior, es obvio que las personas inmigrantes (también las que no tienen permiso de residencia) contribuyen a la financiación del sistema sanitario. Excepto en el caso del IRPF (impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de trabajo) las personas inmigrantes pagan todos los impuestos que gravan la compra de bienes o los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina.

Deben pagar por la atención a través de la vía de los convenios-seguros. El Gobierno central planea crear, bajo el nombre de convenios especiales para que puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden que se han transmitido a las comunidades autónomas es que las personas menores de 65 pagarían 710,4 euros al año —59,20 mensuales— y de 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). Distinguir entre grupos de edad y adjudicándoles el supuesto precio medio de atención sanitaria sigue una lógica de aseguramiento privado que reparte el riesgo dentro de un grupo particular de la población, sin considerar la solidaridad intergeneracional. Además, como hemos explicado, es injusto sugerir que las personas en situación administrativa irregular no contribuyen ya que están pagando los impuestos indirectos. Con estas pólizas, las personas sin permiso de residencia  estarían pagando por la atención por dos vías, pagar dos veces.

La exclusión se hace para “converger” con Europa. No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal  las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.

El tratamiento sanitario puede recaer en las ONG. Los responsables del Ministerio de Sanidad han manifestado  que está previsto firmar convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria. Sin embargo, las ONG no deben ni van a sustituir al Estado. Médicos del Mundo atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado pero ni propia Organización ni otras ONG pueden hacerse cargo de analíticas, especialistas, pruebas,  derivaciones y prescripción de medicamentos que proporciona el sistema sanitario público y, mucho menos, sustituir y suplir las obligaciones y deberes del Estado.  La respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular no es la beneficencia o la generación de estructuras paralelas. Un sistema paralelo o un acceso a través de una “puerta trasera” conculcarían el derecho a la salud reconocido en nuestra carta magna además de no ser viable técnica ni sanitariamente.

Guillermo Algar. Médicos del Mundo
Pobreza Cero

viernes, 10 de agosto de 2012

La privatización del agua. Pedro Arrojo. (Attac TV)


La privatización del agua
Entrevista Pedro Arrojo. 
ATTAC TV


Pedro Arrojo, Profesor Titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y miembro del Consejo Científico de Attac, reflexiona sobre el modelo de privatización del agua más extendido: el PPP (Partenariado Público-Privado), con el que la clave de privatización deja de ser la mayoría financiera para situarse en la propia Información mediante la gestión de todas las decisiones empresariales y técnicas. Empezamos a confrontar este modelo por todo el mundo bajo el pretexto de la crisis y utilizando el equívoco de la "austeridad", que no es otra cosa que "sabotaje social". 

Sobre la base del agua como derecho humano con el que no se puede mercadear, Arrojo recuerda también que la ONU a día de hoy no contabiliza en sus estadísticas de mortalidad por imposibilidad de acceso al agua el caso de afecciones tóxicas causadas por la minería a cielo abierto.

domingo, 5 de agosto de 2012

Deuda municipal en España: el tamaño sí importa (y mucho)

La deuda municipal en España parece haberse convertido en uno de los flancos de batalla para aligerar las cuentas estatales.

No deja de ser curioso puesto que los municipios sólo representaban a finales del 2011 un 3.5% (28k millones €) de la Deuda Estatal Pública (810k millones de €). Si añadiésemos todas las entidades de apoyo local, como las diputaciones o las mancomunidades (+7k millones €), esa deuda local subiría hasta el 4.5% .

Aún así últimamente se escuchan propuestas como la de ‘fusionar los municipios más pequeños’ para ahorrar en servicios duplicados o innecesarios. Antes de embarcarnos quijotescamente en tamaña labor sería razonable verificar quién se está realmente endeudando de forma desproporcional a su tamaño dentro de ese ámbito municipal.

Para los impacientes adelanto ya algo. No son los ayuntamientos pequeños los sospechosos a investigar. (Conste en acta que no vivo en uno)

(Click para agrandar)

En el gráfico superior (treemap) se muestra la distribución porcentual de la deuda municipal según tamaño del municipio.

Alguien podría pensar que es lógico que los municipios de más habitantes tengan más deuda. Cierto. Lo que ocurre es que el mapa codifica en colores si ese % de deuda municipal (sobre la deuda municipal total estatal) está por encima (rojo) de lo que le tocaría a esos municipios dada la población española que vive allí, o si bien ese % de deuda está por debajo (tonos de verde).

En general cuanto más grandes los municipios más se han endeudado en relación a la población a la que dan servicio. Hay una excepción puntual en los municipios de 250-500k hab. que rompen en parte esa tendencia. Sería interesante analizarlos en detalle puesto que es razonable pensar que ofrecen servicios similares a otros grandes municipios pero se comportan casi como los de menos de 20.000.

Pero vamos paso a paso:
Primero visitamos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tranquilos de momento no hay que pagar, y nos descargamos el primer fichero de la lista con la deuda de los ayuntamientos a finales del 2011 (28.461M de €).
Ahí están: 8.116 ayuntamientos con sus deudas pendientes.

Antes de pasar a sacar datos de población listemos el Top 10 de municipios más endeudados y el % que representa su deuda sobre el total:

Ranking deuda municipal
Municipio
Deuda 2011(e)
% s/total deuda municipal




1
Madrid
 6.347.900.000
22,5%
2
Barcelona
 1.090.000.000
3,9%
3
Valencia
 886.200.000
3,1%
4
Zaragoza
 757.000.000
2,7%
5
Málaga
 755.400.000
2,7%
6
Sevilla
 452.000.000
1,6%
7
Córdoba
 316.641.000
1,1%
8
Palma de Mallorca
 225.217.000
0,8%
9
Ceuta
 207.131.000
0,7%
10
Valladolid
 204.898.000
0,7%





Total Top 10
 11.242.387.000
39,9%


Entre los 10 primeros municipios (de los más de 8.000) concentran el 40% de la deuda municipal total, y entre esos 10 Madrid se lleva más de la mitad. Llama la atención también que aparezca en ese top10 una ciudad como Ceuta y no cualquier otra como Vigo, Bilbao o Las Palmas de Gran Canaria de un tamaño mucho mayor.

Ahora vamos a agrupar los datos por tamaño poblacional y a ver si es cierto que los municipios pequeños endeudan al país y acumulan una deuda desproporcionada en relación a los habitantes (apunte al margen: con una deuda de 28’5k millones y una población de 47’2M tocan a 603 € de deuda municipal x habitante).

Accedemos a los datos del padrón del INE 2011 http://bit.ly/N6PSNg.
Con un poco de Excel y Google Fusion Tables juntamos los datos de deuda y población utilizando el código de población como llave de esa fusión.

El fichero fusionado está aquí (se puede exportar si lo necesitáis File: Download).

Si los municipios con más habitantes ganasen eficiencia gracias a las recorridas y esquivas ‘sinergias’ tendrían que salir bien en la foto. Pero no es así. Se mire como se mire. Es justo al revés.

(Doble click en el gráfico para visualizarlo mejor)

Los municipios más pequeños (menos de 1.000 habitantes) representan sólo un 1.2% de la deuda total municipal mientras que dan servicio a un 3.2% de la población española.

No parece que lo más prioritario sea empezar a sanear las cuentas estatales por los casi 5.000 municipios de menos de 1.000 habitantes que representan un 1.2% de la deuda municipal que a su vez es un 3.5% de la Deuda total pública de España (en definitiva en esos municipios radica un 0.04% de nuestro endeudamiento público).

Por muchos casos concretos y llamativos que pueda haber de deudaxcápita disparada en esos 5.000 municipios pequeños, la visión de conjunto es rotunda, siendo su aportación práctica al ‘problema de endeudamiento municipal, no digamos ya al estatal’ nula).

En cambio, son los 6 municipios de más de 500.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga) los máximos responsables del desequilibrio en deuda x cápita. Y además, con los 4 que aparecen en rojo, ya se acumula más del 30% de la deuda total.


Ahora supongamos que trabajamos (es un decir) en una de las Diputaciones provinciales y parte de nuestro trabajo fuese identificar y controlar las arcas de los municipios díscolos dentro de nuestra provincia.

¿Qué diputaciones deberían estar ahora mismo más atareadas auditando a sus ayuntamientos?


Si agrupamos los municipios por provincias parecería que Madrid, Tarragona, Zaragoza, Girona y Málaga serían unos buenos puntos de partida.

Pero la casuística no es siempre la misma.

A pesar del peso de la capital en cada provincia hay casos como el de Girona donde su capital (con 570€ de deuda) está muy por debajo del promedio de endeudamiento x cápita de la provincia (795€), y son otros municipios de su circunscripción los causantes de la elevada deuda x cápita.

En cambio en las 4 restantes (Madrid, Tarragona, Zaragoza y Málaga) son las capitales las que elevan la deuda municipal x cápita a nivel provincial.


Al final no hay recursos ni tiempo para gastar en reformar lo que no lo necesita y que además carece de peso para impactar en el resultado final mientras, como dicen los ingleses, hacemos como si los elefantes (más bien mamuts) no estuviesen en la habitación.

Sería bueno dejarnos llevar no sólo por el sentido común, la intuición o incluso por experiencias puntuales sino también por los datos y su visualización (asumiendo que las fuentes los hagan públicos, reflejen correctamente la realidad y no se produzca algún error en su manejo) ya que éstos pueden guiarnos mucho más y con un poco de suerte… hasta en la dirección adecuada.

Bonus Track:
Algunos lectores sugirieron recalcular los datos eliminando al municipio de Madrid (que aporta el 22.5% de la deuda municipal con el 7% de la población) pero dejando el resto de ciudades de más de 500m habitantes.

Se confirmaría que, incluso sin Madrid, las grandes metrópolis en conjunto acumulan una deuda de casi el doble de lo que les tocaría dado su peso sobre el total de población (siempre ex-Madrid).


Puestos a reducir algo la deuda de ayuntamientos (el 3.5% de la deuda pública estatal, 4.5% con diputaciones y mancomunidades) y mejorar la gestión municipal sería deseable realizar antes una clarificación de competencias y servicios al ciudadano que permita precisamente una comparación más precisa entre municipios de tamaño similar e incluso entre grupos de distintos tamaños teniendo en cuenta en el análisis los distintos niveles de servicios que provee cada uno.

De lo contrario nos será muy difícil controlar quién está haciendo buen uso del dinero público en cada nivel y quién no por una ‘simple‘ falta de claridad en el nivel de competencias, de tributos propios y de transferencias, confusión que no beneficia a nadie… (bueno, ésto último no lo tengo tan claro).

Gilbert Martínez Gamote 
Paradox (Xadox)
http://gilbebo.blogspot.com.es/2012/07/deuda-municipal-en-espana-el-tamano-si_30.html

ATTAC España apoya la Huelga de los trabajadores del Ferrocarril RENFE-ADIF

Nota de Prensa
ATTAC España manifiesta su apoyo a la Huelga de los trabajadores del Ferrocarril RENFE-ADIF  y denuncia los servicios mínimos abusivos impuestos al objeto de restringir el derecho de Huelga.

En el Reino de España, cada vez hay menos democracia y libertad. Con este apoyo, Attac España denuncia que la privatización del tren tiene el objeto de beneficiar a empresas del sector y regalar lo público, para que los amigos del poder hagan negocio a nuestra costa, que además acabarán aislando a miles de españoles  a lo largo de la geografía en paradas no rentables.

RENFE-ADIF es de todas y todos y no se debe privatizar.
5 de agosto de 2012

La ideología que se esconde tras las amenazas a FACUA

La organización de consumidores FACUA ha recibido amenazas inconcebibles en un estado democrático. En un oficio que pueden leer aquí  se les advierte de que se están “extralimitando”. Pilar Farjas, presidenta del Instituto Nacional de Consumo (ver más adelante quién es esta señora)  y que depende del Ministerio de Sanidad), les ha conminado a abandonar todas sus campañas contra los recortes. No sólo FACUA puede opinar que se trata de un burdo intento de instaurar una censura y un ataque inadmisible contra las más elementales prácticas de la democracia.

En la organización FACUA, afortunadamente, no se comparte la opinión “oficial” de que su labor a favor de los consumidores tenga que limitarse al ámbito privado, ya que supone que los bienes y servicios públicos han de quedar exentos de toda crítica: FACUA sí puede, según el INC, advertir y valorar los servicios de sanidad o educación desde el sector privado,  pero no desde el sector público. Y la pregunta obvia que debe contestarse es ¿por qué? O hay un transfondo ideológico que debe ponerse al descubierto, o muy mala opinión deben tener de sí mismos los RECORTADORES oficiales de los servicios y derechos de la ciudadanía.

Desde el Ministerio de ANA MATO se acaban de pergeñar unas investigaciones más propias de los servicios de información inspirados en la Inquisición o peor, y mientras la disyuntiva es la siguiente: o FACUA cesa en sus campañas, o. puede verse excluida del registro y perder “la condición de asociaciones de consumidores y usuarios”. Traducido en el lenguaje de recortes que tan bien maneja el PP, supondría dejar de recibir cualquier subvención estatal y no estar avalada oficialmente como organización de consumidores.

Pero, ¿quién es Pilar Farjas, la firmante de la amenaza?
Cuando ocupó la Conselleria de Sanidade de Galiza, Pilar Farjas se comprometió con la sanidad privada, fue acusada por parte de las organizaciones de defensa de la sanidad pública y los profesionales del sector por los despidos y ERE’s del sector, y su lucha contra los derechos de las mujeres y el derecho al aborto. En un ejemplar de El Pais del 2009 se nos informaba de las actividades veraniegas de quien era entonces la conselleira de Sanidade de Galiza. Hoy nos da algunas de las claves que permiten entender la ideología que se esconde tras las amenazas hechas a FACUA:

“Pilar Farjas dedicó sus vacaciones a releer Caritas in Veritate -la tercera encíclica del Papa- y halló argumentos no sólo para reforzar su fe, sino para reafirmar su oposición a proyectos que centrarán la vida política a la vuelta del verano, como la reforma del aborto o el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo central para garantizar las libertades religiosas. “Hay decisiones del Gobierno profundamente injustas, como aquellas que limitan la defensa de la vida”, aseguró Farjas, que animó a los cristianos a reflexionar sobre “las repercusiones morales” de las acciones de los gobernantes y a tenerlas en cuenta a la hora de afiliarse a un partido, participar “en la vida pública” o acudir a las urnas.

Invitada a participar en la Semana de Teología y Pastoral que organiza cada año la Fundación Hogar Santa Margarita, su parroquia en A Coruña, Pilar Farjas dedicó a “la defensa de la vida” parte de su conferencia titulada El compromiso político vivido desde la fe. En ningún momento pronunció la palabra aborto o interrupción del embarazo. Pero, recogiendo una argumentación cercana a la de los antiabortistas, la responsable de Sanidade equiparó “la defensa de la vida” a la conquista que supuso reconocer la igualdad de sexos o la abolición de la esclavitud, “esa aberración que suponía negar al negro su humanidad”.

Defender “la vida” es un logro “del avance científico”. “Quien quiera enfrentar conocimiento científico con la fe tergiversa la defensa de la vida que hacemos los cristianos, porque la ciencia nos permite ver la grandeza de quien fue capaz de crear la vida”, remarcó Farjas. Añadió que defiende libertades como la de “organizarse” o la lingüística. “Es pecado limitar el uso de un elemento de comunicación como la lengua (…)”.

Seguir leyendo el artículo de El País aquí
¿Se va entendiendo ya el trasfondo ideológico de la amenaza a FACUA …?

Punts de Vista
Angels M Castell
http://puntsdevista.wordpress.com/2012/08/05/la-ideologia-que-se-esconde-tras-las-amenazas-a-facua

Nota Attac Murcia.
Nuestra solidaridad y apoyo total a FACUA.
Si cae FACUA caemos tod@s y eso, estimad@s lectores y compañer@s, no lo vamos a consentir.
Es un ataque directo al Estado de Derecho y a las Libertades inaceptable.
Salud, Resistencia y Acción!