La Universidad, el Mercado y Bolonia

Sin duda, la Universidad necesita una importante reforma, dado su anquilosamiento burocrático, sus vicios internos y su pérdida de peso en la sociedad. Lo que ocurre es que la reestructuración emprendida basada en la Declaración de Bolonia ha ido en la dirección contraria. La Universidad debe seguir siendo un lugar de producción, transmisión, difusión y crítica del conocimiento, y no una mera fábrica de titulados con los perfiles que interesen al mercado. Es de esto, y también del nulo debate sobre el tema en las propias universidades, de lo que protestan muchos estudiantes y no pocos profesores.

En la histórica ciudad italiana de Bolonia, en 1999, los ministros de Educación de 29 países europeos firmaron una declaración en la que se comprometían a establecer un Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) con el objetivo de hacer más competitivas nuestras universidades. A tal fin, se marcaron varios objetivos para antes de 2010: adopción de un sistema comparable de títulos para “favorecer la empleabilidad de los ciudadanos europeos”; un sistema de enseñanza basado en dos ciclos, el primero de los cuales ya daría acceso al mercado laboral; promoción de la movilidad de los estudiantes, mediante un sistema unificado de créditos (el ECTS o Sistema Europeo de Transferencia de Créditos); colaboración en la garantía de calidad con vistas al diseño de criterios y metodologías comparables; y promoción de las dimensiones europeas en la enseñanza.

En principio, nada habría que objetar; la letra de Bolonia es asumible y bastaría, para conseguir dichos objetivos, con desburocratizar de forma razonable nuestras universidades. Pero ya en la propia Declaración existen aspectos no concretados que posibilitaban lo que habrían de ser las músicas que los Gobiernos irían imponiendo en el establecimiento de los dos ciclos y en el diseño de las “metodologías comparables” y los “criterios de calidad”. Imposiciones que significan una profunda reestructuración del sistema universitario y que han sido presentadas como si respondieran a la letra de la citada Declaración. Lo que es falso.

Conviene recordar que, en el caso español, el tiempo inmediato a los acuerdos de Bolonia estuvo ocupado por la confrontación en torno a la LOU (Ley Orgánica de Universidades) que impuso el Partido Popular (PP) a pesar de la oposición de la mayoría de los estudiantes, profesores e incluso de buena parte de los rectores, y también del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque luego éste, cuando llegó al Gobierno, no la anulara como había prometido.

Con la “batalla de la LOU” en primer plano, Bolonia apenas tuvo repercusión hasta que empezó a concretarse en documentos gubernamentales. Estos aparecieron en 2003, en la época de la ministra Pilar del Castillo (PP), y fueron lanzados como globos sonda para captar el grado de aceptación/resistencia a sus contenidos: una práctica recurrente en la política española que, para establecer diagnósticos, sustituye al debate social.

Objetivo principal: la sumisión

En un Documento-Marco, tras la consabida jaculatoria de que la formación del EEES constituye “un reto muy positivo para todos”, se mezclaban los objetivos de Bolonia con los objetivos y desarrollo de la LOU. En la exposición de motivos de ésta se incluía ya la necesidad de una nueva ordenación de la actividad universitaria; y, consecuentemente con ello, el Documento afirma que “se hace necesaria una nueva concepción de la formación académica”: una necesidad que en modo alguno estaba contenida en la letra de los acuerdos de Bolonia.

¿Cuál es esta nueva concepción de la formación académica, que ha sido el eje de la política de reestructuración universitaria que se está realizando y que se nos presenta como el desarrollo natural del “proceso de Bolonia”? En un artículo publicado en Diario de Sevilla, en octubre de 2003 (1), indicaba yo que estábamos ante la que sería “la más importante reforma de nuestras universidades desde la segunda mitad del siglo XIX: ponerlas al servicio directo del mercado, eliminando o reservando a selectas minorías su dimensión reflexiva y crítica”. Añadía que la implantación de los grados, con reducción de los estudios necesarios para el ejercicio profesional, “provocará un empobrecimiento de la formación y un énfasis en los aspectos instrumentales y practicistas -algo muy distinto a la necesaria combinación entre teoría reflexiva, métodos y técnicas para conducir adecuadamente la práctica profesional-, con lo que los estudios de grado serán una especie de FP-3; eso sí, con títulos más pomposos… Cuanto responda a las necesidades del mercado va a tener sitio, mientras desaparecerá, o quedará como adorno de lujo, aquello que no tenga una directa ubicación en aquél”.

A pesar de lo que se nos venía encima, la mayoría tanto de profesores como de estudiantes continuaron sin apenas reacción y, sobre todo, sin exigir un debate dentro de la comunidad universitaria sobre la situación de ésta y la dirección que, sin consulta alguna, estaban imponiendo los políticos primero del PP y luego del PSOE -que en este, como en otros temas, se muestran como franquicias diferentes de una misma empresa ideológico-política.

El énfasis en los dos ciclos -el grado y los ahora llamados máster- refleja el objetivo de sumisión de la estructura y funcionamiento de la Universidad a las demandas del mercado. La enseñanza universitaria queda fracturada; y la dualización de ciclos responde a la nueva dualización de los mercados de trabajo: el grado -más corto que las actuales licenciaturas- tiene como objetivo producir el tipo de profesional que interesa hoy a las empresas: con conocimientos muy generales, sobre todo instrumentales, y con habilidades y actitudes que encajen en la flexibilización, polivalencia y competitividad de los empleos.

No interesan profesionales con capacidad crítica sino que se adapten con facilidad a las necesidades de las empresas. No se precisa -en contra de lo que suele afirmarse- un buen nivel de cualificación sino unos conocimientos mínimos y lo más polivalentes posible, junto a un máximo de pensamiento domesticado. De aquí los problemas que han tenido, o continúan teniendo, para su conversión en grados las actuales licenciaturas de baja aplicabilidad directa (Historia del Arte, algunas Filologías) o con un núcleo de reflexión crítica (Antropología).

De aquí, también, la insistencia en el cambio de la metodología docente, consistente en enfatizar no la calidad y los contenidos de la enseñanza (con la consiguiente necesidad de que existan maestros) sino las técnicas de aprendizaje. Como se establece en la normativa que ha ido produciéndose en los últimos años, “las titulaciones deberán diseñarse en función de los perfiles profesionales”. Y estos perfiles, serán determinados por “el mercado”, es decir por las grandes corporaciones empresariales. Todo ello, con el fin de “incrementar la empleabilidad de los titulados”, como se dice en el real decreto 1393/2007.

Por otra parte, para obtener los profesionales de más alta cualificación que también seguirá demandando el mercado, aunque en proporciones cada vez más pequeñas, se establecen los máster. Estos irán destinados a “orientar hacia una mayor profundización intelectual, hacia la investigación o la formación profesional avanzada”. Habrá, sin duda, máster públicos, sin una subida desmesurada de tasas respecto al actual tercer ciclo, pero los que serán realmente valiosos -en el doble sentido de más caros y de vía para acceder a empleos de más elevado rango- serán los patrocinados, y subvencionados, por grandes empresas. Máster “para ricos” que se ofrecerán sólo en determinadas universidades y para cuyo contenido será aún más determinante que para los grados la opinión -los intereses- de las instituciones patrocinadoras.

Afirmar esto no equivale a imaginar fantasmas. Lo prueban numerosos hechos y declaraciones de responsables políticos y académicos. Así, la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla -una ingeniera con experiencia previa en varias empresas multinacionales- declaró en 2006, que “se procedería a adoptar medidas para adaptar la oferta académica al tejido productivo y a las demandas de la sociedad” (2). Más recientemente, la presidenta del Consejo de Rectores de las Universidades Andaluzas, Adelaida de la Calle, al presentar junto con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía el “foro de debate permanente” creado por ambas organizaciones, no dudó en afirmar que “los planes de estudio los diseñan las universidades, pero esto debe hacerse atendiendo las peticiones del sector empresarial” (3).

Más clara aún fue Montserrat Casas, rectora de la Universidad de las Islas Baleares: “La universidad, lo que tiene que hacer es dar la estructura mental adecuada para que la persona se pueda adaptar a diferentes tipos de trabajo que le pueda ofrecer la sociedad… No tiene sentido mantener la enseñanza de una materia cuando la sociedad necesita otro ámbito” (4). Es evidente que, en estos y otros muchos casos, cuando se habla de “la sociedad” hay que leer el Mercado. También Justo Nieto, cuando en agosto de 2004 fue nombrado conseller valenciano de Empresa, Universidad y Ciencia, previamente rector de la Politécnica de Valencia, fue muy transparente en la explicación del motivo de creación de su Conselleria (5), que tiene equivalentes en Andalucía, otras Comunidades Autónomas y en el propio Ministerio (6): se trata de que “la Universidad, la Empresa y la Ciencia sean un solo elemento, cada uno de ellos impregnado de la filosofía del resto” (7). Y podríamos añadir una serie de ejemplos.

Si de los nuevos planes de estudio y las “nuevas metodologías” pasáramos a la investigación, comprobaríamos que la lógica que la preside, cada día con más fuerza, es la misma: la “eficiencia”, medida en términos de aplicabilidad inmediata por las empresas.

Sin embargo, se insiste en descalificar a quienes se oponen al contenido real del proceso de Bolonia; y se afirma que es una falsedad que la Universidad esté siendo privatizada. Conviene, a este respecto, aclarar un malentendido que está lejos de ser inocente. Si por privatizar se entiende únicamente cambiar la titularidad de las universidades, es claro que, al menos por ahora, la mayoría seguirán siendo públicas, porque hacerse cargo de ellas no es rentable a las grandes corporaciones financieras y empresariales. A éstas no les interesa asumir la titularidad de las instituciones universitarias sino que estas respondan, en la enseñanza, en la investigación y en su funcionamiento general, a sus intereses privados y no a los intereses colectivos.

Les interesa que las universidades produzcan mentes acríticas, de pensamiento cero o cuando más de pensamiento único, en lugar de buenos profesionales críticos respecto a los saberes y los poderes establecidos. Que, en lugar de una comunidad de profesores-investigadores que hagan avanzar el conocimiento y lo transmitan a los estudiantes y al conjunto de la sociedad, las universidades funcionen como academias de formación técnico-laboral para clientes sólo preocupados por conseguir cualquier empleo, y como laboratorios para investigaciones inmediatamente aplicables por las empresas.

Nada de esto debería sorprendernos. Durante siglos, el avance del conocimiento en las universidades fue resultado de la lucha por la libertad de pensamiento, primero contra el control inquisitorial de quienes ponían barreras a ésta en nombre de la verdad religiosa; y luego contra el poder político, que también veía como un peligro para el orden sociopolítico la libertad de cátedra y el espíritu rebelde de los estudiantes.

Ahora, el dogma del Libre Mercado y los guardianes de su ortodoxia intentan imponer su lógica en las universidades en nombre de los principios sacralizados de la competitividad, la productividad y la eficiencia, definidas en términos exclusivos de rentabilidad económica. Un intento que cuenta con la colaboración activa de aquellos académicos que han abrazado la nueva Fe transmitida desde el poder, y con la colaboración pasiva de los que piensan que pueden salir beneficiados personalmente o continúan confundidos en cuanto a la verdadera naturaleza del choque entre lógicas incompatibles al que estamos asistiendo.

A estos últimos, es necesario mostrar cuál es el eje real del proceso que llaman “de Bolonia”, por más que desde el Gobierno, el conjunto de los partidos políticos y muchas instancias académicas se siga insistiendo retóricamente en las bondades del mismo, en base a focalizar sólo algunos de sus efectos secundarios. La lógica profunda “de Bolonia” es que, a una Economía de Mercado y una Sociedad de Mercado les corresponde una Universidad plenamente mercantilizada.

Notas:
(1) Diario de Sevilla, 6 de octubre de 2003
(2) Diario de Sevilla, 15 de febrero de 2006.
(3) El País, Andalucía, 8 de abril de 2008.
(4) Diario de Mallorca, 8 de abril de 2008.
(5) En junio de 2007 hubo reestructuración y las competencias de Universidad volvieron a Educación.
(6) En Andalucía - que funciona como laboratorio político del PSOE - hace ya varios años que fue creada la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para “transformar la orientación de la Universidad” y hacer que la investigación que se realiza en ella sea “más eficiente”, según declaraciones del consejero Francisco Vallejo (El País, 8 de mayo de 2004). Algo similar ha sucedido en otras Comunidades Autónomas.
(7) El Mundo, Madrid, 1 de noviembre de 2006.

Isidoro Moreno - Le Monde Diplomatique

El “working poorletariado”

La novedad de la crisis económica actual en materia de empleo son esos tres millones de desempleados que registran las cifras oficiales. Pero no hay que olvidar que durante estos años de bonanza que hoy se añoran no a todo el mundo le iba igual de bien en la feria. Esa prosperidad a veces insultante de la que han presumido algunos tenía su contrapartida en los millares de working poors (trabajadores pobres).

A estas alturas del experimento neoliberal iniciado hace más dos décadas, la insoslayable evidencia permite anotar entre sus méritos el haber configurado un modelo de sociedad donde la gente no puede contar ya con la seguridad de un empleo fijo. Si hay alguna mercancía característica de la factoría capitalista global, ese producto es el desempleo.

Uno de los grandes logros del capitalismo contemporáneo ha sido el de recuperar en el escenario laboral la figura del working poor o “trabajador pobre”. Categoría de precariedad en la que se encuadran aquellas personas que, a pesar de tener una relación laboral normalizada por un contrato legal, se sitúan por debajo del umbral de pobreza de su país. En otras palabras, aunque trabajan en condiciones legales y reciben un salario, no consiguen dejar de ser pobres. Exactamente igual que en el capitalismo manchesteriano del siglo XIX.

A nivel europeo, se estima que hay más de 35 millones de personas en situación de working poor, afectando al 13,3% de los hogares de trabajadores de la UE. El 33% de los pobres europeos de entre 25 y 55 años trabaja con un contrato legal y a jornada completa. Los trabajadores que se encuentran en alguna de estas tres situaciones: empleo a tiempo parcial no elegido, empleo temporal o autoempleo, sufren un mayor riesgo de vivir en situaciones de pobreza. “Estos trabajadores, en general, trabajan menos tiempo a lo largo de un año que los trabajadores con contrato indefinido o a tiempo completo, lo que explica, obviamente, parte del menor ingreso salarial”, señalan Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez, autores de un estudio sobre los working poor en la Unión Europea. (*)

“Buenos días: Soy XXX; responsable de selección de XXX estamos buscando cobradores de peaje a tiempo parcial (25H) con TOTAL disponibilidad en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. La zona de trabajo es en el peaje de ALCOBENDAS de la R2. La incorporación es inmediata. El salario es 8.42 euros las horas diurnas y 10.07 las horas nocturnas. necesario carnet y coche. Por favor si estás interesado llama al 91... “

Esto no es ficción. Se trata de una oferta de trabajo enviada hace un par de días por correo electrónico a los demandantes de empleo apuntados en una Empresa de Trabajo Temporal. En ese tipo de trabajos basura te pagan (mal) por el tiempo exclusivo en el que estás presente en el tajo. No generas derechos como descanso dominical y vacaciones pagadas. Ni siquiera una decente cotización a la Seguridad Social. Mientras que un trabajador con contrato normal cotiza a efectos de su pensión futura por 365 días al año, aunque no trabaje los fines de semana, vacaciones y otras fiestas de guardar, los años de cotización del precario son más largos, sólo cotiza los días de presencia efectiva en el trabajo. Si no puede acudir por enfermedad, no cobra. Así de claro, como los jornaleros de antaño.

Exceptuando ciertas privilegiadas minorías del ámbito empresarial, judicial o político, es difícil encontrar hoy una familia que no tenga alguno de sus miembros incurso en algún tipo de precariedad laboral. Cada vez hay más hogares donde, aunque todavía se vive con cierto desahogo gracias a los ingresos de los cabezas de familia, los hijos están en paro o trabajan con contratos precarios, por lo que no encuentran un terreno sólido sobre el que asentar un proyecto de desarrollo y emancipación personal.

Pero cada vez hay más familias sumidas en la pobreza debido a esta precariedad laboral. Para los autores del estudio citado, “hay razones para defender que el análisis de la pobreza salarial debe hacerse, para ser más realista, no en términos personales sino familiares. Por ejemplo, es usual que una persona obtenga un salario que le permita a él individualmente situarse por encima de la línea de pobreza, pero que una vez integrado en una unidad de convivencia con más personas, y quizás no más ingresos (desempleados, niños, ancianos), el hogar quede en situación de pobreza real”.

El working poorletariado es una lacra que se extiende a escala global. De ella no se salvan ni siquiera las poblaciones países que, como Japón, hicieron del trabajo una cuestión de honor. Formado a partir del término inglés free (libertad) y el alemán arbeiter (trabajador), el neologismo freeter se utilizó originalmente en Japón para designar a los jóvenes que se negaban a someterse a las normas del empleo permanente y optaban por los contratos temporales. En la actualidad, esta opción prácticamente ya no existe, puesto que los pequeños trabajos son los que más abundan.

Según datos oficiales, Japón registraba en 2004 unos 4 millones de freeters de 15-34 años. Sus ingresos oscilan entre los 100.000 y 200.000 yenes por mes, es decir, aproximadamente la tercera parte de lo que gana un asalariado común. Uno de los aspectos más preocupantes de la precariedad laboral japonesa es el suicidio. Al no poder sobrellevar la situación, algunos desamparados deciden quitarse la vida. Desde 1989, según las estadísticas de la Agencia de la Policía Nacional, se suicidaron unas 450.000 personas. La cuestión es lo suficientemente espinosa como para que los poderes públicos comiencen a interesarse en ella. El Ministerio de Salud y Trabajo se fijó como objetivo reducir a 22.000 la cantidad de suicidios de aquí al 2010. (**)

(*) Bibiana Medialdea y Nacho Álvarez: “Ajuste neoliberal y pobreza salarial: los working poor en la Unión Europea”, Viento Sur, nº 82, Septiembre, 2005

(**) Odaira Namihei: “Jóvenes atrapados en la clase baja: Malvivir en el País del Sol Naciente”. Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur. Servicio Informe-Dipló Nº 82, 25.04.2006.

José Antonio Pérez - Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía - ATTAC Madrid

Sindicatos de todo el mundo instan al Banco Mundial y al FMI a emprender acciones firmes para combatir el desempleo mundial

Una delegación de alto nivel integrada por 80 representantes sindicales del mundo entero se reúne esta semana en Washington con el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, y con el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, así como con otros altos ejecutivos y funcionarios de ambas organizaciones, con la intención de reclamar la aplicación de medidas inmediatas para hacer frente a la recesión y que se introduzca una regulación global efectiva con objeto de garantizar la estabilidad económica mundial en el futuro. La delegación, encabezada por la Presidenta de la CSI, Sharan Burrow, y su Secretario General, Guy Ryder, incluye dirigentes sindicales y especialistas en economía de diversas centrales sindicales nacionales, Federaciones Sindicales Mundiales y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE.

En cabeza de la lista de preocupaciones sindicales figura el espectro de una espiral de desempleo global, dado que cada vez más empleadores se ven obligados a reducir su personal en vista de las restricciones de créditos.

“Resulta esencial que las instituciones financieras internacionales tomen medidas para apoyar el empleo decente, frente a la crisis mundial de empleo prevista, y que establezcan las bases para una recuperación económica. Mientras que el FMI ha venido alentando a los países industrializados a adoptar políticas vigorosas de estímulo fiscal, algo con lo que estamos totalmente de acuerdo, por otro lado ha venido desarrollando un enfoque más tradicional de ‘disciplina fiscal’ en sus recomendaciones a la mayor parte de los países en desarrollo. Las economías en desarrollo y en transición empiezan ahora a sufrir las consecuencias de la crisis económica mundial, y el FMI y el Banco Mundial deberían desprenderse de las políticas fallidas del pasado y concentrar sus esfuerzos en el mantenimiento y la creación de empleo, tanto para hacer frente a la actual crisis como para establecer los cimientos de una recuperación económica”, afirmó el Secretario General de la CSI, Guy Ryder.

Según estimaciones de la OIT, publicadas antes de que se hiciese patente todo el alcance de la crisis, se preveía ya la pérdida de 20 millones de empleos para finales de 2009, y un incremento de 40 millones en el número de personas que subsisten con menos de 1US$ por día. Los sindicatos se temen que al intensificarse la recesión, el impacto final sea considerablemente más importante.

El FMI ha acordado conceder créditos de emergencia a varios países particularmente afectados por la crisis económica. Aunque la condicionalidad asociada a estos créditos no resulta tan compleja y onerosa como la impuesta durante la crisis financiera asiática en 1997-98, las afiliadas de la CSI se muestran preocupadas por algunas de las condiciones o “acciones previas” que contienen muchos de estos créditos, como por ejemplo las subidas de tipos de interés y de los precios en el suministro de servicios públicos, restricciones o incluso disminuciones salariales, particularmente en el sector público, así como reducciones de los pagos de pensiones y otros recortes del gasto público. Todo ello perturbará el nivel de actividad de unas economías ya en recesión y llevará a una reducción en el nivel de vida de los trabajadores, lo que se contradice con las políticas de estímulo fiscal que el FMI recomienda que adopten los países ricos.

A la CSI le preocupan particularmente algunas de las condiciones de un acuerdo crediticio que el FMI acaba de concluir con el autoritario gobierno de Belarús. A cambio de un crédito de emergencia por valor de $2.460 millones, el gobierno de Belarús - que ha sido acusado por la Organización Internacional del Trabajo de violar los derechos fundamentales de los trabajadores - se compromete a aplicar moderaciones salariales en todo el sector público, incrementar los precios de los servicios públicos y llevar a cabo un proceso de privatización. Se recomienda además a Belarús que reforme su red de seguridad social y que concentre la atención hacia “los grupos más vulnerables”, lo que podría derivar en una protección social reducida para numerosos trabajadores dado que no pueden expresarse ni defenderse libremente a causa de la represión ejercida por el régimen Lukashenko contra los sindicatos. “El FMI debe exigir al Gobierno de Belarús que respete los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo las normas fundamentales del trabajo, antes de autorizar el pago de cualquier crédito a dicho país”, indicó Guy Ryder.

La delegación sindical presenta un práctico y ambicioso paquete de reformas y recuperación, basado en la “Declaración de Washington" que fuera presentada durante la reunión de líderes del G20 celebrada en Washington el año pasado. El paquete subraya que los gobiernos deben estar dispuestos a aplicar más recortes coordinados en los tipos de interés y a concentrar las inversiones en infraestructura, educación y sanidad para contribuir a estimular el crecimiento de la demanda y reforzar los servicios públicos. Esto ha de ir acompañado de medidas fiscales y de gastos para apoyar el poder adquisitivo de la población con ingresos medios y bajos, y de pasos concretos para lanzar inversiones en bienes y servicios verdes, contribuyendo así a combatir el cambio climático.

Teniendo en cuenta que el G20 exhortó al FMI para que asuma un papel importante a la hora de diseñar un nuevo marco regulador para el sistema financiero mundial, la delegación sindical internacional insistirá en ocupar un sitio en la mesa de negociación para tratar sobre un proceso de re-regulación que tenga como prioridad central la economía real, y no los intereses de los especuladores financieros mundiales. “Los trabajadores sufren todo el peso de la actual crisis y sus sindicatos llevan advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros de un sistema financiero mundial sin ningún control regulatorio”, comentó Ryder, añadiendo que “unas normas regulatorias transparentes y eficaces tendrán una importancia crítica para eliminar las incertidumbres y restaurar la confianza de los inversores”.

La delegación sindical insta igualmente al Banco Mundial para que contribuya a evitar una repetición del impacto catastrófico de la reciente crisis de los precios de productos alimenticios sobre la población de los países pobres, yendo más allá de proporcionar créditos de alivio de emergencia y ayudando a los países en desarrollo a aumentar su seguridad alimenticia. De esta manera, ambas IFI revertirían algunas de las políticas que incitaron a adoptar a los países pobres en el pasado, como la reducción de la ayuda estatal a la agricultura mediante la disminución de las subvenciones para semillas y fertilizantes, la supresión de las reservas de cereales, y pasar de producir alimentos a producir biocombustibles. Estas recomendaciones de cambios de política se elaboran en la declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial el pasado mes de octubre<>.

La delegación pedirá asimismo al Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, que deje de promover la desregulación del mercado laboral en la publicación de mayor circulación del Banco, Doing Business, que concede la mayor puntuación a países como Belarús donde se ha eliminado la protección básica para los trabajadores/as. “No tiene sentido que el Banco Mundial continúe promoviendo firmemente una desregulación generalizada como respuesta a los males de los países en desarrollo, cuando resulta evidente que ha sido justamente la falta de una regulación adecuada a nivel mundial lo que ha sumido a la economía global en la situación más difícil experimentada desde los años 30”, indicó Guy Ryder.

Las reuniones de esta semana forman parte de una campaña sindical internacional desplegada para hacer frente a la crisis. Las organizaciones sindicales nacionales están ejerciendo presiones sobre sus respectivos gobiernos respecto al programa de recuperación y reforma, y se dará un nuevo impulso global a esta cuestión durante la segunda reunión del G20 sobre la crisis que tendrá lugar en Londres en el mes de abril.

La CSI representa a 168 millones de trabajadores y trabajadoras en 155 países y territorios, y cuenta con 311 afiliadas nacionales.

Sitio web: http://www.ituc-csi.org/ http://www.youtube.com/ITUCCSI

El fracaso mundial de la jubilación privada

Informe de la Organización para la Cooperación y el Desenvolvimiento Económico.

El hundimiento mundial de los fondos de jubilación privados ya está provocando una catástrofe entre los jubilados o los que están próximos a jubilarse. La crisis financiera actual le ha dado un golpe serio a los sistemas de pensión privados", admite un reciente Informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desenvolvimiento Económica) que agrupa a una treintena de países, entre ellos EEUU, Canadá, Japón, España, Alemania, Italia, Corea, México.

La conclusión del Informe es que en medio de esta catástrofe jubilatoria, la burguesía mundial debe preservar los sistemas privados y resistir la tendencia a la nacionalización, reduciendo las prestaciones truchas, aumentando las contribuciones de los trabajadores y aumentando la edad para jubilarse.

"Los fondos de pensiones de los países de la ODCE acumulan entre enero y octubre una pérdida del 20% de su patrimonio, que a finales de 2007 era de 12.831 billones de euros (17.859 billones de dólares). Eso supone unos números rojos de 2,5 billones de euros, que se elevan a 3,59 billones de euros (5 billones de dólares) si se incluyen los Individual Retirement Accounts (IRA), productos similares a los planes de pensiones".

Aún así, el Informe de la OCDE admite que recién se conocerá plenamente la magnitud de las pérdidas cuando "los fondos de pensión presenten sus informes de 2008 a las autoridades de fiscalización. Existe una cierta duda en relación a la valorización de los activos difíciles de transformar en líquidos en plazos breves, como las colocaciones inmobiliarias o los productos llamados estructurados... La participación de esos activos varia entre los países y los fondos, y algunos corren el riesgo de acusar pesadas pérdidas más que otros". De esta manera, los 5 billones serían las pérdidas mínimas del año.

La consecuencia de estos quebrantos recae sobre los jubilados y sobre los que están próximos a jubilarse. "Una depreciación importante de los activos puede implicar una pérdida de ingresos permanente desde el momento en que el dinero economizado en las cuentas de ahorro previsional debe servir para comprar la renta de la jubilación al momento del retiro laboral", dice el informe.

"Pero la crisis mundial ha provocado un agujero de 1,4 billones euros (2 billones de dólares) en los fondos de pensiones que las empresas de los países de la OCDE tienen para cubrir las jubilaciones privadas de sus empleados, según datos de esta organización. Este desfase se produce en los planes de prestación definida, los que se comprometen a pagar como jubilación a sus partícipes-empleados una determinada cantidad, conocida previamente" (jubilaciones a prestaciones definidas).

De esta manera, estos fondos están totalmente descapitalizados y no pueden cumplir con los contratos de jubilación de sus empleados, a menos que reduzcan drásticamente las jubilaciones ya otorgadas y las jubilaciones futuras.

"Más de la mitad del importe de este déficit corresponde a empresas de EEUU. La cobertura de este déficit corre a cargo de las empresas que, en determinados casos, aún tienen desembolsos pendientes para eliminar el desfase provocado por la crisis bursátil de los años 2000-2002. Los reguladores de algunos estados de la OCDE, integrada por treinta países, han flexibilizado ya la normativa que rige la cobertura de estos desajustes y otros están estudiando medidas en este sentido. Canadá, Holanda e Irlanda son algunos ejemplos. El objetivo es dar más plazo a las empresas para cubrir el desfase creado por la crisis y no añadir así más presión a las compañías en un entorno de gran dificultad económica y financiera mundial".

En Inglaterra, sobre 7.800 fondos privados de prestaciones definidas, 6.468 tienen un déficit de 122.000 millones de libras (Le Monde, 1/12) Como las empresas no pueden cubrirlos, muchas empresas plantean reducir las jubilaciones futuras. "Así, British Telecom, que acaba de anunciar la supresión de 10.000 empleos antes de marzo de 2009, quiere alargar en cinco años el período de cotización al fondo para sus futuros empleados y tomar como referencia para el cálculo de la jubilación, el sueldo promedio antes que el salario del fin de la carrera" (Le Monde, 1/12).

"En la mayoría de los casos, los aportes de las empresas pueden resultar necesarios pero, en ciertos casos, las prestaciones también pueden ser reducidas". Otra variante, aconseja, es bloquear la indexación de los beneficios. "Los ingresos de los jubilados disminuirán en términos reales, en tanto que el valor real de las prestaciones acumuladas disminuirá de manera similar". El argumento para todos estos atropellos es que, con la descapitalización de los fondos, "los trabajadores corren con el riesgo de la quiebra de sus patrones".

Pero la OCDE también reconoce, como lo admiten los diarios españoles, que "las pérdidas encajadas por los planes en los últimos meses ha llevado varios partidos políticos de algunos países de la Europa del Este a plantearse la posibilidad de seguir los pasos dados por Argentina y nacionalizar de nuevo los planes de pensiones privados".

"En los últimos diez años, Polonia, República Checa, Países Bálticos o Rumania traspasaron ahorro desde la cobertura estatal de las pensiones a los fondos gestionados por entidades privadas y ahora, a la vista de los malos resultados, se podría desandar el camino y volver a las arcas públicas. La OCDE no comparte esta iniciativa que afirma que estas medidas contribuyen a generar pánico y no reconocen los logros de los sistemas privados. En otros casos, algunos gobiernos pueden también "recurrir a la debilidad temporal de estos productos para justificar el retraso de las reformas necesarias del sistema público", afirma la organización.

Está en juego el presente y el provenir de varias generaciones. La clase obrera debe dar una respuesta mundial: Expropiación de los fondos privados de jubilados; 82% móvil para todos los jubilados; Jubilación estatal bajo control de los trabajadores.

Diego Diéguez. Bollpress

Los que se quieren comer el mundo: corporaciones 2008

Inmersos en una enorme crisis del capitalismo, madre de muchas crisis convergentes, se rescata con dinero público a las más grandes empresas privadas del planeta, mientras siguen aumentando los pobres y hambrientos y el caos climático. Según el economista mexicano Andrés Barreda, estamos en una crisis de brutal sobreacumulación capitalista: gigantesco vómito de quienes creyeron que se podían tragar al mundo, pero no pudieron digerirlo.

Largamente acuñadas, las crisis actuales tienen un contexto de concentración creciente del poder corporativo, apropiación de recursos naturales y desregulación o leyes a favor de las empresas y especuladores financieros, que ha aumentado sin pausa en las últimas décadas. En el 2003, el valor global de fusiones y adquisiciones fue 1,300,000 millones de dólares (1,3 billones). En 2007, llegó a 4,48 billones de dólares. En la industria alimentaria, el valor de las fusiones y compras entre empresas se duplicó del 2005 al 2007, llegando a 200 mil millones de dólares. La debacle financiera terminó con algunas empresas, favoreciendo oligopolios aún más cerrados.

¿Qué significa esto para la gente común? El informe del Grupo ETC “De quién es la naturaleza” (disponible en www.etcgroup.org/es) , ofrece un análisis en el contexto histórico de la concentración corporativa de sectores claves en las últimas 3 décadas. Desde entonces el Grupo ETC ha seguido las maniobras de mercado de las autodenominadas “industrias de la vida”, (biotecnología en agricultura, alimentación y farmacéutica). En el nuevo informe, se agregan las empresas detrás de la convergencia de biotecnología con nanotecnología y biología sintética, que promueven nuevas generaciones de agrocombustibles y más allá: intentan generar un economía post-petrolera basada en el uso de carbohidratos y vida artificial.

El sector agroalimentario sigue siendo uno de los ejemplos más devastadores, por ser un rubro esencial: nadie puede vivir sin comer. Es además, el mayor “mercado” del mundo. Por ambas razones, las transnacionales se lanzaron agresivamente a controlarlo. En las últimas 3-4 décadas, pasó de estar altamente descentralizado, fundamentalmente en manos de pequeños agricultores y mercados locales y nacionales, a ser uno de los sectores industriales globales con mayor concentración corporativa. Para ello fue necesario un cambio radical en las formas de producción y comercio de alimentos. Gracias a los tratados de “libre” comercio, la agricultura y los alimentos se transformaron de más en más en mercancías de exportación, en un mercado global controlado por una veintena de transnacionales.

Según un informe de la FAO sobre mercados de productos básicos, a principios de la década de 1960, los países del Sur global tenían un excedente comercial agrícola cercano a los 7000 millones de dólares anuales. Para fines de la década de 1980 el excedente había desaparecido. Hoy todos los países de Sur son importadores netos de alimentos.

En la década de 1960, casi la totalidad de las semillas estaban en manos de agricultores o instituciones públicas. Hoy, 82 por ciento del mercado comercial de semillas está bajo propiedad intelectual y diez empresas controlan 67 por ciento de ese rubro. Estas grandes semilleras (Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, etc) son en su mayoría propiedad de fabricantes de agrotóxicos, rubro en el cual las diez mayores empresas controlan 89 por ciento del mercado global. Que a su vez están representadas entre las diez empresas más grandes en farmacéutica veterinaria, que controlan 63 por ciento de ese rubro.

Los 10 mayores procesadores de alimentos (Nestlé, PepsiCo, Kraft Foods, CocaCola, Unilever, Tyson Foods, Cargill, Mars, ADM, Danone) controlan el 26 por ciento del mercado, y 100 cadenas de ventas directas al consumidor controlan el 40 por ciento del mercado global. Parece “poco” en comparación, pero son volúmenes de venta inmensamente mayores. En el año 2002, las ventas globales de semillas y agroquímicos fueron 29,000 millones de dólares, las de procesadores de alimentos 259,000 millones y las de cadenas de ventas al consumidor 501,000 millones. En el 2007, esos tres sectores aumentaron respectivamente a 49,000 millones; 339,000 millones y 720,000 millones de dólares. Sigue siendo el supermercado WalMart, la empresa más grande del mundo, siendo la número 26 entre las 100 economías más grandes del planeta, mucho mayor que el Producto Interno Bruto (PIB) de países enteros como Dinamarca, Portugal, Venezuela o Singapur.

De las semillas al supermercado, las transnacionales dictan o pretenden dictar qué plantar, cómo comerlo y dónde comprarlo. Frente a las crisis nos recetan más de lo mismo: más industrialización, más químicos, más transgénicos y otras tecnologías de alto riesgo, más libre comercio. No es extraño, ya que todas están entre los que más han lucrado con el aumento de precios y hambrunas: obtuvieron ganancias que van hasta 108 por ciento más que en años anteriores.

También la disparidad de ingresos individuales en el mundo creció. La riqueza acumulada de los 1125 individuos más ricos del mundo (4,4 billones de dólares) es casi equivalente al PIB de Japón, segunda potencia económica mundial después de Estados Unidos. Esta cifra es mayor que los ingresos sumados de la mitad de la población adulta del planeta. 50 administradores de fondos financieros (hedge funds y equity funds), los grandes especuladores que provocaron la “crisis”, ganaron durante el 2007 un promedio de 588 millones de dólares, unas 19,000 veces más que el trabajador estadunidense típico y unas 50,000 veces más que un trabajador latinoamericano medio. El director ejecutivo de la financiera Lehman Brothers, ahora en bancarrota, se embolsó 17,000 dólares por hora durante todo el 2007 (datos de Institute for Policy Studies).

Resumiendo, una absurda minoría de empresas y unos cuantos multimillonarios que poseen sus acciones, controlan enormes porcentajes de las industrias y los mercados básicos para la sobrevivencia, como alimentación y salud.

Esto les permite una pesada injerencia sobre las políticas nacionales e internacionales, moldeando a su conveniencia las regulaciones y los modelos de producción y consumo que se aplican en los países, que a su vez son causantes de las mayores catástrofes alimentarias, ambientales y de salud.

Así pudo avanzar la privatización y conversión del sistema agroalimentario, hasta hace pocas décadas descentralizado y basado mayoritariamente en semillas de libre acceso, agua, tierra, sol y trabajo humano, para convertirlo en una máquina industrial petrolizada, que exige grandes inversiones, maquinarias caras, devastadoras cantidades de agroquímicos (mejor llamados agrotóxicos) y semillas patentadas controladas por unas pocas empresas. Aunque se produjeron mayores cantidades de algunos granos, no solucionó el hambre en el mundo tal como prometían, sino que aumentó. El saldo de erosión de suelos y biodiversidad agrícola y pecuaria, junto a la contaminación químico-tóxica de aguas, no tiene precedente en la historia de la humanidad. Todo acompañado, por si fuera poco, por una creciente crisis de salud humana y animal (que también es negocio para las mismas empresas).

El paradigma más significativo de esta “involución verde”, son los transgénicos, semillas patentadas adictas a los químicos de las empresas, promovidas como panacea para resolver los actuales problemas de hambre que el propio modelo creó. Otro ingrediente del mismo modelo, ahora empujado con más fuerza, es el altísimo requerimiento de fertilizantes, que por su nombre parecería menos dañino que el resto de los agrotóxicos. Pero el uso de fertilizantes industriales, en lugar del equilibrio de nutrientes naturales de los modelos anteriores de agricultura, también provoca adicción y dependencia y está en manos de un cerrado oligopolio trasnacional. Tal como el petróleo, se basa en el uso de productos finitos y no renovables: según datos de PotashCorp, la primera empresa global de fertilizantes, las reservas de fósforo, ingrediente fundamental de los fertilizantes, disminuyen a ritmo acelerado. Globalmente, el consumo industrial de fertilizantes aumentó 31 por ciento entre 1996 y 2008, debido al incremento de la ganadería industrial y la producción de agrocombustibles. Y con las crisis, el precio se disparó más de 650 por ciento entre enero de 2007 y agosto del 2008. Mosaic, la tercera empresa de fertilizantes a nivel global (55 por ciento propiedad de Cargill) aumentó sus ganancias más de 1000 por ciento en ese período.

Pese a que las trasnacionales pretenden controlar todo, 1200 millones de campesinos y campesinas en el mundo, siguen teniendo sus propias semillas. Aunque WalMart sea la empresa más grande del mundo, el 85 por ciento de la producción global de alimentos se consume cerca de donde se siembra –la mayoría en el mercado informal.

Urge, por el bien de todos y para parar las amenazas al ambiente que nos sostiene, el cuestionamiento profundo del modelo de agroalimentación industrial y corporativo, incluyendo la crítica radical a los que en nombre de las crisis alimentarias y climáticas quieren imponernos más del mismo modelo con transgénicos y agrocombustibles. Las soluciones reales ya existen y son diametralmente opuestas: soberanía alimentaria, como propone La Vía Campesina, a partir de economías agrícolas descentralizadas, diversas, libres de patentes, basadas en el conocimiento y las culturas campesinas, que son quienes por más de diez mil años han probado su capacidad de alimentar sustentablemente a la humanidad.

Basado en el informe del Grupo ETC “De quién es la naturaleza - El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida”, disponible en www.etcgroup.org/es

Las 10 peores transnacionales del 2008

¡Menudo año para la criminalidad y el mal comportamiento corporativos! Qué fácil hubiera sido limitar los premiados a las empresas de Wall Street cuando preparábamos la lista de las 10 peores corporaciones del 2008 para Multinational Monitor [Observatorio de las Multinacionales]. Pero el resto del sector tampoco es que haya tenido un buen comportamiento durante el 2008, y no queremos que escapen a nuestro ojo escrutador. Así que, manteniendo nuestra tradición de arrojar luz sobre las diversas formas de fechorías corporativas, incluimos en esta lista a sólo una compañía financiera.
Hete aquí, presentadas en orden alfabético, las 10 peores corporaciones del 2008:

AIG: dinero a cambio de nada

Seguramente no se puede culpar a un único responsable por la crisis financiera mundial que está desarrollándose. Pero si se tuviera que escoger a una sola compañía, esa sería muy probablemente American International Group (AIG), que se ha chupado ya más de 150 mil millones de dólares en ayudas pagadas con dinero de todos los contribuyentes. Mediante los "credit default swaps", AIG básicamente iba recogiendo primas de seguros mientras aseguraba, ridículamente, que jamás padecería una bancarrota, y no digamos ya el desplome del mercado todo que estaba asegurando. Cuando la realidad se presentó a las puertas de la compañía, el techo se les vino encima.

Cargill: especulando con los alimentos

Cuando los precios de los alimentos alcanzaron sus máximos a finales del 2007 y principios del 2008, países enteros y consumidores pobres se vieron a merced del mercado mundial y los gigantes corporativos que lo dominan. A medida que aumentaba la hambruna y estallaban disturbios en todo el mundo, Cargill vio como subían sus beneficios, llevándose solamente en el segundo cuatrimestre del 2008 más de mil millones de dólares.

En un mercado competitivo, ¿haría increíbles beneficios un intermediario en el comercio del grano? ¿Ampliaría su margen de beneficios con el alza de precios? Pues bien, el comercio mundial del grano no es competitivo, y las normas legales de la economía mundial -creadas a la medida de Cargill y compañía- asegura que los países pobres sean dependientes, y estén a merced de, los comerciantes mundiales de grano.

Chevron: "no podemos permitir que los países pequeños estorben a las grandes compañías"

En el 2001 Chevron se comió Texaco. Estaba feliz, porque se llevaba con ella sus flujos de ingresos. Lo que no estaba tan dispuesta era a cargar con la responsabilidad de Texaco en su violación de los derechos humanos y el medioambiente.

En 1993 treinta mil indígenas ecuatorianos presentaron una demanda conjunta en los tribunales estadounidenses, alegando que, durante más de veinte años, Texaco había envenado las tierras en las que viven y los ríos de los que dependen, permitiendo que se viertan miles de millones de litros de petróleo en ellos, y dejando cientos de fosas repletas desechos abandonadas al descubierto, sin protección alguna. Chevron consiguió que los tribunales estadounidenses rechazasen el caso con el argumento de que debía ser litigado en Ecuador, más cerca de donde ocurrieron los daños alegados. Pero ahora el caso no le está yendo bien a Chevron en Ecuador, donde puede que acabe teniendo que pagar más de 7 mil millones de dólares. Así que la compañía está cabildeando en la Cámara de Comercio Estadounidense para imponer sanciones comerciales a Ecuador si el gobierno ecuatoriano no archiva el caso.

"No podemos dejar que los países pequeños estorben a las grandes compañías como la nuestra, compañías que han hecho grandes inversiones en todo el mundo", declaró un miembro del lobby de Cheveron a Newsweek el pasado mes de agosto. (Poco después Chevron afirmó no aprobar sus comentarios.)

Constellation Energy: operadores nucleares

Aunque es muy peligrosa, muy cara y está demasiado centralizada como para ser útil como fuente energética, la energía nuclear no desaparece del mapa gracias a que los fabricantes de equipos e instalaciones nucleares encuentran el modo de hacer que la población les siga pagando.

Constellation Energy Group, el operador de la planta nuclear de Calvert Cliffs, Maryland, -una compañía parcialmente involucrada en un increíble esquema, parcialmente desbaratado, para extorsionar a los consumidores de Maryland- planea construir un nuevo reactor en Calvert Cliffs, el primero construido en los Estados Unidos después de que el reactor nuclear de Three Mile Island tuviese a punto de sufrir una fusión accidental en 1979.

CE ya se ha puesto en fila para obtener una posición ventajosa en los préstamos garantizados por el gobierno estadounidense para la construcción de nuevas centrales nucleares, disponibles bajo los términos de la Ley de la Energía de 2005. La compañía reconoce que no continuará con la construcción sin la garantía del gobierno.

CNPC: alimentando la violencia en Darfur

Sudán ha sido capaz de reírse de las sanciones existentes y las que amenazan con presentarse por la carnicería que ha perpetrado en Darfur gracias al enorme apoyo que recibe de China, canalizado sobre todo a través de la relación del país con la Chinese National Petroleum Corporation (CNPC).

"La relación entre la CNPC y Sudán es simbiótica", observa la organización Human Rights First, con sede en Washington D.C., en "Invirtiendo en la Tragedia", un informe de marzo del 2008. "No sólo la CNPC es el mayor inversor en el sector petrolífero sudanés, sino que Sudán es el mayor mercado para las inversiones a ultramar de la CNPC."

Los petrodólares han alimentado la violencia en Darfur. "La rentabilidad del sector petrolífero en Darfur se ha desarrollado cronológicamente al mismo paso que la violencia en Darfur", escribe Human Rights First.

Dole: la acidez de la piña

La reforma agraria filipina de 1988 demostró ser todo un fraude. Los terratenientes ayudaron a redactar la ley e inventaron maneras de sortear sus objetivos declarados. Los trabajadores de Dole están entre quienes pagaron el precio.

Con la reforma agraria, las tierras de Dole fueron divididas entre sus trabajadores y otros que tenían derechos sobre la tierra antes de la aparición del gigante productor de piñas. Los terratenientes ricos, sin embargo, maniobraron para tomar el control de las cooperativas y los sindicatos, según explica International Labor Rights Forum (ILRF), con sede en Washington D.C., en su informe del pasado mes de octubre. Dole ha despedido a la que hasta ahora era su fuerza de trabajo y la ha reemplazado con trabajadores contratados. Estos trabajadores reciben un salario inferior al sistema de cuotas, y ganan aproximadamente 1'85 dólares a diario, de acuerdo con ILRF.

General Electric: contabilidad creativa

En junio, el antiguo reportero del New York Times David Cay Johnston informó de la aparición de documentos internos de General Electric que parecían demostrar que la compañía llevaba desde hacía tiempo intentando evadir impuestos en Brasil. En un detallado informe de Tax Notes International, Johnston informó de la existencia de un esquema empresarial, subsidiario de GE, para facturar ventas sospechosamente elevadas de electrodomésticos en regiones del Amazonas escasamente pobladas. Estas ventas evitarían el pago del IVA en los estados urbanos, donde se esperaba que las ventas fuesen mayores.

Johnston escribió, basándose en los documentos internos que había consultado, que la cantidad de dinero que había evadido en impuestos era de menos de 100 millones de dólares, pero especulaba que, teniendo en cuenta todo el esquema contable, la cantidad tuvo que ser mucho mayor.

Johnston no identificó a la fuente que le proporcionó los documentos internos de GE, pero GE ha declarado que se trató de una antigua abogada de la compañía, Adriana Koeck. GE despidió a Koeck en enero de 2007 alegando como motivo su "comportamiento".

Imperial Sugar: 14 muertos

El 7 de febrero una explosión sacudió la refinería de Imperial Sugar en Port Wentworth, Georgia, cerca de Savannah. Días después, cuando se extinguió por completo el fuego, y se habían completado las operaciones de búsqueda y de rescate, se conoció la cifra definitiva de víctimas: 14 muertos, y docenas de trabajadores heridos con quemaduras graves.

Como ocurre con casi todas las catástrofes industriales, resulta que esta tragedia se hubiera podido evitar. La causa fue la acumulación del polvo procedente del azúcar que, como otro tipo de polvo, es altamente combustible.

Un mes después de la explosión en Port Wentworth, inspectores de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) acudieron a otra factoría de Imperial Sugar en Gramercy, Louisiana. Descubrieron acumulaciones de polvo de hasta dos pulgadas en la maquinaria y el cableado eléctrico. En los suelos de las factorías descubrieron hasta 48 pulgadas de acumulación de polvo.

Imperial Sugar, obviamente, sabía de las condiciones en estas factorías. De hecho, había tomado algunas medidas para limpiarlas antes de la explosión. La compañía encargó a un nuevo vicepresidente las operaciones de limpieza en noviembre del 2007 y tomó algunas medidas importantes para mejorar las condiciones. Pero no fueron las suficientes. El vicepresidente explicó al comité del Congreso que la dirección le había dicho que moderase sus peticiones para emprender una acción inmediata.

Philip Morris International: liberándose de los grilletes públicos

La vieja Philip Morris ya no existe. En marzo, la compañía se dividió formalmente en dos entidades separadas: Philip Morris USA -que forma parte de la familia de la compañía Altria- y Philip Morris International. Philip Morris USA vende Marlboro y otros cigarrillos en los EE.UU. Philip Morris International va por ahí pisoteando al resto del mundo.

Philip Morris International ya ha mostrado señales de sus primeros planes para invertir los avances en las políticas para reducir el tabaquismo y las muertes relacionadas con su consumo (que alcanzan los 5 millones anuales). La compañía ha anunciado planes de desplegar por todo el planeta una nueva batería de productos, paquetes más atractivos y otros esfuerzos de marketing. Todos ellos diseñados para socavar las normas de puestos de trabajo libres de humo, derrotar los impuestos sobre el tabaco, segmentar mercados con productos específicos, ofrecer cigarrillos con sabores lo suficientemente atractivos para atraer a la juventud y superar las restricciones actuales del mercado.

Roche: "salvar vidas no es nuestro negocio"

La empresa suiza Roche fabrica un abanico de medicamentos para tratar el VIH. Uno de ellos es enfuvirtid, que vende con el nombre de Fuzeon. Fuzeon proporcionó a Roche 266 millones de dólares en el 2007, a pesar del declive general en sus ventas. Roche cobra a los estados 25.000 dólares al año por proporcionarles Fuzeon. Y no ofrece ningún descuentos a los países en desarrollo.

Como la mayoría de los países industrializados, Corea mantiene un mecanismo de control sobre los precios: un programa nacional de sanidad fija los precios para las medicinas. El Ministro de Sanidad, Bienestar y Asuntos Familiares puso Fuzeon en la lista a un precio de 18.000 dólares al año. El ingreso per capita de Corea es prácticamente la mitad que el de los EE.UU. En vez de proporcionar Fuzeon al precio estipulado por Corea y obtener beneficios, Rocher rechazó ofrecer el medicamento a Corea.

Activistas coreanos informan de que el presidente de Roche Corea les respondió lo siguiente: "No estamos en este negocio para salvar vidas, sino para hacer dinero. Salvar vidas no es nuestro negocio."

Robert Weissman es editor de Multinational Monitor y director de Essential Action.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero