Existe un consenso casi generalizado por parte de las instituciones internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la Comisión Europea, de que es necesario continuar el estímulo económico, pues la economía mundial está todavía en baja forma. El punto de discusión no es, entonces, estímulo o no, sino el tipo de estímulo. Las dos alternativas que se han propuesto son bajar los impuestos o aumentar el gasto público, aún cuando ambas alternativas signifiquen mantener o aumentar el déficit del estado. Durante este periodo de gran recesión, ha habido también consenso (con excepciones, como es el caso del Partido Popular en España) en que deben flexibilizarse las reglas del Pacto de Estabilidad, para poder aumentar el déficit público, el cual ha crecido en todos los países de la OCDE (el club de países ricos). La razón de que haya consenso en que la recuperación económica requiera un incremento del déficit público se debe al entendimiento de que, en un momento de debilidad del consumo privado, es necesario aumentar el consumo público, incluso a costa de aumentar el déficit público.
Menos consenso hay en cuanto al porcentaje del déficit público sobre el PIB que debiera permitirse y la rapidez de reducción del mismo una vez aparezcan los síntomas de recuperación. Y la otra área donde tampoco hay consenso es en si el efecto estimulante de la economía es mayor cuando se bajan los impuestos (como creen los conservadores y liberales) o cuando se aumenta la inversión pública. En la UE se ha hecho mayor hincapié en la reducción de impuestos; y en EEUU se ha dado prioridad al aumento del gasto público.
La evidencia muestra que mientras las dos alternativas activan la economía, la reducción de impuestos tiene, por lo general, menor impacto estimulante, y ello como consecuencia de que las familias están tan endeudadas que utilizan los fondos obtenidos a base de la reducción fiscal para pagar sus deudas, más que para consumir y estimular la demanda. En realidad, la subida del ahorro, que se ha considerado erróneamente como un signo de recuperación, no es más que el deseo de acumular fondos para poder pagar sus deudas en un momento de grave crisis y endeudamiento. En EEUU se sabe que dos terceras partes de los fondos originados por los recortes fiscales del Presidente Bush fueron a pagar las deudas. La evidencia existente apunta, pues, hacia el incremento del gasto público como la mejor manera de estimular la economía.
Ahora bien, dentro del gasto público, la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿qué tipo de gasto público es el más estimulante? Y la respuesta a esta pregunta la conocemos ya, pues la evidencia acumulada en EEUU y también en España es que, en un momento de gran recesión y elevado desempleo, la mejor manera de estimular la economía es creando empleo. ¿Pero dónde crear empleo? La respuesta en EEUU, que da el equipo económico encargado del estímulo económico de la Administración Obama, dirigido por el Vicepresidente Biden, es crearlo donde se necesita más y donde pueda crearse empleo más rápidamente. Y ahí el estado del bienestar juega un papel clave, pues es la dimensión del estado donde debiera crearse más empleo. Esta observación es particularmente relevante para España, donde el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancias, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social y otros), es el más bajo de la UE-15 (ver sección Estado del Bienestar, en mi blog www.vnavarro.org). Pero esta inversión en los servicios del estado del bienestar es tan importante, no sólo para crear empleo, sino también para aumentar la productividad del país.
En España, cuando se habla del estado del bienestar como inversión (y no sólo como consumo), se piensa inmediatamente en educación e investigación y desarrollo. Este entendimiento ha alcanzado un nivel de dogma. Pero es enormemente reduccionista. Hay otras dimensiones del estado del bienestar, además de educación, que son inversiones, incluyendo la protección social. De ahí que, en EEUU, la administración Obama, (que ha enfatizado la vía de gasto público -con un crecimiento de tal gasto equivalente al 5% del PIB-, como manera de estimular la economía) se ha centrado en la creación de empleo en las áreas sociales (y también en las nuevas energías verdes). Esta estrategia traduce también una visión de los servicios del estado del bienestar como inversión y no sólo como consumo.
En España, el estímulo económico ha sido menor, alcanzando un 2% del PIB, un porcentaje bajo (aunque en el resto de la UE ha sido incluso menor). Pero más preocupante que el bajo porcentaje del estímulo es que sólo una parte pequeña de este estímulo se ha dedicado directamente a crear empleo. Los 8.000 millones de euros destinados a las administraciones locales han sido una inversión en la creación de empleo (se han creado directa e indirectamente 421.000 puestos de trabajo), lo cual es positivo, pero insuficiente. Se deberían gastar unos porcentajes mucho mayores del PIB en este tipo de inversiones, incluso a costa de incrementar el déficit. Se está dando excesiva importancia al objetivo de reducir el déficit. Tal reducción retrasará enormemente la recuperación económica. Intentar que los déficits se reduzcan al 3% del PIB en tres o cuatro años es una receta de suicidio económico. En este momento de enorme crisis hay que aumentar el gasto público en crear empleo y corregir el enorme déficit social de España, invirtiendo en su protección social, incluyendo servicios públicos al estado del bienestar.
La famosa flexiguridad de los países nórdicos (de clara tradición socialdemócrata) se basa precisamente en una extensa protección social -transferencias y servicios públicos- que da seguridad al trabajador. El promedio de gasto en protección social en aquellos países es un 32% del PIB. En España es sólo un 20% del PIB. La flexibilidad laboral necesaria para la eficiencia económica no se conseguirá, como la patronal y la banca (incluyendo el gobernador del Banco de España) están reclamando mediante la desregulación de los mercados de trabajo que se caracterizan por su escasa protección social. Inseguridad no crea flexibilidad. Crea miedo y resistencia. De ahí que, para conseguir flexibilidad, se requiera una mayor inversión en protección social, alternativa no considerada por aquellos agentes e instituciones. Se está ignorando, en los círculos económicos del país, que la productividad en un país y su eficiencia económica dependen en gran manera de su cohesión social. Incluso el informe Davos (el Vaticano del pensamiento liberal) sobre la competitividad señala a los países nórdicos como unos de los países más eficientes y competitivos en Europa, pero sus seguidores en España parecen todavía no entenderlo. Considero sorprendente que en la reciente reunión de los ex Ministros de Economía y Hacienda, para discutir como salir de la crisis, ninguno de ellos acentuó este aspecto clave, viendo el gasto social más como un consumo que como lo que es, una inversión.
Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España
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