Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Es decir, nuestro Estado del bienestar (que incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencias, vivienda pública y otros) es el que, junto con Grecia y Portugal, está menos financiado entre los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países con un nivel de desarrollo económico más próximo al nuestro.
Si miramos el gasto público social, vemos que tal gasto representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que tiene un gasto más bajo de la UE-15. Y si nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la UE-15, cuyo promedio es del 15%. No es cierta la aseveración promovida por autores liberales (que tienen enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) de que hay demasiados empleados públicos. Es precisamente al revés: nuestro país, junto con Portugal, es el país que tiene el sector público –incluido el empleo público en el Estado del bienestar– más bajo de la UE-15.
Tales datos muestran la gran falsedad del mensaje que están transmitiendo las derechas (y algunas voces confusas de las izquierdas): que España está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay que ajustarse el cinturón. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No es, pues, que no haya recursos en el país. Los hay. Lo que ocurre es que el Estado (tanto a nivel central como autonómico y municipal) no los recoge.
¿Por qué estamos a la cola de la Europa social? Una de las causas es el enorme dominio que las derechas han tenido sobre la vida política de España y que se tradujo en una dictadura de 40 años que careció de sensibilidad social. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía (junto con Grecia y Portugal, que tuvieron regímenes totalitarios semejantes) el gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15 (14%, comparado con el 22% de promedio de los países que más tarde constituyeron la UE-15).
Ahora bien, 32 años después de haber terminado la dictadura, no puede considerarse que esta haya sido la única causa de que España esté a la cola de la Europa social. Para explicar este retraso tenemos que entender cómo se realizó la integración de España a la UE y al euro. En realidad, el enorme déficit de gasto público social se fue reduciendo de una manera muy significativa durante el periodo 1978-1993, de manera que, al terminar este periodo, la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Tal reducción tomó lugar predominantemente en los últimos años de la década de los años ochenta y principios de los noventa (consecuencia, en gran parte, de la presión popular, y muy en especial de las huelgas generales, que forzaron un notable incremento del gasto público social).
En 1993, el PSOE perdió la mayoría parlamentaria y se alió con la derecha catalana (CiU), tomando decisiones encaminadas a integrar a España en la eurozona. Entre ellas estaba la necesidad de reducir el déficit público del Estado (siguiendo el mandato de Maastricht) para alcanzar la mágica cifra de 3% del PIB. Tal reducción del déficit se hizo a base de la mayor reducción del gasto público (incluyendo el social) conocida en cualquier país de la UE. El gasto público social por habitante bajó del 3.039 euros estandarizados en 1993 a 2.904 en 1995, lo que afectó de una manera muy notable a las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar, una de las causas de la derrota del PSOE en las elecciones de 1996.
Tales políticas de austeridad continuaron durante el periodo 1995-2004, con lo cual la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 se disparó, pasando de 1.812 euros estandarizados a 2.242. Lo que esto quiere decir es que España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, y ello debido a que los ingresos al Estado, que entre 1978 y 1993 se habían destinado a reducir el déficit de gasto público social que tenía España en relación con la UE-15, fueron, a partir de 1993, a cubrir el déficit del presupuesto del Estado. De esa manera, cuando en 2003 el Gobierno de Aznar mostró, lleno de orgullo, que España estaba ya alcanzando el equilibro de las cuentas del Estado, más de un dirigente europeo le recordó que lo había conseguido a base de empobrecer el sufrido y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de empobrecer a la España social, siendo las clases populares –las que utilizan más el Estado del bienestar– las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona.
A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 bajó como consecuencia de la mayor sensibilidad social del Gobierno socialista, presionado por los partidos a su izquierda. Pasó, entre 2004 y 2007 (último año que Eurostat publica datos comparables a nivel de la UE), de 2.242 euros estandarizados a 1.938, cifra todavía más elevada de déficit que el existente en 1993 (1.789). Y la situación empeorará más con los recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España continuará a la cola de la Europa social.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) es la herramienta con la que la Organización Mundial del Comercio (OMC) pretende "liberalizar" (privatizar) los SERVICIOS PÚBLICOS, un sector que supone el 33% del comercio mundial. Todo esto a espaldas de la ciudadanía, sin que pase por los parlamentos democráticamente elegidos ni, mucho menos, que se proporcione información por los medios de comunicación. ATTAC, junto con otros movimientos, exige la transparencia, información a la ciudadanía y por supuesto la paralización de la ola de privatizaciones que conlleva estas medidas.
¿Qué es ATTAC?
Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras especulativas y la Acción Ciudadana.
Movimiento Internacional de ciudadanos para el control democrático de los mercados y sus instituciones.
¿Sabías que tu futuro y el de los tuyos se decide en foros internacionales a los que sólo pueden asistir los grupos de interés de los opulentos y especuladores? Debido a esto el progreso sólo favorece a la minoría que ha establecido las reglas del juego. Muchas personas sufren las angustias de la inseguridad, el riesgo, la precariedad y el desempleo. En 1.960, el 20% más rico tenía 30 veces más que el 20% más pobre. En 1.990, 60 veces más. En 1.995, 82 veces más. En 2.003 ... No se trata, como quieren hacernos creer, de una evolución "inevitable", sino de las reglas de juego impuestas por las organizaciones y los grupos mundiales del poder económico. Estos grupos no cesan de hablar a favor de la liberalización y la desregulación, y en contra de las preocupaciones ecológicas y la sociedad del bienestar tachándola de "Estado asistencial" cuando ellos sólo favorecen el "asistencialismo" a los opulentos. Para lograr esto han hurtado al ciudadano su derecho a decidir sobre su futuro, e incluso, a estar informado.
¿Qué es ATTAC?
Nacido a partir de una propuesta del Director del periódico Le Monde Diplomatique, ATTAC es un movimiento internacional de ciudadanos preocupados por los asuntos colectivos y empeñados en buscarles solución.
¿Qué pretende?
La finalidad de ATTAC es devolver el poder a los ciudadanos. ¿Qué objetivos se propone?
Establecer mecanismos democráticos de regulación y control de los mercados y del sistema financiero internacional. Impulsar y fortalecer el desarrollo de una opinión pública mundial independiente, activa y bien formada. No es aceptable, ni justo, y no puede tener futuro el hecho de que para afianzar e incrementar el poder y la riqueza de una ínfima minoría, se imponga la destrucción de la naturaleza y la miseria, el riesgo y la inseguridad de la gran mayoría. ATTAC plantea como medidas de control democrático, entre otras: Gravar con el impuesto conocido como Tasa Tobin las transacciones especulativas en los mercados de divisas. Suprimir los paraísos fiscales. ATTAC colabora con otros movimientos, con redes sociales y con publicaciones para conseguir sus objetivos. Son ya miles las personas en el mundo que se han unido a ATTAC y participan en redes y grupos de información, de estudio y debate, y en campañas nacionales e internacionales.
