Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP), ante las próximas elecciones autonómicas y municipales creemos obligado hacer varias reflexiones.
La primera es que tras la finalización del proceso de transferencias en 2001, la Sanidad es una competencia casi exclusivamente autonómica, a lo que hay que sumar la falta de sistemas eficaces de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por ello este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las CCAA.
La segunda es que existen grandes diferencias interautonómicas en el estado de salud de la población y en el funcionamiento de los sistemas sanitarios regionales, tal y como se ha detectado los 7 Informes sobre la situación de los servicios sanitarios de las CCAA, elaborados por la FADSP desde 2004, y en las informaciones del portal estadístico del Ministerio de Sanidad, en los que cabe resaltar:
1. Se han detectado diferencias muy importantes entre las CCAA en cuanto al estado de salud de la población, destacando las siguientes diferencias entre las situaciones mas extremas:
- 2,6 años en la esperanza de vida
- 5,7 años en esperanza de vida libre de incapacidad
- 3,6/1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil
- 5,9 /100.000 en la tasa de mortalidad por tumor de mama
- 21,4% en la valoración del estado de salud como bueno o muy bueno.
Diferencias tan acusadas no parecen justificables, menos aún cuando no existe información disponible sobre las que hay dentro de cada autonomía, y suponen una importante fuente de desigualdad que habría que tratar de eliminar y/o disminuir de una manera significativa.
Tampoco conviene olvidar que estas diferencias, en vez de disminuir, se han incrementado desde las transferencias de la Sanidad a las CCAA.
2. Estas importantes diferencias se objetivan también entre los servicios sanitarios, siendo las más destacables (igualmente entre los valores extremos):
- En la puntuación obtenida en el grado de satisfacción con los servicios sanitarios: 1,30
- En el promedio de personas que habiendo utilizado los servicios sanitarios los consideran como buenos o muy buenos: 17,97%
- En el porcentaje de los que opinan que los servicios sanitarios de su autonomía han mejorado desde las transferencias: 16,33%
- En el presupuesto sanitario público per capita: 556,71 €
- En el numero de camas: 1,81 /1.000 habitantes
- En el numero de TAC: 4,77 /millón de habitantes
- En las tarjetas sanitarias por médico general: 746 tarjetas
- En el gasto farmacéutico per capita: 122,46 €
- En el crecimiento del gasto farmacéutico: 9,71%
- En el porcentaje de gasto farmacéutico en medicamentos genéricos: 10,64%
- En la mortalidad por tumor de colon: 6 /100.000 habitantes
- En la mortalidad por efectos adversos: 0,5 /100.000 habitantes
En el análisis de las puntuaciones asignadas, en el informe realizado por la FADSP en 2010, se obtiene una diferencia de 59 puntos (rango de 19 a 78, media de 44,05 y ratio entre las puntuaciones extremas de 2,15). Como sucede con lo referente a la situación de salud las diferencia se han incrementado y parecen también excesivas (ver informe CCAA 2010. http://www.fadsp.org/pdf/INFORME.ccaa2010.doc)
3. El sistema de financiación de las CCAA es una parte del problema. Primero porque se parte de una insuficiencia general que ha sido reconocida por el propio Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Segundo porque esta basado en la capacidad de las CCAA para generar recursos, a pesar de que la riqueza, medida en PIB per capita, (según datos del INE publicados en 2010), tenia un rango en 2007 entre 16.164 € (Extremadura) y 30.562 € (Madrid) lo que supone una gran diferencia a la hora de la recaudación tributaria; y tercero porque el actual sistema de financiación deja al libre criterio de cada una de las CCAA la decisión de su gasto sanitario.
Cuarto, porque la transferencia de fondos a cada comunidad como conjunto y las partidas extras (como las procedentes de los fondos de cohesión o del céntimo sanitario) no son finalistas y cada Comunidad puede destinar finalmente esos dineros a donde electoral o coyunturalmente mas le interese, independientemente de la necesidades reales de salud o servicios sanitarios de su población.
4. Se ha detectado la falta de una política de personal homogénea del SNS con gran heterogeneidad de las mismas en las distintas CCAA. Ello supone importantes discrepancias en aspectos esenciales de la misma que van desde las retribuciones, la existencia o no de dedicación exclusiva, los modelos de carrera profesional, y sobre todo en la capacidad de generar empleo. Es una evidencia que la mayor privatización de los servicios sanitarios influye en un empeoramiento general de las condiciones laborales y profesionales (mayor carga de trabajo, menores recursos humanos, etc.) sin aumentar la eficiencia de los servicios prestados o incluso empeorando estos.
5. Se ha producido un proceso generalizado de privatización de los servicios sanitarios, proceso que abarca a la introducción de mecanismos de mercado (separación entre financiación y provisión), el aumento de los fenómenos de concertación y externalizaciones, la creación de una multiplicidad de los llamados "nuevos modelos de gestión" que introducen la lógica de la gestión mercantil en el sistema sanitario público, y las concesiones administrativas (bien totales, bien las PFI). Este proceso tiene mayor intensidad en algunas CCAA (Valencia, Madrid) que tienen gobiernos del PP, pero esta presente en la mayoría de las CCAA ,y solo 3 parecen apostar claramente en sentido contrario, es decir el refuerzo del sistema sanitario público ( Cantabria, Castilla - La Mancha y Extremadura).
En ningún caso, la evidencia existente en España como en otras partes donde se han aplicado estos modelos privatizadores y de mercado, ha demostrado que hayan supuesto aumentos de la calidad o de la eficiencia de los servicios prestados que incluso han empeorando (Informes Reino Unido, OMS, etc) pues en ellos prima la rentabilidad económica y el ánimo de lucro sobre la rentabilidad en salud o sociosanitaria.
PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA SANIDAD
En este contexto, entendemos que los programas de las fuerzas políticas que concurren a este proceso electoral deberían de proponer los siguientes objetivos:
1) Poner en funcionamiento sistemas de Información sanitaria que aporten datos homogéneos para todas las CCAA que permitan realizar evaluaciones, lo que precisa el establecimiento de estándares comunes para la recolección y tratamiento de la información sanitaria en todo el SNS. Esta debería ser una tarea prioritaria del Consejo Interterritorial de Salud.
2) Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a los datos actualizados referentes a la situación de salud y al funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es imprescindible garantizar la publicidad actualizada de todos los indicadores. La transparencia es un requisito imprescindible en un servicio público.
3) Debe asegurarse una financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud. Esta suficiencia exige un incremento de la financiación en razón de las necesidades de salud y debe suponer, aproximadamente, entre 1 y 1,5 puntos de porcentaje sobre el PIB de incremento y asignar este incremento con criterio finalista. Asimismo hay que rechazar la implantación de copagos.
4) Es imprescindible el desarrollo del Plan Integrado de Salud, tanto para fijar los objetivos de salud del SNS, como para adecuar la financiación a la consecución de estos objetivos.
5) Los Fondos de Cohesión deberían de incrementarse sustancialmente, incluyendo en ellos toda la financiación adicional y asegurando su reparto entre las CCAA en razón de los objetivos del Plan Integrado de Salud.
6) También es necesaria la elaboración de Planes de Salud en cada CCAA para fijar los objetivos de la política sanitaria y establecer la distribución de los fondos públicos dedicados a Sanidad. Seria conveniente que este Plan de Salud fuera aprobado por el parlamento autonómico.
7) Deben de establecerse estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios: camas, profesionales médicos y de enfermería (de atención primaria y especializada) /1.000 habitantes (siendo lo deseable que pudieran ponderarse en relación con otras variables como estructura etaria de la población, dispersión, etc.), para garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos acercando nuestra situación a la de la media del contexto europeo.
8) Hay que reforzar la provisión sanitaria pública, favoreciendo una mayor integración de los recursos en las áreas de salud y la interconexión entre los niveles asistenciales.
9) Hay que potenciar la Atención Primaria de Salud con el desarrollo de la estrategia de AP-21, asegurándole una dotación económica y el desarrollo de las funciones de promoción y prevención.
10) Hay que paralizar el proceso privatizador de la Sanidad y propiciar la integración en la red sanitaria pública de los centros que reciben financiación pública y tienen modelos de gestión empresariales cambiando este carácter por el de entidades publicas en todos sus aspectos.
11) Es preciso poner en funcionamiento una red sociosanitaria pública coordinada con la atención sanitaria y sin que esto suponga una nueva privatización de otra parcela los servicios públicos
12) Hay que articular centros de referencia supracomunitarios (bien a nivel estatal o para varias CCAA) porque es evidente que el tamaño de todas las CCAA no es compatible con el mantenimiento de todos los servicios sanitarios con una calidad adecuada. EL Consejo Interterritorial (para los centros estatales) y los acuerdos entre CCAA serian los mecanismos adecuados para asegurar esta colaboración en el ámbito del SNS.
13) Hay que realizar una evaluación de las desigualdades en salud, tanto en el conjunto del SNS como dentro de las CCAA, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.
14) Deben desarrollarse mecanismos efectivos y reales de participación de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y gestión de los servicios sanitarios públicos.
15) Hay que apoyar el mantenimiento y mejora de las Áreas Sanitarias como espacio para la planificación sanitaria equitativa y racional en base a las necesidades reales de los ciudadanos.
16) Garantizar la sostenibilidad del sistema público a través de un pacto de estabilidad del mismo y del control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico (nuevas tecnologías de imagen, informatización y megabases de datos…).
17) Garantizar la confidencialidad de la información de salud de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o semiprivadas y persiguiendo de oficio cualquier violación de ello.
18) En el ámbito municipal hay que considerar además:
· Desarrollar y fortalecer las actuaciones municipales en materia de seguridad vial, prevención de accidentes, aire saludable, depuración integral de aguas residuales, tratamiento adecuado y sostenible de residuos urbanos, control de riesgos alimentarios y creación de espacios y equipamientos urbanos necesarios para ejercicio físico y ocio saludable.
· Crear redes municipales de promoción de la salud en colaboración con organizaciones vecinales y de usuarios.
· No colaboración con los procesos de privatización del sistema sanitario a través de la financiación privada de los nuevos centros y de las concesiones administrativas, adoptando medidas legales en contra de las privatizaciones.
Pensamos que todos estos objetivos son fundamentales para mejorar la Sanidad Pública. Estamos viviendo un momento crítico de desmantelamiento de la Sanidad Pública, por lo que es precisa una actuación decidida para frenar este proceso y para fortalecer el mejor sistema sanitario que ha tenido nuestro país.
Desde la FADSP apoyaremos a todas las organizaciones que asuman este compromiso con la Sanidad Pública y la salud de los ciudadanos.
Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Publica
Marzo de 2011
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