El Real Decreto pone en peligro la salud de la población desempleada.
El autor se pregunta por qué el Gobierno ha decidido destacar los
efectos de la reforma sobre la inmigración irregular cuando afecta a
personas desempleadas con independencia de su origen.
1.- La mejor defensa, un buen ataque
No parece casual el empeño del Gobierno por centrar el
debate de las modificaciones al Sistema Público de Salud en la pérdida
de derechos de las personas migrantes irregulares. Frases como las
vertidas por la ministra de Salud, Ana Mato diciendo “la tarjeta
sanitaria es para los españoles” o del consejero de Sanidad de Castilla
la Mancha, José Ignacio Echániz “no hay que olvidar que la sanidad
gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha
gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la
asistencia sanitaria garantizada", o el propio portavoz de los populares
en el Congreso, Alfonso Alonso con su “el sistema sanitario no puede
ser un coladero de inmigrantes”, ponen el foco sobre ese sector minoritario y desprotegido, pero fundamentalmente con escaso respaldo social.
Las intervenciones de los partidos mayoritarios de la oposición parecen
colaborar con la estrategia… ¿se habrán puesto de acuerdo para defender
los mismos intereses?
Está claro, el Gobierno quiere que las miradas se desvíen hacia la población migrante
y el éxito que ya está teniendo esa estrategia tiene dos fundamentos:
A) desviar la atención sobre el real cambio y ataque a todo el sistema
de salud. B) encontrar mayor respaldo en una idea muy instalada
socialmente de que la población migrante es quien hace uso y abuso de
los beneficios públicos como salud, educación, coberturas sociales, etc.
Y en un clima de crisis como la imperante, para muchos sectores
precarizados lo de “los españoles primero”, tiene un fuerte calado.
Atacando la población migrante, el Gobierno ha encontrado la mejor
defensa a su proyecto.
Pero veamos los números reales de la población migrante
para ver la relevancia que la medida tiene en este sector: a fecha 1 de
enero de 2012 había en España un total de 408.142 extranjeros no
regularizados, pero de esa cifra 306.477 serían ciudadanos de la UE que no se han inscrito en el Registro,
a los que habría que añadir otros 13.481 de ciudadanos de países
miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto significa que
solo habría según estas cifras 88.184 ciudadanos potencialmente incursos
en la infracción del art. 53.1.a) de la Ley de Extranjería, es decir
sin papeles.
Esto significa que el 79 por ciento de esas personas
“irregulares” tienen un derecho inalienable de registrarse como
ciudadanas comunitarias mediante una simple tramitación administrativa, y
por ende dejarán de ser “sin papeles”. Apenas un 10 por ciento
quedarían totalmente excluidas, una cifra que aunque siempre importante
porque hablamos de personas, no parece justificar que el debate se
centre en este punto. Parece que por primera vez más que usar la
migración como chivo expiatorio, el Gobierno quiere vendernos “gato por
liebre”.
2.- La tarjeta a los españoles
¿Y la salud?: en la misma línea de análisis, la
exaltación de un supuesto patriotismo desvía la atención de los reales
alcances de las modificaciones al sistema de salud, a la mera
disposición de la tarjeta sanitaria por una cuestión de nacionalidad y/o
“papeles”; cuando en realidad muchas personas
españolas o migrantes “con papeles”, igual no podrán disponer del
derecho a una cobertura de salud según sean sus circunstancias laborales y/o particulares.
El Art. 3 del Real Decreto 16/2012, tras desarrollar los supuestos para ser consideradas personas “seguradas”
establece que “en aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los
supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad
española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros
titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán
ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan
el límite de ingresos determinado reglamentariamente”. Es decir, habrá
personas que pese a su “regularidad administrativa” e incluso su
nacionalidad española, también quedarán excluidas del sistema sanitario
público.
Y esto con un agravante. El Estado español no suele
destacarse por su velocidad y mucho menos por el cumplimiento de plazos
en cuanto a la elaboración de reglamentos se refiere. Entonces ¿qué
pasará con esa limitación de ingresos?, ¿cómo se fijará las base de ingresos temporalmente y hasta tanto salga un reglamento?,
¿quedará en manos de la persona instructora de la solicitud? Parece que
las circulares internas cobrarán, como en casi toda la administración
pública, más fuerza que la propia ley.
A modo de ejemplo, solo decir que la reglamentación de la Ley de Asilo, o
del funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE), llevan un atraso de más de dos años. Tendremos que estar a la
expectativa.
3.- El remedio y la enfermedad
Otro de los hilos en los que el Gobierno ha centrado su
defensa es en que “ninguna persona se le dejará sin el derecho a recibir
atención médica”, ya que podrán asistir a los servicios médicos de
urgencia. Y aquí otra vez el doble rasero: por un lado servicios colapsados que obligarán a quien pueda a buscar una cobertura privada
(¿el objetivo final de esta reforma?), y por otro tras este discurso
(como ya vimos falso) de todas las personas migrantes a urgencias, otra
vez recaerán las culpas de las deficiencias del sistema contra este
colectivo.
Pero debemos ir más allá, el disponer solo de la
cobertura de urgencias significa tener que pagar la medicación en forma
íntegra, y el alto coste de los medicamentos con la precariedad
extendida hará que muchas personas no puedan seguir sus tratamientos o cuidados necesarios para su curación. Esto significa en esencia tres cosas:
A) Las personas infectadas de enfermedades de gravedad, caso HIV, tuberculosis y otras similares, estarán condenadas a una agudización de su estado de salud que cuando sea atendida, quizá pueda ser tardío para su propia vida. B) El no poder tratar la enfermedad en muchos de los casos terminará en la necesidad de una hospitalización,
y a nadie escapa que resulta mucho más económico atacar la enfermedad
desde su raíz que los tratamientos posteriores y el propio
internamiento. C) En caso de enfermedades infecto contagiosas no tratadas, los riesgos de contagio al resto de la ciudadanía son potencialmente mucho mayores, y por ende el tan achacado “gasto médico” puede llegar a cotas mucho mayores que las que se dice, se intentan reducir.
4.- Enfermedad de unas, enfermedad de todas
Quitar el derecho a la salud a un sector importante de la población
nos afecta a todas las personas que vivimos en esta sociedad.
Afortunadamente no somos compartimentos estancos, interactuamos,
viajamos en transporte público, compartimos espacios en una sociedad que
aunque aún presa del impulso individualista de las sociedades de
consumo, en el contexto actual cada vez necesitará más de relacionarse,
de formar grupos de solidaridad, y en ese interactuar los riesgos de
contagio al haber potencialmente más agentes transmisores, será mucho
mayor.
5.- Un principio sin fin
La pérdida de estos derechos ha comenzado por algunos
sectores, pero nadie puede asegurarnos hasta donde llegarán. Afectan de
una forma u otra, directa o indirectamente, y la historia de siempre –y
también la más reciente, por ejemplo con la reforma laboral- demuestra que esto puede ser solo un comienzo, y no reaccionar ahora tal vez convierta en tardío los esfuerzos de frenar esta locura cuando intenten ampliarla en apenas unos meses.
Pablo Rodríguez
Diagonal
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