El Gobierno de Mariano Rajoy, fiel seguidor de los postulados
políticos neoliberales, pretende aplicar a la sanidad pública española
la estrategia diseñada por el Banco Mundial, en los años 80 del pasado
siglo, de desmantelar el Estado del Bienestar en los países
desarrollados. Hace unos 20 años, este poderoso organismo internacional,
dominado por las multinacionales de la salud y por países como Estados
Unidos o Reino Unido, estableció, para hacer frente al crecimiento del
gasto sanitario, que los usuarios de los sistemas de salud pagaran los
servicios asistenciales en el momento del uso. Así pretendía reducir el
consumo sanitario, potenciar los seguros privados y reducir el gasto
público.
Hasta ahora ningún gobierno se había atrevido a aplicar esta
propuesta en España, por los costes políticos que podría tener, pero la
crisis económica y la presión de la Unión Europea de obligar a los
países a reducir gasto público para controlar el déficit, están siendo
utilizados como coartada por el Gobierno del Partido Popular para
ponerla en marcha. Como consecuencia, el Real Decreto Ley 16/2012
establece – entre otras medidas, como el copago o la potenciación del
aseguramiento- que el trasporte no urgente en ambulancias sea pagado por
los usuarios del mismo. Este servicio permite que las personas con
limitaciones físicas o enfermedades graves puedan acudir a los centros
sanitarios para recibir quimioterapia para el cáncer, diálisis para la
insuficiencia renal, rehabilitación o consultas de especialistas.
Entre las razones que el Ministerio de Sanidad aduce como excusas
para ponerla en práctica están la necesidad de combatir el fraude, el
consumo irracional de recursos costosos o la insostenibilidad de la
gratuidad del sistema (en el momento del uso). Sin embargo, estos
argumentos no se corresponden con la realidad y su aplicación puede
tener una gran repercusión sobre la salud de un colectivo de personas
muy necesitadas de atención sanitaria. Esta medida puede,
paradójicamente, contribuir a incrementar el gasto sanitario, la
desigualdad social y la irracionalidad en el uso de los recursos.
En primer lugar, habría que recordar que la sanidad pública española
es una de las menos costosas de los países desarrollados y que, en este
país, la presión fiscal (que sirve para financiarla) está diez puntos
por debajo de la media de la Unión Europea. En segundo lugar, las
decisiones sobre los traslados son adoptadas por los médicos del
sistema, por lo que, si existe abuso de las mismas, habría que actuar
sobre ellos en lugar de sobre los pacientes que se limitan a aceptar las
decisiones profesionales. Los usuarios del transporte no urgente en
ambulancias son personas con graves discapacidades y con problemas
físicos que les imposibilitan utilizar los transportes convencionales,
tanto particulares como colectivos. Estos son, en su gran mayoría,
pensionistas por edad o por enfermedad, y es de sobra conocido que las
pensiones es este país son muy bajas (en torno a los 800 euros al mes de
media), por lo que el pago de estos servicios puede suponer una carga
económica insoportable para quienes los necesitan. Ello obligaría a
muchos de ellos a renunciar a este transporte y a unos tratamientos
necesarios para su supervivencia, para combatir el dolor, para mejorar
su estado funcional o para evitar el agravamiento de sus problemas.
También hay que tener en cuenta a las personas que viven en el medio
rural, que están más alejadas de los centros sanitarios, especialmente,
en comunidades autónomas como Galicia, las dos Castillas o Extremadura,
que tienen una gran parte de su población en estas zonas, muy dispersa y
envejecida. Una parte importante de la ciudadanía tendría que hacer
frente, por tanto, a grandes gastos en traslados a los centros
especializados y estarían soportando una discriminación inaceptable.
Además, existen numerosos estudios que muestran que los habitantes del
medio rural, que no han tomado parte en las decisiones del Ministerio,
tienen menos ingresos económicos y que más de la mitad de los hogares
carecen de automóvil. Por todo ello, esta medida es, además de injusta,
irracional, y limitará el acceso de personas con mala salud y escasos
recursos a tratamientos que necesitan.
Resulta inaceptable introducir barreras que limiten el acceso a los
servicios a unos colectivos de personas con grandes necesidades
asistenciales y que deberían, por ello, tener prioridad en la atención y
los cuidados. Mientras se destinan miles de millones de euros a
financiar los errores y malas prácticas de los bancos, se derrocha el
dinero en medicamentos innecesarios y costosos, o se abusan de los
recursos tecnológicos (España presenta el mayor gasto en medicamentos y
ocupa uno de los primeros lugares del mundo en consumo tecnológico, como
consecuencia de la presión e influencia de la industria farmacéutica y
de la electro-medicina sobre las administraciones sanitarias y los
prescriptores), se pretende hacer pagar a quienes tienen menos recursos
económicos y más necesidades de atención sanitaria.
Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
Público.es
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/380/el-pago-por-transporte-sanitario-injusto-e-irracional/
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