Uno de los argumentos que se dan con mayor insistencia para
justificar las políticas públicas de recortes de gasto público,
incluyendo gasto público social, es que los Estados se están gastando
mucho más de lo que pueden hacerlo. Desde esta postura se argumenta que
los gastos en pensiones, en sanidad, en educación, en servicios
sociales, en escuelas de infancia y una larga lista de transferencias y
políticas públicas del Estado del Bienestar han alcanzado dimensiones
que no son sostenibles para las arcas del Estado, sean éstas del
gobierno central o de las Comunidades Autónomas (CCAA). De acuerdo con
tal teoría, el gobierno español ha tomado la decisión de recortar nada
menos que 39.000 millones de euros en 2013 que van a afectar muy
negativamente a los componentes citados del Estado del Bienestar de
España y de sus Comunidades Autónomas, incluyendo Catalunya. Los
recortes impuestos por el gobierno central a las CCAA -que son las que
gestionan la mayoría de los servicios públicos de tal Estado del
Bienestar- representan un ataque frontal (y no hay otra manera de
describirlo) a estos servicios públicos, que ya están entre los menos
financiados de la UE-15, el grupo de países de nivel de desarrollo
semejante al español, incluyendo el catalán. El gasto social
(predominantemente público) por habitante en España y en Catalunya está
entre los más bajos en tal comunidad. La media de la UE-17 (que es la
UE-15 más Eslovaquia y Estonia) fue de 8.030 unidades de poder de compra
en 2010, mientras que en España fue de 6.284 y en Catalunya de 6.563.
Es decir, que tanto España en su conjunto como Catalunya gastan en
protección social aproximadamente una quinta parte menos de lo que
gastan los países con semejante nivel de desarrollo.
El argumento de que nos hemos estado gastando más de lo que podemos
gastarnos carece pues de credibilidad científica. Mientras que el nivel
de riqueza de España y Catalunya fue el 91% y el 110% del PIB del
promedio de la UE-15 respectivamente, el gasto social por habitante fue
sólo del 78% y del 82% del promedio de tal comunidad incluyendo también
Estonia y Eslovaquia. Tanto España como Catalunya son lo suficientemente
ricas como para gastar muchos más recursos de los que gastan en su
Estado del Bienestar. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Los
ingresos al Estado y a la Generalitat de Catalunya son más bajos de lo
que les correspondería por el nivel de riqueza que tales países tienen.
Mírese como se mire, el hecho es que los recortes no pueden justificarse
porque nos gastemos demasiado.
La causa de tales recortes hay que buscarla en otro lugar. Y éste es,
precisamente, en el enorme poder que las entidades financieras tienen,
tanto en Catalunya y en España, como en la Eurozona, donde recae la
responsabilidad por tales recortes. Veamos los datos. A la vez que el
gobierno español quiere recortar 39.000 millones de euros, el mismo
gobierno tiene pensado gastarse 38.589 millones de euros sólo en pagar
los intereses de la deuda pública, intereses que han sido
artificialmente elevados como resultado del diseño del sistema
financiero de la Eurozona. Si el Banco Central Europeo (BCE), y antes el
Banco de España, hubieran prestado desde 1989 al Estado español dinero a
los mismos intereses a los que el BCE lo ha prestado a la banca
privada, la deuda pública española sería hoy un 14% del PIB, en lugar
del 90%. El Banco Central Europeo no es un Banco Central sino un enorme
lobby de los intereses financieros. De ahí que preste dinero a un 1% a
la banca privada y que sea ésta la que con este dinero compre bonos del
Estado español a unos intereses del 6% y del 7%. Un negocio redondo y
que la población paga a base de recortes y recortes del gasto público,
incluyendo el social. Ésta es la razón de que haya tantos recortes. Y
todo un tinglado ideológico se ha construido y promovido por los medios
de mayor difusión a fin de justificar tal realidad. Así de claro.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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