Estamos sufriendo la primera crisis económica de la era global, pero sus efectos están siendo muy diferentes en cada país y región, en función de las políticas adoptadas por los responsables públicos en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Por eso conviene distinguir las diferentes escalas geográficas de la crisis, para exigir a cada cual las responsabilidades que le corresponden y para determinar las medidas que es posible adoptar en cada nivel de decisión.En España, los efectos están siendo más graves que en otros países europeos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a la que habían contribuido las entidades financieras, los empresarios del sector y los poderes públicos locales, regionales y centrales. Desde el tardofranquismo, la economía española se basó en la construcción, la emigración y el turismo. Desde 1986, dependió también de los fondos europeos. Este modelo se intensificó con la Ley del Suelo de 1998 y la llegada masiva de inmigrantes. España comenzó a crecer por encima de la media europea, pero tenía los pies de barro.
El gobierno de Zapatero frenó la especulación inmobiliaria y aumentó la inversión en educación e investigación, pero estas medidas han sido tardías e insuficientes. España sigue por debajo de la media europea en educación e investigación, y de esto son responsables el gobierno central (el actual y los precedentes), los gobiernos autónomos (que tienen competencias en esas materias) y las empresas (que no invierten en investigación ni valoran el trabajo cualificado).
Un ejemplo del desfase español: la Declaración de Bolonia creó en 1999 el Espacio Europeo de Educación Superior, para que a partir de 2010 todo el sistema universitario europeo esté homologado y facilite la movilidad de estudiantes y profesionales. Pues bien, en España hubo que esperar a 2007 para que se iniciara el proceso de reforma. Además, se inició sin contar con la financiación correspondiente. De ahí que la reforma, aunque en principio sea positiva, se esté realizando en este país de una forma tan traumática, con tantas resistencias e incertidumbres.
En la Región de Murcia, la situación es todavía peor. La crisis está golpeando aquí con más fuerza, porque aquí se adoptó el monocultivo del ladrillo como la gran panacea. El PP murciano estuvo presumiendo de que el PIB regional crecía por encima de la media nacional, y despreció las voces críticas que desde diversas instancias alertábamos del inminente batacazo y denunciábamos las perniciosas secuelas de este modelo: descapitalización de la industria y la agricultura, empleo precario y no cualificado, destrucción del patrimonio natural e histórico, corrupción política, etc. Ahora, el gobierno de Valcárcel no puede culpar a otros ni puede seguir recurriendo a la eterna cantinela del agua y del AVE, sino que ha de afrontar las responsabilidades que le corresponden.
Tras 14 años de gobierno popular, esta región sigue a la cola de España en los indicadores educativos y culturales. Casi un tercio de nuestros adolescentes no termina la ESO. La UE acordó en Lisboa que el 85% de los jóvenes tuviera en 2010 un título de Educación Secundaria Superior. Pues bien, el 49% de los murcianos de entre 20 y 24 años no tenía en 2008 ningún título de Secundaria Superior. Y también han disminuido los matriculados en las universidades murcianas.
En estas condiciones, la inversión en educación, universidades e investigación debería ser una prioridad estratégica del gobierno regional. En lugar de eso, este gobierno ha estado descuidando la red de centros públicos y promoviendo los centros privado-concertados. Y lo mismo ha hecho en el nivel universitario: en lugar de potenciar las dos universidades públicas (UMU y UPCT), se ha dedicado a apoyar el negocio privado de la UCAM, concediéndole toda clase de privilegios, como ha venido denunciando la Plataforma por la Democracia Universitaria.
El último regalo de Valcárcel a la UCAM ha sido el convenio suscrito por el Servicio Murciano de Salud, en virtud del cual varios hospitales públicos de la región, incluido su personal médico, son puestos a disposición de una universidad privada de dudosa calidad, cuya titularidad se dirime en los tribunales y cuyo propietario está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
Una vez más, el presidente Valcárcel ha puesto el patrimonio público al servicio de intereses privados. Cuando se le llena la boca proclamando su apoyo al I+D+i, está claro que no tiene ni idea de lo que está diciendo, o tal vez cree que puede seguir engañando impunemente a la ciudadanía e hipotecando todavía más el presente y el futuro de esta región.
* Antonio Campillo es catedrático de Filosofía de la UMU y miembro del Foro Ciudadano.
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