Desafueros bolonianos

La discusión relativa al proceso de Bolonia choca frontalmente con un obstáculo: pese a que sobran las razones para concluir que el proceso en cuestión arrastra demasiados elementos conflictivos, nuestros gobernantes han decidido que su aplicación es inexcusable.

Si desde hace tiempo la UE está empeñada en asumir ambiciosas pulsiones de mercantilización y privatización, a duras penas cabría imaginar que la enseñanza universitaria quedase al margen de aquellas. Bolonia es hoy la punta de lanza principal al respecto. Mientras, por un lado, reclama una presencia creciente de las empresas en la universidad, por el otro apuesta por activas políticas de reducción del gasto público.

Si lo primero es inquietante –tanto más para quienes pensamos que en las sociedades opulentas hay que reducir la producción y el consumo al tiempo que se desarrollan la vida social y el ocio creativo–, lo segundo configura una agresión contra viejas políticas redistributivas, como lo testimonian la sustitución de becas por créditos o el encarecimiento general de los estudios que bebe del nuevo sistema de posgrados (aunque estos tengan precios públicos, los títulos de grado que se alcanzarán con anterioridad tendrán un valor menor, con lo que la obligación de cursar posgrados se traducirá en un encarecimiento inevitable de la inversión necesaria para rematar los estudios).

Hay otra cara de la cuestión a la que apenas se presta atención: si el proceso de Bolonia se aprobó en un momento de bonanza económica, su aplicación coincide con una etapa de crisis y recesión. Esto es más importante de lo que pueda parecer, por cuanto pone en un brete el despliegue de los elementos saludables –alguno hay– que el proceso acarrea. Así, el establecimiento de límites en el número de alumnos por grupo debería traducirse, por fuerza, en un incremento sensible en el número de profesores. Nada más lejos, sin embargo, de una realidad llamada a convertirse en un poderoso estímulo para la explotación de los docentes peor pagados y de los becarios, en contra de la excelencia que se preconiza. Es probable que, si hasta ahora las protestas contra Bolonia han sido protagonizadas por estudiantes, en adelante se sumen a ellas muchos profesores inquietos por las consecuencias, esperables, de su aplicación. Hay quien agregará que los partidarios acérrimos de Bolonia deberían preguntarse si esas empresas cuya presencia en la universidad añoran, ocupadas hoy en menesteres más prosaicos, no le van a dar ostentosamente la espalda.

Ni siquiera cabe dar por demostrado el buen sentido de muchos de los cambios que deben introducirse en el sistema de enseñanza. El carácter uniformizador de esos cambios –la presunción, por ejemplo, de que la proliferación de seminarios y clases prácticas mejorará la formación de los alumnos– merece una discusión que se ha esquivado de la mano de la aceptación resignada de lo que viene de arriba. En tales condiciones, y aunque la demanda de una moratoria en el despliegue del proceso acarrea algún elemento de racionalidad, lo suyo es que nos preguntemos si, frente a la aplicación manu militari que han postulado hasta ahora nuestros gobernantes, no se impone discutir, en serio, y desde el principio, qué modelo de universidad y qué modelo de sociedad queremos.

Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política

Fuente: Público

Otros artículos relacionado conel Plan Bolonia

. Sobre el proceso de Bolonia: En la Universidad Autónoma de Madrid se ha realizado el esperado debate de los estudiantes. El rectorado y los profesores se sentaban a dialogar con los alumnos. Dos eran las principales preguntas: ¿Cuál será el papel de las empresas en los planes de estudio? ¿Cómo mantener una Universidad Independiente?

http://www.attacmadrid.org/d/10/090428183554.php

. Bolonia fracasa en Europa: Un balance de la aplicación del Plan Bolonia en Alemania

http://www.attacmadrid.org/d/10/090428185326.php

Las guerras por el agua

Muchos conflictos tienen su origen en la escasez de agua, o se ven agravados por ella. Desde Chad a Darfur, Sudán, el Desierto de Ogaden en Etiopía, Somalia y sus piratas, y en áreas de Yemen, Irak, Pakistán y Afganistán, ocurren en un gran arco de tierras áridas donde la escasez hídrica está produciendo malas cosechas, muerte del ganado, extrema pobreza, y desesperación.

Los grupos extremistas, como los talibanes, encuentran amplias posibilidades de captación de adeptos en esas comunidades empobrecidas. Los gobiernos pierden su legitimidad cuando no pueden garantizar las necesidades más básicas de sus pueblos: agua potable, cultivos de alimentos básicos, y forraje y agua para los rebaños de los que dependen para sus precarios medios de sustento.

Los políticos, diplomáticos y generales de países que sufren estos conflictos suelen tratar estas crisis como lo haría con cualquier otro reto político o militar. Movilizan ejércitos, organizan facciones políticas, combaten a los caudillos locales o intentan forcejear con el extremismo religioso.

Sin embargo, estas respuestas pasan por alto el desafío subyacente de ayudar a que las comunidades satisfagan sus urgentes necesidades de agua, comida y sustento. Como resultado, Estados Unidos y Europa suelen gastar decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares en el envío de tropas o bombarderos para sofocar levantamientos o atacar “estados fallidos”, pero no envían una décima, o siquiera una milésima, parte de esos fondos para enfrentar las crisis subyacentes de escasez hídrica y subdesarrollo.

Los problemas del agua no desaparecerán por si solos. Por el contrario, empeorarán a menos que nosotros, como comunidad global, articulemos una respuesta. Una serie de estudios recientes muestra lo frágil que es el equilibrio hídrico para varias partes del mundo empobrecidas e inestables. La UNESCO, una agencia de las Naciones Unidas, publicó recientemente el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, 2009; el Banco Mundial publicó concienzudos estudios sobre India (La economía del agua en India: Nadando en un futuro turbulento) y Pakistán (Pakistán: La economía del agua se está secando), y la Asia Society publicó una visión general de las crisis del agua en Asia (El próximo desafío de Asia: asegurar el futuro del agua en la región).

Estos informes cuentan historia similares. Los recursos hídricos se encuentran cada vez más bajo presión en grandes partes del mundo, especialmente en las regiones áridas. La escasez del agua, que se intensifica rápidamente, refleja superpoblación, agotamiento de las aguas subterráneas, basura y contaminación, y los efectos enormes y cada vez más graves del cambio climático causado por el ser humano.

Las consecuencias son terribles: sequías y hambrunas, pérdida de los medios de sustento, propagación de enfermedades transmitidas por agentes presentes en el agua, migraciones forzadas, y hasta conflictos abiertos. Para llegar a soluciones prácticas pueden ser necesarios muchos componentes, como un mejor manejo hídrico, mejores tecnologías para aumentar la eficiencia del uso del agua, y nuevas inversiones que emprendan de manera conjunta los gobiernos, el sector privado y las organizaciones ciudadanas.

He visto soluciones así en el proyecto Pueblos del Milenio en el África rural, en el que mis colegas y yo trabajamos con comunidades pobres, gobiernos y empresas para encontrar soluciones prácticas a los desafíos de la extrema pobreza rural. Por ejemplo, en Senegal un líder mundial en la fabricación de tuberías, JM Eagle, donó más de 100 kilómetros de tuberías para permitir a una comunidad empobrecida unir fuerzas con la agencia hídrica gubernamental, PEPAM, para llevar agua potable a decenas de miles de personas. El proyecto general es tan eficaz en función de sus costes, y tan replicable y sostenible, que JM Eagle y otros socios corporativos ahora emprenderán iniciativas similares en otros lugares de África.

Sin embargo, en el futuro se generalizarán las presiones los recursos hídricos, tanto en países pobres como ricos. Por ejemplo, Estados Unidos estimuló un auge demográfico en sus estados áridos del suroeste en las últimas décadas, a pesar de la escasez hídrica que el cambio climático probablemente hará más grave en el futuro. También Australia enfrenta serias sequías en el corazón agrícola de la cuenca del río Murray-Darling. También es probable que en la Cuenca Mediterránea, incluidos el sur de Europa y el norte de África, se viva un grave proceso de desertificación como resultado del cambio climático.

No obstante, puede variar el carácter preciso de la crisis del agua, con diferentes puntos de presión según la región de la que se trate. Por ejemplo, Pakistán, un país que ya es árido, sufrirá las presiones de una población que crece rápidamente, desde 42 millones en 1950 a 184 millones en 2010, y hasta 335 millones en el año 2050, de acuerdo con el escenario “medio” de la ONU. Incluso peor, los agricultores dependen hoy de aguas subterráneas que se han agotado por el excesivo bombeo. Más aún, para el año 2050 es posible que, debido al calentamiento global, ya estén derretidos los glaciares de los Himalayas, que alimentan los ríos de Pakistán.

Habrá que encontrar soluciones en todas las “escalas”, lo que significa que necesitaremos soluciones hídricas dentro de comunidades individuales (como en el proyecto de las aguas por tuberías en Senegal), a lo largo del curso de un río (incluso si cruza fronteras nacionales) y, globalmente, por ejemplo, para combatir los peores efectos del cambio climático global. Para alcanzar soluciones duraderas serán necesarias relaciones de colaboración entre gobiernos, empresas y la sociedad civil, que pueden ser difíciles de negociar y manejar, puesto que estos distintos sectores de la sociedad a menudo tienen poca o ninguna experiencia de relaciones mutuas y pueden desconfiar muchos los unos de los otros.

La mayoría de los gobiernos no están muy bien preparados para enfrentar carencias hídricas serias. Por lo general, los ministerios del agua están llenos de ingenieros y funcionarios civiles no especializados en el tema. Sin embargo, las soluciones duraderas a los desafíos hídricos requieren una amplia gama de conocimientos especializados acerca de temas climáticos, ecológicos, poblacionales, de ingeniería, de política comunitaria y de culturas locales. Los funcionarios de gobierno también necesitan habilidades y flexibilidad para trabajar con comunidades locales, empresas privadas, organizaciones internacionales y potenciales donantes.

Un paso próximo y crucial es generar instancias de acercamiento entre líderes científicos, políticos y empresariales de sociedades que comparten problemas de escasez de agua -como Sudán, Pakistán, Estados Unidos, Australia, España y México- con el fin de llegar a ideas creativas que les den solución. Un encuentro así permitiría compartir información, lo que podría salvar vidas y economías. También subrayaría una verdad básica: el desafío común de un desarrollo sostenible debería unir a un mundo dividido por los niveles de ingreso, las religiones y la geografía.

Jeffrey D. Sachs es profesor de Economía y director del Earth Institute en la Universidad de Columbia.

© Project Syndicate, 2009. www.project-syndicate.org.

Traducción de David Meléndez Tormen

Pensiones, que coticen los cajeros automáticos

¿Será sostenible la red de carreteras en 2060? ¿Y por qué las pensiones no lo serán? Aprovechando el ambiente de crisis económica provocada por la delincuencia financiera internacional, sus corresponsales nacionales vuelven a la carga lanzando sospechas sobre la viabilidad del sistema público de pensiones.

Como siempre, el argumento es el demográfico, que ya conoció un clamoroso fracaso en las teorías de Malthus. Según los agoreros, en 2060 la población estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes a la Seguridad Social hará insostenible el sistema. Lo que nadie parece preguntarse es por qué sólo se encienden luces de alarma sobre las pensiones. Pues, si el problema va a ser, tal como nos lo presentan, de escasez de trabajadores activos en 2060, al faltar mano de obra no sólo entrará en crisis el sistema de pensiones por falta de cotizantes. Tampoco será posible atender la red viaria, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Nos quedaremos sin bomberos, policías, soldados de aire, mar y tierra. Y la escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Tampoco habrá mano de obra suficiente para las fábricas, comercios y oficinas.

Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece preocupar a estos Casandras tan preocupados por el futuro de las pensiones. Y la razón es tan sencilla como que nos están contando el cuento de la buena pipa.

En primer lugar, las proyecciones a cincuenta años vista tienen el valor que tienen. No son más que eso, proyecciones. Pues al ritmo al que se desarrollan los acontecimientos en el mundo actual, de aquí al 2060 pueden suceder hechos absolutamente imprevisibles. Empezando por la probabilidad de que sobrevenga una catástrofe ecológica de tal calibre, que el sistema de producción capitalista se vaya a tomar vientos. O que sean los propios libremercadistas los que se carguen directamente el sistema. De hecho, acaban de producir una avería de tal calibre, que Papá Estado se las ve y se las desea para recomponer los cristales rotos por los jugadores del libre mercado.

En segundo lugar, se parte de una hipótesis absolutamente gratuita: que la financiación de las pensiones dependa exclusivamente de los propios trabajadores cotizantes. Y la cuestión que hay que plantear es otra. Si ningún servicio de estudios prevé que en 2060 se colapse el sistema productivo, ni el resto de servicios estatales ¿por qué habría de entrar en crisis el sistema de pensiones? O sea, que las carreteras, por las que circulamos todos, trabajadores, empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir, se costean con cargo a los impuestos generales. Mientras que las pensiones de jubilación, por un perverso convencionalismo, es ha establecido que se las tienen que pagar los propios trabajadores de su bolsillo.

En tercer lugar, no se está considerando los incrementos de productividad debidos a los avances tecnológicos. Si nuestros antepasados paleolíticos hubieran actuado con mentalidad capitalista, al día siguiente de inventar el hacha de sílex habrían descubierto el desempleo y la crisis del sistema de pensiones. En efecto, dado que las nuevas herramientas permitían, por ejemplo, que para recoger leña se precisara sólo la mitad de hombres que antes del invento, la otra mitad habría quedado desempleada. Sin embargo, puesto que la cantidad de leña acopiada seguiría siendo la misma, el fuego de las hogueras impediría que los miembros más viejos de la horda perecieran de frío. En esto, habrían llegado los servicios de estudios económicos rupestres para examinar la situación, y después de trazar una serie de abstrusos cálculos con un tizón en la pared de la caverna, habrían sentenciado: “este sistema de calefacción social no puede mantenerse porque ahora, entre desocupados y ancianos, el número de personas que cotizan al fondo de madera es menor”. Afortunadamente, no debía haber economistas entre la horda, a juzgar por el hecho de que las paredes de Altamira y Lascaux fueron decoradas con magníficas pinturas de bisontes y no con aburridas tablas econométricas. Señal, por otra parte, de que nuestros tatarabuelos paleolíticos disponían de la suficiente inteligencia para convertir la productividad en ocio creativo, y no en cifras oficiales de desempleo.

Hemos pasado del aprovechamiento rudimentario del sílex a la tremenda productividad conseguida gracias a las aplicaciones de los chips de silicio a las tecnologías informáticas. En el siglo XXI, las pensiones de jubilación, pues, deben ser pagadas con los impuestos generales, y no con un fondo de solidaridad obrera al estilo del sistema creado por Bismark en el siglo XIX.

Pese a la crisis creada por ellos, los bancos siguen ganando dinero aunque no concedan créditos. Tienen ganancias porque los ciudadanos, que, oh misterio de la Trinidad, somos a la vez trabajadores y consumidores, cotizamos diariamente al efectuar todo tipo de transacciones electrónicas: desde el cobro de la nómina, pensión o subsidio por desempleo, hasta el pago de la fruta con tarjeta en el supermercado. ¡Y los bancos viviendo de rositas gracias a las elevadas comisiones que, en el colmo del latrocinio consentido, nos cobran por utilizar nuestro dinero! La población empleada disminuye también debido a la sustitución de mano de obra por dispositivos electrónicos. Si tuviéramos gobernantes y legisladores como es debido, hace tiempo que los cajeros automáticos estarían cotizando a la Seguridad Social.

José Antonio Pérez - Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de ATTAC Madrid.

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Educación segregada y escuela concertada

De nuevo suenan tambores de guerra en la educación. Cuando todavía no se han acallado los ecos de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contraria al reconocimiento del derecho a objetar a la Educación para la Ciudadanía, la patronal de centros concertados ha anunciado que recurrirá a los tribunales si las administraciones autonómicas retiran los conciertos económicos a los centros que sólo escolarizan a alumnos del mismo sexo, tal y como acaba de hacer la Consejería de Educación de Cantabria.

La Ley Orgánica de Educación intentó romper con la dinámica de que los alumnos de origen inmigrante y españoles con menores niveles de renta fueran escolarizados casi exclusivamente en la escuela pública. Para ello, la LOE prohibió cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social en la escolarización de los alumnos que asisten a centros financiados por el Estado. El TS ha interpretado la LOE dejando en manos de las administraciones educativas la decisión de financiar a las escuelas privadas que no opten por la enseñanza mixta.

Los defensores de la educación segregada por razón de sexo justifican su posición en que este modelo favorece la mejora del aprendizaje, ya que atiende a las especificidades cognitivas y de madurez que diferencian a los hombres y a las mujeres, mientras que la educación conjunta distrae a los alumnos en el proceso de aprendizaje a partir de la pubertad. Se trata de argumentos muy peligrosos, ya que también servirían para justificar la educación segregada de cualquier colectivo, y son muy similares a los que esgrimieron en los años 60 los partidarios de educar de forma separada a los alumnos blancos y negros en algunos estados estadounidenses.

El principal problema que presenta la educación segregada no es su filosofía escolar, sino el hecho de que esta se promocione con dinero público. Los padres tienen derecho a elegir el colegio en el que quieren escolarizar a sus hijos de acuerdo con sus creencias, pero, como ha reiterado en diversas ocasiones el TS, esto no quiere decir que los poderes públicos tengan la obligación de subvencionar esa elección.

Existen argumentos tan numerosos como poderosos para justificar la educación mixta. La educación en la igualdad de género debe comenzar en la escuela, pues no existe mejor mecanismo para conseguir la plena equiparación entre hombres y mujeres que el hecho de que estos se eduquen juntos y aprendan a relacionarse. La segregación de los alumnos por razón de sexo puede suponer que estos reciban una educación soportada en contenidos y valores diferentes que, en algunos casos, perpetúen tanto los prejuicios y comportamientos sexistas como los roles y estereotipos tradicionales de los que tanto les ha costado liberarse a las mujeres.

El sistema educativo es un servicio público que tiene por objeto preparar a sus usuarios para su plena integración en la sociedad y que, por lo tanto, debe reflejar la realidad de una sociedad en la que los hombres y mujeres están llamados a convivir y a respetarse mutuamente.

Óscar Celador Angón es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado

Fuente: Público

Desempleados, abandonados en el laberinto autonómico

Nadie lo quiso ver, aunque estaba en la letra escrita de los textos legales. En caso de crisis económica intensa, nuestro raquítico Estado de Bienestar no tiene previsto sostener a las personas que pierden su empleo más que por un breve período de tiempo.

En su Artículo 41, la Constitución Española, dispone que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

A la hora de la verdad, el seguro de desempleo es una prestación de tipo contributivo, financiada por los propios trabajadores a través de las cotizaciones obligatorias que mensualmente se detraen de sus nóminas “por contingencia de desempleo”. La cuantía y duración de la prestación depende de los importes y períodos cotizados previamente. Su alcance fue sensiblemente recortado por sendos Decretazos de los gobiernos de Felipe González (Real Decreto-Ley 1/1992) y José María Aznar (RDL 5/2002). En cuanto al subsidio por desempleo, se concede, y no siempre, a los desempleados que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva, por un período limitado. Por lo general, de seis meses.

Ante la intensidad de la crisis, crece día a día el número de personas abandonadas a su suerte al haber agotado el derecho a percibir ambas prestaciones. Ante ese panorama, a Celestino Corbacho, titular de Trabajo, el ministerio de la impotencia, no se le ha ocurrido mejor cosa que lanzar la pelota sobre el tejado de las administraciones autonómicas, y ha sugerido que deberán ser éstas las que se encarguen de asegurar la continuidad de la prestación. Eso supone dejar a los desempleados abandonados a su suerte en el laberinto autonómico español.

Todas las administraciones autonómicas del Estado español tienen transferidas las competencias en materia de servicios sociales, por lo que les corresponde gestionar las ayudas destinadas a paliar la situación de las personas más pobres mediante lo que se pueden considerar rentas de indigencia.

Se trata de ayudas más o menos generosas dependiendo del color político de cada gobierno regional, inspiradas siempre por ese principio de la hipocresía política que persigue la “inserción social” de las personas cuya situación de pobreza es tan aguda que han de someterse a las severas y a menudo humillantes inspecciones de los servicios sociales. Pues en este campo parece haberse olvidado un principio fundamental de la democracia: un genuino ciudadano no necesita ser “insertado” en ningún lugar, pues forma parte por propio derecho del cuerpo social en el que reside la soberanía.

Un desempleado, abocado al paro de larga duración, no es una persona con dificultades de inserción social. Un minuto antes de que la crisis afectara a su empresa, estaba perfectamente integrado en su puesto de trabajo. Desempeñaba una doble función económica: en primer lugar, a través de su labor productora; y en segundo lugar, como consumidor que dinamiza la maquinaria económica.

Y a esta persona se la quiere enviar a ponerse de rodillas ante los servicios de asistencia social de las comunidades, para implorar una limosna. Se quiere rebajar su condición de “trabajador en situación legal de desempleo” por causa ajena a su voluntad, a la de indigente que solicita una ayuda de inserción. Para lo cual deberá someterse a severas pruebas de falta de recursos (means test) por los correspondientes servicios administrativos. Acostumbrados por la fuerza de la costumbre y la ideología, a sospechar que todo peticionario es, a priori, sospechoso de intentar obtener una prestación por medios fraudulentos.

La Ley 4/2005, de 28 de octubre, del Salario Social Básico vigente en el Principado de Asturias declara: “Se entiende por salario social básico la prestación económica periódica dirigida a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, sobre la base de la unidad económica de convivencia independiente” (Art. 3.1). Esta lex astúrica dedica la mayor parte de su articulado a establecer de una forma tan minuciosa como obsesiva, las distintas pruebas a las que debe someterse el receptor como demostración de su voluntad de ser “insertado” en la sociedad.

Dejar en manos de los dirigentes autonómicos la prestación de un subsidio complementario al de desempleo supone exponer a los ciudadanos inmersos en esa circunstancia a la peor de las intemperies sociales. Pues cada gobierno autonómico tiene un criterio distinto a la hora de conceder estas ayudas.

Para empezar, Esperanza Aguirre, la ultraliberal condesa de Murillo que preside el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya ha dejado claro que no lleva “los millones en el bolsillo para dárselos a los parados de larga duración” porque tiene que encargarse de financiar servicios como la Sanidad o la Educación. Sin embargo, una de competencias transferidas a la Comunidad de Madrid es la gestión de los servicios de empleo ante los cuales han de ir los desempleados a “sellar” la cartilla de paro.

Con Aguirre en el poder, las ayudas de inserción son muy escasas y de baja cuantía en la región madrileña. Por el contrario, la “renta básica condicional” que paga el Gobierno vasco a los pobres de su territorio es mucho más generosa. Garantizando una cuantía del 88% del Salario Mínimo Interprofesional, la paga aumenta según el número de miembros de la familia. En Navarra, dice su administración que “por Renta Básica se entiende la prestación económica periódica destinada a hogares que carezcan de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas”.

El Estatuto de Cataluña, en su Art. 24.3, dispone que: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen.” Por su parte, el Estatuto de Andalucía, en su Art. 23.2, afirma que “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”. Pero el estatuto catalán está pendiente de aprobar por haber sido impugnado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Y en Andalucía no se ha aprobado una normativa que desarrolle la prestación de la renta básica. También el Estatuto valenciano tiene una cláusula similar, tan programática como ineficaz.

José Antonio Pérez - Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de ATTAC Madrid

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Obispos, aborto y castidad

La Iglesia católica ha puesto en marcha una campaña fundamentalista con el fin de paralizar la revisión de la ley de aborto vigente. Pero también prohíbe la contracepción. Sólo permite la castidad o el natalismo salvaje

La actual campaña de la Conferencia Episcopal contra los linces y las mujeres que abortan pone de relieve el patético deterioro de la formación intelectual del clero, que si bien nunca ha sobresalido por su nivel científico, al menos en el pasado era capaz de distinguir el ser en potencia del ser en acto. ¿Dónde quedó la teología escolástica del siglo XIII, que incorporó esas nociones aristotélicas? ¿Qué fue de la sutileza de los cardenales renacentistas? La imagen de deslavazada charlatanería y de enfermiza obsesión antisexual que ofrecen los pronunciamientos de la jerarquía católica no sólo choca con la ciencia y la racionalidad, sino que incluso carece de base o precedente alguno en las enseñanzas que los Evangelios atribuyen a Jesús.

La campaña episcopal se basa en el burdo sofisma de confundir un embrión (o incluso una célula madre) con un hombre. Por eso dicen que abortar es matar a un hombre, cometer un homicidio. El aborto está permitido y liberalizado en Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Japón, India, China y en tantos otros países en los que el homicidio está prohibido. ¿Será verdad que todos ellos caen en la flagrante contradicción de prohibir y permitir al mismo tiempo el homicidio, como pretenden los agitadores religiosos, o será más bien que el aborto no tiene nada que ver con el homicidio? De hecho, el único motivo para prohibir el aborto es el fundamentalismo religioso. Ninguna otra razón moral, médica, filosófica ni política avala tal proscripción. Donde la Iglesia católica (o el islamismo) no es prepotente y dominante, el aborto está permitido, al menos durante las primeras semanas (14, de promedio).

Una bellota no es un roble. Los cerdos de Jabugo se alimentan de bellotas, no de robles. Y un cajón de bellotas no constituye un robledo. Un roble es un árbol, mientras que una bellota no es un árbol, sino sólo una semilla. Por eso la prohibición de talar los robles no implica la prohibición de recoger sus frutos. Entre el zigoto originario, la bellota y el roble hay una continuidad genealógica celular: la bellota y el roble se han formado mediante sucesivas divisiones celulares (por mitosis) a partir del mismo zigoto. El zigoto, la bellota y el roble constituyen distintas etapas de un mismo organismo. Es lo que Aristóteles expresaba diciendo que la bellota no es un roble de verdad, un roble en acto, sino sólo un roble en potencia, algo que, sin ser un roble, podría llegar a serlo. Una oruga no es una mariposa. Una oruga se arrastra por el suelo, come hojas, carece de alas, no se parece nada a una mariposa ni tiene las propiedades típicas de las mariposas. Incluso hay a quien le encantan las mariposas, pero le dan asco las orugas. Sin embargo, una oruga es una mariposa en potencia.

Cuando el espermatozoide de un hombre fecunda el óvulo maduro de una mujer y los núcleos haploides de ambos gametos se funden para formar un nuevo núcleo diploide, se forma un zigoto que (en circunstancias favorables) puede convertirse en el inicio de un linaje celular humano, de un organismo que pasa por sus diversas etapas de mórula, blástula, embrión, feto y, finalmente, hombre o mujer en acto. Aunque estadios de un desarrollo orgánico sucesivo, el zigoto no es una blástula, y el embrión no es un hombre. Un embrión es un conglomerado celular del tamaño y peso de un renacuajo o una bellota, que vive en un medio líquido y es incapaz por sí mismo de ingerir alimentos, respirar o excretar -no digamos ya de sentir o pensar-, por lo que sólo pervive como parásito interno de su madre, a través de cuyo sistema sanguíneo come, respira y excreta. Este parásito encierra la potencialidad de desarrollarse durante meses hasta llegar a convertirse en un hombre. Es un milagro maravilloso, y la mujer en cuyo seno se produzca puede sentirse realizada y satisfecha. Pero en definitiva es a ella a quien corresponde decidir si es el momento oportuno para realizar milagros en su vientre.

El niño es un anciano en potencia, pero un niño no tiene derecho a la jubilación. Un hombre vivo es un cadáver en potencia, pero no es lo mismo enterrar a un hombre vivo que a un cadáver. A los vegetarianos, a los que les está prohibido comer carne, se les permite comer huevos, porque los huevos no son gallinas, aunque tengan la potencialidad de llegar a serlas. Un embrión no es un hombre, y por tanto eliminar un embrión no es matar a un hombre. El aborto no es un homicidio. Y el uso de células madre en la investigación, tampoco.

Otra falacia consiste en decir que, si los padres de Beethoven hubieran abortado, no habría habido Quinta Sinfonía, y si nuestros padres hubieran abortado el embrión del que surgimos, ahora no existiríamos. Pero si los padres de Beethoven y los nuestros hubieran sido castos, tampoco habría Quinta Sinfonía y tampoco existiríamos nosotros. Si esto es un argumento para prohibir el aborto, también lo es para prohibir la castidad. Pero tanta prohibición supongo que resultaría excesiva incluso para la Iglesia católica. Una de sus múltiples contradicciones estriba en que impone un natalismo salvaje a los demás, mientras a sus propios sacerdotes y monjas les exige el celibato y la castidad absoluta.

Desde luego, la contracepción es mucho mejor que el aborto, pero la Iglesia la prohíbe también (siguiendo en ambos casos al ex-maniqueo Agustín de Hipona, no a Jesús). Tanto el anterior papa Wojtyla como el actual papa Ratzinger se han dedicado a viajar por África y Latinoamérica despotricando contra los preservativos y el aborto, lo que equivale a promover el sida y la miseria. En cualquier caso, la contracepción puede fallar. A veces el embarazo imprevisto será una sorpresa muy agradable. Otras veces, llevarlo a término supondría partir por la mitad la vida de una mujer, arruinar su carrera profesional o incluso traer al mundo un subnormal profundo o un vegetal humano descerebrado. Sólo a la mujer implicada le es dado juzgar esas graves circunstancias, y no a la caterva arrogante de prelados, jueces, médicos y burócratas empeñados en decidir por ella. El aborto es un trauma. Ninguna mujer lo practica por gusto o a la ligera. Pero la procreación y la maternidad son algo demasiado importante como para dejarlo al albur de un descuido o una violación. El aborto, como el divorcio o los bomberos, se inventó para cuando las cosas fallan.

Muchas parejas anhelan tener hijos, muchas mujeres desean quedar embarazadas y esperan con ilusión el nacimiento de la criatura. El infante querido y deseado suele estar bien alimentado y educado, colmado de cariño y estimulación y (salvo raro defecto genético) su cerebro se desarrolla bien. Por desgracia, el mundo está lleno de madres violadas o forzadas y de niños no deseados, abandonados a la mendicidad y la delincuencia, famélicos, con los cerebros malformados por la carencia alimentaria y la falta de estímulos, carne de cañón de guerrillas crueles y explotaciones prematuras. La jerarquía eclesiástica se ensaña con esas mujeres desgraciadas. El cardenal nicaragüense Obando y Bravo se opuso al aborto terapéutico de una niña de nueve años, violada, enferma y con su vida en peligro. Hace un par de años, la Iglesia de Nicaragua acabó apoyando políticamente al dictador Daniel Ortega a cambio de que éste prohibiese definitivamente el aborto terapéutico. Hace unas semanas el arzobispo Cardoso ha excomulgado en Brasil a la madre de otra niña de nueve años violada por su padrastro y en peligro de muerte por su embarazo doble, así como a los médicos que efectuaron el aborto. En 2007 se hizo famoso el caso de Miss D, una irlandesa de 17 años embarazada con un feto con anencefalia, es decir, sin cerebro ni parte del cráneo, condenado a ser un niño vegetativo, ciego, sordo, irremediablemente inconsciente, incapaz de percibir, pensar ni sentir nada, ni siquiera dolor. Las autoridades impidieron que Miss D fuera a Inglaterra a abortar, aunque más tarde los tribunales anularon la prohibición. Los grupos católicos fanáticos presionan para que se impida a las irlandesas que viajen a Inglaterra a abortar, lo que choca con la legislación comunitaria, que garantiza la libertad de movimientos en la UE.

En España misma, el año pasado, una mujer preñada de un feto con holoprosencefalia, condenado a morir al nacer o a vivir como vegetal, tuvo que ir a Francia a abortar. El derecho a abortar es para muchas mujeres más importante que el derecho a votar en las elecciones, y ha de serles reconocido incluso por aquellos que personalmente jamás abortarían. En 1985 se aprobó la reforma del Código Penal para cumplir a medias y mal el programa electoral del PSOE. Desde entonces, tanto los Gobiernos de Felipe González como de Zapatero se han dedicado a marear la perdiz, diciendo que no era el momento oportuno y que había que esperar a que los obispos dejasen de vociferar. Pero los obispos nunca van a dejar de vociferar. Después de 24 años de remilgos, espero que los socialistas se decidan finalmente a liberalizar el aborto dentro de las primeras semanas del embarazo. Tampoco hace falta ser tan progre para ello. Margaret Thatcher lo tenía ya perfectamente asumido hace 30 años.

Jesús Mosterín es profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC

Informativos Attac-Tv.

Informativo Attac -Tv
La Directiva Bolkestein.
http://www.vimeo.com/4034274

La Directiva Bolkestein en un intento por liberalizar el mercado laboral europeo y los servicios sociales se abre camino y pretende ser una realidad en 2010 en la Unión Europea.

Edita: Attac País Valenciano

Bolkestein: regresa la privatización de los servicios sociales en Europa

Durante una conferencia de prensa, los eurodiputados Francis Wurtz, Patrick Le Hyaric y Raquel Garrido han querido «sacar a la luz» el peligro de una desregulación inminente de los servicios sociales en Europa.

Tras el sector de la energía, la telefonía, los servicios postales o los transportes, ¿ha llegado el turno a los servicios sociales de plegarse a las reglas de la competitividad decretadas por Bruselas? Las declaraciones de la Comisión Europea no cesan de preocupar a las asociaciones y ONG concernidas. Hay que tener en cuenta que la voracidad del sector privado continúa insatisfecha después de la retirada, en 2006, de los servicios sociales de interés general (SSIG) del marco de aplicación de la Directiva Bolkestein, que pretende liberalizar el sector de los servicios.

Un sector que absorbe alrededor de 140.000 millones de euros al año y que la Comisión no se decide a dejar exclusivamente en manos de los gestores públicos. «Conviene recordar, en ese contexto, que los servicios excluidos del campo de aplicación de la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, seguirán dependiendo de esas reglas y principios», ha corregido después la Comisión apoyándose en los artículos 43 al 49 del tratado actual, íntegramente recuperado por el Tratado de Lisboa.

En otras palabras, los servicios sociales deberán pasar por el aro de la competitividad, con el riesgo de mercantilizar un sector que la crisis vuelve cada día más sensible.

«Un dossier potencialmente explosivo», según Francis Wurtz, eurodiputado comunista que mantuvo ayer una conferencia de prensa sobre la cuestión, junto con Patrick Le Hyaric y Raquel Garrido, que lideran la lista del Frente de Izquierda en las elecciones europeas.

Según Francis Wurtz, es necesario que dicho dossier, «al que tanto la Comisión europea como el Consejo van dando largas desde hace varios años a pesar de la insistencia de las organizaciones sindicales y las ONG concernidas, se ponga actualmente sobre la mesa»

La obsesión de la Comisión de liberalizar el sector social, en nombre de los tratados comunitarios y a pesar del rechazo de esta disposición por el Parlamento, tiene efectos concretos. Así, el diputado comunista cita el caso de cierto organismo público de vivienda en los Países Bajos que se ha visto condenado por el Tribunal de Justicia Europeo debido a un «error manifiesto de servicio público». La cooperativa de viviendas holandesa ha sido acusada de competencia desleal con respecto al sector privado porque sus prestaciones no se dirigen exclusivamente a los más necesitados e incluyen también viviendas para un público más acomodado. Sin embargo es el único medio de que dispone para evitar la construcción de guetos y promover la integración social.

Aunque considera necesaria una revisión profunda de los tratados comunitarios, Francis Wurtz juzga «imposible permanecer de brazos cruzados. Es necesaria una directiva que reconozca plenamente las características específicas de los servicios sociales. Se trata de una actividad de servicio público, no de una actividad comercial», insiste el presidente de la Izquierda Unida Europea (GUE-GVN). «Si nos responden que esta directiva, destinada a proteger de la competitividad las actividades sociales, no se puede adoptar porque estaría en contradicción con los tratados, pues bien, ésta será la oportunidad para abrir un gran debate sobre los tratados comunitarios actuales» explicó. Mientras que la campaña de las elecciones europeas acaba de empezar, «la bomba retardada de los servicios sociales» puede encontrar un lugar privilegiado en el debate.

Fréderic Durand - L’Humanité