El proceso de diálogo social que se está llevando a cabo ha vuelto a poner en el centro del debate a las cotizaciones sociales pero, una vez más, se hace de forma bastante desenfocada y por eso creo que es más importante que nunca tener algunas ideas claras al respecto. La patronal reivindica constantemente su rebaja y los economistas más cercanos a las tesis liberales tratan de demostrar que las cotizaciones sociales son un factor negativo para el empleo y, en general, para la actividad económica.
No es fácil poder demostrar taxativamente la relación entre cotizaciones sociales y niveles de empleo (salvo quizá en el caso de segmentos específicos del mercado de trabajo) porque en la determinación de los niveles de empleo y paro siempre influyen un conjunto de factores adicionales que no es fácil conjugar en los modelos lineales y elaborados sobre postulados bastante rígidos que se emplean en el análisis económico.
Pero tampoco hace falta utilizar modelos muy sofisticados para demostrar lo evidente: cuanto más caro sea el factor trabajo, más retardatarias serán a la hora de emplearlo las empresas que solo puedan competir mediante costes reducidos. Lo contrario de lo que ocurre con las empresas innovadoras y que se pueden permitir soportar costes más elevados porque son capaces de competir a través de vías distintas a la de utilizar factores baratos y poco productivos para tratar de vender lo que producen a precio más bajo.
La conclusión, por tanto, será elemental: a las empresas españolas que apuestan por esta última estrategia para penetrar en los mercados (o para obtener beneficios extraordinarios), es cierto que las cotizaciones elevadas le supondrán rémoras importantes. Como las suponen también costes más elevados de energía, de transporte o de cualquier otro tipo. Si a las empresas que no tienen capacidad de competir innovando, mejorando su calidad u ofreciendo productos más atractivos a la demanda, le suben las cotizaciones, tendrán más dificultades y si se las bajan, más ventajas para conseguir beneficios. Es elemental.
Pero la pregunta es si lo que necesita la economía española es incentivar ese tipo de comportamiento empresarial o si, por el contrario, lo que hay que hacer es crear condiciones que incentiven un uso diferente de los recursos, y entre ellos el del trabajo, que no esté dirigido solo a ahorrarse costes sino a ganar mercados de otra forma, a ser más productivos y a obtener beneficios sin tener que empobrecer a los propietarios de esos recursos productivos. Sobre todo, cuando la retribución de uno de ellos, el factor trabajo, es a la postre la que garantiza que se pueda vender una gran parte de lo que se produce.
Como no se hace este último planteamiento, se sigue hablando en España de las cotizaciones sociales como un impuesto sobre el trabajo que pagan las empresas, como un simple coste que hay que reducir para que la carpetovetónica forma de competir que predomina en las empresas españolas salga adelante.
Y, puestos a considerarlo como un impuesto, la cuestión se traduce entonces en determinar si es el mejor tipo impositivo o si debe ser sustituido por otro. Es ahí cuando aparece otro de los juegos de manos que utilizan quienes defienden estas posiciones: como en España las cotizaciones son muy elevadas y nuestro IVA está aún por debajo de la media europea, lo que debemos hacer es reducir las cotizaciones y subir si acaso un poco el IVA, para que así no se resientan del todo los ingresos del Estado.
¡Menuda trampa! Veamos. Las cotizaciones sociales no son un impuesto: ¡son salario! No un salario directo como el que a final de mes reciben los trabajadores pero sí una renta que les proporciona ingresos diferidos (cuando se destinan a financiar las pensiones) o indirectos (si financian la sanidad, el desempleo, etc.).
Por tanto, lo que hay que tener claro cuando la patronal reclama reducir las cotizaciones sociales es que lo que pide es sencillamente reducir los salarios de los trabajadores para obtener más beneficios. No digo que no sea lógico o legítimo sino que es eso lo que significa su demanda.
Y cuando se dice que lo que se debe hacer es reducir las cotizaciones compensando con subidas del IVA la pérdida de ingresos públicos, lo que se está proponiendo es, primero, que los trabajadores ganen menos y, segundo, que además sean ellos en su gran mayoría los que asuman la compensación en los ingresos a través del impuesto indirecto vinculado al consumo que realizan. Por así decirlo, que ganen doblemente menos.
Otro juego de manos consiste en comparar las cotizaciones sociales y el IVA españoles con los europeos y no tener en cuenta el nivel general de imposición o el gasto público y social que no solo condicionan el bienestar de los ciudadanos directamente sino también indirectamente en la medida en que son los factores que pueden contribuir a crear una dotación de capital social que permita innovar y competir de otro modo.
¿Por qué se fijan sólo en que las cotizaciones sociales españolas son muy altas y no hablan de que el impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha convertido en uno sobre el trabajo por cuenta ajena, de la imposición sobre el patrimonio, de la inversión en I+D+i, en educación o en cualquiera de los demás componentes del gasto social?
La razón es fácil. Las grandes empresas españolas, y sobre todo las que controlan las organizaciones patronales, están contentas con la situación actual en la que pueden disponer o desprenderse fácilmente de trabajo barato y poco cualificado (el 70% del total), generar altísimos niveles de costes externos sin tener que hacerse cargo de ellos y disfrutar cada vez de mejores condiciones para negociar y moverse en los mercados. Tienen márgenes elevadísimos gracias a ello y al poder de mercado que les proporciona una administración demasiadas veces cómplice o pasiva, y tributan menos que en otros lugares. Se conforman con ello pero están imponiendo al conjunto de las empresas y a la economía y la sociedad en general un modelo productivo insostenible.
Así que aquí lo que hay que hacer es hablar claro. ¿Creemos que lo que hoy conviene a la economía española es que los trabajadores ganen menos y los propietarios del capital más?
La patronal debería hablar claro y tratar de convencernos de que lo mejor es que el modo en que ha crecido nuestra economía siga así siempre y, por supuesto, que nos demuestre que eso es posible sin producir daños ambientales irreversibles, conflictos sociales e incluso la quiebra de millones de pequeñas y medianas empresas que lo que en realidad necesitan es demanda efectiva que no puede venir, en su mayor proporción, más que de salarios directos, indirectos y diferidos suficientes.
La patronal está haciendo un ejercicio de irresponsabilidad histórica al actuar con tanta ceguera o con tanta falta de escrúpulos. Limitarse a tratar de ahorrarse salarios mediante la reducción de las cotizaciones sociales no es solamente algo que perjudique a los trabajadores. Es una estrategia suicida para la inmensa mayoría de las empresas porque solo conviene a las que tienen un poder de mercado que no estará nunca al alcance de todas. Además, están defendiendo una demanda que debilita a la seguridad social, que es lo que busca el lobby bancario para favorecer así el negocio privado, incluso por la vía radical del establecimiento de un sistema de capitalización privado. Así la patronal le hace también el peor de los favores a millones de pequeños y medios empresarios.
La patronal no solo se pone enfrente de los sindicatos, o del gobierno como quieren hacer creer. Se está situando enfrente de toda las sociedad manteniendo una postura ciega y radical que lo único que busca es aumentar los privilegios de los más ricos para ganar más y para quitarse de encima los impuestos que contribuyen al sostenimiento de la sociedad, una estrategia que en ningún otro país ha dado resultados que no sean los de empobrecer a todos y frenar la modernización de la economía.
Juan Torres – Consejo Científico de ATTAC España
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