La gripe A generó el año pasado una enorme alarma social y repercusión mediática, con un impacto económico para los sistemas sanitarios públicos no relacionado con el número de casos y su mortalidad. Los servicios de epidemiología de México, donde se inició la epidemia, cometieron un error inicial sobre la mortandad de la gripe y éste fue aceptado sin más por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se equiparó entonces esta nueva gripe a la llamada gripe aviar, para la que se tomaron medidas excepcionales (vacunaciones masivas, fabricación de costosos medicamentos antivirales, aislamiento de poblaciones, dotación de recursos asistenciales, etc.). La OMS declaró la situación de pandemia mundial, lo que puso en alerta máxima a los servicios sanitarios de casi todos los países del mundo, sobre todo del “desarrollado”. Sin embargo, cuando descubrieron que en realidad se trataba de una epidemia tipo 3 (muy contagiosa y de baja gravedad) con una mortalidad incluso menor que la de la gripe estacional (con dos fallecidos por cada 10.000 infectados), en lugar de asumir públicamente el fallo, la OMS negó la verdad manteniendo la alerta y cambiando incluso el concepto de pandemia internacional. La presión de la poderosa industria farmacéutica, que vio en la gripe A una enorme posibilidad de negocio, la incompetencia de los servicios sanitarios y el temor de las autoridades gubernamentales a retirar la alerta de manera unilateral, contribuyeron a que las excepcionales medidas, que consumieron ingentes cantidades de esfuerzos organizativos, económicos y sanitarios, se mantuvieran artificialmente durante muchos meses.
No obstante, la mayoría de los profesionales sanitarios fueron conscientes, desde casi el principio, de que todo era un enorme montaje mediático y económico y se negaron a colaborar activamente en el desarrollo de medidas como la vacunación masiva o la prescripción de los antivirales acumulados, que además de ineficaces podían causar daños colaterales en forma de efectos secundarios. En España esta actitud se tradujo en que la vacunación fue baja, al igual que el consumo del tamiflú.
Este año la gripe A, desprovista de la alarma del pasado año, ha llegado más tarde, con mayores molestias, y ha afectado sobre todo a los más jóvenes. El año pasado a estas alturas la gripe se batía en retirada, después de haber dejado un sonado y mediático reguero de afectados. La epidemia esta vez ha colapsado los servicios de urgencias y las camas de agudos, poniendo una vez más de manifiesto las deficiencias de nuestros servicios sanitarios, con una atención primaria masificada y una ausencia clamorosa de camas para enfermos crónicos para proporcionar cuidados hospitalarios de baja intensidad a estos pacientes con bajas defensas. Esta situación de colapso reiterado y previsible es resultado de la falta de inversión de los gobiernos central y autonómicos en servicios sanitarios, sometidos a severos recortes presupuestarios por la crisis.
Se pueden sacar conclusiones de esta situación de cara al futuro, pero es previsible que sean desconocidas por quienes nos gobiernan a nivel europeo y español. En primer lugar, las autoridades sanitarias, con la OMS a la cabeza, no han estado a la altura de sus obligaciones. Por otra parte, la gran presión mediática que magnificó la gripe respondió a intereses económicos de las grandes multinacionales de la farmacia y al afán de protagonismo de algunos periodistas para ganar audiencia recurriendo al catastrofismo. Multinacionales y gobiernos afines trataron de mantener a la opinión pública atemorizada, lo que favoreció su desmovilización y desplazó de la actualidad la corrupción, el fracaso económico de las políticas neoliberales, etc. La consecuencia es que se han despilfarrado miles de millones de euros que podrían haber servido en hospitales, centros y programas de salud pública, algo inaceptable, más todavía en tiempos de crisis.
Finalmente ha quedado en evidencia la connivencia entre la OMS y las multinacionales farmacéuticas. Desde hace tiempo la OMS fomenta lo que llama colaboración público-privada; esta crisis delata que en realidad se trata de poner a los organismos internacionales en manos de los intereses económicos privados. La desconfianza hacia los responsables de la salud pública puede ser muy peligrosa cuando de verdad se produzca una pandemia de una enfermedad de alta gravedad.
Manuel Martín García / Médico y secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Diagonal
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