Desde que se vieron los primeros síntomas de la crisis económica en 2007-2008 ya sabíamos que se avecinaban unos años de acoso del capital y consentimiento por parte del gobierno y que a la clase trabajadora, a los jóvenes y viejos desempleados, a las amas de casa, inmigrantes… sólo nos quedaba resistir. De la conciencia y la respuesta social dependía salir de ahí más o menos indemnes. Esta contestación social debía ser transmitida con fuerza (entre otros) por los grandes sindicatos, CCOO y UGT. Sin embargo, y lejos de contestar, estos dos enormes aparatos burocráticos han tratado de contentar a todas las partes, cerrando nariz y ojos cuando se anunciaban nuevos recortes sociales y saliendo a la calle ocasional y tímidamente para recuperar el apoyo popular. Cuando, por ejemplo, el año pasado, la mayoría de países de ‘la vieja Europa’ paraba las máquinas y se manifestaba contra las políticas de ajuste, nuestros dos grandes representantes frente al Gobierno y Patronal quedaron inmóviles ante los primeros recortes de prestaciones sociales y el anuncio de inminentes reformas en las cuentas públicas. La única amenaza leve fue la huelga general presentada sin mucho convencimiento y con el verano de por medio. No obstante, por muy criticable que fuera esa forma de convocar a la movilización masiva, todos sabíamos que la huelga era una oportunidad única para avivar la llama de la rabia social. Sin embargo, salvo en alguna advertencia verbal poco creíble o para realizar alguna movilización sectorial, CCOO y UGT no sólo han adoptado una actitud de pasividad total, sino lo que es peor, han acabado legitimando el discurso neoliberal patrocinado desde los diferentes bunkers mediáticos, patronales y financieros.
La última gran noticia que tienen los trabajadores y trabajadoras de sus supuestos portavoces es una foto en la primera plana de todos los periódicos, donde Mendez y Touxo, como peces en el agua, se dan la mano afablemente con los representantes de patronales y Gobierno tras la reforma de las pensiones. La firma de un documento tan regresivo sólo se explicaría si se comulga con el discurso oficial, que vuelve irremediables y urgentes los recortes en nombre del equilibrio macroeconómico y la satisfacción de ‘los mercados’.
El acuerdo, entre otros aspectos, supondría una penalización media para los trabajadores, cifrada por algunos expertos en materia fiscal, en torno al 20%. Los recortes giran básicamente en torno a tres puntos: el primero es el aumento de la edad máxima de jubilación de 65 a 67 años; el segundo punto es el aumento de la vida laboral completa para acceder a la totalidad de la pensión, pasando de 35 a 37 años (38’5 años si se tienen 65 años). La otra variable a la que han recurrido para profundizar el recorte es el número de años para realizar el cómputo de las pensiones, que pasará de 15 a 25 años.
Algún defensor de tal acuerdo no ha dudado en resaltar que tiene una importancia sólo comparable a los conocidos Pactos de la Moncloa de 1977. Es posible. Porque aquellos acuerdos, firmados en medio de una fuerte crispación social y mala evolución económica (inflación, endeudamiento exterior…), también supusieron un sacrificio mayúsculo de la clase trabajadora en su época. De hecho, a este nuevo pacto, como a los realizados en la Transición, no han dudado en catalogarlo como fruto de un gran Pacto Social. Como si los y las currantes, parados y demás precarios pudiéramos sentirnos representados en el mismo por alguno de los agentes firmantes.
Con una tasa de desempleo que mes a mes va batiendo nuevos récords, con millones de jóvenes que saltan semanalmente de empleo precario al paro y viceversa, con un sistema fiscal impositivo que, comparado con nuestros vecinos europeos, es de los que menos recauda, de los más regresivos e impotentes contra el fraude, con una política de inmigración fuertemente restrictiva que ralla el racismo la arbitrariedad y el maltrato… decir que no hay alternativa a la reforma es o bien un acto de traición, o bien un ejercicio de ineptitud intelectual y discursiva.
¿Hasta cuándo estar contentando a ‘los mercados’? Ahora que se han llevado parte del botín de las pensiones ¿nos dejarán los fondos privados en paz? ¿Está ahora satisfecha la oligarquía financiera con esta última reforma? ¿o por el contrario volverán a la carga próximamente en busca de nuevos tesoros (educación, sanidad, política energética…)?
Como todo parece indicar que ésta no es la última ‘medida de ajuste’, conviene formar parte activa en la resistencia y encontrar actores sociales válidos y verdaderos representantes que defiendan y refuercen, en las tensiones con el Gobierno y otros representantes de la patronal, el estatus y los derechos de los que hemos sufrido cada uno de sus recortes. El apoyo de los grandes sindicatos y el silencio de algunas organizaciones políticas y sociales al ‘pensionazo’ debe ser la gota que colme el vaso de los abusos del capital y el silencio de los que se alzan como nuestros representantes, políticos y sindicales.
Por eso, en medio de la crisis y con más reformas al horizonte, la reorganización social es básica para resistir los próximos envites. Y para ir recuperando, en el medio plazo, espacios perdidos en estos últimos años, en las últimas décadas: educación pública, sanidad de calidad y gratuita, reducción progresiva del tiempo de trabajo, mejora de las pensiones… Así, quizás algún día recuperaremos el verdadero sentido etimológico y social de la jubilación: el júbilo, el goce.
Editorial Economía Crítica y Crítica de la Economía
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