lunes, 21 de mayo de 2012

22 de mayo. Huelga General en Educación. Murcia















22 de mayo. Huelga General en Educación. 
Murcia

"La educación No se vende, se defiende"

a) Concentraciones al inicio de la jornada ante la puerta de cada centro educativo.

b) Concentraciones ciudadanas por la mañana, a las 11:00 horas (en Murcia, ante la Consejería; en Lorca, Plaza de España; en los demás municipios, frente al Ayuntamiento)

c) MANIFESTACIÓN EN CARTAGENA, a las 12 horas, desde Plaza España hasta Asamblea Regional.

d) MANIFESTACIÓN EN MURCIA, 19 horas, desde Plaza Fuensanta, por la Gran Vía.

Convoca Plataforma en defensa de la Escuela Pública de la Región de Murcia.


"Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan." José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano.

sábado, 19 de mayo de 2012

El principio del fin de la sanidad universal

El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno supone un paso más –muy importante– dentro de la contrarreforma sanitaria que se viene realizando desde hace años, e implica modificaciones sustanciales en el modelo de sanidad pública universal, además de abrir vías para futuros recortes. Para empezar, vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento (excluye de la atención gratuita a quienes no ostenten esta condición) y no establece que éste tenga que ser al régimen general de la Seguridad Social, lo que deja abierta la posibilidad de modelos de aseguramiento diferentes (orientados a la desgravación fiscal de seguros privados).

Apoyándose en el discurso xenófobo de un supuesto abuso, excluye de la atención integral a los inmigrantes no regularizados, limitándola a urgencias, embarazos y a los menores de 18 años, a pesar de que existen múltiples estudios que demuestran que los inmigrantes (regularizados o no) utilizan en menor medida que los nacionales el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, como la sanidad se financia vía impuestos, incluso los irregulares aportan con impuestos como el IVA su dinero para el mantenimiento de los servicios públicos. Se trata de una medida inhumana, injusta, inmoral, peligrosa desde el punto de vista de la salud pública (aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y negativa desde el lado de los costes (al ser el único acceso que les queda, se incrementarán las visitas a urgencias).

Por primera vez, se aprueba el “copago farmacéutico para pensionistas” (10% del precio de las medicinas) y el “aumento del copago farmacéutico para el resto de la población”, según teóricos niveles de renta. Así se establece un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto, obligándose a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos.

Prestaciones de su bolsillo
También se anuncia el pago por los usuarios de “medicamentos para síntomas menores”, sin definir cuáles, pero que con toda seguridad serán medicamentos útiles y de utilización frecuente (analgésicos, antihistamínicos), que pasarán a ser pagados por el bolsillo del ciudadano. Se instaura asimismo el pago de una parte del transporte sanitario no urgente, la dietoterapia, etc. ¿Qué pasará con los enfermos que precisan diálisis u oncológicos que realizan varios viajes semanales?

Sin embargo, las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico. En este sentido existen medidas de lógica común y perfectamente asumibles, como las compras al por mayor y la distribución en los propios centros sanitarios de la medicación prescrita; la creación de una industria nacional para los medicamentos básicos (como la tienen las Fuerzas Armadas); la prohibición de que la formación médica esté en manos de las multinacionales; o incluso la no financiación por el sector público de todos aquellos fármacos que se registren, medidas que podrían ahorrar miles de millones de euros, pero que no van ni siquiera a plantearse.

El documento sí ahonda en el camino de los ‘incentivos perversos’ justificados sobre la “racionalización [recorte] del gasto” y la “competencia –en lugar de la colaboración– entre profesionales y centros”. Los nuevos modelos de hospitales privatizados incorporan incentivos económicos a los profesionales que menos pacientes ingresan, más altas dan o menos derivan a los especialistas.

Los 600 millones de euros que según el Gobierno se van a ahorrar con una supuesta “coordinación entre servicios sociales y sanitarios”, no esconden más que el cierre anunciado de más centros públicos de larga estancia para la derivación de los pacientes crónicos a centros privados, como acaba de ocurrir con el cierre de los dos hospitales de crónicos y paliativos de Palma de Mallorca.

Las medidas anunciadas son, por tanto, un paso más dentro del plan perfectamente planificado que se lleva desarrollando años con la complicidad de las cúpulas sindicales y el apoyo imprescindible del partido ex socialdemócrata. En grandes líneas: por una parte, se traspasan las partes rentables del sistema para lucro de todo tipo de empresas, potenciándose los seguros privados para quienes puedan pagárselos; y por otra, se va articulando un sistema similar al antiguo de beneficencia para excluidos, parados y trabajadores.

La respuesta está en la coordinación de las luchas autogestionadas y autónomas del poder, desoyendo los cantos de sirena de la ‘izquierda posibilista’, cuya postura se limita a la llamada e intento de captación del voto representativo, ocultando que no hay vuelta atrás y que el Estado de bienestar no volverá.
Asamblea abierta en Madrid sobre desobediencia al Real Decreto este sábado

Redacción web
Desde que saltó la noticia de las restricciones para el acceso universal a la atención médica, han cundido las iniciativas de desobediencia impulsadas tanto por profesionales como por usuarias y usuarios de la sanidad pública.

Este sábado una de estas iniciativas celebra una asamblea abierta en el centro social Patio Maravillas (Madrid, calle Pez, 21) a las 19 horas. "Somos usuarias del sistema público de salud, personal sanitario (médicas, limpiadores, celadoras, personal administrativo, enfermeros, ...), vecinas y vecinos con y sin papeles pero, sobre todo, personas en contra de una nueva división social entre aseguradas y no aseguradas", informan en la convocatoria de esta reunión pública por la desobediencia al Real Decreto.     

La iniciativa quiere impulsar la acción conjunta contra las nuevas directrices sanitarias "desde la práctica cotidiana, tanto desde el personal sanitario como desde los/as usuarios/as". La asamblea tendrá también como objetivo el juntar a personal sanitario y personas afectadas para mostrar "las graves consecuencias de la ley" y para exigir a las ONG "que no acepten la creación de una especie de seguridad social benéfica paralela como pretende el Gobierno". Estas propuestas pretenden ser una iniciativa abierta a otras que estén en marcha o se quieran llevar a cabo.

Antonio Gómez Liébana
Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS Madrid)
Diagonal

domingo, 6 de mayo de 2012

5 argumentos para la indignación en Sanidad

El Sistema Nacional de Salud se encuentra seriamente amenazado. Las continuas políticas de recorte y reestructuración sanitaria llevadas a cabo, se aceleran en un contexto de crisis multisistémica que no ha tenido precedentes y que facilitará el desmantelamiento de un derecho fundamental de cualquier ser humano, el derecho a la protección de su salud.

Ante un panorama sociopolítico desolador queremos ofrecer un punto de inflexión y de debate, invitando a toda la ciudadanía a manifestar su indignación y descontento contra las estructuras formales de representación (partidos políticos y sindicatos), los medios de comunicación, los mercados, la apatía social y cualquier otro elemento que esté minando nuestro Sistema Nacional de Salud. Es hora de generar un cambio y ser dueños y protagonistas de nuestra propia realidad.

5 argumentos para la indignación en sanidad:

  • ·Sanidad Instrumentalizada: estamos cansados de que los partidos políticos utilicen nuestra Sanidad como moneda de cambio, pervirtiendo su uso y utilizándola para satisfacer intereses electoralistas sin que imperen unos criterios mínimos de responsabilidad y sostenibilidad del bienestar común (1).

  • ·Sanidad sostenible: poner en duda la solvencia económica de nuestra sanidad es un argumento falaz y malintencionado. Nuestro Sistema Nacional de Salud genera un gasto público (6,5% del PIB) por debajo de la media de la OCDE (6,8%) y de la UE-15 (7,3%) (2) (3). Hemos de ser conscientes de que la sostenibilidad económica del Estado se encuentra gravemente amenazada desde otros contexto: evasión fiscal estimada en un 23,8% del PIB, impuestos poco justos u otras deudas ministeriales mucho mayores (en defensa, por ejemplo, 30.000 millones de €, una cifra extremadamente superior a la de sanidad) (4). La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ha de significar que se pueda garantizar la asistencia universal e integral de cualquier persona que viva en nuestro territorio sin exclusión de ningún tipo.
  • ·Sanidad mejorable: aunque la sostenibilidad económica de nuestro Sistema Nacional de Salud es perfectamente demostrable, nos enfrentamos a una estructura que necesita serias mejoras. Resulta urgente una evaluación detenida y sosegada de los servicios sanitarios que permita identificar las verdaderas ineficiencias del mismo, así como aquellos elementos organizativos que, de forma perversa, ponen en duda su correcto funcionamiento (5). El estudio de la variabilidad en la práctica clínica y un desarrollo de la misma fundamentado en el uso adecuado de la medicina basada en la evidencia y de tecnologías  sanitarias son elementos imprescindibles para llevar a cabo esta tarea (6) (7). Una desinversión inteligente en sanidad no equivale a políticas de recorte indiscriminado (8).
  • ·Sanidad malintencionada: las actuales reformas de nuestro Sistema Nacional de Salud, tanto a nivel nacional como autonómico, se están llevando a cabo de forma improvisada y conscientemente malintencionada. Dichas reformas responden no tanto a demandas concretas de la ciudadanía sino al dictamen externo del mercado y “tecnócratas”. Sus consecuencias a largo plazo (deterioro de la salud y bienestar de la población (9) (10) (11), más endeudamiento (14) y descontento con nuestros servicios sanitarios) serán los elementos que justifiquen la puesta en venta de un derecho fundamental: la protección de la salud. Todo ello acompañado de una paulatina pérdida de soberanía sobre nuestros servicios básicos que ya estamos sufriendo.
  • ·Sanidad en venta: los criterios económicos de contención del déficit, la adaptación de la sanidad a modelos propios del mercado y el incentivo gubernamental de la gestión público-privada, han convertido nuestro Sistema Nacional de Salud en una jugosa mercancía con la que especular. La gestión mixta, sin haber demostrado en experiencias previas utilidad clara (salvo para el capital privado) (12) (13) (14) (15) se está extendiendo peligrosamente, cerrando un círculo vicioso que no podremos romper.
 
(1) Peiró S, Artells Herrero JJ, Meneu R. Identificación y priorización de actuaciones de mejora de la eficiencia en el Sistema Nacional de Salud. Gac Sanit. 2011; 25:95-105.
(2) OECD Health Data 2011
(3) European Commision. Eurostat. Statistics, Health care expenditure. Consultado el 1/5/2012.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database
(4) Defensa finiquita los grandes programas de armas y reduce el número de militares. Publicado en elmundo.es. Consultado el 1/5/2012. http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/03/espana/1333459522.html
(5) Eirea Eiras C, Ortún Rubio V. Incentivos financieros en la mejora de la calidad asistencial. Informe SESPAS 2012. Gac Sanit. 2012. doi:10.1016/j.gaceta.2011.11.006
(6) Bernal-Delgado E, Ortún-Rubio V. La calidad del Sistema Nacional de Salud: base de su deseabilidad y sostenibilidad. Gac Sanit. 2010; 24:254-8. 3.
(7) La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una actuación pública sensata y responsable. Documentos de debate. Asociación Economía de la Salud.
(8) Gutiérrez-Ibarluzea I. Desinversión basada en la evidencia en España. Aten Primaria. 2010 doi:10.1016/j.aprim.2010.09.003.
(9) Stuckler D, Basu S, McKee M. Budget crises, health, and social welfare programmes. BMJ 2010; 340: 77-79
(10) Kentikelenis A, Karanikolos M, Papanicolas I, Basu S, McKee M, Stuckler D. Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy. Lancet 2011 doi:10.1016/S0140-6736(11)61556-0
(11) Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A, McKee M. The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis. Lancet 2009; 374: 315-323.
(12) Pollock A M, Price D, Liebe M. Private finance initiatives during NHS austerity. BMJ 2011;342:d324
(13) Pollock A M, Shaoul J, Vickers N. Private finance and “value for money” in NHS hospitals: a policy in search of a rationale? BMJ 2002; 342: 1205–1209. 
(14)   O’Dowd A. PFI projects cost the taxpayer an extra £1bn at the height of the credit crisis. BMJ 2010;341:c7125 
(15) Treasury Select Committee Report on PFI Funding. UK Parliament.
 
SOS Sanidad Pública
https://sospublica.wordpress.com/2012/04/27/tenemos-motivos/

viernes, 4 de mayo de 2012

Déficit = Ingresos – Gastos, no solo gastos

No podemos tolerar que se esté penalizando a los enfermos con copagos, quitando ambulancias, reduciendo prestaciones sanitarias, recortando becas y fondos de investigación, empeorando la calidad de la enseñanza, eliminando los servicios sociales y reduciendo salarios, mientras aceptamos como inevitable, como castigo divino, que las personas más adineradas hurten de los bolsillos de todos los españoles 70.000 millones de euros año tras año.

Es bien conocido que Déficit es igual a Ingresos menos Gastos. Pero siempre se habla de gastos, siempre se empuña la tijera, en lugar de encender los motores.

El Boletín de Eurostat de 23 de abril titula: “El Déficit de la zona Euro y la UE-27 al 4,1% y al 4,5% respectivamente”. Como el Déficit en España solo se redujo al 8,5% en 2011, los anónimos mercados, Alemania, el BCE, el Banco de España, la Comisión Europea y las agencias de calificación presionan a España para que “haga más esfuerzos”.  Y cuando el Gobierno de España, respondiendo a esas exigencias, aplica políticas de recortes sociales para disminuir el Déficit, todos ellos aplauden. El fantasma del Déficit Público es la coartada para los recortes. Lo que no se destaca casi nunca es que el Déficit Público español no se debe al exceso de Gasto Público respecto a Europa, sino a los bajos Ingresos Públicos, y es ahí donde deberíamos centrar nuestra prioridad.

Para el conjunto de la UE-27 los Ingresos Públicos ascendieron al 44,6% del PIB. En algunos países como Francia llegaron al 50,7%. En los países nórdicos algo más: Dinamarca 56,0%; Finlandia 53,2%; Suecia 51,4%. En España, en 2011, los Ingresos Públicos supusieron ¡solamente el 35,1% del PIB!. La diferencia de Ingresos Públicos entre España y Francia es de 15,6 puntos. Es un abismo. Si España tuviera un porcentaje de Ingresos Públicos similar al conjunto de la UE, tendría unos ¡95.000 millones de euros más! para reducir su Déficit. Si mantuviera el Gasto Público como en 2011, que fue de 43,6% del PIB, España no tendría déficit, tendría un superávit de 1 punto del PIB, unos 10.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, el Boletín de Eurostat muestra cómo España no gasta más que las demás naciones europeas. Nuestro Gasto Público es de 43,6% del PIB, frente al 49,1% del conjunto de la UE-27. Es decir, 5,5 puntos menos. O lo que es lo mismo, 55.000 millones de euros menos de gasto en políticas públicas, sanidad, educación, inversiones, etc. Alemania gasta un 45,6%; Italia 49,9%; Reino Unido 49,0%; ¡Francia 55,9%!. Si nuestro Gasto Público fuera equivalente al de Francia destinaríamos a políticas públicas 120.000 millones de euros más. No menos gasto, sino más.

Por lo tanto, si queremos recortar el Déficit Fiscal, lo que debe implementar con urgencia el Gobierno es una nueva Política Económica y una nueva Política Fiscal para aumentar los Ingresos Públicos. Justo lo contrario de recortar el Gasto Público, reduciendo la cobertura sanitaria, desmontando la educación pública, eliminando la investigación, frenando la inversión pública y recortando las políticas activas de empleo.

El aumento de los Ingresos Públicos tiene que venir de dos componentes. Por una parte, la recuperación de la actividad económica. De ahí la necesidad de políticas que impulsen un nuevo modelo productivo, que necesitan inversión pública, activación del crédito hacia la economía real, estímulo a la innovación y políticas de fomento de empleo. Por otra parte, una profunda reforma fiscal, que revise todos los “agujeros” del sistema, especialmente en el impuesto de sociedades. Este impuesto ha pasado de recaudar 44.820 millones en 2007 a 16.601 en 2011: 28.600 millones menos. Esa reforma fiscal debe ir acompañada de políticas de concienciación ciudadana, desde la escuela y a todos los niveles, para que el evasor de impuestos sea rechazado socialmente como lo es un maltratador. Y también, debe acompañarse de un refuerzo importante del control, apoyando a los profesionales de la Agencia Tributaria con los medios precisos, para eliminar el fraude fiscal que hurta a la Hacienda Pública alrededor de 70.000 millones de euros.

Si no aumentamos los Ingresos Públicos y seguimos recortando el Gasto, vamos a seguir deprimiendo la economía española. A final de 2011, la Deuda Pública acumulada en nuestro país, un 68,5% del PIB, sigue siendo menor que la del conjunto de la UE27 que ascendía a 82,5%. Italia, por ejemplo, tiene una Deuda de 120,1% del PIB. Tenemos margen para impulsar políticas públicas mientras se aumentan los Ingresos.

Conviene recordar que el gravísimo problema de la Deuda en España no es la Deuda Pública, sino la Deuda Privada, tres veces mayor que la Deuda Pública. Para poder devolver esa Deuda tiene que haber actividad económica y empleo. Y por eso la política económica tiene que tener una prioridad: inversión productiva y creación de empleo y no reducción del Gasto Público. Lamentablemente, en el primer trimestre de 2012 la economía española ha registrado un decrecimiento de -0,4% del PIB. El empleo se ha reducido en un 4% en un año. Los salarios han bajado. Disminuye el consumo. Se reducen las ventas. Se reduce la producción. Es un círculo vicioso que requiere un cambio de estrategia.

Diversos foros económicos y expertos internacionales defienden este cambio de estrategia para España y para Europa. El candidato a la Presidencia de Francia, Hollande, y el SPD alemán defienden una política de crecimiento y estímulo frente a la política de recortes. De igual manera cada vez son más voces las que insisten en que la UE debería hacer mucho más, y mucho más rápido, para eliminar de su ámbito los paraísos fiscales y establecer un mecanismo de control sobre las transacciones financieras y la regulación de los productos financieros, dotándose de una vez de una agencia de calificación propia no vinculada a los especuladores. En definitiva una nueva Política Económica Europea.

Pero, además de esa reorientación, en España es muy urgente una nueva Política Fiscal que nivele los Ingresos Públicos con los países de nuestro entorno. Las Asociaciones Profesionales de Hacienda han propuesto estrategias en ese sentido, que convendría atender. El Gobierno, los sindicatos y las organizaciones sociales deberían impulsar una ofensiva radical para aumentar los Ingresos Públicos eliminando el fraude fiscal y las exenciones y desgravaciones que desvirtúan los impuestos.

Fernando Lamata
Público.es

martes, 1 de mayo de 2012

Cinco claves para leer la reforma sanitaria

El Real Decreto pone en peligro la salud de la población desempleada.

El autor se pregunta por qué el Gobierno ha decidido destacar los efectos de la reforma sobre la inmigración irregular cuando afecta a personas desempleadas con independencia de su origen.

1.- La mejor defensa, un buen ataque
No parece casual el empeño del Gobierno por centrar el debate de las modificaciones al Sistema Público de Salud en la pérdida de derechos de las personas migrantes irregulares. Frases como las vertidas por la ministra de Salud, Ana Mato diciendo “la tarjeta sanitaria es para los españoles” o del consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, José Ignacio Echániz “no hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada", o el propio portavoz de los populares en el Congreso, Alfonso Alonso con su “el sistema sanitario no puede ser un coladero de inmigrantes”, ponen el foco sobre ese sector minoritario y desprotegido, pero fundamentalmente con escaso respaldo social. Las intervenciones de los partidos mayoritarios de la oposición parecen colaborar con la estrategia… ¿se habrán puesto de acuerdo para defender los mismos intereses?

Está claro, el Gobierno quiere que las miradas se desvíen hacia la población migrante y el éxito que ya está teniendo esa estrategia tiene dos fundamentos: A) desviar la atención sobre el real cambio y ataque a todo el sistema de salud. B) encontrar mayor respaldo en una idea muy instalada socialmente de que la población migrante es quien hace uso y abuso de los beneficios públicos como salud, educación, coberturas sociales, etc. Y en un clima de crisis como la imperante, para muchos sectores precarizados lo de “los españoles primero”, tiene un fuerte calado. Atacando la población migrante, el Gobierno ha encontrado la mejor defensa a su proyecto.

Pero veamos los números reales de la población migrante para ver la relevancia que la medida tiene en este sector: a fecha 1 de enero de 2012  había en España un total de 408.142 extranjeros no regularizados, pero de esa cifra 306.477 serían ciudadanos de la UE que no se han inscrito en el Registro, a los que habría que añadir otros 13.481 de ciudadanos de países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto significa que solo habría según estas cifras 88.184 ciudadanos potencialmente incursos en la infracción del art. 53.1.a) de la Ley de Extranjería, es decir sin papeles.

Esto significa que el 79 por ciento de esas personas “irregulares” tienen un derecho inalienable de registrarse como ciudadanas comunitarias mediante una simple tramitación administrativa, y por ende dejarán de ser “sin papeles”. Apenas un 10 por ciento quedarían totalmente excluidas, una cifra que aunque siempre importante porque hablamos de personas, no parece justificar que el debate se centre en este punto. Parece que por primera vez más que usar la migración como chivo expiatorio, el Gobierno quiere vendernos “gato por liebre”.

2.- La tarjeta a los españoles
¿Y la salud?: en la misma línea de análisis, la exaltación de un supuesto patriotismo desvía la atención de los reales alcances de las modificaciones al sistema de salud, a la mera disposición de la tarjeta sanitaria por una cuestión de nacionalidad y/o “papeles”; cuando en realidad muchas personas españolas o migrantes “con papeles”, igual no podrán disponer del derecho a una cobertura de salud según sean sus circunstancias laborales y/o particulares.

El Art. 3 del Real Decreto 16/2012, tras desarrollar los supuestos para ser consideradas personas “seguradas” establece que “en aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente”. Es decir, habrá personas que pese a su “regularidad administrativa” e incluso su nacionalidad española, también quedarán excluidas del sistema sanitario público.

Y esto con un agravante. El Estado español no suele destacarse por su velocidad y mucho menos por el cumplimiento de plazos en cuanto a la elaboración de reglamentos se refiere. Entonces ¿qué pasará con esa limitación de ingresos?, ¿cómo se fijará las base de ingresos temporalmente y hasta tanto salga un reglamento?, ¿quedará en manos de la persona instructora de la solicitud? Parece que las circulares internas cobrarán, como en casi toda la administración pública, más fuerza que la propia ley. A modo de ejemplo, solo decir que la reglamentación de la Ley de Asilo, o del funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), llevan un atraso de más de dos años. Tendremos que estar a la expectativa.

3.- El remedio y la enfermedad
Otro de los hilos en los que el Gobierno ha centrado su defensa es en que “ninguna persona se le dejará sin el derecho a recibir atención médica”, ya que podrán asistir a los servicios médicos de urgencia. Y aquí otra vez el doble rasero: por un lado servicios colapsados que obligarán a quien pueda a buscar una cobertura privada (¿el objetivo final de esta reforma?), y por otro tras este discurso (como ya vimos falso) de todas las personas migrantes a urgencias, otra vez recaerán las culpas de las deficiencias del sistema contra este colectivo.

Pero debemos ir más allá, el disponer solo de la cobertura de urgencias significa tener que pagar la medicación en forma íntegra, y el alto coste de los medicamentos con la precariedad extendida hará que muchas personas no puedan seguir sus tratamientos o cuidados necesarios para su curación. Esto significa en esencia tres cosas:

- A) Las personas infectadas de enfermedades de gravedad, caso HIV, tuberculosis y otras similares, estarán condenadas a una agudización de su estado de salud que cuando sea atendida, quizá pueda ser tardío para su propia vida.

- B) El no poder tratar la enfermedad en muchos de los casos terminará en la necesidad de una hospitalización, y a nadie escapa que resulta mucho más económico atacar la enfermedad desde su raíz que los tratamientos posteriores y el propio internamiento.

- C) En caso de enfermedades infecto contagiosas no tratadas, los riesgos de contagio al resto de la ciudadanía son potencialmente mucho mayores, y por ende el tan achacado “gasto médico” puede llegar a cotas mucho mayores que las que se dice, se intentan reducir.

4.- Enfermedad de unas, enfermedad de todas
Quitar el derecho a la salud a un sector importante de la población nos afecta a todas las personas que vivimos en esta sociedad. Afortunadamente no somos compartimentos estancos, interactuamos, viajamos en transporte público, compartimos espacios en una sociedad que aunque aún presa del impulso individualista de las sociedades de consumo, en el contexto actual cada vez necesitará más de relacionarse, de formar grupos de solidaridad, y en ese interactuar los riesgos de contagio al haber potencialmente más agentes transmisores, será mucho mayor.

5.- Un principio sin fin
La pérdida de estos derechos ha comenzado por algunos sectores, pero nadie puede asegurarnos hasta donde llegarán. Afectan de una forma u otra, directa o indirectamente, y la historia de siempre –y también la más reciente, por ejemplo con la reforma laboral- demuestra que esto puede ser solo un comienzo, y no reaccionar ahora tal vez convierta en tardío los esfuerzos de frenar esta locura cuando intenten ampliarla en apenas unos meses.

Pablo Rodríguez
Diagonal